Violación a derechos, engaño y hostigamiento predominan en decisiones sobre empleos en gobierno de Xiomara Castro

bandera de libre empleos en gobierno de Xiomara Castro 2022
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Xiomara Castro llegó a la presidencia de Honduras con la promesa de garantizar la protección y el goce pleno de los derechos de los ciudadanos, incluyendo el derecho al empleo. Sin embargo, tras nueve meses de gobierno, se acumulan cientos de denuncias por abusos laborales y despidos irregulares en diversas secretarías de Estado, incluso de los activistas de su propio partido, Libertad y Refundación (Libre), además de engaños y hostigamiento laboral por sesgos políticos e ideológicos. Los denunciantes apuntan como responsables a funcionarios como Natalie Roque, Pedro Joaquín Amador, Luther Castillo y el asesor presidencial Manuel Zelaya.


Texto: Fernando Silva
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

Entre el 27 de enero y el 1 de junio de 2022, la Secretaría de Trabajo recibió 1825 denuncias en contra de dependencias estatales por casos de abuso laboral y despido injustificado. Estos casos han provocado protestas y denuncias ante otras entidades como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Un ejemplo de esos casos es el de Maritza O’Hara, de 62 años, quien tras ser despedida arbitrariamente de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), decidió interponer una denuncia ante el Conadeh en Tegucigalpa, la Fiscalía de Derechos Humanos en el Ministerio Público y los juzgados de lo laboral en la Corte Suprema de Justicia.

Maritza, que ocupaba el cargo de titular de la Dirección de Educación y Cultura de Paz en dicha secretaría, ha denunciado a la ministra Natalie Roque por haberla despedido en condiciones irregulares y además haber faltado al pago de sus prestaciones tras la cancelación de su contrato. Adicionalmente, denunció el acoso laboral y la discriminación que sufrió antes de su despido. 

El caso de Maritza O’hara y el resto de las denuncias en la Secretaría de Derechos Humanos, son solo una muestra de abusos sistemáticos a los derechos laborales que han ocurrido en varias instituciones del Estado durante los meses que lleva el gobierno de Xiomara Castro.

Por ejemplo, entre enero y septiembre de 2022, la organización de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) recibió y acompañó más de 3600 denuncias por abusos laborales en diversas instituciones de gobierno. De todos esos casos, que incluyen acoso laboral, falta de pagos, despidos injustificados y otros abusos, más de 100 denuncias tienen origen en la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de la historiadora Natalie Roque.

Este reportaje presenta datos oficiales de denuncias por abuso laboral en contra de instituciones de gobierno, además de casos y testimonios de acoso laboral, despidos injustificados y precariedad, en donde los principales victimarios denunciados son los titulares de diversas secretarías del Estado.

Sumado a los reclamos por la vulneración de los derechos humanos de los trabajadores, las bases del partido Libre, que han protagonizado decenas de protestas exigiendo puestos de trabajos en la nueva burocracia, denuncian al asesor presidencial y expresidente Manuel Zelaya de monopolizar y manipular las pocas oportunidades laborales en el gobierno.

Violaciones a los derechos humanos en la Secretaría de Derechos Humanos

El 28 de noviembre, Xiomara Castro, candidata por el Partido Libre, ganó las elecciones más votadas de la historia democrática en Honduras. Pero en la Secretaría de Derechos Humanos, como en la mayoría de las instituciones estatales, muchos temieron ser despedidos.

Empleados y empleadas que trabajaban allí por recomendación política del Partido Nacional, que donaban parte de sus sueldos por la «cuota del partido» y que obtuvieron bonos por marchar en apoyo al candidato de turno, esperaban ser los primeros en ser despedidos al llegar la nueva administración. La mayoría de ellos también aseguraba que Maritza, titular de la Dirección de Educación y Cultura de Paz, sería una de las pocas personas que no iban a ser despedidas ya que ella era conocida por no participar en las actividades proselitistas ni por militar como activista del partido del ex presidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos tras ser acusado por crímenes de narcotráfico.

«Las personas de la Secretaría juraban que yo era la persona a la que no iban a despedir porque mi trabajo era más técnico que político, y al final ¿quién cree que fue una de las primeras? su servidora. Porque no tengo compromisos con ningún partido, yo tengo compromiso con los derechos humanos», contó con firmeza Maritza, quien, a pesar de su despido, parece más enfocada que nunca en defender sus propios derechos.

Maritza O’Hara empleos en gobierno de Xiomara Castro
Maritza O’Hara observa un diario mientras es entrevistada por Contracorriente. Foto CC/Jorge Cabrera

El trabajo de Maritza y la dirección que lideraba, consistía, en elaborar programas de capacitación en derechos humanos para funcionarios y otros sectores de la sociedad y asesorar en esa materia a los órganos de seguridad del Estado, entre otras funciones. Datos de esa dirección indican que entre 2014 y 2021 capacitaron a 63,155 personas, lo que da un promedio de 9,022 personas al año.

Además, Maritza dijo que entre sus 30 años de carrera contó con la experiencia de trabajar en el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) y en el Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura (CPTRT).

La ex burócrata aseguró que tenía la intención de jubilarse y explicó que la llegada de Natalie Roque a la Secretaría generó un ambiente hostil que impidió el procesamiento de cualquier solicitud de jubilación u otro trámite laboral. Y aunque Maritza no estuvo presente cuando Roque asumió el cargo, sus compañeros le contaron las acciones que desde el primer día implementó la nueva ministra y cómo todos comenzaron a tenerle miedo.

Tras su regreso de una incapacidad médica, Maritza notó que los titulares de las diferentes direcciones se encontraban constantemente a la expectativa de ser amonestados y que la ministra bajaba de su oficina acompañada de militares y policías para hacer llamados de atención en público.

Maritza contó a este medio que cuando la ministra Roque llegaba a sus escritorios para reprocharles el «haber pertenecido a un narcogobierno» o llamarles la atención de forma desmedida por una silla mal colocada, le provocaba querer levantarse para defender su trabajo y no permitir que sus compañeros y compañeras siguieran siendo maltratados, pero sabía que el contexto en el que se encontraba no era el ideal para iniciar una lucha.

«Los compañeros decían que habían sido obligados a hacer activismo por el Partido Nacional, cuando la verdad es que yo miré que les pagaban, que recibían una bonificación por andar en las marchas, por la organización del material electoral y buscaban a los líderes del partido para que les incluyeran en listas. Nunca miré que fueran obligados. Esas actitudes me indicaron a mí que no debía luchar porque sabía que me iba a quedar sola», aseguró.

A pesar del ambiente hostil, Maritza intentó seguir con su trabajo, pero, según ella, la visión de la nueva titular no era clara con respecto al rumbo que debían tener las capacitaciones en derechos humanos y solo parecía enfocarse en las órdenes dadas desde Casa Presidencial. Además, contó que los procesos se volvieron engorrosos y el trabajo de la dirección se ralentizó.

Una mañana, Maritza recibió un mensaje de parte de la asistente de la ministra que decía que le estaban esperando agentes de la Guardia de Honor Presidencial para comenzar una capacitación. La asistente de Roque preguntó si la ministra debería estar en dicha actividad, a lo que Maritza, aconsejada por sus años de experiencia en la Secretaría, contestó que no era necesario. 

Tras esa aclaración, Maritza y un equipo de dos educadores salieron a impartir la capacitación. Sin embargo, en el transcurso de esa mañana, Roque se contactó con Maritza para decirle que no estaba autorizada para estar en el evento y que debía, junto con los dos educadores, retirarse inmediatamente.

«Ella convocó a una reunión virtual con los directores y manifestó que estaba molesta porque yo le estaba boicoteando el trabajo, que ella iba a sentar las pautas para que yo viera cómo se hacían las cosas. Yo no tenía inconveniente con que mis superiores dieran las pautas de cómo hacer el trabajo, pero el resto de los directores presentes no sabían de lo que estaba hablando, porque ellos no estaban enterados de lo que pasó», recordó Maritza sobre ese día.

Maritza cataloga esa amonestación pública como un acto de humillación y dijo que la ministra lo utilizó arbitrariamente para demostrar su poder. A partir de ese momento le quitaron autoridad sobre su equipo de trabajo y las actividades que dirigía y empezaron a ignorarla.

Tras esos incidentes, Maritza empezó a sentirse enferma por lo que tuvo que ir al Seguro Social donde le diagnosticaron estrés agudo y le dieron una incapacidad y medicamentos para dormir y relajarse.

«No podía estar toda una vida con incapacidad. Entonces le dije a la psiquiatra que cuando yo recuperara un porcentaje de mis capacidades de razonar, me diera el chance de presentarme a la oficina para enfrentar la situación e igual quedar con tratamiento. A los dos días de regresar me despidieron, solo me estaban esperando. Me despidieron a mí, pero no a los activistas del Partido Nacional», explicó.

Tras su despido el 18 de abril, Maritza siguió recibiendo tratamiento psiquiátrico y esperando que le informaran sobre el pago de sus prestaciones laborales. Sin embargo, dos meses después se comunicaron vía correo electrónico para notificarle que no tenía derecho a prestaciones.

Además de las 40 personas que a inicios de agosto denunciaron públicamente sus despidos y señalaron a Natalie Roque por acoso laboral y por haber puesto en marcha una política de «militarización» (instalación de cámaras de vigilancia, presencia de militares en las oficinas), organizaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras también han responsabilizado a la ministra Roque por el desmantelamiento del Sistema de Nacional de Protección, el mecanismo nacional encargado de la protección de los periodistas, defensores de los derechos humanos y operadores de justicia.

Reporteros Sin Fronteras denunció que desde su entrada a la Secretaría, la nueva ministra despidió a 16 empleados sin justificación, algunos de ellos tras «ataques repetidos» por parte de la titular. 

En un comunicado de esa organización se informó que «en apenas unos meses, el gobierno ha puesto en la calle a más de dos tercios del personal técnico sin una explicación válida, generando una parálisis casi total en la aplicación de los dispositivos de protección».

En ese contexto, algunas de las organizaciones de la sociedad civil que conforman el Consejo Nacional de Protección que es la instancia rectora del Sistema, decidieron en el mes de agosto retirarse de forma simbólica y temporal para manifestar su preocupación y denunciar el desmantelamiento en curso.

Entre las representantes de las organizaciones que decidieron retirarse del Consejo se encuentra Jessica Islas, directora del Grupo Sociedad Civil y feminista reconocida, quien afirmó haber recibido denuncias sobre las acciones de Natalie Roque en la Secretaría.

«No hay el mínimo respeto a los derechos humanos y no piensan que cuando la presidenta dijo “mujeres de honduras no les vamos a fallar” en su discurso de toma de posesión, era con todas las mujeres, no importaba la ideología o el partido, era para todas las mujeres», criticó Islas con referencia a las denuncias que indican que Roque ha emprendido una campaña de persecución en contra de empleados y empleadas que simpatizan con partidos políticos diferentes a Libre.

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Natalie Roque, ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, participa de la celebración del 15 de septiembre de 2022. Foto CC/Jorge Cabrera

«Aquí no estamos hablando de ninguna mujer de clase alta o clase media, si a usted le dan un trabajo lo va a agarrar, independientemente del partido político», apuntó Islas y remarcó que le están violentando los derechos laborales a muchas madres solteras de las cuales depende la economía de decenas de familias.

Islas relató que tras el nombramiento de Roque, al entrar a los despachos de la Secretaría de Derechos Humanos se leían murales que anunciaban «El fin de la narcodictadura», situación que a ella le ofendía y le parecía innecesaria. Aseguró que si la intención era despedir al personal, el procedimiento era negociar las prestaciones con cada empleado, pero no había necesidad de hacerles sentir humillados y que no tenían derechos humanos.

Sobre los empleados que trabajaban en la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque publicó el 2 de marzo de 2022 en sus redes sociales: «Nadie dijo que iba a ser fácil trabajar rodead@s por estructura criminal», ylo repetía en cada oportunidad en las oficinas de la Secretaría, cuestionando la ética de los empleados por haber trabajado en el gobierno anterior y acusándolos de «narco empleados».

Con decepción, Islas aseguró que para señalar a un empleado de cualquier secretaría de pertenecer al narcotráfico, deben existir pruebas de sus actividades delictivas y el enriquecimiento ilícito, pruebas que la funcionaria Roque nunca ha presentado. Además, dijo que la ministra debe ponerse en los zapatos de la gente común ya que muchas de las personas a las que acusa de pertenecer a estructuras criminales seguramente votaron por el Partido Libre, la única esperanza de cambio que existía en las elecciones pasadas.

«Cómo puedo decirle a una madre soltera, aseadora, que va todos los días a trabajar, que es una narco empleada porque el Partido Nacional le dio la oportunidad de trabajar siendo [ella, la ministra] de clase media con puesto de funcionaria del Estado, habiendo estudiado en colegios bilingües, eso es no entender la realidad del pueblo».

Finalmente, la integrante de la sociedad civil contó que al haber sido cuestionada por la ministra sobre su molestia por la palabra «narco empleado», su explicación fue simple.

«Yo acompaño a defensores todos los días y no sé si realmente les ataca el narco o les atacan las empresas extractivas. Las empresas no tienen partido político, yo no puedo decir que la industria extractiva sea nacionalista porque muchos de ellos ahora están haciendo acuerdos con el gobierno», expresó.

Natalie Roque, historiadora, ex candidata a designada presidencial por el partido Libre, colaboradora de organizaciones de derechos humanos y ahora titular de la Secretaría de Derechos Humanos, no contestó a las solicitudes de entrevista por parte de Contracorriente. También se contactó a la viceministra Mirta Gutiérrez, quien respondió que el tema sería tratado por la directora de comunicación, Sarahí Guardiola.

Guardiola contestó vía Whatsapp que «no se considera realizar de nuevo entrevistas de este tema que ya pasó».

En un comunicado oficial del 12 de agosto de 2022, la Secretaría informó que en el proceso de despido de los y las trabajadoras de esa dependencia «no se ha violentado ningún derecho humano y el proceso se ha llevado a cabo con el acompañamiento de las instancias pertinentes».

Ahora Maritza se dedica a cuidar a sus cinco gatos, a trabajar como voluntaria en Joprodeh – la organización que le ha brindado asistencia legal en el caso – y a estar pendiente de las denuncias que ha presentado ante los juzgados para que sea la Procuraduría General de la República la que defina si le pagaran sus prestaciones laborales y, a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia.

El pasado 2 de septiembre, el Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo hizo pública la admisión de la demanda interpuesta por Maritza O’hara en contra de la Secretaría de Derechos Humanos, por lo que ahora las partes se encuentran a la espera de una audiencia y la resolución del conflicto.

La estafa laboral de Pedro Joaquín

«Sí, trabajamos 4 meses con Pedro, pero no nos pagó nada, fue una mentira porque nunca le autorizaron tener tantos empleados», contó Andrés, a quien llamaremos así para proteger su identidad.

Andrés y 67 personas más fueron «contratadas» en marzo de 2022 para trabajar en la Oficina de asistencia presidencial para la atención a presos políticos y sectores sociales, que responde directamente a Casa Presidencial. A finales de febrero, Pedro Joaquín Amador, a quien el 23 de ese mismo mes nombraron director de dicha oficina, llamó por teléfono a algunas personas y les ofreció trabajo para «ser parte de su equipo en defensoría de derechos humanos».

Andrés se encontraba sin trabajo tras haber regresado al país en agosto de 2021. Se había aventurado a trabajar en el extranjero para pagar algunas deudas, pero regresó porque extrañaba a sus hijos. Además, sintió que tras años de fraudes electorales por fin había esperanza para ganar las elecciones con el partido Libre y cambiar el país.

«Me vino como anillo al dedo el ofrecimiento del trabajo, para seguir haciendo defensa de derechos humanos porque lo había hecho como voluntario por 4 años. Regresé al país para votar por mi partido, estoy en el censo, soy uno de los fundadores, he votado en las tres elecciones desde que empezó Libre y se respiraban aires de esperanza», contó Andrés, y aseguró que hasta ese momento no había buscado a ningún dirigente para que le diera trabajo.

Andrés, y el resto de los convocados por Pedro Joaquín, comenzaron a trabajar en la primera semana de marzo en un espacio prestado en la Secretaría de Derechos Humanos y, posteriormente, en el Centro Cívico Gubernamental donde les asignaron una oficina en el piso 23 de la torre 1.

empleos en gobierno de Xiomara Castro Las bases del partido Libertad y refundación bloquean el ingreso al centro cívico gubernamental
Las bases del Partido Libertad y Refundación bloquean el ingreso al Centro Cívico Gubernamental exigiendo cargos laborales. Foto CC/Jorge Cabrera

Como parte del trabajo en ese tiempo, los nuevos burócratas se encargaron de recibir denuncias de perseguidos políticos, atención a migrantes, denuncias de abusos a derechos humanos, revisión de expedientes de presos políticos y visitas a las cárceles. Al finalizar marzo, los 68 empleados esperaban su primer pago, el cual nunca llegó.

Andrés contó que Pedro Joaquín les dijo «esperemos que antes de Semana Santa ya tengamos todo listo para pagarles, ya van a tener pescadito, van a disfrutar». Pasó abril y nuevamente prometió que para el día de la madre en mayo iban a tener dinero para salir con ellas, darles un regalo, quizá flores. Así pasaron los meses y las promesas. Finalmente, los 68 empleados esperaron cuatro meses sin recibir un solo lempira.

«¿Por qué esperamos cuatro meses sin firmar un contrato? Primero, porque sabíamos que el gobierno anterior había dejado en bancarrota el Estado, entonces fuimos comprensivos y dimos espacio para que la situación mejorara con la cooperación internacional y los impuestos», explica Andrés.

Tras la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, la nueva secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, aseguró que estaban recibiendo un gobierno en bancarrota y, posteriormente en la presentación de un informe sobre la situación económica del país, explicó que el presupuesto que se había aprobado para el 2022 era falso y fuente de corrupción.

«El presupuesto es de 308 mil millones de lempiras, fue formulado y aprobado por el régimen [de Juan Orlando Hernández] en diciembre del año pasado después de perder las elecciones, incluyó programas y proyectos sin financiamiento ni estudios y no cabe ninguna duda que fue hecho de manera impúdica y descarada», aseguró Moncada. El presupuesto fue reajustado por el nuevo gobierno y se aumentó un total de 51,000 millones de lempiras.

Andrés dijo que, al principio, mientras trabajaban y esperaban que se les cumpliera con el pago del salario, se organizaron para elaborar con dinero propio un carné temporal que les identificara como empleados de esa oficina y luego pagaron 250 lempiras para otro carné que les daba acceso a la oficina del Centro Cívico Gubernamental.

Finalmente, en junio, le pagaron a 10 empleados de la oficina de Pedro Joaquín. Ante la incomodidad y molestia del resto, les comunicaron que planeaban colocarlos en otras secretarías para que les pagaran y se mantuvieran «préstamo» a esa oficina. Ante lo fantasiosa que parecía esa promesa, al menos 28 del resto de los empleados afectados comenzaron a reclamar públicamente sus pagos retrasados.

«Como el ambiente era hostil, [Pedro Joaquín] nos cerró la oficina y nosotros comenzamos a denunciar en la Secretaría de Trabajo. Él no se volvió a presentar ni sus diez de confianza. Se reunían en centros comerciales y nosotros sí llegábamos, seguíamos tomando denuncias, pero también pensando cómo reclamar nuestro pago y ahí fue cuando empezamos a ir a Casa Presidencial para plantear la situación», relató Andrés.

Sin ningún tipo de respuesta, finalmente, el 28 de junio –el día de la conmemoración del Golpe de Estado de 2009– tras meses de reclamos e incluso protestas en las calles, la seguridad del Centro Cívico Gubernamental les anunció que no podrían ingresar otra vez a la oficina.

«Nos cerraron la oficina el día que conmemorábamos los 13 años del Golpe, nos dijeron que había un listado para quitarnos el acceso porque comenzamos a reclamar nuestros derechos y para Pedro Joaquín ahora éramos non gratos», dijo Andrés, quien todavía parece no creer lo que pasó tras tantas mañanas que cruzaron la ciudad con esperanzas de regresar a sus casas por la tarde con el pago adeudado.

La mayoría de ellos conocía a Amador por su activa participación en el movimiento social que surgió tras el Golpe de Estado en 2009 y por su participación como defensor de derechos humanos en las protestas en contra del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, en las que incluso fue arrestado y atacado por policías y militares.

Pedro Joaquín participó como aspirante a diputado en 2017 en las elecciones internas de Libre, y en 2021 llegó hasta las elecciones generales del país. En ambas ocasiones perdió la elección.

Pero Amador era conocido no solo por haberse manifestado en contra del gobierno de Hernández, sino también por haber protagonizado una oposición al interior del partido Libre. En 2017 y en 2021 denunció por fraude electoral a sus compañeros en la contienda para llegar al Congreso Nacional e incluso se enfrentó a golpes en una mesa receptora de votos durante las elecciones del 28 de noviembre del 2021.

Según medios de comunicación, a Amador se le negó el acceso a la sede del partido Libre en diciembre de 2016 por haberse manifestado en contra de las autoridades del Partido. Ante esa situación, el ahora funcionario acusó de «delincuentes» a los dirigentes que estaban en el círculo cercano al expresidente Manuel Zelaya.

«Estos [los dirigentes] son capaces de hasta mandarlo a matar a uno porque sabemos que hay gente del partido Libre que son reaccionarias dentro de la cúpula y lo pueden mandar a matar a uno, claro van a decir después que fue el Partido Nacional», acusó en ese momento Pedro Amador.

Como parte del movimiento social, durante las protestas Pedro Amador era reconocido por no temer a la brutalidad policial, al gas lacrimógeno e incluso a las balas. Además, aliados y enemigos le reconocían porque siempre portaba una boina negra, como muestra simbólica de su rebeldía.

A veces llevaba una boina con una estrella roja y en otras ocasiones portaba una boina negra con la hoz y el martillo, símbolo que ha sido prohibido en países que sufrieron la ocupación soviética porque representa a ese régimen totalitario, aunque su origen fue simbolizar la unión de proletarios y campesinos.

Como funcionario público, Pedro Amador ahora será reconocido por las personas que trabajaron en su oficina por haberlas engañado durante 4 meses con sus pagos y luego darles la espalda. Siempre con su boina negra, ahora tiene asignado un vehículo blindado para su trabajo y gana un salario total de 109,000 lempiras.

Andrés explicó que, tras el desplante del 28 de junio, cuando les negaron definitivamente el acceso a su lugar de trabajo, el doctor Marco Rosa, asistente de Manuel Zelaya, les atendió en Casa Presidencial y les remitió con otro asistente llamado Roberto Sánchez que les pidió el currículo y la hoja del censo de Libre para asegurar que habían votado por el Partido.

Días después les entrevistaron y solicitaron que hicieran un listado de sus peticiones, las cuales incluían el pago de los cuatro meses de salario pendiente, el reintegro a cualquier otra secretaría y su aspiración salarial. Después de algunas semanas no hubo respuesta por lo que regresaron a protestar frente a Casa Presidencial.

«Ese día Mel nos atendió y solo nos dijo: jóvenes, sé lo que hizo Pedro, no fue sincero con ustedes, él cometió el error, yo solo le autoricé a 10 personas, no le autoricé más de 60 y yo no les prometo pagar eso porque aquí no tenemos cómo justificar su pago, lo único que les ofrezco es asignarlos a una Secretaría», relató Andrés.

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El asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales participa de la inauguración del monumento en honor a Isis Obed Murillo, primer mártir del golpe de Estado de 2009. Foto CC/Jorge Cabrera

El expresidente y asesor presidencial, Manuel Zelaya, ha jugado un papel fundamental en las decisiones sobre las contrataciones del gobierno, enviando listados de personas que deben ser empleadas y otorgando recomendaciones políticas para las contrataciones en las oficinas de gobierno. En el gobierno de Xiomara Castro, ninguna otra firma tiene más importancia para conseguir un empleo que la de Manuel Zelaya.

En el caso de los empleados en la oficina de atención a presos políticos, todos y todas las que estaban reclamando el pago de los meses trabajados habían pedido dinero prestado, tenían deudas y ya estaban en una situación de calamidad, por lo que una promesa de trabajo que venía del expresidente era una salvación. Las 28 personas enviaron otra vez una lista con sus profesiones, correo electrónico y teléfono, pero hasta el día en que se publica este reportaje ninguna ha sido reincorporada al trabajo en otra secretaría.

Algunos de ellos han pensado en volver a protestar, pero la mayoría ya no tiene ánimos, y Andrés aseguró que no quieren afectar más al gobierno con protestas, lo único que desean es obtener un trabajo y cumplir las promesas que hicieron a sus hijos de comprarles útiles, comida y ropa.

«Hay compañeros que están frustrados y quieren irse migrados en caravana, están decepcionados no solo de Pedro sino del mismo gobierno. Hemos sido militantes de la lucha por tantos años para que al final nos traten así, yo me siento decepcionado, defraudado, estoy con las ganas de volverme a ir, voy a tener que dejar a mis hijos, y eso es lo más duro. Solo verlos por una pantalla por la necesidad», dijo Andrés con lágrimas en los ojos.

Pedro Joaquín no respondió a las solicitudes de entrevista de Contracorriente para responder sobre los señalamientos de los exempleados de su oficina y tampoco respondió el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, a quien Amador ha señalado como el funcionario a quien trasladaba los problemas en su oficina.

A finales de junio, Pedro Joaquín aceptó ante medios de comunicación que fue autorizado para contratar solo a 10 personas y aseguró que contrató a casi 30 personas más, aunque la información dada por quienes denuncian haber laborado sin pago en esa oficina es que fue un total de 68 personas. Pedro Joaquín fue denunciado por todas estas acciones en la Secretaría de Trabajo y, según el testimonio de Andrés, inspectores de esa dependencia levantaron actas para investigar los abusos laborales y las violaciones al código del trabajo. Sin embargo, tampoco han obtenido respuesta sobre esos procesos administrativos.

Sobre la recepción de denuncias en los entes gubernamentales responsables de atender los casos de abusos laborales, Jorge Jiménez, presidente ejecutivo de Joprodeh, aseguró que están en un contexto en el que la institucionalidad no responde. Además, explicó que las organizaciones de sociedad civil se han convertido en el ente confiable al que muchos empleados están acudiendo.

En el gobierno anterior, Joprodeh, la organización que lidera Jorge, llevó casos de violaciones a los derechos laborales principalmente en la Policía y el Ejército, por lo que algunas organizaciones laseñalaron por defender a represores y violentadores de derechos humanos. Además, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) la señaló en 2020 de defender intereses empresariales al participar en la defensa legal de David Castillo, quien en 2022 fue condenado por ser el autor intelectual del asesinato de la líder social Berta Cáceres.

Ahora, con el nuevo gobierno, Joprodeh ha atendido las denuncias de acoso laboral en la nueva burocracia estatal e informó que previo al 27 de enero habían recibido 1400 denuncias en toda su historia, pero en lo que va del nuevo gobierno ya han atendido alrededor de 3000 más.

Jorge explicó que «se nos ha aumentado en un 1000% los casos, y estamos ante una situación en la que la institucionalidad no responde porque en el gobierno anterior mucho se resolvía con reclamos administrativos, ahora hay un silencio que provoca presentar las denuncias al Ministerio Público y acudir a la Corte Suprema de Justicia».

El dirigente de sociedad civil señaló también que el silencio de la Secretaría de Trabajo la hace cómplice de las violaciones a derechos humanos, a pesar de que es el ente encargado de tutelar, custodiar y verificar los derechos fundamentales de los trabajadores. Además, explicó que ellos manejan aproximadamente 30 denuncias en contra de la misma Secretaría de Trabajo.

«Hay prácticas de violencia institucional que nunca pensé verlas en este gobierno, más cuando nuestras acciones han sido siempre afines puesto que ellos antes eran las víctimas. Esta violencia es porque el funcionario ha llegado como activista político con odio, con venganza, como que el empleado es el que le provocó ese odio, previo a despedirlos hay hostigamiento y acoso», apuntó Jorge.

Jorge Jiménez director de JOPRODEH empleos en gobierno de Xiomara Castro
Jorge Jiménez, director de Joprodeh, durante una entrevista con Contracorriente. Foto CC/Jorge Cabrera

El caso de Andrés ejemplifica que la violencia institucional que señalan las organizaciones no solo ha sido aplicada a empleados de otros partidos políticos sino que los mismos militantes han sido violentados y engañados por los altos funcionarios del gobierno liderado por Xiomara Castro y el expresidente Zelaya. Además, fuentes anónimas han revelado a Contracorriente que en muchas secretarías se han hecho contrataciones y, tras varios meses de trabajo, los salarios respectivos no han sido pagados. 

A pesar de todo, Andrés sigue manteniendo algo de la esperanza que lo ha impulsado desde 2011 cuando presenció la creación del partido Libre, la misma que lo llevó a luchar en las calles y a defender derechos humanos durante más de una década.

«Salimos del pueblo, con sangre de mártires a formar un partido político esperanzador, pero ahora yo veo que nuestra presidenta no es la que está gobernando. He entrado varias veces a Casa Presidencial y nunca pudimos vernos con ella, pero yo quisiera que la presidenta escuchara nuestro caso, creo que ella es menos política y más sensible, más humana, y yo lo noto. No la conozco personalmente, pero sí sé que es una mujer que se conmueve y en nuestra oficina hay muchas madres a las que se les ha violentado sus derechos», explicó Andrés.

«Fue una estafa laboral», dijo Andrés respecto de esos meses de «trabajo» y recordó ese 28 de junio cuando Pedro Joaquín les negó definitivamente el acceso a su oficina.

«Fue un golpe laboral para nosotros, un golpe moral, muchas compañeras lloraron ese día, porqué tratarlas así tan feo, entonces hemos llevado las cosas por las instancias que hemos podido y como defensores también, pero ha sido duro, todavía tenemos la esperanza de que algo mejore», concluyó.

Abusos laborales sistemáticos

Contracorriente solicitó a la Secretaría de Trabajo, a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, una copia íntegra de denuncias por abusos laborales y despidos realizadas en contra de instituciones, secretarías, municipalidades u otras instancias del Estado.

La respuesta de la Secretaría de Salud abarcó el periodo comprendido entre el 27 de enero –día en el que el nuevo gobierno asumió el poder– y el 1 de junio de 2022 y reveló que las dependencias del Ejecutivo con mayor cantidad de denuncias son la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Salud, el Comité Permanente de Contingencias (Copeco), la Secretaría de Educación, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

En total, la Secretaría de Trabajo reportó 1824 denuncias interpuestas por trabajadores en contra de dependencias estatales, incluyendo alcaldías, centros de salud, secretarías de Estado y universidades. En un periodo de 125 días, se presentaron 14.6 denuncias diarias relacionadas con abusos laborales y despidos injustificados en instituciones de gobierno.

En el caso de Sedesol, creada este año luego de la liquidación vía decreto ejecutivo de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), se cuenta un total de 120 denuncias realizadas por empleados y exempleados de esa dependencia. Muchas de esas denuncias fueron realizadas por personas contratadas por el programa Vida Mejor, que durante el gobierno de Juan Orlando Hernández fue señalado por ser parte esencial de la maquinaria clientelista que mantuvo al Partido Nacional en el poder durante 12 años. Ese programa fue cancelado por la nueva administración en el marco de la reestructuración del Estado a través del PCM-05-2022 en el que se eliminaron 20 secretarías y programas y se crearon 5 secretarías con la nueva visión gubernamental.

Denuncias laborales en contra de instituciones de gobierno entre el 27 de enero y el 1 de junio de 2022

El historiador José Carlos Cardona, titular de Sedesol, explicó a Contracorriente que al llegar a la Secretaría se enfrentaron a diversos problemas con el personal, los principales eran el ausentismo, posible enriquecimiento ilícito de funcionarios y la paralización de casi todas las actividades de esa institución. Además, apuntó que contabilizaron un total de 17 mil empleados que en su mayoría (alrededor de 15 mil) eran guías de familia cuyo convenio laboral terminaba el 31 de diciembre y que buscaban seguir trabajando en el programa.

Ministro de SEDESOL empleos en gobierno de Xiomara Castro
Ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, atiende una entrevista con Contracorriente. Foto CC/Fernando Destephen.

«No podíamos trabajar con esta gente ni con estos procesos y no podíamos revivir una institución tan contaminada, entonces ¿cuál era la decisión más sabia? eliminar esta papada. Imagínate una institución que en 10 años recibió 28,000 millones de lempiras para reducir la extrema pobreza y la pobreza aumentó 17 puntos. A finales de marzo ya estábamos claros que no iba para ninguna parte» explicó Cardona.

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que entre 2014 y 2021 –inicio y fin de la autocracia de Juan Orlando Hernández–, el índice de pobreza pasó de 62.8% a 73.6%.

En ese escenario, Cardona y su equipo decidieron que de 17 mil empleados se quedarían solo con 800 para iniciar desde cero con la institución. Todo este proceso implicó el despido de miles de personas, quienes han protestado por esas cancelaciones porque en muchos casos no se les han pagado las prestaciones laborales.

Sin embargo, Cardona aseguró que, aunque tienen indicios de muchos actos de corrupción, los despidos se han hecho en base a ley garantizando que cuando los recursos estén disponibles, se pagarán las prestaciones.

«La ley dice que hasta que se pruebe en juicio que robaron se les puede deducir penalmente la responsabilidad, entonces yo no voy a hacer lo que hizo un exministro [Reinaldo Sánchez] que cuando entró acá despidió a toda la gente y hay 208 demandas. Aquí cada despido que se hizo fue de manera correcta para ahorrarle al Estado esas demandas», apuntó Cardona.

Además, el ministro aseguró que, ante los despidos, hicieron un compromiso para garantizar el trabajo de personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades terminales. Esa población de empleados tenía que cumplir con el requisito de no tener indicios de involucramiento en el esquema de corrupción, por lo que, finalmente, según Cardona, 65 personas con esas condiciones siguen trabajando en Sedesol.

La liquidación de este ministerio le costará al gobierno más de 300 millones de lempiras, de los cuales,198 millones serán destinados al pago de prestaciones, confirmó con anterioridad a medios de comunicación el mismo ministro.

Cardona además aseguró que ha estado en comunicación constante con los despedidos para pedirles paciencia y avisarles cuando estén listos sus pagos. Sin embargo, desde que se inició el proceso de cancelación de estos empleados han habido diversas protestas en las que los afectados denuncian que se les despidió sin pagarles salarios retrasados por lo que exigen el pago inmediato de su liquidación. A finales de mayo, un grupo de esos ex empleados aseguró a medios de comunicación que, debido a la falta de respuestas, llevarían sus denuncias ante el Conadeh e instancias internacionales.

En ese sentido, la abogada Blanca Izaguirre, comisionada del Conadeh, indicó que, en el caso de Sedesol y otras secretarías de las que han recibido denuncias, no solo hay casos de cancelaciones injustificadas, sino que también «hay graves quejas de acoso laboral, pero sobre todo discriminación por temas políticos e ideológicos».

La elección de Izaguirre como titular del Conadeh, fue sometida recientemente a una investigación por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del actual Congreso Nacional, en la que concluyeron que su elección y juramentación se realizó en medio de irregularidades por lo que solicitaron la repetición del proceso, lo cuál produciría la destitución de su titular. A pesar de dichas amenazas la institución ha sostenido el tono de denuncia en contra de las violaciones a derechos humanos ocurridas durante el gobierno actual.

«Cuando la presidenta dio su discurso y escuché el tema de derechos humanos y cómo ella pensaba abordarlo me llené de satisfacción y pensé que iba a existir una buena sinergia para trabajar en conjunto y hacer cosas buenas. Desafortunadamente se quedó en el discurso porque las acciones que vienen de [Casa] presidencial y sus funcionarios en diferentes instituciones son totalmente contradictorias a la garantía de los derechos humanos», apuntó la comisionada.

Finalmente, Izaguirre definió la situación de los derechos laborales en el actual gobierno como violaciones sistemáticas y progresivas», y aseguró que esos hechos son parte de los patrones de las violaciones a derechos humanos por parte del Estado.

A pesar de los señalamientos, José Carlos Cardona está convencido de que el proceso realizado en Sedesol ha sido enmarcado en la ley y espera pagar cuanto antes a los exempleados que se les debe, lo cual lo diferencia de dependencias como la Secretaría de Derechos Humanos dirigida por Natalie Roque, en la que se le ha dicho a los despedidos que no se les pagará.

«Se le puede dar otro enfoque a la gestión que están haciendo en esas secretarías, el tema es que si no se dialoga con las personas, difícilmente asimilan, hay criminales con los que yo me sentaba aquí y poco a poco les fui haciendo ver que no tenían posibilidades de quedarse en la institución, que tenían que irse, entonces eso los fue desmoralizando, pero sí vos llegas con una actitud de «no les voy a hablar a los cachurecos aquí» y empezamos a generar estas narrativas violentas, no funciona», concluyó Cardona.

La institución que le sigue a Sedesol con mayor número de denuncias por abusos laborales, es la Secretaría de Salud con 55 denuncias entre el 27 de enero y el 1 de junio del 2022 . Y es que desde marzo se registran protestas de trabajadores de la salud exigiendo pago de salarios adeudados y denunciando despidos arbitrarios ejecutados por órdenes del doctor José Manuel Matheu, titular de esa dependencia. Además, el pasado 4 de julio el Conadeh instó a instituciones de gobierno a respetar el pago de 3,000 empleados del sistema de salud, entre ellos 900 médicos.

Justamente, el viernes 30 de septiembre, una multitud de empleados de la salud, pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys) se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría para denunciar el despido de decenas de sus compañeros. En ese contexto, miembros de colectivos de Libre también llegaron para «defender la gestión del ministro y el nombramiento de plazas para miembros del Partido», lo que desembocó en un enfrentamiento violento entre esos dos grupos y la Policía Nacional.

Los trabajadores del sistema de salud pública, en muchos casos mujeres y adultos mayores, denunciaron que se les está despidiendo por no pertenecer al partido de gobierno.

Hostigamiento en el IHCIETI

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI) es una dependencia del gobierno que, según se describe en su página web, se encarga de «incentivar el interés por la educación y la investigación, promover la cultura de investigación científica y desarrollo tecnológico en el país». Esa institución cuenta con un presupuesto de más de 56 millones de lempiras y es la unidad ejecutora de la Secretaría de Estado en los Despachos de Ciencia, Tecnología y la Innovación (SENACIT), que es el órgano asesor en el tema. Para esta institución el gobierno de Xiomara Castro nombró en febrero al doctor en medicina Luther Castillo como director ejecutivo.

Castillo cuenta con reconocimiento en Honduras por haber cursado estudios sobre políticas públicas y gestión en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los funcionarios con mayor visibilidad en este primer año del gobierno de Xiomara Castro.

Contracorriente obtuvo una serie de testimonios que señalan a Castillo y empleados de su confianza como responsables de abusos laborales en el IHCIETI.

El primer testimonio es el de Roberto (nombre ficticio para proteger su identidad), quien aseguró que se ha emprendido una persecución al interno de la institución en contra de quienes Castillo considera que pertenecen al Partido Nacional, o lo que es igual, a quienes él crea que son «cachurecos», aunque no lo sean de verdad.

«Estamos en condiciones deplorables porque [Luther Castillo] considera que somos cachurecos y si uno no le jura lealtad sevillista y no le decís que sí a todas las tonterías que se le ocurren, te convertís en su enemigo», apuntó Roberto.

Roberto explicó que desde que Castillo llegó a la institución, su comportamiento fue agresivo, acusando al personal técnico de ser corruptos e ignorando sus trabajos.

«Él se ha peleado con muchos empleados y les ha levantado la voz, pero la gente no le denuncia porque están cuidando las prestaciones o la chambita. Hay personas a las que ha provocado para poder despedirlas y la política de él es despedir sin prestaciones y que demanden. Su criterio es que, como supuestamente en el gobierno anterior robaron, tienen que aguantarse, demandar y en seis u ocho años ver si pasa algo, esa es la actitud».

Además, Roberto aseguró que en diversas ocasiones ha intentado enviar al personal a trabajo de campo sin viáticos, a pesar de que él sí los requiere y gasta en sus múltiples salidas. Según el portal de transparencia del IHCIETI, solamente en agosto, el director ejecutivo fue el que más utilizó el presupuesto de viáticos y combustible entre todo el personal, con un total de 68,431 lempiras.

«Él tiene su título de Harvard en administración pública, pero nosotros no tenemos una línea definida de lo que estamos haciendo. El instituto pasó de las brasas al fuego», concluyó Roberto refiriéndose a la mala gestión que también se tenía en el gobierno anterior.

Otro testimonio sobre el acoso laboral en el IHCIETI corresponde a Norton [nombre ficticio para proteger su identidad], quien explicó que el contexto de presiones y persecución a lo interno de la institución está comenzando a pasar factura en la salud mental de los empleados.

«La mayoría de la gente está desanimada, estresada, cansada y algunos están presentando cuadros de estrés agudo. Se piden trabajos redundantes y de forma poco educada. Hay personas que han llegado hasta el hospital porque no se están alimentando bien porque pasan preocupados por la situación. Ellos [los directores] a pesar de que son médicos no le toman importancia a la salud física y mental de los empleados», explicó este empleado de la institución.

Además, contó que quizá el principal problema es que el doctor Castillo, junto al resto de su equipo, no están respetando el manual de procesos y piden tareas fuera de las funciones de cada puesto. Norton apuntó que el hostigamiento político que vivían durante el gobierno anterior por no pertenecer al Partido Nacional, ha cambiado a tener que soportar una administración autoritaria.

Luther Castillo empleos en gobierno de Xiomara Castro
Luther Castillo participa de una protesta frente al Ministerio Público en Tegucigalpa. Foto CC/ Jorge Cabrera

Según el testimonio de estos empleados, todavía hay oportunidades para rescatar el trabajo de la institución, para que el Ejecutivo actúe antes de que los abusos y el hostigamiento se vuelvan graves. Antes de que escalen como en otras secretarías.

Sobre las actividades que le competen al IHCIETI, la doctora Mary Vallecillo, quien ostenta el cargo de asesora presidencial ad honorem en promoción de desarrollo y ciencia, aseguró que, desde su puesto junto a un grupo de voluntarios, están generando proyectos importantes en el área, pero sin la participación del instituto debido a la falta de respuesta del doctor Luther Castillo a una comunicación enviada en abril. Por ejemplo, se está coordinando el trabajo para la construcción de un Laboratorio Nacional de Moléculas, Genética y Prototipos de Salud sin que el instituto liderado por el doctor Castillo se encuentre involucrado.

«Nosotros queremos hacer ciencia seria con impacto en la comunidad nacional e internacional y es bien importante el compromiso ético y los valores que todo investigador debe tener. Las personas que no se acojan a esa mística de trabajo que involucra la ética, la responsabilidad y el compromiso con la humanidad, quizá se le hará difícil coordinar con nosotros, y más que todo sin esperar beneficios personales. Un investigador serio no está pensando que se hará millonario con los proyectos», concluyó la doctora Vallecillo, quien desempeña su puesto ad honorem y sin ningún tipo de responsabilidad sobre el IHCIETI o la figura de Castillo.

En un primer momento, el doctor Luther Castillo respondió que atendería las preguntas de Contracorriente sobre estas acusaciones. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no ha vuelto a responder las comunicaciones de nuestro medio.

Falta de oportunidades para activistas de Libre

Milton Wilfredo Herrera,de 45 años, comerciante y vendedor de pollo frito y asado en la colonia El Carrizal de Tegucigalpa, ha pasado por casi todo lo que un activista del Partido Libre podría pasar.

Milton emprendió el camino hacia Estados Unidos en 2006, el mismo año en que inició el gobierno del expresidente depuesto Manuel Zelaya. Ya en la ruta, intentó subirse a un tren y cayó entre los rieles mientras la máquina se encontraba en marcha. Ahora sufre una discapacidad producto del fatal acontecimiento. Desde ese momento, camina con una prótesis.

Después de ese incidente, Miltón regresó al país y decidió acompañar la lucha del expresidente Zelaya cuando el ex gobernante pretendía instalar una consulta popular para tratar el tema de la reelección, lo cual provocó un golpe de Estado orquestado por las élites políticas y económicas del país. En ese momento, Milton acompañó las acciones de protesta, allí corrió, recibió el gas y los golpes de los militares.

Posteriormente, tras la creación en 2011 del partido Libre, trabajó en las mesas receptoras de votos en las elecciones de 2013 que perdió Xiomara Castro y en las elecciones de 2017 que resultaron en un fraude electoral en el que perdió la Alianza Opositora y Juan Orlando Hernández logró una reelección inconstitucional.

Después de 11 años de militancia, en 2021 se convirtió en el coordinador del territorio 8 de Libre que contempla 48 barrios y colonias al norte del Distrito Central y le dieron la oportunidad de participar como precandidato a diputado en las elecciones internas de dicha institución política.

Milton perdió las elecciones, pero su participación en Libre no tenía como objetivo llegar al Congreso Nacional, sino que estaba guiada por la profunda convicción de estar en el lugar donde habrían oportunidades para personas comunes y corrientes como él.

«Hicimos un trabajo de hormiga de visita en casas con nuestros amigos y conocidos para que apoyaran al Partido. Desde las elecciones internas, nosotros le decíamos a la gente que si trabaja para nosotros, si trabajan para el partido, iban a tener una oportunidad en el nuevo gobierno. Decirle eso a la gente era una orden desde la coordinación general y de nuestra presidenta Xiomara Castro. Ella nos decía que íbamos a ser incluidos en el gobierno y que no iba a haber excepción para nadie, tanto la persona que trabajó en mesa [electoral], como la que trabajó en logística, todos íbamos a ser tomados en cuenta, pero hoy, sobre 9 meses, estamos viendo todo lo contrario», apuntó el líder territorial.

Milton juzgó el accionar del gobierno respecto a la asignación de empleos y dijo que quienes han tenido garantizada una oportunidad han sido los amigos del expresidente Zelaya, sin importar el partido político.

bases del partido LIBRE protesta 2022 empleos en gobierno de Xiomara Castro
Las bases del Partido Libertad y Refundación bloquean el ingreso al Centro Cívico Gubernamental exigiendo cargos laborales. Foto CC/Jorge Cabrera

«En noviembre sentí alegría, yo dije, por primera vez vamos a tener un gobierno popular y demócrata que va a escuchar a todo mundo. Fue una satisfacción, celebramos en las calles, nos abrazamos con nuestras familias, con nuestros amigos, hoy sí, vamos al poder, hoy sí vamos a tener nuevos cambios, fue de mucha emoción», relató Milton.

Tras 9 meses de espera, múltiples visitas a secretarías para buscar un empleo, decenas de promesas, innumerables cartas de recomendación firmadas por diputados e incluso por el mismo coordinador de Libre, Manuel Zelaya. La presión de no conseguir trabajo para las personas de su territorio se ha vuelto muy grande para Milton, quien asegura que mantiene la esperanza de encontrar una oportunidad para cada familia que se le ha acercado a buscar ayuda.

Sin embargo, los recuerdos de todo lo pasado en la última década y la forma en que han sido ignorados lo quiebran. Milton recordó cuando el local de su negocio fue bodega de hasta mil llantas y 60 galones de combustible para usarlas en las protestas en contra del gobierno inconstitucional de Juan Orlando Hernández. Recordó que la causa era más grande que la preocupación de exponer a sus hijos, esposa y ver rodeado su negocio por militares.

«Me ruedan las lágrimas porque parece que no tenemos patria, ahora nos sentimos rechazados por las autoridades del partido, nos sentimos con inseguridad porque no se sabe si aquel que proteste en contra de este gobierno va a ser perseguido», apuntó Milton quien ya ha salido a las calles a manifestarse junto a integrantes de otros colectivos para exigirle a los titulares de las instituciones de gobierno que contraten a personas de las bases del partido.

En ese momento de la entrevista, los ojos cansados de Milton se convirtieron en una fuente de lágrimas. 

«Perdón, es que no creemos esto que nos está pasando. A nosotros nos llamaba un aspirante a diputado y estábamos pendientes del apoyo. Los compañeros regidores que conocen cómo vivimos ahora no contestan el teléfono. Ha sido duro, a veces hay que tomar fuerzas y tener esperanza en Dios de que algún día va a cambiar la situación del país, no queremos vivir en un país que nos excluya, que nos obligue a salir», concluyó.

La respuesta a los reclamos de las bases del partido por una oportunidad de trabajo ha sido el «Programa de contratos de trabajo Mártires de la Resistencia», que se puso en marcha desde el sábado 24 de julio y que es liderado por el propio Manuel Zelaya. El último reporte oficial del gobierno indicó que, hasta el 6 de agosto, se había contratado a 1149 líderes de territorios del Distrito Central para trabajar en diferentes instituciones de gobierno, pero no hay información sobre los puestos que han ocupado.

En ese momento, Manuel Zelaya aseguró que no iban a aumentar los presupuestos para contratar a esas personas, sino que con los «ajustes a programas» que se cancelaron o se liquidaron, se pagaría a los nuevos empleados.

En ese sentido, Milton aseguró que las personas que se han convocado para ese proceso han sido seleccionadas «a dedo» por diputados e incluso son parte de los colectivos que se han creado para destruir el trabajo que han hecho los territorios durante años.

«Están incluyendo a esta gente que no ha trabajado por el partido, que es gente borrega que solo dice sí, sí, al presidente Zelaya. Con esa gente es con la que se ha reunido. En las secretarías no aceptan hojas de vida que no haya enviado el presidente Zelaya», dijo.

Milton asegura que a pesar de todas las dificultades no se van a cansar y seguirá luchando porque al menos una persona de cada familia que conforma su territorio pueda conseguir un empleo en el gobierno de Xiomara Castro.

«Aunque de la familia presidencial, diputados y ministros hay más de una persona por familia trabajando para el gobierno» finalizó.

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Fernando Silva, es periodista de investigación. Su trabajo se enfoca en cubrir temas de corrupción, estructuras de poder, extractivismo, desplazamiento forzado y migración. También es realizador audiovisual y ha trabajado desde hace media decada en ese ambito con organizaciones que defienden derechos humanos e instituciones de desarrollo en el país. En 2019 egresó del Curso de Periodismo de Investigación de la Universidad de Columbia y ese mismo año fue parte de Transnacionales de la Fe, que en 2020 ganó el premio Ortega y Gasset a mejor investigación periodística otorgado por diario El País de España. Es fellow de la International Women Media Foundation (IWMF).
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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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De nacionalidad nicaragüense y hondureña. Fotoperiodista con 20 años de experiencia en coberturas de contenido internacional. “El fotoperiodismo está presente en mi vida desde hace más de dos década y continúa siéndolo día tras día. “
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2 comentarios en “Violación a derechos, engaño y hostigamiento predominan en decisiones sobre empleos en gobierno de Xiomara Castro”

  1. Casi todo lo escrito aquí son puros cuentos chinos, tamaño mamotrepo de mentiras. Pero bueno, si desean decir la verdad por qué no publican el pensamiento de la supuesta otra parte. Por ejemplo, el hecho que en algunas Secretarías se despidió gente que ya estaba laborando en otras instituciones del Estado. Y se les tuvo indulgencia en vez de haberlos demandado por estafa al Estado de Honduras. Y esto es solo un pequeño ejemplo.

  2. Sandra Zambrano

    Saludos cordiales soy Sandra Zambrano defensora de derechos humanos importante reportaje ya que los derechos humanos deben respetarse.
    Quisiera que tambien pudieran ver el.otro lado de la historia de la sra ohara , violadora de derechos humanos con muchos de los subalternos de ella como ejemplo caso de Angela Marieta Sosa Veroy abuso de ella una y otra vez hasta la hiso renunciar, caso Lic Nolvia, caso Licdo Gerson entre otros abuso tras abuso existen expedientes en personal
    Nuestra organizacion y sus miemvros en 2012 sufrimos discriminacion de parte de la Sra Ohara ..ver en google denuncias ..hubo un cierre administrativo por presion en el MP por parte de la exministra Karla C …la vida te da sorpresas o el karma..investiguen mi denuncia de 2012.
    Espero no se siga martirizando…y que se le honren sus derechos laborales y punto.
    No tengo interes particular..solo lo ayer fue malo y se obstruyo se conozca

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