La legalidad de Ciudad Jaraguá parece no estar del todo clara: la detención de nueve personas involucradas revive su cuestionada construcción, la cual se dio después de que se reformara el decreto 46-90 del 12 Julio de 1990, reforma que fue aprobada en 2014 para modificar la «cota 200» que protegía la reserva del Merendón.
Fotografía y texto: Amílcar Izaguirre
El viernes 20 de enero de 2023, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) dio captura a nueve personas por la supuesta construcción fraudulenta de «Ciudad Jaraguá», un proyecto habitacional ubicado en la parte baja de la montaña del Merendón y que es desarrollado por las empresas Inmobiliaria El Activo S. de R.L., e Inversiones MPG S.A de C.V.
Después de la captura, los empresarios de la construcción y funcionarios acusados salieron libres. Los empresarios y gerentes que fueron detenidos y luego liberados son: César Octavio Elvir Prieto, representante legal y presidente de la sociedad mercantil Inversiones MPG S.A de C.V.; Antonio José Oviedo Prieto, gerente general de la sociedad Inmobiliaria El Activo S. de R.L.; José Luis Gutiérrez Hermosilla, representante legal de la empresa constructora Desarrollos Urbanos Gutiérrez D.U.G.; Wilfredo Umanzor Sabillón, representante legal de la empresa Yesera Umanzor, a quien la orden le acredita el delito de uso ilegal de explosivos comerciales en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
También fueron acusados los empleados municipales Cristy María Raudales Barahona, gerente general de la División Municipal Ambiental; Samuel Alexander Fajardo Escalante, de la unidad de Contaminantes; Martín Ramón Galo Roldán, de la unidad de cuencas; Santos Turcios García, jefe de la Unidad de Licencias Auditorías y Seguimiento; Fausto Daniel Bográn Cártamo, director de la Unidad y Protección y Control Ambiental.
Según el Ministerio Público, entre los delitos por los que fueron capturados están el corte ilegal de producto forestal, en su modalidad de agravados; la urbanización ilegal en perjuicio del equilibrio del ecosistema y medio ambiente del Estado de Honduras y, finalmente, el uso ilegal de explosivos comerciales. A los empleados municipales se les atribuye los delitos de violación a los deberes de los funcionarios a título de autores en perjuicio del Estado de Honduras.
De acuerdo con las investigaciones hechas por el Ministerio Público, los empleados municipales otorgaron permisos que no eran de su competencia. El proyecto de Ciudad Jaraguá entra dentro de la categoría cuatro, por lo que le corresponde a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) ver el caso.
Sin embargo, José Luis Gutierrez consideró que la acusación estaba errada ya que el proyecto Ciudad Jaraguá es categoría tres: «Para que se hagan una idea, un proyecto categoría cuatro debe ser una refinería y pueden hacer las comparación entre un proyecto de urbanización y una refinería de tal manera que en ningún momento se manipuló», argumentó.
Las acciones fueron coordinadas por la Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF) junto a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y la Fiscalía Para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP). La encargada de ejecutar estas órdenes fue la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por una orden emitida por un Juzgado de Tegucigalpa.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (OACNUDH), saludó desde su cuenta de Twitter al Ministerio Público por la acción presentada contra las nueve personas por daños al medio ambiente, la flora y la fauna en la reserva del Merendón: «Esta acción es un paso importante hacia la rendición de cuentas sobre la tramitación de permisos y licencias ambientales y así como la protección de la biodiversidad y las fuentes de agua promoviendo el derecho humano a un ambiente sano», publicó.
1/2 @OACNUDH saluda el requerimiento fiscal presentado hoy por el @MP_Honduras en contra de 9 personas por daños al medio ambiente y afectaciones a las fuentes de agua, flora y fauna de la Zona de Reserva El Merendón en el proyecto habitacional Ciudad Jaraguá.
— OACNUDH Honduras (@OACNUDHHN) January 20, 2023
Después de la captura, los nueve detenidos fueron llevados a Tegucigalpa, pero enseguida fueron liberados por un juez debido a «múltiples abusos cometidos al momento de ser capturados». Además, según lo expresado por los dueños del proyecto y sus representantes legales, las acusaciones estaban basadas en mentiras apoyándose en delitos que no están vigentes en el nuevo Código Penal. Estas declaraciones se dieron mediante una conferencia de prensa realizada el día martes 24 de enero, donde también revelaron detalles de los permisos donde acreditaban que el proyecto habitacional «Ciudad Jaraguá» se construyó respetando las leyes ambientales.
La zona de reserva del Merendón fue declarada mediante decreto legislativo 46-90 el 12 de julio de 1990, cuando ya existían asentamientos humanos en el área. Sin embargo, mediante un nuevo decreto 334-2013, publicado en la gaceta el 23 de enero de 2014, se decretó excluir de la zona protegida del merendón cinco tramos, y uno de ellos se ubica en la zona donde se construye Ciudad Jaraguá, que comprende desde el Cerro Will hasta la intersección cota 200 del río Armenta, de San Pedro Sula.
Antes de que en el Congreso Nacional reformara en 2014 el Decreto 46-90 de 1990 —que protegía la reserva natural del Merendón y delimita el área de construcción en la zona— el terreno donde se construyó Ciudad Jaraguá quedaba dentro del área protegida; en cambio, con la reforma presentada por el entonces diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, «la cota 200» redujo el área de mayor protección —por lo que dejó el camino libre para construir en la zona—. Esta acción fue criticada en aquel momento por el actual presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sin embargo, a un año de gobierno como presidente de este poder del Estado, no se ha pronunciado sobre el caso.
Clariza Vega Molina, abogada, exfiscal del Medio Ambiente y fundadora del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), dijo a Contracorriente que hubo mala intención al aprobar la reforma para mover la cota 200, para beneficio de grupos de interés como políticos y económicos. “Aunque la reforma exista, hay leyes y principios que están sobre esta reforma por lo tanto no se debió aprobar esos permisos, porque aunque estén debajo de la cota 200 hay una ley superior que es la Constitución de la República donde se declara el derecho al agua como un derecho fundamental de los seres humanos . Y lo que se percibe es mantener las fuentes de agua para abastecer a la población de San Pedro Sula,” argumentó Clariza.
«El Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH) es un instrumento muy importante que no ha sido tomado en consideración por las autoridades ni por los constructores. Y, en este caso, el bien jurídico superior es el agua, el bosque, y la biodiversidad, por lo tanto aunque Ciudad Jaraguá esté construida bajo la cota 200, no significa que los permisos de construcción sean legales” Declaró Clarisa Vega. Además citó el artículo 145 reformado de la Constitución de la República donde se declara el agua como un derecho humano, Derecho a su protección, para garantizar la calidad y cantidad adecuada.
La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), mediante un pronunciamiento, salió en defensa de sus agremiados y condenó la manera en cómo fueron capturadas estas personas. También consideró que la forma en que procedió el Ministerio Público afecta negativamente la atracción de inversión. «La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés solicita que, para garantizar la seguridad jurídica en nuestro país, las acciones legales se lleven a cabo con respeto absoluto a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad», dice el comunicado.
Clovis Duarte, apoderado legal de la empresa Inmobiliaria El Activo S. de R.L., dijo que la acción presentada por el Ministerio Público no pasó el primer filtro «por tener vicios» el sustento por el cual detuvieron a sus representados.
En cuanto al delito que se le atribuye al contratista Wilfredo Umanzor de uso de explosivos comerciales, el abogado Rafael Murillo, defensor del proyecto, dice que se sorprendió porque no encontraba este delito en el Código Penal vigente, dado que este fue derogado el 25 de junio del 2020. «Los que presentaron la acción penal utilizaron estos delitos para convencer al Ministerio Público y decir que estaban justificando penas de cárcel, pero si hubiesen mostrado la opción vigente no los hubieran privado de libertad, en ese sentido vimos un patrón de delitos no vigentes para detenerlos», expuso Murillo.
«Fui sacado de mi casa con mi esposa de mi cama por cerca de 15 soldados apuntando con ametralladoras, rompieron la puerta usando una violencia extrema, una escena digna de una película de Pablo Escobar», dijo César Octavio Elvir Prieto. «La fiscalía tiene más de 7 años de acosarnos, y durante ese tiempo me presenté junto a mi abogado y hemos contestado todos los ataques contra el proyecto. Ellos querían exhibirme como un criminal y lo único que he hecho es ser un emprendedor»,dijo Elvir.
Por su lado, Clovis Duarte concluyó que estas acciones se hicieron para hacer «show mediático» y para levantar el perfil a una institución debilitada refiriéndose al Ministerio público, quien fue el que emitió las órdenes de captura contra las nueves personas acusadas de dañar la cordillera del Merendón.
