Relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales: Se han registrado «muertes ilícitas en el marco del estado de excepción» en Honduras

Tras una visita de 10 días en Honduras, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, detalló que ha habido obstrucción por parte de autoridades investigadoras al recibir denuncias, un deficiente funcionamiento del Sistema Nacional de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, y muertes ilícitas que surgen en el contexto de detenciones y operativos dentro del estado de excepción.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía:Fernando Destephen

«No puedo darle un número, pero sí es un número preocupante, eso le puedo decir», dijo Morris Tidball-Binz a un reportero después de que este le preguntó cuántas muertes se han registrado durante el estado de excepción, una medida implementada por la presidenta Xiomara Castro para disminuir la violencia y los delitos ligados a la extorsión.

Luego de culminar su visita, presentó una serie de observaciones preliminares y seguidamente contestó preguntas de la prensa en una conferencia ofrecida en un hotel de Tegucigalpa el 2 de junio.

Uno de los hallazgos del Relator Especial de las Naciones Unidas que más generó inquietud fue el de muertes ilícitas en el marco del estado de excepción, las cuales ocurrieron —según el relator— durante detenciones y operativos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), también de la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco) y otras fuerzas de seguridad.

Las detenciones arbitrarias durante el estado de excepción se dan particularmente contra pobladores de barrios y sectores marginalizados afectando especialmente a hombres jóvenes y adolescentes, aseveró el relator especial de la ONU, al tiempo que remarcó que estos casos específicos y cifras de muertes ilícitas serán reveladas en su informe definitivo que se conocerá hasta junio de 2024.

Morris agregó que es de gran preocupación la ampliación del estado de excepción hasta julio de este año, pero que, como lado positivo, destaca la creación y publicación del Manual del Uso de la Fuerza y Armas de Fuego por parte de la Policía Nacional.

Morris Tidball-Binz, Relator Especial de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Foto CC/Fernando Destephen
Morris Tidball-Binz, Relator Especial de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Foto CC/Fernando Destephen

En marzo de 2023, la Policía Nacional publicó un manual para establecer los parámetros legales que «guíen a la carrera policial en actividades relacionadas con el uso de la fuerza y armas de fuego, protegiendo y respetando los derechos humanos de todas las personas». Este informe es solo del conocimiento de agentes policiales estrictamente.

Por otro lado, el relator de la ONU señaló que, aunque el gobierno demuestra una apertura en la desmilitarización de la seguridad ciudadana, es de gran preocupación que la Policía Militar del Orden Público continúe realizando tareas de seguridad ciudadana. Tidball-Binz aseguró que, a raíz de esto, se han registrado muertes en el contexto de detenciones y allanamientos en diversas partes del país.

El pasado 19 de mayo, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) celebró la graduación de 571 nuevos policías militares del orden público. Estos policías, —quienes tan solo tuvieron una formación de cinco meses— se agregaron a los 4,200 agentes ya existentes para realizar tareas en el marco del estado de excepción, entre ellas, retenes, patrullajes policiales, registros, y ejecución de órdenes de captura y otras funciones enmarcadas en aspectos legales «respetando los derechos humanos de la población».

@contracorrientehn 🚨En apenas cinco meses se formaron los nuevos 571 policías militares que se han incorporado al estado de excepción en #Honduras. La promesa de la desmilitarización de la seguridad pública quedó en el olvido. En 2021, antes de ser presidenta, #XiomaraCastro prometió en su campaña política «desmilitarizar la seguridad ciudadana». Ahora, en medio de un estado de excepción que ha sido prorrogado cuatro veces, 571 nuevos agentes de la #Policía #Militar del Orden Público (PMOP) se integrarán al estado de excepción a pesar de haber sido formados en apenas 5 meses. Joaquín Mejía, abogado experto en derechos humanos, aseguró que esto evidencia que los #militares ♬ sonido original - Contracorriente

Pero la preponderancia de los agentes militares en este Gobierno no termina ahí. En mayo de este año, el Diario Oficial La Gaceta publicó un decreto que contiene un reglamento para «la administración de fondos para ayudas sociales y donaciones de la Secretaría de Estado en el despacho de Defensa Nacional».

Mediante este decreto, la Secretaría Nacional de Defensa (Sedena) no solo tiene la potestad de entregar ayudas y donaciones a sus trabajadores, sino que también a personas naturales de escasos recursos económicos, centros educativos, asociaciones sin fines de lucro, centros religiosos y otros entes, para el «mejoramiento de sus condiciones limitadas y dar respuesta de manera oportuna a sus necesidades planteadas».

En este decreto también se establece que toda solicitud de donación o ayuda social debe ser presentada ante el secretario de la Sedena, José Manuel Zelaya, —quien es sobrino del asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales e hijo del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya. El artículo 9 de este decreto establece que «la entrega de la ayuda se reserva al beneficiario directo o representante legal nombrado para tal efecto».

La necesidad de la antropología forense y una medicina legal independiente en Honduras

Morris Tidball-Binz, quien es médico forense, destacó la falta de retroalimentación en las muertes por parte de la Dirección Nacional de Medicina Forense a familiares y seres queridos de las víctimas. Subrayó que existe una frecuente obstrucción por parte de las autoridades investigadoras al recibir denuncias de víctimas y además una falta de coordinación entre las fiscalías especializadas encargadas de la investigación de muertes violentas.

Ante esto, el relator para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU sostuvo que existe la necesidad de investigar y juzgar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, y la necesidad de implementar un método científico para la investigación de derechos humanos y la identificación genética forense por medio de la antropología forense de acuerdo con los estándares internacionales y modelos de investigación de muertes ilícitas.

«Me parece alarmante que Honduras no disponga de un especialista en arqueología forense a la luz del gran número de exhumaciones que se realizan por año por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, no hay un solo o una sola arqueóloga o antropólogo forense en el país y, además, que las zonas especialmente afectadas y remotas solo tengan un acceso [a investigación forense] muy limitado», aseveró el relator de la ONU.

Con relación a esto, el médico forense externó que él ha observado «con buenos ojos» la propuesta de crear un Instituto de Medicina Legal con funcionamiento independiente y autónomo para incrementar los recursos a disposición de autoridades médico legales competentes, la independencia en procesos de investigación y el despliegue suficiente de unidades forenses con morgues móviles en regiones remotas de Honduras.

En marzo de 2023, la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En medio de una crisis en la que fiscales protestaron exigiendo salarios dignos y durante la cual no se realizaron levantamientos de cuerpos ni autopsias, Villanueva entregó esta propuesta al diputado del Partido Libre, Rasel Tomé. Hasta el momento no se ha discutido este anteproyecto en el Congreso Nacional.

Fachada del edificio del Ministerio Público en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/Fernando Destephen
Fachada del edificio del Ministerio Público en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/Fernando Destephen

El relator de la ONU remarcó que la falta de investigación de las muertes de privados de libertad resulta aún más preocupante, y añadió que, aunque se hagan autopsias, «no se informa de que murió la persona y tampoco se tienen registros de su muerte».

Morris Tidball-Binz señaló que en Honduras existe un patrón de atentados contra la vida y muertes ilícitas en contra de grupos en situación de vulnerabilidad incluyendo mujeres, población Lgtbiq+, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, defensores de la tierra y el medio ambiente y comunicadores sociales.

El relator especial de Naciones Unidas recomendó la creación de una ley que garantice la investigación y reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, principalmente de personas afrohondureñas, pueblos indígenas, mujeres y población Lgtbiq+.

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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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