Categoría: Actualidad

Un operativo de la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO) llegó a inspeccionar las instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911, tomar declaraciones y decomisar documentación sobre el uso de fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional en el gobierno anterior.

Un conductor de buses señala que una abogada, supuestamente ligada al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, sería la clave como fundadora de una empresa exclusiva para trasladar migrantes, lo confirmaron tres fuentes distintas del sector transporte, consultadas en diferentes días y en un contexto variado.

Ella sub contrata unidades del transporte y les cobra seis mil o siete mil dólares cada día, también tiene buses propios. Todos los pagos se hacen en efectivo sin dejar rastro. Solo ella puede hacer trámites de permiso para traslado de personas en transito por Honduras que entran por el oriente en la frontera con Nicaragua y recorren El Paraíso-Tatumbla-Copán (occidente), frontera con Guatemala.

RI tiene audios de periodistas de la zona sur que están amedrentados por funcionarios en medio del conflicto centrado en el negocio de migrantes. «No me voy a tirar a que me maten», dice una periodista.

Una masacre de 13 personas en un billar de la colonia Victoria en el sector López Arellano de Choloma, al norte de Honduras, justificó un toque de queda en esa ciudad como medida para contrarrestar la ola violencia. Pese al hecho sangriento y las medidas restrictivas, en la ciudad sigue la vida con normalidad; incluso en el barrio donde ocurrieron las muertes, la rutina no parece interrumpirse. El 18 de julio, después de 23 días de estar vigente el toque de queda, el gobierno decidió levantar la medida aduciendo una reducción de homicidios. Ese día se registró otro homicidio múltiple.

Blogs anónimos pidieron a Google retirar de su buscador artículos de prensa sobre hombres de negocios, políticos y estafadores. No reclaman derecho al olvido, sino que alegan falsamente que hubo plagio. Aun así la plataforma les hizo caso y los retiró.

Héctor Manuel Zelaya Castro, secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, se reunió con Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social en El Salvador, quien ha sido señalado por medios de comunicación de su país y por el Gobierno de los Estados Unidos como uno de los articuladores de las supuestas negociaciones del Gobierno salvadoreño con las pandillas.

El Congreso Nacional buscó derogar el decreto 93-2021 a media noche, sin suficiente socialización y sin explicar que eliminarlo reactivaría los artículos 28 y el 153 del Código Penal que criminalizan a la prensa y contemplan responsabilidades penales para dueños de medios de comunicación y periodistas. Algunas bancadas están de acuerdo con eliminar el decreto 93-2021 ya que efectivamente este ha servido para absolver y proteger a lavadores de activos; sin embargo, solicitan que, si se deroga, se eliminen algunos artículos del Código Penal, como es el caso de la penalización contra los medios de comunicación.

Las personas que crucen de forma irregular la frontera entre México y los Estados Unidos podrán ahora ser encarceladas y se les negará la entrada a los Estados Unidos hasta por 5 años. Esto no pasaba antes del 11 de mayo del 2023 cuando estaba vigente el Título 42, norma con la que los migrantes eran expulsados de los Estados Unidos sin ninguna otra consecuencia. Para los hondureños, pedir asilo se ha vuelto más complicado con la nueva normativa, que aún tiene partes opacas según analistas en temas de migración

El proyecto de ley de Justicia Tributaria ha generado una confrontación entre el gobierno de Xiomara Castro y la empresa privada. Por un lado, el gobierno asegura que esta ley le permitirá al Estado recaudar más ingresos por impuestos a las grandes industrias y, por otro lado, los representantes de la empresa privada aseguran que la eliminación de 14 regímenes de exoneración fiscal provocará la pérdida de empleos y una persecución contra el sector privado.

Desde diciembre de 2022 —y previo a la elección de la Corte Suprema de Justicia—, el Congreso Nacional anunció la entrega de una «subvención» a congresistas de todas las bancadas para ejecutar proyectos sociales. Esto se repitió previo al feriado de Semana Santa. En el portal de transparencia del Poder Legislativo no se encuentran las liquidaciones de estas subvenciones por parte de los congresistas tal y como se prometió.

Después de seis días de permanecer en un contenedor donde se refrigeran los cadáveres que ingresan a la Morgue Judicial, el cuerpo sin vida de Ana Hernández Cantillano fue entregado a su padre, Ángel Moisés Hernández, quien tuvo que protestar para que le realizaran la autopsia y su muerte no quedara impune. El mayor de artillería, Allan Franco Méndez, pareja de Ana, fue detenido por posesión ilegal de armas pero ya se encuentra en libertad. Ya ha pasado casi un mes desde que se le realizó la autopsia a Ana y su familia sigue sin acceso a la misma que determinaría si ella fue víctima de femicidio.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias indicó que en Honduras, actualmente, se producen desapariciones forzadas contra residentes de barrios marginalizados, menores de edad y adultos jóvenes. Además, mencionó que en su registro existen 210 casos de desapariciones forzadas en el país, lo que constata un alto grado de impunidad en el Estado.

Niños, jóvenes y padres de familia han protestado en distintos lugares del país exigiendo nuevos maestros, o al menos que no les quiten los pocos que tienen en sus escuelas. Ha sido un año caótico en el sector educativo; después de la pandemia, las escuelas volvieron tardíamente a las clases presenciales y se estima que hay unos 11,000 centros escolares con problemas de infraestructura. El ministro de Educación, Daniel Sponda, aseguró que están reparando «tres escuelas por día»; sin embargo, algunos de sus correligionarios en el Partido Libre piden su salida.

A más de un año de gobierno, la presidenta Xiomara Castro firmó un Decreto Ejecutivo para legalizar la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) que estuvo prohibida casi 14 años en Honduras. El mismo día, el Congreso Nacional aprobó una Ley de Prevención de Embarazo Adolescente. Contracorriente organizó un Space para hablar de estos temas junto al Grupo Estratégico por la PAE (GE-PAE).

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró culpable al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans que se dedicaba al trabajo sexual y a la defensa de derechos humanos. Vicky fue asesinada en la noche del Golpe de Estado, el 28 de junio de 2009, por agentes policiales. Ahora, 14 años después, el Estado de Honduras está obligado a cumplir con las medidas reparatorias dictadas por la CIDH.

Organizaciones de mujeres en el país centroamericano coinciden en que las cifras del Ministerio Público y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no reflejan el número real de víctimas de este delito. La razón: el miedo, desconocimiento, y desconfianza en las autoridades.

El 27 de enero se cumplió un año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En el informe de logros del Poder Ejecutivo, la vicepresidenta Doris Gutiérrez habló de «tres regalos» aún pendientes por parte del gobierno hacia las mujeres: La Ley Contra las Violencias hacia las mujeres, la Ley de Casas Refugio y reformas al Código Penal. Mientras tanto, las muertes violentas de mujeres y femicidios aumentaron un 51% en relación con el año 2021, según los registros del Ministerio Público.