Ejecuciones extrajudiciales, restricciones a la libertad de expresión y prensa, corrupción gubernamental y falta de investigación en la rendición de cuentas son algunas de las cosas que señala el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre prácticas en materia de derechos humanos en Honduras en el 2022.
La influencia de la República Popular de China avanza en Centroamérica en contraste con lo que le ocurre a Taiwán, que con la retirada de Honduras tendrá el reconocimiento sólo de 13 países. El Gobierno de Honduras ha manifestado que mirará hacia China para sacar provecho de un mercado con 1,400 millones de consumidores. No obstante, analistas coinciden en que Honduras llegará a un mercado chino que ya es competitivo entre los países de Centroamérica.
Según organizaciones que velan por la libertad de expresión en Centroamérica, el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en Honduras no es una opción para salvaguardar la vida de este sector. Además, estas organizaciones alertaron sobre el incremento de la violencia y ataques en contra de periodistas de la región.
Luego de las fallas en las cámaras de seguridad y en la línea telefónica del Sistema Nacional de Emergencias 911, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) será la que proporcione la plataforma tecnológica para esos servicios.
Este es el perfil de un Ministerio Público en crisis, en uno de los países con los índices más altos de criminalidad, percepción de corrupción e impunidad en Latinoamérica. La crisis no es nueva, pero explotó a inicios de 2023, y ahora los fiscales y el personal administrativo de esa institución llevan casi seis semanas en huelga, con las instalaciones tomadas a nivel nacional exigiendo aumentos salariales.
A más de un año de gobierno, la presidenta Xiomara Castro firmó un Decreto Ejecutivo para legalizar la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) que estuvo prohibida casi 14 años en Honduras. El mismo día, el Congreso Nacional aprobó una Ley de Prevención de Embarazo Adolescente. Contracorriente organizó un Space para hablar de estos temas junto al Grupo Estratégico por la PAE (GE-PAE).
La propuesta de una reforma tributaria por parte del Gobierno dirigido por Xiomara Castro provocó la inmediata reacción del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que manifestó que no hay resistencia a una revisión de las exoneraciones fiscales, pero que no están de acuerdo con la ley propuesta por la administración. «Mejor que digan se prohíbe la inversión privada», dijo en conferencia de prensa el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho. Por su parte, el gobierno sostiene que si no hacen estas reformas Honduras caería en la categoría de «paraíso fiscal».
En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró culpable al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans que se dedicaba al trabajo sexual y a la defensa de derechos humanos. Vicky fue asesinada en la noche del Golpe de Estado, el 28 de junio de 2009, por agentes policiales. Ahora, 14 años después, el Estado de Honduras está obligado a cumplir con las medidas reparatorias dictadas por la CIDH.
El pasado miércoles de ceniza –en el que los funcionarios de gobierno realizan el rito religioso como si fuera parte de la agenda estatal– la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebeca Ráquel, se refirió a la posibilidad de reglamentar la extradición, que en el país funciona a través de un auto acordado. Fue el primer tema al que se refirió como titular de ese poder del Estado ante la prensa. La CSJ informó que están revisando 32 solicitudes de extradición que dejó la administración pasada; mientras tanto, algunos de los actuales congresistas están de acuerdo en discutir y aprobar una ley de extradición que sustituya el auto acordado, lo cual es visto por analistas como una jugada peligrosa de quienes están buscando protegerse.
Una familia de siete hondureños migrantes secuestrados en México fue parte de un grupo de migrantes rescatados por las autoridades mexicanas el pasado 25 de febrero. Quienes se quedaron en Honduras esperan ahora que sus familiares no regresen y en cambio busquen asilo en los Estados Unidos.
Organizaciones de mujeres en el país centroamericano coinciden en que las cifras del Ministerio Público y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no reflejan el número real de víctimas de este delito. La razón: el miedo, desconocimiento, y desconfianza en las autoridades.
La directora editorial de Contracorriente, Jennifer Ávila, recibirá el Premio a la Excelencia de la Fundación Gabo en el 2023. Es la primera hondureña en recibir este reconocimiento internacional que se entrega desde 2013. «Este reconocimiento nos da fuerza para seguir en todo esto, es un momento de alegría y de sentirnos parte de algo más grande, un movimiento para que los países sean más democráticos» dijo Jennifer Avila.
El 22 de febrero de 2023 se cumplió un año del acuerdo entre el Gobierno, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y la Plataforma Agraria que incluye investigar violaciones a los derechos humanos y una investigación que determine la tenencia de las tierras en disputa en el Valle del Aguán, al norte de Honduras. Mientras el acuerdo sigue sin dar resultados, la violencia escala y en los últimos meses han sido asesinados cuatro campesinos involucrados en las tomas de tierra.
La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) denunció el asesinato de Ricardo Arnaúl Montero, quien estaba involucrado en la exigencia de la comunidad de Triunfo de la Cruz para que se cumpliera una sentencia de la Corte-IDH en su favor. El patronato de la comunidad sostiene que Arnaúl no fue asesinado, sino que murió ahogado en el mar.
. La familia Zelaya regresó a la Casa Presidencial tras una década de hábiles negociaciones políticas, subordinando bajo su mando a las mismas Fuerzas Armadas que derrocaron a Manuel Zelaya mediante un golpe de Estado en 2009. Xiomara Castro, esposa de Zelaya, inicia el segundo año de su mandato bajo el lema de «socialismo democrático», en un país polarizado y empobrecido.
El Poder Legislativo eligió 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 6 de los cuales representarán al Partido Libre y entre los cuales destaca Rebeca Ráquel, –quien fue juramentada como presidenta–, 5 representarán al Partido Nacional y 4 al Partido Liberal. Lo primero que hicieron los nuevos magistrados fue agregar seis magistrados suplentes y repartirlos en partes iguales entre las tres fuerzas mayoritarias.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, mencionó en un evento público que en su primer año de administración no había necesitado transferencias del Gobierno Central y en comunicación con Contracorriente afirmó que «no eran pordioseros» y que «con mucho gusto» regresa la transferencia de 21 millones de lempiras destinada por el gobierno central a esta alcaldía para el año 2022.
Contrario a lo anunciado por el Congreso Nacional, el viernes 10 de febrero no se eligió una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), en su lugar, el Partido Libre y el Partido Nacional presentaron sendas mociones nominativas con 15 candidatos, una falta en la práctica legislativa, pues ese recurso ya se había agotado el pasado 25 de enero cuando fracasó el sistema de nómina. Las nuevas propuestas fracasaron, aunque coincidieron en 12 candidatos. Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, dijo que a partir de hoy (11 de febrero) los magistrados actuales son «de facto» porque se vence su mandato, sin embargo la Constitución establece que el tiempo de elección de una nueva Corte se puede prolongar y que los diputados deben votar «cuántas veces sea necesario».
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) desarrolló entre el 6 y 7 de febrero una audiencia pública por la destitución abrupta, en el año 2012, de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de Honduras por parte del Congreso Nacional, liderado en ese entonces por Juan Orlando Hernández. La defensa de Honduras estuvo integrada, entre otros, por la abogada Laura Flores Dubón, secretaria general de la PGR e hija del actual asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, y de la candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Marlina Dubón Villeda.
Después de la destitución del director de Servicio Civil, Leonardo Bú, y de la subdirectora, Miroslava Cerpas, la presidenta Xiomara Castro determinó conformar dos comisiones interventoras: una en Servicio Civil y otra en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). La crisis en Servicio Civil —la institución encargada de las contrataciones del Estado— revela una serie de conflictos de interés entre el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, y el exdirector de Servicio Civil, Leonardo Bú.
Después de reunirse en el Congreso Nacional, los jefes de bancada decidieron que el 10 de febrero se llevará a cabo la elección de los próximos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Mientras tanto, en Contracorriente continuamos perfilando a los candidatos cuestionados y que figuran en las listas de los distintos partidos políticos para ser las próximas autoridades del Poder Judicial.
Diputados de las tres principales bancadas del Congreso Nacional de Honduras —el Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y el Partido Libertad y Refundación (Partido Libre)—, anunciaron este jueves que podría existir consenso en elegir magistrados suplentes durante la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Quienes lo promueven, alegan que hay un vacío legal en la Constitución de la República que lo permite; para quienes lo critican, esto es semejante a las interpretaciones que se dieron sobre el golpe de Estado y la reelección presidencial.
Tomás Andino, suplente de sociedad civil en la Junta Nominadora, afirmó a Contracorriente que los intereses en varios sectores de la junta que apoyaban a ciertos candidatos fueron determinantes para culminar el listado de 45 candidatos y candidatas al expresar que fueron «de la preferencia de otros sectores que los apoyaron y que ven cualidades en ellos porque a sus intereses son funcionales».
El 27 de enero se cumplió un año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En el informe de logros del Poder Ejecutivo, la vicepresidenta Doris Gutiérrez habló de «tres regalos» aún pendientes por parte del gobierno hacia las mujeres: La Ley Contra las Violencias hacia las mujeres, la Ley de Casas Refugio y reformas al Código Penal. Mientras tanto, las muertes violentas de mujeres y femicidios aumentaron un 51% en relación con el año 2021, según los registros del Ministerio Público.
En la instalación de la segunda legislatura, la designada Doris Gutiérrez en representación del Poder Ejecutivo y Luis Redondo que preside el Congreso Nacional, brindaron sus respectivos informes referentes al primer año de un gobierno que llegó con la esperanza de cambios radicales pero que con el tiempo se han diluido. Con la ausencia del saliente titular del poder judicial Rolando Argueta, y en medio de la tensión por la falta de consensos para la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema, tanto Gutiérrez como Redondo destacaron logros y nosotros los chequeamos.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) informó que después de su especial «Diplomacia en las sombras», una investigación en la que Contracorriente participó
En el Congreso Nacional se vivió una larguísima jornada que terminó sin acuerdos para elegir a los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hubo reuniones y especulaciones durante todo el día, pero al final se cumplió lo que los congresistas de diferentes partidos anunciaron desde la mañana: no hay consenso.
En un lapso de 11 días, cuatro luchadores sociales fueron asesinados en Honduras. Primero, dos ambientalistas de Guapinol y, más tarde, un líder campesino de la Plataforma Agraria de Colón junto a su suegro. Estos hechos violentos terminaron con la tensa «paz» que había en una de las zonas más productivas pero también más conflictivas de Honduras. Los líderes sociales están atemorizados, mientras la respuesta del Estado es tardía.
Con dos fuerzas mayoritarias negociando la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tal y como se advirtió, los diputados con conflictos de interés buscan entre el listado de 45 candidatos a los 15 magistrados que se apeguen a sus intereses políticos partidarios, siempre con la mirada puesta en la posible llegada de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH), la elección de un fiscal general en septiembre y los casos judiciales por corrupción pública pendientes que involucran a grupos de poder o a los diputados mismos.
La Junta Nominadora reveló el listado de las y los mejores candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre los cuales están familiares de políticos, militantes de partidos políticos y personas acusadas de actos irregulares. Ahora, queda en manos del Congreso Nacional la elección de la nueva Corte, mientras las presiones de grupos económicos y políticos para elegir a sus ungidos prevalecen.
Todo está listo para que 128 diputados —varios de ellos miembros de partidos vinculados a redes de corrupción y narcotráfico— elijan a la próxima Corte Suprema de Justicia de Honduras, conformada por 15 magistrados que serán vitales, entre otros asuntos, para la concreción de más extradiciones a EE. UU. y para determinar el éxito o fracaso que pueda tener una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih).
Uzra Zeya, subsecretaria de Estado para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos del gobierno de los Estados Unidos, visitó Honduras entre el 9 y el 12 de enero de 2023 liderando una delegación de funcionarios de alto nivel para sostener el segundo diálogo bilateral que se realiza en lo que va del gobierno de Xiomara Castro.
Faltando menos de un mes para la elección de la Corte Suprema de Justicia y a las puertas de aprobar el Presupuesto General de la República 2023, los diputados propietarios y suplentes recibirán un «subsidio» para ejecutar «proyectos comunitarios». Diputados nacionalistas – ahora opositores – denuncian la compra de votos por medio de estos cheques, algo que en el pasado fue utilizado por ellos con fines clientelistas.
Los nombres de más de la mitad de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia circulan en redes sociales calificados como personas
El 17 de noviembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, más conocida como «Ley de Monsanto». Organizaciones campesinas lucharon durante diez años contra esta legislación que no sólo amenazaba el libre cultivo de las especies nativas y criollas de Honduras y obedecía a una industria alimentaria millonaria, sino que atentaba contra los saberes ancestrales de pueblos originarios que se enfrentan cada vez más con las sequías, inundaciones y otros efectos derivados de la crisis climática.
El Poder Ejecutivo autorizó a Casa Presidencial realizar contrataciones directas para contratar, sin licitación, servicios de proveedores privados, por ejemplo, empresas encuestadoras, con el argumento de «seguridad nacional». Ante esa polémica, se abrió el debate porque el Congreso Nacional también tenía listo, en su proyecto de Presupuesto General 2023, un capítulo para que los secretarios de Estado realizaran contrataciones y compras sin licitación y sin que la presidenta Xiomara Castro tuviera conocimiento.
Por ahora se desconocen los avances del Periodo Adicional de Exploración, dentro del cual –según el contrato de la concesión petrolera– se tendría que perforar un pozo para exploración y explotación en los Cayos misquitos de Honduras. Erick Tejada, ministro de Energía, argumenta que violentar este contrato podría traer demandas con perjuicio para el Estado, aun cuando el proyecto comenzó a ejecutarse sin realizar una consulta previa libre e informada a los pueblos originarios que habitan en esta zona de la Moskitia.
Este martes entró en vigencia decreto que autorizó a policías y militares ejecutar un plan que suspende garantías constitucionales en dos ciudades de Honduras.
Seis de los miembros de la actual Junta de Dirección Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) pretenden reelegirse en un proceso que ha sido señalado por estudiantes y docentes como «ilegal e ilegítimo». Al mismo tiempo, dentro de los espacios estudiantiles han aumentado las denuncias de violencia política, hostigamiento y acoso contra las mujeres. Ante la falta de consensos, la posibilidad de una crisis a mayor escala por el control de la UNAH parece cada vez más cercana.
Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se estima que el Gobierno está sobreestimando la proyección de tributos que recaudará en el 2023. La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, respondió que Honduras acudirá a contratar más deuda para financiar el presupuesto.
El viernes 25 de noviembre, el juez Allan Urbina, del Juzgado de Letras de Roatán, dictó sobreseimiento definitivo para los seis defensores de la tierra ancestral garífuna de Punta Gorda acusados del delito de usurpación. A nivel nacional, esta resolución marca un hito en la interpretación jurídica de los conflictos de tierra que implican a poblaciones indígenas. Pero falta mucho todavía para que el Estado de Honduras garantice los derechos del pueblo garífuna. La audiencia arrojó luz sobre irregularidades y racismo por parte de las autoridades.
Según datos de Casa Alianza, se han registrado 189 muertes violentas y ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en lo que va del mandato de la presidenta Xiomara Castro. La situación de violencia, desplazamiento forzado y migración a la que se enfrentan los menores de edad es, según expertos, un llamado a implementar de manera urgente políticas públicas que garanticen los derechos a las niñas y niños.
Honduras lanzó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, una estrategia que hace pensar mucho en lo que está pasando en el vecino país El Salvador, en donde el presidente Nayib Bukele ha lanzado el «Plan de Control Territorial», con el que el gobierno salvadoreño asegura haber capturado a unos 56 mil pandilleros.
De 185 postulantes, 105 aspirantes continúan en la carrera por llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Junta Nominadora, debido a su poca independencia presupuestaria, ha tenido que delegar en la Superintendencia la realización de las pruebas toxicológicas, psicométricas y los estudios socioeconómicos. El proceso ha estado manchado por el escándalo de la filtración de las respuestas de los exámenes de conocimiento, plagado de trabas en la emisión de constancias y marcado por el enorme filtro del notariado.
La Junta Nominadora para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia creó un banco de preguntas que, en teoría, debió ser conocido solamente
La economía mundial vive una recesión económica que afecta de manera más agresiva a la pequeña economía de Honduras. Expertos consultados por Contracorriente consideraron que el Gobierno de Xiomara Castro no está respondiendo adecuadamente a este problema internacional que ya tiene al país con una inflación arriba del 10 %.
Un violento desalojo fue realizado este lunes por miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en una comunidad garífuna ubicada en el departamento de Islas de la Bahía, Caribe de Honduras. La Organización Fraternal Negra de Honduras informó que hay seis personas detenidas y varias heridas. El operativo se llevó a cabo por denuncias en contra de la comunidad por el supuesto delito de usurpación de tierras.
En junio, Casa Presidencial aseguró a este medio, a través su oficina de acceso a la información, que no tenían asesores presidenciales contratados; sin embargo, los informes de trabajo y las planillas de salarios entregadas por la misma institución cuatro meses después, indican que tres personas – todas hombres – cumplen funciones de asesores desde meses antes de que la solicitud de información fuera presentada.
Ante el panorama adverso para la democracia en la región centroamericana, decenas de periodistas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua lanzaron una red que contempla enfrentar de manera eficiente el exilio, la persecución judicial y los ataques a la libertad de prensa que terminan afectando el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión.
A través de una red que tiene influencia en todo Chamelecón, la población LGBTIQ+ realiza actividades relacionadas con la sensibilización sobre los derechos humanos de las personas diversas. El viernes realizaron un taller en la colonia Suyapa.
En Honduras, miles de familias viven en zonas vulnerables a los embates del cambio climático y luego de que han pasado las emergencias por tormentas e inundaciones no tienen más opción que regresar al mismo lugar de donde salieron expulsados. Unas 5800 familias necesitan ser reubicadas en el Valle de Sula, según fuentes oficiales.
El 29 de septiembre, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) certificó que Casa Presidencial tenía el 100% de cumplimiento en la divulgación de información en los portales de transparencia. Sin embargo, varios de los apartados en esos portales siguen siendo ambiguos incluyendo la descripción de gastos mensuales efectuados en esa dependencia y la descripción de personas contratadas y acuerdos del personal permanente. Uno de los cargos que queda en el anonimato es el mejor pagado de Casa Presidencial: el «enlace en asuntos sociales de la presidencia de la República».
Con el paso de la tormenta tropical Julia, distintas zonas de Honduras entraron en estado de emergencia por inundaciones y riesgo de deslizamientos. En medio de esto, el Gobierno anunció la construcción de las represas El Tablón, Jicatuyo y Llanitos al norte del país. El ministro de Energía, Erick Tejeda aseguró que con la construcción de estas represas se estarían mitigando las inundaciones en temporada de lluvias; sin embargo, expertos en temas energéticos y defensores del medio ambiente aseguraron que la solución a esta problemática requiere de otras acciones.
Honduras es considerado uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático, sin embargo, estos efectos no golpean en igual medida a toda la población hondureña. Las mujeres corren mayor riesgo de ser víctimas de explotación, trata de personas, y violencia sexual y doméstica durante desastres naturales. Tanto las mujeres campesinas al norte del país, como las mujeres que habitan en albergues en el Distrito Central, han desarrollado resiliencia ya que, año con año, las consecuencias del cambio climático y la vulnerabilidad social del país empeoran.
El Poder Ejecutivo creó la Dirección General de Información y Prensa, considerada por algunas organizaciones y congresistas como una potencial amenaza a la libertad de prensa. El ministro de la Secretaría de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, negó a Contracorriente que esto sea el comienzo de una dictadura para controlar la información en Honduras y se unió al coro gubernamental que repite que las críticas a esta ley son parte de una campaña de desestabilización en contra del Gobierno de Xiomara Castro.
A menos de dos años del paso de las tormentas tropicales Eta y Iota, muchos hondureños han vuelto a perderlo todo, incluso lo poco que habían recuperado de la devastación anterior. El Gobierno ha reaccionado otorgando 200 millones de lempiras a los municipios afectados y anunciando la construcción de tres represas.
El Gobierno remitió un proyecto de ley denominado Mesa Nacional de Participación Ciudadana, el cual consta de nueve artículos y contempla cerrar algunos espacios de participación y abrir otros. El partido de Gobierno ha negado que esto sea la antesala de un proceso constituyente como lo han advertido diputados del Partido Nacional, sino justifica que es para eliminar al Foro Nacional de Convergencia (Fonac), que se identificó significativamente con el Gobierno de Juan Orlando Hernández.
En Honduras los efectos del cambio climático afectan al 90 % de la población en su día a día, esto acentúa la necesidad de soluciones reales por parte de las autoridades en la discusión de políticas públicas a favor del medioambiente en un país con una amplia diversidad de ecosistemas. Periodistas por el Planeta (PxP) y la Organización para Estudios Tropicales (OET) en Costa Rica se unen para brindar a periodistas de la región herramientas en el abordaje de historias sobre restauración de ecosistemas y cambio climático.
Tres jóvenes muertos y 31 hospitalizados dejó el entrenamiento para aspirantes a oficiales auxiliares en la Academia Nacional de Policía (Anapo). Se desconoce, por ahora, una versión definitiva sobre lo sucedido y tampoco se han revelado las autopsias de los fallecidos. Sin embargo, familiares de los afectados y expertos aseguran que hubo exceso de fuerza en el entrenamiento.
En un discurso que duró menos de cinco minutos, la presidenta Xiomara Castro ordenó, durante los actos de conmemoración del 201 año de Independencia del Imperio español, desenterrar el pensamiento del general Francisco Morazán. También instruyó a los ministros de Educación, de Cultura y de Planificación para que la cátedra y legado del prócer hondureño pasen a formar parte del sistema educativo.
La discusión de la Ley de Defensa y Seguridad está detenida y, a pesar de eso, algunos puntos críticos han sobresalido en el debate. En primer lugar, hay consenso entre las bancadas del PSH y Libre en que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) no debe convocarse violentando la independencia de poderes del Estado. En segundo lugar, el Partido Liberal ha solicitado que altos mandos militares integren el Consejo con facultades para tomar decisiones y, finalmente, hay sectores que han expresado su preocupación de que la familia Zelaya coopte este espacio y gane protagonismo para beneficiar sus intereses particulares.
La semana anterior, militantes del Partido Libre se manifestaron exigiendo la renuncia del presidente de Banhprovi, Edwin Araque, y la contratación de militantes de Libre. Los reclamos en las distintas secretarías e instituciones de Gobierno por parte de las bases de Libertad y Refundación exigiendo empleo no son algo nuevo, sin embargo, las bases aseguran que los gobernantes actuales los han ignorado a pesar de su trabajo en las calles para lograr la victoria de la presidenta Xiomara Castro.
Los defensores del ambiente en Guapinol, al norte de Honduras, continúan firmes en una lucha contra el extractivismo. En noviembre del 2021 depositaron un voto de esperanza por Xiomara Castro, pero hasta el momento, los cambios que perciben son pocos pese a que el 28 de febrero el gobierno prometió frenar la explotación minera. Ahora salen a las calles, asegurando que empresarios como Lenir Pérez siguen con el poder intacto en el Bajo Aguán.
El pasado 9 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) reclamó al Estado de Honduras, a través de una protesta dentro del Ministerio Público, la falta de investigación en la desaparición forzada de cuatro garífunas en el norte de Honduras. No hay avances en las investigaciones a pesar de las exhortaciones del Sistema Interamericano. Además, se denunciaron tratos racistas y denigrantes de funcionarios actuales.
La ONU envió un borrador del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría de las Naciones Unidas (ONU) que ahora es analizado por el gobierno de Xiomara Castro. Tres expertos en anticorrupción compartieron sus experiencias en un twitter space organizado por Contracorriente para responder qué se necesita para lograr una Cicih exitosa en Honduras.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, propuso multar a las personas que lleven a lavar sus carros a los carwash ubicados en el bulevar rumbo a la aldea Armenta, pues a su juicio estos negocios causan un daño ecológico al Río Blanco. Los lavadores de carros creen que la medida es provocada por presiones de universidades y empresas.
El Poder Ejecutivo hondureño todavía no responde el memorándum de la ONU, que se conoció públicamente a finales de julio, en donde el organismo internacional –entre otras peticiones– pone como condición que el mecanismo anticorrupción, que fue solicitado por la presidenta Xiomara Castro, sea independiente y se constituya como acusador privado. También se solicita que los operadores de justicia cuenten con herramientas jurídicas como la Ley de Colaboración Eficaz y que se deroguen normativas que funcionan como un pacto de corrupción.
Según cifras oficiales, 149 mujeres fueron asesinadas en Honduras en los últimos 200 días. Aproximadamente, una cada 24 horas; 0.745, para ser precisos. Para los expertos, este dato y el incremento en las denuncias por violencia sexual demuestran la necesidad del Estado hondureño de implementar un protocolo con enfoque de género por parte de todo el aparato de justicia.
En julio de este año, una serie de asesinatos y amenazas ocasionó que una decena de familias abandonaran sus casas ubicadas en el sector Chamelecón de San Pedro Sula. La Policía sostiene que la causa es la pelea de territorios entre la MS-13 y la Pandilla 18. Sin embargo, también se han registrado eventos violentos fuera de Chamelecón que la Policía atribuye a la MS-13, eso ha provocado el incremento de los patrullajes de policías preventivos y policías militares.
La Lista Engel que publica anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a 15 hondureños este año; entre ellos no solo hay funcionarios de las administraciones pasadas, sino que también incluye a dos actuales vicepresidentes del Congreso Nacional y un asesor de Casa Presidencial. La respuesta del Gobierno de Castro –que ha acusado de injerencista a Estados Unidos– complica las relaciones entre la administración de Biden y el Gobierno hondureño.
El Congreso Nacional aprobó la «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)». El debate se centró en la eliminación de una serie de prohibiciones que restringían a los funcionarios y militantes políticos de participar en el proceso de elección a magistrados de la CSJ. De los 127 diputados presentes el 18 de julio y la madrugada del 19 de julio de 2022, 73 votaron a favor, mientras que 44 votaron en contra, 10 no votaron, y ningún congresista se abstuvo.
A un año de la decisión del caso «Vicky Hernández y Otras Vs Honduras», donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) falló a favor de la comunidad LGBTI+ y llevó a la presidenta Xioma Castro a pedir perdón de parte del Gobierno por el asesinato de activista trans, Vicky Hernández, en una ceremonia pública en mayo, la lucha de la comunidad LGBTI+ por la igualdad y reconocimiento de género continúa. En un Twitter Space organizado por Contracorriente, líderes de diferentes colectivas LGBTI+ discutieron sobre el estado actual del movimiento y de sus experiencias con el nuevo Gobierno.
Un decreto aprobado por el Congreso Nacional el pasado 27 de mayo, le otorgó un estatus especial dentro del Ministerio Público a La Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco) con el que, según diputados oficialistas, le daban independencia y mayores capacidades de investigación. Sin embargo, los obstáculos para que esta fiscalía presente requerimientos fiscales no han tenido que ver con someterse a la autorización del Fiscal General, sino más bien a la falta de reformas estructurales y apoyo técnico y a la aprobación de pactos de impunidad.
Con excepción de las diputadas Beatriz Valle y Ligia Ramos, el resto de diputados de los principales partidos de Honduras coincidieron en que la Corte Suprema siga en manos de los partidos políticos. Tanto Libertad y Refundación (Libre), como el Partido Liberal (PL), el Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras (PSH), estuvieron de acuerdo en permitir que «un miembro activo de un partido político» pueda autopostularse para magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Asimismo, modificaron un inciso de la ley para que los aspirantes a magistrados puedan autoproponerse aunque hayan sido condenados por un delito, siempre y cuando la sentencia no sea firme.
La propuesta de Ley predominante para regular el funcionamiento de la Junta Nominadora que seleccionará a los 45 candidatos a magistrados de la CSJ es la que fue presentada por el Poder Ejecutivo, asegura el diputado Ramón Barrios, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional. Sin embargo, esta Comisión aún está fusionando elementos de tres propuestas: la del Ejecutivo y las presentadas por los diputados Fátima Mena y Rasel Tomé.
La presidenta Xiomara Castro obtuvo una nota de 6/10 en el undécimo sondeo del ERIC-SJ, que presenta un error muestral de +/- 2.5 % y un 95 % de confianza. En esa investigación se revela que 4 de cada 10 hondureños creen que la presidenta está siendo manipulada. Asimismo, se obtuvieron los principales problemas identificados por la población, enumerados por orden jerárquico: la crisis económica, el desempleo y la inseguridad.
Adela Quezada quería reunirse con su madre y hermanas que migraron a Estados Unidos hace dos años. Ella estaba desempleada, embarazada y su familia estaba partida, así que el deseo de reunificación familiar creció rápidamente en ella, pero no lo logró. Adela es una de las seis víctimas hondureñas que han sido identificadas entre los migrantes que murieron en un contenedor en San Antonio, Texas. Otros 47 migrantes fallecidos eran procedentes de México, Guatemala y El Salvador, aún hay 12 sin identificar.
Es imposible saber ahora mismo cuántas personas están asesorando a la presidenta Xiomara Castro y, más difícil todavía, conocer en qué temas. El exministro Enrique Flores Lanza y el expresidente José Manuel Zelaya Rosales han dicho públicamente que son asesores presidenciales; sin embargo, la Unidad Administrativa de Casa Presidencial respondió a Contracorriente que en sus planillas no figura ningún asesor presidencial.
A trece años del golpe de Estado contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), el escritor Julio Escoto, analista y destacado miembro de la resistencia contra el golpe, dice que es importante que el Gobierno actual comience un proceso de democratización sin caer en la retórica de izquierda de los años 40, ni caer en la forma –común– de hacer política con promesas que no se pueden cumplir.
En medio de acciones cuestionables atribuidas a la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), cuya administración pasó de manos del Ejército a la Policía Nacional y que se vio involucrada en el caso de la muerte de Wilson Pérez, un aficionado del Club Real España, señalado por la Policía de pertenecer a la Mara Salvatrucha, la discusión sobre seguridad pública se llevó a redes sociales y se encendieron algunas alarmas después de que la viceministra de Seguridad de Honduras, Julissa Villanueva, planteó en su cuenta de Twitter que el Gobierno de Honduras debería adoptar el «Plan de control territorial» del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Mientras en Francia el Festival Internacional Cannes Lions premiaba a la agencia Ogilvy y al Grupo Estratégico por la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (GE-PAE) por una campaña a favor de derogar la prohibición de la PAE en Honduras, el escenario nacional se complica ante la posibilidad de la aprobación de la PAE solo en casos de agresiones sexuales.
David Castillo, ingeniero y exgerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., fue condenado a 22 años y 6 meses de cárcel por la coautoría intelectual del asesinato de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres. Familiares y compañeros de lucha de Cáceres exigen ahora que la estructura empresarial liderada por miembros de la familia Atala sea la siguiente en ser llevada ante la justicia hondureña.
En cinco meses de gobierno de la nueva administración de San Pedro Sula, todavía hay desacuerdos entre el movimiento de Roberto Contreras, el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH), alianza que logró un contundente triunfo en las elecciones pasadas. Algunos ciudadanos esperan un buen gobierno, pero hay otros, como Gabriela Paz, que no está conforme con la gestión.
Díaz fue señalado en Honduras por un caso de corrupción que suma los 2,809,000 de dólares en un proyecto habitacional fallido de casas contenedores para damnificados de las tormentas Eta y Iota. También fue nacionalizado otra pieza clave del gobierno del exmandatario extraditado a Estados Unidos: Ricardo Cardona López. La dictadura Ortega-Murillo amplía su refugio para prófugos de la justicia y cuestionados por corrupción.
El pasado 27 de mayo el Congreso Nacional derogó 19 decretos que propiciaron la creación de fideicomisos gubernamentales que «deterioraron e inmovilizaron las finanzas públicas». Este paquete de reformas propuesto por la presidenta Castro omite el Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción al Deporte (Finaprode) que fue utilizado para beneficiar a empresarios y diputados de la administración anterior, según una investigación de Contracorriente.
El 29 de mayo de 2022 en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Wilson Ariel Pérez, un joven de 21 años, agredió a una subinspectora de la Policía Nacional, lo que desató una intensa búsqueda por parte de la Policía y terminó con la muerte de Wilson en circunstancias sospechosas. ¿Iba a entregarse el día de su muerte? ¿Pertenecía a una pandilla? ¿Por qué hay contradicciones en la versión de la Policía?
Con la impresión del periódico gubernamental «Poder Popular», el periodista Ivis Alvarado, secretario de Prensa, aseguró que las pautas millonarias a medios comerciales desde Casa de Gobierno son cosa del pasado. Cada lunes a las 5 de la mañana la denominada «Motorizada del Partido Libre» reparte este periódico que lejos de ser un medio público es una herramienta propagandística de la presidencia.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pronosticó que entre julio y agosto la inseguridad alimentaria podría agudizarse en Honduras. Los efectos colaterales de la guerra entre Rusia y Ucrania afectan directamente en el precio de los fertilizantes y los combustibles, por lo que los pequeños productores hondureños enfrentan una realidad desesperanzadora. Los programas gubernamentales para los agricultores no llegan, mientras el consumidor paga una canasta básica cada vez más cara.
El pasado 12 de mayo el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. La iniciativa, presentada desde el Poder Ejecutivo, generó inconformidades entre distintos grupos pertenecientes al sector eléctrico en Honduras; entre estos, las autoridades de la EEH, que denunciaron tratos intimidatorios y desconocimiento en materia de energía por parte de funcionarios de Gobierno y el actual ministro de Energía, Erick Tejada.
Maribel Espinoza, congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), denunció que el Gobierno anterior desapareció documentación relacionada a las solicitudes de extradición. Además, hay incongruencia entre la información en manos de la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Seguridad.
Ante una posible instalación de la CICIH, hay intensos movimientos en el Congreso Nacional para ajustar los procesos de elección del Fiscal General y de los 15 nuevos magistrados de la CSJ en el 2023. Para analizar esta situación, las experiencias de la CICIG en Guatemala y de la CICIES en El Salvador son útiles, por ser comisiones similares a pesar de ser contextos diferentes.
El jueves 12 de mayo la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) nombró a su nuevo director ejecutivo, el doctor Gaspar Rodríguez. Esto tras la destitución de la doctora Adriana Zúniga, quien había prometido un cambio estructural en una institución que ha sido saqueada por uno de los actos de corrupción más grandes de la última década. Previo a su destitución, Zúniga denunció amenazas por parte de empresas de seguridad privada que buscaban ganar procesos de licitación.
Los dirigentes obreros han celebrado la derogación de la Ley de Empleo por Hora el pasado 28 de abril en el Congreso Nacional; que había sido una de las promesas de campaña del actual Gobierno. Los empresarios, por su lado, creen que esta abolición generará más desempleo. Mientras el decreto todavía no entra en vigencia, siguen las negociaciones y desencuentros.
Los primeros 100 días del gobierno de Xiomara Castro han expuesto un panorama complejo para Honduras. Los conflictos internos del partido y de la alianza política que llegó al poder complican cada escenario y, aunque Castro ha cumplido con algunas de sus promesas, los problemas estructurales del país parecen rebasar cualquier esfuerzo. También hay deudas importantes que siguen pendientes, la primera presidenta de Honduras no le ha cumplido a las mujeres.
El pasado 20 de abril, el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y otros decretos relacionados. Ahora, luego de que la presidenta Xiomara Castro sancionara estos decretos, las empresas localizadas en las ZEDE deberán de inscribirse en alguno de los regímenes especiales vigentes en Honduras con instrucciones de la Secretaría de Desarrollo, y, además, las distintas Secretarías de Estado deberán desclasificar toda la información sobre las mismas después de haber sido derogada la Ley de Secretos.
Cinco policías fueron asesinados entre el 23 de abril y el 2 de mayo, con lo que suman 15 los policías muertos en enfrentamientos en lo que va del 2022, según datos brindados a Contracorriente por parte de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional. Por otro lado, esta institución armada anunció el 4 de mayo el inicio del proceso para reintegrar a policías depurados en aras de «aumentar el número de policías», pero no solo eso, también incorporarán a militares que fueron dados de baja.
El 3 de febrero de 2022, Rosaura sobrevivió al ataque de un hombre que la acosaba y hostigaba desde hacía tiempo. Con un machete, cercenó sus manos mientras ella estaba en la orilla de un río cerca de su hogar, en Choluteca, al sur de Honduras. Después de tres meses, Rosaura aún no tiene justicia y su agresor está prófugo. A pesar de las promesas del nuevo Gobierno de frenar los femicidios y la violencia contra las mujeres, sobrevivientes como ella siguen enfrentándose a la desidia estatal.
La clase obrera marchó el pasado Primero de Mayo para exigir la derogación de leyes nocivas para el país, como la Ley Marco del Agua y la Ley General de la Industria Eléctrica. En San Pedro Sula, la manifestación terminó con un discurso de la presidenta Xiomara Castro; y en Tegucigalpa, el evento lo cerró el expresidente Manuel Zelaya Rosales, actual asesor presidencial.
La deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) alcanza unos 75,000 millones de lempiras. Desde 2016, con la llegada de la Empresa Energía Honduras (EEH), surgió una división en el sindicato de la empresa. A pesar de esto las dos facciones coinciden en que la estatal puede rescatarse.
Después de la extradición de Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos en un avión de la DEA, la Corte del Distrito Sur de Nueva York publicó el oficio «United States of America vs. Juan Orlando Hernández a.k.a. “JOH”», el cual detalla que, además de participar en actividades del narcotráfico y poseer armas de fuego, el exmandatario también recibió sobornos del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Gúzman, cometió fraude en las elecciones del 2013 y 2017, y obtuvo el apoyo de otros expresidentes para realizar actividades del narcotráfico en Honduras. Un juez del Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó en detención al expresidente a la espera de su audiencia el próximo 10 de mayo.
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