Crisis en Servicio Civil evidencia conflicto de intereses y signos de ingobernabilidad en Gobierno de Xiomara Castro

Después de la destitución del director de Servicio Civil, Leonardo Bú, y de la subdirectora, Miroslava Cerpas, la presidenta Xiomara Castro determinó conformar dos comisiones interventoras: una en Servicio Civil y otra en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). La crisis en Servicio Civil —la institución encargada de las contrataciones del Estado— revela una serie de conflictos de interés entre el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, y el exdirector de Servicio Civil, Leonardo Bú. 


Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen

El 31 de enero ocurrió el estallido de tensiones y presiones dentro de la Dirección General de Servicio Civil, una institución que bajo sus facultades tiene las contrataciones del Estado. Según las personas que se encontraban allí, el enfrentamiento entre las bases del Partido Libertad y Refundación (Libre) y agentes de la Policía Nacional solo representó el detonante de la crisis que se había estado gestando durante meses en esta institución.

«El génesis del problema de Servicio Civil se remonta a septiembre-octubre del 2022, y todo surgió porque desde Casa Presidencial recibimos instrucciones, específicamente la subdirectora Miroslava Cerpas (ahora destituida de su cargo), de hacer una evaluación sobre las contrataciones desde que inició el Gobierno de Xiomara hasta ese momento», explicó Óscar Barahona, militante de Libre y uno de los 15 empleados de Servicio Civil a quienes se les notificó de su despido.

El 31 de enero de 2023, día en el que se produjeron gritos, empujones y amenazas, Óscar cuenta que el exdirector de esta institución, Leonardo Bú, llamó a agentes policiales a su oficina para notificar a 15 empleados de esta institución su despido, contrario a lo expresado después por el exdirector Bú, quien se defendió diciendo que los agentes policiales habían llegado después de que las bases de Libre entraran al edificio.

«La idea de ellos era que nosotros fuéramos cancelados en silencio, que no tomáramos ninguna acción y que partiéramos de la oficina sin novedad alguna, pero nosotros alertamos a nuestros amigos y a las personas que conocemos, alguien de la oficina transmitió en vivo y así empezó a llegar la gente de los colectivos del Partido (Libre)», detalló Óscar, quien aseguró que no tenían conocimiento de que el enfrentamiento iba a escalar a tal grado.

En la evaluación, según indicó Óscar Barahona, encontraron que de 6,000 empleados contratados en Servicio Civil desde que inició el mandato de la presidenta Xiomara Castro, solamente entre 900 y 1,000 eran del Partido Libre, el resto eran militantes del Partido Nacional.

Luego de encontrar este dato, Barahona explicó que la información fue debidamente presentada al ahora exdirector de Servicio Civil, Leonardo Bú, pero el abogado no quiso tramitarla a Casa Presidencial. «Nosotros respetando la jerarquía esperábamos que él (Leonardo Bú) la aprobara y que se mandara al ministro de la Presidencia (Rodolfo Pastor) y que el ministro la transmitiera a Casa Presidencial, pero esto no se dio».

Ante esto, las personas que se encargaron de la elaboración del informe decidieron enviarla directamente a Casa Presidencial; pero al enterarse las máximas autoridades de Servicio Civil y de la Secretaría de la Presidencia de que se había enviado el informe, estas tomaron la determinación de cancelar a los 15 empleados de Servicio Civil y a otros 5 de la Secretaría de la Presidencia.

La Dirección General de Servicio Civil está adscrita a la Secretaría de la Presidencia y es la institución encargada de administrar el recurso humano del Estado, tanto en las instituciones centralizadas como en las descentralizadas. La presidenta Xiomara Castro lo resumió todavía más al llamarla «el cerebro de contrataciones del Estado» en eltweet que publicó anunciando la suspensión, en ese momento, de Leonardo Bú y de Miroslava Cerpas.

El 1 de febrero, día posterior a la controversia dentro del Servicio Civil, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, llegó a la institución a notificar los acuerdos de cancelación de los 15 empleados de distintas áreas. «Incluyeron a 3 nacionalistas con la intención clara de que nosotros después no pudiéramos decir que era persecución política, pero sí lo es», afirmó Barahona, y agregó que también se cancelaron a 5 empleados de la Secretaría de la Presidencia que apoyaron el trámite del informe a Casa Presidencial.

Previo a que esto ocurriera, Óscar Barahona aseguró que dentro de la institución recibían hostigamientos y eran relegados de sus funciones.

Conferencia de prensa el 6 de abril de 2022, en la que Leonardo Bú, exdirector de Servicio Civil, y Miroslava Cerpas, subdirectora, denunciaron 10,000 nombramientos irregulares en el Gobierno de Juan Orlando Hernández. Foto CC/ Fernando Destephen

«Le enviamos tres comunicaciones al ministro (Rodolfo Pastor) –señaló Óscar Barahona– haciéndole ver el hostigamiento que estábamos recibiendo, y pues lamentablemente no obtuvimos respuesta contundente».

Contracorriente solicitó una entrevista con el secretario de Estado en el despacho Presidencial, Rodolfo Pastor, sin embargo, la persona encargada de las Relaciones Públicas de la Secretaría respondió que «como se anunció la intervención de Servicio Civil, él (Rodolfo Pastor) no ha decidido hablar de momento para no entorpecer la investigación».

El 7 de febrero, la presidenta Xiomara Castro anunció quiénes conformarán ambas juntas interventoras. La junta interventora de Servicio Civil estará conformada por el abogado Sergio Coello, Amable de Jesús Hernandez y Leny Aída Ordóñez. En el caso de la OABI, los interventores serán los abogados Hugo Suazo, Roger Mendoza y Rigoberto Portillo Mejía.

En el decreto ejecutivo PCM 07-2023 publicado el 9 de febrero de 2023 se establece que ambas juntas interventoras, tanto la de Servicio Civil como la de la OABI, durarán un año y seis meses. Además, las dos interventoras deberán presentar un informe de los primeros 30 días de gestión al ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, y también al culminar su intervención.

Los vínculos de Leonardo Bú con funcionarios del Partido Nacional y la familia Pastor Fasquelle

No es la primera vez que el abogado Leonardo Bú desempeña un cargo en la administración pública. En la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Bú fungió como asesor jurídico del entonces ministro de Educación, Marlon Escoto, y, posteriormente, pasó a ser director de talento humano docente de la Secretaría de Educación en el Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.

Óscar Barahona, uno de los empleados despedidos de Servicio Civil, muestra como prueba de este conflicto de interés entre Rodolfo Pastor y Leonardo Bú unos oficios que detallan el vínculo entre Bú y el Gobierno de Juan Orlando Hernández. En una nota extendida a la exprimera dama de la República, Ana García, el 8 de marzo de 2016, se solicita el nombramiento de 4 docentes para un Centro de Educación Básica en la comunidad de Río Blanquito, Choloma, departamento de Cortés. Dentro de esta nota se menciona que «esta comunidad es cachureca y contribuyó con su voto en las urnas para convertir al Señor Juan Orlando Hernández en presidente de la república cifrando sus esperanzas en la solución de problemas como este».

Luego, el 19 de mayo de ese mismo año, la ex primera dama Ana García remitió por medio del oficio esta solicitud al entonces ministro de Educación, Marlon Escoto. El 7 de junio, el oficio llegó al abogado Leonardo Bú y él, como subdirector General de Talento Humano Docente, remitió el 13 de junio a la subdirectora departamental de educación de Cortés, Sara Doris Sambulá, la solicitud del nombramiento de 4 docentes en el Centro de Educación Básica de Rio Blanquito en Choloma, adjuntando el oficio suscrito por la ex primera dama Ana García.

Ese mismo día, el 13 de junio de 2016, se nombró a Leonardo Bú Toro como director general de Talento Humano por instrucciones del ministro Marlon Escoto.

«A nosotros se nos hizo increíble casi que un ministro de nuestro partido (Libre) haya nombrado una persona que no es militante del partido (Libre). Todavía hay una estructura del Partido Nacional muy bien montada dentro de las instituciones y Servicio Civil no es la excepción, es una de las instituciones donde hay gente reconocida del Partido Nacional laborando, entonces, consideramos que no son las personas idóneas para estar acompañándonos en el proyecto de la refundación», manifestó Óscar Barahona, exempleado de Servicio Civil.

Además, Barahona mencionó que mientras se desempeñaba como director general de Talento Humano, Leonardo Bú era apoderado legal del ministro Marlon Escoto, y que en agosto de 2016 solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos una investigación a la Asociación de Padres de Familia por presuntamente «incentivar a protestas estudiantiles».

«Eso nos llevó a descubrir que él participó en la desmovilización del gremio estudiantil y del gremio magisterial, a través de la suspensión que se hizo a los maestros y a dirigentes magisteriales como el profesor Jaime Rodríguez, entre otros. Nosotros alertamos al ministro (Rodolfo Pastor) sobre quién era el abogado Bú, pero él nos dijo que (Leonardo Bú) era una persona honorable, que no iba a permitir que nosotros le dañáramos la honorabilidad. Eso generó un ambiente de fricción con el ministro y con el director», explicó.

Publicación de facebook en la que Leonardo Bú resuelve como apoderado legal del entonces ministro de Educación, Marlon Escoto.
Leonardo Bú junto al ministro de Educación, Marlon Escoto.

Pero los vínculos de Juan Leonardo Bú con la esfera política no terminan con el Partido Nacional. Cuando Rodolfo Pastor Fasquelle —historiador y padre de Rodolfo Pastor de María y Campos (actual ministro de la Presidencia)— se desempeñó como ministro de Arte, Cultura y Deportes en el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, giró una invitación a empresas o firmas constructoras para que participaran en la licitación pública para la restauración de un edificio para la Casa de la Cultura en La Esperanza, Intibucá. En el Comité de Licitaciones de la Secretaría para esta licitación, Juan Leonardo Bú fue el director legal.

La invitación para la licitación pública girada por el entonces ministro de Arte Cultura y Deportes, Rodolfo Pastor Fasquelle, se dio el 29 de mayo de 2009, y dentro de los términos de referencia establecidos ese mismo mes se contempla al Comité de Licitaciones de la Secretaría como el que recibe las ofertas de las distintas empresas.

Luego de la crisis por el Golpe de Estado el 29 de junio de 2009, Rodolfo Pastor Fasquelle dejó su cargo como ministro de Arte, Cultura y Deportes, sin embargo, el Comité de Licitación de la Secretaría adjudicó la licitación a la Empresa Ingeniería e Inversiones Zambrano S. de R.L. Inversa), documento fechado el 21 de agosto de 2006 en el que Juan Leonardo Bú firmó como director legal del Comité de Licitación.

Además, en una auditoría financiera y de cumplimiento legal del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) del 1 de junio de 2004 al 30 de junio de 2008, presentada el 26 mayo de 2010, Juan Leonardo Bú informó a los auditores que, como director legal de la Secretaría, solicitó un informe a la dirección general de Investigación Criminal (DGIC) el 2 de diciembre 2008 sobre robos en esta Secretaría de Estado. En este período, Rodolfo Pastor Fasquelle continuaba siendo ministro de Arte, Cultura y Deportes.

Luego de la destitución de Leonardo Bú como director de Servicio Civil y de Miroslava Cerpas como subdirectora, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, declaró ante medios de comunicación que el caos dentro de Servicio Civil fue causado por personas que «buscaban la dirección de Servicio Civil para traficar plazas dentro del Estado».

Ante esto, Óscar Barahona, exempleado de la institución, aseguró que se trata de una acusación directa del ministro hacia los empleados que fueron cancelados y que esto evidencia el hostigamiento y persecución de la que han sido víctimas en la institución.

El 1 de febrero, el ministro de la Presidencia asumió la dirección del Servicio Civil y se presentó a las oficinas de esta instancia en el Centro Cívico Gubernamental, ahí dijo que había pedido perdón a la presidenta Xiomara Castro por haber propuesto a Leonardo Bú y a Miroslava Cerpas para esos puestos.

¿Gobernar para los activistas o gobernar para el país?

Según el abogado y analista Raúl Pineda, la decisión de la presidenta Xiomara Castro de conformar dos juntas interventoras, una para la Dirección General de Servicio Civil y otra para la OABI, no es la decisión más acertada.

Legalmente, la Ley general de la administración pública establece que las juntas interventoras pueden destituir a empleados de la institución y que su gestión no debe de pasar de 30 días, sin embargo las interventoras no han funcionado y en su lugar se han prolongado por años, como es el caso del IHSS.

«La intervención se ha confundido y se ha tergiversado su naturaleza, ya que presentar una comisión interventora para resolver un problema de naturaleza política o de naturaleza administrativa es pensar que se está actuando de manera indebida y la intervención como lo concibe la Ley es para en realidad establecer si el funcionario está actuando bien o mal», afirmó el abogado.

Raúl Pineda explicó que una solución a estos problemas hubiese sido nombrar una comisión que se encargue de evaluar el desempeño administrativo en la cual se debía incorporar a alguien del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y otra en la que se evalúa si los movimientos técnicos en la administración de Servicio Civil son correctos o no.

«Pensar en la intervención como un mecanismo general para resolver problemas que tienen que ver con el nombramiento de los funcionarios en una administración es tratar curar una enfermedad con el medicamento inadecuado», manifestó Raúl Pineda.

Según el medio digitalRevistazo, de 2007 a 2020, han existido 32 comisiones o juntas interventoras, conformadas por 121 personas, de estas, 30 han sido mujeres y 91 han sido hombres. En el Gobierno de Juan Orlando Hernández es en donde se registraron más interventores (64 personas), y entre las instituciones que han sido intervenidas están la Policía Nacional, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

Sobre la postura del ministro Rodolfo Pastor, Raúl Pineda aseguró que, si bien ha proyectado la imagen de ser un funcionario serio, su accionar en la controversia de Servicio Civil demostró los indicios de un deterioro en la cadena de mando que debe orientar la administración del Poder Ejecutivo.

«Yo siento que el ministro (Rodolfo Pastor) no responde al modelo populista con que algunos dirigentes de Libre quieren manejar el Gobierno. No basta que alguien ande con una bandera o inclusive haya tragado gas para que tenga los méritos necesarios para desempeñarse en la gestión pública, y la presidenta tiene que escoger si quiere gobernar para los activistas o gobernar para el país, entre hacer una buena administración o hacer una administración para quienes anduvieron en la calle impulsando el proyecto político de Libre», señaló el analista.

Sobre el empleo a personas militantes del partido de Gobierno, Raúl Pineda manifestó que la Constitución de la República indica que el Gobierno debe fundamentarse en la integración.

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Oficinas de la Dirección General del Servicio Civil luego del enfrentamiento entre la Policía Nacional y activistas del Partido Libre. Foto CC/ Fernando Destephen

Óscar Barahona, exempleado de Servicio Civil, indicó que en el estudio que realizaron no solo consideraban la militancia en el Partido Libre como un requisito para desempeñarse en los distintos puestos de trabajo, sino, el cumplimiento de los requisitos para ocupar los puestos de trabajo.

«Hay mucha inconformidad porque han despedido a gente del Partido (Libre) y yo comprendo completamente que todo mundo tiene derecho a un trabajo, pero no podemos avanzar en nuestro proyecto de refundación con gente que ni siquiera cree en la causa, es por eso que creemos que las personas que están en los puestos de las instituciones públicas deberían ser gente de confianza», manifestó Barahona.

Óscar Armando Barahona se desempeñaba como periodista en la Dirección General de Servicio Civil, y, con el llamado de la presidenta de designar una junta interventora para esta institución, espera que ésta no represente lo mismo de gobiernos anteriores y que verdaderamente tome el control de Servicio Civil. Además, el periodista busca ser reintegrado a la institución junto con sus compañeros despedidos.

«Yo no me siento defraudado por el Partido, ni por el Gobierno tampoco, porque obviamente entendemos que el ministro (Rodolfo Pastor) defenderá al amigo de su familia y de su papá, pero si estamos recibiendo apoyo y el respaldo de las bases del Partido; por eso sentimos que estamos en el lado correcto de la historia; aunque en este momento lo quieran hacer ver de otra forma, nosotros sabemos que eventualmente la gente va a saber que nosotros estamos buscando que el Gobierno avance», concluyó.

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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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