Este martes fueron desalojadas siete familias en la colonia Las Crucitas de El Picacho, ubicada en Tegucigalpa, zona central de Honduras. El desalojo surge después de que el Poder Judicial desestimara un amparo en favor de estas familias y a pesar de los reclamos del Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, José Carlos Cardona –presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad– quien indicó que el desalojo de Las Crucitas surgió de una orden «ilegal, ilegítima e injusta de un juzgado».
Texto: Jorge Cabrera y María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera
Siete familias de la colonia Las Crucitas de El Picacho, ubicada en Tegucigalpa, zona central de Honduras, fueron desalojadas este martes por miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Especiales. Estos agentes fueron acompañados por miembros del Poder Judicial y ejecutaron el desalojo en presencia de miembros de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Instituto de la Propiedad (IP).
Según información brindada por el juez ejecutor que estuvo presente durante el desalojo, la acción se ejecutó después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desestimara un amparo interpuesto a favor de estas familias.
El desalojo en las Crucitas según opinión calificada de juristas que conocen el caso, violenta derechos de vecinos. PGR, Abogado del Estado, en el marco de sus atribuciones, hará análisis para determinar situación jurídica o intereses atrás de este juicio.
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) June 27, 2023
La acción policial se desarrolló entre la indignación y las denuncias de violación por parte del Estado hondureño. El Bufete justicia para los pueblos, dirigido por el abogado Edy Tábora, indicó en Twitter que la Policía Nacional y el Poder Judicial están desalojando ilegalmente a estos habitantes porque fue el propio Estado el que vendió estos inmuebles y ahora los está expulsando.
El Bufete justicia para los pueblos advirtió con anticipación que estos pobladores contaban con títulos de propiedad extendidos por el Instituto de la Propiedad y que un desalojo acarrearía responsabilidad internacional en contra del Estado hondureño por violentar derechos fundamentales a 15 familias, entre estas 44 adultos y 21 menores de edad.
El Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, José Carlos Cardona —quien además funge como presidente del Consejo Directivo del IP— indicó que el desalojo de Las Crucitas surgió de una orden ilegal, ilegítima e injusta de un juzgado, al tiempo que prometió que el Gobierno se hará cargo de reconstrucción de las viviendas y que «se solicitará apelación del desalojo».
Gabriela Baquedano, una de las afectadas, dijo que estas acciones de desalojo son ilegales debido a que ellos adquirieron debidamente estas viviendas al Estado.
«Nosotros estamos legales, tenemos nuestras escrituras públicas, le compramos al Estado y ahora [el Estado] nos quiere quitar las cosas», señaló Baquedano.
El abogado Roque Germer, representante de los locatarios, aseguró que el desalojo debió ser en La Estanzuela (una vía que está a dos cuadras de Las Crucitas) y no en este lugar, y que es «terquedad» del juez ejecutor realizar el desalojo en este lugar también.
«Los de la colonia Las Crucitas todos tienen título de propiedad, se los dio la Procuraduría General de la República mediante pago a plazos y otros en efectivo, sin embargo, están golpeando la gente, pateando, y rompiendo las puertas y llevándose todo», señaló el abogado Germer.
Tanto el abogado Germer como los habitantes de la colonia coincidieron en manifestar que Rony Carbajal, quien reclama estas propiedades por herencia, no ha sido declarado como heredero aún, y que además lo han visto en compañía del juez ejecutor en otros lugares, señalando esto como un conflicto de interés.
El juez ejecutor, Danilo Laredo, explicó que el desalojo se ejecutó luego de un largo proceso judicial que derivó en una sentencia. Añadió que estas familias fueron condenadas por el delito de usurpación en perjuicio de María del Tránsito Carbajal en el año 2004.
Laredo agregó que en el 2004 «ellos (las familias condenadas en la sentencia) tuvieron el beneficio de conmuta de pena de reclusión por dinero en efectivo, pero que aún quedaba la recuperación de la propiedad que fue usurpada».
El juez Danilo Laredo expuso que la defensa legal de estas familias presentó recursos de amparo en tres ocasiones «y como esos recursos tardan años en resolverse, se había reprogramado el desalojo. Ahora la Corte decidió que se inadmite el recurso de amparo diciendo que ya es cosa juzgada y no hay nada más que ejecutar la orden», expuso.
Con instrucciones de la Presidenta @XiomaraCastroZ nos trasladaremos inmediatamente al lugar del desalojo de Las Crucitas.
— José Carlos Cardona Erazo (@jcardonaerazo) June 27, 2023
A todos los vecinos desalojados por orden ilegal, ilegítima e injusta de un juzgado, comunicamos que el @GobiernoHN se hará cargo de reconstrucción de sus…
Sobre los documentos de dominio pleno de la propiedad que tienen los habitantes del lugar, el juez aseguró que estos fueron adquiridos a través de unos decretos en 2013 y que, si bien son documentos extendidos por el Estado, el expediente acredita como heredero legítimo de la propiedad a Rony Carbajal.
El subcomisario y jefe de operaciones de la policía preventiva, Daniel Molina, indicó que el papel de la policía en el desalojo no ha sido violentar ni reprimir a la población, sino «apoyar al juez ejecutor en la resolución».
El subcomisario afirmó que «un consulado de un país nórdico» se ha puesto a disposición para apoyar a los habitantes desalojados de Las Casitas, pero que estos han sido renuentes a tomar esa ayuda. En esto coincidió el juez Laredo, quien expuso que la Embajada de Noruega está solicitando los nombres de las siete familias que están siendo desalojadas para proporcionarles asistencia.
Este no es el primer antecedente en el que autoridades locales o del Gobierno central, independientemente de si por medio hay motivaciones mercantiles o proselitistas, aprovechan primero la necesidad de vivienda de grupos poblacionales y luego éstos son objeto de desalojos.
