Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se estima que el Gobierno está sobreestimando la proyección de tributos que recaudará en el 2023. La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, respondió que Honduras acudirá a contratar más deuda para financiar el presupuesto.
El viernes 25 de noviembre, el juez Allan Urbina, del Juzgado de Letras de Roatán, dictó sobreseimiento definitivo para los seis defensores de la tierra ances
Según datos de Casa Alianza, se han registrado 189 muertes violentas y ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en lo que va del mandato de la presidenta Xiomara Castro. La situación de violencia, desplazamiento forzado y migración a la que se enfrentan los menores de edad es, según expertos, un llamado a implementar de manera urgente políticas públicas que garanticen los derechos a las niñas y niños.
Honduras lanzó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, una estrategia que hace pensar mucho en lo que está pasando en el vecino país El Salvador, en donde el presidente Nayib Bukele ha lanzado el «Plan de Control Territorial», con el que el gobierno salvadoreño asegura haber capturado a unos 56 mil pandilleros.
De 185 postulantes, 105 aspirantes continúan en la carrera por llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Junta Nominadora, debido a su poca independencia presupuestaria, ha tenido que delegar en la Superintendencia la realización de las pruebas toxicológicas, psicométricas y los estudios socioeconómicos. El proceso ha estado manchado por el escándalo de la filtración de las respuestas de los exámenes de conocimiento, plagado de trabas en la emisión de constancias y marcado por el enorme filtro del notariado.
La Junta Nominadora para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia creó un banco de preguntas que, en teoría, debió ser conocido solamente
La economía mundial vive una recesión económica que afecta de manera más agresiva a la pequeña economía de Honduras. Expertos consultados por Contracorriente consideraron que el Gobierno de Xiomara Castro no está respondiendo adecuadamente a este problema internacional que ya tiene al país con una inflación arriba del 10 %.
Un violento desalojo fue realizado este lunes por miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en una comunidad garífuna ubicada en el departamento de Islas de la Bahía, Caribe de Honduras. La Organización Fraternal Negra de Honduras informó que hay seis personas detenidas y varias heridas. El operativo se llevó a cabo por denuncias en contra de la comunidad por el supuesto delito de usurpación de tierras.
En junio, Casa Presidencial aseguró a este medio, a través su oficina de acceso a la información, que no tenían asesores presidenciales contratados; sin embargo, los informes de trabajo y las planillas de salarios entregadas por la misma institución cuatro meses después, indican que tres personas – todas hombres – cumplen funciones de asesores desde meses antes de que la solicitud de información fuera presentada.
Ante el panorama adverso para la democracia en la región centroamericana, decenas de periodistas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua lanzaron una red que contempla enfrentar de manera eficiente el exilio, la persecución judicial y los ataques a la libertad de prensa que terminan afectando el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión.
A través de una red que tiene influencia en todo Chamelecón, la población LGBTIQ+ realiza actividades relacionadas con la sensibilización sobre los derechos humanos de las personas diversas. El viernes realizaron un taller en la colonia Suyapa.
En Honduras, miles de familias viven en zonas vulnerables a los embates del cambio climático y luego de que han pasado las emergencias por tormentas e inundaciones no tienen más opción que regresar al mismo lugar de donde salieron expulsados. Unas 5800 familias necesitan ser reubicadas en el Valle de Sula, según fuentes oficiales.
El 29 de septiembre, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) certificó que Casa Presidencial tenía el 100% de cumplimiento en la divulgación de información en los portales de transparencia. Sin embargo, varios de los apartados en esos portales siguen siendo ambiguos incluyendo la descripción de gastos mensuales efectuados en esa dependencia y la descripción de personas contratadas y acuerdos del personal permanente. Uno de los cargos que queda en el anonimato es el mejor pagado de Casa Presidencial: el «enlace en asuntos sociales de la presidencia de la República».
Con el paso de la tormenta tropical Julia, distintas zonas de Honduras entraron en estado de emergencia por inundaciones y riesgo de deslizamientos. En medio de esto, el Gobierno anunció la construcción de las represas El Tablón, Jicatuyo y Llanitos al norte del país. El ministro de Energía, Erick Tejeda aseguró que con la construcción de estas represas se estarían mitigando las inundaciones en temporada de lluvias; sin embargo, expertos en temas energéticos y defensores del medio ambiente aseguraron que la solución a esta problemática requiere de otras acciones.
Honduras es considerado uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático, sin embargo, estos efectos no golpean en igual medida a toda la población hondureña. Las mujeres corren mayor riesgo de ser víctimas de explotación, trata de personas, y violencia sexual y doméstica durante desastres naturales. Tanto las mujeres campesinas al norte del país, como las mujeres que habitan en albergues en el Distrito Central, han desarrollado resiliencia ya que, año con año, las consecuencias del cambio climático y la vulnerabilidad social del país empeoran.
El Poder Ejecutivo creó la Dirección General de Información y Prensa, considerada por algunas organizaciones y congresistas como una potencial amenaza a la libertad de prensa. El ministro de la Secretaría de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, negó a Contracorriente que esto sea el comienzo de una dictadura para controlar la información en Honduras y se unió al coro gubernamental que repite que las críticas a esta ley son parte de una campaña de desestabilización en contra del Gobierno de Xiomara Castro.
A menos de dos años del paso de las tormentas tropicales Eta y Iota, muchos hondureños han vuelto a perderlo todo, incluso lo poco que habían recuperado de la devastación anterior. El Gobierno ha reaccionado otorgando 200 millones de lempiras a los municipios afectados y anunciando la construcción de tres represas.
El Gobierno remitió un proyecto de ley denominado Mesa Nacional de Participación Ciudadana, el cual consta de nueve artículos y contempla cerrar algunos espacios de participación y abrir otros. El partido de Gobierno ha negado que esto sea la antesala de un proceso constituyente como lo han advertido diputados del Partido Nacional, sino justifica que es para eliminar al Foro Nacional de Convergencia (Fonac), que se identificó significativamente con el Gobierno de Juan Orlando Hernández.
En Honduras los efectos del cambio climático afectan al 90 % de la población en su día a día, esto acentúa la necesidad de soluciones reales por parte de las autoridades en la discusión de políticas públicas a favor del medioambiente en un país con una amplia diversidad de ecosistemas. Periodistas por el Planeta (PxP) y la Organización para Estudios Tropicales (OET) en Costa Rica se unen para brindar a periodistas de la región herramientas en el abordaje de historias sobre restauración de ecosistemas y cambio climático.
Tres jóvenes muertos y 31 hospitalizados dejó el entrenamiento para aspirantes a oficiales auxiliares en la Academia Nacional de Policía (Anapo). Se desconoce, por ahora, una versión definitiva sobre lo sucedido y tampoco se han revelado las autopsias de los fallecidos. Sin embargo, familiares de los afectados y expertos aseguran que hubo exceso de fuerza en el entrenamiento.
En un discurso que duró menos de cinco minutos, la presidenta Xiomara Castro ordenó, durante los actos de conmemoración del 201 año de Independencia del Imperio español, desenterrar el pensamiento del general Francisco Morazán. También instruyó a los ministros de Educación, de Cultura y de Planificación para que la cátedra y legado del prócer hondureño pasen a formar parte del sistema educativo.
La discusión de la Ley de Defensa y Seguridad está detenida y, a pesar de eso, algunos puntos críticos han sobresalido en el debate. En primer lugar, hay consenso entre las bancadas del PSH y Libre en que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) no debe convocarse violentando la independencia de poderes del Estado. En segundo lugar, el Partido Liberal ha solicitado que altos mandos militares integren el Consejo con facultades para tomar decisiones y, finalmente, hay sectores que han expresado su preocupación de que la familia Zelaya coopte este espacio y gane protagonismo para beneficiar sus intereses particulares.
La semana anterior, militantes del Partido Libre se manifestaron exigiendo la renuncia del presidente de Banhprovi, Edwin Araque, y la contratación de militantes de Libre. Los reclamos en las distintas secretarías e instituciones de Gobierno por parte de las bases de Libertad y Refundación exigiendo empleo no son algo nuevo, sin embargo, las bases aseguran que los gobernantes actuales los han ignorado a pesar de su trabajo en las calles para lograr la victoria de la presidenta Xiomara Castro.
Los defensores del ambiente en Guapinol, al norte de Honduras, continúan firmes en una lucha contra el extractivismo. En noviembre del 2021 depositaron un voto de esperanza por Xiomara Castro, pero hasta el momento, los cambios que perciben son pocos pese a que el 28 de febrero el gobierno prometió frenar la explotación minera. Ahora salen a las calles, asegurando que empresarios como Lenir Pérez siguen con el poder intacto en el Bajo Aguán.
El pasado 9 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) reclamó al Estado de Honduras, a través de una protesta dentro del Ministerio Público, la falta de investigación en la desaparición forzada de cuatro garífunas en el norte de Honduras. No hay avances en las investigaciones a pesar de las exhortaciones del Sistema Interamericano. Además, se denunciaron tratos racistas y denigrantes de funcionarios actuales.
La ONU envió un borrador del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría de las Naciones Unidas (ONU) que ahora es analizado por el gobierno de Xiomara Castro. Tres expertos en anticorrupción compartieron sus experiencias en un twitter space organizado por Contracorriente para responder qué se necesita para lograr una Cicih exitosa en Honduras.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, propuso multar a las personas que lleven a lavar sus carros a los carwash ubicados en el bulevar rumbo a la aldea Armenta, pues a su juicio estos negocios causan un daño ecológico al Río Blanco. Los lavadores de carros creen que la medida es provocada por presiones de universidades y empresas.
El Poder Ejecutivo hondureño todavía no responde el memorándum de la ONU, que se conoció públicamente a finales de julio, en donde el organismo internacional –entre otras peticiones– pone como condición que el mecanismo anticorrupción, que fue solicitado por la presidenta Xiomara Castro, sea independiente y se constituya como acusador privado. También se solicita que los operadores de justicia cuenten con herramientas jurídicas como la Ley de Colaboración Eficaz y que se deroguen normativas que funcionan como un pacto de corrupción.
Según cifras oficiales, 149 mujeres fueron asesinadas en Honduras en los últimos 200 días. Aproximadamente, una cada 24 horas; 0.745, para ser precisos. Para los expertos, este dato y el incremento en las denuncias por violencia sexual demuestran la necesidad del Estado hondureño de implementar un protocolo con enfoque de género por parte de todo el aparato de justicia.
En julio de este año, una serie de asesinatos y amenazas ocasionó que una decena de familias abandonaran sus casas ubicadas en el sector Chamelecón de San Pedro Sula. La Policía sostiene que la causa es la pelea de territorios entre la MS-13 y la Pandilla 18. Sin embargo, también se han registrado eventos violentos fuera de Chamelecón que la Policía atribuye a la MS-13, eso ha provocado el incremento de los patrullajes de policías preventivos y policías militares.
La Lista Engel que publica anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a 15 hondureños este año; entre ellos no solo hay funcionarios de las administraciones pasadas, sino que también incluye a dos actuales vicepresidentes del Congreso Nacional y un asesor de Casa Presidencial. La respuesta del Gobierno de Castro –que ha acusado de injerencista a Estados Unidos– complica las relaciones entre la administración de Biden y el Gobierno hondureño.
El Congreso Nacional aprobó la «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)». El debate se centró en la eliminación de una serie de prohibiciones que restringían a los funcionarios y militantes políticos de participar en el proceso de elección a magistrados de la CSJ. De los 127 diputados presentes el 18 de julio y la madrugada del 19 de julio de 2022, 73 votaron a favor, mientras que 44 votaron en contra, 10 no votaron, y ningún congresista se abstuvo.
A un año de la decisión del caso «Vicky Hernández y Otras Vs Honduras», donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) falló a favor de la comunidad LGBTI+ y llevó a la presidenta Xioma Castro a pedir perdón de parte del Gobierno por el asesinato de activista trans, Vicky Hernández, en una ceremonia pública en mayo, la lucha de la comunidad LGBTI+ por la igualdad y reconocimiento de género continúa. En un Twitter Space organizado por Contracorriente, líderes de diferentes colectivas LGBTI+ discutieron sobre el estado actual del movimiento y de sus experiencias con el nuevo Gobierno.
Un decreto aprobado por el Congreso Nacional el pasado 27 de mayo, le otorgó un estatus especial dentro del Ministerio Público a La Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco) con el que, según diputados oficialistas, le daban independencia y mayores capacidades de investigación. Sin embargo, los obstáculos para que esta fiscalía presente requerimientos fiscales no han tenido que ver con someterse a la autorización del Fiscal General, sino más bien a la falta de reformas estructurales y apoyo técnico y a la aprobación de pactos de impunidad.
Con excepción de las diputadas Beatriz Valle y Ligia Ramos, el resto de diputados de los principales partidos de Honduras coincidieron en que la Corte Suprema siga en manos de los partidos políticos. Tanto Libertad y Refundación (Libre), como el Partido Liberal (PL), el Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras (PSH), estuvieron de acuerdo en permitir que «un miembro activo de un partido político» pueda autopostularse para magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Asimismo, modificaron un inciso de la ley para que los aspirantes a magistrados puedan autoproponerse aunque hayan sido condenados por un delito, siempre y cuando la sentencia no sea firme.
La propuesta de Ley predominante para regular el funcionamiento de la Junta Nominadora que seleccionará a los 45 candidatos a magistrados de la CSJ es la que fue presentada por el Poder Ejecutivo, asegura el diputado Ramón Barrios, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional. Sin embargo, esta Comisión aún está fusionando elementos de tres propuestas: la del Ejecutivo y las presentadas por los diputados Fátima Mena y Rasel Tomé.
La presidenta Xiomara Castro obtuvo una nota de 6/10 en el undécimo sondeo del ERIC-SJ, que presenta un error muestral de +/- 2.5 % y un 95 % de confianza. En esa investigación se revela que 4 de cada 10 hondureños creen que la presidenta está siendo manipulada. Asimismo, se obtuvieron los principales problemas identificados por la población, enumerados por orden jerárquico: la crisis económica, el desempleo y la inseguridad.
Adela Quezada quería reunirse con su madre y hermanas que migraron a Estados Unidos hace dos años. Ella estaba desempleada, embarazada y su familia estaba partida, así que el deseo de reunificación familiar creció rápidamente en ella, pero no lo logró. Adela es una de las seis víctimas hondureñas que han sido identificadas entre los migrantes que murieron en un contenedor en San Antonio, Texas. Otros 47 migrantes fallecidos eran procedentes de México, Guatemala y El Salvador, aún hay 12 sin identificar.
Es imposible saber ahora mismo cuántas personas están asesorando a la presidenta Xiomara Castro y, más difícil todavía, conocer en qué temas. El exministro Enrique Flores Lanza y el expresidente José Manuel Zelaya Rosales han dicho públicamente que son asesores presidenciales; sin embargo, la Unidad Administrativa de Casa Presidencial respondió a Contracorriente que en sus planillas no figura ningún asesor presidencial.
A trece años del golpe de Estado contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), el escritor Julio Escoto, analista y destacado miembro de la resistencia contra el golpe, dice que es importante que el Gobierno actual comience un proceso de democratización sin caer en la retórica de izquierda de los años 40, ni caer en la forma –común– de hacer política con promesas que no se pueden cumplir.
En medio de acciones cuestionables atribuidas a la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), cuya administración pasó de manos del Ejército a la Policía Nacional y que se vio involucrada en el caso de la muerte de Wilson Pérez, un aficionado del Club Real España, señalado por la Policía de pertenecer a la Mara Salvatrucha, la discusión sobre seguridad pública se llevó a redes sociales y se encendieron algunas alarmas después de que la viceministra de Seguridad de Honduras, Julissa Villanueva, planteó en su cuenta de Twitter que el Gobierno de Honduras debería adoptar el «Plan de control territorial» del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Mientras en Francia el Festival Internacional Cannes Lions premiaba a la agencia Ogilvy y al Grupo Estratégico por la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (GE-PAE) por una campaña a favor de derogar la prohibición de la PAE en Honduras, el escenario nacional se complica ante la posibilidad de la aprobación de la PAE solo en casos de agresiones sexuales.
David Castillo, ingeniero y exgerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., fue condenado a 22 años y 6 meses de cárcel por la coautoría intelectual del asesinato de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres. Familiares y compañeros de lucha de Cáceres exigen ahora que la estructura empresarial liderada por miembros de la familia Atala sea la siguiente en ser llevada ante la justicia hondureña.
En cinco meses de gobierno de la nueva administración de San Pedro Sula, todavía hay desacuerdos entre el movimiento de Roberto Contreras, el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH), alianza que logró un contundente triunfo en las elecciones pasadas. Algunos ciudadanos esperan un buen gobierno, pero hay otros, como Gabriela Paz, que no está conforme con la gestión.
Díaz fue señalado en Honduras por un caso de corrupción que suma los 2,809,000 de dólares en un proyecto habitacional fallido de casas contenedores para damnificados de las tormentas Eta y Iota. También fue nacionalizado otra pieza clave del gobierno del exmandatario extraditado a Estados Unidos: Ricardo Cardona López. La dictadura Ortega-Murillo amplía su refugio para prófugos de la justicia y cuestionados por corrupción.
El pasado 27 de mayo el Congreso Nacional derogó 19 decretos que propiciaron la creación de fideicomisos gubernamentales que «deterioraron e inmovilizaron las finanzas públicas». Este paquete de reformas propuesto por la presidenta Castro omite el Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción al Deporte (Finaprode) que fue utilizado para beneficiar a empresarios y diputados de la administración anterior, según una investigación de Contracorriente.
El 29 de mayo de 2022 en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Wilson Ariel Pérez, un joven de 21 años, agredió a una subinspectora de la Policía Nacional, lo que desató una intensa búsqueda por parte de la Policía y terminó con la muerte de Wilson en circunstancias sospechosas. ¿Iba a entregarse el día de su muerte? ¿Pertenecía a una pandilla? ¿Por qué hay contradicciones en la versión de la Policía?
Con la impresión del periódico gubernamental «Poder Popular», el periodista Ivis Alvarado, secretario de Prensa, aseguró que las pautas millonarias a medios comerciales desde Casa de Gobierno son cosa del pasado. Cada lunes a las 5 de la mañana la denominada «Motorizada del Partido Libre» reparte este periódico que lejos de ser un medio público es una herramienta propagandística de la presidencia.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pronosticó que entre julio y agosto la inseguridad alimentaria podría agudizarse en Honduras. Los efectos colaterales de la guerra entre Rusia y Ucrania afectan directamente en el precio de los fertilizantes y los combustibles, por lo que los pequeños productores hondureños enfrentan una realidad desesperanzadora. Los programas gubernamentales para los agricultores no llegan, mientras el consumidor paga una canasta básica cada vez más cara.
El pasado 12 de mayo el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. La iniciativa, presentada desde el Poder Ejecutivo, generó inconformidades entre distintos grupos pertenecientes al sector eléctrico en Honduras; entre estos, las autoridades de la EEH, que denunciaron tratos intimidatorios y desconocimiento en materia de energía por parte de funcionarios de Gobierno y el actual ministro de Energía, Erick Tejada.
Maribel Espinoza, congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), denunció que el Gobierno anterior desapareció documentación relacionada a las solicitudes de extradición. Además, hay incongruencia entre la información en manos de la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Seguridad.
Ante una posible instalación de la CICIH, hay intensos movimientos en el Congreso Nacional para ajustar los procesos de elección del Fiscal General y de los 15 nuevos magistrados de la CSJ en el 2023. Para analizar esta situación, las experiencias de la CICIG en Guatemala y de la CICIES en El Salvador son útiles, por ser comisiones similares a pesar de ser contextos diferentes.
El jueves 12 de mayo la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) nombró a su nuevo director ejecutivo, el doctor Gaspar Rodríguez. Esto tras la destitución de la doctora Adriana Zúniga, quien había prometido un cambio estructural en una institución que ha sido saqueada por uno de los actos de corrupción más grandes de la última década. Previo a su destitución, Zúniga denunció amenazas por parte de empresas de seguridad privada que buscaban ganar procesos de licitación.
Los dirigentes obreros han celebrado la derogación de la Ley de Empleo por Hora el pasado 28 de abril en el Congreso Nacional; que había sido una de las promesas de campaña del actual Gobierno. Los empresarios, por su lado, creen que esta abolición generará más desempleo. Mientras el decreto todavía no entra en vigencia, siguen las negociaciones y desencuentros.
Los primeros 100 días del gobierno de Xiomara Castro han expuesto un panorama complejo para Honduras. Los conflictos internos del partido y de la alianza política que llegó al poder complican cada escenario y, aunque Castro ha cumplido con algunas de sus promesas, los problemas estructurales del país parecen rebasar cualquier esfuerzo. También hay deudas importantes que siguen pendientes, la primera presidenta de Honduras no le ha cumplido a las mujeres.
El pasado 20 de abril, el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y otros decretos relacionados. Ahora, luego de que la presidenta Xiomara Castro sancionara estos decretos, las empresas localizadas en las ZEDE deberán de inscribirse en alguno de los regímenes especiales vigentes en Honduras con instrucciones de la Secretaría de Desarrollo, y, además, las distintas Secretarías de Estado deberán desclasificar toda la información sobre las mismas después de haber sido derogada la Ley de Secretos.
Cinco policías fueron asesinados entre el 23 de abril y el 2 de mayo, con lo que suman 15 los policías muertos en enfrentamientos en lo que va del 2022, según datos brindados a Contracorriente por parte de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional. Por otro lado, esta institución armada anunció el 4 de mayo el inicio del proceso para reintegrar a policías depurados en aras de «aumentar el número de policías», pero no solo eso, también incorporarán a militares que fueron dados de baja.
El 3 de febrero de 2022, Rosaura sobrevivió al ataque de un hombre que la acosaba y hostigaba desde hacía tiempo. Con un machete, cercenó sus manos mientras ella estaba en la orilla de un río cerca de su hogar, en Choluteca, al sur de Honduras. Después de tres meses, Rosaura aún no tiene justicia y su agresor está prófugo. A pesar de las promesas del nuevo Gobierno de frenar los femicidios y la violencia contra las mujeres, sobrevivientes como ella siguen enfrentándose a la desidia estatal.
La clase obrera marchó el pasado Primero de Mayo para exigir la derogación de leyes nocivas para el país, como la Ley Marco del Agua y la Ley General de la Industria Eléctrica. En San Pedro Sula, la manifestación terminó con un discurso de la presidenta Xiomara Castro; y en Tegucigalpa, el evento lo cerró el expresidente Manuel Zelaya Rosales, actual asesor presidencial.
La deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) alcanza unos 75,000 millones de lempiras. Desde 2016, con la llegada de la Empresa Energía Honduras (EEH), surgió una división en el sindicato de la empresa. A pesar de esto las dos facciones coinciden en que la estatal puede rescatarse.
Después de la extradición de Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos en un avión de la DEA, la Corte del Distrito Sur de Nueva York publicó el oficio «United States of America vs. Juan Orlando Hernández a.k.a. “JOH”», el cual detalla que, además de participar en actividades del narcotráfico y poseer armas de fuego, el exmandatario también recibió sobornos del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Gúzman, cometió fraude en las elecciones del 2013 y 2017, y obtuvo el apoyo de otros expresidentes para realizar actividades del narcotráfico en Honduras. Un juez del Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó en detención al expresidente a la espera de su audiencia el próximo 10 de mayo.
Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) realizaron por primera vez desde 2004 elecciones para escoger a sus representantes ante los diferentes organismos que gobiernan la universidad. Sin embargo, aunque existe un clima de optimismo tanto entre la comunidad estudiantil como entre las autoridades, los conflictos que llevaron a la alma mater a una crisis de gobernabilidad aún están lejos de resolverse.
A pesar de que el actual Gobierno denunció que la administración de Juan Orlando Hernández dejó un Estado en quiebra tras 12 años de autocracia, el Congreso Nacional aumentó desmesuradamente la semana pasada el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2022. Además, esta semana surgieron denuncias de que los diputados no solamente legislarán, sino que «serán gestores» de proyectos con fondos del Ejecutivo, lo que en gobiernos anteriores abrió las puertas para el clientelismo político y la corrupción.
En marzo de 2020, tiempo en el que se declaró emergencia sanitaria en Honduras por la llegada de la COVID-19, el Poder Ejecutivo emitió un decreto para otorgar nombramientos al personal de primera línea frente a la pandemia. Actualmente, no se han otorgado más plazas a trabajadores del área de Salud, algunos han sido despedidos y a otros se les adeuda el pago correspondiente de tres meses de trabajo.
Luego de que la presidenta Xiomara Castro ordenara la desmilitarización de los centros penitenciarios en todo Honduras, la Policía Nacional tomó el mando del sistema penitenciario y tendrá 10 meses para reordenar a las autoridades de las distintas cárceles con la finalidad de frenar la violencia y mejorar las condiciones de los privados de libertad. Distintas organizaciones de derechos humanos aseguran que esto no se podrá garantizar a menos de que sean civiles los que estén al mando del Sistema Penitenciario.
El 3 de junio de 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden anunció que la lucha contra la corrupción sería un objetivo fundamental de su gobierno. Por esto, los departamentos y agencias gubernamentales comenzaron a acelerar y ampliar sus esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción doméstica y también fuera de sus fronteras. La relación con el nuevo gobierno de Xiomara Castro en Honduras y que éste país se convierta en el socio estratégico de EEUU en la región, podrían ser temas condicionados por esta estrategia anticorrupción que Biden pretende exportar al mundo.
La mayoría de comunidades garífunas ubicadas a lo largo de la costa del Mar Caribe denuncian que están siendo despojados de sus tierras ancestrales. El Estado de Honduras ha hecho muy poco por proteger a este pueblo. Ahora, su problema fue escuchado por congresistas de Estados Unidos, que les dijeron «su lucha es nuestra lucha».
Un juez autorizó asegurar 33 inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros al núcleo familiar del expresidente Juan Orlando Hernández. Sin embargo, los bienes de Hernández, valorados en 7.8 millones de dólares, en realidad doblan esa cantidad. Hace algunos días, se denunció que la ex primera dama buscó resguardar algunos de estos, al transferir bienes valorados en 60 millones de lempiras a un banco local en concepto de dación, supuestamente para honrar una deuda lo cual imposibilita por ahora al Ministerio Público el aseguramiento de esos bienes, mientras los fiscales investigan si el banco y Ana García actuaron de buena fe para que quedar exentos de culpa.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) aprobó un mecanismo que permitirá investigar y promover la rendición de cuentas del Estado de Nicaragua. El mecanismo se llevará a cabo por expertos a nivel internacional después de un monitoreo exhaustivo a la condición de crisis en la que vive el país centroamericano estos últimos tres años. Honduras, país limítrofe con Nicaragua, votó en contra de la aprobación de este instrumento.
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no ha lugar la apelación de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernandez luego de que el juez natural concediera su extradición el pasado 16 de marzo. Hernández Alvarado continúa en el país esperando ser extraditado a Estados Unidos; ayer, sus abogados defensores interpusieron un recurso de amparo ante la secretaría de la Sala Constitucional de la CSJ, el cual debe ser resuelto en las próximas horas.
El pasado 16 de marzo, mientras un magistrado autorizaba la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández —reclamado por cargos de narcotráfico y uso ilegal de armas— el exmandatario se sentó a grabar un video en la silla del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este incidente no sentó nada bien en la Comisión Especial de Extradición del Congreso Nacional, que un día antes se había reunido en esa misma sala con varios de los magistrados de la CSJ, incluyendo al propio presidente Rolando Argueta Pérez.
En el Día Internacional de la Mujer distintas organizaciones feministas exigieron el reconocimiento de los derechos de la mujer hondureña. A esto se sumó la presidenta Xiomara Castro, quien presentó ante el Legislativo —liderado ese día por diputadas— la Ley Integral Contra La Violencia de Género. Sin embargo, la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y la despenalizcion del aborto por las tres causales son temas aún no abordados por la presente administración; ni por el Congreso Nacional, órgano gubernamental dominado por hombres.
En San Pedro Sula la tasa de homicidios se ha reducido en los últimos ocho años, pero recientemente la extorsión al transporte ha paralizado la Gran Terminal de Buses. Este ha sido uno de los grandes «negocios» para los grupos criminales. En el comienzo del año 2022, con un nuevo gobierno en Honduras, las amenazas han subido de tono en esta y muchas otras ciudades del país.
El decreto que deroga la normativa conocida como «Ley de Secretos» está en proceso de ser sancionado por el Poder Ejecutivo para ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Las instituciones que ocultaron información apegándose a esta ley, tienen un plazo de dos meses para explicar por qué la reservaron, de lo contrario, toda la información que fue clasificada durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) debe ser publicada en los portales de transparencia bajo la supervisión del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
La exrepresentante del Partido Libre en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, ahora titular de la Secretaría de Finanzas, reveló que el presupuesto aprobado por el Gobierno de Juan Orlando Hernández es falso y ha sido fuente de corrupción para el pago de funcionarios. En contraposición al informe del gobierno actual, Wilfredo Cerrato, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH) y exsecretario de Finanzas en administraciones anteriores, asegura que la emergencia fiscal, declarada hace unos días, no tiene sustento ya que aún existe dinero de préstamos solicitados previamente.
La Ley de Amnistía, aprobada en febrero de 2022,busca extinguir procesos penales contra presos políticos, defensores del medio ambiente y exfuncionarios del Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Dos de los primeros beneficiados han sido el sobrino de la presidenta Xiomara Castro, Marcelo Chimirri, y el exministro Enrique Flores Lanza, ambos señalados por delitos de corrupción contra la administración pública. En un Twitter Space organizado por Contracorriente, dos diputados del Legislativo debatieron con una exjueza de sentencia hondureña.
A más de un mes de que la primera mujer llegó a la presidencia en Honduras, poco se ha hablado de género desde el Ejecutivo. El gobierno de Xiomara Castro, con un gabinete mayoritariamente de hombres, se enfrenta a sus propias promesas de campaña hacia las mujeres: la reducción de los femicidios, la despenalización del aborto por 3 causales y la aprobación de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, prohibida desde el golpe de Estado de 2009.
Cortés fue el epicentro de la pandemia en el 2020, pero ahora tiene un respiro. El hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula ya no atiende pacientes por coronavirus. Dos de tres triajes han cerrado. De marzo de 2020 a diciembre de 2021, Honduras reportó la muerte de 10, 434 hondureños a causa del COVID, en contraste, de enero al 2 marzo de este año, las autoridades reportan 351 muertes, 48 de estas se han registrado en el departamento de Cortés.
Académicos, expertos en calidad educativa, dirigentes y exdirigentes estudiantiles de la UNAH, están de acuerdo en que la Prueba de Aptitud Académica (PAA) sí genera exclusión; no obstante, hay quienes sostienen que el Congreso Nacional no tiene la facultad de eliminarla y, por otro lado, el debate de la PAA desnuda otros aspectos, como el de la oferta y demanda en el nivel superior, así como la exclusión y privatización educativa que nace desde primaria y secundaria.
Después de anunciar el inicio del año lectivo en Honduras, tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación acordaron agilizar el proceso de vacunación pediátrica y así hacer posible el retorno semipresencial a clases de los niños en edades de entre 5 a 11 años. Sin embargo, para la niñez que habita en los barrios más pobres y marginales de Honduras, el regreso a clases no es tan sencillo.
El alcalde Roberto Contreras confirmó que la Municipalidad de San Pedro Sula debe casi 4,000 millones de lempiras a la banca nacional y otros acreedores. No obstante, el jefe edilicio ha realizado varias promesas, como construir un hospital materno, comprar el edificio de un hotel y apoyar a los emprendedores. Los sampedranos ven con esperanza su asunción al poder en una ciudad con altos índices de pobreza; según datos oficiales, en el 2019 esta era del 51 %.
Aproximadamente en un mes se podría conocer el destino del expresidente Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición para Estados Unidos por tres delitos relacionados al narcotráfico. Mientras, grupos de simpatizantes salen a las calles a orar por él y acompañarlo. Analistas opinan que difícilmente podrá evadir la extradición.
La opinión de economistas y abogados sobre la derogación de la Ley de empleo por hora está dividida. Hay quienes coinciden en que solo debe revisarse y obligar a la Secretaría del Trabajo a realizar inspecciones para evitar violaciones laborales, y por otro lado están los que sostienen que debe derogarse ante la incapacidad de supervisión estatal. Los que sí muestran una posición clara, aunque antagónica entre sí, son los obreros y los empresarios. Las centrales obreras aseguran que dicha ley debe derogarse porque solo beneficia a los patronos, mientras que los empresarios, por su parte, sostienen que debe mantenerse porque de lo contrario Honduras podría perder más de 350,000 empleos.
El pasado 15 de febrero el Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional un proyecto para declarar en estado de emergencia fiscal y financiera a Honduras, ese mismo día fue aprobado. Distintos parlamentarios aseguran que el decreto fue ratificado sin la discusión debida, sin embargo, Rodolfo Pastor de María, secretario de la Presidencia, indica que esto era necesario debido a que el Estado de Honduras está en quiebra.
El 15 de febrero de 2021, aproximadamente a las 2 p. m., en un operativo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras, fue capturado el expresidente Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición por Estados Unidos (EE. UU.). Hernández es señalado por los crímenes de tráfico de drogas, tráfico de armas y asociación ilícita. De ser encontrado culpable podría ser condenado a cadena perpetua.
Aunque se anunció un acuerdo interno del partido Libertad y Refundación que daría por finalizada la crisis en el Congreso Nacional, sigue sin estar ratificada legalmente la junta directiva y en el hemiciclo ya se encuentran en discusión y en proceso de aprobación algunos proyectos de ley. La crisis en el legislativo también destapó que aunque Honduras tenga el gobierno de la primera mujer presidenta, son los hombres quiénes están detrás de las crisis, las negociaciones y la violencia política.
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), fue capturado este martes en su casa de habitación en Tegucigalpa por un grupo de policías hondureños y llevado hacia el Comando de Fuerzas Especiales, después de que Estados Unidos solicitara su arresto preventivo con fines de extradición por cargos de narcotráfico.
Policías rodearon este lunes la casa del expresidente Juan Orlando Hernández después de que la Cancillería de la República informó que EE.UU. solicitó la extradición de “un político hondureño”. Diversas fuentes han confirmado que se trata del expresidente Juan Orlando Hernández. El abogado del exmandatario, Hermes Ramírez, ha confirmado que Juan Orlando Hernández sí se encuentra en su casa y que se pretende darle captura sin la orden de un Juez Natural. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, convocó de emergencia al pleno de magistrados para conocer la solicitud de extradición realizada por EE.UU.
Anarella Vélez, quien recién fue nombrada por el Gobierno de Xiomara Castro como titular para Cultura, Arte y Deportes, ha sido docente, escritora y, durante años, ha llevado adelante Ediciones Paradiso y el Café Paradiso, ubicado a metros de la Plazuela (El arbolito) en Tegucigalpa. Ahí es donde habitualmente se reunían y se siguen reuniendo muchos de los artistas de la ciudad, donde se presentan libros y donde funciona un pequeño centro cultural. También, allí fue donde vivió, junto con ella durante muchos años, su esposo, el también poeta Rigoberto Paredes (mención honorífica del Premio Casa de las Américas y fallecido en 2015).
Esta crisis se extendió a la aprobación de diversos decretos con vicios de ilegalidad; uno de ellos es un decreto que condena al golpe de Estado, el cual incluye una amnistía para presos políticos y presos de conciencia, entre estos, funcionarios del gobierno del expresidente Zelaya.
El 1 de febrero, el ministro de Educación, Daniel Sponda dio por inaugurado el año escolar 2022. Sin embargo, desde el 31 de enero maestros interinos realizaron protestas en diferentes puntos del país para exigir su contrato permanente y el cumplimiento del decreto 100-2021, que dejó la administración de Juan Orlando Hernández días antes de salir. Asimismo, el magisterio enfrenta otro problema, esta semana se conoció que fondos millonarios del Inprema fueron a dar al proyecto Palmerola, cuestionado incluso por la presidenta Xiomara Castro de constituir un monopolio a favor del empresario Lenir Pérez.
La presidenta Xiomara Castro anunció en su primer día de funciones un subsidio a 1,3 millones de hondureños que consuman menos de 150 kilowatts. Representantes de la clase empresarial manifestaron su acuerdo con la medida, pero piden «formas creativas» para cumplirlo. Hasta ahora la Secretaría de Energía en Honduras permanece acéfala.
Diputados oficialistas que apoyan a Luis Redondo como presidente del Poder Legislativo sesionaron este miércoles en el Congreso Nacional y aprobaron varios decretos que cumplen con algunas promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro. En ese contexto, se aprobó una ley propuesta por el diputado Rasel Tomé, que condena el golpe de Estado, 12 años después de los acontecimientos. Dicha ley incluye un decreto de amnistía que favorece a defensores de la soberanía, tierra y fuentes de agua, pero que también daría impunidad a funcionarios públicos del periodo entre 2006 y 2009, a quienes se les podrían extinguir causas por delitos relacionados con corrupción.
Esta semana comenzó a funcionar el gabinete de gobierno de Xiomara Castro que, si bien es cierto, no presenta nepotismo desde el punto de vista jurídico, ha abierto el debate sobre la ética de nombrar a familiares en puestos claves. Los secretarios del Ejecutivo navegan en medio de una crisis legislativa que se ha extendido desde el 21 de enero y que tiene al esposo de la presidenta –el expresidente José Manuel «Mel» Zelaya Rosales–, entre los principales negociadores.
El pasado 27 de enero, durante su asunción, la presidenta de Honduras prometió la libertad para los defensores del río Guapinol, a quienes calificó como «presos políticos» y esta semana, el Congreso Nacional aprobó un decreto para una amnistía que tiene un amplio abanico de eventuales beneficiados. Múltiples organizaciones nacionales e internacionales, así como expertos en derechos humanos, consideran que este juicio se trata de una criminalización ejecutada por el Poder Judicial, pero orquestada por la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez y de su esposa Ana Facussé.
Aunque Leonel Sauceda no pudo desvirtuar el delito de lavado de activos —pues estuvo preso desde hace dos años porque no había podido justificar 13,8 millones de lempiras que circularon en trece de sus cuentas bancarias entre 2006 y 2017—, según el Poder Judicial, el Ministerio Público no pudo comprobar la existencia del delito de malversación de caudales públicos, un delito precedente a la acusación de lavado de activos, por lo que determinó absolver a Leonel Sauceda también del delito de lavado de activos.
Xiomara Castro asumió el 27 de enero como la primera mujer presidenta de Honduras en un emotivo acto repleto de simbolismos que invocaban el regreso del poder popular tras doce años desde el Golpe de Estado en contra de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya. Castro prometió respeto a los derechos de las mujeres, energía gratis para los pobres, disminución de los costos del combustible, atención a las necesidades de pueblos indígenas y comunidad LGTBI y la instalación de una comisión internacional contra la impunidad en los primeros cien días de su gobierno. Sin embargo, esas promesas se enfrentan a lo que ella apunta como un país quebrado.
El pasado 9 de enero Pablo Hérnandez, líder indigena y comunicador social, fue asesinado en la aldea de Tierra Colorada, municipio de San Marcos de Caiquín, Lempira. Hernández denunciaba constantemente los actos de corrupción de las autoridades del municipio; entre ellos, la venta de territorios ancestrales y la complicidad de otros líderes indígenas en esto, según fuentes confidenciales. Las autoridades pertinentes aún no presentan avances en la investigación de los autores criminales e intelectuales de su asesinato.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández -señalado fuertemente por tener nexos directos con el narcotráfico- fue juramentado este jueves como diputado al Parlacen con lo que obtiene prerrogativa, privilegio e inmunidad. Hernández fue juramentado el día de hoy por el presidente del Parlacen a través de una sesión realizada a través de zoom. Esta semana la congresista estadounidense, Norma Torres, recomendó al Departamento de Justicia de EE.UU. extraditar al ex mandatario por tráfico de drogas.
Xiomara Castro se reunió ayer por la noche con Jorge Cálix, quien ha encabezado a un sector del Congreso Nacional opositor integrado por diputados del
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