El pasado lunes, tras una toma de 33 días, campesinos militantes del Partido Libre se enfrentaron a golpes con el personal sanitario del Hospital El Progreso, un centro asistencial sumido en una profunda crisis de desabastecimiento y falta de personal. Hubo heridos y el escándalo acaparó la atención nacional, lo que obligó a que una comisión de salud decidiera despedir al director del hospital y a otros dos servidores públicos. Esta es la punta del iceberg en medio del mar de conflictos por los que atraviesa el hospital progreseño, en donde los pacientes están a merced de las peleas políticas y arrinconados en el último orden de prioridades.

Texto Leonardo Aguilar
Fotografías: Leonardo Aguilar y Fernando Destephen

El 22 de abril de 2022, el doctor Edgar Murcia asumió como el nuevo director del Hospital El Progreso, uno de los dos hospitales públicos del departamento de Yoro que cuenta con una población superior a los 600 mil habitantes. El otro hospital del departamento está ubicado en la Ciudad de Yoro —la cabecera departamental—, a 133 kilómetros de distancia.

El Hospital El Progreso ostenta el título de «hospital general». Sin embargo, según el estudio Parálisis Sanitaria del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), «una de las necesidades prioritarias que el hospital [progreseño] requiere es el fortalecimiento del talento humano como ser ortopedas, técnicos en laboratorios, anestesistas, pediatras, ginecólogos, médicos internistas entre otros, ya que este personal es escaso y los pacientes que adolecen alguna necesidad de este tipo deben de ser remitidos al Hospital Dr. Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula».

El presupuesto del hospital El Progreso para el 2022 fue de 232 millones de lempiras, frente a los 1,385 millones que recibió ese mismo año el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula y a los 362 millones que le otorgaron al hospital sampedrano Leonardo Martínez.

Captura de pantalla del informe del CNA.
Captura de pantalla del informe del CNA.

Según una nota de prensa del Gobierno publicada a principios del año 2017, para esos días, el Hospital El Progreso estaba atendiendo a diario a 220 personas en consulta externa y 190 en emergencia. El estudio del CNA, publicado en octubre de 2022, reveló que el Hospital El Progreso estaba atendiendo diariamente a 83 personas. Y según datos brindados por autoridades del centro hospitalario, durante el primer trimestre de 2023, el hospital progreseño atendió un promedio de 140 pacientes al día en consulta externa y 150 en el área de emergencia.

Una fuente del hospital que pidió no ser identificada le explicó a Contracorriente que el 75 % del presupuesto se va en sueldos y salarios, y que con los pocos médicos especialistas con que cuentan se pueden cubrir —con suerte durante algunos turnos— las cuatro especialidades básicas: medicina interna, cirugía, ginecología y pediatría. De los cinco quirófanos que existen en el Hospital El Progreso solo funciona uno, y a medias, ya que para echarlo a andar se necesita que esté completo el personal sanitario y que los insumos quirúrgicos estén en la mesa.

En ese entorno de calamidad, el doctor Murcia aseguraba públicamente que contaba con el apoyo de regidores, diputados y del ministro del ramo, José Manuel Matheu, y hasta dijo contar con el respaldo de la presidenta Xiomara Castro para sacar a flote al hospital.

«Tengo todo un equipo atrás que me da su respaldo total, llámese alcaldía, diputados, regidores y hasta la parte presidencial. Quiero agrandar el hospital, aumentar el presupuesto, cambiarle la cara humana a la asistencia médica, que el paciente diga que se le ve como paciente y no como estadística», dijo el entonces director Murcia.

Ese día, en la mesa de juramentación del doctor Murcia estaba presente, brindándole un espaldarazo, el diputado del Partido Libre, Bartolo Fuentes, quien cinco meses después se convirtió en su principal verdugo y enemigo político.

Lejos de avanzar, el Hospital El Progreso quedó acéfalo y en mayor crisis

El doctor Murcia comenzó a tambalearse en la cuerda floja en agosto de 2022, cuando el entonces jefe de personal Cristian Meléndez —cercano al diputado Bartolo Fuentes— se enfrascó en una pelea con su compañero de trabajo Marvin Macedo, administrador del hospital. La peor parte se la llevó el jefe de personal Cristian Meléndez, quien terminó con una parte del rostro ensangrentada.


Bartolo Fuentes se solidarizó en su cuenta de Facebook con Cristian Meléndez y sostuvo que la razón de la pelea tenía que ver con que el jefe administrativo, Marvin Macedo, estaba molesto porque no se efectuaba su nombramiento. Esos fueron los primeros síntomas visibles de una confrontación provocada por el pulso de poder entre los colectivos del Partido Libre y las autoridades del hospital progreseño.


Un mes después de la pelea entre el jefe de personal y el jefe administrativo, a inicios del mes de septiembre, el jefe de personal, Cristian Meléndez, compartió en sus redes sociales un afiche en donde el Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra estaba preparando «la Gran Batalla» en el Hospital de El Progreso, la cual iniciaría el lunes 5 de septiembre de 2022. La razón de aquel plantón fue explicada en letras mayúsculas en un afiche digital: «FUERA MURCIA, FUERA MACEDO, FUERA NELSON LEIVA, FUERA JAVIER HALL Y FUERA TODOS LOS CACHURECHOS».

Como las protestas en el hospital progreseño no dieron resultado inmediato, los miembros del «Movimiento de Campesinos sin Tierra de Yoro» decidieron viajar en buses y recorrer más de 240 kilómetros hasta llegar a Tegucigalpa, en donde permanecieron varios días —desde el 28 de febrero de 2023— en los bajos del Congreso Nacional y luego, el 1 de marzo, se trasladaron en una marcha directamente hacia la sede de la Secretaría de Salud (SESAL).

Para entonces, ya nadie, ni en El Progreso ni en la capital Tegucigalpa, ignoraba que en el norte de Honduras había una lucha para sacar al director de un hospital a quien acusaban de ser «negligente».

Movimiento de Campesinos sin Tierra de Yoro protestan frente a la Secretaría de Salud en Tegucigalpa exigiendo una mejora en el acceso a la salud y dando a conocer las irregularidades relacionadas con malos tratos, acceso a medicinas y problemas con la adjudicación de citas médicas en el hospital de El Progreso, Yoro. Foto CC/Fernando Destephen
Movimiento de Campesinos sin Tierra de Yoro protestan frente a la Secretaría de Salud en Tegucigalpa exigiendo una mejora en el acceso a la salud y dando a conocer las irregularidades relacionadas con malos tratos, acceso a medicinas y problemas con la adjudicación de citas médicas en el hospital de El Progreso, Yoro. Foto CC/Fernando Destephen

En el Congreso Nacional, los campesinos fueron recibidos amistosamente por diputados de Libertad y Refundación (Libre), entre estos Rasel Tomé —mencionado en la Lista Engel por actos de corrupción— y también fueron saludados por el diputado Bartolo Fuentes.

El 1 de marzo, los campesinos se trasladaron hasta la sede de la Secretaría de Salud para exigir al ministro de esa institución, José Manuel Matheu, la destitución inmediata del director del Hospital de El Progreso, Edgar Murcia.

Pero en la SESAL, los campesinos no tuvieron una respuesta positiva de parte del ministro de Salud. Fue entonces cuando le advirtieron al ministro por medio de altavoces frente a la sede de la SESAL que, si no separaba al director del hospital progreseño, comenzarían a pedir también su destitución como ministro.

Matheu es actualmente uno de los ministros más odiados por un sector de las bases del Partido Libre. Actualmente se ha desmarcado del partido PSH y ha mostrado lealtad —en eventos públicos— al coordinador general del Partido Libre, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales.

Matheu fue elegido como diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH) con 95,749 votos para el período 2022-2026. En febrero de 2022 recibió un permiso del Congreso Nacional para asumir la titularidad de la Secretaría de Salud tras ser designado en ese puesto por la presidenta Xiomara Castro. El nombramiento de Matheu obedeció a compromisos de la alianza electoral —ahora rota— entre el Partido Libre y el PSH.

El 2 de marzo, un día después de la protesta frente a la SESAL, se conoció la reacción de Matheu ante la petición del sector campesino de Yoro.

El titular de Salud aseguró a medios de comunicación que esa marcha había sido financiada por un diputado de Yoro y, aunque dijo que no revelaría el nombre, aseveró que ese congresista se había encargado de llevar hasta Tegucigalpa «dos camiones con gente solo para exigir que pongamos el director que él quiere. Esta persona debe andar detrás de esa movida y eso no va conmigo. Se lo digo claramente, no voy a cambiar a un director solo porque él presione».

Sin resultados positivos por parte del ministro Matheu, el grupo de campesinos regresó a El Progreso y se tomó la carretera que conduce hacia Tela. Durante casi ocho horas, las largas filas comenzaron a incomodar a propios y a extraños. Al doctor Matheu, a cientos de kilómetros de la nueva protesta, no le incomodaban las enormes filas, pero sí a algunos ciudadanos y sectores empresariales, algunos de los cuales hicieron pública su molestia. Se conoció que la razón de la toma de la carretera hacia Tela seguía siendo la misma: expulsar al doctor Edgar Murcia.

Posteriormente, y ante las quejas de la ciudadanía progreseña por la obstaculización del único paso por tierra hacia el Caribe de Honduras, el grupo campesino tomó indefinidamente el edificio administrativo del hospital de El Progreso. Con dicha toma, no se podían hacer licitaciones ni para alimentos ni mucho menos para hacer compras de medicamentos.

Después de 33 días de permanecer tomado el edificio administrativo, y con el hospital sin alimentos y sin medicamentos, pasó lo que nadie quiso evitar.

Los campesinos se fueron a golpes con el personal sanitario. Palos, machetes, piedras, patadas, puñetazos. Dos enfermeras heridas, una en la cabeza y la otra con varios dedos fracturados. Ese fue el saldo de los heridos de un bando. Del otro, un campesino de la tercera edad resultó golpeado. Eran escenas dignas de vergüenza.

La presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys), Xiomara Umanzor, frente al área de Estadística del hospital El Progreso. Foto CC / Leonardo Aguilar.
La presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys), Xiomara Umanzor, frente al área de Estadística del hospital El Progreso. Foto CC / Leonardo Aguilar.

Xiomara Umanzor, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys), seccional número 10 en El Progreso, Yoro, dijo a Contracorriente que «varios compañeros de los que fueron agredidos tuvieron que ser atendidos en el área de emergencia. Los campesinos, aún debajo de los colchones en los que dormían tenían machetes; nosotros nos sentimos bastante preocupados por ver cómo ellos trataban de venir contra nosotros como si fuéramos su peor enemigo».

Umanzor agregó que durante los 33 días que el hospital estuvo tomado, los campesinos «usaban palos y permanecían con armas blancas. Los pacientes y nosotros como empleados teníamos temor de ser agredidos. No sé por qué a ellos les pusieron campesinos sin tierra, nosotros conocemos muy bien el trabajo que hacían ellos, sabíamos que algunos decían ser campesinos, pero en realidad son taxistas».

«De repente tuvieron un intercambio de palabras con una compañera, ellos agredieron y dañaron, entonces uno de ellos se abalanzó a una compañera y luego se vino el problema. Le rajaron la cabeza a la compañera Irma Chávez, que es enfermera auxiliar. A nuestra compañera Magda le fracturaron los dedos. A raíz de estos golpes fueron llevadas a emergencia», expuso Umanzor.

Gladys Solís, jefa de las licenciadas de enfermería en El Progreso, dijo a Contracorriente que la situación se había salido de control, pero que con el despido de las tres personas se consiguió «la paz», ya que «no se podía ni caminar en los pasillos; no sabemos, desconozco las razones políticas que ellos tengan, pero hubo agresiones a una enfermera auxiliar y a otros compañeros».

Solís afirmó que tras la pelea entre el jefe de personal y el jefe administrativo, algo que «nunca antes se había visto, no se tomaron los correctivos a tiempo y tal vez por eso se llegó a esa situación».

«El doctor Murcia hizo una buena gestión, recuerde que fue poco tiempo el que estuvo; un señor muy honesto, entonces no creemos que hizo una mala gestión. Este era un asunto político que lo resolvieron políticamente», expuso Solís.

Diputado Bartolo Fuentes implicado en la crisis

Edificio administrativo del Hospital El Progreso, Yoro, mismo que estuvo tomado durante 33 días por un grupo campesino. Foto CC / Leonardo Aguilar
Edificio administrativo del Hospital El Progreso, Yoro, mismo que estuvo tomado durante 33 días por un grupo campesino. Foto CC / Leonardo Aguilar

El conflicto terminó arrastrando al doctor Murcia, a Cristian Meléndez y a Marvin Macedo. El pasado martes 18 de abril, una comisión de la secretaría de Salud, encabezada por la viceministra Nerza Paz, el abogado Allan Pineda y el subgerente de Personal de Salud, Nelson Menocal, decidió despedirlos sin lugar a objeciones.

Después de los despidos, las miradas se dirigieron directamente hacia el diputado Bartolo Fuentes, quien comenzó a ser responsabilizado incluso por algunos de sus correligionarios. El diputado del Partido Libre, Nelson Leiva, culpó públicamente a Bartolo Fuentes de haber generado esa crisis.

Bartolo Fuentes es un diputado y político del Partido Libre en el departamento de Yoro que, desde el triunfo de Xiomara Castro, ha sido visto en el hospital progreseño primero en la juramentación de apoyo a Murcia y meses más tarde en una protesta dentro del hospital.


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La sobrina de Bartolo Fuentes, Neidi Fuentes, fue nombrada en mayo de 2022 como la directora municipal de Salud en El Progreso. El padre de Neidi Fuentes —primo hermano de Bartolo— es Luis Fuentes, quien fue uno de los campesinos que lideró la protesta de 33 días que terminó con el despido de Murcia como director del hospital.

Durante la campaña política del Partido Libre, gran parte de sus bases creyeron firmemente en las palabras de sus líderes militantes. Numerosas veces se les dijo que en caso de ganar conseguirían un puesto de trabajo en alguna institución pública. Al Gobierno de Libre, miles de militantes le están pidiendo un puesto de trabajo y, para eso, solicitan que despidan a los cachurecos y a los «mapaches», términos que describen,a criterio de ellos, a los militantes del Partido Nacional o a quienes no se identificaron anteriormente con el Partido Libre pero que sí lo hacen ahora con el objetivo de aferrarse a sus cargos.

Bartolo Fuentes, en un video en el que fue cuestionado por una periodista, dijo que era «absurdo» pretender darle trabajo a todas las personas de las bases del Partido Libre ya que «son 40 mil personas» las que ayudaron a conseguir el triunfo electoral.

El doctor Javier Hall, una semana antes de la destitución del doctor Edgar Murcia, dijo al canal local Teleprogreso, que Bartolo Fuentes se equivocó de camino, al tiempo que denunció que el diputado Bartolo mantiene silencio sobre cómo su sobrina se convirtió en directora municipal de salud. Contracorriente intentó conversar con el doctor Javier Hall, quien al principio accedió a responder, pero luego ignoró las preguntas.

El diputado Nelson Leiva le dijo a Contracorriente que Bartolo Fuentes miente al decir que no apoyó a este grupo campesino. «Lo ha apoyado siempre al movimiento, nunca lo ha dejado de apoyar; aunque en sus declaraciones diga que no tiene nada que ver, sí los ha apoyado».

Leiva dijo desconocer la voluntad del grupo campesino de poner a otro director y que llegó a comprender que ellos, los campesinos, «querían cambiar al doctor del hospital, porque no pertenecía al Partido Libre».

El diputado Leiva afirmó que fue Cristian Meléndez quien le pidió a los campesinos que lo apoyaran para exigir la salida del director Murcia y la del administrador del hospital, Marvin Macedo.

Bartolo Fuentes dijo a radios nacionales que dentro de su mismo partido, el Partido Libre, hay gente corrupta. Esa aseveración la dio justo cuando le consultaron sobre las críticas que Nelson Leiva estaba haciendo hacia su persona.


Al respecto, Leiva dijo a nuestro medio que «si vamos a hablar de corrupción, yo tengo archivos de unas entrevistas y si Bartolo sigue con esa actitud vamos a tener que proceder legalmente para que pueda probar lo que ha estado diciendo en medios de comunicación. Aunque cuando le preguntan por mí, él inteligentemente no ha mencionado mi nombre».

«En cuanto al nepotismo del que acusan a Bartolo Fuentes no voy a opinar, porque debe ser la base del partido quien juzgue; si tiene a los hijos trabajando, si tiene a la sobrina, si tiene a la hermana, si tiene a la esposa, que sea la base del partido que juzgue eso», dijo el diputado Nelson Leiva.

Bartolo Fuentes negó a Contracorriente haber apoyado a las protestas en el hospital progreseño y dijo que nunca tuvo nada que ver con los campesinos que tomaron el hospital.

«Yo no tengo interés de poner a nadie en el hospital progreseño, nunca lo he tenido, si hubiésemos querido rechazar al señor este [al doctor Murcia] desde un principio lo hubiésemos hecho […] pero luego di mi opinión cuando me preguntaron por él en la Secretaría de Salud. Yo les dije: cambienlo».

Bartolo Fuentes, a pesar de haber dicho que no tuvo nada que ver con las protestas de campesinos, reconoció haber llegado el año pasado a realizar una protesta dentro del hospital pocos meses después del nombramiento del doctor Murcia. «Se señalaron irregularidades, a los responsables de las irregularidades y él [el doctor Murcia] no quiso responder contra ellos. El señor no quiso hacer nada. Fuimos como 50 personas, que es un video donde salgo yo, es un video del año pasado. Ahí hay una corrupción tremenda, y él (Murcia) comenzó a proteger a los corruptos».

Bartolo Fuentes denunció que existen 33 médicos en el hospital de El Progreso que tienen plaza y contrato, algo que según él es ilegal. «Con lo de las plazas ellos dicen que la ley los ampara, pero la ley lo que dice es que en un lugar donde no hay suficientes médicos se puede tener, aparte de su plaza, también un contrato, pero ese no es el caso de El Progreso, porque aquí hay un montón de médicos que tienen que irse a trabajar a San Pedro Sula».

Al respecto, una fuente anónima del hospital progreseño reveló a Contracorriente que de los 33 médicos que ponen en discusión, menos de 10 son médicos generales y el resto son médicos especialistas que representan recursos vitales para el hospital.

Bartolo Fuentes dijo a Contracorriente que, aparte de las irregularidades de las plazas, hay personal médico que no llega a laborar.

«La otra irregularidad [en el hospital progreseño] es que varios médicos no cumplen con sus turnos, tienen que hacer seis turnos y no los hacen. Los hacen desde la casa, esperando que los llamen si los ocupan. O lo tradicional ahí es el tema de los proveedores. Hay movidas con productos que no eran de la calidad ni de la cantidad por lo que se estaban pagando. Y son los mismos proveedores de años anteriores», cuestionó Bartolo Fuentes.

Al consultarle a Bartolo Fuentes si alguna vez se presentaron denuncias ante el Ministerio Público por estas supuestas irregularidades respondió: «la verdad, no sé».

El diputado Nelson Leiva afirmó que la denuncia de Bartolo Fuentes sobre los 33 médicos no tiene ningún sentido, ya que a su juicio esa es una estrategia para hacer creer que a Cristian Meléndez, el jefe de personal, lo despidieron por denunciar la corrupción; sin embargo, Leiva aseguró que durante mucho tiempo en el hospital progreseño hubo absoluto silencio sobre eso.

Sobre el puesto de su sobrina como directora municipal de salud, Bartolo Fuentes le dijo a Contracorriente que él no ve ninguna ilegalidad ni nepotismo en ello.


«Yo no encuentro ningún delito en que Neidi Fuentes, que es médico —si llena los requisitos— esté ocupando un puesto. Además ella es de las que mejor está cumpliendo sus responsabilidades en El Progreso. Ahí, anteriormente, estaba nombrada una persona enemiga del proceso de transformación que queremos lograr», dijo Bartolo.

El doctor Nahúm Ordóñez, especialista en ortopedia del hospital progreseño, dijo a Contracorriente que el problema no era el doctor Murcia. «El problema son los políticos […] ellos creen que las luchas se ganan en las calles, han tenido gaseadas, golpes de la policía, aguantaron hambre y un montón de cosas, ese es el mérito que consideran ellos que tienen para trabajar en el hospital; a ellos no les importa la academia ni lo intelectual, no les importa nada, lo único que les importa es que los que contraten sean del Partido Libre».

Ordóñez lanzó una dura crítica hacia el Colegio Médico capítulo El Progreso, de quienes dijo «se acomodaron a ser espectadores y decidieron no defender a sus colegas del hospital». Ordóñez agregó que al paso que van los criterios de contratación, «volveremos a la edad de piedras, a la época de las cavernas».

Es preciso señalar que el diputado Nelson Leiva le reveló a Contracorriente que en el hospital progreseño hay todavía «mapaches» que deben ser despedidos, algo con lo que no concuerda su correligionario Bartolo Fuentes quien dijo que «mapaches» no hay en el hospital sino un nido de nacionalistas. No obstante, lo anterior sugiere que los conflictos políticos están lejos de terminarse en el hospital progreseño.

Cristian Meléndez, exjefe de personal: «La corrupción más grande es con los insumos»

Cristian Meléndez, exjefe de personal del Hospital El Progreso, reveló a Contracorriente que las cuatro personas nombradas en puestos administrativos —tres de las cuales fueron despedidas incluyéndolo a él— fueron puestas cada una por un diputado distinto del departamento de Yoro.

«Al jefe de recursos humanos lo puso el diputado, Bartolo Fuentes (Partido Libre), al administrador lo puso Nelson Leiva, pero como él es diputado suplente, actuó por medio del diputado Felipe Ponce (Partido Libre), al doctor Murcia lo puso la señora Maribel Espinoza (PSH), porque estábamos en alianza, y a la doctora Arlette Lopez, la colocó la diputada Melbi Ortiz (Partido Libre). Así se cumple toda la directiva del hospital», dijo Cristian Meléndez.

Según Meléndez, el doctor Murcia fue puesto tras la recomendación de la diputada Maribel Espinoza y que ésta, como no es progreseña, se apoyó en el doctor Vivian Portillo, un militante del Partido Liberal y dueño de farmacias en El Progreso, para que se designara al doctor Murcia como director del hospital.

Meléndez aseguró que el doctor Murcia llegó con un objetivo fundamental al hospital: «procurar el bienestar de los empleados nacionalistas y protegerlos junto con el doctor Javier Hall». Meléndez añadió que Javier Hall es «amigo íntimo de Mel Zelaya».

«El doctor Hall es amigo de Mel y la mayoría de sus familiares son nacionalistas, entonces ¿qué sucede? que esta gente (los Hall) tuvieron la dirección del hospital antes de la doctora Lilian Gallo, entonces hay ciertos actos y cosas del pasado que han dejado enterradas y que no les conviene que salgan. Imagínate que en el tiempo del doctor Orlando Hall, que fue director del hospital progreseño, el papá de Hall y los tíos, eran proveedores del hospital. Entonces ahí hay cosas que no puedo decir que son ilegales, pero sí son raras. Aparte de eso el doctor Hall estuvo trabajando en el gobierno nacionalista siendo contratado por Gabriel Rubí», expuso Meléndez.

Cristian Meléndez aseguró que Marvin Macedo antes trabajaba en una maquila y renunció porque su familiar Nelson Leiva, le ofreció el cargo del hospital. «A mí me ofrecieron primero el cargo de administrador del hospital, yo lo rechacé porque yo no soy administrador y porque pienso que mi mejor función es en el área de talento humano, porque soy abogado. Pensé que Libre iba a ser un Gobierno diferente y que iba a contratar gente con perfiles idóneos. Pero resulta que sigue siendo más de lo mismo y que no les importa nada con tal de contratar su familia».


Meléndez indicó que Macedo no presentó ni su título de educación secundaria y que para su puesto no estaba calificado. «Empezamos a exigirle que enseñara el título y le mostrábamos los oficios que venían de Tegucigalpa. Hablamos con los diputados, hablamos con Nelson Leiva y él nos dijo: “mirá, esto lo vamos a arreglar de manera política y él no va a ser el primero ni el último que va a estar en un cargo público sin título”. Entonces yo ya no me metí porque iban a decir que tenía algo personal contra Macedo», aseguró Meléndez.

Según Meléndez, la red de corrupción en el hospital progreseño es a lo interno. «Hay empleados médicos que tienen plaza, más contrato y tienen otra plaza en otra institución. Por cabeza a cada médico se le pagan más de 100 mil lempiras y no vienen a trabajar. Eso es corrupción, vienen marcan y se van. Hay un doctor que trabaja en el Ministerio Público que en el tiempo que estuve ahí nunca pudo llegar a tiempo», denunció Meléndez.

El exjefe de personal afirmó que la corrupción más grande sucediendo en el hospital tiene que ver con la compra de alimentos para el personal del hospital. «La corrupción más grande es con los insumos, nosotros queríamos poner a una persona a supervisar lo que venía, pero no se pudo (…) Un proveedor en el hospital mínimamente recibe entre 2.5 millones y 3 millones de lempiras, trimestralmente», expuso Meléndez.

Sobre por qué siendo él jefe de personal compartió afiches en sus redes apoyando la toma de los campesinos, Meléndez respondió a Contracorriente: «Vos podés ver en mis redes y no es ningún delito haber colaborado con el grupo campesino porque la lucha era justa, Nelson Leiva lo que no entiende es que él puso un administrador que no sabía qué es lo que estaba haciendo y pusieron también a un director que no sabía tampoco lo que estaba haciendo. No veo nada malo en lo que el grupo campesino estaba exigiendo».

Según Cristian Meléndez en el hospital progreseño hay 66 personas que han sido empleadas bajo la modalidad de contrato, mientras que cerca de 600 tienen plazas permanentes. «De las 600 personas, tal vez haya unas 10 personas, antiguas de trabajar en el hospital, que pertenecen a Libre y de las 66 personas con contrato, solo hay 20 contratados recientemente que pertenecen a ese partido. Es decir, solo hay 30 empleados de Libre de casi 700 que es la masa global. Entonces estamos hablando que somos una minoría y que ahí hay una corrupción a todo nivel».

Ante la consulta a Luis Fuentes —primo hermano de Bartolo Fuentes y padre de Neidi Fuentes, directora municipal de salud en El Progreso— si las primeras protestas en el hospital fueron en apoyo a Cristian Meléndez, este respondió que sí. «Hicimos una protesta en apoyo a Cristian Meléndez y luego hicimos otra porque lo querían destituir. Al final solo le dieron una sanción de ocho días. Entonces bueno, hasta ahí quedaron las cosas en un principio».

Luego —añadió Luis Fuentes— las protestas continuaron porque la madre de una campesina progreseña acudió al hospital a finales de diciembre de 2022 con una pequeña úlcera en un dedo del pie. «Resulta que en el hospital la tuvieron siete días y no le hicieron nada durante todo ese tiempo. Entonces la compañera tuvo que sacar a su madre del hospital y llevarla a una clínica privada donde finalmente le tuvieron que amputar el pie».

«Y eso fue pura negligencia médica. Entonces nosotros hicimos la protesta, y luego nos fuimos a Tegucigalpa. Primero presentamos una denuncia en la SESAL el 9 de enero y allá nos dijeron que iban a hacer una investigación; pero nunca recibimos respuesta. Luego, el 1 de marzo, fuimos a Tegucigalpa a una toma a exigir la salida del director Murcia. Ahí se concretiza supuestamente todo, pero no se le da cumplimiento. A raíz de que no se le dio cumplimiento a la promesa que nos hicieron, se tomó la decisión de hacer la toma en las oficinas administrativas del hospital desde el 13 de marzo, pero luego las cosas se radicalizaron y pasó lo qué pasó», explicó Luis Fuentes.

Fuentes negó que su primo Bartolo Fuentes haya tenido algo que ver en las protestas. «Nosotros somos un movimiento independiente», aseguró.
Mientras tanto, el hospital progreseño, continúa sumido en una profunda crisis de abastecimiento y carencia de personal sanitaria. Los conflictos políticos partidarios continúan dando golpes a una población hondureña con índices de pobreza del 70 %, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Honduras) en el 2020.

Luego de que Julissa Villanueva —viceministra de Seguridad quien lidera la intervención de los centros penitenciarios—, anunciara las primeras medidas del Gobierno para combatir la crisis en las cárceles, se han registrado dos enfrentamientos en la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara. Fuentes en el interior de este centro penitenciario aseguran que policías y agentes penitenciarios se han aliado con la MS-13 en la entrega de armas para atacar a la Pandilla 18.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Jorge Cabrera

En la tarde del 21 de abril se registró un nuevo enfrentamiento en el interior de la cárcel de máxima seguridad «El Pozo» en Ilama, departamento de Santa Bárbara, que dejó a doce privados de libertad heridos. Además, mientras los heridos eran trasladados al Hospital de Santa Bárbara, uno de ellos se dio a la fuga. Hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) no ha informado sobre este hecho; sin embargo, fuentes aseguraron a este medio que los doce heridos pertenecen a la Pandilla 18.

Este fue el segundo enfrentamiento en apenas tres días. El 19 de abril, también en el interior de «El Pozo» hubo una reyerta. El Instituto Nacional Penitenciario anunció por medio de un comunicado que se realizaría un «desarme real a través de registros manuales y electrónicos que se realizan de manera permanente al interior de las instalaciones penitenciarias». Sin embargo, esto no ha sucedido e incluso en el más reciente enfrentamiento se reportó el uso de granadas.

Desde los amotinamientos suscitados en cuatro centros penitenciarios de Honduras el pasado 8 de abril, dentro de «El Pozo» se han registrado cuatro más. Fuentes que no identificamos por seguridad dijeron a Contracorriente que los últimos enfrentamientos han ocurrido debido a que policías y agentes penitenciarios están facilitando armas dentro de la cárcel a miembros de la MS-13.

Una de las fuentes aseguró que ya se había alertado al director de este centro penitenciario sobre el riesgo que corren los privados de libertad pertenecientes a la Pandilla 18 ante una amenaza de ataque, sin embargo, no hubo medidas para frenar a miembros de la MS-13 que subieron a las terrazas de vigilancia para atacar desde allí.

«Los policías se están prestando para que ocurra una matanza a grandes escalas», dijo esta fuente, y otra agregó que «en cada noticia y en cada revuelta que hay solo 18 (miembros de la pandilla 18) salen heridos y es injusto».
Además, las fuentes coincidieron en que antes de todos los enfrentamientos que se han registrado en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, el director y autoridades de «El Pozo» ya estaban alertados de que esto puede ocurrir pero no hacen nada para evitarlo.

«Es en los centros penales que nosotros nos encontramos que estamos recibiendo ataques continuos de la MS [13], las autoridades están facilitando los medios y las oportunidades», contó otra de las fuentes.

«Por ejemplo, la situación que se dio el día de hoy [21 de abril], es algo lamentable porque se había puesto un sistema de seguridad encima de las azoteas del centro penal, tanto en los módulos de mínima como de procesados, y se había llegado a un acuerdo con los directores de que esta seguridad iba a estar estable 24 horas, y al momento de que se da este atentado en contra de la Pandilla 18, todos los policías que estaban en turno brindando la seguridad se bajaron. Solo bajaron ellos [los policías] y a los dos minutos se salieron varios miembros de esa estructura [MS13] por la terraza y empezaron a lanzar granadas, entonces nosotros estamos viendo que aquí la situación se está prestando para una matanza», dijo uno de los privados de libertad en esta cárcel.

Por otra parte, la Policía Nacional catalogó al enfrentamiento del 21 de abril como una planificada «fuga masiva», y que los privados de libertad que llegaron heridos al Hospital de Santa Bárbara estaban siendo esperados por «miembros de estas asociaciones ilícitas, quienes los estarían esperando en los hospitales haciéndose pasar por amistades, familiares o incluso como enfermeros, para que en su momento los miembros de la Policía Nacional que custodian a estos privados de libertad sean atacados y logren una fuga masiva desde los hospitales».

En esta nota de prensa, la Policía Nacional, aseguró que se intensificará el número de efectivos policiales contra «el verdadero plan de las maras y pandillas» en los diferentes hospitales para así no permitir la fuga de los privados de libertad que están siendo asistidos.

Julissa Villanueva, viceministra de seguridad, ofrece una conferencia de prensa a medios de comunicación. Foto CC/ Jorge Cabrera.
Julissa Villanueva, viceministra de seguridad, ofrece una conferencia de prensa a medios de comunicación. Foto CC/ Jorge Cabrera.

En una conferencia de prensa el pasado 18 de abril, Julissa Villanueva no descartó la utilización del «modelo de Bukele» para combatir el crimen organizado. En este sentido, agregó que para el combate a las maras y pandillas dentro de las cárceles se incluirá a expertos internacionales con estándares y se copiarán modelos para ajustarlos a la realidad hondureña.

 

«Dos factores importantes han incidido: la corrupción y la infiltración del crimen organizado dentro de las personas que cumplen una condena», señaló Villanueva como las causas de la crisis que vive el sistema penitenciario actualmente.


Hasta el momento, no se permiten visitas dentro de los cuatro centros penitenciarios en los que se dieron los amotinamientos el 8 de abril que son La Tolva en Morocelí, departamento de El Paraíso; El Pozo, en el departamento de Santa Bárbara y Siria y Támara en Francisco Morazán. El Instituto Nacional Penitenciario tampoco ha brindado más información sobre el último enfrentamiento en la cárcel de Ilama, Santa Barbara.

Después de seis días de permanecer en un contenedor donde se refrigeran los cadáveres que ingresan a la Morgue Judicial, el cuerpo sin vida de Ana Hernández Cantillano fue entregado a su padre, Ángel Moisés Hernández, quien tuvo que protestar para que le realizaran la autopsia y su muerte no quedara impune. El mayor de artillería, Allan Franco Méndez, pareja de Ana, fue detenido por posesión ilegal de armas pero ya se encuentra en libertad. Ya ha pasado casi un mes desde que se le realizó la autopsia a Ana y su familia sigue sin acceso a la misma que determinaría si ella fue víctima de femicidio.

Texto y Fotografía: Jorge Cabrera

Ana Hernández, de 32 años, fue encontrada muerta el 19 de marzo de 2023 en el interior de su vivienda ubicada en la residencial Villa Foresta al sur de Tegucigalpa, donde habitaba junto a su pareja, el mayor de artillería Allan Franco Méndez, miembro activo de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Su padre, Ángel Matías, cuenta que ese día, que se celebraba el día del padre en Honduras, él se quedó esperando la llamada de su hija. Fue hasta las 7:00 de la noche cuando recibió la llamada de Franco, su yerno. «Me alegré, me alegré mucho» dijo, porque pensó que le estaban avisando que iban camino a verlo. Pero la llamada tenía otra intención. «Fíjese que le voy a decir algo, que en la mañana yo tuve una riña con su hija , me peleé con Anita. Entonces yo agarré algunas cosas y me vine para el batallón», le dijo Franco a Ángel. Con una fuerte corazonada, Ángel comenzó a llamar al celular de su hija, pero ésta no le respondió.

«Angie, llama a Anita, si no te contesta, decile a tu marido que yo le voy a pagar la gasolina y que me venga a buscar hasta El Durazno; Franco me llamó diciéndome que Anita le mandó unos mensajes amenazantes y que se iba a quitar la vida», relató Ángel sobre la llamada que le hizo a su otra hija cuando, después de varias horas, Ana no le respondía el celular y Franco le daba entender que ésta iba a suicidarse.

Angie salió hacia la casa de Ana y la encontró muerta. Aparentemente, Ana Hernández se había quitado la vida, en su casa, así lo reportaron los medios y así lo dijo Franco. Los informes policiales reportaron que la joven presentaba un disparo en la cabeza; sin embargo, sus familiares creen que su pareja, el mayor de la Fuerzas Armadas, la asesinó.

Dany Hernández, hijo de Ángel Matías, llegó junto a él a eso de las 9:20 de la noche; la escena estaba resguardada por policías nacionales y miembros de la Policía Militar. «Mataste a mi hermana, la mataste» le gritó Dany a Franco y éste le respondió «no hagas difícil esto Dany, estamos sufriendo el mismo dolor». Don Ángel contó esto con detalle, como que en cada palabra, en cada mirada, en cada movimiento, se escondiera la verdad sobre lo que le pasó a su hija, porque ahora, después de incluso haberse tomado una carretera como protesta para lograr que le hicieran una autopsia a su hija y determinar la causa de muerte, sigue sin tener una respuesta contundente de algo que él cree firmemente: que su hija fue víctima de un femicidio.

«Te vamos a extrañar» fueron las últimas palabras de Ángel Matías antes de enterrar a su hija. Foto CC/Jorge Cabrera
«Te vamos a extrañar» fueron las últimas palabras de Ángel Matías antes de enterrar a su hija. Foto CC/Jorge Cabrera

=Ángel contó que él no sabía que la relación entre Franco y Ana era conflictiva ni que Franco era violento; habían pasado ya 12 años de relación porque comenzaron cuando Ana tenía apenas 17 años. «Fue hasta el año pasado que supe, porque me dijo mi hija, que él estaba casado y tenía un hijo» dijo.

En medios locales trascendió una supuesta conversación entre la joven Ana Hernández y el mayor Franco en una captura de imagen del WhatsApp que fue interpretada como la explicación que apunta a que Ana se suicidó. Pero Angie, su hermana dijo que en la escena del crimen se encontraron dos casquillos de arma de fuego y que ella no cree que esto fue un suicidio.

La Aldea de Zambrano, Departamento del Distrito Central se reunió para darle el último adiós a Ana Hernández. Foto CC/Jorge Cabrera
La Aldea de Zambrano, Departamento del Distrito Central se reunió para darle el último adiós a Ana Hernández. Foto CC/Jorge Cabrera

La mañana del 22 de marzo de 2023, en las afueras de la morgue, Ángel Matías Hernández suplicaba entre lágrimas que le entregaran el cuerpo sin vida de Ana, su hija mayor. Su llanto no fue escuchado porque Medicina Legal se encontraba cerrada debido a la huelga laboral que ya lleva 14 semanas. Ante esto, don Ángel decidió bloquear la carretera CA5, en el km 38 al norte de Tegucigalpa. Pese al tráfico que produjo el bloqueo de la carretera, la gente desde sus vehículos le respondía con gritos de apoyo.

«Que le den a su hija, respeten la dignidad de las personas, lo apoyamos padre» se escuchaba de parte de los afectados por el bloqueo.

Ante esto, un juzgado de letras penal de Tegucigalpa dio la autorización para que el jueves 23 de marzo de 2023 se le realizara la autopsia a Ana y se la entregaran a sus familiares.

Aunque la orden dada por el juzgado de letras no fue acatada por los empleados de Medicina Forense, el director de es institución, Ismael Raudales, dio la orden de trasladar el cuerpo a las instalaciones de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el sábado 25 de marzo de 2023 donde se llevó a cabo la autopsia.

El mayor Franco, pareja de Ana y principal sospechoso de su muerte, fue capturado la misma noche del hecho y se encuentra en proceso de investigación, pero no por la muerte de Ana, pues no se ha podido demostrar si fue un suicidio o un asesinato; su detención se justificó por portación ilegal de armas. Sin embargo, el 28 de marzo de 2023, un juez de letras penal, le dio sobreseimiento provisional por tenencia de municiones en perjuicio del orden público. Según las autoridades, el detenido tenía de manera ilegal 11 cargadores de fusil, un cargador de pistola, 75 proyectiles de fusil, 160 casquillos de bala, 6 granadas, 243 casquillos y 45 municiones en el interior de donde habitaba con la hoy occisa.

Las Fuerzas Armadas de Honduras indicaron a través de un comunicado en sus redes sociales «que confían en que las autoridades determinen, de manera objetiva, el grado de responsabilidad» del mayor de artillería.

Un miembro de Medicina Forense intenta arreglar el rótulo de protesta durante el levantamiento cadavérico de Jason Vázquez de 19 años, residente de Ciudad España. Foto CC/Jorge Cabrera
Un miembro de Medicina Forense intenta arreglar el rótulo de protesta durante el levantamiento cadavérico de Jason Vázquez de 19 años, residente de Ciudad España. Foto CC/Jorge Cabrera

¿Quién era Ana Hernández?

Ana era la primera de cuatro hijos de Ángel Matías. Fue egresada de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, de la carrera de Licenciatura en Gerencia de Negocios y, mientras estudiaba su carrera, aplicó al puesto de Investigaciones en el Ministerio Público. Según don Ángel, en 2023 Ana habría cumplido 10 años de trabajar en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, DNII.

La DNII fue creada en el año 2012 con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a través del Decreto Legislativo 239-2011. Dicha dirección se encarga de ejecutar las políticas públicas en materia de seguridad, defensa e inteligencia del Estado de Honduras y fue aprobada cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional en 2011.

Personal asignado para los levantamientos cadavéricos jalan una cuerda para poder sacar el cadáver de Jason de 19 años que fue encontrado en el fondo de un barranco. Foto CC/Jorge Cabrera
Personal asignado para los levantamientos cadavéricos jalan una cuerda para poder sacar el cadáver de Jason de 19 años que fue encontrado en el fondo de un barranco. Foto CC/Jorge Cabrera

La muerte de Ana Lizeth Hernández Cantillano está envuelta por la incertidumbre. Don Ángel tampoco descarta que se haya derivado de alguna investigación en la que estaba involucrada.

Honduras sigue sin morgue judicial

La huelga que ha paralizado a Medicina Forense afecta el acceso de la población a la justicia. «Entendemos su derecho a la protesta, pero dejar por días los cuerpos no es de humanos, veamos qué hacen si muere un familiar de ellos, para ver si no lo levantan» dijo Martha Cabello, una pobladora indignada entrevistada en la calle durante el levantamiento de un cadáver.

El 24 de marzo, en el sector del Reventón, Zambrano, en el km 27 al norte de Tegucigalpa, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer dentro de costales utilizados para cargar verduras. Hasta la fecha, el cadáver no ha sido identificado. En la misma semana y en el mismo sector fue encontrado otro cuerpo encostalado, esta vez, el de un joven identificado como Jason Josué Vásquez quien había desaparecido desde el viernes 24 de marzo de 2023 a las 9:00 pm.

«Quedó en ir a traerme un té, pero nunca regresó, a las 10:00 PM ya tenía el celular apagado» mencionó su padre a las autoridades. Los empleados de la morgue se presentaron, pero únicamente para llevar el cuerpo, por lo que los miembros del Cuerpo de Bomberos se encargaron de extraer el cadáver del muchacho ubicado en el fondo de un barranco a unos 200 metros de la carretera.

A cada escena de violencia en Honduras ahora se suma la incertidumbre de no saber quién se va a llevar el cuerpo y la certeza de que no se sabrá por qué murió la víctima ya que la investigación de los crímenes no es posible sin la realización de autopsias.

La crisis del Ministerio Público inició el 23 de febrero de 2023 y, según Julissa Villanueva, viceministra de seguridad, hasta el 26 de marzo de 2023, han ocurrido en Honduras 238 homicidios, de los cuales a 95 no se les realizó autopsia, por lo cual para seguir la investigación tendrán que ser exhumados.

Los femicidios en enero aumentaron un 41% en comparación al 2022. Sólo en enero de este año 2023, 38 mujeres murieron de forma violenta; en febrero 36 y en marzo 8, eso suma 83 muertes violentas de mujeres, informó el Centro de Derechos de Mujeres CDM.

En la imagen se ve a Ana Hernández recibiendo un diploma del expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales durante su mandato. Foto CC/Jorge Cabrera
En la imagen se ve a Ana Hernández recibiendo un diploma del expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales durante su mandato. Foto CC/Jorge Cabrera

Mediante un pronunciamiento, la Secretaría de Derechos Humanos dio a conocer que hay unos 60 cuerpos que aún continúan en las cámaras de refrigeración de Medicina Forense sin su debida autopsia. Sin embargo, Ana Molina, médico forense, dijo que «es falso lo que dijo la ministra Roque sobre la cantidad de cadáveres que tenemos; solamente tenemos tres cuerpos sin autopsia», explicó y añadió que «llevamos dos meses de esta lucha y exigimos el reajuste salarial y el costo de vida del 23%».

En reiteradas ocasiones, don Ángel, padre de Ana Hernández, ha intentado obtener los resultados de la autopista y no logra la información sobre dicho procedimiento.

«Va a ser imposible. Hasta que esa huelga acabe estamos hule [sin Información], nosotros seguiremos hablando con los de la Dirección Policial de Investigación, porque ya quiero que me entreguen la autopsia» mencionó.

Ángel informó a Contracorriente que el pueblo y él se encuentran indignados y que solo están esperando la firma del convenio entre los empleados del Ministerio Público y el Fiscal General para poder ver si le entregan los documentos que dicen qué le sucedió a su hija.

«No puedo hacer nada, nada nada […], pero si no me resuelven volveré junto al pueblo que me acompañe a protestar, porque es la única forma que veo que pongan atención, ya es mucho tiempo. Aunque ya sé qué le pasó, porque mi hija era diestra y el disparo, o los disparos, entraron por la parte baja de atrás de la cabeza. Pienso que por las investigaciones que mi hija realizaba fue que le llegó todo esto y que fue una orden que le dieron al mayor» finalizó Ángel.

Intentamos contactar al Mayor de artillería, Franco Méndez, para conocer su versión de los hechos, pero no atendió nuestras llamadas.

En 2022 ingresaron a Honduras de forma irregular cerca de 190,000 personas, la mayoría cubanos y venezolanos; muchas más personas que en los doce años anteriores. El país desde el que llegaron a migrar en caravana más de 15 mil personas se ha vuelto también una parada hacia el Norte. A 4,000 kilómetros de la frontera de Estados Unidos, en los paupérrimos pueblos fronterizos brota la inflación para migrantes, la corrupción policial y las redes de tráfico. El nuevo éxodo transita la vieja ruta de migración.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Fernando Destephen y Amílcar Izaguirre

Este reportaje es parte del especial Tirano Tours de la Sala de Redacción Regional

La llegada

Sandro Araújo tenía una fractura en la mano derecha y las picaduras de insectos le cubrían casi toda la piel, pero sonreía. Acostado sobre una pequeña cama en un refugio católico de Danlí, un pueblo hondureño fronterizo con Nicaragua, parecía un paciente optimista. Aunque por delante le quedaba un camino de más de 4,000 kilómetros, ya había superado una de las etapas más duras: cruzar el tapón del Darién, la selva llena de peligros naturales y criminales que une Colombia y Panamá. Era julio de 2022 y hacía dos semanas que Sandro había comenzado su camino a los Estados Unidos desde Colombia, a donde había migrado para escapar de la pobreza en Venezuela. «Hay personas que se han quedado en el camino, no pueden subir una pendiente y les da un paro, pero a uno le toca migrar porque ese narcocomunismo que tenemos en Venezuela es fuerte, eso no lo vive nadie. Si eres empleado público te obligan a salir a marchar. ¿Ustedes aguantarían eso? Un sueldo de 30 dólares mensuales ¿Quién come con eso? ¡Jamás! Hay que migrar», dijo este exfuncionario del Ministerio de Educación del gobierno de Nicolás Maduro.

Honduras siempre ha sido un lugar del cual huir, pero para los venezolanos llegar hasta aquí es una buena noticia. La cama sobre la que descansaba Sandro la habían ocupado cientos, quizás miles, de migrantes antes que él. Desde finales de 2020, el país desde el que marcharon en caravana más de 15 mil personas hacia los Estados Unidos y donde el año pasado las remesas representaron el 25% del Producto Interno Bruto, se ha vuelto un lugar de paso, una sala de espera hacia el norte. En 2022, según los registros del Instituto Nacional de Migración, ingresaron al país de manera irregular 188,852 personas –más que en los doce años anteriores– la mayoría cubanos, venezolanos y haitianos.

Danlí es un centro de comercio en el oriente de Honduras, en el departamento de El Paraíso, que se dedica a la agricultura, las plantaciones de tabaco y la ganadería. Hasta hace dos años era solo eso, un pueblo tranquilo y rural. Pero mientras Sandro descansaba en el albergue, en las calles era evidente que la masiva llegada de migrantes había cambiado el paisaje y la economía del lugar.

Una familia migrante cruza de Nicaragua a Honduras por un punto ciego en la frontera en el municipio de Trojes, El Paraíso. Foto CC / Fernando Destephen.
Una familia migrante cruza de Nicaragua a Honduras por un punto ciego en la frontera en el municipio de Trojes, El Paraíso. Foto CC / Fernando Destephen.

En las esquinas era común ver personas con carteles que decían «Hermano hondureño, soy venezolano y necesito ayuda. Dios te bendiga». Las oficinas de Migración estaban rodeadas de un buen número de personas que en aquel momento pagaban una multa de 237 dólares por haber ingresado ilegalmente al país o esperaban entre tres y cinco días hasta para obtener un salvoconducto y seguir su camino.

Ahí estaba José Farías, quien llevaba 20 días en ruta desde Venezuela con dos amigas y tres menores de edad. El último sueldo que percibió en su país era de 10 dólares mensuales. «No podía ni comprar pantalones», dijo mientras se acomodaba en la parte trasera de un vehículo de doble tracción. Entonces comenzó a llorar. «En estas lágrimas no tengo resentimiento en el corazón, porque tengo casi un mes en esto y “huevón”, estás entre la vida y la muerte, pero por mis hijos lo vuelvo a hacer» dijo.

La llegada de migrantes provocó, al principio, un brote de solidaridad en los pueblos fronterizos de Honduras, como Danlí y Trojes. La Iglesia Católica instaló tres albergues para recibir a los inmigrantes y los voluntarios preparaban hasta 1,200 platos al día para alimentarlos. En enero del año pasado, los voluntarios se agotaron, aunque los refugios mantienen las puertas abiertas y en julio todavía se entregaban alimentos crudos que los migrantes podían cocinar en dos estufas de gas.

«Aquella cuestión voluntaria de ayudar se ha convertido en una oportunidad para algunas personas de salir de pobres», dijo Kenia Zerón, coordinadora de la comunidad de Acogida de Migrantes.

Cuando los migrantes cruzan la frontera de un país del cual la gente siempre ha huido y sigue huyendo, lo que se encuentran es inflación, tráfico de personas y corrupción. De todos modos, Sandro, recostado con las manos detrás de la cabeza define esta sala de espera como una «bendición».

Ser migrante es acampar en cualquier lugar. Llevar lo esencial para continuar el viaje y llevar agua. Danlí, El Paraíso. Foto CC / Fernando Destephen.
Ser migrante es acampar en cualquier lugar. Llevar lo esencial para continuar el viaje y llevar agua. Danlí, El Paraíso. Foto CC / Fernando Destephen.

2.- El alcalde

El alcalde de Danlí, Abrahan Kafati, nos recibió en una amplia oficina que contrasta con la modestia del resto del edificio de la Municipalidad. Kafati, de 65 años, es exdiputado y un empresario de la zona que ha realizado inversiones en gasolineras, comunicaciones y hotelería. Llegó a la silla municipal como candidato del Partido Nacional en noviembre de 2021, al único municipio donde ese partido, el del expresidente extraditado Juan Orlando Hernández, arrasó en las urnas. El alcalde asumió ya en medio de una ola migratoria.

Las fuentes consultadas denuncian que el papel del Estado se ha reducido a extender salvoconductos y cobrar multas por ingresar irregularmente al territorio hondureño, cosa que el Gobierno hacía hasta agosto del 2022. Durante la entrevista, el alcalde no hizo el menor esfuerzo por ocultar su molestia por los miles de migrantes que han llegado a la ciudad.

—¿Qué ha hecho la alcaldía para ayudar a los migrantes?
—Hemos tratado de apoyar, pero no tenemos presupuesto para esto. Las acciones que se han realizado son más a nivel personal junto a algunos regidores, con quienes hemos regalado alimentos para ayudarles un poquito.

—¿No están preparados como Municipalidad?
—Nos está viniendo una cantidad enorme de migrantes y lo que pasa es que al venir esta gente, ahora sí necesitamos albergues, pero no para nuestra población sino para la gente que viene migrando de otros países.
¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que esta gente viene y se estaciona aquí en Danlí y en Trojes y si usted va donde están las oficinas de migración se va a asustar de la cantidad de gente que hay afuera haciendo sus necesidades en la calle y buscando quien les dé de comer porque no hay albergues y no hay forma.

—¿Habrá un aumento de la actividad comercial con este paso masivo de migrantes?
—¿Usted cree que los migrantes vienen con dinero? Ahí andan con rótulos que piden comida; si ellos vinieran con dinero pues enhorabuena, pero esa gente viene buscando mejores derroteros y llegar a Estados Unidos; desgraciadamente, más bien aquí nosotros los tenemos que apoyar. Aquí hemos hecho esfuerzos para darles alimentos, no todo el tiempo, pero en algunos casos porque eso sale de los bolsillos de nosotros mismos, no es del Gobierno central. No tenemos presupuesto para hacer esas cosas.

El alcalde terminó la entrevista reclamando que el Gobierno central no está haciendo nada por resolver el problema de los migrantes:
«Necesitamos 5 o 10 camiones para que inmediatamente los que vayan llegando, ir a tirarlos en la frontera de Guatemala, que es lo que hacen en otros países. Si lo hicieran otro gallo nos cantaría, no tendríamos la ciudad llena de gente pidiendo. Ustedes lo pueden ver, una gran cantidad de gente pidiendo y no son danlidenses, son migrantes».

Uno de los salones donde duermen los migrantes en el albergue refugio Jesús Está Vivo en Danlí, El Paraíso. Foto CC / Fernando Destephen.
Uno de los salones donde duermen los migrantes en el albergue refugio Jesús Está Vivo en Danlí, El Paraíso. Foto CC / Fernando Destephen.

3.- La inflación

En la frontera entre Honduras y Nicaragua los lempiras, la moneda hondureña, han desaparecido prácticamente del listado de precios. En los carteles de los comercios los productos se anuncian a 5, 10, 15, 20 o 100 dólares. La inflación para migrantes, especialmente para cubanos y asiáticos, que cuentan con más recursos que los venezolanos y haitianos, ha evolucionado hacia un cambio de divisas particular. Oficialmente un dólar equivale a casi 25 lempiras pero en pueblos como Danlí o Trojes el cambio es 1 a 1.

Un refresco para un migrante puede llegar a costar 5 dólares. Los traslados de taxi en Danlí oscilan entre 80 y 100 lempiras (4 dólares), pero hay conductores que desprecian los servicios regulares para esperar en las oficinas de migración y ofrecer traslados a los migrantes hacia la terminal de buses de la ciudad. A cada viajero le cobran cinco dólares y en cada turno no llevan menos de cuatro pasajeros. Sus ganancias se quintuplicaron. Los hoteles prefieren que sus huéspedes sean migrantes. Cuando estuvimos en Danlí, una ciudad sin ningún atractivo turístico, la ocupación hotelera estaba casi al 100%.

Un migrante entrega sus documentos a un oficial de Derechos Humanos que es voluntario en la oficina del Instituto Nacional de Migración en Trojes, El Paraíso. Foto CC / Fernando Destephen.
Un migrante entrega sus documentos a un oficial de Derechos Humanos que es voluntario en la oficina del Instituto Nacional de Migración en Trojes, El Paraíso. Foto CC / Fernando Destephen.

El sacristán de la Iglesia Católica de Danlí, Rigoberto Rivera, recordaba en agosto que en una ocasión tuvo que discutir con un vendedor que ofrecía a 25 dólares una bolsa de rosquillas (pan seco hecho de harina de maíz) que usualmente cuesta 25 lempiras: «Le dije al migrante —usted no va a pagar 25 dólares por eso— y le di los 20 lempiras. Aquí les ofrecen una burrita a 20 dólares [cuesta 25 o 35 lempiras, igual a un dólar]; una bolsa de agua a dos dólares… Este ha sido un negocio redondo, aquí hay personas [dedicadas al transporte] que cambiaron toda su flota de vehículos».

Para frenar la estafa de precios a los migrantes, un grupo de universitarios inició la campaña «Hermano migrante, ¡no te dejes engañar!», colocando afiches en algunos puntos del pueblo con los precios reales de varios productos básicos en lempiras .

«La realidad es que la entrada de este montón de migrantes ha dolarizado la economía del municipio, ahí por todos lados hay rótulos que dicen “se cambian dólares”, eso significa que ellos vienen con dinero y cambian», dijo Fredy Morazán, uno de los dos empleados del puesto de migración en Trojes, un pequeño pueblo a fronterizo a unas dos horas y media de Danlí.

Desde que los migrantes cruzan por un punto ciego a territorio hondureño, que es una especie de puerta formada por dos árboles de eucalipto, hasta que salen hacia Guatemala para continuar su camino, tienen que pagar el sobreprecio. Un mototaxi los traslada a Trojes por un valor de entre 3 y 6 dólares (150 lempiras), para un hondureño ese ese servicio oscila entre 15 y 30 lempiras. Los que no tienen para pagar, caminan los tres kilómetros hasta el pueblo. En la frontera de Agua Caliente, entre Honduras y Guatemala, los precios de un café, un agua o un taxi se duplican y hasta se triplican para ellos.

«Es bueno para el comercio, pero es malo para los migrantes porque mucha gente se aprovecha de su situación y los estafan», dijo Corina Díaz, que estuvo un tiempo al frente de uno de los albergues de acogida en Trojes.

«Este negocio se inició con los cubanos, que vienen pagando por todo, y si 10 dólares les piden por el bote con agua pues eso pagan, entonces se quedaron [en el comercio] con la percepción que el migrante trae dólares y ya no importa si es haitiano o venezolano», dijo Kenia Zerón.

La Policía

Una tarde de agosto de 2022, decenas de motocicletas rodeaban las oficinas de migración en Trojes a la espera de clientes. Al negocio de la hiperinflación para migrantes, le acompaña el de tráfico de personas, el clásico «coyotaje». Los motociclistas ofrecían sus servicios a los migrantes que no deseaban esperar por un salvoconducto que les permitiera circular sin inconvenientes por el país. En el pequeño poblado fronterizo se ha establecido una red interna de tráfico de personas que desde una aldea llamada Santa María los traslada a Danlí a través de las montañas en motocicletas y carros de doble tracción para evitar un par de retenes de la Policía Nacional. Después son llevados hasta la frontera de Agua Caliente. Quienes utilizan estos servicios pagan hasta 30 dólares y es posible que salgan de Honduras el mismo día que llegaron.

Los que esperan por el salvoconducto, tampoco se libran de las redes de tráfico y de la corrupción policial. Según el testimonio de por lo menos 10 migrantes, desde Danlí son trasladados en un autobús por seis dólares hasta las afueras de Tegucigalpa. Ahí, cada noche entre 15 y 20 buses esperan para hacer un viaje por 30 dólares hasta Ocotepeque, a unos 30 kilómetros de la frontera.

Un padre junto a sus dos hijos camina sobre la carretera CA 10 entre Ocotepeque y la frontera de Agua Caliente, a una distancia de 22 kilómetros. Foto CC /Amílcar Izaguirre.
Un padre junto a sus dos hijos camina sobre la carretera CA 10 entre Ocotepeque y la frontera de Agua Caliente, a una distancia de 22 kilómetros. Foto CC /Amílcar Izaguirre.

«Nos engañan por todos lados y la principal es la Policía, que están cobrando la parte de ellos. Es un descaro. Le dicen a uno, súbase que si se va para la capital lo pueden asaltar, mejor quédese ahí en ese bus», dijo Martín en diciembre del año pasado. Él es un colombiano que vivía en Venezuela hasta que su ganado no le dio más para vivir.

En la frontera de Agua Caliente hay dos portones, por uno salen y por otro ingresan los vehículos a Honduras o Guatemala, todo depende del lado en el que estemos. Siempre hay largas filas del transporte de carga que espera horas para pasar por los engorrosos trámites de la aduana. A solo metros de los portones, hay pequeños negocios de abarrotería y restaurantes de pollo frito. A unos 300 metros de la línea fronteriza que marca aquellos portones, hay caminos o puntos ciegos que los migrantes utilizan para cruzar sin documentos y registros a Guatemala. A esta frontera quería llegar Martín, ahí quería que lo dejarán, pero el autobús lo dejó tirado a unos 40 minutos de la frontera. Tuvo que pagar cinco dólares más.

«Hemos detectado que las violaciones principales son: transporte [precios sobrevalorados], el cobro de la extorsión que está cometiendo la policía y esos cobros [excesivos] por la compra de productos de primera necesidad. Hasta pedir prestado un baño tiene un costo de dos dólares», dijo Cecilia Reyes, encargada de la Oficina Municipal de la Mujer en Ocotepeque. «Un día le pedimos al comisionado a cargo (en Ocotepeque) que nos urgía una patrulla para el traslado de una mujer y me dijo “pídale al alcalde que le regale un carro, ahí manejan millones”, pero en la madrugada hay un montón de patrullas detrás del dinero de los migrantes. La policía es parte de la corrupción, yo les he dicho, para ellos es bien importante saber cuántos buses llegaron y para los militares es igual», denunció.

Para evitar el paso fronterizo entre Honduras y Guatemala, los migrantes utilizan caminos entre las propiedades que rodean la aduana de Agua Caliente. Foto CC /Amílcar Izaguirre.
Para evitar el paso fronterizo entre Honduras y Guatemala, los migrantes utilizan caminos entre las propiedades que rodean la aduana de Agua Caliente. Foto CC /Amílcar Izaguirre.

A finales de 2022 circuló un video donde un oficial de policía aparece recibiendo billetes en un autobús que supuestamente trasladó migrantes hasta Ocotepeque. En la frontera, un oficial dijo que nunca se había visto un flujo migratorio de estas proporciones, «En Venezuela no va a quedar nadie» dijo. Le preguntamos si los migrantes traen dinero y su respuesta golpeó directamente la puerta de la institución para la que trabaja. «¿Cuándo vienen aquí cuántos operativos no han pasado en los que han desnudado a esa pobre gente?».

«A nosotros no nos avisan nada, solo [les interesa] cobrar y ya, porque por ese salvoconducto nos paran y ni se los enseñamos. En todos los retenes [de policía] pasaba lo mismo. Un descaro, pero los policías una vez uno se sube al bus ya no lo joden, lo que les interesa es que uno pague», relató una migrante dominicana.

Coyotes en la sala de espera

«Ya estamos cerca. ¿Cómo nos devolvemos a Venezuela? A esta altura es más fácil llegar [a EE. UU.] que regresar», decía Obelier en julio del 2022. Él y sus amigos caminaron 77 kilómetros entre Trojes y Danlí. Mientras esperaban cinco días por el salvoconducto que les permitiera transitar legalmente por Honduras, se dedicaban a descargar camiones y vender bombones en una terminal.

«Está muy fuerte la subida», dijo Ariel Herrera en diciembre del año pasado en una esquina de Nueva Ocotepeque. Algunos compatriotas le habían contado lo que le esperaba más al norte: que en México la policía les rompe los permisos que extiende migración para después extorsionarlos o deportarlos. «Hay que sacar copias y llevarlas escondidas», dijo.

«Yo voy a tener a mi hijo allá [Estados Unidos]», dijo Julissa, entre la emoción y la indignación, porque el transporte prometido a la frontera con Guatemala la había dejado a unos 30 minutos de su destino. En ese momento tenía siete meses de embarazo y hacía dos meses que había perdido a su marido en el camino. «Si me agarran, cojo una soga y me ato de cualquier lado. De allá [Estados Unidos] no me van a deportar».

Sandro, el hombre que descansaba en el refugio de Danlí, y José, el hombre que lloraba apoyado en un auto en las oficinas de migración, lograron llegar a los Estados Unidos. Pero muchos no lo logran. Se quedan varados en la frontera Sur de México, son deportados. Muchos se quedan en un limbo en Ciudad de Guatemala, sin recursos para seguir su camino al norte o regresar al sur. Mientras los Estados Unidos sigue endureciendo sus políticas migratorias, en Honduras…

Nueva Ocotepeque, pueblo ubicado a 40 minutos de la frontera, es conocido como la «Capital de la Hospitalidad». La mayoría de sus habitantes son amables y reciben a los visitantes con sonrisas y buen humor. Así era también la frontera de Agua Caliente, pero ahora se percibe hostilidad y negocio. Ya pocos son amables y del paso de migrantes nadie habla, menos si cargas una cámara y sos periodista. Cuatro personas de distintas organizaciones nos «sugirieron» salir de la frontera porquelos coyotes podían sentir amenazado su negocio.

A tres Kilómetros de la frontera de Agua Caliente los taxistas y buses bajan a los pasajeros de diferentes nacionalidades, que terminan de llegar a la aduana caminando. Foto CC /Amílcar Izaguirre.
A tres Kilómetros de la frontera de Agua Caliente los taxistas y buses bajan a los pasajeros de diferentes nacionalidades, que terminan de llegar a la aduana caminando. Foto CC /Amílcar Izaguirre.

En la vieja casa de un amigo, cuyas anchas paredes parecen bloquear los murmullos, y protegido por una oscura noche, nos recibió «El Profesor» quien contó que comenzó hace ocho meses por casualidad a ser coyote. Un día, dijo que iba para Guatemala y le dio «jalón» a una familia venezolana. Quedaron en contacto y días después estos venezolanos le pidieron que apoyara a unos familiares. La recomendaciones cayeron en cascada y entonces surgió el negocio.

Su testimonio es coincidente con los cobros que hace la policía en todo el traslado de migrantes. «La Policía y el Ejército están corrompidos, son instituciones al servicio del pueblo, pero aquí está el operativo entre Sinuapa y la frontera y cuando va el taxi, uno de los agentes se acerca para pedir los papeles y es para quitarles dinero».

En Guatemala es igual, nos contó «El Profesor», los oficiales detectan los buses que están cruzando migrantes y cuentan cuántos están viajando; al retornar, nadie se les pasa sin pagar por circular, «esa gente hace miles, pero miles, diariamente y tranquilos porque uno se los lleva a la mano», dijo.

El paso de los migrantes es un negocio tan grande, que por eso las fronteras se han vuelto tierras de hostilidades y de nuevos ricos. El informante contó que incluso los dueños de los terrenos por donde cruzan los migrantes reciben su tajada del lucrativo negocio, «los dueños de los terrenos ahí están sentados y armados. Los “guías” le informan cuántos llevan y al regresar tienen que pagar».

A pesar de que ya ha pasado más de un año desde que la primera mujer presidenta tomó posesión en Honduras, el país sigue siendo uno de los más peligrosos para las mujeres en Latinoamérica. Los índices de femicidio, violencia doméstica y delitos sexuales siguen siendo alarmantes y las políticas estatales para reducir estas violencias no parecen ser claras ni efectivas.

La agenda feminista que la presidenta Xiomara Castro propuso durante su campaña electoral, y que en cierta parte la llevó a donde está, se ha ido diluyendo. Aunque es poco probable que con solo cambiar de gobierno se pueda eliminar el patriarcado y los femicidios —una promesa que hizo la misma Castro previo a las elecciones— hay algunos cambios relacionados a combatir la violencia, desigualdad e inequidad de género que sí son viables desde el nuevo gobierno.

Por ejemplo, restaurar el acceso a la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), que fue prohibida en Honduras después del Golpe de Estado en 2009, fue posible. Aunque este cambio se anunció el 8 de marzo de 2023 y fue una decisión muy celebrada por organizaciones de mujeres y feministas, es importante señalar que tomó más de un año y muchas negociaciones para que se llevara a cabo, a pesar de que estaba escrita como una urgencia para los primeros 100 días de gobierno. Esto demuestra que, para el gobierno hondureño, los temas de género parecen ser puntos en la agenda que se pueden postergar.

Sin embargo, la violencia de género en Honduras no espera. El país sigue registrando una de las tasas más altas de femicidio en América Latina; hasta marzo de 2023, ya había 83 femicidios registrados por el observatorio de Ecuménicas por el Derecho a Decidir. La primera masacre del año fue contra tres mujeres garífunas en Puerto Cortés, un caso que se ha revelado como femicidio tras las investigaciones pues el principal sospechoso era pareja de una de las víctimas.

Es importante tener en cuenta que, aunque el foco de seguridad está sobre un Plan Nacional de Solución Contra el Crimen debido a los altos índices de violencia, hasta el momento ese plan carece de un enfoque de género y no parece haber voluntad política para reducir los casos de violencia de género en el país.

Pero, la violencia de género no se limita únicamente al recuento de cifras, como los casos de femicidio, también es importante analizar por qué no se han tomado medidas concretas al respecto. Esto tiene que ver con el hecho de que, en muchos casos, son los mismos hombres políticos y empresarios quienes están detrás de las decisiones y negociaciones para enfrentar o no la violencia de género. Además de que el gobierno fue conformado inicialmente gracias a una alianza política con un partido conservador que se ha posicionado políticamente en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la población LGTBIQ.

El ministro de Salud, José Manuel Matheu, fue el principal obstáculo para que la PAE se aprobara en el primer año de gobierno y fue él quien incluso sugirió que se socializara con las iglesias esta reforma. Por otro lado, en el Congreso Nacional, en donde se encuentra estancada la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, la mayoría de fuerzas políticas sostiene una agenda conservadora en cuanto a derechos sexuales y reproductivos se refiere.\

Pero los obstáculos y las muestras de que siguen siendo los pactos patriarcales los que tienen mayor peso no solo se encuentran en el Congreso Nacional o las secretarías lideradas por miembros de partidos diferentes al gobernante. Un ejemplo de esto fue la reciente elección de la Corte Suprema de Justicia, cuyas negociaciones lideró Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta. Aunque los resultados cumplieron con los reglamentos de paridad de género y la persona que preside la Corte es una mujer, es importante recordar que gracias a los pactos políticos se aprobaron las figuras de magistrados suplentes, para repartirse la Corte entre los tres partidos mayoritarios, y con la suma de estos magistrados tenemos trece magistrados hombres y nueve mujeres.

También resulta evidente que las decisiones son tomadas por una mayoría de hombres ya sea en el Congreso Nacional, en la Corte o en las secretarías de gobierno, y los temas que tienen que ver con los derechos para las mujeres son parte de sus negociaciones. Esto quedó evidenciado cuando el diputado del Partido Nacional, Tomas Zambrano, declaró que no permitirán que se apruebe el aborto a través de la CSJ, insinuando que ese fue un tema de negociación para llegar a la paridad partidaria en la Corte.

Sin embargo, el enfoque de género va más allá de la igualdad numérica. La propuesta original de la nueva ley de la Junta Nominadora prohibía la participación de postulantes a magistrados condenados por violencia doméstica, pero se cambió para que solo se incluyera a aquellos con sentencia firme, dejando abierta la posibilidad de que varios postulantes participaran gracias a un beneficio producido por la impunidad en ese tipo de delitos.

Estas decisiones no son extrañas en el Congreso Nacional, especialmente bajo el liderazgo del presidente Luis Redondo, quien en el pasado se puso de acuerdo con el Partido Nacional para dificultar la despenalización del aborto y dijo que prefería dejar de ser diputado antes que legislar «contra la familia».


El 8 de marzo, de una forma que resulta casi irónica, el Congreso Nacional portó pañuelos morados y dedicó una sesión para hablar sobre temas relacionados a las mujeres. A diferencia del año anterior, cuando también hicieron esa sesión y no se aprobó nada ni ese día ni los posteriores sobre proyectos de ley para las mujeres, ese día aprobaron la Ley de prevención de embarazo adolescente que de manera escueta le pide a la Secretaría de Educación que se encargue de la currícula en salud sexual y reproductiva. Esa secretaría no tardó en aclarar que no educarían en «Ideología de género», con ese mismo lenguaje que hemos escuchado tanto en los grupos conservadores y que desacredita el contenido de derechos que la equidad e igualdad de género persigue.

Los pactos entre hombres son un obstáculo para la igualdad de género porque las mujeres son excluidas de los acuerdos políticos, y sus necesidades y preocupaciones no son tomadas en cuenta. Y más allá de la equidad, estos pactos también erosionan la democracia y el sistema político en general, ya que cuando se toman decisiones en secreto y sin transparencia, la gente pierde la fe en sus líderes y en el proceso democrático. Además, si las mujeres y otros grupos marginados son excluidos de estos pactos, también pierden la confianza en que sus necesidades e intereses serán representados en la esfera política, lo que puede llevar a una mayor polarización y desigualdad en la sociedad hondureña.

Que este tipo de negociaciones políticas se den mayoritariamente entre hombres, que sean ellos quiénes también salen a hablar sobre las mismas, refuerzan la idea de que las mujeres no pueden liderar, se fortalece así ese el sistema patriarcal. Esa ausencia es también una crítica que se le ha hecho mucho a la presidenta Castro, que se ha visto opacada por la figura de su esposo el expresidente Mel Zelaya que, aunque muchas veces viene desde la misoginia, tampoco el gobierno ha hecho algo para contrarrestar esa percepción. Ha sido el mismo Zelaya quien ha salido a aclarar que es Castro quien gobierna.

Por último, es importante mencionar que el gobierno actual —que se presentó como feminista— ha tenido un silencio cómplice en varios casos de violencia de género. En Contracorriente recientemente publicamos un reportaje en el que relatamos cómo los funcionarios agresores se han visto protegidos por el silencio y las mujeres víctimas no se atreven a denunciar por miedo a represalias.

Desde el periodismo crítico, seguiremos contando esta realidad, aunque resulte incómodo revelar esos pactos patriarcales, especialmente aquellos que se perpetúan desde el interior del mismo Estado.

Pedro Pinto, de 67 años, lleva más de la mitad de su vida defendiendo el ambiente en el occidental departamento de Ocotepeque. En noviembre de 2022, dos de sus vehículos fueron quemados por desconocidos, él supone que son enemigos de su labor como defensor. En Honduras, defender el ambiente es un riesgo. Entre 2002 y 2014, 111 ambientalistas fueron asesinados en Honduras.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Amílcar Izaguirre

Honduras todavía estaba bajo el mando de la bota militar, allá por 1979, cuando el joven Pedro Pinto recibió sus primeras charlas sobre defender los recursos naturales. Desde aquel entonces han pasado más de 40 años, pero don Pedro (sí, porque ahora es don Pedro) sigue defendiendo el agua, los bosques y la montaña del Güisayote en La Labor, un municipio del departamento de Ocotepeque, ubicado en el occidente del país fronterizo con Guatemala y El Salvador.

Pinto tiene más de cuatro décadas en una de las ocupaciones más peligrosas que hay en Honduras: defender el ambiente. De acuerdo con un informe presentado por la oenegé Global Witness, entre 2002 y 2014 , 111 activistas ambientales fueron asesinados en el país. Hubo casos mediáticos que no están contemplados en ese informe como las muertes de Jeannette Kawas, Carlos Escaleras y Berta Cáceres, el más reciente y por cuyo asesinato la justicia hondureña condenó a siete personas—las sentencias van de 30 a 50 años— pero la familia continúa exigiendo que se juzgue a los autores intelectuales.

Don Pedro también ha estado amenazado de muerte, pero no abandona la lucha. En noviembre de 2022 recibió intimidaciones cuando desconocidos quemaron dos vehículos de su propiedad, además, uno de sus hijos fue atropellado por un vehículo desconocido mientras conducía su motocicleta y no descarta que este hecho haya estado asociado a lo anterior. Años atrás, en una finca, la cosecha de café que tenía en producción fue talada, causándole pérdidas.

«Es que ahí [en el Güisayote] se produce el agua que consumimos en La Labor», dijo este hombre de 67 años, quien aseguró haber coincidido en muchos seminarios con Berta Cáceres. Don Pedro recordó cuando la montaña del Güisayote fue declarada como reserva biológica el 5 de agosto de 1987, bajo el decreto legislativo 87-87. «Entonces comencé a defender la montaña y a sembrar árboles en la zona», dijo.

Desde marzo de 2022, don Pedro es empleado del Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF). Al preguntarle cuál es la respuesta del Estado para apoyar su labor como ambientalista dijo con honestidad que «hasta ahorita me emplearon como técnico en el ICF [Instituto de Conservación Forestal], es la respuesta que he tenido, antes de eso solo recibí cursos y capacitaciones, pero a través de las oenegés, del Estado muy poco».

Don Pedro es un hombre que habla sin palabras rebuscadas. Conserva la energía de un joven y cultiva maíz y frijoles. Además, tiene una finca en donde produce café, plátanos y bananos. En el Municipio de La Labor, ubicado a unos 40 minutos de la cabecera departamental, Ocotepeque, el ambientalista tiene décadas de estar involucrado en la organización y gestión de juntas de agua, que administran el suministro en el municipio. Don Pedro también organizó y coordinó por varios años el Comité por la defensa del Güisayote.

La Labor es un pueblo pintoresco, de calles empinadas y con un comercio que ha florecido en los últimos años. En este municipio hay restaurantes, hoteles y cooperativas productoras de café. Está ubicado justamente a la orilla de la carretera CA-4, que une Ocotepeque con San Pedro Sula. La leyenda cuenta que su nombre se debe a la laboriosidad de sus primeros trabajadores. Actualmente está formado por ocho aldeas y 44 caseríos. En el mes de octubre en el municipio se celebra el Festival Del Maíz, una fiesta donde se pueden degustar ricos platillos derivados del maíz, para esas fechas se hace un desfile de carrozas, decoradas con tusas de maíz y otros objetos típicos.

La Reserva Biológica Güisayote es una de las 24 zonas protegidas de esta categoría que hay Honduras. En Ocotepeque también se encuentra la Reserva Biológica El Pital. Foto CC/ Amilcar Izaguirre
La Reserva Biológica Güisayote es una de las 24 zonas protegidas de esta categoría que hay Honduras. En Ocotepeque también se encuentra la Reserva Biológica El Pital. Foto CC/ Amilcar Izaguirre

El alcalde de La Labor, Lenín Villeda (Partido Nacional), expresó que la junta de agua en el barrio donde él reside es presidida por don Pedro y ha sido reelecto en varias ocasiones por los pobladores. «Es una persona muy noble en cuanto a la defensa de los recursos. Tiene vocación por la conservación del ambiente. Es el presidente de la junta de agua de mi barrio, lleva como 12 años, pero la gente lo ha elegido, no es dictador, yo he estado en las asambleas y la gente lo elige», dijo.

Pero don Pedro ha ido más allá de dirigir una junta de agua, estuvo al frente de la lucha contra la instalación de una minera de origen canadiense llamada Maverick, que había recibido una concesión para explotar mil hectáreas en la zona protegida del Güisayote durante el Gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006). Los pobladores de La Labor y Santa Lucía intentaron, primero, detener a la minera mediante la vía legal y, después, hicieron presión en medios de comunicación, pero no hubo retroceso ni de parte del Gobierno ni de la empresa minera, quienes persistían en su intención por explotar el bosque. Don Pedro recordó que un periodista en Santa Rosa de Copán, adherido a su lucha, fue asesinado en esa época.

Pasaron casi dos años desde que se otorgó la concesión hasta que un día llevaron maquinaria a las tierras de la minera y días después apareció un rótulo donde se solicitaban 200 trabajadores para empezar a trabajar de forma inmediata. El 14 de abril de 2004, cientos de pobladores ocotepequenses se tomaron la carretera CA-4 para exigir que el Congreso cancelara la concesión. «Ya me recordó usted, el 14 de abril es el día de la dignidad, ese día nos tomamos la calle, estuvimos 52 horas en la toma, hasta que el Gobierno retrocedió», contó.

Pero en realidad el Gobierno no retiró la concesión, sino solamente la redujo, y a la empresa minera ya no le interesó la explotación e incluso puso anuncios en internet intentando conseguir un cliente para vender los terrenos que había conseguido en Ocotepeque. «Quizás a nadie le interesó», exteriorizó don Pedro pues nunca hubo explotación minera en La Labor.

En el primer período de Juan Orlando Hernández (2014-2018), los habitantes de La Labor y una aldea de este municipio llamada Santa Lucía, realizaron otra toma de carretera porque, producto de la iniciativa del diputado Roman Villeda — acusado en 2018 de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de Gobierno— el Congreso Nacional iba cambiar de categoría el Güisayote, que dejaría de ser reserva biológica para convertirse en parque nacional. «Habían agregado que en la montaña se podían hacer actividades comerciales», dijo don Pedro. Un día de manifestación bastó para que no tocaran al Güisayote.

El alcalde Villeda nos manifestó que la lucha de don Pedro ha llevado a que la vida de él y su familia estén en peligro pues la defensa del ambiente ha confrontado intereses. «Han contratado hasta sicarios para matarlo, siento que él debe tener mucho cuidado», dijo Villeda.

Amenazas y precariedad

Lo que menciona el alcalde Lenín Villeda encuentra asidero en la quema de dos carros propiedad de Pedro Pinto. A uno de sus vehículos le prendieron fuego en su casa de habitación y al otro en una finca, mientras los trabajadores cortaban café, el vehículo fue destruido por las llamas. «Noviembre [2022] fue el mes más jodido que todos los meses para mi familia, yo estoy acostumbrado a estas situaciones, pero mi esposa ha estado bien temerosa; cuando quemaron el segundo vehículo yo andaba en Tegucigalpa y ella andaba con los cortadores de café y ha quedado asustada», dijo al ambientalista.

No es la primera que atentan contra propiedades de don Pedro. «Hace unos siete años me cortaron una finca de café, siempre por la defensa del bosque, fue en el primer período de Juan Orlando Hernández», contó y después mencionó que él cree que estos últimos incidentes no fueron producto de su defensa de Güisayote, pero piensa que las agresiones pueden venir por la defensa de una zona que llaman el «astillero municipal», un terreno de unas 2,000 hectáreas que produce leña para los habitantes del municipio y es propiedad municipal, pero hay personas que quieren hacer un aprovechamiento ilegal de su madera.

Este predio municipal fue comprado en el 1912 con fondos de la Iglesia Católica, cuya finalidad era que los pobladores lo utilizaran para crianza de ganado y la extracción de leña; inicialmente eran 4,000 hectáreas y ahora ha quedado libre la mitad y es ahí donde algunas personas quieren hacer uso irracional de los recursos, reveló el ambientalista. El problema es generalizado en el país, de acuerdo con datos del ICF, entre el 2019 y 2020, aproximadamente 200,000 hectáreas fueron afectadas por la tala ilegal y la deforestación.

Don Pedro sostuvo que otro incidente que le ha traído problema surgió cuando la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA) detuvo dos camiones llenos de madera que no portaban permiso que, según sospecha, pertenecían a un diputado del Congreso anterior. Además, desde su función como técnico del ICF se detuvo el permiso para la apertura de una carretera que habría afectado bosques de pino, «mi trabajo es hacer las inspecciones, porque no soy yo quien determina si se dan o no los permisos, pero he sentido que alguna gente se ha molestado», dijo.

En marzo de 2022, don Pedro fue contratado como técnico del ICF y ahora asegura que tiene a disposición personal de la Policía Nacional para realizar alguna actividad o detener alguna acción ilegal en contra del ambiente, aunque su principal función es documentar los aprovechamientos de recursos para que en las oficinas centrales determinen si se ha respetado la ley o no.

Pero justamente ahora que es empleado del Estado es cuando más agresiones ha sufrido. En diciembre de 2022, cuando conversamos sobre los carros que le quemaron, el ambientalista nos dijo que en el ICF le habían sugerido que no saliera mucho de casa y que tomara medidas de precaución; en ese momento se planteaba la idea de pedir asilo en algún país de Centroamérica, pero «vamos a enfrentar la situación porque no podemos estar así», dijo.

Pedro Pinto tiene 43 años de estar defendiendo los bosques y el agua en Ocotepeque. El año pasado fue empleado como técnico del Instituto Nacional de Conservación Forestal, ICF. Aquí aparece con el Güisayote al fondo(ICF)Foto CC/ Amílcar Izaguirre
Pedro Pinto tiene 43 años de estar defendiendo los bosques y el agua en Ocotepeque. El año pasado fue empleado como técnico del Instituto Nacional de Conservación Forestal, ICF. Aquí aparece con el Güisayote al fondo(ICF)Foto CC/ Amílcar Izaguirre

«El Estado debería responder porque trabajo para el Gobierno», porque «los daños ocasionados es por enfrentar a gente que quiere dañar el bosque» nos dijo en esa ocasión en diciembre cuando esperaba una respuesta del Gobierno. Agregó que las autoridades regionales del ICF lo han apoyado, aunque no lo suficiente, porque hasta ese momento no tenía asignada seguridad ni para la casa ni para él. En una conversación posterior, don Pedro nos confirmó que en febrero del 2023, casi tres meses después de la quema de sus vehículos, se le había asignado un policía para que lo acompañara en sus actividades.

Don Pedro contó que la asignación del elemento de seguridad se logró gracias a la intervención del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que gestionó ante el mecanismo de protección la asignación de seguridad, aunque por cuya presencia el ambientalista no deja de ser vulnerable, pues es muy reducida. El ambientalista está adherido al Mecanismo Nacional de Protección y el jueves 13 de abril recibió un comunicado en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emplaza al Gobierno de Honduras para que proteja su vida y la de su núcleo familiar, esto después de la denuncias realizadas por don Pedro ante ese organismo. También se presentó ante la Fiscalía y hubo acusados, pero al final, el caso fue desestimado por un juez, contó.

Que haya poca seguridad para el ambientalista pese a las amenazas en su contra no es una cosa extraña. El alcalde de La Labor, Lenín Villeda, manifestó que en el departamento de Ocotepeque solo hay un técnico del ICF y que para presentar una denuncia en un caso relacionado con el ambiente hay que ir a Santa Rosa de Copán —a 68 kilómetros de la cabecera departamental de Ocotepeque— pues en el departamento no hay un fiscal del ambiente pues la estructura fue cancelada en el segundo gobierno de Juan Orlando Hernández.

La Montaña

La montaña que Pedro Pinto ha defendido desde finales de la década de los 80 es la Reserva Biológica Güisayote, cuyo nombre se refiere a una variedad de ayote o calabaza. En esta montaña se encuentran variedad de ecosistemas, flora y fauna. En Ocotepeque, dicen que güisayote en lengua indígena significa «abundancia de alimento».

En el Güisayote, una zona protegida, nacen 40 arroyos que conforman nueve ríos, cinco de estos desembocan en el Océano Atlántico y cuatro en el Pacífico. En esta montaña tiene su origen el río Higuito, que en Santa Bárbara se une con el caudaloso río Ulúa.

La reserva cuenta con una superficie de 14,081 hectáreas, 4,592 de ellas constituyen el área núcleo y 9,489 el área de amortiguamiento. Se encuentra en la jurisdicción de los municipios de La Labor, San Francisco del Valle, San Marcos, Mercedes, Sinuapa y Fraternidad. Pertenece a la Cordillera del Merendón. En Ocotepeque, además se encuentra la Reserva Biológica El Pital, Reserva Biológica Volcán Pacayita, que comparte con Lempira y el Parque Nacional Montecristo Trifinio, que es una área protegida tripartita entre Honduras, El Salvador y Guatemala.

En Honduras están bajo la vigilancia y protección del ICF 91 áreas entre parque nacionales, refugio de vida silvestre y reservas biológicas. Pese a la declaratoria, muchas de estas zonas han sido y siguen siendo vulneradas, como el caso del Parque Nacional Carlos Escaleras, donde pobladores de comunidades circunvecinas libran una batalla contra Inversiones Los Pinares, que extrae óxido de hierro de la zona núcleo del parque. Otra zona protegida, prácticamente destruida, es el Parque Cuyamel Omoa, que también se enfrenta a su desaparición.

En La Labor, Ocotepeque, personas involucradas en la defensa del ambiente como su alcalde, asesorados por la Asociación Ecológica de San Marcos (Aesmo) han tenido la iniciativa de comprar más de mil hectáreas en la zona de amortiguamiento del Güisayote, donde nacen las fuentes que le permiten tener agua al municipio. Villeda aclara que no es únicamente un esfuerzo municipal, pues los fondos de la alcaldía son una parte, pero también contribuyen las juntas de agua, restaurantes, hoteles, cooperativas y otro tipo de comercio. El alcalde explica que pese a tener un decreto de área protegida, hay personas que tienen títulos ancestrales, «entonces esa gente cultiva ahí y comprar la tierra es una medida para quitar esa agricultura que hay ahí».

Villeda aseguró que la Aesmo ha sido clave en este proceso porque ellos hacen los estudios y la negociación para que no haya «mano peluda» (fraudes), «la escritura la hacen a nombre de todos y a la vez de nadie, ahí está la Municipalidad, juntas de agua, empresa privada o sea que nadie puede vender y únicamente es para la conservación del bosque, este modelo ha sido bien efectivo y las juntas de agua se han empeñado a comprar donde nacen las fuentes de agua, con esto evitamos la agricultura migratoria».

El Güisayote se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad de Nueva Ocotepeque, es parte de la cordillera de El Merendón, con una altura máxima de 2,310 metros sobre el nivel del mar. Foto CC/ Amilcar Izaguirre
El Güisayote se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad de Nueva Ocotepeque, es parte de la cordillera de El Merendón, con una altura máxima de 2,310 metros sobre el nivel del mar. Foto CC/ Amilcar Izaguirre

El modelo de protección de recursos naturales de La Labor ahora está siendo imitado por otros municipios de Ocotepeque como San Marcos, San Francisco del Valle, Sinuapa y Lucerna, además de algunos del sur de Lempira. No es una casualidad, que haya sido La Labor —el municipio donde don Pedro Pinto tiene más de 40 años defendiendo el ambiente— el primero en desarrollar esta metodología para proteger las fuentes de agua.

«Yo he dirigido los sistemas de agua del municipio por años y vimos la necesidad que el agua se nos está agotando en algunas aldeas» explicó don Pedro, quien sostiene que en La Labor no hay problemas de agua ya que hace muchos años se compraron 100 hectáreas para proteger la cuenca de agua y a esta altura hay casi 2,000 hectáreas dedicadas exclusivamente a la producción de agua, «son intocables», murmuró haciendo un ademán cerrando las manos en cruz y luego separándolas.

Pero en Honduras siempre hay batallas que librar para gente como don Pedro, actualmente promueve la defensa de una de las microcuencas del municipio, pues asegura que un juez, abusando de la autoridad, otorgó 10 pulgadas de agua a favor de una procesadora, cuando eso es una competencia de las municipalidades, según lo manda la ley.

En este país de gente buena, pero hundido en la pobreza y la violencia, ser defensor del ambiente es un riesgo enorme y serlo en Ocotepeque, un departamento olvidado por los políticos, quizás lo sea todavía más. A don Pedro le preguntamos si se ha sentido solo después de tantos años de lucha. «A veces, pero nunca he dudado porque este es un patrimonio que se debe ver como algo necesario», dijo, mientras a sus espaldas, como un gigante verde, aparecía imponente el Güisayote.

«Ha valido la pena el esfuerzo, tenemos zonas bellas como el Güisayote», nos dijo en diciembre de 2022, justo después de los atentados en su contra. En abril, volvimos a conversar con don Pedro y seguía amenazado, pero seguía defendiendo su montaña. Al terminar la llamada, don Pedro dijo que se iba a combatir un incendio que un pirómano inició en la zona núcleo del Güisayote, «después de hablar con usted, me voy», dijo

En el Día Mundial del Arte —celebrado el 15 de abril— y tres días después de la conmemoración de 226 años de la llegada del pueblo garífuna en Honduras, el colectivo Negritudes Trans junto al colectivo LGTBIQ de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) realizaron la primera «Exposición Arte Garífuna Antirracista» en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz para colocar «en lo público sus propuestas antirracistas y emancipatorias como pueblo garífuna».

Texto: Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen

En la comunidad de Triunfo de la Cruz, el 15 de abril se realizó la primera «Exposición Arte Garífuna Antirracista» con el objetivo de irrumpir en la escena del arte hondureño desde la racialidad. Este evento fue organizado por el colectivo Negritudes Trans en una alianza con el colectivo LGTBIQ de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y con el apoyo del Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) y el Black Feminist Fund.

Obrayan Robinson, coordinador general de Negritudes Trans, explicó que se determinaron a hacer la «Exposición Arte Garífuna Antirracista» motivados por la poca visibilidad que tienen los artistas garífunas, negros, indígenas o personas racializadas. En esta exposición se presentaron las obras de doce artistas garífunas y el resultado fue un ejercicio artístico en el que la mayoría coincide en dos ideas: «tenemos que abrir nuestros propios espacios» y que vivimos en un «país totalmente racista».

Sobre la apertura de espacios y la visibilidad, Robinson explicó que «a quienes hemos logrado optar por un proceso académico o de formación desde el arte, las referencias que nos han mostrado, son referencias blancas, mestizas, ladinas y nunca se reconoce a referencias negras».

Dennis Mejía, artista plástico que prefiere ser llamado por su nombre artístico «Luma», presentó sus pinturas en esta exposición y expresó que «yo pensé que no existían más artistas garífunas pero me equivoqué porque los estoy viendo». Además de lanzar un claro mensaje antirracista a la sociedad hondureña, esta exposición significa un espacio de encuentro y reconocimiento para artistas que no tenían referencias de más talento garífuna en sus comunidades.

Mejía coincide en la idea de vivir en un país racista y agregó: «somos marginados, no por ser una minoría, porque somos un pueblo bastante grande que nos extendemos desde Nicaragua a Guatemala, Belice y Honduras, entonces no somos una minoría, pero se nos ha excluido de nuestros derechos como con ciudadanos y como etnia».

Una parte del grupo de artistas que presentaron sus obras de arte en la «Exposición Arte Garífuna Antirracista». FotoCC/ Fernando Destephen
Una parte del grupo de artistas que presentaron sus obras de arte en la «Exposición Arte Garífuna Antirracista». FotoCC/ Fernando Destephen

«Un país totalmente racista»

Esta exposición denunció un racismo «muy estructurado e institucionalizado» que impera en el país de acuerdo con Obrayan Robinson. Por ejemplo, el 12 de abril en plena conmemoración de 226 años de la llegada del pueblo garífuna a Honduras, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, dijo que prefería utilizar la bandera garífuna antes que la bandera de la comunidad LGTBIQ y además agregó: «me siento bien entre mis negros bellos de Power Chicken».

Sobre el discurso de Contreras, Robinson explicó que «hay tratos diferenciados, hay prácticas racistas dentro de las instituciones públicas en nuestro país y simplemente en esta ocasión fue pública, eso fue todo, pero no es algo que no pase a diario a compañeras y a compañeros garífunas».

Hudson Sánchez, asesor principal del colectivo LGTBIQ de la Ofraneh, en su participación en la «Exposición Arte Garífuna Antirracista» explicó que Triunfo de la Cruz es la primera sede de esta presentación para que como comunidad garífuna puedan una vez más «levantar su voz a través de esta exposición por todas las cosas que han pasado estos años».

La comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz continúa denunciando el racismo institucional y la inoperancia en el Ministerio Público en la investigación del secuestro de cuatro garífunas, entre ellos el presidente del Patronato de la comunidad Triunfo de la Cruz y miembro de la Ofraneh, Albert Snaider Centeno. El secuestro se ejecutó durante la madrugada del 18 de julio de 2020 y lo perpetraron personas armadas y con chalecos de la Dirección Policial de Investigación (DPI).

También, la Ofraneh denunció el asesinato de Ricardo Arnaúl Montero, reconocido líder comunitario de Triunfo de la Cruz que estaba involucrado en la exigencia de esta comunidad para que se cumpliera una sentencia de la Corte-IDH en su favor. En esta sentencia se reconocen los derechos ancestrales de la comunidad sobre territorios en los que se pretende construir proyectos habitacionales.

Obrayan Robinson explicó que esta es la primera vez que se realiza esta exposición y que el «objetivo es que sea una exposición itinerante, que se pueda desarrollar en diferentes comunidades garífunas y en diferentes ciudades también». FotoCC/ Fernando Destephen
Obrayan Robinson explicó que esta es la primera vez que se realiza esta exposición y que el «objetivo es que sea una exposición itinerante, que se pueda desarrollar en diferentes comunidades garífunas y en diferentes ciudades también». FotoCC/ Fernando Destephen

Obrayan Robinson consideró que lo que principalmente necesitan los artistas garífunas es que se reconozcan sus identidades porque hay poco o nulo reconocimiento de ellas y agregó que «lo que se manifiesta a través del arte ha sido folclorizado, exotizado y muy poco se ha profundizado sobre la realidad que vivimos».

Robinson detalló que hay algo más de la categorización folclórica a los pueblos indígenas pues «muy poco se profundiza en realidad no sobre la importancia de nuestro territorio, de nuestra identidad, de nuestra cultura, más allá de sólo entretener a la gente».

Como parte del programa de la exposición se realizó un conversatorio en el que el grupo de artistas compartieron sus inicios en el arte y sobre la importancia de la exposición. En completo acuerdo coincidieron en que este es un espacio nuevo, que visibiliza el arte garífuna, los une como mentes creativas y que expone a un «país totalmente racista» que no deja de exhibirse incluso durante la conmemoración 226 de la llegada del pueblo garífuna a Honduras.

A dos semanas de la aprobación de la segunda fase del «Plan Nacional de Seguridad «Solución Contra el Crimen (SCC)» que incluye la tercera ampliación del estado de excepción, se produjeron cuatro amotinamientos simultáneos en diferentes cárceles del país que actualmente están bajo el control de los privados de libertad. En ese contexto, Contracorriente organizó un Twitter Space para hablar de estos temas y cómo este plan se asemeja al plan de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador que ha reducido el poder de las pandillas a costa de la degradación de la democracia en ese país.

Texto: Virgilio Quiroz
Fotografía: Jorge Cabrera

El 31 de marzo, el gobierno de Honduras aprobó el Plan Nacional de Solución Contra el Crimen, que incluyó la ampliación del estado de excepción que abarca todo el país desde el pasado 6 de diciembre. Durante este tiempo, un conjunto de garantías constitucionales han quedado suspendidas. Dicho plan de seguridad busca reducir la violencia y otros delitos, como la extorsión y plantea una estrategia «de mano dura» tanto dentro como fuera de las cárceles que asemeja las medidas tomadas por el presidente de El Salvador.

Hace un año, Julissa Villanueva, viceministra de seguridad, sugirió revisar y adaptar el Plan de control Territorial de El Salvador, demostrando la simpatía del gobierno de Honduras con estas ideas y que ahora se intentan implementar en Honduras.

Daniel Valencia, periodista y editor en La Prensa Gráfica de El Salvador, dijo que es preocupante lo que se ve desde afuera en el país y hasta dónde puede llegar la similitud del plan de seguridad de Bukele con el Plan SCC que comienza en Honduras. «Preocupa, sobre todo porque ha sido una constante en la región, nuestros gobernantes de turno se copian políticamente. Con el tema de las pandillas, con las famosas manos duras que comenzó en Honduras luego saltó a El Salvador, que en realidad era [medidas] más propagandísticas».

La problemática en las cárceles de Honduras no es un tema reciente, lleva mucho tiempo siendo un asunto tratado por diferentes gobiernos; sin embargo, ninguno de ellos ha logrado solventarlo y, al contrario, lo que se evidencia es un historial de diversos casos de incendios, muertes y hacinamiento de privados de libertad. La suma de diversos factores a lo interno de los centros penales ha desencadenado una constante crisis en las cárceles de Honduras.

«Hay que analizar más allá de los hechos violentos que ocurrieron el fin de semana. El hacinamiento ha llevado a la ingobernabilidad en las cárceles» dijo Sandra Rodríguez, comisionada nacional del Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (Conaprev).

A pesar de que el plan SCC no es una copia exacta del plan de seguridad empleado en El Salvador, sí cumple con características parecidas. «Es evidente la utilización de la fuerza policial y de la Policía Militar para llevar operativos masivos a territorios donde por la estigmatización de que todos son delincuentes hay cateos, detenciones, capturas masivas, es muy similar al régimen de excepción en El Salvador» agregó Valencia.

Otra similitud destacable es la manera de gobernar, que apuesta por el uso de las redes sociales, algo que ha caracterizado a Bukele en la gestión presidencial. La afinidad con el gobierno de El Salvador se puede ver en la invitación que se realizó a Bukele a la toma de posesión o la visita del pasado 3 de marzo a El Salvador realizada por Manuel Zelaya, asesor presidencial y Hector Zelaya, secretario privado de la presidencia.

El gobierno de Honduras ha mostrado una cercanía total hacia el presidente Nayib Bukele. «Lo vemos desde los mensajes, desde las consignas, incluso desde la utilización de las redes sociales, para envíar mensajes muy similares como alguna vez hizo Bukele al inicio de su gestión» añadió Valencia.

Manejo de cárceles en la dirección equivocada

Con la ejecución del nuevo plan SCC se pretende sumar a las fuerzas policiales y militares al control de las cárceles a nivel nacional, en forma de apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INP) lo que significa que el manejo total de esa institución no estará en manos civiles, algo que fue ya hecho por el gobierno de Juan Orlando Hernández y que también va en contra de las recomendaciones propuestas en 2017 por Naciones Unidas (ONU).

De esta forma se violentan las disposiciones establecidas en las Reglas Mandela y Bangkok lo que significa el incumplimiento de tratados internacionales que han sido suscritos por Honduras. «Las cárceles son el reflejo de la sociedad. Hay que trabajar sobre los patrones mentales de la sociedad, el origen de la extorsión e implementar recomendaciones internacionales en los centros penales» dijo Jenny Almendares, integrante del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las victimas de la tortura y sus familiares (CPTRT).

Hasta el momento, Honduras cuenta con 18,226 hombres privados de libertad y 1,157 mujeres privadas de libertad, una población distribuida entre los 50 diferentes centros de detención según datos proporcionados por CPTRT.

Sumado a los problemas que se encuentran en cada centro penal con los privados de libertad también se ha dejado ver la carencia de apoyo al personal que labora en los centros penitenciarios.«El otro problema es la falta de personal en los centros penales. No se respetan los derechos laborales de los agentes y no reciben un salario digno» añadió Rodríguez del Conaprev y además dijo que se debe dejar a un lado el «populismo en el sistema penitenciario» ya que Honduras cuenta con una buena normativa que se debe respetar y apuntar a un verdadero sistema de reinserción.

Sin enfoque en la causa de la problemática

En El Salvador, el régimen de Bukele busca acabar con las maras y pandillas mediante el estado de excepción que suspende las garantías constitucionales con el apoyo de los entes policiales y militares.

El nuevo plan de seguridad para Honduras, se enfoca en atacar los mismos grupos criminales, pero su mayor foco es la extorsión sin contemplar un enfoque en las causas reales de la situación que ha desembocado en la profundización de la crisis carcelaria.

Por ello, Almendares comentó que se necesita trabajar primero con las necesidades que existen dentro de las cárceles como la reinserción y rehabilitación, antes de pensar en establecer políticas que atenten contra los derechos humanos.

Parte de lo que se debe realizar para el mejoramiento del sistema penitenciario y evitar una escalada en la crisis penitenciaria es mejorar las condiciones en las que se encuentra el INP. «Se fortalece el INP, tanto presupuestariamente como con las condiciones de especialización y sensibilización se capacita al personal penitenciario» recomendó Almendares.

El gobierno de Xiomara Castro enfrenta la primera crisis del sistema penitenciario del país en medio de un estado de excepción que ya se ha extendido tres veces. Ante la narrativa de una estrategia de seguridad «de mano dura», los amotinamientos recientes demuestran la incapacidad del Estado para frenar la violencia y tomar el control de las cárceles, actualmente bajo el control de los mismos privados de libertad.

Texto: María Celeste Maradiaga y Jennifer Avila
Fotografías: Jorge Cabrer
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Dos días después de que se registraron cuatro amotinamientos coordinados en las cárceles de El Porvenir, Santa Bárbara, Morocelí y Támara, el personal administrativo de este último, —ubicado en la zona central del país— fue enviado a sus casas por instrucciones del subcomisario Heber Ordóñez, quien se encontraba al mando como subdirector de ese centro penal. La ausencia policial en los centros penales en donde hubo amotinamientos es notoria, ni la Policía Nacional ni el Instituto Nacional Penitenciario (INP) han realizado cateos o requisas en las cárceles donde se evidenció que los internos mantienen granadas, municiones y armas de alto calibre.

Varios de los empleados que salieron el lunes de Támara coincidieron en que, durante su tiempo laborando en este centro penal, nunca habían sido enviados a sus casas, por más tensa o peligrosa que pudiera ser la situación. No es la primera vez que ocurre un enfrentamiento armado dentro del penal. Este mismo año, el 14 de febrero, tres policías penitenciarios y un miembro de la MS-13 resultaron heridos después de un enfrentamiento entre pandillas en el módulo de máxima seguridad de esa cárcel. Ni con ese caos habían vaciado el penal de la manera en que lo están haciendo ahora.

«En más de 22 años que tengo trabajando aquí no he visto que nos hayan sacado de aquí, y lo peor de esta situación es que a nosotros nos pasan por el escáner todos los días, nos revisan todos los días, como si nosotros contribuyéramos al ingreso de armas que tienen adentro o a la situación que se está dando», se quejó uno de los empleados quien pidió proteger su identidad por miedo a represalias.

Ese lunes, después del enfrentamiento armado en Támara había un aproximado de cinco agentes policiales, quienes no quisieron dar declaraciones de manera oficial a este medio. Cinco, de 52 que se mantienen en este centro penal que alberga a más de 6,000 privados de libertad. Bajo anonimato, varios de ellos dijeron que el acompañamiento y despliegue policial anunciado por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) no estaba ocurriendo y eso es algo que también constatamos en el lugar.

En su informe de Situación de Derechos Humanos en Honduras del 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh) registra un 34.2 % de hacinamiento en las cárceles de Honduras, lo que representa un promedio de 19,842 personas adultas en 25 centros penitenciarios. Dicho informe establece que la capacidad máxima de estos centros penitenciarios es de 14,780. Otros datos del Poder Judicial registran que Honduras tiene una población penitenciaria de 19,566 ciudadanos privados de libertad, de los cuales 18,398 son hombres y 1,168 mujeres.

El sábado 8 de abril, en pleno feriado de Semana Santa, en Támara volaron granadas, municiones y se armó un tiroteo con armas de grueso calibre entre el módulo de máxima seguridad que alberga a miembros de la MS-13 y el módulo llamado «Casa Blanca», que alberga a más de mil privados de libertad que han cometido diversos delitos y que se les conoce como «paisas» que es el nombre usado para quienes no pertenecen a una de las pandillas del país son miembros de bandas criminales o del narcotráfico. Según internos en este módulo, la MS-13 pretendía controlar «Casa Blanca», pero no lo logró ante la respuesta armada de los presos de ese sector. El conflicto no ha vuelto a escalar, pero tanto los presos como los policías se mantienen en alerta de que en cualquier momento se reanude el motín.

«Si ellos [los presos] quieren, pueden irse cuando quieran, somos muy poquitos para controlarlos; ellos son quienes tienen el control aquí realmente», agregó uno de los agentes asignado a ese penal.

La ingobernable Támara

«Es preocupante la situación que se vive en Támara, pero como uno es de escala básica no puede decir nada. Aquí siempre dicen que nombrarán una comisión interventora en el sistema penitenciario pero ellos son quienes se quedan con todos los privilegios, y el agente penitenciario siempre queda abajo», expresó uno de los policías penitenciarios asignado en este centro penal.

Durante el recorrido por las instalaciones en las que conviven los agentes penitenciarios que se alojan en Támara, todos cuentan la situación de precariedad en la que trabajan.

A pesar de la situación de incertidumbre que dejó del amotinamiento del 8 de abril y la alerta de otro posible conflicto dentro de Támara, oficiales de la Policial Nacional aseguraron dos días después que «todo estaba en orden» mientras realizaban un recorrido en los distintos módulos del penal, presentando los nuevos oficiales que dirigirán este presidio momentáneamente.

Un medio nacional aseguró que Támara estaba bajo el control de la MS-13. Esta noticia fue rechazada por las autoridades que indicaron que eso es mentira. Lo que se ve en esa cárcel es que el control lo tienen los privados de libertad en general, no solamente la MS-13.

La presidenta de la Asociación de Familiares Privados de Libertad recalcó que los eventos en las distintas cárceles de Honduras ocurridos el 8 de abril no se trataron de una simple reyerta, sino que a su juicio los disparos fueron un «llamado de atención» para que el gobierno atienda a las peticiones de los privados de libertad.

Ordóñez explicó a Contracorriente que la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas y Contra el Crimen Organizado (Dipamco) ha perseguido y hostigado a presos que salen con libertad condicional, que son detenidos nuevamente y recluidos en los centros penales con la excusa de que se dedican al tráfico de drogas, armas y al delito de extorsión.

«No sabemos por qué, si en el juzgado ellos ya están gozando los beneficios, pero estos juzgados no notifican a la Dipamco que estas personas ya están gozando de la preliberación. Siempre está ahí en el sistema la orden de captura, por lo que los vuelven a acusar del mismo delito de extorsión», indicó.

Además, Ordóñez destacó que entre las solicitudes de los privados de libertad está la separación de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18, y que cada una tenga un centro penal respectivo. También dijo que hay temor en la población carcelaria de que las nuevas autoridades puedan tomar represalias después de los amotinamientos del 8 de abril y por la asignación de dos jueces designados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para documentar la situación de violencia en los amotinamientos mediante un Recurso de Exhibición Personal de Carácter Correctivo para «salvaguardar la libertad individual de los privados de libertad y mantener el orden de los centros penitenciarios». En este boletín de prensa del Poder Judicial también se establece que tanto el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), comisionado Otoniel Lemus, como los directores de los cuatro centros penitenciarios en los que se registraron los amotinamientos deben rendir cuentas ante estos jueces ejecutores sobre las situaciones presentadas.

Contracorriente contactó a través de llamadas y mensajes al director del INP, comisionado Otoniel Lemus, sin embargo, no atendió las solicitudes de entrevista. Tampoco las atendió el comisionado Marvin Videa Carrasco, subdirector del INP, quien aseguró que después de una reunión atendería la solicitud de entrevista con este medio, pero no lo hizo.

Una fuente policial en condición de anonimato dijo a Contracorriente que los amotinamientos del 8 de abril fueron motivados por las acciones de la Dipamco en contra de los privados de libertad, tal como lo dijo Delma Ordóñez quien además descartó que la MS-13 sea quien tiene el control de Támara. «No sé quién está queriendo poner la situación más tensa, nosotros entramos y los privados de libertad seguían en sus actividades normales y todo estaba normal», señaló Ordóñez.

Empleados administrativos se retiran de sus puestos de trabajo en la penitenciaría de Támara, por una posible reyerta a lo interno. Foto CC/Jorge Cabrera
Empleados administrativos se retiran de sus puestos de trabajo en la penitenciaría de Támara, por una posible reyerta a lo interno. Foto CC/Jorge Cabrera

Otra fuente aseguró a este medio de comunicación que aunque existan privados de libertad de la Pandilla 18, Mara Salvatrucha (MS-13) y «paisas», el centro penal de Támara tiende a estar comandado por la MS-13 por la mayor cantidad de privados de libertad pertenecientes a esta pandilla y la afinidad de los «paisas» con este grupo.

«En Máxima [uno de los módulos dentro de la cárcel de Támara] hay 158 privados de libertad, 75 son de la [pandilla] 18 y 75 de la MS-13, pero este no es solo el caso de Máxima. En todos los módulos existen de todas las estructuras y la mayoría de las personas son paisas, que son afines a la Mara MS, y eso pasa no solo en Támara sino en todos los centros penales, siempre hay una estructura que tiende a tener el control del centro penal», indicó.

Además, esta fuente aseguró que el reclamo de la Mara Salvatrucha (MS-13) responde a la falta de seguimiento de un supuesto acuerdo suscrito entre este grupo y el exjefe de la entonces Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), el coronel Amílcar Hernández, cuando esta fuerza estaba dirigida por las Fuerzas Armadas, antes de que pasara a manos de la Policía y se llamara Dipamco. Este supuesto acuerdo comprometía a la MS-13 a no continuar cometiendo el delito de extorsión; sin embargo, según esta fuente, la Dipamco ha capturado a miembros de este grupo organizado por delitos de extorsión que no han cometido miembros de esa estructura.

Sin embargo, hay otras versiones desde adentro de Támara. En el módulo Casa Blanca, una fuente aseguró a este medio que la MS-13 lo que busca es el control total del centro y que es mentira que el actual gobierno no está cumpliendo sus compromisos ni el apoyo solicitado dentro de la cárcel. «Ellos solo quieren generar caos», dijo y agregó que nada está normal en Támara, que las visitas se suspendieron y que no hay presencia policial por lo que están esperando que en cualquier momento comience de nuevo un enfrentamiento.

Estrategia de seguridad en entredicho

«Como Instituto Nacional Penitenciario estamos enfocados en la rehabilitación, la reeducación, la reinserción y el respeto a los Derechos Humanos de los privados de libertad y de todos los actores que están involucrados en el sistema penitenciario», dijo el comisionado Castillo Lemus, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP) hace un año a Contracorriente. En ese momento, el gobierno prometía mejorar el sistema penitenciario y desmilitarizar la seguridad pública.

El presupuesto asignado al Instituto Nacional Penitenciario para este año fue de 1,725,794,763.00 de lempiras, 524, 555, 772.33 lempiras más que el el año anterior. Sin embargo, los agentes penitenciarios aseguraron que tanto su condición como la de los privados de libertad no ha mejorado y que más bien los agentes han sido relegados de sus funciones tanto por los militares como por agentes de la Policía Nacional, contrario al llamado de trabajo en conjunto prometido por la comisión del INP encargada de desmilitarizar los centros penales.

El oficial penitenciario German David Barahona, quien ha laborado 28 años en el sistema penitenciario, aseguró que la situación de los agentes ha empeorado y que, a pesar de la vulnerabilidad del trabajo que realizan, son mal pagados y discriminados. El oficial Barahona asegura que su sueldo de 17,000 lempiras mensuales nunca ha sido aumentado durante todos los años que ha laborado en la institución.

«Estoy echándole ganas por mientras llega mi tiempo de irme de aquí, pues ya me queda poco tiempo en este lugar y gracias al Señor Dios que me ha cuidado», indicó el agente penitenciario, quien está próximo a jubilarse.

Otros agentes penitenciarios que han decidido permanecer en el anonimato aseguraron que la crisis en el sistema penitenciario es más grande de lo que parece y que difícilmente la nueva interventora podrá cumplir con la promesa de fortalecer la policía penitenciaria. Además, estos agentes aseguran que, aunque la situación pueda estar tranquila en los centros penitenciarios momentáneamente, la falta de medidas inmediatas por parte de las autoridades en las cárceles genera más tensión e incertidumbre.

Personal penitenciario descansa después de su turno laboral en los camarotes asignados. Foto CC/Jorge Cabrera
Personal penitenciario descansa después de su turno laboral en los camarotes asignados. Foto CC/Jorge Cabrera

La presidenta Xiomara Castro, anunció vía twitter una intervención al sistema penitenciario y colocó al mando de esta operación a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien hasta el momento no ha realizado acciones concretas para resolver la crisis inmediata. La presidenta agregó en su cuenta de twitter que este viernes 14 de abril se harán públicas las acciones de esta intervención, casi una semana después de los amotinamientos.

Los agentes penitenciarios, por su parte, denunciaron que en las acciones de la presidenta con respecto al manejo de la seguridad en las cárceles hay mucha improvisación. Dicen que cuando la presidenta anunció la desmilitarización de los centros penales en 2022, llegaron policías preventivos sin experiencia, policías que nunca habían realizado visitas en los centros penales. «Lo que hay aquí es un monstruo silencioso», afirmó uno de los agentes.

Al momento de nuestra visita a la cárcel de Támara, tanto policías nacionales o preventivos como policías penitenciarios se encontraban en labores, pero en funciones distintas. Los policías penitenciarios —quienes a pesar de haber laborado por más de dos décadas y tener una relación más cercana con los privados de libertad— supervisan la entrada de alimento a la cárcel, mientras que los policías nacionales o preventivos realizaban un recorrido dentro de cada uno de los módulos de Tamara presentando a los nuevos directores de este centro penal acuerpados por agentes de la Dirección Nacional de Unidades Especiales del Comando de Operaciones Especiales (Cobra).

La intervención anunciada por la presidenta Xiomara Castro tampoco trae alivio a la situación, y entre todos afirman que el «rescate» del sistema penitenciario es parte de una narrativa que este Gobierno sostiene como parte de su campaña política.

El gobierno de Castro decretó un estado de excepción en Honduras debido a un un aumento en las denuncias por extorsión, a pesar de que las cifras oficiales apuntan a una baja de homicidios. La suspensión de garantías constitucionales se ha prolongado ya por casi cuatro meses y los resultados han sido pocos, según constató este medio en una investigación reciente.

Previo a la Semana Santa, la presidenta anunció la II etapa del Plan Nacional de Seguridad «Solución Contra el Crimen (SCC)», que en su punto número 3 establece que las Fuerzas Armadas colaborarán con el Instituto Penitenciario en la habilitación de batallones con Centros de Reclusión de Emergencia. Previo a esto, el gobierno también había anunciado la intención de construir dos cárceles de máxima seguridad más en zonas con poca población en el país.

Ante la intervención «dura, pero respetuosa de la humanidad» anunciada por la presidenta Xiomara Castro, la comisionada Melissa Escoto, del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev), destacó que, si bien la desmilitarización anunciada por la presidenta a inicios de 2022 representó un avance, se debe continuar garantizando el respeto a los derechos humanos de la población privada de libertad y no realizar nombramientos de militares en la institución penitenciaria.

«Las debilidades del sistema se pueden superar a través de nombramientos de personas idóneas después de un proceso de reclutamiento con un enfoque integral en derechos humanos y que se fortalezca la carrera de policía penitenciario en el país», indicó la comisionada.

Melissa Escoto destacó que la situación de hacinamiento en las cárceles también es una debilidad que debe ser atendida con urgencia en el sistema penitenciario. En su lugar, las autoridades podrían optar por descongestionar los centros penitenciarios dictando medidas distintas a la prisión preventiva.

La comisionada del Conaprev también alertó que el anuncio de la construcción de dos cárceles de máxima seguridad no responderá a los problemas estructurales del sistema penitenciario, y tampoco se estará tomando en cuenta el principio demandado por el Sistema Internacional Penitenciario que sugiere la construcción de cárceles con 500 personas para tener un control absoluto del centro penal.

Para el sociólogo Armando Orellana, la promesa de mejorar la situación de los centros penitenciarios debe ir de la mano con la mejora de condiciones de vida tanto de los privados de libertad como de los agentes penitenciarios.

«Hay que reconocer el negocio de administrar la gestión de la institución penitenciaria, el enriquecimiento ilícito por parte de oficiales tanto del Ejército como de la Policía. Toda esta situación se debe analizar a profundidad teniendo en cuenta que los policías requieren un mejoramiento de sus condiciones de vida en términos de remuneración, debido a que la situación de precariedad en la que se encuentran permite que puedan ser fácilmente convencidos o persuadidos para recibir dinero a cambio de ingresar drogas y armas a los centros penitenciarios», explicó el analista.

Camarotes sin colchones, la falta de agua en los servicios higiénicos, son reclamos que se tienen por parte del personal penitenciario. Foto CC/Jorge Cabrera
Camarotes sin colchones, la falta de agua en los servicios higiénicos, son reclamos que se tienen por parte del personal penitenciario. Foto CC/Jorge Cabrera

Orellana también apuntó a que la situación de hacinamiento en las cárceles es algo que debe abordar la interventora designada por la presidenta Xiomara Castro.

Tanto la Oacnudh como el Departamento de Estado de los Estados Unidos han denunciado la situación de hacinamiento en las cárceles de Honduras.

La Oacnudh constató en su informe la ausencia de una normativa de clasificación de personas privadas de libertad que permita una gestión penitenciaria adecuada a los estándares internacionales de los derechos humanos y reduzcan la violencia en los centros penitenciarios.

«Pese a que la Oacnudh documentó solo una reyerta violenta en centros penitenciarios (en 2022) comparado con las seis documentadas en 2021, el número de muertes violentas en dichos centros continúo siendo alto, registrándose 17 en 2022», indicó en el informe.

La oficina también destacó el sistema de autogobierno que persiste en las cárceles y cómo las muertes violentas dentro de los centros penales son resultado de esto. Además, señaló la falta de control efectivo de los centros y una vulneración de la integridad personal y discriminación de las personas detenidas, incluyendo la extorsión interna en los centros.

En una entrevista para CNN, Isabel Albaladejo, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), destacó la importancia de que en el sistema penitenciario de Honduras no exista la implementación modelo punitivo, y que en su lugar se se implemente un modelo que promueva la reinserción de los privados de libertad en la sociedad.

La representante de la Oacnudh en Honduras señaló que es importante fortalecer las capacidades de las autoridades para responder en contextos de crisis. Albaladejo también habló sobre lo relevante que es la clasificación de las personas privadas de libertad en los centros penales, estableciendo quienes han cometido delitos para evitar la «contaminación cruzada» en materia penal.

«La violencia en los centros penitenciarios y la falta de un control real por parte de las autoridades del estado ha sido una tónica dominante en los últimos años en el país y esta persistencia de inseguridad de los centros penitenciarios tiene que ver en primer lugar con lo que se establece como el “autogobierno”, es decir, que lamentablemente son las personas privadas de libertad las que ejercen el efectivo control al interior de los centros penitenciarios y no las autoridades que son las responsables de ello», indicó Albaladejo.

Una oficial penitenciaria resguarda el centro de máxima seguridad en Támara desde una torreta . Foto CC/Jorge Cabrera
Una oficial penitenciaria resguarda el centro de máxima seguridad en Támara desde una torreta . Foto CC/Jorge Cabrera

La intención de repetir el esquema autoritario de un país vecino

Para el sociólogo Armando Orellana, el fenómeno de la imitación social que se está dando en el contexto actual de Honduras puede resultar riesgoso, esto debido a que el esquema autoritario pero muy popular implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, podría dar resultados positivos a corto plazo al combatir la criminalidad en el país, pero detrás de esto pueden estar la vulneración a los derechos humanos de la ciudadanía.

«Jactarnos a nivel internacional de que tenemos la cárcel más grande de América Latina no es realmente el mejor ejemplo de solución a la problemática, yo creo que, en el caso de Honduras, se deben combinar algunas medidas que son importantes y realizarlas porque hay que resolver quejas de carácter social, como el tema de la inseguridad en el tema de transporte, por ejemplo, esto no se soluciona simplemente con autoritarismo, sino con la combinación de varias acciones que conduzcan paulatinamente a mejorar las condiciones de vida, no simplemente a repetir el discurso de mayor cantidad de cárceles o reprimiendo y enviando a militares a las calles», argumentó Orellana.

El vocero de la Secretaría de Seguridad, inspector Edgardo Barahona, aseguró que las medidas de la presidenta para combatir la criminalidad en el país van de la mano con el respeto a los derechos humanos.

«Si hacemos un balance desde la entrada en vigencia del PCM [Acuerdo Gubernativo del estado de excepción] en diciembre del año pasado , más sus ampliaciones en enero y febrero de este año, nosotros hemos reducido la incidencia de muertes violentas en el país. Hasta el día de ayer [10 de abril] teníamos una reducción de 278 homicidios menos, si lo comparamos con el mismo lapso del año pasado. Hemos capturado a más de 120 integrantes de estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas y no solamente hablando de la Mara Salvatrucha (MS13) o la Pandilla 18, sino también, otras organizaciones criminales independientes que han encontrado en delitos como la extorsión una fuente de financiamiento ilícito», indicó el vocero.

Policías Penitenciarios salen en descanso luego de haberles informado de otro posible motín en la cárcel de Támara. Foto CC/Jorge Cabrera
Policías Penitenciarios salen en descanso luego de haberles informado de otro posible motín en la cárcel de Támara. Foto CC/Jorge Cabrera

Para Melissa Escoto del Conaprev, la propaganda de construir más cárceles como solución a la crisis en el sistema penitenciario responde a una propaganda populista y no a la intención de aliviar la situación de hacinamiento de los privados de libertad.

Desde que tomó posesión, el nuevo gobierno ha intentado emular las narrativas de «mano dura» del presidente Bukele. En junio de 2022, la viceministra Julissa Villanueva hizo pública la intención del gobierno de copiar el plan de control territorial del país vecino, algo que después no profundizó pero que se concretó con la aprobación de un estado de excepción.

El pasado 3 de marzo, el asesor presidencial y expresidente, Manuel Zelaya Rosales junto con su hijo y secretario privado, Héctor Zelaya, visitaron al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En esta visita, ambos funcionarios entregaron una carta de invitación al mandatario salvadoreño y discutieron sobre «proyectos binacionales, canal seco, unión aduanera, y migratorios».

Las tragedias carcelarias no son nuevas en Honduras, como tampoco son nuevas las políticas y narrativas de «mano dura». En las últimas dos décadas, durante los gobiernos de los nacionalistas Ricardo Maduro (2002-2006) y en el de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) ocurrieron masacres e incendios que dejaron alrededor de 500 muertos en las cárceles de La Ceiba, San Pedro Sula y Comayagua. Estos gobiernos se caracterizaron por sus políticas de «mano dura» contra el crimen. Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, con el cierre del penal de San Pedro Sula y la construcción de las cárceles de máxima seguridad, los asesinatos y el control de los presos sobre los penales no cambió, según datos del Conaprev, solo en el año 2019, año en el que se nombró una intervención en el sistema penitenciario, 59 personas perdieron la vida en los centros penales.

Texto, gráficas y fotografías: Sam Woolston

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en el sitio The Honduras Journal

Tres pueblos rurales de Olancho personifican el aterrador problema de los homicidios inexplicables en Honduras.

 

Puede que no lo parezca a primera vista, pero El Rosario en el departamento de Olancho — un polvoriento pueblo de tres manzanas en el corazón de la zona ganadera de Honduras — fue el pueblo con más homicidios en uno de los países más violentos del planeta en 2022. El año pasado, la tasa de homicidios en este lugar alcanzó las 160 personas por cada 100.000, un índice que, de mantenerse, sugeriría que las probabilidades de que un residente sea asesinado a lo largo de su vida se sitúan ligeramente por encima de 1 entre 8.

El Rosario no parecía ser un lugar especialmente violento el día que lo visité. El autobús dobló una esquina y descubrió un grupo de casas de bloques de hormigón enclavadas en una colina. Camiones de ganado y autobuses circulaban por la carretera de tierra esquivando gallos desbocados que levantaban el polvo caliente tras de sí. En el centro de la ciudad, una congregación eclesiástica exultante entonaba un canto final con parejas que bailaban alegremente al son de las melodías entre las sillas de plástico.

Tasa Media Nacional de Homicidios en Honduras
Tasa Media Nacional de Homicidios en Honduras

Pero las alarmantes cifras de homicidios en este rincón de Honduras no son un fallo estadístico. Los homicidios en El Rosario fueron excesivamente altos en 2022, pero no fueron muy diferentes en 2021. Además, de los 300 municipios de Honduras, el tercero y cuarto con más homicidios en 2022 fueron los pequeños pueblos de La Unión y Jano, ambos directamente adyacentes a El Rosario. En otras palabras, algo en este rincón de Honduras anda mal.

El sol era abrasador cuando me reuní con la alcaldesa Dolores Almendárez, de La Unión, el más grande de los tres pueblos. La alcaldesa vive en una casa morada, en la carretera principal, y su puerta está siempre abierta. Asomé la cabeza por la puerta principal preguntándome si este era el lugar correcto. Un ventilador chirriaba al moverse de un lado a otro.

La alcaldesa apareció unos minutos después. Sonrió y miró inquisitivamente a través de sus lentes. Charlamos durante unos minutos, le pedí recomendaciones turísticas, mencionamos lo bonito que es el pueblo y lo deliciosos que estaban los asados del restaurante local. «Ahora», dijo la alcaldesa, «¿qué es lo que querías decirme?». La sala se quedó en silencio y le mostré el mapa de homicidios de 2022. Tras unos minutos de explicación, la alcaldesa se dispuso a responder. «Usted dice que aquí hubo 11 homicidios, pero yo sólo recuerdo cuatro». Enumeró cuatro nombres e hizo una breve pausa. «¡No se olvide de David Cruz!» dijo una voz desde la cocina. Otra persona que escucha nuestra conversación intervino. «¿Cuentas el cadáver que encontraron en el río el mes pasado?». La alcaldesa se quedó pensativa un momento e hizo un segundo recuento en su cabeza. «Sí, unos once, tienes razón» admitió finalmente.

La estadística de homicidios tomó a la alcaldesa Dolores Almendarez por sorpresa, quizá pensaba que su pueblo era muy seguro.

Alcaldesa de La Unión, Olancho. Foto: Sam Wooston
Alcaldesa de La Unión, Olancho. Foto: Sam Wooston

«Probablemente andaban en malos pasos»

 

El problema de lugares como La Unión, El Rosario y Jano es que no encajan en los relatos conocidos sobre homicidios en el país. La MS-13 y Barrio-18, las pandillas que impulsan la violencia en las principales ciudades de Honduras no están aquí. No hay conglomerados de aceite de palma, ni minería, ni ninguna entidad de desarrollo turístico en expansión. Hay rutas de narcotráfico, pero atraviesan la mayor parte de Olancho.

Un amigo de la alcaldesa intervino. «El problema son los feminicidios, están matando a muchas mujeres […] Hubo un caso, en el que secuestraron a una mujer en la discoteca y encontraron su cuerpo a la mañana siguiente tirado a un lado de la carretera».

«Hay muchas fiestas en La Unión», añadió la alcaldesa. «Hay muchos borrachos, adictos y machistas […] Hemos intentado limitar las horas de las fiestas, pero no siempre se han cumplido las normas y la gente sigue bebiendo incluso después de las fiestas».

Femicidio. Machismo. Alcohol. A cualquiera que siga medianamente de cerca la batalla de Honduras contra los homicidios le sonará también como causas sombríamente familiares. Pero el problema es que siguen sin ser suficientes para explicar lo que ha ido mal en este rincón de Olancho. De los 25 asesinatos que tuvieron lugar en estos tres pueblos en 2022, sólo una de las víctimas era mujer. Los detalles de la investigación policial nunca se publicaron y sigue sin estar claro si el móvil del asesinato estaba relacionado con su género, condición para que el crimen cuente como feminicidio. El machismo y el alcohol podrían desempeñar un papel, pero el machismo y el alcohol pueden encontrarse dondequiera que se mire en Honduras y no es algo exclusivo de El Rosario, La Unión y Jano. Pero las tasas de homicidio constantes superiores a 130 personas por cada 100.000 sólo pueden encontrarse aquí.

En la gráfica: De 25 homicidios en la Unión, El Rosario y Jano en el 2022, solo una víctima fue mujer. La tasa de homicidio de hombres en El Rosario alcanzó 264 por cada 100,000 personas. Azul: Hombres; Rojo: Mujeres
En la gráfica: De 25 homicidios en la Unión, El Rosario y Jano en el 2022, solo una víctima fue mujer. La tasa de homicidio de hombres en El Rosario alcanzó 264 por cada 100,000 personas. Azul: Hombres; Rojo: Mujeres

Seguí hablando con la alcaldesa pero, tras 20 minutos más de entrevista, empezamos a dar vueltas en círculos. «Es la falta de educación» concluyó tristemente la alcaldesa

.«¿Hay algún plan para reducir la violencia en La Unión?», le pregunté.

La alcaldesa hizo una pausa. «No hay un plan específico pero, por supuesto, tenemos a la policía». La conversación serpenteó hacia su final. Una persona de la cocina cerró la reunión con un sentimiento que se expresa a menudo en Honduras en relación con los homicidios que parecen no tener respuesta: Que los asesinados podrían haber estado «metidos en algo malo».

«La policía nos puede proteger»

 

Aunque los homicidios en La Unión son claramente un problema, la alcaldesa mantuvo durante la entrevista el argumento de que La Unión era en general un lugar tranquilo, un bastión de seguridad. La razón de la seguridad de La Unión, según la alcaldesa, es que la ciudad es un centro regional para la policía. «Tenemos de todo», aseguró, «tenemos la Policía Nacional, la Policía de Tránsito, la Policía Preventiva. También tenemos las oficinas de la Policía de Investigación en La Unión».

Visité la estación de policía, un edificio casi palaciego situado frente a «JA&ZE», una parrillada que envuelve perpetuamente la manzana en una bruma cárnica de delicioso olor. El edificio es grandioso, pero también se está cayendo a pedazos. Golpeamos la puerta varias veces y escuchamos atentamente en busca de movimiento. Nada. Miré a través de las persianas y golpeamos las ventanas. Las oficinas parecían abandonadas, el despacho principal sólo está ocupado por un escritorio y una vieja radio de la policía. Al final, la puerta se abrió y una mujer joven me miró inquisitivamente. «

¿Qué quieren?» dijo.
Me invitaron a pasar y expliqué qué hacía en La Unión.

«No estoy segura de poder ayudar», dijo «Sólo llevo 3 meses como funcionaria aquí y no sé mucho de La Unión».

«¿El Rosario o Jano?» le insisto.

«La verdad es que no», respondió la agente.

«¿Hay alguien de la policía de investigación aquí?».

«No.»

«Y, si no le importa que le pregunte, ¿cuánta gente trabaja aquí?».

«Normalmente tenemos 7 trabajando en la policía y 6 trabajando con la policía de investigación».

«Y, ¿de qué tipo de recursos disponen?».

«Bueno, tenemos la radio de la policía», asiente mirando hacia la habitación, en su mayoría vacía, «y podemos usar nuestros teléfonos para tomar notas».

«¿Computadoras?»

«No.»

«¿Auto patrulla?»

«Sí, tenemos uno, pero está en mal estado».

«¿Podemos verlo?»

«No.»

La atmósfera de certeza creada en la casa de la alcaldesa acerca de la seguridad del pueblo empezó a deshacerse.

Pequeños grupos Criminales

 

Finalmente, localicé una fuente vinculada a los servicios de seguridad hondureños en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Ellos, al igual que muchas de las fuentes de este artículo, pidieron no ser nombrados y que no se publicara ninguna información que pudiera identificarlos. La siguiente entrevista ha sido editada para mayor claridad y brevedad. «Estás en un territorio muy sensible» comenzó a decir la fuente, «mucha gente está armada por allá, pero también hay un grupo criminal que opera en El Rosario que se llama Mito Padilla, es muy conocido». Pregunté ¿en qué tipo de actividades está involucrado Mito Padilla? la fuente encogió los hombros y dijo «bueno, ellos dirían que protegen el pueblo, pero también son sicarios. Llevan a cabo golpes si los contratas […] también ha habido casos de violación». La fuente aseguró que esta banda criminal no está involucrada en narcotráfico pero sí «trafican con madera y ganado seguro […] Son muy poderosos en El Rosario, tienen tierras, llevan mucho tiempo allí». Pregunté ¿ por qué la policía no hace nada para contrarrestarlos? Y respondió que «no hay mucho que la policía pueda hacer aparte de controlar la situación, [Mito Padilla] son como el aire. Hay muchas capas entre ellos y los delitos que cometen. Subcontratan sus actividades. Pero el grupo en sí, suele ser pacífico y no causa problemas […] a menudo no hay nada que investigar».

La fuente hizo una pausa.

«También hay un grupo nuevo llamado Los Alemanes, aparecieron hace unos 5 años. También se dedican al tráfico de madera y ganado, pero se cree que tienen vínculos con grupos de narcotraficantes. Los Alemanes están tratando de quitarle territorio a Mito Padilla».

Ante la pregunta sobre si los homicidios en el sector se deben a este conflicto entre bandas, la fuente dijo que es difícil saberlo pero que es difícil también que se investigue porque « la gente tiene miedo. Para procesar un homicidio se necesitan testimonios de al menos dos personas dispuestas a implicar a los grupos. Pero cuando un caso implica a uno de estos grupos, nadie testifica».

Sin embargo, la fuente mencionó que tampoco se pueden vincular todos los homicidios a estas bandas criminales «muchos homicidios están relacionados con el machismo y el alcohol. Es cierto. También en esta región hay conflictos de tierras entre familias y enemigos personales. Esto podría ser, digamos, el 80% de los homicidios».

En la gráfica: Hasta el 2017, en La Unión, El Rosario y Jano, los niveles de homicidios estaban bajando y la tasa de homicidio era mucho más baja que el promedio en Honduras. Esto cambió claramente en el 2018 con un incremento de 8 veces en la tasa de homicidios. Esto también coincide con el tiempo en que el nuevo grupo criminal empezó a operar en la región, de acuerdo con la fuente entrevistada por el Journal.Gris: Tasa de Homicidios en Honduras; Rojo Tasa de Homicidios en La Unión. El Rosario y Jano.
En la gráfica: Hasta el 2017, en La Unión, El Rosario y Jano, los niveles de homicidios estaban bajando y la tasa de homicidio era mucho más baja que el promedio en Honduras. Esto cambió claramente en el 2018 con un incremento de 8 veces en la tasa de homicidios. Esto también coincide con el tiempo en que el nuevo grupo criminal empezó a operar en la región, de acuerdo con la fuente entrevistada por el Journal.Gris: Tasa de Homicidios en Honduras; Rojo Tasa de Homicidios en La Unión. El Rosario y Jano.

«Están haciendo preguntas delicadas»

 

Mi teléfono sonó a las 5 de la tarde. La próxima fuente estaba lista para reunirse. Estamos en Juticalpa, la cabecera departamental. Nos dimos la mano y pregunté a la fuente si quería un café. «Es mejor que hablemos aquí en la calle», respondió, «en la cafetería la gente escuchará». La fuente sacó su teléfono, sabía lo que estábamos investigando y rápidamente empezó a leer los nombres de las víctimas y a dar algunos detalles que ha hecho en una aplicación de notas.

«Esto fue un crimen pasional, eh, y no sabemos demasiado de este pero creen que no tramaba nada bueno ¿entiendes?». Escuché pacientemente. La fuente agotó por fin su lista.

«¿Te crees estas cosas?» pregunté finalmente.

La fuente guardó silencio. «¿Qué preguntas?»

«Quiero decir si te crees lo que se sabe oficialmente sobre algunos de estos homicidios. Todos los asesinatos parecen tener que ver con alcohol, fiestas y pasión, pero también me dicen que hay grupos criminales en la región y que Olancho Norte es parte de una ruta de narcotráfico».

La fuente se quedó pensativa un momento. «No veo ni escucho nada al respecto», respondió finalmente. «Los narcos operan en todo el país».

«¿Los Alemanes? ¿Mito Padilla?».

«Nombra los pecados, pero nunca a los pecadores».

«¿Qué tan poderosos son estos grupos? ¿Se extienden a las ciudades vecinas?».

La fuente me miró a los ojos. «¿Por qué fuiste a El Rosario? ¿Con qué caso tienes relación?».

«Ninguno, respondo. «Sólo estoy aquí porque los datos dicen que algo ha ido mal en El Rosario».

La fuente pareció decepcionada. «No te creo», se levantó para marcharse. «Estás haciendo preguntas delicadas. No creo que estés aquí por tu mapa». Luego se montó en la moto, arrancó el motor y desapareció por una calle polvorienta.

Las víctimas detrás de las estadísticas

 

Fue un lunes por la tarde, poco después de las 16.00 horas del 26 de septiembre de 2022, cuando Dora Emilia Clark, conocida localmente como «La Negra» fue tiroteada en su casa. Tenía 58 años. El último día de nuestra visita, una amiga de Dora accedió a hablar conmigo.

Han pasado casi seis meses desde que Dora fue asesinada, pero Salvador, el cuñado del marido de Dora, todavía sabe poco sobre el asesinato. Recuerda que el marido de Dora le envió mensajes de texto regularmente el día en que fue asesinada. Por la tarde ella dejó de responder. «Él pensó que estaba ocupada o que se había quedado sin batería. Pero cuando volvió a la casa, encontró su cuerpo».

Dora era de Nicaragua, pero llevaba más de 20 años viviendo en La Unión. En su casa trabajaba como curandera, utilizando remedios naturales y plantas para curar diversas dolencias. «Era muy conocida y querida», nos dijo Salvador sonriendo, «incluso los Regidores (miembros de la corporación municipal) acudían a ella. La gente de Juticalpa venía a su clínica».

Pregunté a Salvador si la policía había investigado. Negó con la cabeza. «No ha habido ninguna investigación, como en el 99% de los homicidios de este país. [La policía] dice que necesita que al menos dos personas testifiquen para procesar, pero nadie vio ni oyó nada». Salvador dijo que ni él ni la familia cercana tenían respuestas sobre quién podría haber querido matar a Dora.

Por su parte, la Policía de Investigación dijo que todos los casos de homicidio se investigan pero que no pueden hacer comentarios sobre investigaciones individuales. Confirmaron que en muchos casos los procesos eran difíciles porque nadie estaba dispuesto a testificar. De los homicidios ocurridos en La Unión en 2022, sólo dos fueron procesados judicialmente. Los dos casos enjuiciados no tenían vínculos conocidos con la delincuencia organizada. Los agentes de policía añadieron que, en muchos casos, las familias impedían a la policía acceder a los cuerpos de las víctimas de asesinato para realizar la autopsia. «Mucha gente sólo quiere un cierre», nos dijo un agente de policía, «sólo quieren que desaparezca su dolor».

En privado, fuentes de la región me contaron historias diferentes. «No confío en la policía», dijo sin rodeos una fuente, «la información se filtra a la gente equivocada». Otra persona sonrió cuando se le preguntó por la policía. «Ojo por ojo», decían. «La justicia en ciudades como esta es lenta. Hasta que no se acelere, la gente preferirá tomarse las cosas por su mano».

Sin conclusiones firmes

 

Salí de El Rosario a las 4 de la madrugada. La ciudad estaba en silencio, solo se escuchaba el zumbido del motor del autobús. Como tantos autobuses en Honduras, era un viejo autobús escolar. Antaño, habría estado abarrotado de escolares gritones y habría sido el lugar preferido para las peleas de comida. Ahora, atraviesa las remotas ciudades de Honduras en la oscuridad del amanecer. Las sombras suben los escalones y toman asiento. Me desplomé en la parte de atrás e intenté sin éxito dormitar contra una ventanilla que temblaba.

El viaje no me pareció un éxito rotundo. No se había resuelto ningún homicidio y era dolorosamente consciente de que muchas de las notas de mis entrevistas me resultaban deprimentemente familiares. «Demasiado borracho», «Crimen pasional», «Implicado en algo malo». Pero a pesar de ello, el viaje a El Rosario, La Unión y Jano dejó algo muy claro: no muy lejos detrás del pintoresco idilio rural se está cociendo algo feo, oscurecido por el poder, el miedo y la violencia.

El viaje puso de relieve tres cosas más.

En primer lugar, las narrativas que definen los homicidios en Honduras en gran medida no tienen en cuenta comunidades como La Unión, El Rosario o Jano pues las tasas de homicidio más altas no se dan en las grandes ciudades de Honduras, sino en las comunidades rurales. La violencia de las bandas, los feminicidios y los asesinatos de activistas pueden acaparar titulares — con razón — pero las explicaciones conocidas de la violencia parecen tener un peso limitado aquí, donde no hay pandillas, la mayoría de las víctimas son hombres y no forman parte de grupos activistas.

En segundo lugar, las autoridades no parecen conscientes, equipadas o capaces de hacer frente de manera significativa a la delincuencia organizada. La alcaldesa de La Unión, aunque generosa con su tiempo y ostensiblemente bienintencionada, no tenía «ningún plan» para hacer frente a las tasas récord de homicidios y se mostró «sorprendida» por las estadísticas que le presentamos. Mientras tanto, la Policía de La Unión, descrita como un «centro» de la ley y el orden, parece funcionar sin tecnología. Los policías toman notas en sus teléfonos y dependen de un solo vehículo que, al parecer, está en «mal estado».

La región es un mundo a través del espejo en el que, a pesar de que las tasas de homicidio están entre las más altas del mundo, se puede pasear por las calles, comer asados y casi creer a cualquiera que explique pacientemente que el lugar es «muy tranquilo». Por el módico precio de no oír ni ver nada, la mayoría de los residentes se permite una vida relativamente tranquila.

Nota: Los nombres y detalles de las fuentes para esta nota han sido adaptados o cambiados con la excepción de aquellos que aceptaron revelar sus identidades.

Escuchar el reportaje

La comunidad garífuna de San Juan en Tela, en la costa caribe hondureña, denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar su derecho a la tierra ancestral. En medio de la denuncia, también han detenido la construcción de nuevos complejos hoteleros en tierras que reclaman como suyas y han abierto caminos que antes fueron cerrados por el desarrollo urbano. Se han organizado para solicitar que se titule a favor del pueblo garífuna 1770 hectáreas en la Bahía de Tela, una de las zonas más codiciadas por las inversiones turísticas en el país.

Texto: Jennifer Avila
Fotografía: Amilcar Izaguirre

Dice Xenia que en San Juan solo la anciana que vive enfrente de su casa recuerda cómo era el molino comunitario en donde se hacía el casabe. «Ella está bien viejita y ya casi no recuerda mucho, pero del casabe ella le puede hablar», cuenta mientras se queja porque antes — no sabe bien si hace más o menos de diez años — tenían tierras de cultivo en esta comunidad garífuna y ahora esas tierras cultivan yuca pero no es de ellas, esa yuca ya no es para sus platillos típicos, como el casabe.

«Siempre lo comemos pero la yuca la tenemos que ir a comprar a la ciudad. Tampoco podemos sembrar en los solares de las casas porque aquí, los terceros, sueltan sus vacas y caballos y andan por los solares y se lo comen todo», dice Xenia. «Los terceros» son personas que ellas consideran invasoras de sus tierras.

Volvamos al casabe. Este complemento en la cocina garífuna es una tostada hecha de yuca, su sabor es versátil y por eso lo ponen para acompañar las sopas o aderezos; en algunos comercios se ha popularizado y ya lo venden en bolsitas con ajo, sal o chile. Pero ya poco de él se hace artesanalmente en las comunidades.

La anciana vecina de Xenia, apenas recuerda el idioma castellano, habla en garífuna y un nieto le traduce. «Guadalupe, allí era donde sembrábamos» dice y se mece en una silla de madera mientras trata de recordar; se da una palmada en la rodilla y dice «bueno, a ver si me acuerdo, pero sí lo puedo hacer, sí puedo hacer el casabe, hagámoslo». Se queda en ese tiempo por un instante y luego retoma «en aquellos tiempos íbamos a Guadalupe, traíamos la yuca al molino y la hacíamos, ese era mi oficio, hacer el casabe, y cuando mi esposo estaba vivo él pescaba y yo vendía el pescado».

Las mujeres mayores recuerdan que en la comunidad de San Juan, ubicada en Tela, Atlántida, las tierras pertenecían a la comunidad garífuna; ahí las mujeres se dedicaban a sembrar yuca y plátano para alimentar a la familia. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Las mujeres mayores recuerdan que en la comunidad de San Juan, ubicada en Tela, Atlántida, las tierras pertenecían a la comunidad garífuna; ahí las mujeres se dedicaban a sembrar yuca y plátano para alimentar a la familia. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Nos acompaña Wilton Centeno, un líder comunitario que volvió hace unos años de los Estados Unidos a su pueblo. Wilton dice que los jóvenes de la comunidad no saben qué es Guadalupe, mucho menos hacen casabe, muchos se fueron como él que pasó su juventud como migrante en otro país. Otros que se quedaron, nacieron después de que su comunidad fue tragada por la ciudad.

«Guadalupe» hace más de 15 años que no existe, cuentan, y poco tiempo después de que perdieron eso cerraron el molino. Pero no fue lo único que cambió, las personas que compraron tierras alrededor de la laguna de Los Micos, que está ubicada justo entre la comunidad de San Juan y el mar, cerraron los pasos para quienes iban a pescar libremente.

El relato de las mujeres garífunas y de los jóvenes de San Juan también resonó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el pasado 6 de marzo en una audiencia pública en Los Ángeles, California. «Yo he sufrido persecución como persona afectada por los terceros. No me dejan entrar a la propiedad, hostigándome, haciendo llamadas, amedrentando para venderles. Me han mandado a sacar de mi propiedad con la policía, la propiedad ancestral que tengo los terceros la quieren abarcar, están presionando para vender porque no soy digna de tener mi propiedad en mi aldea. Es muy lamentable que eso esté pasando, que nosotros no podamos crecer en nuestro pueblo», dijo Judith, una mujer garífuna que fue a los Estados Unidos, no como migrante, sino como demandante del Estado de Honduras.

Este no es el primer caso de recuperación de tierras ancestrales garífunas que conoce el Sistema Interamericano. En 2015 la CorteIDH emitió una sentencia en favor de este pueblo que también reclamaba tierras ancestrales arrebatadas por «terceros», bloqueo de accesos, y persecución en la comunidad Triunfo de la Cruz, otra de las que habita el pueblo garífuna en la Bahía de Tela. Ahora la comunidad de San Juan espera que su caso también llegue a la Corte IDH y puedan tener el título comunitario, porque esta comunidad nunca tuvo uno.

Una madre garífuna cruza la calle con su hijo dentro de un cochecito por el centro de la comunidad de San Juan ubicada en Tela, Atlántida. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Una madre garífuna cruza la calle con su hijo dentro de un cochecito por el centro de la comunidad de San Juan ubicada en Tela, Atlántida. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Pero la comunidad de San Juan va más allá. Esperan que no solo se titulen 629 hectáreas de tierra que pertenecen al pueblo garífuna en esta aldea, sino que se titulen en total 1770 hectáreas que abarcarían gran parte del casco urbano de la ciudad de Tela.

El caso apunta al Estado de Honduras por su «alegada responsabilidad internacional ante la presunta falta de protección de las tierras ancestrales de las Comunidades Garífuna de San Juan y Tornabé, así como las presuntas amenazas contra varios de sus líderes y
lideresas. Es un hecho no controvertido que la Comunidad Garífuna de San Juan no
cuenta con un título de propiedad colectiva que reconozca la totalidad de sus tierras y
territorios ancestrales», según la ficha del caso en la CIDH.

Wilton le habla de su sueño a la anciana, le dice que cuando recuperen «Guadalupe» van a volver a usar un molino comunitario, habrá mujeres que darán talleres a las más jóvenes para elaborar el casabe, los hombres volverán a pescar libremente allí, como antes. La anciana lo escucha y asiente, como si también lo soñara.

Una joven garífuna camina por la orilla de la playa cargando algunos utensilios en la comunidad de San Juan, ubicada en Tela, Atlántida. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Una joven garífuna camina por la orilla de la playa cargando algunos utensilios en la comunidad de San Juan, ubicada en Tela, Atlántida. Foto CC/Amílcar Izaguirre

La ciudad vs. la comunidad

Es viernes en San Juan y hay silencio, solo se escucha el mar y unos pocos camiones repartidores de refrescos que pasan por las calles empolvadas. Pareciera que todo se paraliza por el calor húmedo de la costa. Ya casi es fin de semana, la comunidad comienza a sonar a reggae mientras llegan los turistas a comer los platillos de la cocina garífuna y descansar a la orilla de la playa. La cúspide de actividad económica sucede en fin de semana, aunque la comunidad de eso se sostiene cada vez menos, porque los ingresos que más llegan a las familias garífunas provienen de las remesas de los migrantes, los que se fueron porque no miraban un futuro en la comunidad.

Deinor de 24 años es el presidente del Comité de Tierras de San Juan y dice que él nunca tuvo el sueño americano, aunque sí intentó irse una vez; también su tía lo intentó pero en México perdió una pierna y fue deportada. «Me intenté ir y me fui así migrando pero no iba con la emoción, me regresé de México. Mi tía, después de lo que le pasó, siempre se mantiene alegre, no pierde la alegría aunque su sueño de salir adelante no lo cumplió», cuenta.

Deinor muestra en un mapa la porción de 629 hectáreas donde se delimita el territorio que ancestralmente le pertenece a la comunidad de San Juan, Tela. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Deinor muestra en un mapa la porción de 629 hectáreas donde se delimita el territorio que ancestralmente le pertenece a la comunidad de San Juan, Tela. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Deinor explica que él apenas viene conociendo la historia de su comunidad y que su trabajo ahora es enseñarle a los jóvenes a no irse, a quedarse para vivir de su territorio. Y habla de su sueño de hacer un turismo sostenible, sin tener que matar manglares, ni rellenar la laguna para construir, y sobre todo, preservando su cultura.

Deinor nos da un recorrido por las zonas de la comunidad que han intervenido para que no se construyan más hoteles o casas sin su permiso y nos muestra un complejo de habitaciones construidos sobre un relleno de arena sobre la laguna de Los Micos. Lo que se ve es una zona de desastre: manglares cortados, arenas movedizas, casas hundidas en la laguna. Esa es una zona recuperada ahora, cuentan Deinor y Wilton.

«Hemos parado el acceso de máquinas de construcción, hemos hecho acciones como comunidad, juntos, para evitar que cierren los accesos y que construyan en tierras que compraron fraudulentamente», explican.

Deinor profundiza diciendo que el pueblo garífuna exige 1770 hectáreas de tierra en la costa caribe hondureña. «El territorio ancestral es desde la barra de Tornabé hasta la barra de Triunfo de la Cruz; la barra está en la zona urbana de Tela, por eso ahora existen los barrios El Paraíso ó 21 de enero, porque Tela extendió su casco urbano. Hay quienes dicen que estamos pisoteando los derechos de terceros pero solo queremos recuperar lo que nos pertenece», explica Deinor. Y es que la ciudad se fue metiendo poco a poco en la comunidad rural de San Juan y hay calles que dividen a la comunidad garífuna de estos barrios que menciona el líder comunitario. Las calles empolvadas de San Juan son muy diferentes a las de algunos barrios en donde hay pavimento.

Deinor explica que el Estado le otorgó a la comunidad alrededor de 300 hectáreas de tierra después de la urbanización, pero la comunidad alega que solo de San Juan son 629 y en total entre la barra de Tornabé y la de Triunfo de la Cruz son 1770, por eso han acudido a la CIDH que ya admitió la demanda.

La CIDH explica que «si bien en el año 2000 el Instituto Nacional Agrario otorgó un título reconociendo una porción del territorio ancestralmente reclamado, el Estado no ha cumplido con titular la totalidad del territorio de la comunidad, lo cual ha impedido que la comunidad use y goce de sus tierras en forma pacífica. Asimismo, en un escenario de falta de seguridad jurídica respecto de sus territorios ancestrales, se argumenta que se ha dado el otorgamiento de títulos a terceros ajenos a la comunidad; el otorgamiento y funcionamiento de proyectos hoteleros; la ampliación del casco urbano de la Municipalidad de Tela y la creación de un Parque Nacional en el territorio reivindicado por la comunidad».

Wilton y Deinor descansan bajo la sombra de una champa cubierta con hojas de coco. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Wilton y Deinor descansan bajo la sombra de una champa cubierta con hojas de coco. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Deinor asegura que la comunidad garífuna no pretende sacar a la gente del municipio de Tela que ahora vive en esos barrios o incluso en la misma comunidad de San Juan, sino que su objetivo es que se les permita administrar ese territorio. «Si se recuperan las tierras, la comunidad las manejaría de acuerdo a su cosmovisión», dice. Esto significa no tributar a un gobierno local, también aplicar la consulta previa libre e informada en caso de que alguien pretenda construir un proyecto turístico en la zona.

«Desde la municipalidad siempre nos han prometido proyectos pero a cambio de nuestras tierras y eso no lo queremos, nosotros queremos buscar nuestro propio desarrollo», dice Deinor.

Mientras caminamos, Wilton ve un rótulo que dice «Propiedad privada» en un portón que está cerrado y que corta el paso a la laguna. Las propiedades en esta zona de la comunidad están registradas en el Catastro municipal a nombre de personas naturales o de personas jurídicas; una base de datos del catastro municipal da fe de eso, también el mapa catastral del Instituto de la Propiedad. Este territorio, que Wilton asegura que no puede ser propiedad privada, está a nombre de Carlos Ferrer Bacuzzi y colinda con el complejo hotelero y residencial Honduras Shores Plantation; varias propiedades están registradas a nombre de Linda Lazarus, gerente de este complejo y reconocida empresaria de bienes raíces en la zona norte. Wilton arranca el rótulo del portón que da a una casa de lago con un pequeño yate anclado al frente, dice que ya no es permitido, que las autoridades han prohibido cerrar los pasos a la laguna y colocar rótulos como ese.

Para Deinor, los empresarios tienen una estrategia: no dejan de construir porque así podrán exigir una indemnización más grande por la inversión, «ellos quieren aumentar más a sus inversiones para que el Estado tenga la dificultad de indemnizarlos y por eso la comunidad tiene la tarea de detener esto» dice y agrega que cuando inició el gobierno de Xiomara Castro, una comisión de alto nivel en la que iban los ministros de Serna, Derechos Humanos y Seguridad visitó la comunidad y avaló que ésta detuviera los proyectos turísticos en las tierras en disputa. «El nuevo gobierno nos apoya», dice.

Resistencia garífuna

Monumento en honor a los garífunas liberales masacrados en 1937 por el gobierno de Tiburcio Carías Andino en la comunidad San Juan. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Monumento en honor a los garífunas liberales masacrados en 1937 por el gobierno de Tiburcio Carías Andino en la comunidad San Juan. Foto CC/Amílcar Izaguirre

El 12 de abril, las comunidades garífunas conmemoran su llegada a las costas hondureñas. En 1797 llegaron naufragando desde la isla de San Vicente en donde este pueblo había sido esclavizado. Desde su llegada a tierra firme conformaron comunidades en Punta Gorda, Roatán, en Colón, en La Ceiba y en la Bahía de Tela. En esta conmemoración, cada año las comunidades colocan la bandera con franjas amarilla, blanca y negra, tocan los tambores, bailan y comen sus platillos preferidos elaborados con frutos del mar y de las tierras costeras.

Pero, después de esa dolorosa llegada y después de que Honduras se convirtiera en república — y posteriormente en república bananera —, los garífunas siguieron enfrentando racismo y exclusión con una resistencia que ellos aseguran que continúa en la actualidad.

En el desvío a la comunidad de Tornabé se puede observar una pancarta con un mapa y un letrero que dice «Tornabé libre de Zedes». Foto CC/Amílcar Izaguirre
En el desvío a la comunidad de Tornabé se puede observar una pancarta con un mapa y un letrero que dice «Tornabé libre de Zedes». Foto CC/Amílcar Izaguirre

En San Juan se recuerda con dolor la historia porque allí además ocurrió una de las masacres más grandes cometidas por el régimen dictatorial del nacionalista Tiburcio Carías Andino en 1937. El maestro Victor Virgilio López, un escritor garífuna de esta comunidad lo recoge en un libro que hizo con retazos de la memoria de su pueblo. Los nombres de los 19 garífunas liberales masacrados por hombres de Carías quedaron escritos en una placa en el centro del pueblo, un espacio en medio de la calle de tierra frente al estrado principal donde se celebran las ferias. Esa memoria arrastra ahora a los jóvenes de San Juan que aseguran que pueden ganar el título comunitario.

Víctor Sambulá, un anciano pescador, también tiene retazos de esa memoria. Recuerda a «la compañía», la United Fruit Company, instalada en la zona. Cuenta que su padre trabajó en los talleres de «la compañía» como muchos de los hombres de San Juan. Él recuerda cuando todo era «libre, libre, la gente libre, los pasos libres, sin problemas» y él iba a pescar los domingos y se encontraba con trabajadores de «la compañía» con los que hacía trueques, pescado por caña de azúcar. Así lo recuerda.

«En aquellos tiempos eramos como 10 o 15 cayucos, habían palos para dejar los cayucos y no pegaba el sol, era oscuro. Antes se miraban culebras, lagartos, no había problemas. Si no pescabamos en la laguna era pescar en el mar, es la vida de nosotros los negritos», cuenta.

El líder garífuna señala con su mano los lugares donde antes los pescadores de la comunidad de San Juan podían pescar libremente. Foto CC/Amílcar Izaguirre
El líder garífuna señala con su mano los lugares donde antes los pescadores de la comunidad de San Juan podían pescar libremente. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Don Víctor dice que los mestizos que viajaban en buses para ir al centro de Tela desde las comunidades rurales a veces se bajaban de los vehículos al ver que los garífunas iban a tomar el bus. «Los negritos iban a vender pescado a Tela, pero ellos no querían negros en los carros porque hedían a pescado […] así lo decían ellos», recuerda. Y es que él tiene una lista de anécdotas que demuestran el racismo al que siempre se enfrentó en su cotidianidad. Dice que recuerda que un expresidente dijo una vez que quería «sacar a todos los zopilotes de las playas», refiriéndose a los negros.

Y así lo intentaron. En medio de ese racismo, la pobreza, la falta de acceso a derechos básicos y la migración de los jóvenes garífunas, comenzó la venta de las tierras, la venta fraudulenta, dicen Wilton y Deinor.

«Bueno pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo […] ya después, cuando esa gente vendió, cercaron, pusieron carreteras. Ya no podíamos dejar al cayuco allí, no podíamos pasar ni con la carreta para traer leña», dice don Sambulá.

«Pues allí se jodió todo, perdonando la palabra», agrega.

Hace calor y en la casa de los Sambulá suena fuerte la radio con música rock en español; la esposa saca unas bolsas de agua para repartir y dice con pena que no tiene más. La casa está en plena construcción porque sus hijos están trabajando en el extranjero, unos migraron a los Estados Unidos y otros trabajan en cruceros «se fueron embarcados» dicen, así como una vez anduvo navegando don Víctor.

Esta familia tiene su terreno y están edificando una casa del tamaño exacto del terreno, pasan allí ya los años de su vejez recibiendo las remesas de sus hijos pero muy pendientes de la lucha del nuevo comité de tierras de la comunidad.

«La lucha que tienen los muchachos uno tiene que cooperar con ellos, estoy de acuerdo, el nuevo alcalde creo que va a cooperar, aquí tiene tierras pero él es de aquí de San Juan y él no va a perder. Y si los jóvenes siguen ese paso, el gobierno los va a reconocer también» y don Víctor se lo dice a Wilton como dándole un impulso, porque él sabe lo que es pelear tierras, ya lo hicieron cuando lograron que se reconociera el territorio en lo que ahora se conoce como Nuevo San Juan.

En el registro municipal de tierras de Tela solo aparece un predio a nombre del «Patronato de la aldea de San Juan» y es de 4827 metros cuadrados, un terreno de poco menos de una hectárea.

En la comunidad de San Juan, los garífunas llaman «terceros» a las personas que aseguran haber comprado tierras con permisos de la municipalidad de Tela, en las que ahora se dedican a la ganadería. Foto CC/Amílcar Izaguirre
En la comunidad de San Juan, los garífunas llaman «terceros» a las personas que aseguran haber comprado tierras con permisos de la municipalidad de Tela, en las que ahora se dedican a la ganadería. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Durugubuti-Bei Bei

La comunidad de San Juan no se llama así para el pueblo garífuna, su nombre original es Durugubuti-Bei Bei que hace referencia a un fruto pequeño, una especie de uva color negro que abunda en esa comunidad en árboles que crecen en la arena. Parte de la resistencia también es conservar ese nombre, dice Wilton, pero San Juan está partido, la zona de desarrollo turístico tiene además otros nombres, unos extranjeros como Honduras Shores Plantation o Barrio Nicaragua.

Cerca de esa zona, en donde el comité de tierras ha detenido la construcción de nuevas casas o cabañas turísticas, hay una propiedad a nombre de Ricardo Cálix Arias, reconocido ganadero de la zona y padre del alcalde actual de Tela, el ingeniero Ricardo Cálix Ruiz, quien también posee tierras dentro de la comunidad de San Juan en donde tiene ganado.

Intentamos hablar con el alcalde de Tela para conocer cómo su familia obtuvo las tierras y para saber qué acciones tomaría como alcalde municipal en este conflicto que no solo le concierne por ser terrateniente, sino por administrar las tierras municipales y la urbanización del municipio. Hasta el cierre de esta nota, no obtuvimos respuestas a las llamadas ni a los mensajes por whatsapp solicitando una entrevista sobre el tema.

Contactamos a la Cámara de Comercio de Tela para conocer la posición de la empresa privada en el sector pero la directora ejecutiva Graciela Zúniga dijo no estar autorizada para referirse al tema.

También contactamos al presidente de la Cámara de Turismo de Tela, Antal Borscok, para conocer la posición de los empresarios y propietarios de tierras en la zona que reclaman los garífunas y dijo que no se pronuncian al respecto porque esperan un fallo del Sistema Interamericano. «No queremos división ni odio, por eso vamos a esperar a ver qué dicen los jueces sobre el caso», dijo y también aseguró que hay que averiguar cómo funcionan estas sentencias porque ya se dio una en Triunfo de la Cruz y hasta el momento no se sabe qué ha pasado con ese conflicto de tierras. «Aquí hay que ver que también hay gente que tiene mucho tiempo de haber invertido en sus casas o sus empresas, hasta la iglesia católica entra en ese reclamo y la iglesia tiene más de cien años de estar en la zona», dijo.

Y es que ya han pasado ocho años desde la sentencia de Triunfo de la Cruz en la que se estableció que el Estado debía titular tierras a favor del pueblo garífuna, pero hasta el momento eso no ha ocurrido. El presidente del comité de tierras del Triunfo de la Cruz, Alfredo López, nos dijo que se debía haber expropiado a las personas que adquirieron títulos fraudulentos y que desarrollaron proyectos turísticos en la zona sin consulta con las comunidades, pero que hasta el momento eso no ha ocurrido porque el Estado se ha declarado incapaz de indemnizar a estos empresarios por sus inversiones.

Pero asegura López que estas tierras fueron compradas a algunos líderes garífunas que fueron engañados, a quienes les pagaron una ínfima cantidad de dinero. «Vinieron como los españoles, a dar espejos por riquezas. Tenemos documentadas esas ventas y es para no creer», dijo.

López aseguró que la expropiación que esperan es en contra de los proyectos turísticos y no incluye a las personas que han vivido en el territorio reclamado por mucho tiempo y que viven en los barrios de la ciudad de Tela. «Es una campaña en contra de nosotros la que dice que nosotros vamos a expropiar a la pobre gente que vive en los barrios de Tela. Nosotros mismos les hemos dado terrenos a personas que vienen incluso con sus niños desnutridos a buscar un pedazo de tierra para construir su casa; y aquí están y viven bajo la regla de no vender el terreno. Los ricos son los que se tienen que ir», dice López y cuando dice ricos menciona a los que están vinculados a la política e incluso algunos vinculados al crimen organizado.

En San Juan, agregó López, es el mismo reclamo, a quienes están denunciando es a los empresarios de Honduras Shores Plantation porque esa empresa abarca mucho territorio. «También la familia Rosenthal que reclama más de la mitad de la comunidad. A ellos se les expropiaría y se les pagaría lo que invirtieron», explica y dice que es muy peligrosa la narrativa en la que los garífunas se ven confrontados con los mestizos pues «los muertos van a hacer los mismos pobres, porque están creando división con esa campaña».

Pero ¿qué pasaría con los barrios ya urbanizados si se titulan las 1770 hectáreas en favor del pueblo garífuna? Esa pregunta se la hace Antal y se la hacemos a Alfredo y Deinor. Alfredo, quien también es miembro de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) dice que ellos han planificado un proceso de saneamiento de las tierras, un «catastro de usos múltiples», «estamos preparándonos para el manejo de todo este territorio ya saneado, eso es lo que dice la sentencia de Triunfo [de la Cruz] y así será en el caso de San Juan, que las comunidades garífunas administren las tierras», explicó.

Un grupo de niños garífunas juega bajo una champa a la orilla de la playa en la comunidad de San Juan. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Un grupo de niños garífunas juega bajo una champa a la orilla de la playa en la comunidad de San Juan. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Deinor dice que tiene muchos planes para involucrar a toda la comunidad en la lucha por las tierras y en la preservación de la cultura, en la recuperación de Durugubuti-Bei Bei. Quieren organizar un predio para ampliar el cementerio puesto que enfrente del que existe actualmente hay una posta policial abandonada y una edificación en ruinas, allí les gustaría hacer el cementerio nuevo porque ya los cadáveres no caben en el viejo. También quieren hacer un proyecto de viviendas para que los más jóvenes no se vayan de la comunidad hacia la ciudad o hacia los Estados Unidos y quieren recuperar las tierras de cultivo para recuperar también la yuca, la malanga y el plátano.

«Las calles ancestrales que liberamos ahora es por acuerdo entre la comunidad y el estado», dice Wilton quien también sueña con que la comunidad viva del turismo sostenible.

«La gente tenía miedo de protestar» dice Deinor pero asegura que han perdido el miedo y que más gente se suma al comité.

Deinor nos contaba que nunca van solos a las zonas en disputa, que se cuidan entre ellos, que van en grupo grande porque siempre esperan lo peor, es reciente aun lo que pasó en la comunidad vecina de Triunfo de la Cruz, el desaparecimiento de cuatro líderes garífunas en 2020 y el asesinato de un miembro del comité de tierras en este 2023. Están conscientes de que corren riesgo.

«Pero hemos perdido el miedo de que nos van a perseguir; creemos que lo que podemos lograr hoy va a servir para las siguientes generaciones. Aquí lo que pasó en Triunfo dio miedo pero ya no estamos así, porque ellos hacen eso para que nosotros paremos» dice convencido Deinor mientras comienza a soplar el viento en San Juan y las jóvenes que atienden el restaurante «Vista al mar» preparan el almuerzo del día, pescado frito con tajadas de plátano verde. No hay casabe hoy.

El sábado 8 de abril, en pleno feriado de Semana Santa y en día de visita conyugal, se registraron enfrentamientos armados en cuatro centros penitenciarios del país, dos de ellos cárceles de máxima seguridad. El Instituto Penitenciario asegura que ha tomado el control de los centros y la presidenta Xiomara Castro ha anunciado vía twitter una intervención «enérgica» y con «mano dura» del sistema penitenciario, mientras en la cárcel de máxima seguridad «El Pozo», continúan los tiroteos. 

Texto: Jennifer Avila
Fotografía de archivo Jorge Cabrera

Decenas de videos filmados desde el interior de las cárceles de Honduras circularon y se hicieron virales el pasado sábado 8 de abril. Videos propios de una guerra tomados desde diversos ángulos, desde quien tiraba un cartucho de municiones a su compañero y desde el cual se veía su respuesta con un fusil de grueso calibre ante el ataque de otros presos. Circuló también un video desde afuera, «lleve chaleco Comandante, váyase agachado que ahí es balacera» le dice un policía que filma con su celular a otro que corre buscando refugio de las explosiones que salen del interior de la prisión. Fueron cuatro centros penales del país los que entraron en guerra mientras afuera se hacían virales los videos. 

En la Penitenciaría Nacional de Támara, una cárcel con una población penitenciaria de más de seis mil privados de libertad, el altercado se dio en el módulo que llaman «Casa blanca» en donde hay un poco más de mil privados de libertad entre los que están miembros de crimen organizado, miembros en «diagnóstico» y «retirados». Un interno aseguró a este medio que la MS-13 atacó este módulo mientras estaban en visita conyugal «no llegaron porque aquí les respondimos», contó, en condición de anonimato. 

Una mujer que estaba en la visita conyugal llamó a un canal de televisión contando esa misma versión, que miembros de la MS-13 atacaron a «Casa Blanca» y las visitas como ella tuvieron que salir huyendo en medio de la balacera. 

Ese mismo sábado, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), informó a través de un comunicado que se había recuperado el control de los centros penales; sin embargo, fuentes al interior del penal en Támara confirmaron hasta la mañana del domingo que no habían llegado policías a la zona en donde había ocurrido el altercado y que el fuego había cesado porque la MS-13 se había retirado después de que en «Casa Blanca» les respondieron con sus propias armas.

«Este es un asunto de control, la MS-13 ha logrado el control de varios módulos que antes no eran de ellos, ahora quieren controlar aquí, pero aquí vamos a defendernos solos. Esto no es porque hacen falta kits de limpieza, porque esos los da el gobierno, esto es porque ellos quieren control», dijo este preso en reacción a un audio que también circuló, atribuido a otro privado de libertad, que se quejaba de las condiciones de hacinamiento y amenazaba con que iban a matar a cualquier nuevo interno que enviaran a los centros penales. 

El domingo, la vocera del INP, Digna Aguilar, aseguró que alrededor de 400 agentes del INP y miembros de la Policía nacional se movilizaron a los centros penales en crisis, pero en ese momento estaban enfocados en el centro penal de Ilama, Santa Bárbara, la cárcel de máxima seguridad conocida como «El Pozo» porque se había «reactivado» el altercado. También dijo que solamente la Policía Nacional y los agentes penitenciarios están atendiendo los centros penales ahora, las Fuerzas Armadas no están interviniendo. 

«Lo que importa son los resultados»

El domingo 9 de abril, a través de su cuenta de twitter, la presidenta Xiomara Castro, quien en todo su mandato no ha brindado una sola conferencia de prensa, anunció una intervención del sistema penitenciario con estas palabras:

«Sé del esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los Centros Penales. 12 años (144 meses) de saqueo y colusión con el narcotráfico, maras, pandillas y crimen organizado público y privado, no se arreglan en 12 meses. Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta trasformarlas en Centros Penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado. La intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad, de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención no solo con el castigo. Mañana 10 de abril, anunciaré los nombramientos y las primeras medidas de emergencia. Lo que importa son los resultados.»

Esta no es la primera intervención de una institución pública durante su mandato, recientemente también intervino el sistema de emergencia 911 después de que su gobierno incumpliera los contratos con los proveedores de comunicaciones y cámaras de seguridad desde septiembre del año pasado. También la presidenta nombró intervenciones en la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI, y en el servicio civil después de presentarse casos de mala administración de bienes incautados y conflictos por empleos y tráfico de influencias. 

Al inicio de su mandato, Castro informó de un proceso de traspaso de mando del Sistema Penitenciario a la Policía Nacional que buscaba concluir en la formación de una Policía Penitenciaria independiente de las FF. AA. y de la Policía Nacional, apoyándose en una Policía Comunitaria. Estas medidas, incluyendo la de la Policía Comunitaria, siguen sin concretarse.

Otra medida radical del gobierno de Castro fue el estado de excepción decretado en diciembre de 2022 y que se ha extendido a todo el territorio nacional y prolongado hasta este momento, a pesar de que el discurso oficial es que los homicidios han experimentado una baja importante. Este estado de excepción incluía medidas especiales en los centros penitenciarios para evitar que desde su interior se siguieran controlando delitos como la extorsión y los homicidios; sin embargo, esta serie de amotinamientos coordinados demuestra que las cárceles están bajo el control de los presos. 

Por su parte, el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos crueles Inhumanos o Degradantes, MNP- Conaprev exigió a través de un comunicado que se depure al personal a cargo de las cárceles, se fortalezcan las capacidades del INP y se tomen medidas de reubicación según la peligrosidad de algunos privados de libertad en ciertos centros penales y que las medidas que se tomen para abordar esta crisis vayan en consonancia con el respeto a los derechos humanos y la vida tanto de los privados de libertad como de sus familias. 

Según un reportaje  publicado en este medio con respecto al estado de excepción, hasta el 31 de enero pasado, el INP reportó un total de 19,477 privados de libertad en las 25 cárceles del país. 

Según la fuente que informó desde el interior de Támara, hasta el domingo no había llegado personal de la Policía Nacional ni de las FFAA a ese centro penal y dijo que ante la posibilidad de que los ataques continúen «aquí defenderemos nosotros solos porque los policías se fueron, no hay nadie».

El venezolano fue asegurado en un operativo realizado en cruceros viales y recluido en la estación migratoria de donde fue rescatado con lesiones por el incendio; este jueves quedó detenido y acusado ante un juez de homicidio doloso, lesiones y daño en propiedad ajena.

‘Sorprende que lo culpen del incendio’, dice su hermana desde Chile donde reside tras dejar Venezuela

POR GABRIELA MINJARES / LA VERDAD

Jeison Daniel Catarí Rivas recorrió más de cinco mil kilómetros para llegar a Ciudad Juárez con la intención de cruzar a Estados Unidos en busca del “sueño americano”. Aún sin lograrlo la desgracia lo alcanzó: se encuentra lesionado y detenido.

El venezolano de 28 años es la única persona migrante que, hasta el momento, ha sido identificado como presunto responsable del incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que ha cobrado la vida a 39 extranjeros y lesiones a 27.

Si bien las autoridades federales no han revelado la identidad de ninguno de los probables responsables por el derecho al debido proceso, Jeison Daniel ya se encuentra detenido para ser puesto a disposición de un juez.

Es una de las nueve personas identificadas como presuntos responsables de los hechos ocurridos la noche del lunes 27 de marzo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) que se localizan en el puerto fronterizo Reforma, llamado también Lerdo.

Así se corroboró en el Registro Nacional de Detenciones, sistema de consulta pública que concentra la información a nivel nacional sobre las personas detenidas, operado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

La cédula de detención del extranjero que arroja el sistema indica que fue detenido el jueves 30 de marzo a las 5:30 horas por la Policía Federal Ministerial.

Cédula de detención de Jeison Daniel Catarí Rivas tomada del Registro Nacional de Detenciones
Cédula de detención de Jeison Daniel Catarí Rivas tomada del Registro Nacional de Detenciones

Jeison Daniel se encontraba internado en el Hospital General de Zona número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde su condición era reportada como delicada después de resultar lesionado en el incendio de la estación migratoria donde estuvo detenido el lunes desde las 15:00 horas, aproximadamente.

Sin embargo, este jueves fue dado de alta y se le ejecutó la orden de aprehensión obtenida con base en declaraciones de otras personas migrantes que presuntamente lo identificaron por las características físicas.

Jeison Daniel (derecha) acompañado de con su amigo Óscar, quien murió en el incendio de la estación migratoria. La foto la enviaron a sus amigos cuando ambos fueron detenidos por agentes del INM en un crucero vial. Cortesía.
Jeison Daniel (derecha) acompañado de con su amigo Óscar, quien murió en el incendio de la estación migratoria. La foto la enviaron a sus amigos cuando ambos fueron detenidos por agentes del INM en un crucero vial. Cortesía.

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa los delitos de homicidio doloso, lesiones y daño en propiedad ajena.

“… quien lo han señalado son las demás personas migrantes y, como le comento, no podría en este momento dar más elementos, porque es parte de la investigación, pero sí es señalado por las mismas personas migrantes que declararon”, aseguró Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos en la FGR, en conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México el miércoles pasado.

La noticia de la detención causó sorpresa a su familia localizada en distintos países de Sudamérica, que hasta este jueves ni siquiera había obtenido información sobre su estado de salud, mucho menos sobre su situación jurídica.

‘SORPRENDE QUE LO CULPEN DEL INCENDIO’


En entrevista telefónica con La Verdad, Daniela Catarí, hermana de Jeison Daniel, lo describió como una persona tranquila, que nunca ha tenido problemas legales y, por lo tanto, no tiene antecedentes penales en ninguno de los países donde ha vivido.

“Por eso me sorprende saber que lo culpan del incendio, que él lo haya iniciado, no sé qué lo pudo llevar a eso, yo lo puedo describir como una persona pacífica, que le gusta salir adelante, superarse, vive la vida muy relajado”, dijo la mujer de 30 años que hace cuatro años migró de Venezuela a Perú y ahora vive en Chile.

Aseguró que ninguna autoridad mexicana o consular se ha comunicado con ellos para informarles sobre la condición de su hermano y tampoco han tenido suerte en ninguna de las llamadas telefónicas que han realizado a hospitales y dependencias en Ciudad Juárez.

“No sabemos nada, queremos saber quién lo acusa que fue responsable directo del incendio, qué pruebas tienen… es una persona, que yo puedo decir, es tranquila, por eso me sorprende enterarme que digan que es una de las personas que inició el incendio, me ha sorprendido”, afirmó.

Mientras que sus amigos y compatriotas venezolanos todavía ayer por la tarde exigían información sobre su paradero, porque fue detenido el lunes en el operativo realizado por el INM, cuando estaba junto con Óscar José Regalado Silva, quien falleció en el incendio.

“Sabemos que está herido y queremos respuesta de él; nos dijeron que hoy (jueves) lo iban a dar de alta, pero no sabemos nada de él, exigimos información porque hay compañeros venezolanos muertos y nos ponemos en sus zapatos, si fue uno o el otro o yo, el estrés de nuestras familias es duro”, manifestaron los amigos que pidieron no ser identificados por temor a represalias de las autoridades.

LO DETUVIERON EN EL OPERATIVO REALIZADO EN CRUCEROS VIALES

Jeison Daniel estuvo durante la mañana del lunes con varios amigos venezolanos en un crucero vial limpiando vidrios, pero unos decidieron separarse a uno más lejano, por la Plutarco Elías Calles y Heroico Colegio Militar, porque querían explorar la zona para ver si había posibilidades de cruzar a Estados Unidos, explicaron migrantes entrevistados.

Entre los que decidieron ir al otro crucero estaban Óscar José y Jeison Daniel junto con otro amigo que conocieron en la selva de Panamá mientras realizaban el viaje a Ciudad Juárez.

“Cuando estaban por la ‘Equis’ los detuvieron los de Migración a Óscar y a Jeison, nos mandaron mensajes para decirnos lo que había pasado y nos les creímos, pero nos mandaron una foto cuando los traían en la combi; nunca nos imaginamos que fuera a ser la última de Óscar”, agregaron mientras exhiben la imagen que se quedó guardada en sus celulares y que ayer colocaron en el altar que montaron en el exterior de la estación migratoria.

El amigo que alcanzó a escapar para evitar la detención les confirmó que habían sido capturados por las autoridades como a las 15:30 horas, en un operativo encabezado por el INM, en el que también participó la Policía Municipal.

Los otros amigos comentaron que también alcanzaron a hacer una videollamada con los detenidos, pero ya no pudieron hablar nada, solo los vieron cuando eran transportados en las camionetas para llevarlos a la estación migratoria.

Al final, cuando los ingresaron a la celda les quitaron a todos sus pertenencias, pero como denuncian que en el lugar hay una gran corrupción, uno de ellos logró quedarse con el celular y grabó un video que publicó en su cuenta de WhatsApp.

El video fue grabado por Joel Alexander Leal Peña, quien posteriormente falleció en el incendio y a quien este jueves festejaron de manera póstuma su cumpleaños 21.

El material grabado también fue visto por Daniela, hermana de Jeison, quien identifica a su ser querido cuando se encontraba por el área del baño antes del incendio y lo observa tranquilo.

Posteriormente, en una imagen que compartió de la celda que, asegura, se difundió en medios de comunicación en Venezuela, Daniela vuelve a identificar a su hermano, quien ese día vestía una sudadera lila.

“No entiendo qué pudo haber pasado para que digan que fue él quien inició el incendio”, dijo después de compartir las imágenes y el video.
“No entiendo qué pudo haber pasado para que digan que fue él quien inició el incendio”, dijo después de compartir las imágenes y el video.

Mencionó que cuando al principio vieron los videos del incendio, no se percataron de la presencia de su hermano, porque ni siquiera sabían que estaba entre los detenidos y lesionados, fue hasta después que los amigos les hicieron saber lo ocurrido que vieron a detalle las imágenes.

Los amigos de Óscar y Jeison consideraron que el video fue grabado porque pagaron a los agentes de migración de la estación para quedarse con el celular.

Denunciaron que es una práctica común y que les cobran de 500 a mil pesos para quedarse con los celulares o usarlos durante un tiempo.

También, afirmaron, les venden cigarros y encendedores en 200 o 250 pesos la cajetilla.

“Hasta mota nos ofrecen, nos dicen que si queremos eso o algo más. Yo he pagado 300 pesos por una pizza”, cuenta uno de ellos que asegura haber estado en la estación migratoria detenido al menos ocho veces en los últimos cuatro meses.

Aunque ayer los amigos de Jeison desconocían que se encontraba detenido acusado del incendio, exigieron a las autoridades pruebas contundentes de la culpabilidad de la persona migrante que supuestamente prendió el fuego.

“Que no sean solo dichos, deben tener videos porque hay dos cámaras dentro de la celda y dos afuera que graban imagen y audio; pero también deben investigar quién le dio la candela al que dicen que inició el fuego, porque cuando entras te quitan todo”, señalaron.

Familiares de Jeison también pidieron que se haga una investigación amplia y justa, porque dudan de su culpabilidad.

Jeison Daniel se dedicaba a la carpintería y dejó estudios universitarios truncos en Venezuela, país del que decidió migrar junto con su familia por las condiciones económicas.

Daniela contó que estuvo en Perú con su esposa y sus hijastros, de donde emprendió el viaje buscando llegar a Estados Unidos con unos amigos para buscar una mejor calidad de vida para su familia.

“Ahí a ellos se les metió la idea de irse a Estados Unidos buscando el famoso sueño americano, pero lo único que han conseguido es desgracia tras desgracia”, consideró la hermana quien espera información oficial de Jeison Daniel.

La fiscal Sara Irene Herrerías explicó en la conferencia del miércoles que, de acuerdo con las declaraciones de los migrantes, entre los detenidos había temor de que fueran ser deportados y por eso protestaron.

“Y ellos mismos describen cómo si es un grupo de migrantes pequeño el que empieza a destruir y luego a acumular las colchonetas para prender el fuego”, dijo.

El jueves agregó que durante la madrugada finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del Inami, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio.

Las órdenes se solicitaron por el delito de homicidio doloso, por el delito de lesiones en contra de los 67 extranjeros, 12 salvadoreños, un colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños, víctimas todas del incendio registrado en la estación migratoria en Ciudad Juárez.

Informó que ayer, hasta las 15:30 horas, ya se habían ejecutado cinco de las órdenes de aprehensión, sólo quedaba pendiente una. Además, durante el día se llevaría a cabo la audiencia de imputación y vinculación de los detenidos que fueron puestos a disposición del juez.

Al cierre de esta edición se desconocía el resultado de la audiencia.

laverdadjz@gmail.com

Después de que en enero de 2023, el Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad (Caprodi) sufriera un robo violento en el que los delincuentes preguntaban por las contraseñas de sus computadores y celulares, a finales del mes de marzo, en dos ocasiones, tres integrantes de su equipo fueron objeto de amenazas e intimidaciones por parte de miembros de seguridad del Estado.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Facebook Caprodi

El Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad (Caprodi), ubicado en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, zona norte de Honduras, reportó que en lo que va de 2023 han sufrido tres agresiones o amenazas violentas en contra de los miembros de su equipo. El primero se registró el 16 de enero y los restantes dos entre el 30 y 31 de marzo.

Cristian Murillo, director ejecutivo de Caprodi, manifestó a Contracorriente que el 16 de enero las instalaciones de Caprodi fueron violentamente asaltadas en horas del día. «Las compañeras que estaban presentes ese día fueron sometidas a tratos violentos, insultos y agresiones», dijo.

Murillo agregó que los asaltantes preguntaron ese día por las contraseñas de las computadoras y de los teléfonos. «Está de más decirlo, pero son fuentes de información, había un interés evidente por obtener dispositivos más allá del valor (que estos aparatos pueden tener). Creemos nosotros que lo que buscaban era información institucional».

El director de Caprodi afirmó que durante los últimos tres meses han recibido también visitas de personas que llegan a preguntar a la institución quiénes son las personas que dirigen la institución.

El segundo incidente, señaló Cristian, se registró el pasado jueves 30 de marzo frente al edificio de la Unidad Metropolitana de la Policía Nacional en El Progreso, frente al cementerio de la ciudad. En este caso, tres de sus compañeras de Caprodi fueron intimidadas por miembros de seguridad del Estado.

«Tres compañeras fueron amenazadas con armas de grueso calibre por oficiales de la Policía Nacional. Eso fue a las 11:30 de la mañana, pero el incidente se repitió otra vez el día siguiente, el viernes 31 de marzo a las 8:10 a.m», reveló.

Murillo aseguró que desde Caprodi están trabajando para beneficiar a personas con discapacidad en un ambiente «sumamente hostil, peligroso y amenazante en donde el trabajo de defender los derechos de las personas con discapacidad está exponiéndonos institucionalmente, pero también está exponiendo a las compañeras en el ejercicio del trabajo de la defensoría de derechos».

Caprodi trabaja con mujeres y personas con discapacidad que están privadas de libertad y es una organización que presiona a las autoridades centrales y locales para que transparenten los procesos de ayuda a las personas con discapacidad y denuncia además evitar los tratos crueles e inhumanos contra este grupo vulnerable.

Amenazan a tres integrantes de Caprodi

El pasado jueves, a eso de las 11:30 a.m. tres mujeres, integrantes del equipo de salud y rehabilitación de Caprodi, promotoras de los derechos de las personas con discapacidad en Honduras, fueron sometidas con armas de grueso calibre por un miembro vestido de civil que, sin ninguna identificación, les apuntó con un arma y les ordenó que le abrieran el vehículo.

Al agresor, que dijo pertenecer a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se sumaron luego agentes de la Policía Nacional que también apuntaron sus armas contra ellas.

Karina Flores, subdirectora general de Caprodi y coordinadora de incidencia, dijo a Contracorriente que ella manejaba el carro ese día cuando el agente de la DPI se paró frente al vehículo y apuntó su arma contra ellas.

«El incidente del jueves fue preocupante, ver de entrada un arma en frente de nosotras. Y luego ver un hombre que sostiene el arma, golpea directamente el vidrio y nos empieza a exigir que le abramos. En ese contexto, para nosotras es difícil reconocerlo como una autoridad. Lo primero que se nos ocurrió es que nos querían secuestrar por la manera tan grosera y violenta con que movía las armas y nos pedía que abriéramos el carro», expuso Karina.

La subdirectora de Caprodi agregó que, mientras determinaban qué hacer ante la petición violenta de detenerse y abrir el vehículo, avanzaban lentamente hacia el semáforo cuando el agente de la DPI comenzó a perseguirlas a pie, golpeando el vehículo e insistiendo que abrieran el carro. «En ese momento pude percatarme que ya había policías uniformados de la Policía Nacional y que estaban apuntando las armas contra nosotras, pero en ese momento aún no podía acreditar que eran autoridades locales», explicó Karina.

«Pude reconocer el rostro de otro policía que había en el entorno y eso fue lo que me dio la pauta de parar», expuso Karina, quien detalló que agresivamente los policías procedieron a señalarlas de pertenecer a una mara o pandilla y a indicarles que el vehículo en el que se trasladaban estaba reportado como «bloqueado». Cabe mencionar que dicho vehículo fue asignado por el propio Estado de Honduras a Caprodi, a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).

«El carro es totalmente transparente (vidrios claros) y aunque los vidrios estaban arriba en todo momento, ellos sabían que éramos tres mujeres. Cuando le preguntamos (al agente de la DPI) por qué las armas, y por qué hacía eso, entonces decía que lo estaban haciendo porque no sabía si las personas que conducían el carro eran miembros de una mara. Yo les preguntaba si no era evidente que en el carro nos conducíamos tres mujeres adultas. ¿Cómo nos va a identificar como miembros de maras y pandillas si está viendo que somos tres señoras? le dije yo», recordó Karina.

El personal de Caprodi llamó al subinspector Fonseca de la Secretaría de Seguridad, quien inicialmente había sido el enlace de seguridad y protección de Caprodi debido a otros hechos violentos sufridos anteriormente, quien les informó que ahora debían llamar al inspector de seguridad Espinoza Reyes.

Contracorriente intentó contactar al inspector Espinoza Reyes, quien no atendió nuestros llamados. Tampoco atendió el vocero de la policía en la ciudad de El Progreso, Óscar Sevilla.

Es preciso señalar que la ciudad de El Progreso, Yoro, se encuentra bajo un estado de excepción decretado por la presidenta Xiomara Castro. Honduras ha prorrogado durante más de cuatro meses esta medida con el argumento de combatir las extorsiones y las pandillas, sin embargo, las cifras de violencia continúan igual.

LEA: El verdadero estado de excepción en Honduras: capturas arbitrarias, abusos y 49 casos judicializados

Karina aseguró que no han sentido el respaldo ni la seguridad ciudadana, en un año en donde han atravesado una situación altamente crítica a nivel institucional. «En los hechos del 16 de enero, cuando robaron todo nuestro equipo institucional, asaltaron a nuestras compañeras. Incluso hubo acoso sexual contra una de ellas. Y es que Caprodi es una institución en donde todas las personas que trabajamos acá somos mujeres, el único hombre es nuestro director (Cristian Murillo) y él es una persona ciega», dijo Karina Flores.

Caprodi y el trabajo de denuncia ciudadana

Caprodi ha jugado un papel importante en cuanto a incidencia ciudadana y es que la organización ha realizado denuncias con las cuales algunas autoridades pueden sentirse incomodas, aseguró Cristian Murillo, quien reveló que el año pasado, Caprodi sentó al Estado hondureño en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde denunció «los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que rayan con la tortura que sufren las personas con discapacidad y que están con privación de su libertad».

Cristian detalló también que han evidenciado la falta de políticas públicas y la falta de presupuestos reales que se puedan asignar o que se han dejado de asignar en la corporación municipal de El Progreso, Yoro. «Así que hay varios factores o elementos que pueden contribuir a la exposición institucional y al aumento de riesgo y vulnerabilidad que estamos viviendo particularmente este año».

El director de Caprodi manifestó que el trabajo de esta institución está creciendo y que ahora le apuestan a una ciudad inclusiva, sin tener certeza de si contarán con el apoyo de las autoridades. «No sabemos si las autoridades se van a subir al barco, si va a haber oposición o si va a haber una acción para evitar esta efervescencia que nosotros estamos contagiando. Porque estamos hablando con maestros, médicos, padres y madres de familia, para que los enganchemos en transformar en los cimientos de esta ciudad, para transformarla en una ciudad que sea inclusiva, que respete el medio ambiente pero también una ciudad que sea amigable», concluyó Cristian.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias indicó que en Honduras, actualmente, se producen desapariciones forzadas contra residentes de barrios marginalizados, menores de edad y adultos jóvenes. Además, mencionó que en su registro existen 210 casos de desapariciones forzadas en el país, lo que constata un alto grado de impunidad en el Estado.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera

El pasado 29 de marzo, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias integrado por Aua Balde, Grazyna Baranowska y Luciano Hazan, recomendó al Estado de Honduras tipificar el delito de desaparición forzada con carácter autónomo y que se creen unidades especializadas para la búsqueda, investigación, persecución penal y enjuiciamiento de este delito. En su visita, el grupo se reunió con autoridades gubernamentales para obtener información sobre la situación de derechos humanos en Honduras en relación con las desapariciones forzadas.

Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, «desaparición forzada» se entiende por arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

En conferencia de prensa, los miembros indicaron que, actualmente, han recibido información relacionada a desapariciones forzadas a corto plazo y que estas se están produciendo actualmente en el contexto de detenciones y operativos por parte de las fuerzas del orden, «particularmente contra personas residentes en barrios marginalizados, menores de edad y adultos jóvenes, en el ambiente de la lucha al crimen organizado y el narcotráfico».

De los 210 casos de desapariciones forzadas en Honduras que contabiliza el Grupo de Trabajo, solo 80 han sido clarificados. Respecto a los 130 casos pendientes, el Grupo de Trabajo indicó que es un reflejo de la impunidad que impera en el país.

En Honduras —aseguró este Grupo de Trabajo— hubo tres fases en las cuales se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, la primera en el periodo entre 1980 y 1990, la segunda, en el contexto del Golpe de estado de 2009 y, la tercera, durante las protestas en el contexto de la crisis postelectoral en 2017. En relación con estas crisis, el Grupo de Trabajo detectó patrones vigentes en la actualidad en el país.

«Los pocos avances logrados hasta el momento se deben casi exclusivamente al compromiso y valentía de las víctimas y familiares de personas desaparecidas y de las organizaciones de la sociedad civil que les representa», indicó el Grupo de Trabajo.

En relación al marco legal actual, el Grupo de trabajo instó a que apruebe e implemente lo antes posible la reforma al Código Penal y que esta incluya los diversos modos de responsabilidad penal, incluso en relación con cualquier persona que cometa, ordene, solicite o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en ella.

En un reportaje de Contracorriente publicado en 2020, este medio reveló que, durante 12 años, más de 3,017 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en los últimos doce años según datos del Ministerio Público. Esta investigación también constata la falta de respuesta por las autoridades en los casos de desaparición forzadas, y como los familiares o seres queridos de personas desaparecidas prefieren ir a organizaciones u otras instancias que les apoyen en la búsqueda, debido a la poca o nula respuesta del Estado.

Recomendamos leer: Las que no olvidan: mujeres y organizaciones que buscan a desaparecidas en Honduras

 

Preocupación sobre las atribuciones de la Policía Militar en la seguridad ciudadana

En noviembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro puso en marcha un plan de seguridad para combatir la extorsión y delitos conexos, este con la finalidad de bajar los índices de criminalidad en las ciudades más importantes del país. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, se decretó un estado de excepción en los 162 «barrios más peligrosos» de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh) y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas coincidieron en que esta medida no es la más correcta debido a la suspensión de derechos de libertad personal, libertad de realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial.

Estas dos entidades recomendaron adoptar una política integral en materia de seguridad con énfasis en la prevención e investigación que aborde las causas profundas de la violencia, puesto que estos tipos de medidas pueden favorecer la comisión de violaciones de derechos humanos, incluso las desapariciones forzadas.

Miembros de la Policía Nacional resguardan la escena de un crimen durante el estado de excepción. Foto CC/Jorge Cabrera
Miembros de la Policía Nacional resguardan la escena de un crimen durante el estado de excepción. Foto CC/Jorge Cabrera

«El Grupo de Trabajo aprecia el compromiso anunciado por el Gobierno de desmilitarizar la seguridad ciudadana, aunque nota al mismo tiempo con preocupación que la policía militar continúa llevando a cabo al momento tareas de seguridad ciudadana, inclusive llevando adelante detenciones y allanamientos en distintas zonas del país», señaló el Grupo de Trabajo.

Durante el Estado de Excepción anunciado por la presidenta Xiomara Castro, fuerzas del Estado han detenido arbitrariamente a ciudadanos y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) ha cuestionado la veracidad de las cifras proporcionadas por el Gobierno, además, ha denunciado patrones de abusos policiales.

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El 31 de marzo el Gobierno anunció la Segunda Parte de este plan antiextorsión en el cual incluyeron una estrategia con 9 medidas, dentro de las cuales está implementar un protocolo policial para el problema nacional de las tomas en vías públicas internacionales y nacionales, de libre tránsito, perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh) expresó su preocupación sobre las nuevas medidas y el aislamiento del estado de excepción.

Base de datos genética y servicios legales gratuitos son otras recomendaciones del Grupo de Trabajo


Entre las recomendaciones que realizó el Grupo de Trabajo al Estado de Honduras está el desarrollo de una base de datos genética de los familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos, lo cual impactaría de manera directa en los resultados obtenidos en las investigaciones de estas personas.

«El Estado no tiene la capacidad genética con todas las familias que buscan a sus seres queridos, tampoco existe en Honduras un registro o base de datos de restos hallados no identificados, ni hay claridad sobre dónde se encontrarán resguardados», destacó el Grupo de Trabajo.

El Grupo de Trabajo recomendó al Estado la creación de una agencia especializada de búsqueda, de carácter interdisciplinario y que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para dar una respuesta a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Además, instaron al Estado a proveer servicios gratuitos para las víctimas de violaciones a derechos humanos como las desapariciones forzadas.

«Responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de la desapariciones forzadas no solo es esencial para satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia. Sino que también es clave para garantizar la no repetición de este crimen atroz», sostuvo el Grupo de Trabajo.

A tres días del incendio en lo que el gobierno mexicano llama «estación migratoria» en Ciudad Juárez, aún hay incertidumbre sobre quiénes son las víctimas mortales, quiénes los heridos y su estado. En una lista preliminar de 39 personas fallecidas, estaban seis migrantes hondureños junto a otros provenientes de Guatemala, Venezuela, Ecuador y El Salvador. Edin Josué Umaña, Dikson Arón y Jesús Adony, de la aldea Nuevo Porvenir en Protección, Santa Bárbara en el occidente de Honduras aparecen en esa lista pero sus familiares no han recibido el aviso oficial y han decidido seguir con la esperanza de obtener buenas noticias.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

A las cinco de la mañana del domingo 19 de marzo cuando el sol aún se escondía con timidez en la fría montaña, partieron hacia el Norte, Edin Josué Umaña de 26 años y Dikson Arón Córdova de 31. Para la comunidad Nuevo Porvenir esto no era noticia extraña, los jóvenes huyen de la pobreza allí, se van a la ciudad o se van para Estados Unidos, es un paso más para seguir viviendo.

La Gran Terminal en San Pedro Sula fue su primer destino. Ahí se reunieron con otros dos amigos: Jesús Adony Alvarado Madrid de 32 años de edad que también creció en Nuevo Porvenir y se había desplazado a San Pedro Sula para trabajar como obrero en la maquila y Cristian Javier Carranza Toro de 24 años quien era familiar de Jesús pero que venía de El Naranjito en Santa Bárbara. En la terminal de buses los esperaba el coyote, al que ya habían pagado para que los llevara a Estados Unidos. Por un viaje así, un coyote cobra entre 10,000 y 13,000 dólares por persona.

Avanzaron a buen ritmo y el viernes 24 de marzo, Edin y Jesús avisaron a sus familias que ya estaban por salir hacia Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos. Ahí esperarían para dar el «salto», como se le conoce al último paso que dan los indocumentados para ingresar a tierra estadounidense. Fue lo último que se supo de ellos, el sábado 25 de marzo fueron detenidos y encarcelados por autoridades mexicanas en una estación migratoria, que realmente funciona como un centro de detención con celdas donde los migrantes esperan su deportación.

No hubo noticias de ellos hasta el martes 28 de marzo, cuando el centro de detención donde habían más de 60 personas migrantes encerradas, tomó fuego. Los amigos Edin, Jesús, Dikson, José Ángel y Óscar que caminaban juntos, se encontraban adentro. El 30 de marzo, la Fiscalía General de México informó en conferencia de prensa sobre el deceso de seis hondureños, los cinco mencionados arriba y Alis Dagoberto Santos López, quien inicialmente no aparecía registrado como hondureño.

Maritza Funes junto a su esposo Sergio Rodríguez retiran su pasaporte con urgencia para esperar la visa humanitaria que ellos creen México dará a las familias de los migrantes hospitalizados por el incendio en Ciudad Juárez. Foto CC/Jorge Cabrera
Maritza Funes junto a su esposo Sergio Rodríguez retiran su pasaporte con urgencia para esperar la visa humanitaria que ellos creen México dará a las familias de los migrantes hospitalizados por el incendio en Ciudad Juárez. Foto CC/Jorge Cabrera

Sin embargo, un día después, el canciller hondureño Enrique Reina escribió que los diplomáticos hondureños en México estaban dando seguimiento «cercano a la situación de los 14 hondureños en México. Con contactos permanentes con el Instituto Nacional de Migración (INM) se está en proceso de confirmar la identificación de seis posibles fallecidos. El viceministro Tony García se encuentra en México para este efecto y mantenernos informados». El funcionario no confirmó la muerte de los seis migrantes y además mencionó a 14 hondureños afectados por el incendio a pesar de que en el último comunicado oficial de la Cancillería solo se habló de 13.

La información ha sido confusa desde el inicio. El vicecanciller hondureño Antonio García anunció en redes sociales que 13 hondureños habían muerto en la tragedia de Ciudad Juárez, rectificó después por la misma vía. En realidad habían ocho hondureños hospitalizados y cinco más de los cuáles se desconocía información y aún a la fecha de publicar esta pieza no hay certeza, pero García dijo en Twitter que esperaba «malas noticias».

Si un alto funcionario como García carece de información, en el Nuevo Porvenir lo único que hay es angustia. Carlos Ramón Umaña, padre de Edin Josué lamentó que «no hay una versión concreta. Mire, hay momentos que nos alegran y dicen que están en el hospital, otros dicen que se escaparon y hasta salió un fregado diciéndole a mi hija que él los tiene encerrados y que necesita que les manden dinero para entregarlos, que los tienen como secuestrados», dijo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa que no quería «meterse o dar datos porque hay una investigación abierta» y que podría ser que los responsables utilicen como amparo que él esté adelantando información. «Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde, va a ser la Fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes». El presidente mexicano garantizó que no habría impunidad aunque el primer mensaje que dio en conferencia de prensa fue culpabilizando a los migrantes de haber iniciado el fuego tras una protesta.

El periodista Alberto Pradilla quien ha cubierto el fenómeno migratorio desde Centroamérica y México escribió en su cuenta de twitter que «entre heridos y fallecidos en la cárcel para migrantes de Juárez son 68 personas. Pero además había 15 mujeres que fueron desalojadas. Así que al menos había 83 personas en un recinto para 60». Varios medios locales habían reportado antes las malas condiciones en las que se encontraban los migrantes detenidos en espera de su deportación o en espera de respuesta por algún caso de asilo, los migrantes protestaban incluso por falta de agua.

Don Carlos (camisa azul) atiende una entrevista junto a familiares de tres jóvenes afectados en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, México. Foto CC/Fernando Destephen
Don Carlos (camisa azul) atiende una entrevista junto a familiares de tres jóvenes afectados en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, México. Foto CC/Fernando Destephen

Para don Carlos, un hombre del campo que cultiva café, maíz y frijoles, la información que ha visto en los medios es mucha, y desde su comunidad todo se ve aun más confuso. Contó que primero vio una noticia donde se asegura que la Fiscalía de México no permite que salga a la luz datos de las tragedia. Después escuchó que el Gobierno de Estados Unidos quiere llevarse a los migrantes lesionados para ayudarlos y que en México no lo permiten y por último dice que un conocido de la familia en Estados Unidos le aseguró haber visto a su hijo en un hospital en ese país, todo esto sin haber recibido nunca una comunicación de la cancillería. «Lo peor es no tener una información certera, si está muerto o vivo. Cada una de las familias está luchando por escuchar la verdad, pero no la encontramos todavía».

En el Nuevo Porvenir aguardan por noticias. Familiares de los tres jóvenes involucrados en la tragedia viajaron a Tegucigalpa pues la coordinación entre los gobiernos de Honduras y de México les permitirá viajar a Ciudad Juárez. Don Carlos dice estar preparado para cualquier noticia, incluso no descarta que los muchachos se hayan fugado «si estos se escaparon, puede que ya estén en Estados Unidos», dijo con marcado optimismo.

Nuevo Porvenir

El Nuevo Porvenir, se llamaba solamente Porvenir hasta 1998, cuando el Huracán Mitch prácticamente desapareció la aldea anterior, destruyó casas, fincas de café y sembradíos. El terreno se volvió de alto riesgo y las 55 familias que vivían allí lograron reubicarse en un lugar más seguro a seis kilómetros del desastre. Ahí comenzaron con casas de nylon y madera. Así nació el Nuevo Porvenir y ahí crecieron Edin Umaña, Adony Alvarado Madrid y Dikson Córdoba.

Los tres son parte de la legión de jóvenes que han abandonado la comunidad buscando oportunidades que no encuentran en una pequeña economía comunitaria que se dedica especialmente al cultivo del café. José Perdomo, vecino de la comunidad y familiar de Dikson Córdoba, dijo que no hay un registro de cuántos jóvenes se han ido en último año, pero está seguro que «es un montón de jodidos que han agarrado para allá, aquí todos quieren irse para allá».

Comunidad Nuevo Porvenir, Protección, Santa Bárbara. Foto CC/Fernando Destephen
Comunidad Nuevo Porvenir, Protección, Santa Bárbara. Foto CC/Fernando Destephen

«Aquí se cuentan que son pocos los jóvenes que hay, después solo viejos estamos quedando, que ya no servimos mucho», mencionó con una carcajada. María Alexandra Quintanilla, tía de Edín Josué y cuñada de Carlos escuchó la plática e interrumpió para contar que un hijo suyo se fue a los 11 años, iba acompañado de su padrastro, quien finalmente no pasó, sin embargo el niño fue entregado por la migración estadounidense a su padre, quien desde hace años vivía en Estados Unidos. Ahora tiene 15 años, estudiaba pero resultaba muy caro y entonces, ahora trabaja.

En Nuevo Porvenir la gente se dedica a sembrar café y granos básicos, pero don Carlos dice que estas ocupaciones no alcanzan para tener una vida mejor, pues en el caso del café es temporal, dura aproximadamente unos tres meses, «ahorita acaba de pasar la cosecha de café y también se terminó la cosecha de pisto (dinero)», dijo.

La escasez de empleo no es algo propio del Nuevo Porvenir, es una crisis de país, que el 2022 cerró con una Tasa de Desempleo de 8.9%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y esta tasa no contempla la precariedad del empleo, pues hay miles que no trabajan a horario completo ni perciben el salario mínimo del rubro en que laboran.

«Aquí en Porvenir todos los jóvenes se quieren ir», repitieron tres personas mayores en conversaciones distintas. A Nery Torres de 23 años, lo encontramos con machete en mano y bailando reggeaton mientras se afanaba con la herramienta. Le preguntamos si él deseaba irse para Estados Unidos y nos dijo inicialmente que no. Después reconoció que en el 2021 intentó irse en una caravana, pero su patrón lo convenció que se quedara y solo se fue su hermano, que llegó hasta Guatemala.

Por último nos dijo que hay varios que quieren irse pero no tienen quien los apoye con el dinero para el coyote—que son de 10,000 a 13,000 dólares—, dijo que tiene un par de sobrinos que recién llegaron a Estados Unidos y todavía no puede pedir ese apoyo, «no hay quien me ayude, si me ayudaran de una me voy también», reconoció, sin importar que minutos antes dijo estar muy triste por no saber nada de sus amigos enlistados como víctimas del incendio de Ciudad Juárez. Antes de su partida, Nery se había tomado unas cervezas para celebrar que ellos buscarían un nuevo porvenir.

Imagen panorámica de Protección, Santa Bárbara. Foto CC/Fernando Destephen
Imagen panorámica de Protección, Santa Bárbara. Foto CC/Fernando Destephen

La escuela de la comunidad solo tiene tres aulas y 70 alumnos. El profesor Adelso Bautista consideró que de sus alumnos un 90% tiene al padre en Estados Unidos. El profesor también señala que muchos jóvenes se están yendo de la comunidad y responsabiliza a la falta de empleo, pero también a la calidad del empleo, pues él está trabajando, pero no ha recibido salario por tres meses. «Yo creo que voy a migrar en cualquier rato y estoy trabajando, incluso maestros de la secretaría quieren irse. Es que nosotros ganamos la mitad de lo que cuesta la canasta básica. Imagínese yo me quiero ir, no digamos la gente que no tiene una entrada».

El Nuevo Porvenir es jurisdicción del pintoresco pueblo de Protección, Santa Bárbara, que se encuentra a unos 18 kilómetros de la carretera CA-5. En este municipio la economía se mueve por el café, el cultivo de granos básicos y las remesas. Así lo expresó, Jonathan Alvarado, quien es el administrador de la Municipalidad, la única en todo Honduras que ganó el Partido Salvador de Honduras (PSH).

«En este municipio en los últimos cuatro o cinco años se ha levantado el comercio y la infraestructura y eso tiene que ver con la migración porque aquí la mayor parte de las casas que usted ve de terraza son gente que está en Estados Unidos, a la gente le cambia el estilo de vida», dijo Alvarado.

Contó que en la municipalidad apoyan a personas pobres que necesitan alimentos y contó el caso de una joven señora que todas las semanas llegaba a la Municipalidad, pero hace tres meses uno de sus hijos mayores se fue como indocumentado para Estados Unidos y esto le cambió la vida, «ahora ya ni viene por la provisión, antes la teníamos aquí todas las semanas, ahorita ya días no la miramos», dijo.

Otras familias

Del Barrio Los Mangos en Choluteca, al sur de Honduras, salió José Ángel Ceballos de 21 años, trabajaba como mecánico industrial pero decidió irse hacia el Norte. Hasta el viernes 31 de marzo la familia no tenía información oficial de donde se encontraba o si estaba con vida, «unos dicen que están muertos, pero no se sabe», le dijo a Contracorriente, Luis Felipe Ceballos, tío de José Ángel.

Contó que en su familia estaban destrozados y su única solicitud era que el joven regresara, vivo o muerto. La poca certeza de la información genera más angustia. Es natural que en las familias afectadas haya impotencia, «en los canales sale que está muerto, pero las autoridades no han dicho nada», dijo Felipe Ceballos.

Higinio Ramirez recibe una llamada desde México de un migrante que le informa de la situación en la zona donde se encuentra su hijo. Foto CC/Jorge Cabrera
Higinio Ramirez recibe una llamada desde México de un migrante que le informa de la situación en la zona donde se encuentra su hijo. Foto CC/Jorge Cabrera
Felipe Ceballos, tío de Jose Ceballos, uno de los migrantes hondureños hospitalizados en Ciudad Juárez, trabaja en su taller mientras espera noticias de su sobrino. Foto CC/Jorge Cabrera
Felipe Ceballos, tío de Jose Ceballos, uno de los migrantes hondureños hospitalizados en Ciudad Juárez, trabaja en su taller mientras espera noticias de su sobrino. Foto CC/Jorge Cabrera

Higinio Ramírez, oriundo de Cedeño, Valle, también se encontraba en el centro de detención migratorio, pero este hondureño de 28 años, está hospitalizado y estable. Eso reconforta a su padre, que también se llama Higinio, «lo mejor es que se encuentra con vida, eso es lo que más me alegra, que él se va a levantar de la camilla», dijo el hombre que por momentos solloza. «Son cosas inhumanas que se hacen en esos países, los migrantes son perseguidos. Debe de haber castigo», pidió Higinio.

Desde el Gobierno mexicano se ha responsabilizado a la compañía de seguridad que estaba subcontratada, pero están procesadas penalmente cinco personas, uno es guardia de la empresa privada, tres son oficiales del INM y uno es migrante venezolano, hay una sexta persona que está prófuga. En este proceso, el gobierno ordenó cerrar el centro migratorio.

Este incendio se suma a la lista de tragedias producto de las políticas migratorias de México y Estados Unidos, como la de 2009 en la que 72 migrantes fueron asesinados en San Fernando Tamaulipas o cuando en el 2022, 53 migrantes murieron asfixiados en un contenedor en San Antonio, Texas. Y la tragedia tampoco disuadirá a miles de migrantes en Honduras y en América Latina, que alistan una mochila y toman la ruta buscando un nuevo porvenir. En el 2022, más de 2.7 millones de migrantes fueron detenidos intentando ingresar a Estados Unidos.

Texto: Teddy Baca
Ilustración: Daniel Fonseca

A poco tiempo de llegar el 17 de mayo, día contra la Homolesbitransfobia, escribo este artículo con el fin de reflexionar sobre algo que ha tomado fuerza en los últimos años y no parece detenerse. Pero para entrar en contexto, creo sustancial el mencionar algunos antecedentes que ilustran mejor la situación:

  1. El año pasado, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, se opuso a izar la bandera LGTBIQ+ porque, según él, hacerlo habría sido «proselitismo», cuando irónicamente apoya la lectura de las biblias en las escuelas. No podemos inferir una neutralidad ya que Contreras usó de excusa la «moral» para cerrar el restaurante para adultos «La Puntita».
  2. La confabulación de diputados liberales, nacionalistas y diputados afines a Salvador Nasralla —y diputados del Partido Salvador de Honduras— para prohibir en la constitución el matrimonio igualitario, el aborto y, actualmente, criticar el libre acceso a la PAE, demuestra un sesgo conservador bastante marcado por la religión fundamentalista, lo cual no debería tener cabida en un país laico ya que terminan fiscalizando así los cuerpos de mujeres y disidencias sexuales.
  3. Las iglesias fundamentalistas buscando la censura de la diversidad sexual en espacios educativos por medio de campañas de pánico moral contra la «ideología de género» —lo cual es una excusa conceptual para seguir rechazando la diversidad sexual y su libertad de expresión— a través de marchas, alianzas con asociaciones de padres de familia, influencia en periódicos como El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, canales de televisión como Canal 10 en las emisiones de Abriendo Brecha y hasta discursos realizados por ultraconservadores como por ejemplo Mario Fumero, Sergio Handal y Paolo Pellegrino que hacen caso omiso de los consensos científicos sobre la sexualidad humana
  4. Influencers ultrareligiosos como Felipe Faraj que apoyan los fraudulentos y dañinos Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, ECOSIG, desde un enfoque religioso en sus redes sociales como Twitter y Facebook, y se oponen a la aceptación de la niñez que no encaja en sus expectativas de género y del matrimonio igualitario.
  5. Algunos agentes policiales que se prestan a la detención arbitraria o acoso de personas LGTBIQ+ por por hechos como besarse en la calle y andar de la mano, como cualquier otra pareja cisheterosexual, es un claro delito según el artículo 213 del código penal.
  6. Y hasta algunos miembros de la población LGTBIQ+, como el reciente caso de Miguel Leiva que pidió «discreción» a un par de hombres hondureños que se casaban, como si no viviésemos el exhibicionismo cisheteronormativo a diario en chistes, películas, bailes, deportes, etc.

Todos estos son ejemplo de cómo el sistema busca controlar y generar coacción para que la diversidad y las mujeres guarden silencio o de manera sutil, exigiendo «cambiar» para ser moralmente aceptables para la hegemonía.

Una sociedad donde se exige a las mujeres pobres no procrear, pero obligan a niñas embarazadas a parir y se oponen a la educación sexual; una donde a los hombres se les permite ser promiscuos y agresores en la casa, siempre y cuando sean heterosexuales pero les genera odio y asco irracional que dos hombres puedan amarse, se besen y quieran casarse, o incluso que una mujer decida no tener hijos y tomarse una pastilla anticonceptiva de emergencia; una sociedad en la que el sacerdote y el pastor quieren censurar la inherente naturaleza diversa de las personas, deshumanizando y negando la validez de la vivencia LGTBIQ+ o la decisión de las mujeres para salir como quieran, trabajar donde quieran y acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, pero acusan de persecución a todo los que exigen un estado laico y respetuoso de los tratados internacionales, es también una sociedad en la que los políticos dicen defender la vida y la familia pero les encanta cometer infidelidad o tapar la de su «alero» — y lo mismo puedo decir sobre la violencia intrafamiliar— o en ocasiones ser parte del engranaje de impunidad que opera en feminicidios o los crímenes de odio al justificarlos, evitar tipificarlos como tales y no brindar presupuesto en su investigación.

Los medios de comunicación tradicionales siguen violentando a personas o difamando iniciativas educativas para prevenir embarazos o violaciones de derechos humanos porque de repente eso «ofende» a sus patronos, sembrando así el odio al trabajo de defensores y defensoras, para luego ser los primeros en exigir libertad de expresión y justicia cuando se les señala de discriminación. Lucrarse con el odio es detestable, la libertad de expresión no está por encima de la dignidad de grupos vulnerables.

Estos casos de doble moral que se traducen en métodos coercitivos que atentan contra la verdadera libertad y autonomía de las personas, pueden interpretarse como un fiscalizador sobre lo sexual y lo de género, uno que espera el momento para materializar con leyes la persecusión de feministas y diversidad sexual con la excusa de proteger menores de la «ideología de género» y otras mentiras ambiguas para reprimir la diferencia.

La violencia sigue en aumento y gracias a estas acciones, la impunidad será una constante, porque el silencio es cómplice, nunca la solución.

Esperan que nosotros, la población LGTBIQ+ y también las mujeres, bajemos la cabeza con la esperanza de una salvación divina de algo que no es ni bueno ni malo, por mí ¡quédense con su paraíso! No necesitamos una promesa a un lugar lleno por la misma gente que nos violenta. Necesitamos igualdad de oportunidades y derechos en todas sus aristas, abortar, casarnos, hablar positivamente de la sexualidad sin tabúes ni estigmas ¡éstos no son privilegios!

 

¡No es una enfermedad ser distintos!
¡No es ideología ser distintos!
¡No es pecado ser distintos!
¡No es delito ser distintos!
¡Somos naturaleza, somos genuinos!
¡No más represión ni intentos de conversión!

La crisis del Ministerio Público lleva ocho semanas y las protestas continúan por la falta de solución a las demandas de los trabajadores, quienes buscan un aumento salarial y mejores condiciones laborales. La respuesta del Fiscal General y el Poder Ejecutivo ha sido insuficiente y esta ausencia ha dejado a la población de uno de los países más violentos de la región en una situación de incertidumbre. Para abordar este tema, Contracorriente organizó un Twitter Space con el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco) Luis Javier Santos y con Vladimir Núñez, médico forense de la institución.

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen

El Ministerio Público en Honduras enfrenta una crisis que ya lleva ocho semanas. La Asociación de Fiscales y la Asociación de Empleados del Ministerio Público exigen un aumento salarial del 15% y mejores condiciones laborales para cerca de 3.700 trabajadores, lo que ha llevado a medidas de protesta como la toma de edificios y la negativa de realizar el levantamiento de cadáveres, realizar autopsias y pericias forenses.

No es la primera vez que el Ministerio Público enfrenta una crisis de este tipo. En el año 2008, hubo una huelga de fiscales que duró 38 días en la que exigieron que no se escondieran casos de corrupción en el país. En aquella ocasión, participaron figuras como el abogado Luis Javier Santos y el ahora diputado Jari Dixon.

Ahora Luis Javier Santos es jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco), y en la conversación que organizó Contracorriente también se manifestó sobre las condiciones precarias bajo las cuales trabajan y la falta de aumento salarial para la mayoría de los empleados de la institución. Santos aseguró que esta crisis puede encontrar una solución a través del diálogo, pero que las razones de esta situación son más profundas y se encuentran en el secuestro que ha sufrido la institución por parte de la clase política.

«Lamentablemente, en el Ministerio Público ha faltado diálogo y conciencia de que somos una institución pública, no una empresa o una institución privada, y que el personal permanente son los fiscales, el personal administrativo, los agentes y los médicos forenses. Los fiscales generales son temporales y no pueden desempeñar su función creyendo que la institución es propia. El diálogo debe ser algo normal que se dé siempre que haya conflicto dentro de la institución», apuntó Santos.

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Tras ocho semanas de paro, finalmente una comitiva enviada por el fiscal general Oscar Chinchilla y liderada por el Fiscal Adjunto Daniel Sibrian, hizo una propuesta de aumento salarial del 10% para aquellos empleados que ganan menos de 33 000 lempiras; sin embargo, la misma fue rechazada por los representantes de los fiscales y el personal del Ministerio Público, aunque fue recibida como un primer acercamiento para dar solución a la crisis.

Santos explicó que, aunque un salario de 33 000 lempiras puede parecer alto, quienes reciben ese monto mensual son funcionarios que llevan en la institución entre 12 y 15 años y que desde hace mucho no reciben aumentos. También apuntó que los servidores del Ministerio Público, como fiscales, personal administrativo, médicos forenses y agentes, tienen un trabajo arduo y peligroso.

«Cuando uno inicia en la institución le toca ir a recoger muertos, estar de turno hasta 24 horas, no dormir, es el trabajo más pesado porque es el que está expuesto al frente de todos los casos. Se van a operativos donde a veces los agarran a tiros y arriesgan la vida, entonces no es fácil. Con el trabajo de agente le cambian su forma de vivir, ya no puede andar en transporte público, tienen que buscar su propio transporte y el costo de vida aumenta para un servidor del Ministerio Público incluso en sus colonias, los que vienen de las colonias marginales tienen que mentir diciendo que trabajan en otras instituciones solo por el riesgo que puedan correr por pertenecer al Ministerio Público. Entonces se tienen que trasladar a otros lugares donde tienen que rentar y todo eso sale del mismo salario», explicó Santos.

Santos finalmente apuntó que la crisis del Ministerio Público debe tratarse con la seriedad que merece, ya que implica la vulneración de derechos de las víctimas y el acceso a la justicia en el país, y remarcó que es necesario que las autoridades y los servidores de la institución trabajen juntos para encontrar soluciones y garantizar la protección de los derechos humanos y la justicia en Honduras.

Esta crisis en el Ministerio Público ocurre en un año crucial ya que en septiembre se elegirá al Fiscal General de la República. Por dicha razón, las piezas políticas han comenzado a moverse y desde el Poder Ejecutivo se ha emprendido un discurso que apunta al personal en huelga como «indolente» ante la negativa de levantamiento de cadáveres y se han generado propuestas que los expertos señalan como preocupantes, como la de la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, que planteó eliminar Medicina Forense y crear un instituto independiente.

Villanueva presentó ante el Congreso Nacional un anteproyecto de ley para extinguir la Dirección de Ciencias Forenses del MP y proceder a la creación de una dependencia independiente: el Instituto Nacional de Medicina Legal y su consejo directivo sería conformado por representantes del Poder Ejecutivo y Judicial, y el Fiscal General. Dicha propuesta fue apoyada por el diputado oficialista y vicepresidente del Congreso Nacional Rasel Tomé.

En ese sentido, Vladimir Mendoza, médico forense del Ministerio Público en San Pedro Sula, apuntó que la unidad de Medicina Forense siempre ha sido catalogada como el «patito feo» de la institución ya que trabajan en condiciones sumamente precarias y el olvido ha sido permanente desde hace muchos años.

«Nuestra institución se encuentra abandonada, nuestros médicos tienen muchas limitantes porque los reactivos, equipos y máquinas son caras y toda la operatividad camina básicamente gracias al apoyo de la cooperación externa, pero igual pesa sobre nosotros el hecho de que siempre se nos relega y no se invierte en el trabajo pericial que es elemental. Si usted no dota de recursos e insumos a esta dirección obviamente los elementos probatorios que se le brinden a los fiscales para sustentar los casos van a ser insuficientes, entonces a veces parece que es algo intencionado políticamente para promover el delito o no permitir que la persecución penal sea eficaz”, apuntó Mendoza.

Mendoza explicó que el personal esencial de esa dependencia tiene un salario mucho menor que profesionales de las mismas áreas en otras instituciones del Estado, por lo que creen que hay una disparidad intencional a pesar del trabajo que realizan para la resolución de casos judiciales.

«Tenemos múltiples riesgos biológicos, psicológicos, legales e incluso hasta de seguridad personal, todas estas cosas no son valoradas objetivamente en el sentido de cómo debe de ser remunerado el trabajo de un perito que desempeña estas funciones dentro del engranaje de la Dirección de Medicina Forense», concluyó Mendoza.

Sobre la propuesta de la viceministra Villanueva, el fiscal Santos explicó que sería un error separar a Medicina Forense del Ministerio Público ya que esta unidad «es el corazón de la institución», pero sí debe haber una reforma para fortalecer y consolidar sus capacidades.
Ante la medida ordenada por la Asociación de Fiscales en la que el personal de Medicina Forense se abstenga de realizar levantamientso de cadáveres, autopsias y pericias, a mediados de marzo la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel, instruyó a los jueces de paz a nivel nacional para colaborar en el levantamiento cadavérico en conjunto con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). En ese sentido se emitió un protocolo de reconocimiento de cadáveres para este personal.

Santos aseguró que dicho protocolo es deficiente y demuestra que Medicina Forense debe permanecer anclado al Ministerio Público.

«Queda evidenciado que no se conoce el trabajo de levantamiento de cadáveres y el aseguramiento de la evidencia que es vital y esencial en las primeras 24 horas. Están expresando algunos criterios de cómo se 20 años atrás con el Código de Procedimientos Penales, pero eso ya no es el procedimiento que se sigue. Las autopsias que se hacen no solamente son abrir un cadáver o contar los machetazos que tiene, es todo un procedimiento que se sigue de análisis donde salen muestras de todo tipo según lo que solicita el fiscal, y hay procedimientos de conservación de todas esas muestras que no es de la noche a la mañana que se van a crear, y en Medicina Forense tienen 28 años de experiencia», apuntó Santos.

Finalmente, tanto el fiscal Santos como el doctor Mendoza abordaron la necesidad de reformas profundas que más allá de solucionar la actual crisis del Ministerio Público, fortalezcan las acciones de la institución y garanticen su correcta operatividad a largo plazo.
Santos explicó que la administración del actual Fiscal General Oscar Chinchilla aprobó una serie de reglamentos administrativos que en lugar de facilitar la investigación se utilizaron para burocratizar el trabajo fiscal, además aprobó procedimientos de investigación que se imponen sin conocer realmente la labor diaria de los fiscales.

«Creo que el Ministerio Público necesita una reestructuración y depuración, ya que nunca se ha hecho y todos sabemos las vinculaciones que se han encontrado en esa institución. Sí se necesita hacer eso porque escuchamos que laboran 3 800 empleados, pero ¿qué tipo de empleado es el que se ha contratado? mientras el empleado que tiene experiencia, que está capacitado, que es invaluable no les preocupa si se va o se queda, solo de la Uferco han renunciado 8 personas capacitadas de manera continua por dos años por la cooperación internacional y no les importó. Se fueron a trabajar con la defensa, a trabajar con la empresa privada, a otro país; y la institución no cuida ese tipo de recursos que como fiscales tienen un valor muy grande», finalizó el fiscal Luis Javier Santos.

En ese sentido el doctor Vladimir Mendoza apuntó que es necesario plantear reformas integrales orientadas a que el Ministerio Público se adapte a los contextos modernos y que mejore la prestación de sus servicios a la ciudadanía; además, apuntó que esta crisis se solucionará en cuanto las bancadas del Congreso Nacional se pongan de acuerdo para realizar las reformas necesarias, así como se pusieron de acuerdo con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.

El 3 de octubre de 2022, Inma López se incorporó como la nueva directora de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), instituto fundado en 1976 que funciona como la «única institución estatal dedicada a la formación de profesionales del teatro en el nivel medio». López compartió con Contracorriente las dificultades y logros de estar al frente de este centro de formación y también lo que ha vivido en el escenario teatral hondureño desde que cofundó junto a Tito Ochoa la Casa del Teatro Memorias.

Texto: Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen

Otros medios de comunicación ya decidieron en el pasado entrevistar a Inma López, actriz, productora, cofundadora de la Casa del Teatro Memorias y directora de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), y al tenerla de frente, a una mujer con una trayectoria de 25 años en la escena teatral, decidieron preguntarle «¿qué es lo más atrevido que has hecho en el teatro?», «Sabemos que tuvo su primer vehículo hasta que vino a Honduras. ¿Es cierto?», «¿Se le hizo difícil acostumbrarse a la sazón de la comida catracha?».

En octubre del año pasado Inma fue nombrada como directora de la ENAD y desde entonces se embarcó en una tarea con muchos retos, uno de ellos es el de renovar las instalaciones de la escuela — que está ubicada en la colonia San Ángel — y por otra parte, buscar alianzas y estrategias para formar y profesionalizar a la próxima generación de actores y actrices.

Inma es originaria de Granada, España y llegó a Honduras en 2009 junto al director de teatro y esposo, Tito Ochoa, aquí construyó junto a él una casa para el teatro en el barrio La Plazuela de Tegucigalpa, la Casa del Teatro Memorias.

Para esta entrevista, Inma nos lleva al patio de la ENAD, «lo hemos arreglado con manos, uñas y dientes» nos dice y se sienta en una banca para responder las preguntas que esta vez esperamos estén a la altura de su trayectoria y entrega en la escena teatral hondureña.

Inma expresa que tiene un equipo de trabajo «maravilloso» en la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD) y que «o tienes la gente, las personas que al final son las que hacen las instituciones todo esto no echa pa'lante». FotoCC/ Fernando Destephen
Inma expresa que tiene un equipo de trabajo «maravilloso» en la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD) y que «o tienes la gente, las personas que al final son las que hacen las instituciones todo esto no echa pa'lante». FotoCC/ Fernando Destephen

Contracorriente (CC): ¿En qué estado encontró la ENAD?
Inma López (IL):
La verdad es que el anterior gobierno [gobierno de Juan Orlando Hernández] tenía la escuela en un estado — en cuanto a mantenimiento — de total dejadez, no le invirtieron nada. Había un grupo muy pequeño de personas manejando la escuela y pues se notaba, porque esta escuela es grande y siempre ha tenido bastante estudiantado y a mi me sorprende cómo pudieron resistir tanto tiempo sin mantenimiento, apenas pago de sueldos y sin los recursos.

Entonces cuando llegué a la escuela, fue eso lo que me encontré, una absoluta dejadez. Pero no por parte de las personas que llevaban la escuela, sino por parte del Estado que se nota que no se le invirtió absolutamente nada, que solo se le sacó, sacó, sacó, pero nada se les retribuyó.

Ahora con este nuevo gobierno, yo estoy contenta en ese sentido, porque ya tenemos un equipo mucho más amplio de docentes, de personal administrativo, de limpieza y tengo un equipo maravilloso con el que hemos estado arreglando, intentando mejorar físicamente las instalaciones, de mantenerla limpia, de mantenerla ordenada porque al final es una escuela de formación y necesitas estar a gusto y limpio para poder recibir tus clases.

Todavía falta mucho por hacer, la Secretaría [Secretaría de las Culturas, Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras] está muy enfocada en mejorar las instalaciones de las escuelas, en ponerlas bonitas y todo. Dentro de poco van a venir a arreglarnos los techos porque están llenos de goteras.

CC: ¿Cómo funciona el plan de estudio para los estudiantes de la ENAD?
IL:
Un cambio importante que hicimos fue la malla curricular y los planes de estudio que el estudiantado está recibiendo. Lo hemos dividido en: el primer año; realismo, en segundo; teatro clásico, en tercero; contemporáneo y cuarto está enfocado digamos a un nivel profesional, de profesionalización en tres áreas: didáctica especial, cine y teatro, que son las tres áreas en las que podemos enfocarnos para trabajar de manera profesional.

En didáctica especial tenemos un convenio con la Universidad Pedagógica, donde tenemos a la profesora Mariela Zavala que nos está apoyando con todo ese plan de estudios y venir a dar clases. En cine es el profesor William Aguilar y tenemos un convenio con el Instituto de Cine en el que nos avalan este plan de estudio que está fundamentalmente enfocado en la interpretación para la cámara y ojalá que nos puedan dar proyectos para que podamos desarrollar un cortometraje que se tiene pensado como proyecto final de curso.

Y luego en teatro el convenio es con la Casa del Teatro Memorias. Pensamos en realizar una obra, poder presentarla en Memorias, que los estudiantes vivan la experiencia de estar en temporada y todo, o sea con todos los «miquis». Esa es la idea, la reforma de las instalaciones y también de mejorar el plan de estudios y lo que el estudiante está recibiendo como formación actualmente.

CC: ¿Cuál es el reto más grande?

IL: Asentar todas estas ideas que te digo y a mí me gustaría ver un movimiento artístico más amplio, más organizado, para que podamos seguir avanzando. Porque sí siento que el movimiento teatrero está muy disperso. Cada uno y cada una tiene sus ideas y no hay manera de aglutinarse. Va a ser complicado que saquemos una Ley del Teatro, que avancemos en estas instancias.

En 2016 la Escuela Nacional de Arte Dramático cumplió 40 años de estar en funcionamiento. FotoCC/ Fernando Destephen
En 2016 la Escuela Nacional de Arte Dramático cumplió 40 años de estar en funcionamiento. FotoCC/ Fernando Destephen

Inma está en Honduras desde 2009 y en 2013 fundó junto a Tito Ochoa, su esposo, la Casa del Teatro Memorias, un espacio que inauguraron con la obra «Monólogos de la Vagina», una especialidad de la casa. Ahora como directora de la ENAD, expresa estar «cansada y estresada» por todo el trabajo que conlleva pero que «hasta que las cosas no empiecen a rodar hay que echarle un poquito más de fuerza».

Junto a Lourdes Ochoa, Inma es de las pocas mujeres — sino las únicas — que han dirigido la ENAD y admite que no le gusta «ejercer el poder de forma vertical» y que el éxito de su desempeño tiene que ver con el equipo de trabajo que le rodea.

Para comprobarlo enlistó las tareas que integrantes de la escuela tenían para el Desfile Bufo que se realizó el domingo 26 de marzo para celebrar el mes del teatro que aglutina las festividades del Día Mundial del Teatro del Oprimido, el Día Mundial del Teatro para niñas y niños, el Día Mundial de la Marioneta y el Día Mundial del Teatro, celebrado el 27 de marzo.

CC: En el mes del teatro, ¿qué podemos celebrar de la escena teatral en Honduras?
IL:
Desde mi punto de vista están pasando muchas cosas. Tenemos una una sala maravillosa que es la Casa del Teatro Memorias, que funciona, que tiene un público entusiasta, no tanto como quisiéramos pero sí está caminando y estamos tratando de trabajar mucho para que siga funcionando porque necesitamos que las nuevas generaciones entren, ya viene siendo importante que haya un relevo generacional y claro, esta sala es pequeña, es humilde lo que quieras, pero mueve público, mueve gente que le gusta el teatro.

Por otra parte, el tema de la escuela que va mejorando, que hay gente que también quiere estudiar, se quiere formar y quiere formar parte del movimiento teatral. Y no solamente en Tegucigalpa sino también en todo el país. Claro, estas cosas no se construyen de un día para otro, estas cosas necesitan sentar unos cimientos fuertes y que vayan creciendo poco a poco y al ritmo que tienen que ir creciendo. Siento que estamos en el buen camino y que vamos redirigiendo esto bien.

CC: Es casi como todos los movimientos artísticos en Honduras que están en resistencia y sobreviviendo.

IL: En resistencia siempre pero caminando. Porque hay esfuerzo, hay ganas, hay entusiasmo, porque los jóvenes vienen talentosísimos, fuertes, con ganas de trabajar, con mucho talento.

CC: Quizá lo que faltaba era que se abrieran los espacios de formación.

IL: Los espacios de formación y también los espacios profesionales porque a tí te puede gustar mucho el teatro, te puedes dedicar a formarte y todo de manera teatral y tal, pero si no tienes un espacio profesional al que dirigirte, ¿qué voy a hacer después de la escuela? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué me he estado formando durante tantos años?

Entonces el movimiento profesional es el encargado de abrir los espacios, no solamente para presentarse sino también para que podamos tener capital para poder emprender, para poder fomentar el arte.

Porque está la formación, está la producción, están los eventos, está el fomento, también el arte dramático necesita no solo de la gente que lo haga sino de la gente que lo aprecie. Son muchas vías por las que hay que ir enfocándose.

CC: En todo este tiempo en Honduras ¿qué ha aprendido del país?

IL: A mí este país me ha aportado mucho, todo, casi toda mi vida profesional la he vivido aquí. Me siento profundamente agradecida porque me ha acogido, porque me ha permitido trabajar y ha sido un país abierto y yo solamente digo cosas buenas del país, o sea del país como tal, luego ya tal gobierno y tal gobierno. Yo digo solamente cosas buenas.

CC: ¿Cuál es la obra que más le ha inspirado?

IL: Tengo varias. Por supuesto Monólogos de la Vagina que ha sido un aprendizaje artístico y de otras índoles, feministas y tal. También «El alma buena del arrabal», que fue una adaptación que hicimos de la obra «El alma buena de Szechwan» de Bertolt Brecht, esa obra creo que a todos y todas las que participamos ahí nos dejó una gran enseñanza, es una de las obras más profundas, tiene mucha comedia, pero es bien conmovedora.

Luego otra obra que me inspirado también en la que yo no participo, pero que me encanta, me gusta muchísimo, un montaje del Memorias, «La muerte y la doncella» en la que trabajan mi compañero José Luis vecino, Gabriel Ochoa y Mariela Zavala es una obra que conmueve, que me encanta, que la podría ver mil veces.

CC: Los «Monólogos de la Vagina» es todo un evento en el Memorias.

IL: Pero es que es tan bonita porque es como un viaje, a través de la mujer, de la vagina, de su sexualidad, pero de otras tantas cosas y como está montada la analizamos con Tito [Ochoa] el otro día y es que es un cabaret, entonces tiene una parte racional muy importante, pero una parte sensorial grandísima entonces es como decía Tito, una buena canción que la puedes repetir y repetir. Creo que es parte del éxito de ese montaje.

El 26 de marzo se realizó el Desfile Bufo, organizado por la Escuela Nacional de Arte Dramático, para celebrar el Día Mundial del Teatro, actores, actrices, directores de teatro se unieron a estudiantes de la Escuela de Danza, mojigangas y las tradicionales «batucadas» caminaron desde el Parque Central de Tegucigalpa hasta el Teatro Manuel Bonilla. FotoCC/Fernando Destephen
El 26 de marzo se realizó el Desfile Bufo, organizado por la Escuela Nacional de Arte Dramático, para celebrar el Día Mundial del Teatro, actores, actrices, directores de teatro se unieron a estudiantes de la Escuela de Danza, mojigangas y las tradicionales «batucadas» caminaron desde el Parque Central de Tegucigalpa hasta el Teatro Manuel Bonilla. FotoCC/Fernando Destephen

Inma comparte que la Escuela Nacional de Arte Dramático tiene alrededor de 150 estudiantes que al igual que ella, están entusiasmados. Anticipa que en mayo se realizará un encuentro de directores jóvenes en la Casa del Teatro Memorias con obras dirigidas por estudiantes de la ENAD.

Al consultarle por su motivación por el teatro responde lo que la mayoría de artistas al consultarles qué significa el arte para ellos, «es mi forma de vida» responde y pregunta al aire «¿qué hago yo sin el teatro?». Seguidamente recuerda que ha recorrido 25 años haciendo teatro, «toda mi juventud y madurez que estoy agarrando» agrega. Y su más reciente motivación es la ENAD, con firmeza y deseo de dar a conocer el trabajo en esta institución nos dice «háblame bien de la escuela porque es una apuesta grande, en serio que sí».

Niños, jóvenes y padres de familia han protestado en distintos lugares del país exigiendo nuevos maestros, o al menos que no les quiten los pocos que tienen en sus escuelas. Ha sido un año caótico en el sector educativo; después de la pandemia, las escuelas volvieron tardíamente a las clases presenciales y se estima que hay unos 11,000 centros escolares con problemas de infraestructura. El ministro de Educación, Daniel Sponda, aseguró que están reparando « tres escuelas por día » ; sin embargo, algunos de sus correligionarios en el Partido Libre piden su salida.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Jorge Cabrera y Amílcar Izaguirre 

«¡Queremos maestros, queremos maestros!» gritaban niños y padres de la escuela Modesto Rodas Alvarado de La Lima, departamento de Cortés, en el norte de Honduras. Ocurrió el pasado 28 de febrero en una protesta frente al edificio de dicha escuela en cuyo portón negro colgaba una bandera de Honduras. Denunciaban que la Dirección Departamental de Cortés les quería «arrebatar» maestros.

Mientras los niños defendían su derecho a la educación, en un céntrico hotel sampedrano, un grupo de maestros junto a un expositor de florida elocuencia, discutían sobre la refundación del sistema educativo del país, explorando los problemas y las oportunidades. Ese expositor era un consultor contratado para realizar un diagnóstico del estado del sistema educativo.

Las protestas de estudiantes, padres y maestros se han presentado en varios lugares del país, ya sea porque quieren retirar maestros de las escuelas y centros básicos o porque no tienen profesores.

Honduras retomó clases presenciales más tarde que la mayoría de los países de la región tras el confinamiento por Covid-19, pero, según datos del Gobierno, al retorno a clases presenciales se detectaron más de 12,000 centros educativos con problemas de infraestructura. De acuerdo con la web de la Secretaría de Educación, este Gobierno está reparando «tres centros cada día». Para el 2022, la Secretaría de Educación esperaba una matrícula de 2.5 millones de alumnos en todos los niveles, pero la población escolar llegó apenas a 1.5 millones. Y aún sin llegar a la meta, hacen falta maestros y recursos.

A 18 kilómetros de La Lima, en la ciudad de San Pedro Sula, el pasado 10 de marzo, padres y alumnos tomaron las instalaciones del Centro Básico Dr. Ramón Rosa como medida de protesta, después de que una misión de la departamental de Cortés le solicitó al director de ese centro educativo, Rommel Ayala, que reubicara en otros centros educativos a dos de los maestros que sirven clases en el tercero de ciclo (antes llamado ciclo común integrado por los grados séptimo, octavo y noveno). El problema, argumentaron los manifestantes, es que el centro básico solo cuenta con tres docentes para esta población.

Si el director acata la orden, el centro educativo se quedará con un solo docente. «La ley me dice que para que funcione (el tercer ciclo) tiene que haber cuatro docentes, para que tengan una hora vacante y no salga tan pesada la carga académica. Ya el Estado me está debiendo uno, pero, ¿cómo la ve?, cuando me solicitan dos docentes de ese tercer ciclo, solo me quedo con uno. Técnicamente nos están llevando a que desaparezca [el centro educativo], a que queden estos jóvenes sin recibir educación», dijo Rommel Ayala, quien reveló que la matrícula actual alcanza los 50 alumnos sumando las tres secciones del tercer ciclo.

Padres y alumnos protestan en las afueras de la escuela Ramón Rosa exigiendo que no se les retire a sus docentes. Foto CC/Amilcar Izaguirre
Padres y alumnos protestan en las afueras de la escuela Ramón Rosa exigiendo que no se les retire a sus docentes. Foto CC/Amilcar Izaguirre

A siete kilómetros del Centro Básico Dr. Ramón Rosa, se encuentra el sector El Carmen, una zona bastante poblada de San Pedro Sula que alberga a varias colonias, algunas de ellas privadas, con habitantes de clase media, pero también hay asentamientos en los bordos y, además, se presentan usurpaciones de terrenos con fines habitacionales. La mayoría de estos habitantes son constantemente acosados por la violencia e inseguridad. 

Ahí, en el sector El Carmen, se ubica el Centro Básico Ramón Rosa Alvarenga, que no hace honor al impulsor de la Reforma Liberal en Honduras, sino a un hombre homónimo que realizó gestiones y lideró la construcción de la escuela en la colonia Brisas 2 en Los Cármenes hace algunos años. En esa institución hay una matrícula de 490 alumnos, pero el Estado no tiene maestros asignados para que sirvan clases ahí. 

En educación es muy común escuchar el término «estructura presupuestaria», una frase usada para referirse a la asignación de fondos estatales para crear una nueva plaza o puesto para que llegue un maestro. Existen escuelas y colegios que poseen una mínima cobertura de docentes, pero en el centro básico Ramón Rosa Alvarenga no hay «estructuras presupuestarias» asignadas y los maestros que están ahí son «prestados» o algunos, cinco para ser exactos, pagados por la comunidad. 

«Este centro educativo tiene la dificultad de que no tiene estructuras presupuestarias para pagar maestros, entonces, los maestros que estamos aquí, estamos reubicados», dijo la directora Miriam López, quien llegó en abril de 2022 en calidad de «préstamo». 

«Aquí hay 490 alumnos, el detalle es que en esta escuela, desde que fue fundada en el 2014, nunca ha habido un profesor pagado por el Gobierno, ha habido [maestros] prestados, pero el padre de familia siempre ha pagado y ahora ya están cansados», agregó la directora López.

Estos casos –como los de Paz Barahona y la aldea El Carmen– son comunes y fueron también en gobiernos anteriores en el contexto educativo de Honduras. Maestros van, maestros vienen. Estructuras prestadas de un centro educativo a otro y docentes que llegan a dar clases por dos meses a una escuela. En el Centro Básico Ramón Rosa, ubicado en Paz Barahona, la alumna Estefany Sánchez nos comentó que los alumnos de tercer ciclo, al mes de junio del año 2022, ya habían tenido tres maestros de matemáticas, el cuarto que llegó se quedó al final del año pero ahora es uno de los maestros que quieren reubicar.

La dirección municipal de educación en San Pedro Sula está a cargo de la licenciada Susibeth Velásquez, quien fue la única funcionaria con nivel dirigencial que accedió a hablar del tema. Los demás funcionarios contactados, entre ellos el ministro Daniel Sponda, no respondieron llamadas ni mensajes. Tampoco lo hizo la oficina de comunicaciones de la Secretaría de Educación.

La funcionaria comenzó explicando que en San Pedro Sula, sectores e instituciones, como el Centro Básico Ramón Rosa, han bajado la matrícula y esa deserción, dijo, no tiene «nada que ver» con la calidad educativa sino con que las poblaciones que rodean esos centros han ido «creciendo en edad» y, en otros sectores, argumentó, hay muchas escuelas en donde los padres de familia pagan, a pesar de que estas son instituciones públicas. «Hubo una promesa de que los padres no pagarían ni matrícula ni maestros y la obligación de la Secretaría de Educación es proporcionar los docentes para que esos niños tengan derecho a la educación. El año pasado no se pudo resolver ese problema».

Velásquez añadió que muchos maestros, que el año pasado estaban en determinada escuela laborando interinamente, lograron –mediante concurso– una plaza y fueron asignados a otra institución; además mencionó que hay estructuras presupuestarias que estaban prestadas y que regresaron a donde pertenecen, ahora han quedado centros educativos con «cero docentes, algunos sin ninguna estructura presupuestaria», explicó.

Estudiantes de la escuela Yaudet Burbara (diputado nacionalista y empresario) en El Carmen realizan manualidades . Foto CC/Amilcar Izaguirre
Estudiantes de la escuela Yaudet Burbara (diputado nacionalista y empresario) en El Carmen realizan manualidades . Foto CC/Amilcar Izaguirre

Añadió que en la montaña del Merendón hay seis centros educativos que al 16 de marzo de 2023 estaban cerrados y sin que el Estado hondureño ofreciera matrícula. No han iniciado clases, comentó. La razón es que los maestros que ahí servían clases estaban «prestados» y ahora no hay maestros ni estructuras ni clases. Los niños de esos seis centros educativos ya perdieron dos meses de los 200 días de clases prometidos por el Gobierno.

Susibeth Velásquez aseguró que el «único objetivo» que se tiene con las reubicaciones es «ordenar el sistema educativo» y no seguir el desorden en el que «hemos estado durante muchos años» por lo que adelantó que los maestros con una matrícula de 15 o 20 alumnos pueden ir a proceso de reubicación o de unificación de grados, «al menos mientras se resuelve el problema en los centros que no tienen maestros», aseguró.

Hizo referencia al caso de la escuela Ramón Rosa del Barrio Paz Barahona, mencionando anteriormente en la que no hay 250 alumnos, como afirman los docentes de aquel sector; luego invocó la Ley Fundamental de Educación en donde, según ella, se contempla qué hacer en estos casos. Velásquez afirmó que el director del centro educativo debe asumir el grado y mantenerse además en la parte administrativa.

Velásquez mencionó que cerca de ese centro educativo, a unas tres cuadras (que en realidad son ocho) hay otro centro básico «mejor equipado» y que puede absorber la matrícula de tercer ciclo. «No queremos debilitar la primaria, no es un análisis por capricho. Hay cursos [en otros centros] con 40 o 45 alumnos. En la Ramón Rosa el director hace tiempo tuvo que haber llevado carga académica por la cantidad de estudiantes», mencionó.

Rommel Ayala, director del Centro Educativo Básico (CEB) Ramón Rosa, mencionó que él tiene un nombramiento para cubrir la jornada de 7 a.m. a 12 m., sin embargo, se queda hasta las 5 p.m. y dijo que encima de eso le solicitan que tome grado, es decir, que imparta clases. «Imagínese a qué nivel llega el abuso, aquí trabajo el doble», y agregó que la educación no se puede ver como cifras. «Los niños no son números, que si tanto tienes tanto vales, la educación es la garantía de un país. Realmente es alarmante», dijo.

Frente al Centro Básico José Trinidad Cabañas, ubicado en el Barrio Guamilito, hubo otra protesta el 28 de febrero. Los padres se tomaron el centro exigiendo que regresaran a esa institución cinco maestros retirados, a su juicio, de forma arbitraria por personal de la Dirección Departamental de Cortés. En el CEB José Trinidad Cabañas hay alrededor de 600 alumnos, 200 de ellos son de séptimo, octavo y noveno grado.

Una de las personas que protestaba era Jeimy Aguilar, una madre de familia con dos hijos en la institución. «Nos están quitando los maestros», apuntó la madre de familia, quien agregó que ahora se han quedado con siete maestros de primaria que atienden alrededor de 400 alumnos y dos maestros de la jornada de ciclo, que tiene 200 alumnos. «La tarde [jornada vespertina] tiene la problemática que no tiene maestros, solo nos han dejado dos para los tres cursos, ellos no están recibiendo clases, los maestros no pueden, ¿qué calidad de educación pueden dar?», se preguntó.

Aguilar agregó que quienes tienen a sus hijos en las escuelas públicas es porque no tienen cómo pagar la educación privada y que además creen en la educación pública, pero aún así, aseguró, la quieren cerrar. «No es posible y por falta de matrícula no nos pueden quitar maestros, están violentando el derecho de los niños, en lugar de darnos una solución, nos dijeron que nos van a cerrar», manifestó.

En una conversación sostenida en enero con el ministro Daniel Sponda, mientras se aplicaban pruebas sobre concursos para plazas en el departamento de Cortés, éste le dijo a Contracorriente que tenía disponibles «1,500 estructuras presupuestarias para todo el país»; sin embargo, afirmó que con dichas estructuras no se cubrían «las necesidades» y dijo que se estaba en un proceso de reordenamiento del personal docente.

«Cortés es uno de los departamentos en los que más desorden se generó en el tema de las estructuras [presupuestarias], eso generaba corrupción, ahora vamos a transferir las estructuras en donde se necesiten», sentenció Sponda.

Padres de familias bloquean con llantas la carretera al sur, en favor de maestros que aun no se les brindan sus plazas. Foto CC/Jorge Cabrera
Padres de familias bloquean con llantas la carretera al sur, en favor de maestros que aun no se les brindan sus plazas. Foto CC/Jorge Cabrera

La precariedad y caos del sistema educativo está en toda Honduras. No es un problema exclusivo de San Pedro Sula. En la colonia Travesía de Tegucigalpa un grupo de padres también suplicaba por la reparación del techo de la escuela de la comunidad. Siempre en la capital, maestros, padres y alumnos del CEB Marco Antonio Andino protestaban por la falta de maestros. Y a cientos de kilómetros de la capital, por la misma razón, un grupo de padres protestaban en la escuela Petronila C. de Villalobos en El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras, y otro grupo lo hacía en la escuela Gabriela Mistral de la Lima, Cortés. En la Escuela Especial Emilia D´ Cuire los padres de familia se quejaban de la intención de retirar a tres maestros. En la colonia Villa Real en Villanueva, Cortés, los líderes comunitarios visitaron a todos los vecinos para recolectar firmas y solicitar al Gobierno Central que se envíen maestros de Proheco, porque los padres tienen más de 10 años de pagar maestros.

Presupuesto e infraestructura

La cartera de educación, con 38 mil millones de lempiras, tiene la asignación presupuestaria más alta para el año 2023. De esa cantidad, casi 30 mil millones de lempiras están en la partida «Servicios Personales», orientada esencialmente al pago de salarios y beneficios para el personal docente y la administración de esa Secretaría. El problema de la educación en Honduras es muy grave cuando observamos que, según ese presupuesto, hasta el 80% de los fondos orientados a la educación se invierten en salarios de maestros; sin embargo, el inicio del año ha sido caótico en buena parte por la falta de educadores.

De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), hay otros problemas con la población escolar en Honduras. Uno de ellos es la alta deserción escolar y la falta de matrícula de niños y jóvenes en edad escolar. La Fundación Ricardo Ernesto Maduro Andreu reportó que en el 2017, el 30 % de los adolescentes entre 12 y 15 años hablaban de la intención de irse del país, en detrimento de estudiar. Además, en información proveída por el Banco Mundial en el 2021, alrededor de 472,675 jóvenes de 14 a 17 años eran «ninis»”, o sea jóvenes que no estudian ni trabajan.

Migrantes bajan de buses que los trasladan a las fronteras para intentar llegar a los Estados Unidos. Foto CC/Jorge Cabrera
Migrantes bajan de buses que los trasladan a las fronteras para intentar llegar a los Estados Unidos. Foto CC/Jorge Cabrera

El informe sobre la educación en el 2022 de la ASJ indica que Honduras hace una inversión por estudiante de USD 9.1, una de las más bajas de América Latina en la última década. Según datos de la Secretaría de Finanzas, para el 2021, el 96% del presupuesto se invirtió en el pago de personal docente y administrativo; para el 2023 el monto orientado a pagos de personal es menor porcentualmente, pero las inversiones en infraestructura y calidad educativa son insuficientes.

El ministro Daniel Sponda le dijo en enero a Contracorriente que para el 2023, la Secretaría de Educación tenía destinados 1,000 millones de lempiras a la reparación de centros educativos y que el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) disponía de otros 1,500 millones para el mismo fin. Esa vez, Sponda aseguró que en el año 2022 se había reparado un promedio de tres centros escolares por día y en el 2023 se pretende duplicar esa cantidad, pero aún quedan 11,000 edificios escolares que necesitan reparaciones.

«En Honduras tenemos centros educativos, que hemos heredado, que eran escuelas porque había un decreto o acuerdo de funcionamiento, pero físicamente la escuela estuvo bajo un árbol. Después de 30 años de modelo neoliberal y 12 de abandono, cuando nosotros llegamos al Gobierno había que reparar unas 12,000 escuelas», afirmó Sponda.

Por esas necesidades, la cancha de juegos del Centro Básico Juan Ramón Molina en la colonia San Miguel de Tegucigalpa se convirtió en un espacio para instalar aulas de clases para dos secciones de quinto grado que no tienen donde recibir clases, «necesitamos aulas para estos niños, hay sol, aire y lluvia. No pueden estar afuera», dijo Yesi Barahona, madre de dos alumnos.

Carlos Medina, uno de los maestros que sirve su clase a la intemperie, le dijo a Contracorriente que hay padres de familia que no están enviando a sus hijos a clases en espera de que resuelvan, «mi deber como docente es venir y atenderlos», dijo resignado. En esa institución hay aproximadamente 1,600 alumnos.

Por falta de aulas, los estudiantes reciben clases en canchas de fútbol sala. Foto CC/Jorge Cabrera
Por falta de aulas, los estudiantes reciben clases en canchas de fútbol sala. Foto CC/Jorge Cabrera

Un presupuesto arriba de 30 mil millones de lempiras en los últimos tres años es una cifra que hace pensar que el dinero alcanza para casi todo. Pero no es cierto. Sentada en una silla de madera, Mirian López, directora del Centro Básico Ramón Rosa Alvarenga, hace un ademán para señalar todo el edificio y nos dice «aquí no hay un peso del Gobierno, todo esto lo construyó la comunidad y el mobiliario fue donado por la oenegé Save The Children, si este año nos dan el cheque de matrícula gratis, veremos un peso del Gobierno».

Asunto político

La educación, dicen los políticos, es el pilar fundamental para el desarrollo de un país, pero los políticos también entorpecen con sus intereses el sistema educativo. Uno de los mejores ejemplos es que, históricamente, la asignación de plazas se ha realizado de acuerdo con el color del partido de gobierno, no necesariamente por capacidades. Para este año, se han realizado concursos para la selección de nuevos maestros. En una plática en enero, el ministro Sponda se ufanaba de pretender «reivindicar el proceso».

No obstante, esto no quiere decir que la educación haya escapado de los juegos políticos. En la dirección municipal de educación en San Pedro Sula, Susibeth Velásquez dijo que los directores que se están oponiendo al proceso de reubicación de maestros es porque pertenecen al Partido Nacional. Denuncias similares, por decisiones con tintes partidistas, se hicieron durante los 12 años que gobernó el Partido Nacional antes de que asumiera la presidenta Xiomara Castro. Directores y docentes denunciaban favoritismos y vejámenes cometidos por los ministros de Educación durante los gobiernos de Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa. «Sé que vamos a tener gente en contra, pero la gente que me adversa son los nacionalistas que estaban en el poder y hacían lo que querían, que podían estar años sin dar clase, nosotros ni a nuestra gente le estamos permitiendo que no tenga grado», subrayó Velásquez.

Agregó que hay directores extremadamente nacionalistas que quieren hacer oposición al Gobierno y están en su derecho de hacerlo, pero las reubicaciones están tratando de hacerlas en apego a la ley.

Rommel Ayala, director de la escuela Ramón Rosa, , cree que en el proceso hay intereses no revelados. «Cuando los mismos docentes se quieren volver detractores del mismo sistema, no vemos con claridad si tienen una agenda escondida que se las han dado desde el nivel central, porque a la educación es mentira que le están apuntando, están violentando los derechos», aseguró.

Otro detalle, eminentemente partidario que va en detrimento de mejorar la educación, es la inestabilidad que parece tener el ministro Sponda dentro del partido de Gobierno. Ya hubo protestas de maestros pidiendo su salida de esa secretaría. En las bases del Partido Libertad y Refundación (Libre) tampoco es bien visto, de hecho, hay diputados del partido de Gobierno hablan abiertamente de la salida de Sponda.

Daniel Esponda, ministro de educación, junto al ministro de la presidencia Rodolfo Pastor durante la izada de la bandera. Foto CC/Jorge Cabrera
Daniel Esponda, ministro de educación, junto al ministro de la presidencia Rodolfo Pastor durante la izada de la bandera. Foto CC/Jorge Cabrera

En declaraciones a Radio América, el congresista por Yoro, Bartolo Fuentes, manifestó no estar conforme de la forma cómo se estaba manejando la educación por parte del ministro Sponda y algunos viceministros. «Para mí ellos no están haciendo una administración acorde con los postulados de Libre, partido que está gobernando, ellos están en una administración para beneficiar a las pequeñas argollas en los colegios magisteriales, esta administración no está en la línea de refundar la educación. Sí hay que hacer cambios en la secretaría, yo estoy de acuerdo que se hagan»

Marco Eliud Girón, también diputado de Libre, escribió en sus redes sociales que habían cinco ministros que no estaban cumpliendo con las expectativas y vaticinó que dos de esos no seguirán: José Manuel Mateu, ministro de Salud, y Daniel Sponda, este último lamentablemente no respondió a las innumerables llamadas realizadas. Era importante tener su opinión sobre los problemas más urgentes que tiene el sistema educativo.

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2022, el promedio de escolaridad se desaceleró en los años recientes en Honduras. Entre 2000 y 2010, los años promedio de escolaridad pasaron de 4.3 a 5.4 años. Ese avance se mantuvo hasta 2016 en que se logró un promedio de escolaridad de 6.5 años. Sin embargo, durante el último período 2017-2019, el promedio de escolaridad se mantuvo en 6.6 años. Esta situación presenta importantes diferencias a nivel municipal. Por ejemplo, el promedio más alto de escolaridad está en el municipio de La Esperanza, Intibucá, con 9.1 años, el Distrito Central presenta un promedio de escolaridad con 8.6 años, mientras que, en el otro extremo, el promedio más bajo se encuentra el municipio de San Andrés, Lempira, con 2.3 años de escolaridad promedio en su población. En 2021, había casi medio millón de jóvenes de entre 14 y 17 años que no estudiaban ni trabajaban. En el 2022 la meta de matrícula se cumplió apenas en el 60 %. De acuerdo con el ministro de educación Sponda hay 11,000 centros escolares con problemas de infraestructura. Hay escuelas sin maestros, pero con niños matriculados y, mientras tanto, seguramente, en algún lugar del país, un hombre de voz educada, de florida elocuencia, hablará sobre la refundación de la educación y de cómo resolver este vendaval de problemas.

En San Antonio de las Quebradas de Choloma, Cortés, son los padres y madres de familia los que asumen la responsabilidad de que siga en pie la escuela Lempira, ubicada en una comunidad del Merendón. Ahí, en ese centro educativo, son los padres de familia los que luchan, en medio de la pobreza, para reparar la escuela. El ministro de educación Daniel Sponda habla de mil escuelas reparadas en el 2022, dice también que espera duplicar esa cifra este año, pero estas promesas chocan con la realidad que viven los estudiantes de las zonas más postergadas. 


Texto y fotografía: Amílcar Izaguirre

Karen Guadalupe Santos es una alumna de sexto grado que para recibir clases camina a diario hora y media desde la comunidad de Chachaguala hasta la escuela Lempira de San Antonio de las Quebradas, una aldea en la cordillera del Merendón que pertenece al municipio de Choloma, Cortés al norte de Honduras. En este recorrido de 6 kilómetros la acompañan sus primos Astrid Nahomy Menjivar y Elvin Samuel Santos Vásquez.

Debido a que en Chachaguala no existe un centro educativo, estos jóvenes tienen que buscar la escuela más cercana para poder recibir clases. Karen, de 13 años de edad, dice que cuando termine la secundaria le gustaría ir a la universidad para graduarse como abogada porque le gustan «las leyes y la justicia».

Caminar más de una hora de una aldea a la otra, es el menor de sus problemas, comentaron, lo que sí les preocupa es que en esta escuela solo pueden estudiar hasta sexto grado y para continuar de séptimo a noveno tendrán que trasladarse hasta la comunidad de La Jutosa, donde sí cuentan con un centro básico. Esta es una barrera que varios alumnos de estas aldeas no pueden superar porque el costo que implica ese traslado es inalcanzable para los padres de familia.

Rafael Fernández, uno de los líderes de esta comunidad, recordó que antes de la pandemia en esta escuela los alumnos podían estudiar hasta el noveno grado, pero debido al poco interés de las autoridades educativas, la situación de la escuela ha empeorado. Hace cuatro años, comunidades del sector como la Florida, Tamarindo, Majaine, Bueno Aires de Chachaguala, las Quebradas, Planes y el Chorrerón hicieron una gestión para que las autoridades educativas les construyeran un centro básico en una de estas aldeas para que los alumnos que salen de primaria pudiera continuar en el nivel secundario, pero no lo lograron.

Para que un joven pueda estudiar en La Jutosa sus padres tendrían que rentar un apartamento y buscar quien cuide de ellos. «Póngale que si un padre de familia de acá quiere mandar a estudiar a su hijo al Centro Básico 18 de Noviembre de La Jutosa, tiene que pagar mensual mil quinientos lempiras de un apartamento y mil en alimentación. Ese costo es inalcanzable para los padres, es por eso que aquí los jóvenes no pueden seguir con sus estudios» comentó Fernández.

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Después de clases un niño espera a su madre junto a la puerta de la escuela Lempira de San Antonio de Las Quebradas. Foto CC/Amílcar Izaguirre

La escuela que la comunidad construyó

La gente en la comunidad de San Antonio de las Quebradas cuenta que la pequeña escuela Lempira —ahora con grietas en el suelo y fisuras en la pared— fue construida gracias al esfuerzo de todos los pobladores de la comunidad. Fue en 1990, cuenta Fernández, cuando decidieron construirla. Su vecino Timoteo Guevara donó el terreno y luego comenzaron a hacer actividades como carreras de cintas a caballo para recaudar dinero para los materiales. «Compramos cemento y otros materiales para hacer la escuela. Para ese tiempo no existían carreteras en la zona, todo lo acarreamos a lomo de mula desde la comunidad de la Jutosa» dijo Rafael.

Desde entonces, el único apoyo que han recibido es la asignación de un maestro de manera interina. En 33 años no han podido lograr que se les asigne un docente con plaza permanente, según comentaron los pobladores de esta aldea.

En la escuela Lempira, este año las clases iniciaron con retraso porque hasta hace dos semanas llegó a la comunidad la maestra Rixi Amador quien hace cuatro años estuvo de manera interina dando clases en esta escuela y ha regresado con la esperanza de quedarse. Rixi ya fue a la primera audiencia de selección para aplicar a una plaza, pero falta la segunda para saber si puede quedarse de manera permanente en la comunidad. «Aquí han asignado a otros compañeros, pero debido a las condiciones han desistido. Hay que tener vocación para trabajar en estas condiciones», comentó Rixi. 

La comunidad de San Antonio de las Quebradas es una aldea de difícil acceso. La carretera que conecta con la Jutosa es reparada cada cuatro años, según comentó un vecino. Un maestro para poder llegar a la escuela Lempira tiene que caminar por esta carretera no menos de dos horas o esperar que un vehículo de doble tracción suba por la montaña. Varios maestros han llegado a la escuela Lempira pero luego se retiran dejando a los niños sin clases.

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En el corredor de la escuela Lempira niños esperan sentados sobre una banca de bloques mientras otros terminan de barrer el piso. Foto CC/Amílcar Izaguirre

La escuela Lempira fue restaurada en el 2004, nuevamente por iniciativa y esfuerzo de los padres de familia de esta comunidad. En la actualidad, el edificio se encuentra en muy mal estado; a simple vista se pueden ver grietas en el piso, el muro caído y los baños deteriorados. Según comentó la maestra Rixi Amador, cuando llueve el agua se filtra entre las paredes y tiene que mover a los niños del aula hasta el corredor de la escuela para que no se mojen «Como acá es una montaña llueve bastante seguido» comentó la maestra.

La escuela tampoco cuenta con materiales didácticos. Sobre un viejo estante, apenas se ven algunos libros de español y matemáticas. Los padres de familia se ven obligados a comprar los libros para que sus hijos continúen con su educación. Maritza Escalón, una madre de familia que se dedica a elaborar y vender pan para sostener el hogar junto con su esposo, comentó que este año le ha tocado comprar cuatro libros y que aún le falta uno para su hijo que cursa sexto grado.

Rafael Fernández, el líder comunitario, comentó que en una ocasión, cuando el techo de la escuela Lempira estaba deteriorado, el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez les prometió reconstruir la escuela. Fuentes, quien fue condenado a cadena perpetua mas de 40 años por uso de armas prohibidas y tráfico de drogas llegó a la comunidad a ofrecer la ayuda que el Estado no brindó, aunque también quedó en promesa. 

Según el ministro de educación, Daniel Sponda, en Honduras existen unas 12 mil escuelas destruidas, de las cuales, el año pasado se repararon 1002. Los padres de familia, junto con el maestro que tenían asignado, hicieron gestiones el año pasado en la Departamental de Educación de Cortés para que les construyan la escuela pero, hasta el momento, no han tenido respuesta. Aún así, mantienen la esperanza de que por primera vez los escuchen.

Sentados en una banca improvisada de bloques y madera, los alumnos de la escuela Lempira ven con entusiasmo a su nueva maestra. Rixi, quien ha tenido la oportunidad de trabajar en zonas rurales y urbanas, comentó que la nobleza de los alumnos de la zona rural es especial debido a los valores inculcados por su padres además de que estos pasan más tiempo con sus hijos en comparación con las zonas urbanas.

El eslogan de la «Refundación de la Educación» en Honduras promovido por el Gobierno de Xiomara Castro aún no hace efecto en la escuela Lempira. No obstante, Karen Alvarado mantiene la esperanza de estudiar el próximo año cerca de su hogar en Chachaguala. «Tenemos familia que vive en la Jutosa, pero no me gustaría tener que salir de mi casa», dijo Karen.

Según el presidente de México, Manuel López Obrador, el incendio fue iniciado por migrantes que estaban protestando en el albergue y que buscaban evitar ser deportados, los migrantes llevaban días protestando por las condiciones precarias del lugar. El cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, confirmó que entre los migrantes hubo ocho hondureños que sobrevivieron al incendio y están recibiendo atención hospitalaria.


Texto: María Celeste Maradiaga 
Con colaboración de Leonardo Aguilar
Fotografía: Cortesía

En una estación migratoria ubicada en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, México, fallecieron 39 migrantes en un incendio registrado el 27 de marzo. Según las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), en el lugar se encontraban 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 salvadoreños, 13 venezolanos, un ecuatoriano y un colombiano. Aún no se ha confirmado las nacionalidades de los fallecidos. 

Tony García, vicecanciller de Honduras, publicó en su cuenta de twitter el nombre de los 13 migrantes hondureños que se encontraban retenidos aun sin haberse confirmado cuántos son los fallecidos y aseguró que los cuerpos serían repatriados lo más pronto posible.

Según el número de identidad de los migrantes hondureños que permanecían en el centro de migrantes, cinco de éstos son originarios del departamento de Santa Bárbara, cinco de Lempira, dos de Choluteca, uno de Olancho y uno de Colón.

Liliana Reyes, coordinadora de la defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, aseguró en un video proporcionado por esa institución el 28 de marzo, que están en comunicación con el Instituto Nacional del Migrante en México para conocer más sobre la investigación. Un vídeo circuló en redes sociales en el que se podía ver cómo los agentes migratorios dejaron a los migrantes encerrados mientras comenzaba el incendio. 

Según reportes del medio La Verdad de Juárez, los migrantes estaban encerrados bajo llave en un área de alojamiento temporal. Algunos fueron retornados de los Estados Unidos bajo Título 42 y otros fueron asegurados este lunes por agentes del INM en un operativo especial realizado en la ciudad para retirarlos de los cruceros viales donde limpian vidrios, venden dulces o piden dinero. Según este medio local, desde finales de 2018, Ciudad Juárez ha registrado una concentración masiva de migrantes que se han quedado varados en espera de cruzar la frontera.

En una conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Manuel López Obrador (AMLO) expresó sus condolencias sobre este hecho y dijo que los migrantes eran de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela.

«Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir de que, suponemos, se enteraron de que iban a ser deportados o movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia», dijo AMLO en la conferencia de prensa.

Según la BBC Mundo, las autoridades de México creen que los migrantes, detenidos en Ciudad Juárez el pasado lunes, estaban solicitando ser liberados del centro para evitar ser deportados a la frontera sur de México o a otros centros para migrantes.

Héctor Amador, consul de Honduras en México aseguró al medio de comunicación Hable Como Habla que ocho hondureños sobrevivieron al incendio y que están recibiendo atención en centros hospitalarios en Ciudad Juárez.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh) citó este 28 de marzo su informe de Situación de Derechos Humanos en Honduras 2022 en el que, según el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, 88,855 migrantes hondureños fueron retornados al país, la mayoría de México (45,961) y los Estados Unidos (42,090).

Según cifras del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), entre el año 2013 y octubre del 2022, hubo asistencia para los familiares de unos 2,979 hondureños fallecidos en el exterior, es decir, un promedio de 25 mensuales, de los cuales, el 74% (2,213) son hombres y el restante 26% (766) son mujeres. 

Un informe de Human Rights Watch, publicado en 2023, recoge que «la violencia, la falta de oportunidades, el desempleo y los desastres climáticos continúan motivando a miles de hondureños a abandonar el país, según estudios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute, MPI)».

El estudio detalla que entre los meses de enero y septiembre de 2022, unos 23,146 hondureños solicitaron asilo en México, según datos que fueron proporcionados por el gobierno mexicano. Además, Human Rights Watch indicó que, según el Gobierno de Honduras, 72,111 hondureños fueron repatriados de forma forzosa entre enero y septiembre de 2022, más que en todo 2021, «casi todos ellos provenientes de México y de los Estados Unidos, en partes iguales».

La Dirección General de Centros Penales trasladó a ‘Diablito de Hollywood’, principal líder de esta pandilla, hacia un centro de atención para adultos mayores, donde tuvo acceso a múltiples beneficios. La estancia de 28 días en la clínica privada Casa Linda está consignada en dos reportes de inteligencia a los que tuvieron acceso La Prensa Gráfica y Redacción Regional. Según fiscales de EUA, en ese centro se celebraron negociaciones entre el Gobierno y las pandillas luego de que a finales de 2021 ocurriera una matanza de 45 salvadoreños. Entre 2019 y 2022, Diablito salió al menos nueve veces de Zacatecoluca.


Por Carlos García y Jaime Quintanilla

El máximo líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador, Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “Diablito de Hollywood”, fue trasladado el 24 de noviembre de 2021 desde el Centro de Máxima Seguridad de Zacatecoluca hasta el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor Casa Linda, un asilo de ancianos, donde estuvo internado 28 días. En esta clínica privada de San Salvador tuvo acceso a múltiples beneficios y, según la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, participó en negociaciones con el Gobierno de El Salvador para garantizar la reducción de homicidios. El traslado de Diablito, de 45 años, fue una de las al menos nueve salidas de prisión de las que disfrutó entre 2019 y 2022, bajo la presidencia de Nayib Bukele.

De acuerdo con documentos desclasificados de inteligencia de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de El Salvador, obtenidos por la organización hacktivista Guacamaya y distribuidos a organizaciones como DDOSecrets y medios de comunicación, entre estos La Prensa Gráfica y Redacción Regional, Diablito permaneció internado en el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor Casa Linda del 24 de noviembre al 20 de diciembre de 2021 por supuestos problemas de oído, vías respiratorias y digestivos.

Los elementos de la subdelegación de la PNC de Zacatecoluca anotaron en el informe de novedades de ese día que el máximo líder de la MS-13 había sido llevado a una clínica privada para “evaluación de otorrino y gastroenterología”.

“A las 10:22 horas del presente día, sale comisión de este centro penal, a bordo del N-521, con dos custodios, llevando al PDF Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias Diablito, MS, a clínica privada Centro de Atención de Salud, ubicada en San Salvador, Colonia Vista Hermosa a evaluación de otorrino y gastroenterología”, consignaba el reporte sin firma y enviado desde el correo de la subdelegación de Zacatecoluca hacia la Subinspectora de Área Especializadas Operativas con copia al Comando Conjunto Departamental de La Paz.

Reporte diario del 24 de noviembre de 2021 que consigna su salida

Cuando este líder de la Ranfla Nacional (la estructura de más alto nivel de la Mara Salvatrucha) llegó al asilo habían pasado trece días de la mayor masacre perpetrada hasta entonces en el Gobierno de Bukele. Durante los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2021, se registraron 45 asesinatos que, según consta en informes de inteligencia de la PNC, fueron cometidos por la MS-13.

 Una semana después, el 18 de noviembre, Elmer Canales Rivera alias “Crook”, otro integrante de la Ranfla Nacional, fue excarcelado por el gobierno de acuerdo con su ficha del Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) al que LPG tuvo acceso, liberación que también fue consignada en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

Seis días más tarde Diablito estaba alojado en una casa para adultos mayores que ofrece televisión por cable, aire acondicionado en las habitaciones, internet y visitas diarias, mientras las negociaciones entre las pandillas y el Gobierno aún se mantenían, según la fiscalía estadounidense.

No fue el último miembro de la Ranfla Nacional que visitaría Casa Linda.

El 26 de enero de 2022, un mes y seis días después de que Diablito fue devuelto a Zacatecoluca, Saúl Antonio Turcios Ángel, conocido como “Trece de Teclas”, llegó a bordo de una patrulla al asilo. Según los reportes diarios elaborados desde el penal consultados para esta investigación, era al menos su sexta salida de prisión desde que Bukele asumió la presidencia de El Salvador en junio de 2019.

diablito el líder de la mara MS13 El Salvador Borromeo Enrrique Henrriquez Solorzano alias diablito de HLS
Retrato de Diablito en los archivos de la Policía y el Ejército.

Las nueve salidas de Zacatecoluca

El miércoles 24 de noviembre a las diez de la mañana con 22 minutos Diablito abordó la camioneta con placas N-5261 y fue custodiado por dos elementos de seguridad como exige el protocolo penitenciario. El pick-up blanco que salió de Zacatecoluca lo llevó hasta la Avenida Maquilishuat #224 en la Colonia Vista Hermosa de San Salvador.

La hora de regreso no quedó registrada en los reportes consultados, los inspectores de Zacatecoluca no sabrían de su retorno hasta casi un mes después.

Obtener autorización para ser trasladado de un penal a Casa Linda era un trámite complejo, como lo muestra un habeas corpus interpuesto en 2019 por un preso identificado como WARM. A pesar de que un juez sostenía que el preso padecía de diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia renal, el Centro Penal de San Miguel, uno de menor seguridad en comparación a Zacatecoluca, le denegó el traslado argumentando que el preso “se encontraba estable y recibiendo los medicamentos proporcionados por sus familiares».

Una fuente que trabajó dentro del penal de Zacatecoluca aseguró a LPG que Diablito no tenía problemas graves de salud y que “los padecimientos que tiene podían ser tratados dentro de la clínica” del propio penal.

Fachada de la entrada del asilo en la colonia Maquilishuat de San Salvador.

El traslado a Casa Linda fue al menos la octava ocasión que Diablito salía del penal de Zacatecoluca por supuestas emergencias médicas y consultas programadas desde el comienzo de la actual administración, de acuerdo con una revisión exhaustiva a más de dos mil informes oficiales de la Policía Nacional Civil y del Grupo de Tarea Nonualco del Ejército salvadoreño, que van del 4 de julio de 2019 al 8 de mayo de 2022, un mes y medio después de instaurado el régimen de excepción, que ya cumple un año.

La primera salida de la que hay registro en la filtración de correos es del 8 de enero de 2020. Ese día el coordinador del centro penal de Zacatecoluca, Carlos Sánchez, indicó que Diablito salió rumbo al Hospital Nacional Santa Teresa a las 8:30 de la mañana y regresó a las 11:30. Pero no escribió la razón del traslado.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que Diablito salió del penal de Zacatecoluca. Una investigación de La Prensa Gráfica realizada en septiembre de 2021, reveló que las salidas de Diablito a este hospital comenzaron al menos desde el 1 de noviembre de 2019.

Los viajes a este centro de salud se hicieron recurrentes. La principal razón que registraban las autoridades policiales y la inteligencia militar en los informes era que Diablito iba a “evaluación médica” o “cita médica programada” en el área de medicina general.

Diablito solía salir junto a otros líderes a las consultas en el Hospital Santa Teresa. Su principal acompañante era Carlos Tiberio Ramírez Valladares, que según el requerimiento CR-22-429 de la Corte Este neoyorquina fue “pieza clave” en las negociaciones con los gobiernos del FMLN y Nayib Bukele. Tanto la inteligencia militar como la policial reportaron en sus informes que «Diablito» también solía salir acompañado de sus compañeros “Trece de Teclas” y Carlos Alberto Martínez, alias “Shaggy” o “Pelón”.

Sin embargo, la salida a Casa Linda de noviembre de 2021 fue la primera que la Dirección General de Centros Penales autorizó a este asilo de ancianos.

Con base en todos los registros analizados para esta investigación, Diablito sumó al menos 38 días fuera del penal de Zacatecoluca, entre las dos veces que estuvo internado en el Hospital Santa Teresa (que fueron de una semana en una ocasión y de tres días en otra) y Casa Linda.

Estados Unidos investiga el pacto con las pandillas

La presencia de Diablito en Casa Linda fue señalada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York como un movimiento para “facilitar las negociaciones” entre la MS-13 y el gobierno salvadoreño. 

Según se lee en una acusación dada a conocer el pasado 23 de febrero por la Corte Este neoyorquina en contra de miembros de esta pandilla, “losoficiales de prisiones facilitaron temporalmente la transferencia de líderes de la MS13, incluyendo Henríquez (Diablito), a hospitales civiles para ‘tratamiento’ de condiciones médicas inexistentes, lo que permitió a dichos líderes comunicarse con miembros de la Ranfla en las Calles y facilitar las negociaciones”.

Una güila o mensaje escrito por la MS13 confiscada al interior del penal de Izalco en septiembre de 2019 y a la que la LPG tuvo acceso, muestra que los pandilleros estaban usando los traslados a hospitales para transmitir los lineamientos de reducir el número de homicidios al resto de la pandilla en las calles.

 “La informaciónes de hacerlo llegar a los otros modulos (sic) (de Izalco) pero con jente (sic) de confianza o que salga al hospital o clínica para que se lo den a la jente (sic) que anda al frente de las cosas”, se leía en el recado.

Un pandillero que conoció de cerca las negociaciones y ahora se encuentra fuera de El Salvador dijo bajo condición de anonimato para esta investigación que en los hospitales también se daban órdenes para regular y coordinar los homicidios que la pandilla avalaba y que estaban fuera de la negociación de la reducción de la violencia: “Se juntaban ahí con los locos, ahí fue donde dieron la lista completamente (lista con gente a matar). Hablaban con ellos, sus familias y cosas así, todos ellos. Daban las órdenes en otras palabras. Era el único contacto que podían tener ahí”.

Vista a otra de las habitaciones del recinto.

Diablito en Casa Linda

Casa Linda está ubicada al final de la avenida Maquilishuat cerca de la última curva de la discreta y poco transitada colonia Vista Hermosa. En esta zona abundan las casas residenciales y algunos comercios que conviven en un ambiente poco ruidoso.

Los habitantes de la colonia nunca supieron que uno de los principales criminales que Estados Unidos solicita en extradición fuera su vecino en aquellos días de noviembre y diciembre de 2021. Sólo observaban que camionetas de la DGCP se estacionaban frente a Casa Linda. Una fuente que trabaja en la zona aseguró que era recurrente ver inspectores y seguridad estatal cerca del asilo, previo al régimen de excepción impuesto vía decreto el 27 de marzo de 2022.

“Como es negocio privado, como que traían a gente algo rara ahí”, dijo. Aunque no recuerda exactamente las fechas en las que vio estos operativos, aseguró que veía que “venían a tratamientos de un mes en la que salía uno y entraba otro”.

“Nosotros sentíamos raro que trajeran a gente de Centros Penales. Adentro (de Casa Linda) había gente de Centros Penales cuidando”, asegura la fuente, que habló bajo anonimato por razones de seguridad.

Estos operativos contrastaban con la tranquilidad de la zona, ubicada a menos de un kilómetro de la autopista a Comalapa.

De acuerdo con un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos que no puede revelar su identidad, la ubicación discreta del asilo fue una de las razones por las que la DGCP envió a Diablito ahí y así evitar que testigos observaran los movimientos que se realizaban.

Reporte que consigna el retorno de Diablito al Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca.

El Centro de Atención Integral al Adulto Mayor Casa Linda es un asilo de ancianos como lo especifica su razón social. Es propiedad de la compañía ESDEL SA de CV, un conglomerado de empresas dedicadas a brindar “servicios de medicina” y fundada en 2010 por el doctor Eduardo Alfonso Cruz Guadrón y la odontóloga Sulma Figueroa de Cruz, según los documentos del Centro Nacional de Registro de El Salvador.

Casa Linda se define en sus propias palabras como un “centro integral al adulto mayor para la recuperación post-operatorio, brindando los servicios médicos por personas profesionales ofreciendo las comodidades de un hospital” y “sin restricciones” de edad. Donde, además, dicen ofrecer estudios de laboratorio médico, consultas médicas generales, hospitalización, terapias y estadías temporales permanentes.

Sin embargo, LPG visitó el lugar y pudo constatar que no se trata de un centro de una clínica especializada, sino de una residencia de ancianos donde la mayoría de los pacientes necesitan ayuda para movilizarse y de ser atendidos por especialistas.

Casa Linda tiene un único acceso habilitado para ingresar al hospital-asilo: un enorme portón doble de color negro donde entran por igual pacientes y clientes para registrarse en el mostrador. Adentro cuenta con una sala principal junto a un comedor que es utilizado por los pacientes. El asilo cuenta con 28 habitaciones. 

Casa Linda sólo cuenta con un equipo de enfermería y un médico general las 24 horas, quien brinda consultas diarias a los adultos alojados en las instalaciones. No existen áreas de hospitalización especializada y en caso de necesitar atención de rayos x, diálisis o quimioterapia son trasladados a clínicas que cuentan con estos servicios. “Tenemos alianzas con otras clínicas. Es un servicio externo. Trasladamos el paciente al lugar”, aseguró una empleada de Casa Linda.

Incluso, las ambulancias estacionadas afuera de las instalaciones no son exclusivas para trasladar a gente del asilo, sino que se trata de otra empresa de este matrimonio llamada Ambured que transporta todo tipo de pacientes hacia cualquier hospital.

En Casa Linda, los pacientes que ingresan son tratados, primero, en un consultorio médico ubicado al fondo del inmueble. Luego de ser tratados por un médico de planta, son remitidos a alguna de las 28 habitaciones, de las cuales sólo siete son individuales, pues el resto se comparten con uno o dos pacientes más.

En cualquiera de las habitaciones en la que Diablito haya sido instalado contó con dieta completa de tres comidas y dos meriendas diarias, alimentación realizada por chef de planta, cama hospitalaria para mayor confort del adulto mayor, baño privado, aire acondicionado, televisión con cable, internet inalámbrico y ventilación natural en la habitación, lavado, secado y planchado de ropa así como cuidados de enfermería las 24 horas. El centro también facilita las visitas en el horario de 9 de la mañana a 8 de la noche.

“Todas las habitaciones tienen estos beneficios. Las visitas son de lunes a domingo. Pueden sacar a los huéspedes cuando deseen, porque hay otros lugares que cuando los ingresan ya es complicado sacarlos. Nosotros no”, dijo una empleada de Casa Linda.

El costo de hospitalización a particulares en el recinto varía según el tipo de habitación. Hay compartida con tres personas por 850 dólares, compartida con dos personas por 950 dólares y habitaciones individuales “normal” por 1,200 e individual “grande” por 1,500 dólares. Es decir, que por 28 días el precio de la estancia de Diablito oscilaría entre los 1,500 y los 850 dólares.

Consultado sobre los motivos detrás de la atención de los líderes pandilleriles, el doctor Eduardo Cruz, dueño de Casa Linda, dio dos respuestas. Primero aseguró que “es desinformación porque de ahí sólo son ancianos de 80 años para arriba. Es abierto pues, pueden ustedes ir a ver ahí. Creo que hay un poco de desinformación al respecto”.

Al indicarle que informes de inteligencia de la Policía y el Ejército confirman el traslado realizado por Centros Penales, y la permanencia en su clínica de al menos dos pandilleros de gran calado, dijo: «pudo ser una equivocación o algún traslado de ambulancia que hacen ahí, pero no hay ingresos de otro tipo de pacientes”

Al repreguntarle si estaba enterado de estos hechos, el médico dijo desconocerlos. “No. No, yo recibo informes todos los días. No”.

Reporte diario del 24 de noviembre de 2021 que consigna su salida diablito borromeo enrriquez solorzano
Reporte que consigna el retorno de Diablito al Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca.

El regreso a Zacatecoluca

El 20 de diciembre a las cuatro de la tarde Diablito regresó al penal de Zacatecoluca, esta vez a bordo de la camioneta N-20680 y nuevamente con dos custodios. Su salida representó la estancia más prolongada de la que haya constancia en los más de 2 mil registros de la Policía y del Ejército analizados para esta investigación. 

Después de su regreso de Casa Linda, Diablito fue trasladado nuevamente el 25 de marzo de 2022 a otro hospital privado a tan sólo unas horas de que comenzara la mayor masacre registrada en El Salvador después de la firma de los Acuerdos de Paz: 62 asesinatos en 24 horas. En aquella ocasión fue llevado al Hospital Bautista. No hay constancia de su regreso en los documentos consultados.

Cinco días después, el 30 de marzo de 2022, Bukele exhibió desde su cuenta de Twitter a Diablito ante las cámaras dentro de sus celdas en Zacatecoluca, después de haber impuesto el Régimen de Excepción.


Este reconocido pandillero se queja de que ya no le dan pollo en el almuerzo y que ahora solo le dan frijoles con tortilla. Injusto es que los salvadoreños compren frijoles para comer y que de esos impuestos, se le compre pollo a sus asesinos”, escribió.

* En la realización de este reportaje se buscó la reacción de la Dirección de Centros Penales a través de Alejo Carbajal Amaya, jefe de Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas. El funcionario contestó el teléfono y pidió que se le enviara la pregunta por escrito por la aplicación WhatsApp. Se le hizo llegar un mensaje de texto con las preguntas sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no dio respuesta.

Ejecuciones extrajudiciales, restricciones a la libertad de expresión y prensa, corrupción gubernamental y falta de investigación en la rendición de cuentas son algunas de las cosas que señala el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre prácticas en materia de derechos humanos en Honduras en el 2022.

 

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Jorge Cabrera

El 20 de marzo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos —a través de la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo— publicó un reporte sobre las prácticas de derechos humanos en Honduras durante el 2022. Este informe evaluó el respeto a la integridad de las personas, capturas arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales, la corrupción y la falta de transparencia del Gobierno, así como la violencia y discriminación sistémica a mujeres, grupos étnicos o personas Lgtbiq+.

En este reporte se indicó que, entre los problemas significativos en materia de derechos humanos que enfrentó Honduras en el 2022, hubo: ejecuciones extrajudiciales, en las que se incluyen torturas y tratos crueles o inhumanos por parte de agentes del Gobierno; restricciones a la libertad de expresión y prensa, incluidas amenazas a miembros de los medios de comunicación; corrupción gubernamental y falta de investigación de rendición de cuentas; y, además, violencia de género y delitos o amenazas de violencia contra comunidades indígenas, afrodescendientes, y personas Lgtbiq+.

«El Gobierno procesó a algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o corrupción, pero la debilidad del sistema judicial y la corrupción fueron importantes para obtener condenas», señala el informe.

Previamente, en julio de 2022, el departamento de Estado de los Estados Unidos publicó la «Lista Engel», en la que, de 15 sancionados, dos son actuales congresistas del Partido Libertad y Refundación (Libre): Rasel Toméy Edgardo Casaña, ambos vicepresidentes del Congreso Nacional.

El 30 de enero, antes de la elección de magistrados y magistradas, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) emitió un pronunciamiento diciendo que Rasel Tomé, Edgardo Casaña y otros diputados no debían de participar en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ). Rasel Tomé fue sentenciado por el delito de abuso de autoridad, pena que le inhabilitaba de ejercer cargos públicos.

Sobre esto, Rasel Tomé contestó a Contracorriente el 31 de enero de 2022, que él «esperaba que ese fallo fuera condenado» por el dirigente del MADJ, Víctor Fernández.

El congresista Rasel Tomé fue incluido en esta «Lista Engel» por participar en «importantes casos de corrupción» mientras era presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y por apropiarse de aproximadamente de 327,000 dólares de fondos públicos. 

En el informe sobre prácticas en materia de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos se indica que —aunque existen leyes que penalicen por corrupción a oficiales—, las autoridades no implementan la ley efectivamente y, de esta forma, los oficiales continúan realizando prácticas corruptas con impunidad. Entre los ejemplos de corrupción gubernamental, el informe señala al Decreto de Amnistía aprobado en el Congreso Nacional a inicios de febrero de 2022.

«El 2 de febrero [de 2022], el Congreso Nacional aprobó una Ley de Amnistía retroactiva que absuelve de crímenes a funcionarios públicos que trabajaron en la administración Zelaya (2006-2009). Hasta octubre [de 2022], al menos 24 abogados defensores usaron esta ley para desestimar casos de corrupción», señala el informe. 

Como algo positivo, el reporte apunta la derogación de la Ley de Secretos en marzo de 2022 algo que, según el departamento de Estado de EE. UU. «la sociedad civil criticaba por limitar la transparencia y permitir a oficiales clasificar documentos para ocultar corrupción».

El diputado por el Partido Libre, Rasel Tomé, fue quien impulsó la Ley de Amnistía en el Legislativo. Un día después de la publicación del informe por parte del Departamento de Estado de EE. UU., este país anunció la suspensión definitiva de la visa a Rasel Tomé.

Sobre esto, Toméexpresó en una conferencia de prensa «no me preocupan las posiciones políticas del departamento de Estado [de los Estados Unidos] mi vista está para Asia, para allá es que vamos». 

Las palabras de Rasel se dan en el contexto de acercamientos diplomáticos entre Honduras y la República Popular de China. El pasado 14 de marzo, la presidenta Xiomara Castro anunció el inicio de la apertura de relaciones oficiales con la República Popular de China.

El ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, la congresista Xiomara Hortensia Zelaya —hija de la presidenta y del expresidente Manuel Zelaya—, se encuentran en una gira por este país asiático.

Contracorriente contactó al diputado por el Partido Libre, Rasel Tomé, quien respondió que en esos momentos no podía dar entrevistas.

El abogado especialista en materia de derechos humanos, Joaquín Mejía, opinó que esta Ley necesita ser reformada aunque personas ya hayan sido beneficiadas con la amnistía en relación a casos de corrupción.

«Desde el principio, cuando se aprobó la Ley, nosotros dijimos que una Ley de Amnistía no se puede utilizar para casos relacionados con violaciones a derechos humanos y tampoco se puede utilizar para quitarle la responsabilidad penal a personas en casos vinculados con corrupción, por tanto, obviamente, lo que se requiere es que esa ley se reforme», aseguró Joaquín Mejía.

Sesión del congreso nacional de honduras. Foto CC/Jorge Cabrera

A nivel general, Joaquín Mejía opinó que este informe viene a ratificar los problemas estructurales que existen en Honduras, los cuales no son de hace 10 años, sino de hace mucho tiempo atrás.

Joaquín Mejía agregó que el informe del Departamento de Estado de EE UU. refleja la situación estructural que vive el país y que, desafortunadamente, no hay indicios de que, al menos este Gobierno, tenga la voluntad o la capacidad para abordar todos estos problemas estructurales de una forma integral, porque en materia de seguridad ciudadana el estado de excepción sí es una medida necesaria, pero de forma aislada no va a servir de nada. 

«Una medida de este tipo refleja que existe un enfoque restrictivo de la seguridad ciudadana, en el sentido de abordar la criminalidad únicamente con la intervención policial, militar y eventualmente judicial, pero no [existe un] abordaje integral», explicó Mejía.

Sobre hechos violentos, centros penitenciarios y faltas a la libertad de expresión

El reporte de la oficina del departamento de Estado de EE. UU. también asegura que «grupos delictivos, incluidas bandas locales y transnacionales y narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y actos de violencia contra defensores de los derechos humanos, autoridades judiciales, abogados, miembros de la comunidad empresarial, periodistas, blogueros, mujeres y otras poblaciones vulnerables. El gobierno investigó y enjuició algunos de estos delitos, pero la impunidad era generalizada».

Entre los asesinatos denunciados durante operaciones policiales o que estaban relacionados con actividades delictivas de agentes gubernamentales, el departamento de Estado menciona el asesinato de Wilson Ariel Pérez en San Pedro Sula, departamento de Cortés. Según la policía, Wilson fue asesinado mientras agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas trataban de arrestarlo después de que agredió a una agente policial en un partido de fútbol en mayo de 2022. Casi 6 meses después, el 17 de octubre, el Ministerio Publico acusó a cuatro agentes policiales por estar relacionados al asesinato de Wilson Pérez.

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La falta de veredicto en el juicio en contra del agente policial Jarol Perdono por el asesinato de Keyla Martínez; la masacre en la que supuestos miembros de la mara MS-13 vestidos de uniformes militares ejecutaron al hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Said Lobo Sosa, y, además, el asesinato del líder indígena, defensor de la tierra y comunicador social, Pablo Hernández, son los casos en los que el departamento de Estado hizo énfasis en este apartado.

En el caso de la situación en las penitenciarías, el informe señala que, hasta septiembre de 2022, el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (Conaprev) contabilizó 17 muertes violentas en el interior de penitenciarias. Además, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) reportó que, hasta octubre de 2022, habían 19,619 privados de libertad en las 25 prisiones y centros de detención existentes en Honduras, cuando, según el Conaprev, el sistema está diseñado solo para 13,000 prisioneros.

Miembros de la fuerzas especiales (COBRAS) intervienen en barrios conflictivos durante el estado de excepción. Foto CC/Jorge Cabrera

El 22 de marzo la Policía Nacional anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad en el marco del «Plan de Seguridad Ciudadana y la guerra contra la extorsión» con instrucciones de la presidenta Xiomara Castro. Un centro penitenciario será construido en la Isla del Cisne en el Caribe hondureño y el otro entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, aseguró que este proyecto empezará inmediatamente y que se alojará a 1,500 miembros de estructuras criminales en cada una.

Para el abogado Joaquín Mejía, la construcción de cárceles tiene sus matices, esto debido a que la construcción de dos cárceles de máxima seguridad podría cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIH) contra el Estado de Honduras, pero esto no alivia el problema de institucionalidad en el sistema penitenciario.

«El problema es que se están construyendo edificios sobre una institucionalidad, en este caso la Policía Nacional que se encarga de los centros penales, que todavía no ha sido depurada, una institucionalidad que todavía no ha rendido cuentas y que no ha demostrado capacidad ni voluntad para que se cumpla con el principio de reinserción social, de readaptación social constituido en la Constitución», apuntó el abogado.

Además, Mejía mencionó que, si bien es cierto que la desmilitarización de los centros penales es un paso importante, la situación carcelaria en el país sigue siendo grave a pesar de la existencia de dos sentencias de la CIDH.

«La situación no ha cambiado, sí ha habido reformas legislativas, se crearon instituciones y se han construido cárceles, pero la cultura que hay alrededor del sistema penitenciario no ha cambiado porque parece que la idea de construir cárceles es meter ahí a personas que debemos de aislar de la sociedad, pero se debe de cumplir con el principio constitucional de rehabilitación», señaló Mejía.

Miembros de seguridad penitenciaria resguardan las instalaciones de la cárcel de Támara. Foto CC/Jorge Cabrera

El informe del departamento de Estado de EE. UU. también destaca que el mecanismo de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y operadores del sistema judicial, ahora llamado Dirección General del Sistema de Protección, brindó protección a 11 periodistas y 16 comunicadores sociales. Sin embargo, «algunas organizaciones no gubernamentales expresaron preocupación por la débil implementación de la ley, los pocos recursos disponibles para operar el mecanismo de protección, y el entrenamiento insuficiente de personal nuevo». Además, el informe asegura que la sociedad civil critica las fallas del Gobierno en la investigación adecuada de amenazas a estas personas.

Fuerzas de seguridad aún no están capacitadas para el tratamiento de casos de violencia doméstica y agresiones contra personas Lgtbiq+

Sobre los derechos de las mujeres, el informe señala que la sociedad civil ha reportado que las mujeres a menudo experimentan retrasos por parte de agentes policiales a la hora de procesar sus denuncias por violencia doméstica. Sobre esto, el informe indica que se ordenó elevar a rango ministerial el Instituto Nacional de la Mujer, que ahora es llamado Secretaría de Asuntos de la Mujer, sin embargo, observadores notaron que este esfuerzo no fue efectivo debido a la falta de cobertura de estos servicios en las áreas rurales del país, además el informe destacó la ausencia o entrenamiento inadecuado de oficiales y otras autoridades en el tratamiento de casos que involucran violencia doméstica.

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la presidenta Xiomara Castro anunció el uso, venta y comercialización de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE). La prohibición de esta pastilla estaba vigente desde el 2009. Sin embargo, en ninguno de los poderes del Estado —ejecutivo, legislativo y judicial—, se han registrado avances en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como el aborto por las tres causales, algo prometido por la mandataria en tiempos de campaña electoral.

Grupos de mujeres han reclamado al Gobierno que aún no se ha aprobado la Ley de Casas Refugio, una iniciativa que tiene como fin proporcionar un espacio seguro a las mujeres víctimas de violencia en sus hogares, algo que ya viene realizando la Asociación Calidad de Vida pero que, a través de esta Ley, se daría responsabilidad del Estado de mantener estos sitios de acceso para las mujeres que son víctimas de violencia.

En el caso de actos de violencia y discriminación a personas Lgtbiq+, el informe incluyó un reporte del Ministerio Publico que contabiliza 17 muertes violentas de personas Lgtbiq+ desde enero hasta septiembre de 2022, mientras que organizaciones no gubernamentales reportaron 33. Además, las ongs reportan 17 crímenes de odio en contra de personas Lgtbiq+ hasta agosto de 2022.

Miembros de la comunidad Lgtbiq+ participan en una marcha en protesta por sus derechos. Foto CC/Jorge Cabrera

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) reporta, hasta agosto de 2022, 25 casos de discriminación basada en orientación sexual. «Los grupos Lgtbiq+ afirman que las entidades gubernamentales y empleadores privados emplean prácticas de contratación discriminatorias. Las mujeres transgénero son particularmente vulnerables debido a la discriminación en el empleo y sistema educativo; muchas pueden encontrar empleo solamente siendo trabajadoras sexuales, lo que incremente su vulnerabilidad a la violencia y extorción

En marzo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró culpable al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans, el 28 de junio de 2009. Esta sentencia contiene una serie de medidas reparatorias que el Estado de Honduras debe cumplir, entre ellas, una Ley de Identidad de Género que le permita a las personas trans identificarse con su identidad sexual y nombre de elección y, además, ordena la adopción de protocolos especiales de investigación por parte de agentes de las fuerzas de seguridad y de investigación.

El pasado 13 de marzo, la Red Lésbica Cattrachas entregó a la Secretaría de Seguridad de Honduras 472 expedientes de muertes violentas que han contabilizado en el Observatorio de Muertes Violentas Lgtbiq+ desde 1994. Esto también cumple otra de las medidas de reparación ordenadas por la CIDH: la creación de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas Lgtbiq+.

La influencia de la República Popular de China avanza en Centroamérica en contraste con lo que le ocurre a Taiwán, que con la retirada de Honduras tendrá el reconocimiento sólo de 13 países. El Gobierno de Honduras ha manifestado que mirará hacia China para sacar provecho de un mercado con 1,400 millones de consumidores. No obstante, analistas coinciden en que Honduras llegará a un mercado chino que ya es competitivo entre los países de Centroamérica. Por otro lado, los analistas estudian la posibilidad de que las relaciones entre Honduras y EE.UU. se deterioren cada vez más y, como consecuencia, las expresiones de autoritarismo del gobierno hondureño sean cada vez más evidentes.


Texto: Leonardo Aguilar

Fotografía: Jorge Cabrera

Vladimir Rouvinski, profesor de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad ICESI, dijo a Contracorriente que el anuncio de Honduras de abrir relaciones diplomáticas con la República Popular de China demuestra el avance de Beijing en la región, algo que a su juicio no es nada nuevo, sino más bien una decisión que recae dentro de la cadena de cambios que ya se han estado haciendo en los países centroamericanos de no reconocer más a Taipéi como el Gobierno de China sino a Beijing.

La Cancillería de Taiwán anunció este jueves el retiro de su embajadora de Honduras como muestra de su descontento por el viaje de una delegación hondureña a Beijing con el objetivo de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. El canciller de Taiwán, Joseph Wu, afirmó que China está suprimiendo el espacio diplomático de Taiwán y que existen signos de la intervención china en Honduras, según unapublicación de la agencia de noticias EFE.

Las declaraciones del canciller Wu, coinciden con lo dicho por Rouvinski a Contracorriente, quien exteriorizó que el plan de separarse de Taiwán puede no ser necesariamente del Gobierno hondureño. «No tengo ninguna información al respecto, pero nosotros sabemos que, en otros casos en el pasado, era una decisión más bien del gobierno de Beijing para poder avanzar con estos cambios del reconocimiento de las relaciones, es decir, pasar de reconocer a Taipéi a reconocer a Beijing», explicó Rouvinski.

Esto significa —añadió Rouvinski— que poco a poco China está avanzando «hacia este patio trasero de los Estados Unidos» para sacar a Taiwán y establecer mayor presencia de Beijing en estos territorios. 

El número de países que reconocen a Taiwán se reducirá a 13 cuando se concrete el anuncio de Honduras de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, país que, a través de su embajador en Costa Rica, Tang Heng, ha dejado claro que solo abrirá relaciones con Honduras en tanto que el país rompa relaciones diplomáticas con Taiwán.

Rouvinski explicó que China, a lo largo de los años, se ha posicionado en América Latina, no solamente en Centroamérica, como un socio que tiene recursos para poder invertir y, obviamente —subrayó Rouvinski— China es un mercado mucho más grande que Taiwán. «Es un mercado enorme» hablando en términos de relaciones económicas, dijo.

Según un artículo sobre China y Centroamérica, publicado por la BBC, la importancia de Centroamérica para China no radica estrictamente en términos económicos, pues el mercado de la región centroamericana es de unos 90,000 millones de dólares. Según esta misma publicación, durante 2017, China mantuvo con América Latina un intercambio comercial de 266,000 millones de dólares. El artículo expone que China es el segundo o tercer socio comercial en Centroamérica y que las empresas chinas están desarrollando obras de infraestructura en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Guatemala. En Honduras resalta el proyecto Patuca —por ahora estancado— desarrollado por la empresa Synohydro a la cual se oponía Berta Cáceres.

Parsifal D’Sola, director ejecutivo de la Fundación Andrés Bello, quien es especialista en temas de China en Latinoamérica, aseguró que, si en Honduras facilitan los canales de inversión y hay un mayor contacto a alto nivel del Gobierno, «no cabe la mayor duda de que veremos un incremento en la participación de empresas chinas, particularmente, diría yo, en el área de infraestructura».

D’Sola —sobre la justificación del canciller hondureño Eduardo Enrique Reina de buscar el mercado chino con acceso a 1,400 millones de consumidores—, consideró que ese es un argumento que utiliza el Gobierno chino para «incentivar cambios de reconocimiento».

D’Sola explicó que exportar a China no es una cosa que depende únicamente de acceso al mercado, sino que, dado que el mercado chino es súper competitivo, Honduras ya entraría a competir con todas sus contrapartes no solo en Centroamérica sino a lo largo de la región y su abanico de productos coincide mucho con el de otros países cercanos a Honduras. «Entonces no es así como se pasa un switch (interruptor) y a partir de mañana Honduras va a incrementar sus exportaciones a China de un día para otro», expuso D’Sola.

El experto manifestó que se requiere de coordinación entre el Gobierno, cámaras de comercio y apoyo a las exportaciones para tener presencia en China en promoción de productos hondureños. «De entrada probablemente exista algún tipo de concesión o de promesa de inversión que haya hecho China, quizá haya un alza en las exportaciones de Honduras hacia China, sin embargo, si no hay una estrategia de comercio frente a China, lo más probable es que eso sea simplemente como un impulso que luego decaiga si no hay ningún tipo de actividad de parte de Honduras, tanto de su gobierno como del sector privado de crear una estrategia de comercialización con China».

Lo más probable —continuó D’Sola— es que la ruptura de Honduras con Taiwán sirva de incentivo para los otros países de Centroamérica que todavía reconocen a China (Taiwán), que son Belice y Guatemala. Es decir, es muy probable que Honduras sirva de plataforma diplomática para seguir empujando la agenda china para eventualmente convencer a otros países de cambiar el reconocimiento.

D’Sola dijo a Contracorriente que el caso de Panamá es un caso sui generis (peculiar) dentro de Centroamérica por la gran población china que existe en ese país. «Es una migración que data de décadas, cosa que no existe comparativamente con otros países en la región. Con ninguno. Hay generaciones panameñas chinas, hay una participación grandísima de unas poblaciones panameñas taiwanesas. Entonces, con el caso panameño, agregando la importancia del canal, China tiene una política muy particular frente a Panamá que no la va a tener con Honduras».

D’Sola afirmó que existen mayores intereses para los chinos por el canal de Panamá y por la gran presencia de diáspora china que hay en ese país.

Parsifal D´Sola: «Si estamos hablando de un ejemplo a seguir de cómo tratar con China, Costa Rica sería uno de ellos, no solamente por haber firmado un tratado de libre comercio sino porque han sabido realizar una coordinación entre el gobierno costarricense y el sector privado».

D’Sola avizoró una situación desventajosa para Honduras en términos de la balanza comercial con respecto a China. «Es altamente probable que se produzca una balanza comercial desfavorable para Honduras, porque esto abre la oportunidad para que muchas más empresas chinas comiencen a exportar y participar en el mercado hondureño».

El acercamiento con China, aseguró D’Sola, no implica directamente un alineamiento ideológico ni siquiera político, porque a su juicio, China no es un país que se enfoca en exportar modelos de Gobierno ni se concentra en desfavorecer un tipo de gobierno por otro. China, añadió el analista, trata con Estados Unidos de la misma forma con la que trata con Cuba, con Venezuela y con Alemania. 

«Si estos países son voceros y defienden los intereses de China en la región en el marco internacional, obviamente esto es de interés para ellos, pero esto no significa que China promueva directamente a través de acciones específicas el autoritarismo en X o Y país», consideró.

Sin embargo, expresó que, ante la ola de autoritarismo que enfrenta la región centroamericana, «Honduras ha dado algunas señales que son preocupantes, aunque nada en comparación a sus vecinos, pero a medida de que se empeoren las relaciones con Estados Unidos y se dé el acercamiento con China, ese triángulo usualmente conlleva a un acercamiento con China en materia política y en materia económica, y China no es un país que se preocupa por las instituciones locales y por fortalecer las gobernanzas democráticas en ningún país, Estados Unidos sí».

Esta semana, los Estados Unidos anunció el retiro definitivo de la visa al vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, mencionado en la Lista Engel, quien afirmó que no le preocupan las posiciones políticas del Departamento de Estado porque su mirada está puesta en Asia.

Xiomara Castro y el anuncio del cambio de reconocimiento

El martes 14 de marzo, la presidenta Xiomara Castro anunció un cambio de rumbo en cuanto al reconocimiento de la República Popular China, en detrimento de la amistad que el país ha mantenido durante décadas con Taiwán. 

«He instruido al Canciller Eduardo Reina, para que gestione la apertura de relaciones oficiales con la República Popular China, como muestra de mi determinación para cumplir el Plan de Gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo», tuiteó Castro.

El Gobierno de Honduras ha insistido en que la principal razón para acercarse a China Continental es buscar mayor apoyo económico, algo que según el gobierno ha sido insuficiente con Taiwán.

El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, dijo en el programa de debate Frente a Frente que se transmitió en Televicentro el día 15 de marzo, que «Honduras entra tarde» a sostener amplias relaciones con China.

Reina subrayó que actualmente 171 países en el mundo sostienen relación con China Continental, un país que a su juicio «es una realidad económica, y no solo económica, porque no solo se plantea desde el punto de vista económico y comercial, es una realidad diplomática, una realidad política, China participa en todos los organismos internacionales, en los organismos financieros, en los organismos de crédito».

Reina reveló que Honduras le hizo la propuesta a Taiwán para que ese país pudiera ayudar a Honduras a pagar la deuda externa. Según las palabras del canciller, se propuso a Taiwán implementar un mecanismo para «readecuar, retomar la deuda externa o realinear». En contraposición a esta propuesta, Reina sostuvo que «no hemos visto esta respuesta» de Taiwán.

A través de un comunicado, Taiwán solicitó a Honduras no tomar la decisión «errónea» de abrir relaciones oficiales con China para «no caer en la trampa de China» y dañar «la larga amistad entre Taiwán y Honduras». 

Joseph Wu, el canciller taiwanés, declaró que Honduras «pidió un alto precio» por mantener el reconocimiento diplomático con Taipéi. Wu no ha revelado la cantidad ni el sector del Gobierno hondureño que solicitó ese «alto precio» a cambio de no romper las relaciones.

El abogado Arístides Mejía, quien fungió como ministro de Defensa durante el Gobierno del expresidente José Manuel Zelaya y que también se ha desempeñado como Embajador en Grecia, dijo a Contracorriente que el anuncio de Honduras es trascendental en la política exterior de Honduras, porque Honduras es uno de los 14 países que mantenía relaciones con la república china de Taiwán desde 1941, argumentó.

«Y en esto hay que ver las declaraciones del Canciller, que fue una decisión más que todo pragmática según él dice, para que Honduras tenga relaciones comerciales y económicas sustanciales para la inversión con la República Popular de China, lo cual habría que evaluar […] ahora la diferencia podrá estar, como lo ha dicho el Canciller, en que las inversiones de China sean más grandes que lo que está haciendo Taiwán con Honduras, algo que él lo califica como de obras benéficas y aquellos serían inversiones para la producción, pero eso está por verse», expuso Arístides Mejía.

A criterio del exministro de Defensa hondureño, EE.UU. tenía mucho interés en que Honduras mantuviera las relaciones con Taiwán por un tema estratégico.

Arístides Mejía aseguró que la venida de Kamala Harris, en enero de 2022, fue para asignar el arranque del inicio de relaciones privilegiadas con Honduras. 

«Dentro de esos acuerdos entiendo que estaba el tema de Taiwán, por eso es que tal vez veo que el Canciller se refiere a que fueron a Washington a explicar esto; no sé cuál fue la respuesta de Washington, porque si efectivamente ese era un punto de la negociación puede ser que esto debilite las relaciones con EEUU y ojalá que no, porque nosotros tenemos más interés con EEUU que con cualquier otro país, porque allá están la mayoría de nuestros migrantes que son los que aportan las remesas, que son las que sirven de sustento de la economía hondureña, el primer rubro y, en segundo lugar, porque EEUU es el país con el que hay el mayor intercambio comercial», sostuvo Arístides.

Arístides agregó que China ha querido promover la idea de que el sistema político chino es superior a las democracias occidentales y este alineamiento político en muchos países ha creado ya prácticamente dos bloques. Por ejemplo, asegura el abogado Arístides, China, en el conflicto Rusia contra Ucrania, apoya a Rusia, y el resto de países occidentales apoyan a Ucrania. 

«Entonces se van dibujando prácticamente los bloques de una nueva confrontación política. Hay una rivalidad que va a ser visible a la hora de las votaciones en Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Va a haber que preguntar cuál va a ser la posición del Gobierno hondureño con respecto a eso», argumentó Arístides.

Parsifal D’Sola coincidió con Arístides Mejía al afirmar que que pudo haber una negociación que luego se rompió entre Honduras y Taiwán. 

«Mi lectura de por qué en Honduras esto no sucedió antes es porque, probablemente, en el momento de las últimas elecciones en Honduras hubo algún tipo de negociación entre la presidenta electa, la administración de Biden y los mismos taiwaneses, para ofrecer algún tipo de, ya sea, remuneración económica o alguna promesa de inversión», aseguró.

D’Sola afirmó que no tiene dudas de que tuvo que haberse dado «algún tipo de negociación de estas tres partes, precisamente para que Xiomara no cambiara de reconocimiento y, eventualmente, pues ella se echa ella para atrás, sin embargo, han pasado dos años de pandemia, de afectación económica, de incremento de emigración de Centroamérica, no únicamente hondureña, porque a esto se le suma el tema venezolano y, bueno, asumo que los chinos deben haber hecho algún tipo de concesión, de promesa de inversión que simplemente era demasiado llamativa como para decir que no y ahí tenemos los resultados».

«Ya en los últimos años hemos visto que ha habido un deterioro en las relaciones que ha sostenido Estados Unidos con Honduras por la misma razón que acabo de mencionar, que es altamente probable que Estados Unidos haya llegado a algún tipo de acuerdo durante la toma de posesión o previo a esta, y esto probablemente se ha visto como que Honduras no cumplió con su parte el acuerdo», expuso.

Antes –dijo D’Sola– Estados Unidos tenía unos intereses especiales con Honduras. «El interés particular de que Honduras no reconociese a Taiwán, lo cual permitía algún tipo de diálogo con que Honduras pudiese negociar y utilizar a su favor, pero ya ese interés de Estados Unidos en el país se pierde, por lo tanto es altamente probable que Estados Unidos comience con una política mucho más fuerte frente a Honduras y viceversa, y que Honduras probablemente se abra mucho más a China y al comercio de China».

D’Sola concluyó que, en el caso específico de Honduras, no es sorpresivo el anuncio de Xiomara Castro si lo vemos desde un punto de vista meramente económico. 

Más problemas para Taiwán

Para Rouvinski, el anunció de Xiomara Castro representa obviamente una pérdida y un daño contra los intereses de Taipéi, pero es algo que China puede hacer sin ningún problema y «Honduras posiblemente también va a poder aprovechar esas nuevas dinámicas de las relaciones».

El catedrático consideró que desde los Estados Unidos están viendo «con mucha preocupación» el avance de China en América Latina.

«Por ejemplo, yo estoy hablando desde Colombia y aquí, en todo Sudamérica, el socio número uno de todos los países sudamericanos es China ya, no son los Estados Unidos, por un lado obviamente hay un reconocimiento de parte de Washington en que las cosas han cambiado, pero por otro lado creo que hay poca iniciativa aparte de esta preocupación para poder cambiar las direcciones, las directrices, de lo que está pasando, puede ser que los Estados Unidos tendrán que tomar algo más de esfuerzos para poder dar reversa a esa situación».

Rouvinski consideró que en estos momentos lo que está pasando en América Central «no está en las prioridades de la agenda de los Estados Unidos, por lo menos lo que tiene que ver con este tipo de cambios, como el cambio de reconocimiento. ¿Va a generar más alarmas en los Estados Unidos? Muy probablemente, pero eso no va a significar que vamos a ver algo significativamente dramático en este tema, porque no es la primera vez en los últimos años que está ocurriendo eso, ha ocurrido con otros países latinoamericanos y básicamente eso no ha estado cambiando la forma cómo Washington está tratando Centroamérica».

Realmente —expresó Rouvinski— quien está en espera de mayores beneficios son, especialmente, los países centroamericanos y no China. «China puede agradecer formalmente este cambio, puede hacer varias observaciones sobre este hecho, pero China entiende perfectamente que quien tiene un interés principalmente no es China hacia Honduras sino Honduras hacia China, entonces creo que hay un desbalance bastante fuerte en este tipo de las relaciones y creo que en este juego está claro que quien tiene mayor peso y más poder es China».

Ampliando el panorama sobre el papel de China y de Rusia en el ámbito internacional en el marco de las tensiones producto de la guerra en Ucrania, Rouvinski afirmó que «aquí en América Latina no veo mucha colaboración entre Rusia y China, o sea, tienen algunos intereses que coinciden, pero están jugando en campos totalmente diferentes».

China —manifestó Rouvinski— está jugando en América Latina en el campo del comercio. Por lo tanto, el académico explicó que lo que quiere China es asegurar sus inversiones y su comercio. «China tiene un potencial muchísimo más grande que Rusia; Rusia es extremadamente débil».

Rouvinski expresó que los números del comercio ruso en América Central «son para llorar». Explicó que actualmente los resultados del comercio ruso en Centroamérica están «por debajo de un billón de dólares, ¡es muy poquito!, si no me equivoco, entre 600 y 700 millones de dólares. Eso no es nada». Agregó que las operaciones comerciales rusas en Centroamérica contrastan obviamente con lo que tiene la República Popular China en la región centroamericana.

Ligado a lo anterior, Rouvinski expresó que no cree que el avance de China tenga alguna consecuencia para Honduras en relación con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en el que China ha mostrado su apoyo al primero.

«No creo que hay algo que tenga que ver la guerra directamente en Ucrania con lo que está pasando con la política china hacia América Central, por lo menos por ahora, la situación puede cambiar, sí, en el futuro. Hipotéticamente, si algo va a pasar mucho más allá, en el estrecho de Taiwán, y si China va a considerar aplicar una estrategia de reciprocidad, algo que intente hacer Rusia en América Latina y en América Central sobre todo con sus relaciones con Nicaragua, pero yo por ahora no veo ninguna evidencia de que algo más dramático pase en Honduras».

Rouvinski añadió que lamentablemente para Taiwán la situación es bastante difícil, porque cada vez hay menos posibilidades para mantener este tipo de relaciones diplomáticas. «Taiwán está perdiendo mucho, tiene muy pocas herramientas para poder mantener esto, sobre todo porque cuando se trata de un gigante económico que puede traer muchísimos recursos y que representa un mercado como China Popular, Taiwán claramente tiene pocas ventajas para poder buscar acercamientos y convencer a los países con quien tiene relaciones diplomáticas para que se mantengan».

Lo que parece —reiteró Rouvinski— es que es Beijing el que realmente está haciendo presión sobre los países que mantienen relaciones con Taiwán, ya sea para mantener esas relaciones o para romperlas.

«Lo usan como una especie de castigo cuando hay algo que está pasando en Taiwán que no les gusta; entonces Beijing puede jugar a este tipo de presión. La pérdida de reconocimiento trae un montón de problemas para Taiwán, porque está perdiendo posibilidades de tener representación diplomática, perdiendo muchos espacios que cuando tiene reconocimiento diplomático puede jugar, esto trae daño a Taiwán por supuesto, pero lamentablemente ellos tienen pocos argumentos para usar. Lamentablemente para Taiwán esta tendencia va a seguir y más países van a cambiar su reconocimiento», concluyó Rouvinski.

Según organizaciones que velan por la libertad de expresión en Centroamérica, el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en Honduras no es una opción para salvaguardar la vida de este sector. Además, estas organizaciones alertaron sobre el incremento de la violencia y ataques en contra de periodistas de la región.


Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Reporteros sin Fronteras (RSF), la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu) convocaron este jueves a la rueda de prensa «Escalada de violencia contra los periodistas en Centroamérica: cómo deben actuar los Estados para proteger la prensa», en donde coincidieron en que el mecanismo de protección que ofrece el Gobierno hondureño es ineficaz

Según estas organizaciones, el 70 % de los ataques contra la prensa que más se dan en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras son perpetrados por personas servidoras públicas, además, estas organizaciones exigieron mecanismos efectivos de atención a periodistas en Centroamérica. 

Entre los patrones de ataque a la prensa que identificaron los periodistas consultados por estas organizaciones, están las privaciones ilegales de la libertad, el exilio, acoso judicial, amenazas, ataques físicos, vigilancia estatal y estigmatización. Además, las organizaciones indicaron que el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en Honduras no representa una opción para salvaguardar la vida de este sector en este momento.

«Las autoridades no le toman interés [al mecanismo de protección] y se encuentra en una crisis institucional, técnica, y presupuestaria por falta de voluntad política para dirigir adecuadamente una institución vital para salvaguardar la vida de los periodistas amenazados», indicaron, por medio de un comunicado.

Dina Meza, coordinadora de la Asopodehu, lamentó que no se ha dado el cambio positivo que esperaban para la prensa, sobre todo tras la salida del Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández —quien está a la espera de un juicio por narcotráfico en los Estados Unidos— y el inicio de la administración de Xiomara Castro.

Dina Meza, coordinadora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu). Foto CC/ Fernando Destephen

«Lo que queremos es que haya una actuación diferente respecto a la prensa, una actuación enmarcada en lo democrático y en los estándares internacionales. Mientras un funcionario no esté consciente de que tiene un cargo público y debe dar cuentas a la ciudadanía, van a seguir violentándonos [limitando el ejercicio periodístico por medio de amenazas, coacción o obstaculizandola labor periodística], estigmatizándonos y colocando a la prensa como enemiga o amiga de X o Y gobierno», aseguró Meza.

La coordinadora de la Asopodehu explicó que actualmente cuentan con una base de datos en la que monitorean denuncias de periodistas a quienes se les bloquea el acceso a distintas fuentes, siendo esta una de las principales agresiones. Además, de cuando a los periodistas les roban el equipo de cobertura y de cómo intervienen en sus comunicaciones.

«El nivel de riesgo de periodistas en Honduras y Centroamérica está aumentando, no podemos esperar a que llegue a un nivel donde los periodistas estén bajo un riesgo grave, en donde muchas veces practican la autocensura, que tengan que salir de su ciudad o que terminan asesinados. La idea es llamar la atención del Gobierno a que cambien sus políticas y sus posturas en su discurso para una valoración de la prensa», indicó la coordinadora de incidencia de RSF en América Latina, Bia Barbosa.

Barbosa mencionó que a través de los discursos hostiles de funcionarios a la prensa se puede ocasionar que la ciudadanía se sienta en la libertad de atacar a los periodistas y comunicadores, ataques que, en ocasiones, no se quedan en redes sociales, sino que pueden trascender a agresiones físicas o amenazas.

Bia Barbosa, coordinadora de incidencia de Reporteros Sin Fronteras en América Latina. Foto CC/ Fernando Destephen.

Por otra parte, Angelica Carcamo, coordinadora de la APES, alertó que la prensa hondureña debe prestar atención ante declaraciones estigmatizantes que puedan realizar funcionarios en contra de medios de comunicación.

Es peligroso porque cuando los gobernantes atacan sin fundamento hay una clara intención de no querer que la ciudadanía tenga información adecuada y crítica, y la mejor forma es atacando a las y los periodistas y estos discursos se masifican en las redes sociales.

Entre las exigencias más urgentes dirigidas a los gobernantes para que se respete el libre ejercicio de la libertad de expresión, Angelica Carcamo destacó: exigir que se siga fomentando el acceso a la información pública desde la instituciones, que se abra un debate de leyes de protección a periodistas desde un enfoque integral y abrir debates sobre redes sociales en las que se dan ataques permanentes a la prensa critica.

Angelica Carcamo, coordinadora de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Foto CC/ Fernando Destephen.

Las organizaciones también resaltaron que América Latina es, actualmente, el continente más letal y peligroso para la prensa. «El año 2022 fue particularmente letal, 39 periodistas fueron asesinados en la región, la cifra más alta desde que se llevan registros y que representa la mitad del total de los periodistas asesinados en todo el mundo», se afirmó en el pronunciamiento que realizaron estas organizaciones al finalizar la rueda de prensa.

Un día después de que dos reconocidos ambientalistas de Guapinol fueron asesinados, se intensificó una campaña en twitter que comenzó desde 2021 y que acusaba al grupo de personas que se opone a una mina en esta comunidad de ser «falsos ambientalistas» y de participar en el asesinato de 10 personas en medio del conflicto. Un análisis realizado por este medio con el apoyo de expertos, determinó que esta campaña creó y difundió contenidos falsos de manera coordinada.


Por: Contracorriente

Al menos 15 cuentas falsas de twitter trinaron mensajes que acusaban de «falsos ambientalistas» y de «asesinos» a los activistas de la comunidad de Guapinol en Tocoa, Colón, quienes desde 2016 se han enfrentado al proyecto minero de la Empresa Los Pinares, construido dentro de una reserva natural. 

Estas cuentas realizaron una campaña coordinada para posicionar en la narrativa pública esas acusaciones en tres de los momentos más críticos del conflicto entre 2021 y 2023: cuando los ambientalistas fueron liberados después de estar presos por diversos delitos relacionados con su protesta, cuando dos de ellos fueron asesinados y cuando se revelaron las conexiones políticas entre el empresario Lenir Pérez –dueño de la concesión minera– y el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro. 

El 25 de enero de 2023, la empresa Inversiones Los Pinares emitió un comunicado exigiendo investigación por el asesinato de diez personas que ellos aducen fueron colaboradores del proyecto minero, algo que se reprodujo en las acusaciones de la campaña de Twitter. Varios medios de comunicación como El Espectador (Honduras), la página de Facebook Tocoa Exclusivas y Radio Globo difundieron estos mensajes como parte de sus contenidos noticiosos. La empresa también organizó una rueda de prensa que fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación con idéntica narrativa. También se repartieron esta caracterización dañina de los líderes en reuniones que la prensa cubrió como organizadas por líderes de 13 comunidades de Tocoa con la Embajada de los Estados Unidos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según la información que difundió la empresa.

El contenido de la campaña en redes sociales promovido por la empresa fue lo que los expertos califican como «inauténtica y coordinada» porque la mayoría de las cuentas fueron creadas el mismo día, utilizaron imágenes tomadas de otros sitios de internet y al menos entre el 50 y el 80% de los tweets responden a un conjunto de mensajes que fueron generados los mismos días en forma orquestada. 

La difusión masiva de campañas falsas en redes sociales no es un tema nuevo y no es la primera vez que sucede en Honduras. En 2018, Facebook cerró cientos de cuentas falsas creadas para realizar una campaña coordinada en apoyo al expresidente Juan Orlando Hernández, ahora extraditado a los Estados Unidos acusado por delitos de narcotráfico. 

Un lobo con piel de oveja

La narrativa de «falsos ambientalistas» coincide con la que utilizó la misma empresa Los Pinares cuando, en 2020, respondió con un comunicado a los cuestionamientos del periodista Jared Olson quien publicó un artículo para el periódico estadounidense «The Nation» sobre el conflicto en Guapinol. 

«Lamentablemente, este grupo defalsos ambientalistas sin escrúpulos lanza ataques porque tienen intereses personales, y sin tener ninguna prueba acusan a personas respetables que han decidido invertir en una zona donde pocos inversores se atreven a hacerlo debido a la inseguridad jurídica causada por invasores de oficio que obtienen beneficios económicos de esta actividad», respondió la empresa al periodista. 

Un año después, esta narrativa tomó fuerza en las redes sociales. Una de las primeras veces que se utilizaron las palabras clave «falsos ambientalistas» y «Guapinol» en Twitter fue el 30 de octubre de 2021 por parte de un usuario con el alias @PieldeLoboHN. El tuit era una respuesta a un tuit de la Embajada de España en el que se pedía a Honduras que acatara el Estado de Derecho y las recomendaciones de la ONU en el caso del Guapinol. El usuario @PieldeLoboHN afirmó que 10 personas fueron asesinadas por falsos ambientalistas de Guapinol. El post utiliza una imagen que tiene un diseño gráfico similar al utilizado anteriormente por la página de Facebook «Tocoa Exclusivas HN». El mismo cartel siguió apareciendo en otras cuentas como parte de la campaña hasta enero de 2023. A través de tablas hash (método utilizado para analizar estructuras de datos masivos y sus fuentes) pudimos comprobar que las imágenes compartidas en diversas cuentas de twitter y facebook venían de la misma fuente, es decir, de un mismo computador o un mismo celular, lo que prueba que la campaña fue coordinada por una sola persona. 

Este usuario, que se hace llamar Piel de lobo, no siempre se llamó así. En 2012, cuando la cuenta fue creada, el nombre del usuario era @SaulvLAPRENSA, esto se pudo comprobar porque el identificador 858840625 (un número que se crea al abrir una cuenta y no cambia a pesar de cambiar de nombre) es el mismo. 

Además, se pueden encontrar otros tweets que etiquetaban al usuario @SaulvLAPRENSA en conversaciones antiguas y que enlazan a @PieldeLoboHN. La cuenta @SaulvLAPRENSA hizo referencia en varios tweets al trabajo periodístico de Saul Vásquez, quien trabajó en Diario La Prensa hasta 2021 y que ahora, según su cuenta en Linkedin, es freelance y ofrece servicios de escritura fantasma, relaciones públicas y blogging. Se han encontrado tweets donde se etiqueta a varias cuentas de periodistas de Diario La Prensa que tienen el mismo formato, asimismo hay tweets de Diario La Prensa mencionando el trabajo como periodista de @SaulvLAPRENSA.

Llamamos y enviamos mensajes al periodista Saúl Vásquez para consultar sobre su posible relación con la empresa Los Pinares o con la agencia que lleva las relaciones públicas de la minera y de otras empresas de Lenir Pérez. En el cuestionario también le pedimos que explicara por qué su cuenta de Twitter estaba coordinando esta campaña. Vásquez respondió que no tiene ninguna vinculación y que su trabajo solo ha sido en temas educativos, que nada tiene que ver con los temas de Guapinol y el conflicto que allí se vive. Además dijo que nunca ha estado vinculado a cuentas falsas y que la cuenta de Saúl La Prensa fue una cuenta que le abrieron en el periódico y que no sabe qué sucedió con ella, que su cuenta oficial es otra.

También consultamos a la relacionadora pública a quien Erick Spears, abogado de Los Pinares, nos remitió para responder asuntos relacionados con la campaña de la empresa y ella nos respondió que habían contratado en algunas ocasiones a Saúl como proveedor para tomar fotografías, pero que él no tiene nada más que ver con su agencia o con la empresa minera. 

Por su parte, Juan López, uno de los ambientalistas que aparece en las imágenes acusado de ser «falso ambientalista» y de estar involucrado en asesinatos, dijo a este medio que «lo que genera esto [la campaña de desprestigio] es inseguridad, más allá de lo que dice alguien en una página de facebook o unas redes, hay alguien detrás que está diseñando todo, las imágenes tienen un estilo bien orientado y desde luego eso genera en el movimiento un temor, es un ambiente confuso. Ayer tuvieron una conferencia de prensa con una dedicatoria muy fuerte y eso nos hace temer que la empresa atente contra alguien de sus propios colaboradores y señalar que alguien de nosotros fue [el responsable]. Es un escenario que ya habíamos vivido en 2018 y 2019 y lo estamos viviendo, es un momento de crisis para el movimiento social». 

Otro usuario que aparece en la red es @LaPeccora que en italiano significa «la oveja». Este usuario tuiteó 47 veces sobre los «falsos ambientalistas», pero sólo el 2% de sus tuits se refieren a los ambientalistas. La mayoría de esos tuits son retuits de otros miembros de la red tales como AntunezArriaga, LorenguerreraHN y PieldeLoboHN. El usuario no tiene rostro en su foto de perfil.

Mensajes repetitivos

Después de que la campaña de desprestigio comenzara en Twitter el 30 de octubre de 2021, vino el 1 de diciembre de ese año, el juicio contra los ambientalistas de Guapinol. A este asistieron varias organizaciones de derechos humanos para velar que se garantizara el debido proceso de los acusados. En febrero de 2022, ocho de los procesados fueron declarados culpables. Pero pocos días después, un tribunal de sentencia revirtió esa condena y liberó a los ambientalistas. Organizaciones nacionales e internacionales celebraron esta decisión después que los ambientalistas estuvieron en prisión preventiva durante 40 meses. 

Mientras tanto, los mensajes en twitter en contra de los ambientalistas arreciaron con respuestas a diversas embajadas de la UE, España y Francia. Varias cuentas empezaron a publicar la misma narrativa, incluida una cuenta (LorenguerreraHN) que se creó el 30 de octubre de 2021 y el mismo día empezó a publicar mensajes con la narrativa de la campaña. Varios de sus tuits eran respuestas a comentarios de la representaciones diplomáticas extranjeras sobre las peticiones de liberación de los ambientalistas de Guapinol. Después del 28 de diciembre de ese año, los tuits cesaron por completo hasta que volvieron a reanudarse el 7 de enero de 2022, con 23 tuits en ese mismo día. Durante el mes de enero, la campaña aumentó. 

La campaña se intensificó hasta febrero de 2022 después de la liberación y luego de eso cesó. 

Tras varios meses de silencio, la campaña se reactivó en enero de 2023 tras el asesinato de dos defensores de Guapinol y a lo largo de ese mes tuvo algunos momentos álgidos. Uno de estos, el 13 de enero de 2023, coincidió con una rueda de prensa de la Coalición contra la Impunidad en la que se habló sobre el reportaje publicado por Contracorriente sobre la vinculación del empresario Lenir Pérez y el ministro de Gobernación, Tomás Vaquero.

Por ejemplo, la cuenta @AnaMara2021 publicó 21 veces el mismo mensaje en diferentes fechas. Este nivel de repetición suele ser típico de una red semi automatizada, en la que se dejan programados los mensajes día a día, pero que es operada por una persona cuando ocurren eventos relevantes sobre los que quieren influir.

Según Aldo Salgado, experto en este tema y coordinador de Laboratorio Ciudadano, estas campañas de influencia normalmente las ejecutan los estados, los partidos políticos pero también las empresas como «herramienta de reproducción de poder y dominación».

«Aún con los cambios en la aparición de medios, los actores de la persuasión y la influencia siguen siendo los mismos, y de la misma talla moral de Eduard Bernays, al que llaman padre de las relaciones públicas modernas, pero que fue el agente de influencia que convenció a la CIA de dar un golpe de estado en Guatemala para defender los intereses de una bananera», explicó Salgado. 

Además, Salgado agregó que estas operaciones de influencia son parte del paquete de relaciones públicas que ofrecen agencias de publicidad o comunicación política para manipular la opinión pública. 

Hasta el momento, el conflicto en Guapinol se ha agudizado tras el asesinato de Aly Magdaleno Domínguez Ramos y Jairo Bonilla Ayala (dos miembros del comité de ambientalistas de la comunidad) y la denuncia pública de la empresa Los Pinares sobre el asesinato de 10 personas que ellos aseguran eran sus colaboradores. Todos estos casos permanecen en la impunidad y a pesar de que en el departamento de Colón, en donde está la comunidad, actualmente está vigente un estado de excepción y un desarme general, esto no ha reducido los índices de violencia.

Fotografias y texto: Fernando Destephen

La colonia Las Ayestas está ubicada al norte de la ciudad de Comayagüela, es un cerro y una zona con problemas de abastecimiento de agua. Para llegar hay que entrar por el barrio Las Crucitas en el bulevar del Norte, después bajar hasta el barrio Tres de Mayo y subir, ahora sí, la cuesta que lleva hasta Las Ayestas.

Lourdes Espinal sufre el mismo problema en esta colonia desde hace 38 años: el agua no llega, llega a medianoche o en la madrugada y solo un poco, «la echan cuando quieren» dijo Lourdes. Esto obliga a la mayoría de vecinos a pagar desde 35 hasta 50 lempiras por un barril de agua cada dos o tres días. Eso representa un gasto promedio de 200 a 300 Lempiras cada dos o tres días.

La falta de agua es difícil de explicar en la colonia Las Ayestas, porque a un lado de la calle el agua sí llega con frecuencia y, del otro lado, no llega. En la parte alta se quejan de que el agua no sube. Carmelo Aguilera, de 73 años, dijo que la gente de arriba sí recibe agua y él no. Carmelo vive en el lado de la calle al que no llega el agua. Todos los vecinos cuentan diferentes historias dependiendo de dónde viven en la zona, la falta de agua es el tema central de sus vidas.

Carmelo Aguilera lamentó la falta de agua aunque su caso es diferente, porque en su casa solo viven tres personas y cinco perros chihuahua. Él tiene dos pilas en su casa, una en el patio y la otra en la entrada. «Así van a ser las guerras por el agua» dijo Carmelo mientras llenaban la pila de enfrente y él se paseaba por la calle, otros vecinos se le acercaban para solicitarle ayuda con el agua, al menos para llenar un par de baldes.

En Las Ayestas las quejas son constantes, dos o tres semanas sin agua, dos o tres semanas llamando a la línea de atención de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, Umaps, (9414-8434) para que envíen una cisterna que, cuando al fin llega, es insuficiente para la demanda de los vecinos. También son insuficientes un motorista y un ayudante que cargan, descargan, conectan y desconectan las mangueras de una casa a otra sin perder de vista el tablero con el registro de la visita de ese día, firmado por cada vecino que recibió agua. 

Después de unos minutos, motorista y ayudante se disculparon porque ya no había más agua, un grupo de madres de familia les pedían llenar al menos un balde porque desde hace dos semanas no reciben el servicio pero, sí el recibo de cobro. La respuesta fue una opaca promesa de volver.

Un par de cuadras más arriba, siempre en Las Ayestas, otro grupo de vecinos rodeó el carro de la Umaps y le preguntó a José Armando, el conductor de la cisterna, si iban a continuar entregando agua. Armando respondió que ya no había agua, los vecinos le consultan si iba a regresar; Armando contestó que no sabía, los vecinos se retiraron hablando bajo; una mujer dictó su número de teléfono y su nombre, el ayudante apuntó los datos y el conductor arrancó.

Personal de la Umaps en la colonia La Divanna llena de agua una cisterna para ir a distribuirla a barrios y colonias con problemas de abastecimiento de agua. Foto CC/Fernando Destephen.

La Umaps es la oficina encargada de la administración y prestación de los servicios públicos municipales de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. La Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento (Decreto No. 118-2003), en su artículo 16, establece que le corresponde a las municipalidades, en su carácter de titulares de los servicios de agua potable y saneamiento, disponer la forma y condiciones de prestación de dichos servicios en su respectiva jurisdicción.

El proceso de municipalización del agua inició en el año 2003 «con una vigencia de cinco años, más una prórroga de cinco años más», explicó Julio Pozo, empleado del Sanaa y agregó «que ese tiempo venció en 2013 y es hasta el 2019 cuando emiten un decreto ejecutivo para la Ley marco del sector agua potable y saneamiento». Julio vincula la publicación del decreto ejecutivo con los 785 despidos en el Sanaa a los que aún no se les cancelaron sus prestaciones laborales.

Pozo explicó que la Alcaldía del Distrito Central se comprometió a transferir 750 millones de Lempiras de los que aún se deben 390 millones que servirían para el pago de las prestaciones de los empleados del Sanaa, agregó Julio. La cancelación de los empleados y el traspaso de los bienes del Sanaa a la Umaps, incluido el plantel Los Filtros de la colonia La Divanna, representarían los últimos pasos en el proceso de municipalización del agua, aunque Julio Pozo aseguró que la parte técnica del Sanaa no desaparecerá sino que «el nuevo rol será brindar asistencia técnica a las 298 municipalidades».

En el plantel Los Filtros de la Umaps, en la colonia Divanna, las cisternas deben salir antes de las siete de la mañana, porque a esa hora llegan los empleados del Sanaa cierran los portones y no dejan salir las cisternas. La otra opción es usar un portón secundario, pero salir o entrar por ese portón queda a criterio y riesgo del conductor, porque hay orden de la pandilla 18 de no permitir la salida o el ingreso de cisternas por ese lado; ¿la explicación? no hubo, solo la orden, contó un funcionario de la Umaps.

De las 23 cisternas con las que cuentan solo 10 o 12 funcionan, explica Karen Díaz, funcionaria de la Umaps en el área de cisternas. Estas 10 o 12 unidades deben abarcar la mayoría de barrios y colonias del Distrito Central en donde hay problemas de abastecimiento y desde donde han llamado a la línea de atención 9414-8434 para solicitar una cisterna que apenas puede abastecer unas 10 casas.

El verano se acerca y una capa de humo cubre el Distrito Central. Manuel Amador, presidente de las Juntas de Agua del Distrito Central, es del criterio de que mientras no se construyan más represas, la escasez de agua continuará. En cuanto al papel de la Umaps, Amador no considera que estas funcionen porque «la AMDC no tiene la capacidad técnica, administrativa y financiera para manejar el sistema del agua».

El Congreso Nacional aprobó 1,100 millones de lempiras para la construcción de la represa San José, al oriente del Distrito Central. La construcción inició en 2021 y su finalización se espera para el año 2025. Con esta represa se proyecta beneficiar a entre 150 o 200 mil personas, y su capacidad estimada será de entre 12 y 14 millones de metros cúbicos de agua.

El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua para concientizar sobre la importancia del cuidado del agua, pero ni Carmelo Aguilera, ni Lourdes Espinal, los vecinos de la zona alta de Las Ayestas, necesitan de un día al año que les recuerde la necesidad de cuidar y usar el agua, eso lo han aprendido de la escasez de agua durante toda su vida.

Luego de las fallas en las cámaras de seguridad y en la línea telefónica del Sistema Nacional de Emergencias 911, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) será la que proporcione la plataforma tecnológica para esos servicios. La comisión interventora nombrada por la presidenta Xiomara Castro tiene la misión de comprobar la nulidad del contrato suscrito entre el Estado de Honduras y la sociedad mercantil Dynamic Corporation, empresa que aún maneja el sistema operativo del 911. El director de operaciones de Dynamic Corporation, Oscar Castro, aseguró que las cámaras de seguridad no han vuelto a funcionar con regularidad desde septiembre de 2022.


Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

El pasado 27 de febrero, la presidenta Xiomara Castro creó la Comisión Interventora del Servicio de Emergencia 911 integrada por el abogado Roberto Reina, el ingeniero en sistemas Gosset Moncada y el auditor Gerardo Antonio Hernández. El objetivo planteado por el Gobierno es restablecer el funcionamiento del 911 y además realizar contrataciones directas para la adquisición de bienes, suministros, sistemas de videovigilancia, sistema de llamadas y la contratación de consultorías con empresas nacionales e internacionales.

Antes de que esta interventora llegara, el Sistema Nacional de Emergencia 911 denunció, a través de un comunicado publicado el 1 de septiembre de 2022, que la interrupción de sus servicios se debía a «una decisión unilateral del integrador [la empresa Dynamic Corporation] al no aceptar una nueva negociación para reducir los costos elevados negociados con el anterior Gobierno». 

En este mismo comunicado, se reveló que el contrato entre el Estado de Honduras y Dynamic Corporation en 2021 «presenta vicios de nulidad por 150 millones de dólares y un cobro mensual de 1.8 millones de dólares por el soporte y mantenimiento de la red que es rentada a un servidor primario».

Ante las denuncias de empleados del 911 sobre inminentes despidos fuera del marco laboral, la Junta Interventora indicó que respetarán el Código Laboral y los derechos de los trabajadores, así como el pago de salarios y prestaciones a los empleados del 911. En esas denuncias, se expresó que la Junta Interventora envió un memorándum en el que pretendía despedir a 1,200 empleados permanentes y temporales.

José Antonio Morales, gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), explicó a Contracorriente el pasado 14 de marzoque, en el marco de los cambios contemplados, Hondutel será la encargada de brindar la conectividad de fibra óptica para el funcionamiento de las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911. Además, al momento de esta entrevista, el gerente de la estatal aseguró que las cámaras de videovigilancia del 911 no estaban en completo funcionamiento.

Hondutel es una empresa estatal con enormes dificultades, condenada a desaparecer según las palabras de su exdirector Carlos Orbin Montoya, quien fue designado en el cargo en febrero de 2022 por la presidenta Xiomara Castro y destituido un año después, a finales de febrero de 2023. El informe de Gobierno del II Trimestre de 2022 sobre gestión financiera, indica que Hondutel cuenta con un nivel de endeudamiento enorme y que mantiene comprometidos sus activos en un 77 %. En este informe, presentado por la Secretaría de Finanzas, se destacan pérdidas de 228 millones de lempiras en Hondutel solo en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022.

Hondutel será quien brinde los servicios de Sip Trunk que incluyen enlace de datos, internet, telefonía IP y PBX al 911. Además, Hondutel informó que restableció la línea telefónica de emergencias del 911 el 14 de marzo de 2022.

El gerente de Hondutel continuó explicando que la empresa de telecomunicaciones brindará estos servicios a los cinco centros de operaciones que tiene el 911 ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Santa Rosa de Copán y Choluteca. Esto —indicó Morales— ayudará a fortalecer el servicio de emergencias y también generará riqueza para la empresa estatal.

José Morales —quien fue nombrado gerente de Hondutel en sustitución de Carlos Montoya hace menos de un mes— señaló que aún desconocen cuánto tiempo tomará restablecer el funcionamiento de todas las cámaras de seguridad del 911 a nivel nacional, pero que sin duda costará menos que lo acordado en el pasado entre el Gobierno anterior y la sociedad mercantil Dynamic Corporation.

Según la Ley del Sistema Nacional de Emergencias 911, entre sus funciones se incluye la atención de llamadas de emergencia a través del número de teléfono 911, atención sanitaria y extinción de incendios. Además, el Sistema Nacional de Emergencias 911 debe gestionar los recursos y unificar las comunicaciones de las 19 instituciones que lo integran, dentro de las cuales están la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Secretaría de Salud, la Policía Militar y del Orden Público (PMOP), la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entre otras.

Los artículos 7, 8 y 18 de esta Ley fueron reformados por el Congreso Nacional en agosto de 2021. En estas reformas, la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias 911 dejó de ser dependiente y estar adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y pasó a formar parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia.

A finales de noviembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro anunció la implementación del «Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos» con la finalidad de frenar la violencia y los crímenes que amenazan la población. Este Estado de Excepción empezó en las ciudades con los barrios y colonias que «más presencia de pandillas» tienen, después se extendió a todo Honduras.

En lo que va del 2023, y durante el Estado de Excepción, han ocurrido nueve masacres, una de ellas en Comayagüela, Distrito Central, en la que fallecieron siete personas dentro de un hotel. Ese día, el subcomisario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Cristian Nolasco, informó que la policía podía apoyarse de otras técnicas para la investigación de los delitos contra la vida, pero que aún así era importante tener las cámaras de videovigilancia del 911. Cuando ocurrió esta masacre las cámaras de seguridad del 911 cercanas a este lugar no estaban funcionando.

El subcomisario Cristian Nolasco, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), afirmó a Contracorriente que son muchas las pesquisas en la investigación de delitos y otras incidencias que se han perdido con la falta de funcionamiento de las cámaras de videovigilancia del 911, pero que también existe la alternativa de utilizar cámaras privadas que estén dentro de la escena del crimen.

«Sí nos ha afectado [la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad del 911], pero también tenemos otras técnicas de investigación, como la recolección de testimonios, las cámaras privadas, indicios de arma en un lugar, huellas dactilares», afirmó el subcomisario, sin embargo, admitió que la falta de funcionamiento de estas cámaras afecta la rapidez con la que se resuelven los crímenes.

Además, según el portavoz de la DPI, las cámaras privadas no tienen la nitidez de imagen que tienen las cámaras del 911, con las cuales se puede detectar un número de placa, por dar un ejemplo. El Subcomisario Nolasco también explicó que en lugares en los que no hay cámaras de seguridad privadas, como en Sabanagrande o Tatumbla, se complica aún más la investigación para esclarecer delitos.

«Es importante recalcar que cada denuncia es un caso a resolver, si en Tegucigalpa nosotros estamos recepcionando entre 80 a 100 denuncias diarias aproximadamente, estamos hablando de que cada uno de estos casos llevan muchas diligencias investigativas, y parte de estas diligencias son la extracción de un video a través del 911 o de cámaras privadas», señaló el subcomisario Nolasco.

Personal de medicina forense llega a la escena del crimen donde perecieron siete personas en el interior de un edificio. Foto CC/Jorge Cabrera

El 2 de septiembre de 2022, el subdirector del Sistema Nacional de Emergencia 911, Fernando Ferrera, quien fue designado en ese cargo el 18 de abril de 2022, dijo a medios de comunicación que el contrato del Estado de Honduras con la sociedad mercantil Dynamic Corporation estaba valorado en 150 millones de dólares, y que el pago mensual a esta sociedad mercantil era de 1.8 millones de dólares. Además, en ese momento, el subdirector del 911 apuntó que se debían 11 meses a la empresa.

«Cabe recalcar que cuando nosotros llegamos al sistema se debían siete meses ya, la administración anterior no los pagó. Estamos hablando de que son un contrato a siete años y medio con montos de 4 mil millones de lempiras», señaló Fernando Ferrera.

En esas mismas declaraciones, Ferrera explicó que el proveedor de los servicios de las cámaras de vigilancia del 911 ya les había notificado que suspendería el servicio, pero que aun así fue una sorpresa cuando ejecutaron la suspensión de las cámaras de vigilancia el 31 de agosto de 2022 pues la empresa «no les notificó el día ni la hora» en la que iban a realizar la suspensión del servicio.

Además, en esa entrevista, el subdirector del 911 aclaró que los servidores, las instalaciones y cámaras de seguridad del 911 son propiedad del Estado de Honduras y que Dynamic Corporation solo se encargaba de la administración de la información. Sin embargo, en el momento de la interrupción de los servicios por parte de Dynamic, los empleados «se retiraron y dejaron con llave los servidores» del 911.

Para conocer más sobre el funcionamiento de las cámaras del 911, desde cuándo no tienen funcionamiento y cuántas cámaras existen a nivel nacional, Contracorriente contactó al subdirector Fernando Ferrera, quien contestó que en este momento no brindaría información sobre este tema porque «la comisión interventora es la autorizada para brindar declaraciones».

El abogado y analista, Raul Pineda, explicó que es difícil saber qué consecuencias podría enfrentar el Estado de Honduras si decide demandar por un contrato leonino a la empresa Dynamic Corporation, esto porque aún se desconocen los términos y los precios por la prestación del servicio de cámaras de seguridad y otras funciones en la plataforma tecnológica del 911.

«Hay que analizar la naturaleza del contrato en su forma y en el fondo, hay que ver cómo se llegó a la concreción de este contrato y si se siguieron todos los procedimientos que establecen tanto la Ley civil, mercantil, la Ley de contratación del Estado», apuntó Raúl Pineda.

Raúl Pineda mencionó también que, analizando los detalles de este contrato, el Estado de Honduras deberá investigar los precios de estos servicios en otros países y además prepararse para una contrademanda por parte de la empresa, que podría buscar defender sus intereses particulares. El analista tampoco descartó la posibilidad de que puedan llegar a un arreglo conciliatorio.

José Morales, gerente de Hondutel, aseguró que la cancelación del contrato suscrito entre el Estado y Dynamic Corporation debe ser una de las tareas principales de la Junta Interventora nombrada por la presidenta Xiomara Castro.

«Yo hablo poco del pasado porque me gusta enfocarme en el futuro, pero el problema es que cuando las cosas no se han manejado con manos limpias los resultados son adversos. Hay contratos millonarios que son totalmente lesivos y dañinos para nuestro pueblo, nuestro deber como funcionarios es velar por nuestro pueblo y sus intereses, para eso nos pagan», manifestó el gerente de Hondutel.

Además, el ingeniero Morales aseguró que todavía no existe un contrato firmado entre Hondutel y el Sistema de Emergencias 911, pero indicó que ya es un hecho que la empresa de telecomunicaciones nacional será un aliado estratégico y tecnológico para el 911 en infraestructura y comunicaciones, y que cuentan con el apoyo de toda la institucionalidad del Estado, incluyendo a la presidenta Xiomara Castro.

Desde la aprobación del contrato entre el Sistema Nacional de Emergencias 911 y Dynamic Corporation el 10 de septiembre de 2021, hasta el 16 de noviembre de 2022 —fecha límite disponible en el portal de datos de la Policía Nacional— se contabilizaron 644 homicidios, 364 muertes por accidentes de tránsito y 7,259 accidentes de tránsito en Francisco Morazán.

En el departamento de Cortés se registraron 744 homicidios, 465 muertes por accidentes de tránsito y 5,119 accidentes de tránsito dentro de estas fechas. Para la investigación de estos y otros delitos contra la vida e integridad corporal es necesario el registro de cámaras de seguridad.

La línea de emergencia del 911 recibe denuncias por violencia doméstica o intrafamiliar. Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), dijo a Contracorriente que estas llamadas son importantes pues son las mujeres víctimas de violencia las que están denunciando de manera urgente a su agresor en esos momentos.

«También es importante el hecho de que estas cámaras de videovigilancia captaron hechos que están ocurriendo en espacios determinados, y esto ayuda a la investigación científica criminal, precisamente porque se van conociendo los modos operandi de los delincuentes», indicó la coordinadora del ONV.


Según datos del Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en 2022, el Sistema Nacional de Emergencia 911 registró 38, 331 denuncias de violencia doméstica y 59, 147 denuncias de maltrato familiar. Los departamentos que más incidencia tienen —según el portal de estadísticas de CDM—, son Francisco Morazán y Cortés.

Grupos feministas marcharon durante la celebración del 8M en Tegucigalpa exigiendo mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Foto CC/Fernando Destephen

El CDM también presenta en su portal de estadísticas que se desconocen datos del mes de agosto de 2022 debido a la suspensión de este servicio por problemas con el contrato entre el Sistema de Emergencias del 911 y la sociedad mercantil Dynamic Corporation. Este observatorio no contiene datos sobre denuncias de violencia doméstica y maltrato familiar en el 2023.

Comisión Interventora tendrá que «probar la nulidad» del contrato entre el Sistema de Emergencias 911 y Dynamic Corporation

Una de las tareas cruciales de la Junta Interventora es contratar una auditoría para establecer si existe una sobrevaloración o sobreprecio del contrato de servicios suscrito con la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation, S.A. de C.V. y presentar y promover las acciones correspondientes para declarar legal la nulidad de este contrato y garantizar la deducción de responsabilidades existentes.

Según una investigación de Criterio, Dynamic Corporation está conformada por las sociedades Inmobiliaria Real y World Trade Corporation, cuyos socios son Jonathan Samuel Schacher Kafati y Roderick Alexander Schacher Kafati. Estas empresas también conforman junto a David Guillermo Chávez Madison, político nacionalista, la sociedad Telefonía Móvil.

El abogado y político nacionalista David Chavez no respondió a los intentos de entrevista con este medio.

Esta investigación señala el conflicto de intereses entre David Chávez, quien ahora es presidente del Partido Nacional y en ese momento aspiraba a ser alcalde del Distrito Central, y la aprobación del contrato suscrito entre Dynamic Corporation y el Estado de Honduras, esto debido a que los mismos socios que integran Dynamic Corporation también forman parte de la otra sociedad mercantil que conforma Chávez.

El 10 de septiembre de 2021 se publicó en el Diario La Gaceta el decreto legislativo que contiene la suscripción del contrato entre el Sistema Nacional de Emergencias 911 y la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation, el cual tiene una duración de siete años, teniendo validez hasta el 2028. Según el contrato, el «Proyecto Ciudades Seguras» tiene la finalidad de homologar los servicios que ya proporcionaba Dynamic Corporation al Estado de Honduras desde 2015. Este contrato tiene una duración de siete años, por lo que se extiende hasta 2028. Sin embargo, el decreto no contiene los detalles sobre el pago de servicios que realizaría el Estado de Honduras a la sociedad mercantil.

Según el decreto, entre los servicios que estaba obligada Dynamic Corporation a brindar al Sistema de Emergencia 911 están el control, suministro y mantenimiento de la plataforma tecnológica para los proyectos «Ciudad Segura de Valle de Sula y sus anexos» y «Ciudades Inteligentes Tegucigalpa» y el suministro de soporte técnico para todo el hardware y software.

En los contratos suscritos en 2015, la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation fue contratada por medio de la Secretaría de Seguridad y el pago de estos servicios se hizo por medio del ahora extinto fideicomiso de la Tasa de Seguridad. Los detalles de estos contratos permanecieron ocultos debido a que, en 2015, este aún estaba protegido por la Ley de Secretos, la cual fue derogada hasta 2022.

Fachada de las instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911. Foto CC/Fernando Destephen

Según el decreto publicado en septiembre de 2021, el contrato aprobado por el Congreso Nacional establece que Dynamic Corporation continuará proporcionando por otros siete años los servicios a los proyectos «Ciudad Segura de Valle de Sula y sus anexos» y «Ciudades Inteligentes Tegucigalpa». Adicionalmente, fueron extendidos sus servicios a las ciudades de Tela, Choluteca, Santa Rosa de Copán y Lempira a través de una suscripción directa, en la que también se proporciona la administración, enlaces de datos, mantenimiento, sostenimiento y el soporte técnico para el hardware y software de la plataforma tecnológica utilizada en los proyectos «Ciudad Segura de Valle de Sula y sus anexos» y «Ciudades Inteligentes Tegucigalpa».

Además, en el decreto 73-2021 se establece que la suscripción de este contrato es necesaria porque tanto los proyectos «Ciudad Segura de Valle de Sula y sus anexos» y «Ciudades Inteligentes Tegucigalpa» han sido una base para combatir y reducir la criminalidad en Honduras.

«Estos proyectos han constituido la base fundamental para combatir y reducir la criminalidad, reforzar la seguridad en las ciudades en que se implementan, así como brindar un servicio directo a la población en situaciones de emergencia, situaciones que no hubieran sido posibles si no es por la implementación de cámaras de videovigilancia, sensores inteligentes de detección, líneas telefónicas de emergencia y equipamiento de respuesta ciudadana», indica el decreto.

Dynamic Corporation: «Las cámaras del 911 no funcionan desde el 1 de septiembre y no las han podido levantar»

El director comercial de la sociedad mercantil Dynamic Corporation, Oscar Castro, aseguró a Contracorriente que desde el 1 de septiembre de 2022 —fecha en la que esta empresa decidió cortar los servicios que proporcionaba al Sistema Nacional de Emergencias 911—, las cámaras de seguridad del 911 no han vuelto a funcionar en su totalidad.

Castro indicó que las declaraciones en las cuales distintos funcionarios, entre ellos el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, aseguran que el Estado ya había restablecido el funcionamiento de las cámaras de seguridad del 911 en un 60% no son ciertas. «Las cámaras del 911 no funcionan desde el 1 de septiembre y no las han podido levantar», agregó.

«No podíamos conciliar reactivando los servicios porque el mismo contrato lo dice, porque esto iba a incrementar la mora, nosotros no seguimos cobrando después del 1 de septiembre. El servicio fue totalmente detenido y el Gobierno, digamos, hizo algunas acciones técnicas de su parte, intentaba levantar una cosa y se le caía a los cinco días, levantaba otra cosa y se le caía al rato, y nunca hubo una consistencia como el servicio que Dynamic venía dando», afirmó Oscar Castro.

Sobre esto, el representante de Dynamic afirmó que no conocen quién se está encargando actualmente de proporcionar el servicio de las cámaras de seguridad del 911 a la población, y que solo se han enterado de esto a través de la información que ha surgido en medios de comunicación.

Castro continúa explicando que la suspensión de servicios por parte de Dynamic Corporation al Sistema Nacional de Emergencias 911 se dio debido a la deuda por 18 meses que tiene el Estado de Honduras con esta empresa. Además, Castro asegura que antes de la suspensión se enviaron 14 notificaciones previas a todas las entidades involucradas: Sistema Nacional de Emergencias 911, Tasa de Seguridad, Secretaría de Finanzas e incluso a la presidencia de la República.

Después de esto —explicó Castro— la empresa y el Gobierno de Honduras conformaron una mesa de negociación en la que el Gobierno decidió cancelar el contrato como su única oferta.

«El gobierno nos dice “le voy a cancelar el contrato, mi única oferta es cancelar el contrato” y nosotros le dijimos que no porque tenemos millones de dólares invertidos en esto y no es conveniente para el país, negociamos para los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado [2022] en medio de la crisis», señaló Oscar Castro.

En medio de esto, el representante de la empresa explicó que el Gobierno consultó con empresas internacionales el precio y la prestación de los servicios proporcionados por Dynamic Corporation, pero que al no lograr conseguir a otra empresa que los suplantara, fueron llamados a una segunda mesa de negociación en diciembre de 2022.

«Cuando vieron que no lo podían hacer nos llamaron a una especie de conciliación auspiciada por la Cámara de Comercio, en la que representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Sistema de Emergencias se sentaron con nosotros. Ahí hicimos una contrapropuesta muy agresiva, que significaba seguir ampliando servicios por el mismo valor y el Gobierno nos dijo que iba a escalar esto a la decisión política», aseguró Oscar Castro.

Castro indicó que Dynamic Corporation no obtuvo respuesta por parte del Gobierno en todo el mes de diciembre, pero que después les notificaron que se debía esperar a que se eligiera la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para obtener una respuesta del Estado. 

«Nuestra oferta siempre estuvo en sus manos desde diciembre —indicó el representante de Dynamic Corporation—, y en el marco de la conciliación auspiciada por la Procuraduría, en la que llegamos a un punto medio en el que el 99% del requerimiento se pudo cumplir, ahí sentimos que había una voluntad final del tema, nuestra sorpresa es que, cuando esperamos que todo se va a reactivar, se publica el decreto de la interventora».

Oscar Castro, director comercial de la empresa Dynamic Corporation, en una entrevista con Contracorriente. Foto CC/ Fernando Destephen.

En el artículo 3 inciso d) del Decreto Ejecutivo PCM 11-2023, se ordena a la Comisión Interventora «presentar y promover todas las acciones correspondientes para la declaración legal de la nulidad del contrato con Dynamic Corporation, así como garantizar la deducción de responsabilidades a que haya lugar». Castro, representante de Dynamic Corporación, aseguró que hasta el momento no ha existido un acercamiento o notificación por parte de la Comisión Interventora a la empresa.

«Somos una empresa 100% hondureña con 22 años en el mercado latinoamericano, un elemento poco común porque las empresas hondureñas no tienden a expandirse geográficamente. Estamos en nueve países: toda Centroamérica, México, Ecuador y Jamaica, además, tenemos más de 300 empleados con personal altamente calificado de ingeniería y no solo somos una empresa integradora, sino que creamos nuestros propios productos; menciono todos estos elementos porque se ha dicho de una forma mal intencionada que la empresa es de maletín y nada más lejos de la verdad que ser una empresa de maletín, somos la empresa que más proyectos de cámaras ha puesto en Centroamérica, nadie ha puesto más proyectos de seguridad y videovigilancia», argumentó el representante de Dynamic Corporation.

Desde 2015, año en el que esta empresa suscribió los primeros dos contratos con el Estado de Honduras, Dynamic Corporation ha instalado 4, 200 cámaras en distintas ciudades de Honduras. Con la suscripción del nuevo contrato en 2021, se acordó subir el número de cámaras de vigilancia a 5,100. De estas cámaras, 1,350 fueron renovadas antes de que Dynamic Corporation suspendiera los servicios al Estado.

En este contrato, indicó Castro, Dynamic capacitó a personal, se cambiaron los protocolos de atención y también se encargó de homologar todos los servicios de atención a la ciudadanía, entre ellos la Policía Nacional, los bomberos, la ambulancia, entre otros, en un solo número telefónico: el 911. 

«[El sistema Nacional de Emergencias 911] fue tan bueno que el Ministerio Público, que no estaba formando parte del Sistema de acuerdo con la Ley, fue hablar con el Sistema y le dijo “yo quiero una oficina aquí”, esto porque el Sistema de Emergencia le generaba más de 8,000 evidencias científicas forenses que judicializar por mes, entonces, el Ministerio Público se metía al sistema y utilizaba esa información», señaló el representante de Dynamic. Además, Castro dijo que el Sistema generaba más de 17 mil videos de accidentes de tránsito, daño a la propiedad pública, entre otros.

Óscar Castro aseguró que este proyecto se realizó luego de que se licitara con tres empresas privadas este servicio. En esta licitación, Dynamic ofreció 10 millones de dólares menos que las otras. Agregó que se integraron los protocolos de atención en las llamas por violencia doméstica y contra la mujer, protocolos de asuntos de riesgo social con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y el protocolo de atención médica por casos de Covid19 a inicios de la pandemia.

«En Honduras no hay ningún proyecto que se le compare en complejidad tamaño tecnológico, inversión, plataformas de última generación y servicios integrados a este», indicó Castro.

El contrato suscrito entre Dynamic Corporation y el Estado en 2015 tuvo un costo de 90 millones de dólares, y su duración fue de siete años, finalizando en 2021. El contrato más reciente, aprobado por el Congreso Nacional en 2021, tiene un costo de 154 millones de dólares y tiene una duración de siete años y medio.

Este contrato contiene una ampliación en la prestación de servicios de Dynamic, lo que incluye a la zona sur y la construcción de un Centro de Operaciones de Emergencias en Comayagua, edificio que ya está construido y amueblado —según el representante de Dynamic— pero que no entró en funciones debido al desacuerdo entre esta empresa y el Estado. Entre los avances de esto estuvieron la red de cámaras en Choluteca, Nacaome, San Lorenzo y otros puntos de la zona sur, y la modernización de la plataforma tecnológica del Sistema de Emergencias 911.

«Cuando llegamos con las nuevas autoridades les entregamos el contrato, les dimos más de 8,500 folios de fotocopias de contratos, actas, entregas de diseños, todo lo que se había entregado hasta el 2021 y le dimos copia de todo lo que ya estaba en proceso, los diseños del edificio nuevo, las plataformas tecnológicas, las inversiones en curso y les preguntamos “¿seguimos o paramos?“ y las autoridades en ese tiempo dijeron “la presidenta ve esto con buenos ojos, el proyecto es un proyecto exitoso, vamos a seguir adelante” o sea, hubo una anuencia inicial de continuar eso», reveló Oscar Castro.

Además, Castro aseguró que de febrero a septiembre de 2022 el Gobierno actual continuó recibiendo los informes mensuales de satisfacción de entrega de servicios por parte de Dynamic. Y también acompañaron a visitar las obras del edificio en construcción en Comayagua.

Sin embargo, el Estado aún adeuda cuatro meses en el pago del contrato, de septiembre a diciembre de 2021. 

El pago de servicios a Dynamic Corporation era ejecutado por los fondos del fideicomiso de la Tasa de Seguridad; sin embargo, este pago debía ser aprobado por el Sistema de Emergencias 911 luego de revisión de informes de gestión entregados por Dynamic. Este y otros fideicomisos fueron derogados en mayo de 2022.

Cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 instaladas por la empresa Dynamic Corporation. FotoCC/ Fernando Destephen

Castro explicó que las cámaras instaladas antes de diciembre de 2021 ahora son parte del Estado de Honduras, pues el contrato suscrito en 2021 ordena que estas sean renovadas y las anteriores sean entregadas al Estado de Honduras para que sean utilizadas en municipalidades u otros sitios de conveniencia.

El representante de Dynamic Corporation aseguró que no han recibido comunicación alguna con la Comisión Interventora del 911, pero que continúan anuentes a mantener una conversación y llegar a un punto conciliatorio con el Estado.

Sin embargo, luego de la suspensión del servicio de cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Emergencias 911, Dynamic no ha vuelto a proporcionar este servicio y desconocen qué entidad o quiénes son los encargados de que estas cámaras continúen —según funcionarios del Gobierno— en un funcionamiento parcial.

Además, indicó que han sido respetuosos del proceso de la interventora, por lo que han decidido no emitir ningún pronunciamiento sobre esto. Respecto a una demanda en contra del Estado si deciden cancelar el contrato con Dynamic Corporation, Oscar Castro aseguró que están analizando la situación y los distintos escenarios, por lo que aún no definen su proceder ante esta posible acción.

«La Constitución de la república indica que el obligado a dar la seguridad del país es el Estado, entonces, quien debió haber analizado los datos más fríamente y más objetivamente fueron ellos, nosotros como empresa privada no damos la seguridad de la población», respondió el director comercial ante la situación de inseguridad que vive el país y la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad.

Comité del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad nombrado por la administración actual intentó renegociar el contrato entre el 911 y Dynamic Corporation

En mayo de 2022, el Congreso Nacional aprobó derogar 19 fideicomisos, dentro de estos, también se anularon los fondos de la Tasa de Seguridad, a través de los cuales el Estado de Honduras pagaba los servicios de Dynamic Corporation. Antes de que este se derogara, en abril de 2022, la presidenta Xiomara Castro nombró a Sergio Vladimir Coello como uno de los tres directores propietarios del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, en otras palabras, la Tasa de Seguridad. Ese comité estaba siendo dirigido por el Gobierno, la empresa privada y la sociedad civil.

El abogado Sergio Coello —subsecretario de Gobernación y Descentralización—, explicó a Contracorriente que en los planes del comité estaba la negociación del contrato entre el Sistema de Emergencia 911 y la sociedad mercantil Dynamic Corporation. «En su momento, nosotros lo que hicimos fue renegociar el contrato, pero no logramos avanzar, la dirección ejecutiva sí hizo una auditoría exhaustiva en cuanto a la presentación de servicios que estaba brindando la sociedad mercantil Dynamic», indicó Coello. Entre los puntos a negociar estaba la modificación en el precio de los servicios que proporciona Dynamic y que estos estuvieran enmarcados en la Ley.

El abogado Coello señaló que la documentación de soporte con la que contaba el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, está en manos de Pastora Bonilla, quien fue nombrada por la presidenta Xiomara Castro como Directora Ejecutiva del Comité de Administraciones y Adquisiciones de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Contracorriente contactó a la licenciada Pastora Bonilla, quien se negó a dar declaraciones sobre este tema a este medio. Un exempleado de la Tasa de Seguridad explicó a Contracorriente que la licenciada Pastora Bonilla no tiene intenciones de sacar a la luz estos documentos y que con su llegada a este ente despidió a empleados e integró a personal de su afinidad con mejores salarios.

«Ella [Pastora Bonilla] dice que no dejaron nada [de documentación sobre la Tasa de Seguridad] y no es cierto, existen 25 cajas de documentos de todo lo que se hizo con ese recaudo y todo lo que quedó de dinero ahí en inversiones», aseguró el exempleado, quien prefiere mantenerse en el anonimato.

Para Juan Carlos Aguilar, asesor legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), aún no existe transparencia total del Gobierno por no revelar los avances en la liquidación del fideicomiso de la Tasa de Seguridad ni las condiciones del contrato entre el Estado y la sociedad mercantil Dynamic Corporation. Además, Aguilar cuestionó que otra junta interventora no es la solución más oportuna que podría dar el Gobierno actual.

La mayoría de muertes violentas de mujeres queda en la impunidad. Foto CC/Fernando Destephen

«Se están repitiendo situaciones que quizás en algún momento fueron señaladas como malas; ya el modelo de las juntas interventoras que comenzó a implementarse de forma más fuerte en los últimos 12 años ha demostrado ser ineficiente y ha generado grandes gastos, esto porque normalmente las personas o miembros interventores son personas que ostentan salarios bastante altos», explicó a Contracorriente el abogado Aguilar.

Además, Juan Carlos Aguilar aseguró que las juntas interventoras, más que generar cambios y dar soluciones a las instituciones, sirven para apaciguar la opinión pública y la crítica que realiza la ciudadanía, medios de comunicación u organizaciones sobre la mala gestión o acciones de las instituciones o empresas del Estado.

Finalmente, el asesor legal de ASJ calificó como preocupante la situación que vive la ciudadanía ante los últimos hechos violentos que se han registrado en el país y la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad del 911. 

«Hay que ver cuáles serán los resultados de esta junta interventora a corto plazo, lo primero que tendrían que hacer es realizar una investigación con respecto a los temas de contratación pública y también debe trabajar de una manera integral», indicó Juan Carlos Aguilar.

Texto y fotografías: Fred Ramos

La vida del señor M no fue la misma desde el momento en que entró caminando a la prisión luego de haber sido arrestado en El Salvador. Seis meses después, cuando lo liberaron, le habían amputado sus dos piernas y en su casa lo esperaba un nuevo miembro de su familia, un hijo de cuatro meses.

Afuera de esa prisión, El Salvador también había cambiado, la guerra del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las poderosas pandillas produjo una caída histórica del número de homicidios pero a un costo muy alto, como el que sufrió el Señor M. Tras un año del régimen de excepción en este país centroamericano hay 62.000 personas en prisión, muchas de ellas arrestadas en condiciones irregulares, muchas de ellas pobres e inocentes, como el Sr. M.

Durante tres décadas, las guerras entre pandillas convirtieron a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo. Sin embargo, en marzo de 2022, la guerra de pandillas alcanzó un nivel de violencia que no se había vivido desde los tiempos de la guerra civil: miembros de la pandilla MS-13 asesinaron indiscriminadamente a 87 personas en tres días, incluido un vendedor de frutas, un trabajador doméstico y un empleado del gobierno. El presidente Nayib Bukele, quien estaba por cumplir tres años en el poder, respondió a esta escalada de violencia declarando un régimen de excepción que suspendió cuatro garantías constitucionales fundamentales: libertad de asociación (Art. 7); derecho a ser informado(a) de las razones para la detención, prohibición de obligar a una persona a declarar y derecho a la defensa (Art. 12 inciso 2); duración máxima de la detención administrativa (Art, 13 inc. 2) e inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones (Art. 24).

Adicionalmente, el régimen de excepción otorgó a las autoridades amplios poderes para realizar arrestos incluso cuando las pruebas fueran débiles o inexistentes, interceptar comunicaciones sin orden judicial e ignorar las garantías del debido proceso. Durante el último año, la población carcelaria, que antes ya era de 40 000 personas privadas de libertad, ha superado las 100 000, dando al pequeño país centroamericano la distinción de tener la tasa de reclusos más alta del mundo (1% de la población). El presidente Bukele construyó una mega cárcel llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para albergar 40 000 reclusos, la cárcel más grande de Latinoamérica. En un año El Salvador pasó de ser uno de los países con más personas asesinadas a ser uno con más personas encarceladas.

Los homicidios se han reducido debido al régimen de excepción, pero miles de personas inocentes que viven en barrios marginales han sido atrapadas en arrestos masivos. La corrupción, las investigaciones no calificadas y un sistema judicial saturado ha dejado a esa población languideciendo en prisiones superpobladas.

Poco se sabe sobre las condiciones en el interior. El gobierno prohíbe las visitas de familiares y niega el acceso a periodistas y ONG. Los únicos testimonios disponibles provienen de las pocas personas que han sido liberadas en las últimas semanas, la mayoría con medidas sustitutivas a la prisión. Los testimonios dan cuenta de torturas, mala alimentación y condiciones de vida insalubres. Según la organización de derechos humanos, Cristosal, al menos 100 personas han muerto bajo custodia porque les negaron medicamentos o los golpearon brutalmente. Familiares de los fallecidos han denunciado que no fueron informados del deceso de sus seres queridos hasta que las funerarias los llamaron ofreciendo sus servicios.

La represión de Bukele contra las pandillas tiene un amplio apoyo, no solo en El Salvador donde según la última encuesta de Cid Gallup el 90% de la población aprueba la gestión del presidente, sino en otros países de la región, como Honduras, en donde varias autoridades públicas han exigido que se repliquen las medidas tomadas por Bukele para enfrentar a las pandillas. En diciembre de 2022, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro anunció la implementación de un estado de excepción para enfrentar las extorsiones, el cual ya se ha ampliado dos veces y abarca todo el territorio nacional. Si bien los alcances y resultados de esa medida en Honduras no se acercan a lo logrado por Bukele en El Salvador, ambas medidas coinciden en el despliegue propagandístico con que Bukele ha marcado sus acciones gubernamentales.

A pesar de eso, están surgiendo grietas en la percepción de la población salvadoreña. En los barrios aterrorizados por la MS-13 y su rival Barrio 18, el miedo de muchos residentes a las pandillas ha sido reemplazado por el miedo a la policía.

Fred Ramos es un fotógrafo documental freelance, algunas de estas imágenes fueron realizadas durante asignaciones para The New Yorker y The Washington Post.

Texto: Otto Argueta
Portada: Jorge Cabrera 

Es terrible decir que «esas cosas solo pasan aquí». Para empezar porque tal vez no sea cierto, es posible que «esas cosas» también hayan pasado o pasen en otro lugar. No se sabe. No falta quien diga –en defensa o resignación– que «esas cosas» pasan en todos lados, hasta en los países desarrollados. Algunos, menos fatalistas, harán una selección de países en donde «eso» pasa o no, de acuerdo con efervescencias ideológicas muy propias de ventilar durante las conversaciones sobre la situación del país. «En Cuba eso no se ve» o «ese es el problema de tener estados tan grandes» «el problema de todo es el capitalismo y su democracia liberal burguesa» o «el problema es que los comunistas ahora están por todos lados» y así sucesiva y creativamente. Más allá de la certeza sobre la excepcionalidad que implica la frase, el solo decirla es terrible porque proviene de una profunda sensación de irrealidad, de que lo impensable, lo extremo, en efecto, solo es posible «aquí», porque aquí «todo es posible». En otro lugar tal vez «algo queda» que hace poco probable que «eso» suceda, pero «aquí» ya nada sorprende, incluso «eso». 

Sórdido y perverso son los adjetivos adecuados para describir «eso», un Estado que abandona a sus ciudadanos, literalmente, hasta después de la muerte.

Los fiscales y el resto del personal del Ministerio Público de Honduras (MP) decidieron entrar en huelga para exigir el aumento de los salarios, el ajuste económico por calidad de vida y el mejoramiento de las condiciones laborales. Argumentan que desde hace muchos años no ha habido aumento de sueldos. Ante la indiferencia de la institución y del resto del Estado a sus demandas, el personal del MP decidió llevar la medida de presión al extremo sórdido: no levantar cadáveres.

Supongamos que esto ocurriera en Suiza, donde las muertes violentas son excepcionales. La medida sería inefectiva, además de innecesaria, pues es poco probable que un servidor público en ese país tenga que llegar a un extremo tal para demandar un derecho laboral. Pero resulta que ocurre en Honduras, un país que se ha ganado los primeros lugares en los índices de homicidios a nivel mundial, donde las muertes violentas se cuentan por decenas diariamente. Si fueran los diputados los que entraran en huelga, la medida sería también inefectiva, pues casi nadie notaría la diferencia de si trabajan o no. Si fueran los maestros, su impacto sería terrible en la vida de los niños, pero en un país con una educación tan precaria, la medida también sería poco efectiva. El gremio médico ha entrado en huelga varias veces, pero siempre dejan algo de personal para atender las emergencias, hay un juramento que no pueden traicionar tan bruscamente. Hasta los policías entran en huelga en Honduras y lo han hecho en momentos de crisis cuando dejaron de reprimir a la población como medida de presión. Sí, surreal. También fue poco efectiva la medida, pues para eso estuvo el Ejército que no entrará en huelga nunca so pena de traición a la patria y, además ¿qué sentido tenía una protesta sin enfrentamiento con la policía? Disuasión total.

Volviendo al tema, si solamente los fiscales entraban en huelga, el impacto también sería dudoso ya que Honduras es uno de los países con los niveles más altos de impunidad. Nadie se escandaliza demasiado porque las investigaciones criminales no se están haciendo si, en efecto, la mayoría no se está haciendo. 

Es perverso que uno encuentre tantos argumentos para reducir el impacto de un gremio que dejó de prestar un servicio público, porque, en el balance general, el contexto de precariedad generalizada de las instituciones del Estado es incluso más grande que dejar de prestar los servicios como medida de presión. Es como si los trabajadores de la municipalidad de Tegucigalpa entraran en huelga e interrumpieran el servicio de distribución de agua como medida de presión. Poca diferencia haría eso en una ciudad en la que la mayoría de las personas recibe agua apenas para llenar un bote cada tres semanas, pero el cobro que le hacen es como si la recibiera ilimitadamente.

No se trata aquí de juzgar la validez o invalidez del reclamo laboral de los trabajadores del MP. Es plenamente sabido que el Ministerio Público es una institución que ofrece condiciones precarias a su personal, bajos salarios y un abandono que eleva el riesgo personal de quien decide entrar ahí. Ante la orfandad en que muchos de sus trabajadores realizan sus labores, la corrupción o la indiferencia son opciones lógicas cuando se tiene que sobrevivir en medio de grupos criminales poderosos y una institución indiferente y distante.

La crisis no es nueva. Como toda crisis en un estado en crisis, la respuesta estatal se limita a calmar los ánimos, negociar con líderes, prometer soluciones sabidas imposibles, reinventar todo para que todo siga igual…en fin, ganar tiempo. 

Esta crisis ocurre justo en el año en que el gobierno de Xiomara Castro tendrá que sacar adelante la elección de fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público. El desprestigio pesa sobre los hombros del fiscal general actual debido a una cuestionable trayectoria como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y una elección descaradamente irregular que lo llevó al MP. Durante lo que va del año, la estafeta del interés político pasó de la elección de la CSJ a la elección del MP. El debate gira en torno a quién va ganando el pulso: el Partido Nacional, desprestigiado por sus últimos 12 años o, Libre y asociados, sedientos por obtener la mayor cantidad de llaves que abren y cierran instituciones y poderes del Estado. No han faltado los diputados que, aprovechando la crisis en el MP, hacen gala de sus conocimientos proponiendo soluciones extraordinariamente simples, tratando de demostrar así un alto nivel de calificación para el puesto en disputa y subestimando la precariedad laboral en la institución.

Las soluciones al problema hasta ahora han sido perversas. En plena crisis, con cadáveres en estado de putrefacción bajo el incandescente sol de verano en Honduras, varios funcionarios del Partido Libre han propuesto que lo mejor es crear un instituto autónomo de medicina forense. Hay un principio básico de lógica en la que un problema tiene una solución específica, pertinente y coherente. Puede ser que un instituto así sea necesario, pero proponer crear toda una nueva institución para solventar un problema de tipo laboral es desproporcionado al punto de ser perverso porque denota que lo que prevalece es el interés político antes que atender la necesidad de los trabajadores del MP. El mensaje es bastante autoritario: protesten y cancelo la institución.

Por otro lado, la recién estrenada presidenta de la CSJ ordenó que los jueces recojan cadáveres, algo que la ley estipula en casos en que no hay fiscales. Esto es común en un país en donde hay grandes extensiones de territorio sin personal público, o con unos pocos que son rápidamente abrumados por la precariedad en que deben hacer su trabajo. Por cualquier lado de la administración pública que vea, usted se encontrará con que hay escuela pero no hay maestros, o bien hay escuela pero no es habitable; hay policías pero sin vehículos y si los tienen no hay gasolina o bien el territorio asignado es humanamente imposible de cubrir; hay hospitales pero sin insumos, personal o bien con una infraestructura propia de lo que queda después de una guerra; hay ingenieros forestales, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, hay de todo, pero solos, en situación de precariedad y en unas condiciones de vulnerabilidad que hacen de su labor algo bastante inútil. Y aun así, esa burocracia debe estar eternamente agradecida al caudillo político, líder de colectivo o de movimiento que le consiguió el empleo o que luchó para que no lo despidieran con el cambio de gobierno. Entonces, los jueces que ahora deben levantar cadáveres se quejan de que no les da tiempo de atender su trabajo, y tienen razón, porque no se trata de un cadáver, sino de cientos de ellos, y se trata de jueces que no tienen un solo caso, sino cientos de ellos también porque, como todos los funcionarios, la mayoría de jueces labora en condiciones precarias.

No faltan las propuestas animosas y entusiastas. El ministro de Salud ofreció los congeladores de un hospital que ha estado en crisis desde hace décadas; el ministro de Copeco también ofreció congeladores, pero luego se supo que no todos funcionan. La presidenta de la CSJ recomendó que los cadáveres fueran entregados a los familiares para que los entierren donde deseen, ya luego, al salir de la crisis, se harán las exhumaciones respectivas para iniciar las investigaciones criminales como se debe.

Es sórdido que un gremio esté dispuesto a usar una medida tan extrema como la de no recoger cadáveres de la calle. Pero es perverso que las soluciones que han propuesto las autoridades –que por cierto ninguna aborda el problema laboral– pretendan hacer parecer que el Estado tiene capacidad de reaccionar ante la falta de forenses y que, después de la crisis, todo volverá a la normalidad. Así las cosas, en efecto se volverá a la normalidad, esa que tiene los congeladores tan llenos de cadáveres que los vecinos de las morgues se quejen por el mal olor, pero tal vez ahora haya como novedad un letrero fresco con el nombre de la nueva institución.

Los centroamericanos tendemos a matizar las cosas terribles que ocurren en nuestros países. Cuando oímos una historia terrible, contamos otra peor para minimizar la primera en una suerte de competencia por los más altos niveles de sordidez. A veces, hacemos chiste de la tragedia. Algunos expertos dicen que es un mecanismo resiliente propio de sociedades altamente traumatizadas. Otras veces solo levantamos los hombros, fruncimos los labios en una sonrisa plástica y entrejuntamos las cejas para decir «¿Qué se le va a hacer? Al final, le toca todo a la gente, que igual siempre sabe cómo resolver».

Es perverso que a la gente le «toque resolver» incluso hasta levantar los cadáveres de sus familiares. El Estado ya ha abandonado a la mayoría de la población, que nació en hospitales precarios, fue a escuelas derruidas y con pésima calidad educativa, trabajó sin la protección y respeto de sus derechos laborales, tuvo hijos que repitieron el ciclo; se enfermaron y tuvieron que comprar hasta el algodón y las jeringas porque el sistema de salud pública no tiene, fueron asaltadas, violadas y agredidas y no hubo una institución que las tomara en serio y las protegiera, tuvieron que someterse al control de una pandilla o de un capo local narcotraficante, votaron por partidos y candidatos que ofrecieron el cielo y la tierra y terminaron decepcionando; migraron, fueron capturados y deportados y, finalmente, murieron, tal vez víctimas de la violencia rampante e impune del país y, hasta en ese momento, el Estado les dio la espalda, sórdida y perversamente.

Que el abandono del Estado sea ininterrumpido desde el nacimiento hasta la muerte, y más allá, es algo que sí, solo aquí está pasando.

Las tres morgues judiciales de Honduras están cerradas desde la madrugada del lunes 13 de marzo. Técnicos y doctores dejaron de levantar cuerpos y realizar autopsias como acción de presión para exigir aumentos salariales; lo han hecho junto con el resto del personal del Ministerio Público que lleva más de un mes en protestas y huelgas. En un país desbordado por la violencia, las consecuencias de este paro no tardaron en manifestarse en cadáveres que yacieron por horas en carreteras y ríos en espera de que alguien llegara a recogerlos.


Texto : Célia Pousset 
Fotografía : Jorge Cabrera

El cadáver se detuvo en un banco de escombros en medio del lecho pestilente del Choluteca, el mayor río que atraviesa Tegucigalpa. Era un hombre con camiseta azul y tenía los brazos rígidos y alzados hacia el cielo. Era delgado, de estatura mediana y tez morena. Estuvo más de 28 horas a la intemperie a alturas del puente Carías.

Cuando Juan y Carlos empezaron a tamizar arena a orillas del río, el lunes 13 de marzo a las ocho de la mañana, el cuerpo ya estaba ahí. No se asombraron. «A cada rato pasan cadáveres, yo ya ni cuento cuántos he visto», dijo Carlos. Pero lo inusual es que ese muerto se convirtió en símbolo de la interrupción de labores de los técnicos forenses, y posteriormente, en elemento escenográfico de una de sus protestas. 

Ese día, la policía llegó a orillas del río después de haber recibido una llamada que alertó sobre la presencia del cuerpo. No llegaron ni fiscales ni técnicos forenses, pues estaban en huelga. «No podemos hacer nada hasta que un fiscal nos lo autorice. No estamos autorizados a tocarlo. Nuestra misión es asegurarnos de que nadie mueva el cuerpo», expresó un agente policial de la Unidad Metropolitana de Policía, UMEP 1, del Distrito Central. 

Fue hasta el día siguiente que dos bomberos levantaron el cadáver, en presencia de fiscales y forenses que llegaron a protestar bajo el puente Carías de donde los transeúntes los abuchearon por no cumplir con su labor. Hector Reyes, del laboratorio de criminalística de ciencias forenses y representante del personal, exclamó: «se muera quien se muera, no vamos a recoger uno más».

masacres en Honduras 2023 río Choluteca
Los médicos forenses llegaron marchando hasta la escena de un crimen en el río Choluteca donde el cuerpo de un hombre sin vida permaneció más de 28 horas sin ser llevado a la morgue. Foto CC/Jorge Cabrera

Reyes explicó que están exigiendo aumentos salariales al Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla, aumento que «no ha ocurrido desde hace 12 años». Denunció también las condiciones precarias en las que tienen que ejercer los trabajadores de la morgue y la falta de equipo biológico. «Deberíamos de estar actualizados con tecnología de punta», se quejó. 

La huelga de los forenses es nacional y abarca las tres morgues judiciales del país: Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. 

Melissa (nombre ficticio para proteger su identidad) es médica forense y trabaja en un equipo de «entre 25 y 30 doctores forenses» en Tegucigalpa y asegura que «la lucha es justa y que dejar de levantar cuerpos es lo más notable para presionar, entonces continuaremos hasta que se nos resuelvan las peticiones».

masacres en Honduras 2023 río Choluteca
Miembros de los bomberos se reflejan en el agua que pasa por el río Choluteca donde se encontró el cadáver del hombre que estuvo más de 28 horas sin ser levantado por los médicos forenses.Foto CC/Jorge Cabrera

Las exigencias de los que protestan 

La Asociación de Servidores y Empleados del Ministerio Público (ASEMPH) exige el pago del ajuste por costo de vida y un aumento salarial. 

El salario neto de un médico autopsiante oscila entre 12,392.87 y 60,675.15, según la tabla pública en el portal de transparencia del Ministerio Público. Pero el pago más común gira entre 20,000 y 35,000 lempiras. Lo mismo aplica para los médicos forenses. 

El presupuesto del Ministerio Público para 2023, aprobado en enero por el Congreso Nacional en el marco del presupuesto general, es de 2,246.7 millones de lempiras. Representó un leve aumento en comparación con el de 2022, que era de 2,240.7 millones. Pero los empleados del MP exigen una ampliación de presupuesto de entre 320,325,028.52 y 582,149,872.47 lempiras, según las cuatro propuestas que hicieron. Dos propuestas tienen como opción el aumento fijo de todos los empleados –por 5,000 o 3,500 lempiras– otra propone un aumento de 10 % para todos los empleados, y la menos exigente establece solamente el ajuste por costo de vida de un 15%.

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Con quemas de llantas y cargando una bolsa que simula tener en su interior un cadáver, los médicos forenses exigen el aumento salarial.Foto/Jorge Cabrera

Los representantes de la Asociación de Fiscales de Honduras y de la ASEMPH se acercaron al diputado de la bancada Libre, Jari Dixon, para hacer oír sus reivindicaciones. «Logramos abrir algunas puertas y tener una reunión con el presidente de la comisión de presupuesto del Congreso Nacional, el diputado Hugo Noé Pino, quien se comprometió a hacer el enlace con el poder ejecutivo», dijo Dixon, quien fue fiscal durante 14 años antes de ser despedido por su participación contra el Golpe de Estado.

Sin embargo, insistió en que la decisión no recae en el Congreso Nacional, sino en el Poder Ejecutivo, «al fin y al cabo, es el Gobierno el que puede tomar la decisión de proponer un aumento del presupuesto del Ministerio Público. Sólo cuando recibamos la propuesta, estaremos en capacidad de aprobarla. Antes, no podemos hacer nada».

Dixon desaprobó la postura pasiva del actual Fiscal General de la República, tachándola de «irresponsable», pues «el Ministerio Público no es cualquier institución pública. Es de las más importantes del sistema de justicia. La lucha de los fiscales es justa, se debe resolver lo más pronto posible».

Jari Dixon declaró que si se diera la oportunidad de ser Fiscal General de la República, aceptaría el reto. La elección del Fiscal General tendrá lugar en el segundo semestre de 2023.

Por más de un mes, los empleados del Ministerio Público han estado exigiendo sus derechos laborales. Foto CC/Jorge Cabrera

El diputado Hugo Noé Pino consideró que Óscar Chinchilla falló en no pedir la modificación del presupuesto ya que «a diferencia de una secretaría, el MP es un órgano constitucional, lo cual le da un carácter de independencia que no tienen las Secretarías. Extraña mucho que el Fiscal General no haya hecho las gestiones. Rixi Moncada puede tener un papel en esta crisis porque la Secretaría de Finanzas maneja el presupuesto general. Depende de dónde salen los recursos, pero si vienen de alguna previsión presupuestaria que ya maneja Finanzas, Rixi Moncada tiene la autorización para hacer la ampliación de presupuesto. No sería necesario pasar por el Congreso Nacional».

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Efectivamente, el viernes 17 de marzo, la Secretaría de Finanzas transfirió L 461,686,953.89 a la cuenta bancaria del Ministerio Público. No se sabe aún si dicha transferencia producirá el cese de las protestas de los funcionarios. 

Medicina Forense es un eslabón clave dentro del Ministerio Público. Es la institución encargada de examinar los cadáveres para auxiliar a fiscales y jueces determinando la causa de la muerte cuando es de origen violento, lo que ocurre muy seguido en Honduras, el segundo país más violento de América Latina. Según el Observatorio Nacional de la Violencia, en 2021 ocurrieron 7921 muertes por causa externa ( homicidios, suicidios, accidentes). El boletín de 2022 todavía no está disponible, pero la directora del Observatorio, Migdonia Ayestas, hizo la proyección de una tasa de homicidios de 37 por 100,000 habitantes. Pese a que la tasa manejada por la Policía Nacional es de 35,79. 

Entre el lunes 13 y el jueves 16 de marzo, la Policía Nacional registró 23 homicidios. Ninguno de los cadáveres pasó por el proceso de autopsia, lo que significa una debilidad del proceso de investigación y un mayor riesgo de impunidad. Los cuerpos tendrán que ser exhumados posteriormente para seguir el procedimiento de investigación.

En ausencia de los funcionarios de la morgue, los familiares de las víctimas están invitados a recuperar los cuerpos de los fallecidos, sea cual sea el motivo de la muerte.

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Los empleados fueron abucheados por las personas a su alrededor por haber llegado en manifestación al lugar donde se encontraba el cadáver de un hombre aún desconocido. Foto CC/Jorge Cabrera

Los familiares recogen a sus muertos

En Zambrano, municipio de Francisco Morazán al noroeste de Tegucigalpa, un cadáver yacía a la orilla de la carretera CA-5. En la mañana del jueves 16 de marzo, la Dirección Policial de Investigación llegó a la escena del suceso e hizo su trabajo: recolectó la bala, identificó el cadáver, hizo pericias sobre el carro al cual estaba adosado el muerto. Una vez el trabajo estuvo terminado, los policías dijeron a los familiares que podían llevarse el cuerpo y el carro. Y se fueron. 

El hombre se llamaba Daniel Ernesto Padilla Polanco, tenía 32 años, era soltero, sin hijos, trabajaba en un call center.

«Vamos a ver cómo lo movilizamos lo más antes posible», dijo Carlos Salvador, su hermano, «el Gobierno tiene que hacer algo para agilizar la cuestión del Ministerio Público porque los muertos son de todos los días, el dolor de todos los días. No podemos lidiar con eso de levantar a un familiar, es demasiado difícil».

Judith Vásquez, otra allegada, expresó su cólera ante esta situación y exhortó al Gobierno a reaccionar «Eso es un desastre. Si los pasados hicieron desastres, ese es el cagadal más grande, me disculpan la expresión. Es indignante. Señores, pongan a disposición todos los millones de la partida confidencial y aumenten a esa gente para que no estemos en la situación en la que estamos».

Los jueces de paz han sido instruidos para realizar levantamientos 

Ante la crisis, la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó a jueces de paz efectuar los levantamientos cadavéricos, pues el artículo 59 del Código Procesal Penal establece que una de sus competencias es realizar el levantamiento e identificación de cadáveres en ausencia del fiscal. 

La magistrada Rebeca Ráquel, actual presidenta de la CSJ, expresó en una conferencia de prensa que: «No esperábamos esta situación, pero vamos a dar una respuesta al pueblo. En todo el país los jueces de paz están instruidos para hacer los levantamientos en lo que les corresponde en coordinación con los agentes de la Policía y los funcionarios de la Secretaría de Salud».

La Secretaría de Salud se ofreció a poner a disposición médicos forenses para apoyar a los jueces en la parte médica del levantamiento. El Ministro José Matheu recordó que durante la pandemia del Covid 19 los doctores del Instituto Hondurño de Seguridad Social, IHSS, y del Hospital Escuela levantaron 780 cuerpos. «Los doctores llevamos una clase de medicina legal donde nos enseñaron a hacer dictámenes. No nos la dieron por gusto. Nos la dieron para hacer cosas como las que ahora toca. Evidentemente nuestros médicos no van a hacer autopsias porque en algún momento se tendrán que hacer exhumaciones», dijo. 

A pesar de las decisiones tomadas de manera urgente para enfrentar la situación, muchas dudas surgen respecto de la capacidad del Estado para gestionar los cadáveres no reclamados. En los primeros días de la huelga de fiscales y personal del MP, no había ni un sólo lugar para almacenar esos cuerpos. 

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Doris Canales es Jueza de Paz en el Juzgado de Letras de Tegucigalpa. Fue requerida para ir a levantar el cuerpo que yacía en el Río Choluteca a las diez de la noche el lunes 13 de marzo. Contó a Contracorriente las dificultades que enfrentó a la hora de realizar esta «función extra»: «Cuando llegué, el equipo de la Dirección de Investigación Policial no estaba presente. Y no se puede ordenar la conducción del cuerpo sin esa primera etapa del proceso investigativo. Además no sabía adónde llevarlo. Llamé a varias instituciones, pero no obtuve respuesta clara. Me desplacé a la morgue de Medicina Legal y a la del Hospital Escuela, pero no podían hacer nada. Me di cuenta de que yo no contaba con un depósito que cumplía con los estándares de derechos humanos, porque hasta un muerto tiene derecho a la dignidad. Me quedé buscando hasta las dos de la madrugada, finalmente, me regresé a casa».

Miembros de Medicina Forense protestan por un aumento salarial por lo que han decidido detener los levantamientos cadavéricos .Foto CC/Jorge Cabrera

La jueza Doris Canales se mostró preocupada de que esta situación se alargue porque afecta su trabajo diario. Tiene que suspender audiencias para realizar levantamientos cada vez que la Policía Nacional la llama. Aclaró también que «todo caso que necesitaba una autopsia y no se realizó va a requerir una exhumación que deberá exigir el fiscal de turno cuando regrese a su puesto».

Es el caso del cadáver del Río Choluteca, un cuerpo que nadie reclamó y que fue enterrado en el cementerio del Divino Paraíso. 

El jueves 16 de marzo, el Ministro de Copeco, Darío García, anunció que la institución pondría a disposición sus cuartos fríos; sin embargo, hasta ahora, la institución dispone de un solo contenedor en buen estado. Para suplir la ausencia de la morgue, otros cuerpos pueden ahora estar dirigidos hacia el Hospital Escuela.

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Policía de investigación hace la pesquisa en la escena de un crimen en la salida al norte de Tegucigalpa.Foto CC/Jorge Cabrera

Una propuesta de ley para suprimir la Dirección General de Medicina Forense y crear una institución «autónoma»

Actualmente, Medicina Legal depende del Ministerio Público y está regida por la Dirección General de Medicina Forense, a cargo de Ismael Edgardo Raudales. Eso podría cambiar en los próximos días ya que la Viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, entregó un anteproyecto de ley para crear un «Instituto Nacional de Medicina Legal independiente», el cual será presentado en el pleno del Congreso Nacional el martes 21 de marzo, según el diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé. 

«Tenemos varios meses de estar reflexionando con Julissa Villanueva la necesidad de un anteproyecto para que Medicina Forense se eleve a ser un Instituto Nacional de Ciencias Forenses autónomo con independencia financiera y administrativa», expresó Tomé a Contracorriente

Tomé considera que la crisis actual del Ministerio Público ofrece el «momento oportuno» para abrir este debate pues « ahora que hay una situación inhumana con los familiares de los cadáveres que por horas estuvieron sin ser atendidos por los peritos forenses, ¿Honduras ocupa este Instituto? Sí lo ocupa. No estaríamos ante esta situación si ya existiera este Instituto porque las demandas serían más específicas y podrían ser resueltas con un presupuesto propio».

El diputado admitió que esta no era una exigencia de los representantes de Medicina Legal. «La iniciativa no viene de ellos. Pero viene de una experta que dirigió esta institución», justificó. 

Negó también que eso implicaría despidos masivos, «Cuando se crea una institución, se vuelve a evaluar el personal, pero eso viene después. Ahorita el debate es si se crea o no».

La Viceministra Julissa Villanueva no contestó llamadas de este medio. 

Este es el perfil de un Ministerio Público en crisis, en uno de los países con los índices más altos de criminalidad, percepción de corrupción e impunidad en Latinoamérica. La crisis no es nueva, pero explotó a inicios de 2023, y ahora los fiscales y el personal administrativo de esa institución llevan casi seis semanas en huelga, con las instalaciones tomadas a nivel nacional exigiendo aumentos salariales. Mientras tanto, los partidos políticos comienzan a negociar cuotas de poder ante la próxima elección del fiscal general y fiscal adjunto de la república.


Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen 

En Honduras, ser víctima de un crimen significa quedar en el olvido y convertirse en otro número que incrementa las cifras de la impunidad; y en el caso de los actos de corrupción ejecutados por redes políticas y empresariales, la realidad no es diferente.

Según un informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 90% de los crímenes quedan en la impunidad en este país. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), establece que de las 21,269 denuncias por delitos contra la vida que recibió el Ministerio Público entre 2014 y 2017, solamente un 5.54% fueron llevadas como requerimiento fiscal ante el Poder Judicial.

«A veces hay exigencias desde los funcionarios públicos, exigencias desde las instituciones y desde la sociedad para que la Uferco se involucre en ciertas investigaciones, pero por otro lado no se nos asigna personal ni se asigna el equipo necesario. Entonces pareciera que son excusas, pero las investigaciones no se pueden hacer de esa manera», dijo Luis Javier Santos, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada para Redes de Corrupción (Uferco). La historia de la Uferco lleva implícita la impunidad y el debilitamiento de las instituciones ante el control criminal del Estado. 

En enero de 2020, el Congreso Nacional, bajo el control del expresidente Juan Orlando Hernández, votó para no renovar la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) establecida en 2016 mediante un acuerdo firmado entre el gobierno y la Organización de los Estados Americanos (OEA). En esos cuatro años, la Maccih, en conjunto con la Unidad Fiscal contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público, facilitó el enjuiciamiento de 14 casos en los que acusaron a más de un centenar de altos funcionarios del Estado. Sin embargo, tras la cancelación del convenio de la misión, esa unidad fue disuelta y ahora muchos de los señalados han sido absueltos de las acusaciones.

En ese contexto crearon la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco), liderada por el fiscal Luis Javier Santos, que quedó como legado de la colaboración con la Maccih. Sin embargo, sumado a las amenazas y problemas que enfrentan por su trabajo de investigación, a finales del año pasado, 29 empleados de esta unidad decidieron presentar un reclamo administrativo ante la Corte Suprema de Justicia en contra del Ministerio Público para que les sean restituidas las condiciones laborales que les quitaron desde la salida de la misión.

Sumado a este reclamo específico de los empleados de la Uferco, el resto de personal del Ministerio Público se ha tomado las instalaciones de la institución a nivel nacional con el objetivo de obtener mejoras salariales, pues muchos fiscales y personal administrativo llevan más de 10 años con el mismo salario. Esta crisis ha ido en aumento y ahora los empleados del Ministerio Público anunciaron que no realizarán levantamiento de cuerpos, autopsias y pericias forenses hasta que se cumplan sus exigencias.

Entre el colapso institucional y el silencio de Oscar Chinchilla, titular de esta institución, las piezas del ajedrez político entre el Partido Libre, Partido Liberal y Partido Nacional comienzan a moverse y apuntan a la repartición de poder en la elección del nuevo fiscal general que tiene que concluirse a más tardar el 1 de septiembre de 2023.

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Luis Javier Santos, jefe de Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) atiende una entrevista de Contracorriente. Foto CC/Fernando Destephen

Los falsos súper poderes de la Uferco

En 2016, alrededor de 200 abogados y abogadas solicitaron ser parte de lo que sería la nueva Ufecic, creada como brazo técnico de acusación del Ministerio Público en conjunto con la Maccih. De todos los postulantes, un poco más de 40 superaron el proceso de selección, entre los cuales destacó el fiscal anticorrupción Luis Javier Santos, quien fue nombrado jefe de la nueva unidad especial.

Todos los abogados y especialistas contratados por la misión en el marco de este trabajo fueron beneficiados con ascensos laborales y bonos especiales adicionales a su salario que salían del presupuesto del Ministerio Público. Sin embargo, en 2020 cuando el gobierno hondureño decidió no renovar el convenio de creación de la misión, todos los beneficios se anularon y los fiscales fueron colocados en sus antiguos cargos con sus salarios previos, pero ejerciendo el mismo trabajo.

Entre los afectados también estuvo el fiscal Luis Javier Santos, quien luego pasó a ser el jefe de la Uferco que se creó para darle continuidad a los casos que inició la Maccih y seguir el trabajo de investigación de redes de corrupción. Santos aseguró que el impacto de la suspensión de estos beneficios para él no fue tan grave en comparación con la mayoría de los empleados.

«Cuando la Maccih sale es cuando nosotros sentimos la primera situación que nos causó realmente una desmotivación en el trabajo, porque se imagina usted los que venían desde San Pedro Sula y otros lugares del país, y que aplicaron a un puesto por una mejora salarial y les regresaron al cargo anterior y al salario anterior, pero haciendo el mismo trabajo, entonces ese para nosotros fue el primer ataque que sentimos que iba dirigido a desmotivar el equipo», apuntó Santos.

Los fiscales, especialistas e investigadores que fueron seleccionados y contratados como parte de ese convenio con la Maccih y que recibieron dichos beneficios salariales, en ese momento de bonanza repararon sus casas, compraron carros propios, salieron de barrios y colonias conflictivas para mudarse a mejores zonas residenciales. Sin embargo, tras la salida de la Maccih muchos lidian con deudas impagables y se encuentran en riesgo por el lugar en el que viven.

Santos también explicó que el regreso a sus salarios anteriores fue inesperado, ya que previo al inicio del trabajo con la Ufecic, el fiscal adjunto Daniel Sibrian les aseguró que si recibían estos beneficios continuamente por al menos dos años, se les dejarían como parte permanente de sus salarios. Según Santos, la situación fue todo lo contrario a lo que les habían prometido.

Santos explica que durante el periodo de la Maccih se le ofreció un bono salarial de 10,000 lempiras a los investigadores y técnicos, 20,000 a los ingenieros, auditores y fiscales, y al jefe se le ofreció 40,000 mil lempiras. Todos estos beneficios fueron quitados tras la salida de la misión

A fin de mes, cuando algunos diputados que han sido señalados por la Uferco en actos de corrupción reciben salarios de casi 120 mil lempiras en el Congreso Nacional, en la oficina de la Uferco, según declaraciones del jefe Luis Javier Santos, algunos de los investigadores y especialistas son acreditados con un centavo de salario debido a las deducciones que les hace el Ministerio Público por sus deudas.

Santos también relató que un momento cotidiano y revelador sobre esta realidad es que cuando los fiscales de la Uferco acuden a las audiencias contra personas que son parte de redes de corrupción en el país, se encuentran con los abogados defensores de esos presuntos corruptos que reciben pagos de millones de lempiras por cada audiencia, que cuentan con asistentes pagados que les llevan agua y café, y les cargan los expedientes; mientras que del lado de los fiscales tienen que pensar si les alcanza el dinero para almorzar.

«Hasta para un almuerzo se nos exigían tres cotizaciones y en vez de ir a buscar tres cotizaciones mejor decidimos comprarlo de nuestra bolsa. Mientras los abogados de la defensa traen dos asistentes que les acomodan sus pruebas, les llevan agua, les llevan café y ganan quizá 10 veces más de lo que uno puede ganar en todo un mes. Abogados defensores del caso Pandora cobraron un millón por estar en la audiencia inicial que duró como una semana y eso es desproporcional en comparación con lo que ganamos los fiscales, y eso es en la Uferco, no digamos en otras unidades que hay fiscales que tienen 10 años de laborar y aún ganan 32 mil lempiras», explicó Santos.

Desde 2016 cuando estaba en funcionamiento la Ufecic, que luego se convirtió en la Uferco, se presentaron casos de corrupción en los que resultaron implicados 131 ex funcionarios y diputados, y 25 personas particulares. La fiscalía les acusó de malversar más de 615 millones de lempiras.

Un decreto aprobado por el Congreso Nacional el 27 de mayo de 2022 le otorgó a la Uferco un estatus especial dentro del Ministerio Público, con el que, según diputados oficialistas, le daban independencia y mayores capacidades de investigación. Este decreto les faculta para ejercer la acción penal sin la autorización del actual fiscal general, condición requerida por la Ley Orgánica del Ministerio Público. Además, ordenaron aumentar en un 10% el presupuesto de la unidad, saltándose la autonomía administrativa del Ministerio, y sin una ruta clara del proceso para aumentarlo.

Dicha reforma no mejoró las condiciones bajo las que trabaja la unidad y no ofreció una solución a los problemas de falta de personal y recursos técnicos y logísticos que el fiscal Santos ha solicitado desde hace más de 2 años, por lo que más de un centenar de líneas de investigación siguen detenidas.

Ana María Calderón, ex fiscal de Perú con 30 años de carrera y ex vocera de la Maccih que trabajó de cerca con el personal de esa unidad especial, explicó a Contracorriente que estas reformas no han sido efectivas, sino que han sido una especie de «ponerle una curita a una herida».

«Es necesaria la existencia de una ley de carrera fiscal que les otorgue autonomía a los fiscales, no solamente podemos darle facultades a una fiscalía mientras las otras siguen abarrotadas de casos y siguen supervisadas bajo una sola persona que es el director de fiscales. La propia Ley del Ministerio Público y su estructura vienen a debilitar la institución ya que los fiscales deberían ser autónomos y deberían estar en la facultad de terminar una investigación y presentar requerimientos sin que nadie les obstaculice», apuntó Calderón.

La ex vocera de la Maccih también apunta que estas reformas pueden darle independencia a los fiscales pero también requieren mucho compromiso y formación que vale la pena si les ofrecen garantías de que no serán cambiados ni degradados como ocurre actualmente, que un fiscal que se encuentra en una investigación en Tegucigalpa puede ser cambiado a un pueblo y degradado de su puesto de trabajo.

«En la Uferco quedaron solos ante una tarea tremenda, son casos que realmente requieren muchísimo apoyo y mucha dedicación porque investigar la corrupción no es una tarea fácil, hay que hacer investigaciones muy dedicadas con mucho cuidado. Las pruebas que se obtienen para llevar ante el juez en los casos de corrupción son realmente mucho más complejas que las pruebas de otros delitos», finalizó Calderón.

El reclamo administrativo que presentaron el fiscal Luis Javier Santos con otros 29 colegas ante las autoridades del Ministerio Público, fue rechazado en primera instancia, por lo que acudieron ante la Corte Suprema de Justicia para que se les restituyan los derechos adquiridos que tenían mientras laboraban en la Ufecic-Maccih. Dicho reclamo, según afirmaciones del mismo Luis Javier Santos, le impediría ser elegible para el puesto de fiscal general en la elección que tiene que realizarse próximamente en el Congreso Nacional.

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Empleados del Ministerio Público protestan en las afueras de las oficinas centrales exigiendo su aumento salarial. Foto CC/Fernando Destephen

Una crisis que pudo evitarse

El pasado 13 de marzo por la mañana, medios locales reportaron que el cuerpo de un desconocido flotaba sin vida sobre las aguas del río Choluteca cerca del Mercado La Isla en el centro de Tegucigalpa. Decenas de personas entre ellos bomberos, policías y personas particulares se acercaron entre la curiosidad o el morbo para presenciar la terrible escena.

El cuerpo se mantuvo en la misma condición hasta la mañana del 14 de marzo tras la presión mediática y ciudadana que señaló el incumplimiento del deber de los empleados de medicina forense del Ministerio Público que ante el paro de laborales se habían negado a realizar el levantamiento, autopsia y reconocimiento de esta persona.

Para el 17 de marzo de 2023 las protestas de los empleados del Ministerio Público estaban por llegar a las seis semanas exigiendo mejoras salariales del 10% y ajuste del 15% por concepto de costo de vida que estipula la Ley del Ministerio Público para sus empleados. Hasta la publicación de esta nota toda la operatividad de la institución se encuentra detenida, y otras instituciones como el Comité Permanente de Contingencias (Copeco) y la Corte Suprema de Justicia a través de los jueces de paz se han puesto a disposición para realizar el levantamiento y resguardo de los cadáveres. Además, los fiscales del Ministerio Público tampoco están acudiendo a las audiencias de los casos que se están desarrollando en los juzgados nacionales por lo que la administración de justicia en el país también se encuentra detenida.

El fiscal general Oscar Chinchilla no se ha pronunciado públicamente sobre esta crisis que se ha ido agudizando desde la primera protesta del 6 de febrero cuando el personal salió a exigir sus demandas tímidamente de 8 a 9 de la mañana para evitar interferir con sus labores diarias. En ese momento varios empleados manifestaron que sus jefes inmediatos les habían amenazado con aplicarles sanciones si acudían a la protesta. 

Un par de semanas después, los empleados en protesta comenzaron a cerrar calles cercanas a las oficinas regionales del Ministerio Público en todo el país y dejaron de recibir denuncias y realizar trámites investigativos y administrativos. A partir del 13 de marzo también se pararon las operaciones de Medicina Forense y las protestas se extendieron a algunas vías principales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Contracorriente solicitó una entrevista al fiscal general a través del personal de relaciones públicas del Ministerio Público; sin embargo, el personal se limitó a responder que el fiscal general no ha dado declaraciones al respecto.

El vicepresidente del Congreso Nacional Hugo Noé Pino declaró en conferencia de prensa el pasado 14 de marzo, que la lucha por mejorar sus condiciones salariales es justa y que como Poder Legislativo serían enlaces con el Poder Ejecutivo a fin de encontrar una solución al problema. Además, apuntó la responsabilidad de esta crisis hacia el fiscal general Oscar Chinchilla.

«¿Dónde está el fiscal general? ¿qué gestiones está haciendo para resolver este problema que lleva más de un mes? ¿Dónde están los recursos que señalan los mismos empleados, de 500 millones de lempiras, que no fueron utilizados y que podrían ayudar a resolver?», cuestionó el congresista.

El último precedente parecido se dio en el 2008 con la huelga de fiscales que tuvo como protagonistas al ahora diputado Jari Dixon, el abogado Víctor Fernández, la fiscal Soraya Morales y el fiscal Luis Javier Santos, quienes estuvieron en huelga de hambre durante 38 días exigiendo que se investiguen casos de corrupción de alto impacto que las máximas autoridades habían engavetado, y exigían la destitución del entonces fiscal general Leónidas Rosa Bautista y el fiscal general adjunto Omar Cerna.

El fiscal Luis Javier Santos se manifestó en sus redes sociales sobre esta crisis, y apuntó que los menos beneficiados son los mismos servidores del Ministerio Público, ya que se puede dar pie a introducir reformas legales que vendrían a debilitar más a la institución. Además, apuntó la falta de interés de las máximas autoridades sobre la crisis, y aseguró que esto «denota la poca importancia que se le da al tema de justicia en nuestro país».

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Los empleados de Medicina Forense queman llantas frente a las instalaciones exigiendo sus aumentos salariales. Foto CC/Jorge Cabrera

La abogada Elky Alvarado, fiscal del Ministerio Público desde hace 28 años y miembro de la junta directiva de la Asociación de Fiscales de Honduras que es la organización que lidera estas protestas, explicó a Contracorriente que no están de acuerdo con el fiscal Santos sobre que los servidores de esta institución son «los menos beneficiados» y aseguró que han sustentado sus demandas en análisis técnicos financieros.

Desde 2002, hace 21 años, la abogada Alvarado ocupa el cargo de Titular Dos actualmente se encuentra asignada al Módulo de Recepción de Denuncias y apuntó que en la institución no se está respetando la carrera fiscal, en su caso, por ejemplo, hace años debió ser ascendida a Titular Uno.

«La aspiración que tenemos profesionalmente es ascender y mejorar nuestras capacidades. Para lograr ascender se sigue exigiendo tener una maestría, obviamente pagada por nosotros porque no nos la paga el Ministerio Público; sin embargo, cuando se obtiene una maestría o un doctorado tampoco se da el ascenso porque dicen que no hay presupuesto, pero sí hay presupuesto para aumentos selectivos y hay presupuesto para contratar gente y colocarla en puestos que pudieron ser ocupados por personas que tienen las capacidades dentro de la misma institución. Eso ha coartado, desmotivado y frustrado el derecho que todos tenemos de superarnos en un trabajo porque incluso se ha menospreciado el conocimiento que podemos tener personas con muchos más años de experiencia por beneficiar a personas que no tienen esos méritos», explicó la abogada Alvarado.

La abogada Alvarado también reconoció que la infiltración del crimen organizado en el Ministerio Público ha sido determinante en los últimos años para evitar que se investiguen casos de corrupción y crímenes de alto impacto. Explicó que fiscales honestos de esa institución han interpuesto denuncias en diferentes instancias, incluido el Congreso Nacional, contra autoridades y jefes que han dilatado investigaciones e incluso han cambiado a fiscales de región con el objetivo de detener el trabajo investigativo.

«Compañeros del Ministerio Público en muchas ocasiones han preferido ser maltratados y ser movilizados de una sede a otra por investigar un caso o por investigar varios casos con relación al crimen organizado, los fiscales tenemos una resistencia bárbara para aceptar que cambien a un compañero cuando está haciendo cierta investigación», apuntó la abogada Alvarado.

Por su parte, el fiscal Luis Javier Santos explicó que hay fiscales en el MP que tienen denuncias por haber recibido sobornos pero no hay casos resueltos que eviten llegar a otros actos irregulares mucho mayores.

«Yo conocí una fiscal que el día de su cumpleaños los abogados defensores le llenaban su escritorio de regalos y arreglos florales, y eso aparte de ser antiético es prohibido, y claro porque un abogado como consecuencia de qué me va a regalar un arreglo floral que cuesta entre 1,500 y 2,000 lempiras», apuntó Santos.

Santos también relató que compartió trabajo con un fiscal que durante todo un año no trabajó, sino que se sentaba en el escritorio a leer el Código Penal y leer expedientes, pero que durante todo ese tiempo no tomó declaraciones ni libró oficios.

«Lo denuncié y la supervisión de fiscales me dijo que leer los expedientes también era trabajo o sea que lo que se quiere en el Ministerio Público es que si usted está sentado en un escritorio leyendo y no presenta nada es el empleado ideal en materia de corrupción», apuntó.

Todas las irregularidades internas y la debilidad institucional en el Ministerio Público son el escenario perfecto para una crisis y generan pocas esperanzas con respecto a los índices de criminalidad e impunidad que mantiene el país.

En el último informe del Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), publicado en 2022, Honduras se encuentra en la décima posición de los países con mayor índice de criminalidad en el mundo con una puntuación de 6.98 sobre 10. Además, en el caso de percepción de corrupción según el índice de 2022 publicado por Transparencia Internacional, Honduras ocupa el cuarto lugar de peor percepción de corrupción en el continente, solo por detrás de Venezuela, Nicaragua y Haití.

Otro factor que ha desembocado en esta crisis es el mal manejo interno de las autoridades del Ministerio Público quienes incluso han sido denunciados públicamente por acosar laboralmente a miembros de la institución. Ese es el caso de la abogada Soraya Morales, directora de la oficina de Supervisión Nacional en la institución, a quien, según una denuncia interpuesta en agosto de 2022 a la que Contracorriente tuvo acceso, se le acusa por ejercer «acoso laboral, explotación laboral ilícita, constante hostigamiento, maltrato laboral y daño psicológico».

Esta denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especial para el enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia y se hizo pública a través de medios de comunicación en el país; además, la Asociación de Fiscales emitió un pronunciamiento en el que denunciaban los tratos de la funcionaria. La respuesta de la abogada Morales fue realizada a través de un comunicado en el que acusó al abogado que presentó la denuncia y aseguró que dichas reclamaciones «denotan una rasgo de misoginia ya que pretende atraer en mi contra (…) el desprecio de la sociedad)». Finalmente, las denuncias no fueron procesadas ni investigadas.

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Bloquean los accesos con piedras y sus vehículos para que nadie pueda llegar hasta las oficinas del Ministerio Público. Foto CC/Fernando Destephen

Las piezas en la elección del nuevo fiscal general

Representantes de la Asociación de Fiscales de Honduras apuntaron que estas protestas no están relacionadas ni buscan sacar provecho de la coyuntura política ante la próxima elección del fiscal general; sin embargo, los partidos políticos ya iniciaron a negociar la repartición de poder en esa institución y algunos sectores de la sociedad han apuntado a la actual crisis del Ministerio Público como un instrumento de sus intereses.

En el acuerdo que las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal y Libre firmaron para concretar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se incluía un punto en el que estos actores políticos acordaron realizar reformas en la Ley del Ministerio Público y «respetar el principio de proporcionalidad al elegir e integrar las instituciones que le corresponde al Congreso Nacional», entre ellas se encuentra el MP.

La abogada Ana María Calderón dijo a Contracorriente que ella tiene la esperanza de que el nuevo fiscal general no sea elegido según preferencias políticas partidarias, y lleve las reformas que necesita la institucionalidad del Ministerio Público, más allá de los aumentos salariales.

«El fiscal general es la figura esencial para un Ministerio Público autónomo, independiente, entonces se requiere que este proceso de selección pueda ser lo más transparente posible y se seleccione a la persona que realmente reúna las capacidades académicas, que no tenga vínculo político. Además, es esencial que pueda participar la veeduría nacional e internacional y que no se trate de cuotas, como he podido ver en la elección de los jueces de la Corte Suprema», apuntó Calderón.

Además, agregó que es necesario que el nuevo fiscal lleve una ley de carrera fiscal efectiva, una reforma general a la institución, y un marco legal anticorrupción que contenga normas de prevención y ética de los funcionarios.

El fiscal Luis Javier Santos explicó que es lamentable que, según la información que le ha llegado, dentro de las negociaciones se encuentra darle a algún partido la dirección de fiscalía que es clave para que el próximo fiscal general logre concretar las reformas.

«Políticos que no conocen la estructura del Ministerio Público pueden llegar a negociar eso y desconocer que el trabajo en la Dirección del Fiscalía debería estar dirigida por un fiscal y por un fiscal que conozca toda la estructura del Ministerio Público, pero aparte de eso la política del nuevo director de fiscales debe ir concordancia con el fiscal general para poder generar los cambios necesarios en la institucionalidad».

Luis Javier Santos aseguró que con estas negociaciones es posible que nos enfrentemos a un escenario similar a la elección de los magistrados de la CSJ, y advirtió que si eso pasa «las organizaciones que se involucren van a ser utilizadas solamente para validar el proceso y los que participen en el proceso».

A más de un año de gobierno, la presidenta Xiomara Castro firmó un Decreto Ejecutivo para legalizar la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) que estuvo prohibida casi 14 años en Honduras. El mismo día, el Congreso Nacional aprobó una Ley de Prevención de Embarazo Adolescente. Contracorriente organizó un Space para hablar de estos temas junto al Grupo Estratégico por la PAE (GE-PAE).

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la presidenta Xiomara Castro anunció en Twitter que había firmado un Decreto Ejecutivo para permitir la libre circulación de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) prohibida en el país desde 2009, después del Golpe de Estado. La PAE había sido aprobada en enero de 2023 por el ministro de Salud, José Manuel Matheu sólo en casos de violencia sexual.

La publicación en La Gaceta que quita la prohibición explica que «grupos extremistas» promovieron la prohibición «como una evidente proliferación de discursos de odio o anti-ideología de género aprovechando la ruptura del orden constitucional, con el fin de promover iniciativas que violentan o restringen los derechos de las mujeres».

Jinna Rosales, integrante del Grupo Estratégico por la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (GE-PAE) dijo que esta es la restitución de un derecho que le fue quitado a las mujeres y no se trata de un regalo. «Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en este país siempre han significado como esa moneda de cambio en los diferentes gobiernos que han transitado en estas últimas décadas. Tienen también una serie de intereses, no solo religiosos como lo hace ver esta clase conservadora, sino que políticos, económicos y sociales», señaló.

El 8 de marzo del 2022, organizaciones feministas se reunieron con Xiomara Castro en Casa Presidencial y, aunque cuenta que ella era sensible y consciente de la situación de las mujeres hondureñas, dijo que era la Secretaría de Salud la que debía eliminar esa prohibición.

El ministro de salud, José Manuel Matheu, declaró el año pasado que la PAE no era un tema de su interés, que tenía que consultarlo con las iglesias y, finalmente en diciembre, anunció que se aprobaría sólo en casos de violencia sexual porque no se iba a usar para que exista un «desenfreno sexual».

«Ha sido muy lamentable que un profesional de la salud, un médico y más con la figura de ministro, haya difundido como la mala información y generando más mitos y tabú […] más que todo estigmatizando a las jóvenes, como que si las jóvenes no tuvieran como capacidad de razón o tomar buenas decisiones. Quiérase o no la opinión de él tiene ciertas implicaciones en toda una comunidad religiosa», agregó Rosales.

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Tras la liberación de la PAE, a través de medios de comunicación y redes sociales se creó una ola de discursos de odio en contra de la píldora, así como mucha desinformación. El GE-PAE dijo que hicieron monitoreo de medios y, a pesar de ese discurso, la población ha demostrado una aceptación y una opinión favorable por esta determinación.

Por su parte, Ligia Destephen del GE-PAE recalcó que ahora queda monitorear el ingreso de la PAE al país, los registros sanitarios y la venta libre en las farmacias, «hay que afianzar estos logros para que no se nos quiten estos derechos fácilmente, creo que la PAE representa una gran conquista y una de esas deudas pero también simboliza la importancia de la lucha feminista».

Aunque el protocolo está aprobado con PAE incluida, el GE-PAE opinó que aún hay retos de frente porque no hay un plan de implementación, «tenemos víctimas de abuso sexual en este momento que pueden acudir a los hospitales, pero no tienen acceso a este protocolo», agregó Rosales.

Además, el GE-PAE denunció que cuando se aprobó el protocolo solo existía una dotación de 500 kits integrales y que inicialmente dijeron que solo se distribuirían en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Los casos de violencia sexual ocurren en todo el país y quienes más lo denuncian provienen dezonas rurales.

Rosales advirtió que hay un problema general en la sociedad hondureña que dificulta la PAE y la educación sexual y es el desabastecimiento de medicamentos, la pobreza y la falta de acceso a la salud y educación que se agudiza más en las zonas rurales.

Educación en salud sexual y reproductiva

El mismo 8 de marzo que se liberó la PAE, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente. El contenido es bastante general y lo que dice es que la Secretaría de Educación será la encargada de armar la currícula correspondiente a las edades y madurez de los niños y niñas.

Contracorriente invitó al twitter space a la diputada Johanna Bermúdez del Partido Nacional para que diera sus opiniones porque su bancada se opuso a la aprobación de esta ley, pero la diputada no se conectó a la plataforma.

Para Jinna Rosales, esta ley se complementa con la liberación de la PAE y aunque el nombre dice que es prevención de embarazo adolescente en esencia debe brindar educación sexual, «no tenemos claridad de cómo se va a implementar esta ley y si no lo hacemos, entonces la Secretaría [de Educación] solo se va a enfocar en métodos anticonceptivos y sabemos que la educación sexual integral es un campo gigante de temas en las que se puede abordar de diferentes formas y de manera gradual de forma por niveles educativos».

En 2017 la Secretaría de Educación informó que tendrían guías de educación sexual dentro de la currícula Nacional Básica . En ese momento, las autoridades de la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica de Honduras expresaron estar en desacuerdo con que ese tipo de enseñanza sea impartida a los infantes, sin haber consensuado los materiales con ellos.

«Lamentablemente, las autoridades que estaban en ese momento le dieron apertura a las iglesias para que hicieran una revisión y supervisión de las guías, o sea algo tan absurdo, como que si las iglesias y los pastores, los sacerdotes, tuvieran experiencia en temas de sexualidad. A las guías las despedazaron, les quitaron el contenido específico de la educación sexual integrada y luego también hicieron una manifestación en donde las quemaron y no se logró capacitar a los docentes», añadió Rosales.

La abogada feminista Alexa Maradiaga, dijo que también habría que monitorear de qué forma se da una transparencia activa en el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y Secretaría de Derechos Humanos y velen «para que las personas que no cumplan sus funciones [de garantizar educación y salud sexual y reproductiva] buscar sancionarles de oficio, si no se cumplen las acciones establecidas».

«Sabemos que los problemas que enfrentamos las mujeres tienen varias causas, hay unas que son estructurales y que van a tomar muchos años en que pudiéramos llegar a ese ideal que tenemos donde hay un mundo de no violencia contra las mujeres y donde haya libertad para la toma de decisiones, sin embargo, pues algunas cosas que sí se pueden ir haciendo, hay decisiones que se pueden ir tomando como la PAE», finalizó Ligia Destephen.

Texto: Josselyn Estrada
Ilustración: Pixabay

Mi nombre es «Ella», me tocó crecer y vivir en una de las ciudades más peligrosas de mi país, una ciudad que también es hermosa, sus calles se tornan rosa entre los meses de febrero y abril, la furia de su encanto se manifiesta en cada espacio de naturaleza y calidez de gente honrada y trabajadora.

Mi vida no fue sencilla, carecí de muchas cosas que eran necesarias para vivir dignamente pero que este mundo injusto se encargó de privarlas para que no tuviera acceso en igualdad de condiciones.

Mi nombre antes era «él», yo me encontraba atrapada en un cuerpo que no era mío, uno que no elegí. Me tocó aceptarme tal como era y reconciliarme con lo que sentía, para luchar cada día de mi vida, para que esta sociedad donde viven me aceptara, una sociedad que me dio la espalda cuando más lo necesitaba por no encajar en su hipócrita estándar moral.

El día que decidí reconocer que las luces que vivían dentro de mi alma eran más importantes que el hecho de tratar de sobrevivir siendo completamente infeliz, ese día fue la primera vez que reencarné.

Tenía la plena seguridad que alguna vez iba a morir porque los seres humanos no somos capaces de mantenernos una eternidad vivos, ahora me doy cuenta lo equivocada que estaba. Un 28 de junio dejé de existir, ese día pensé que ya no regresaría, y probablemente transcendería a otra realidad.

Lo cierto es que las acciones que rodearon mi muerte permitieron que mi alma reencarnara una segunda vez. Después de ver mi cuerpo tirado en el suelo lloré, mis lágrimas rodeaban mi rostro al ver que me habían asesinado las personas que debían protegerme.

Por el contrario fui ignorada por un equipo que debía investigar mi muerte, juzgaron mi vida afirmando que poseía en mi cuerpo una sustancia que representaba la inmoralidad y solo podría ponerlos en riesgo.

Vi a mi madre y mi familia llorar, mis amigos exigían justicia y con una voz poco empática la institucionalidad se las negó. No soporté ver tanta indiferencia y reencarné en esas personas que por años buscaron justicia, reencarné en esa mujer valiente que acompañó a mi madre a pesar de las amenazas y las decepciones. Volví en todas esas personas que llevaron mi caso ante la plataforma internacional después de que en mi tierra no se buscó a los culpables de mi muerte, los dejaron impunes porque consideraron que eso era más importante que hacerme justicia.

Hasta aquí ustedes dirán que no volví, que me quedé aceptando mi deceso y con satisfacción me sentí tranquila por ver mi madre y mis amigos que al fin conseguían justicia, pero no fue así, reencarné por última vez en medidas de presión para que las cumplieran los que en su momento me dejaron desamparada, regresé en las voces de muchas personas que hoy reclaman el mismo derecho que yo reclamé en esa vida.

Esta es la última vez que regresé de la muerte, y se preguntarán por qué considero que es la definitiva, pues la verdad es que yo no me voy, mi espíritu de lucha queda en todos ustedes.

Hoy me siento orgullosa de haberme aceptado como era, pero me siento aún más orgullosa porque revolucioné una parte de la historia, levanté voces y me rebelé al sistema, y no me revelé como “ella”, me revelé con un antecedente para el mundo, me revelé con una política pública y, me revelé por todas ustedes, las que todavía están en la calle sobreviviendo a ser víctimas de lo mismo que me pasó en 2009, lo hice por ustedes, por nosotras, y por las que aún no tienen conciencia.

El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica dijo que para otorgar financiamiento al régimen Ortega-Murillo se enfocan en los beneficiarios y no en los señalamientos de crímenes de lesa humanidad que hacen los organismos de derechos humanos. “No es mi trabajo juzgar el tema político”, dijo Mossi, quien le otorga la responsabilidad de las decisiones de aprobación de financiamiento a la junta directiva del banco. El banquero dejó claro que Daniel Ortega es un presidente legítimo en un debate sostenido en el Diálogo Interamericano.


Por Divergentes(@@DivergentesCA)

El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, dijo que para financiar al régimen de Daniel Ortega y Rosario “no importan sus políticas” si el dinero está llegando a los ciudadanos con necesidades básicas, a las que van dirigidos los proyectos. “En eso nos enfocamos, entonces dejamos la política a un lado”, dijo Mossi, este jueves enun debate convocado por el Diálogo Interamericanoen Washington D.C.

En el debate participaron los politólogos Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Programas de Desarrollo del Diálogo Interamericano y Ryan Berg, director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Orozco le respondió a Mossi que “todo lo que haga el BCIE tiene una óptica política”, pues “la unidad de análisis del contexto político de este banco incluye los derechos humanos”. 

El BCIE representa una de las fuentes de financiamiento más grande del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde la crisis política de 2018, desde que, a raíz de las violaciones a los derechos humanos, ha sufrido aislamiento internacional y una batería de sanciones que incluye el congelamiento de préstamos de otras multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). En los últimos cinco años, el BCIE ha financiado al régimen nicaragüense con $3,513 millones. “El aumento de préstamos sucede en el contexto de aumento de la criminilización del proceso democrático”, dijo Orozco, quien señaló que como prueba de esto son los 600 mil nicaragüenses que han abandonado el país por razones políticas.

Al respecto, Ryan Berg dijo que, aunque el BCIE no es una organización de derechos humanos, no está exenta de ceñirse a ciertos estándares internacionales. “No estamos en la postura de decir que los préstamos han mejorado la situación de los derechos humanos de este país”, dijo Berg. Añadió que el Plan de Desarrollo de Nicaragua no incluye proyectos de infraestructura, porque esto está cubierto con el financiamiento del BCIE. Por lo tanto, el dinero del Plan de Desarrollo para infraestructura puede estar siendo asignado a la Policía Nacional, señalada de reprimir a la población y cometer crímenes de lesa humanidad. “Usted (Mossi) tiene que prestarle atención a la política”, dijo Berg. “No puede escaparse del hecho que darle el dinero al régimen (Ortega-Murillo) le permite asignarlo en otro asunto”, agregó. 

El pasado dos de marzo, un grupo de expertos de las Naciones Unidas publicó un informe en el que señalan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de haber cometido y seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad. Los investigadores llegaron a comparar el nivel de represión política con el de la Alemania nazi. “Esto no ocurre a diario, es una categoría única y rara” dijo Berg. “Sin embargo, el BCIE está a la cabeza que le ha dado préstamos desproporcionados al régimen”, señaló.

Ryan Berg, director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales

Junta directiva del BCIE “toman las decisiones”

Ante los cuestionamientos, el presidente del BCIE explicó que las decisiones políticas las toma la junta directiva del banco. “Ellos son los que toman las decisiones de lo que se debe aprobar y lo que no se debe aprobar. Ellos deciden si quieren hacer algo o no”, dijo Mossi, quien agregó que no es su trabajo juzgar el contexto político de los países. 

Mossi dijo que el BCIE no le entrega “cheques a Daniel Ortega”, sino los hace en proyectos y planes de desarrollo, como acceso a servicios básicos, hospitales y carreteras. “Trabajamos para Nicaragua, no para el presidente (Ortega)”, dijo Mossi.

Sin embargo, Berg le cuestionó que antes que los proyectos se aprueben en la junta directiva del BCIE, que sólo mira aspectos técnicos de los proyectos, estos pasan por el Comité Técnico del banco, que es presidido por Mossi. “Esconder las responsabilidades en la junta directiva del BCIE es esconderse de la verdad”, respondió el politólogo.

Financiar a Ortega-Murillo es riesgoso

La pareja presidencial junto a su consuegro Francisco Díaz, jefe de la Policía. Foto tomada de Presidencia.

Ante la ilegitimidad del régimen de Ortega y Murillo, Dante Mossi respondió que el departamento legal del BCIE es el que evalúa si acepta a las autoridades o no, y esto sólo cambiará si las leyes de esta institución cambian. “Yo no puedo asignar a un país quien tiene una dictadura y quien no… no importa lo que yo piense, sino el marco legal que avala si el país puede recibir financiamiento”, expresó Mossi. “Ortega es un presidente, lo es, el sistema internacional dice que lo es (presidente)”, consideró.

El banquero dijo que la buena relación con el régimen de Nicaragua se debe a que es uno de los pocos con los que pueden hablar directamente con los mandatarios, y estos “están de acuerdo en que no pueden financiar algunas cosas que tengan al menos la apariencia de que se les puede dar un mal uso”. 

Berg advirtió que financiar al régimen Ortega-Murillo representa un riesgo sistémico. Ejemplifica que si un gobierno de democrático llegara al poder en Nicaragua podría no reconocer las deudas que han adquirido los actuales mandatarios con el BCIE porque hicieron un trato “con un gobierno ilícito”.

Un hombre camina frente a las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Tegucigalpa (Honduras) EFE/Gustavo Amador

Mossi dijo que los derechos humanos que se toman en cuenta en el BCIE son los que tienen que ver con accesos a infraestructura básica. Pero que también pudieran financiar proyectos para fortalecer la democracia en Nicaragua, como un programa para mejorar las elecciones. “Eso es lo que me encanta del BCIE: tenemos menos restricciones de las cosas que podemos financiar”, apuntó. 

El presidente del BCIE aseguró que dentro de lo que no puede financiar el banco son armas, municiones, entre otras cosas, para la guerra. Además, tienen prohibido financiar instituciones o países sancionados. “No podemos trabajar con países que tengan sanciones. Por ejemplo, con la guerra de Rusia y Ucrania, a Rusia le impusieron sanciones, así que no podemos trabajar con compañías rusas… Si el régimen de sanciones se expande en Nicaragua, entonces va a limitar la capacidad de que el BCIE pueda seguir financiando”, expuso Mossi.Sobre los reclamos de las comunidades afrodescendientes e indígenas acerca de los mecanismos de resarcimiento del Fondo Verde para el Clima, un programa para promover la conservación y restauración forestal de las reservas naturales Bosawas y el Río San Juan, Mossi negó que este sea un proyecto del BCIE, cuando en su propia página web se publicó la aprobación de $64.1 millones para este proyecto. “Las consultas no son del BCIE, sino del Gobierno de Nicaragua”, dijo Mossi. “Parte de esos reclamos es que se asevera que no hemos escuchado nada”, explicó luego de los cuestionamientos.

La información que publicamos en DIVERGENTES proviene de fuentes contrastadas. Debido a la situación en la región, muchas veces, nos vemos obligados a protegerlas bajo seudónimo o anonimato. Desafortunadamente, algunos gobiernos de la región, con el régimen de Nicaragua a la cabeza, no ofrecen información o censuran a los medios independientes. Por ello, a pesar de solicitarlo, no podemos contar con versiones oficiales autorizadas. Recurrimos al análisis de datos, a las fuentes internas anónimas, o las limitadas informaciones de los medios oficialistas. Estas son las condiciones en las que ejercemos un oficio que, en muchos casos, nos cuesta la seguridad y la vida. Seguiremos informando.

El lunes 6 de marzo, en una aldea de Comayagua, nueve personas fueron asesinadas en una emboscada, de las cuales seis eran miembros de una misma familia. El suceso conmocionó al país ya que fue parte de una serie de homicidios múltiples ocurridos desde principios de 2023 en plena vigencia del estado de excepción. Esta última tragedia simboliza el fracaso del plan de seguridad del Gobierno y ejemplifica la desprotección en que viven los que quedan después de una masacre, abandonados por la institución policial que les prometió protección.


Texto : Célia Pousset
Fotografías : Jorge Cabrera

Son casi las ocho de la mañana y un grupo de niños y niñas caminaban hacia la escuela «Dulces Sueños» en donde estaban apunto de comenzar las clases. Caminaban en la carretera de tierra entre la aldea Ojo de Agua y Corralito con su uniforme de camisa blanca a la orilla de los cafetales empolvados de esta región montañosa, a cincuenta kilómetros al norte de Comayagua. A la misma hora, cuesta arriba, enfrente de la casa de los Aguilar Del Cid, arrancó un convoy de vehículos transportando seis ataúdes.

Tres patrullas policiales y tres pick-up privados, acompañados por un puñado de motos, emprendieron un viaje hacia el cementerio de La Laguna. Llevaban seis de las nueve víctimas de la masacre del lunes 6 de marzo, la novena registrada desde principios de 2023 en un país bajo estado de excepción.

Los que se aglomeraban en silencio alrededor de los ataúdes transportados en las pailas de los pick ups, son los que habían asistido al velorio de Linder Aguilar del Cid, Miguel Aguilar del Cid, Carlos Humberto Alguilar del Cid, Henry Ismael Aguilar Del Cid, Ismael Aguilar Morales y José Aguilar Morales. Eran cuatro hermanos de entre 20 y 29 años y dos de sus tíos ; todos acribillados en una vuelta de esa misma carretera de tierra. Iban de regreso a casa después de haber dejado al padre y hermano en el hospital San Felipe en Tegucigalpa, en donde iba a someterse a una cirugía. 

En el pick-up emboscado iban también Rosa Delia Canales, oriunda de Corralito, y los pastores Hernán Dominguez y Edwin Anael Hernández quienes habían pedido aventón hacia la comunidad y también fueron asesinados.

Mientras el convoy funerario avanzaba a baja velocidad entre baches y piedras, pasó enfrente de la casa de la familia de Rosa Delia. «Van a bajar después a la maestra», explica Esmeralda, prima de los cuatro hermanos asesinados. Aquí todos llaman a esa mujer «la maestra» ya que solicitaba una plaza para enseñar en la zona de Corralito. A ella también la van a enterrar en el cementerio de La Laguna esta mañana del miércoles 8 de marzo. 

Esmeralda llevaba dos días sin dormir, pasó una noche en la morgue de Tegucigalpa y otra en el velorio. «Nadita pudimos dormir desde que la policía nos trajo a la capital para recuperar los cuerpos», dijo. Se quedó un día entero en Medicina Legal, tramitando constancias para obtener donaciones de ataúdes y esperando que los peritos terminaran las autopsias. Pero Esmeralda no era la única esperando. Aquel día, además de los 9 de Comayagua, 6 cadáveres más ingresaron a la morgue del Ministerio Público por muerte violenta. 

En la morgue, los familiares de las víctimas se las ingeniaron para cumplir con todos los requisitos. A Doña Sonia, viuda de Hernán Dominguez, una técnica forense le exigió una foto de su esposo sonriendo. «Tiene que sonreír porque debemos verle los dientes», insistió la funcionaria ya que esto les facilita la identificación de los cuerpos. Doña Sonia había llegado con su hijo de 18 años y lo único que tenían a la mano era el documento de identidad de Hernán. Con la mirada vacía, buscaron en un celular su sonrisa. «Miren ¿Hay alguien en su casa? Deberían de llamar para que les mande una foto de un cuadro», les sugirió Rosa Ondina del Cid, mientras esperaba los cuerpos de cuatro sobrinos y dos hermanos. 

María Ángela, viuda de José Aguilar –el hombre que manejaba el pick-up y que fue acribillado primero– iba y venía entre una silla de la sala de espera y un lugar afuera del edificio donde tres empleadas de la funeraria «La Príncipe» recibían a los familiares. Esa funeraria trabaja con la morgue judicial y, entre otros servicios, se encarga de proporcionar ataúdes y mortajas y de preparar los cuerpos a familias de escasos recursos. 

José Aguilar cultivaba maíz y café, y tenía tres hijas. María Ángela no contaba con el dinero para pagar la sepultura, por lo tanto se convirtió también en una beneficiaria de los denominados «ataúdes del pueblo», una iniciativa de la Municipalidad de Tegucigalpa implementada por primera vez por el exalcalde Nasry Asfura. De las nueve víctimas de la masacre, siete familias tuvieron que solicitar esa ayuda de la municipalidad y los otros dos ataúdes fueron donados por la funeraria «Divino Redentor» de Comayagua. 

En las primeras horas después de la tragedia y mientras la familia pasaba su luto en medio del terror, miembros de la policía trasladaron a los familiares de Comayagua a Tegucigalpa y aseguraron el transporte de los cuerpos. Al regreso, fueron los militares los que se encargaron de llevar los ataúdes a casa. Pero el apoyo de estas instituciones no duró mucho. Al día siguiente, nada podía hacer la Policía Nacional para ayudar a la familia Aguilar Del Cid pues no tenían capacidad para movilizar una patrulla para llevar a Dionisio al hospital, tampoco podían resguardar su casa y protegerla de un posible ataque. Pocas horas después del shock, la indiferencia estatal adquiría su dimensión más perversa.

En la carretera zigzagueante entre Ojo de Agua y Corralito, algunos metros antes de llegar al cementerio, el convoy pasó frente a la escuela «Dulces Sueños» donde los alumnos esperaban sentados detrás de sus mesas. El timbre que anuncia el cambio de clases sonó, pero nadie escuchaba, pues la profesora, parada en el umbral de la puerta, fotografiaba con su celular la procesión de los seis cuerpos de los miembros de la familia campesina de Comayagua.

Las patrullas policiales trasladaron los ataúdes que en su interior contenían los cuerpos de seis de las nueve personas que perecieron en la masacre en Corralito, Comayagua. Foto CC/Jorge Cabrera

«Sólo Dios sabe por qué»

Para la gente de Corralito y de las aldeas vecinas, el motivo de la masacre es un misterio. O así dicen. Nadie se atreve a hacer suposiciones de por qué se emboscó a la familia Aguilar Del Cid. El silencio está cargado de miedo y recelo. Unas 300 personas asistieron al entierro, algunas de ellas no eran de la comunidad. «Vienen de lejos», dijo Don Gustavo, un hombre con sombrero ancho que habita La Laguna desde hace 67 años.

Don Gustavo aseguró que la zona era «sana» y que nunca había vivido algo parecido, pero que últimamente ha empezado a haber más movimiento de personas «ajenas a la comunidad». Contó que aquella tarde de la masacre se celebraba un cumpleaños y que los cohetes resonaban en el aire. Cuando escuchó la balacera –que «duró bastante»– pensó «Eso no es el cumpleaños». Pero, como la mayoría de los demás en el velorio, no tiene idea de lo que pudo ocurrir, «Nadie sabe, sólo Dios sabe».

Rosa Ondina del Cid, tía y hermana de los difuntos, negó que haya problemas de tierra en la comunidad y mencionó rumores de una amenaza que estaría pesando sobre la familia Aguilar Del Cid. «He oído hablar de un mensaje que dice que van a matar a toda la familia», murmuró mientras se abrían por última vez los ataúdes, dejando entrever las caras de los muertos. Rosa Ondina no sabe de dónde viene el rumor. No ha visto el mensaje ni sabe quién puede tenerlo.

Poco a poco, grupos de personas treparon hacia las alturas del cementerio donde se habían abierto las fosas. Algunas más se esparcieron entre las tumbas, e inmóviles como espantapájaros, observaban desde lejos los ataúdes que bajaban en la tierra.

Los allegados empezaron a echar puñados de tierra en los ataúdes. María Ángela se encontraba al borde de la fosa de su esposo fallecido José Aguilar cuando un hombre se acercó a ella. «En cuanto esté más tranquila, mañana o pasado, que vaya a hacer los trámites para recuperar el carro decomisado –le aconseja– hay que reparar la carrocería y venderlo». María Ángela contestó «gracias» y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca me hubiera imaginado vivir eso», dijo cuando el hombre se alejó. Su hija menor, quien se acurrucó entre sus brazos, empezó a chupar la cadena dorada que colgaba de su cuello.

Sobreviviente de masacre sin protección

En la casa de la familia Aguilar Del Cid, aun después del entierro, las velas iluminaban un altar. Debajo de los retratos colgados en la pared, seis vasos de agua estaban cubiertos por ramas de hierba en señal de ofrenda. El olor a morfina inundaba el cuarto. De regreso del entierro, la familia se sentó afuera en las sillas pláticas prestadas por la iglesia para el velorio. 

Dioniso Aguilar, el patriarca de la familia, enseñó a Contracorriente las plantaciones de café que rodean su propiedad. Posee tres manzanas de tierra en Corralito y seis manzanas más en Torriles, donde trabajaban sus cuatro hijos y sus dos hermanos asesinados. 

«No entiendo cómo sucedió. Me llevaron al hospital. Pero no me operaron porque al rato me llamaron para decirme que me habían fregado los hijos» contó Dioniso. Dijo que no recibieron amenazas y que no tenían problemas con nadie, «andábamos trabajando limpio, no teníamos enemigos». 

– ¿ Quién le avisó ?

– Mi hijo mayor, el que se salvó. 

Sentado en la tierra, con una rama en la mano y jugando con una hormiga, el hombre a quien señaló Dioniso escuchaba sin decir nada. Tenía los ojos enrojecidos y dirigió su mirada hacia su reloj de manera obsesiva. 

Es el testigo protegido que la Policía no está protegiendo y la fuente que el canal de televisión HCH expuso en una entrevista sin proteger su identidad. La Policía condenó esa exposición pública a través de un comunicado exigiendo la supresión de la entrevista.

Al cabo de algunos minutos, sin soltar su rama, el hombre de 30 años contó a Contracorriente lo que ha vivido, entre frases breves y sonrisas perdidas: «Eran las 4 :30 de la tarde. Eran entre 12 y 15 personas armadas. Yo estaba en la paila. Mataron primero al chofer que frenó y después hubo una balacera desde la derecha y los cuerpos cayeron sobre mí. Logré saltar de la paila. Me escapé. Reconocí a cuatro hombres que había visto en partidos de fútbol. Corrí una hora en el monte. Me siguieron. Llamé al 911 pero no contestaron, llamé a mi mujer, a mi padre […]»

«Yo también llamé al 911 y tampoco contestaron –añadió su esposa– le rogué a Dios que lo salvara porque no se podía contar con la Policía».

A la pregunta de por qué alguien podría querer dañar a su familia, el hombre mencionó a un primo que fue asesinado en junio del 2022 y a una familia de la zona que fue capturada por el hecho y que luego fue liberada. Dijo que cree que aquella familia pudo sospechar que los Aguilar Del Cid denunciaron a sus miembros. «Pero, no, no denunciamos a nadie» afirmó Dioniso.

En la pared de la humilde casa de la familia Aguilar del Cid cuelgan las fotografías de los seis integrantes que perecieron. Foto CC/Jorge Cabrera

Negligencia estatal en la protección de la familia

Durante su interrogatorio, el sobreviviente de la masacre declaró a la Dirección Policial de Investigación (DPI) que había reconocido a cuatro hombres y brindó sus nombres. Pero a pesar del alto riesgo de sufrir represalias, la policía no estaba cerca de la casa de los Aguilar Del Cid para proteger a sus miembros y tampoco sacó inmediatamente al testigo protegido de la comunidad.

Además, la policía había prometido a la familia apoyar con el traslado de Dioniso al hospital de Comayagua debido a su deteriorado estado de salud, pero según uno de los familiares, nadie en la Policía contestó el número de teléfono que les habían proporcionado. 

Cuando este medio intentó saber por qué no se había dado apoyo a la familia, el vocero policial, Norman Velásquez, admitió que no había ninguna patrulla disponible. «Tenemos un motín en el Centro Penal de Comayagua y no podemos movilizar un vehículo para la petición, porque si no otras zonas del departamento estarán desprotegidas –informó– pero mañana, pueden llamarnos y les brindaremos asistencia». 

Al día siguiente, la familia se preocupaba aún más por Dioniso, que no había comido ni dormido desde la masacre. Pero la respuesta fue la misma por parte de la policía. «Fíjese licenciada que se nos dañó un vehículo –detalló el vocero– y que los otros están ocupados».

Lo que se percibía como una negligencia cobró más fuerza cuando la familia llamó a Contracorriente para avisar que «hombres armados» vigilaban su casa desde un promontorio y que se sentían desprotegidos porque la Policía no estaba. Este medio llamó a la Policía para alertar y una patrulla se movilizó hasta la casa familiar.

Según la Policía, las seis personas eran «gente común» y no andaban armadas. «Estamos mandando patrullas en la zona. La policía realiza trabajos de prevención con diferentes operativos de registros donde se dio el lamentable hecho. Además ofrecemos una recompensa de 300,000 lempiras a la persona que brinde información sobre el paradero de los responsables», aseguró Velásquez. 

Después del suceso –señal de la zozobra y la paranoia en las que viven los que apenas empiezan el duelo– una parte de la familia fue trasladada a otro lugar por seguridad.

Según las últimas informaciones brindadas por las autoridades, hay cuatro órdenes de captura y una persona habría sido puesta a disposición del Ministerio Público de Comayagua.

Dionisio Aguilar, padre y hermano de las seis personas que perecieron en la masacre, mencionó que jamás ha tenido problemas y que no sabe por qué razón mataron a su familia. Foto CC/Jorge Cabrera

Policía Nacional: «La violencia no es un problema policial, sino un problema social»

La masacre en Comayagua ocurrió dos días después de la de Comayagüela, en el Distrito Central, en la que siete personas perdieron la vida. En Honduras, tanto las áreas urbanas como rurales están viviendo una ola de violencia que el Gobierno no logra detener. 

En un discurso proclamado a un año de haber tomado posesión de la presidencia, Xiomara Castro alardeó los buenos resultados del estado de excepción en términos de reducción de homicidios. Hoy, el mensaje ha cambiado y se hace alarmista. En un tweet publicado a las 5 de la mañana del día siguiente del asesinato múltiple de Comayagua, la Presidenta dio un ultimatum a la Secretaría de Seguridad: «Todo lo que me han solicitado se los he resuelto. Control Nacional de los Centros Penitenciarios, traslado de la Fuerza Anti Maras, Dirección de Investigación e Inteligencia, Estado de excepción y ampliaciones en más del 60% del territorio nacional. No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios, entre otros. ¡Exijo contundentes acciones y resultados en las próximas 72 horas! ¡Se terminó el tiempo de espera!»

La Secretaría de Seguridad organizó el mismo día una conferencia de prensa para presentar los avances investigativos sobre los casos de Comayagua y Comayaguela. El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, estaba presente pero se quedó sentado, no contestó las preguntas de periodistas y se conformó con decir que «los hechos trágicos están bajo la lupa de la investigación criminal» y que «no es fácil cambiar una conducta que viene desde hace años». 

A su vez, el director de la Policía, Gustavo Sánchez, apuntó un problema de presupuesto y de conducta social del pueblo hondureño. «Honduras es un país pobre, no tenemos todos los recursos disponibles. Tuvimos una depuración de la policía que nos privó de un tercio de los efectivos. Ahora tenemos 20,000 agentes policiales y la meta es de 28,000 […]. Estamos trabajando fuerte, pero hay una conducta social que desestabiliza todas las estrategias que estamos implementando. Recordemos que la problemática es social, no es policial». Añadió que en Honduras «tenemos un problema de convivencia en las zonas rurales causado por el uso de bebidas alcohólicas». 

Sánchez estimó que la Policía Nacional ha logrado una disminución sostenida de los homicidios, y mostró, a modo de prueba, una tabla que compara los años 2021, 2022 y 2023. Pero últimamente la reducción se hace poco evidente pues hasta el 7 de marzo de este año se registraron 60 homicidios, contra los 64 del mismo período en 2022. 

Las masacres ocurren en medio de la crisis del Sistema Nacional de Emergencia 911 cuyas cámaras no funcionan de manera adecuada y cuya línea telefónica no cumple con su función. 

En el caso de Comayagua, un sobreviviente de la masacre llamó varias veces al 911 mientras huía de la escena del crimen, pero sus tres llamadas no fueron atendidas.

En 2022, la Policía Nacional registró 55 homicidios en el municipio de Comayagua. En comparación, se reportaron 362 homicidios en el Distrito Central, 246 en San Pedro Sula, 116 en Choloma, 86 en Catacamas y 82 en La Ceiba. Según el portavoz de la Policía de Comayagua, Norman Velásquez, el municipio presenta « índices de violencia con menor incidencia» y «los delitos por los que más se remiten capturados al Ministerio Público son por violencia doméstica y maltrato familiar». 

La situación de violencia en el departamento de Comayagua se deterioró en los últimos años. En 2021, el boletín regional del Observatorio de la Violencia que cubre Comayagua, La Paz e Intibucá, registró una tasa de homicidios de 46,1 por cada 100,000 habitantes, lo que representó un aumento de 12,6 % respecto a 2020. Ese año fue inaugurado el aeropuerto internacional de Palmerola, un proyecto que generó incomodidad por parte de los habitantes que temían el auge de las actividades delictivas. El boletín detalla los posibles móviles de los homicidios en el departamento: el ajuste de cuentas (sicariato) representa el más alto porcentaje con 31.1% de los casos, seguido por las riñas interpersonales con un 30.3% y los robos.

De manera general, las zonas rurales no están bajo el control de pandillas, pero ejercen influencia en esas zonas a través de la venta de droga en el mercado local.


El portavoz negó a Contracorriente que Comayagua sea un corredor de la droga, ya que «sólo se incautan pequeñas cantidades de sustancias ilícitas». Respecto a la masacre, aseguró que «es un tema familiar, nada de maras. Son personas que buscan arreglar problemas por sus propias manos».

La policía hace requisas de los vehículos que transitan por la carretera desolada de corralito. Foto CC/Jorge Cabrera

La «vendetta» es el móvil que la Policía Nacional ha puesto en primer lugar en su discurso ante la ciudadanía. En la conferencia de prensa realizada al día siguiente de la masacre, el director de la institución, Gustavo Sánchez, declaró que el «móvil está bajo reserva», pero el vocero de la PN, Miguel Martínez, evocó «problemas de tierra entre familias».

El lunes 13 de marzo, a las 6 de la tarde, la Presidenta Xiomara Castro convocó a la Secretaría de Seguridad, la Dirección de la Policía y de la Policía Militar en Casa Presidencial para que presenten «resultados y propuestas para detener la escalada de violencia». Fue una reunión a puerta cerrada donde participaron también Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, y Rebeca Ráquel, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Pero al salir de ella, no hubo declaración de ninguna de las partes presentes y se reprogramó una reunión para el jueves. 

Mientras tanto, la familia Aguilar Del Cid sigue esperando protección. Esmeralda, la prima de los cuatro hermanos, envió un mensaje a Contracorriente diciendo que«hay bastante temor en la familia. Yo tengo miedo. Imagínese, ya cuántos de mi familia murieron. Lo que ha pasado es algo muy difícil de poder asimilar y poder entender por qué seres queridos ya no están con nosotros. Algunas personas dicen que han dejado un rótulo indicando que van a acabar con toda la familia. No sabemos si eso es verdad, pero imagínese, hasta a nosotros nos pueden matar. A mí, a mis hermanos, a mi familia».

La propuesta de una reforma tributaria por parte del Gobierno dirigido por Xiomara Castro provocó la inmediata reacción del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que manifestó que no hay resistencia a una revisión de las exoneraciones fiscales, pero que no están de acuerdo con la ley propuesta por la administración. «Mejor que digan se prohíbe la inversión privada», dijo en conferencia de prensa el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho. Por su parte, el gobierno sostiene que si no hacen estas reformas Honduras caería en la categoría de «paraíso fiscal».


Texto: Allan Bu

Fotografía: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

El miércoles 8 de marzo, el ministro de la Secretaría de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, el secretario de la Presidencia, Héctor Zelaya, y el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, se reunieron con dirigentes del sector privado para presentarles un proyecto denominado Ley de Justicia Tributaria. De acuerdo con esta propuesta de ley –que aún no ha llegado al Congreso Nacional– se eliminarían 10 de los 18 regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales que existen en el país. También se pretende crear figuras para combatir la evasión fiscal.

La administración actual asegura que, solo en el 2022, Honduras dejó de percibir casi 60,000 millones de lempiras en impuestos y que la mayoría de estos beneficios se le otorgaron a los más ricos del país. 

El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, calificó la propuesta del Gobierno como «peligrosa» y agregó en relación con una reforma tributaria, «que nos expliquen si quieren que se mantengan o no las empresas» dijo en un claro rechazo a lo pretendido por la administración de Xiomara Castro. 

En apariciones en medios de comunicación del país, funcionarios como Rixi Moncada (ministra de Finanzas), Rodolfo Pastor (ministro de Presidencia) y la presidenta Xiomara Castro han hecho referencia a que en Honduras actualmente existe un modelo tributario «injusto»que aumenta los privilegios de los más ricos recrudeciendo la desigualdad y la exclusión. En la propuesta de ley compartida por la SAR a los medios de comunicación, el ministro Marlon Ochoa, aseguró «que la estructura tributaria heredada de 12 años de gobiernos al servicio de las élites es una memoria viva del despojo». 

Ramón Barrios, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) en el Congreso Nacional, le dijo a Contracorriente que quienes no están de acuerdo con la reforma tributaria son los grandes empresarios y que en el país debería existir un sistema tributario progresivo en el que las grandes fortunas y patrimonios contribuyan con más impuestos al Estado. Barrios aseguró que en Honduras «los grandes empresarios usualmente tienen sus empresas como sociedades anónimas y con esto ellos contribuyen con menos impuestos que usted y yo que estamos en una nómina, porque al ser sociedad anónima tributan [los empresarios] mucho menos de lo que deberían y a eso usted les suma que usualmente esas grandes fortunas son las beneficiadas con las exoneraciones en Honduras, en conclusión: son los que pagan menos», afirmó. 

La propuesta de una reforma tributaria no tiene el consenso de todos los funcionarios del actual gobierno, pues en un debate transmitido por Canal 5, los ministros Marlon Ochoa y Pedro Barquero, establecieron posiciones muy distintas. Barquero declaró que él no conoció el proyecto de ley hasta el día que se lo presentaron a los empresarios y Ochoa le respondió que no lo conocía porque no estaba de acuerdo con la propuesta.

Ochoa agregó que el Gobierno se plantea derogar estos regímenes que tienen características abusivas, «la propuesta busca eliminar los abusos y en segundo lugar busca profundizar la justicia tributaria. Este sistema económico está diseñado para el beneficio de unas cuántas familias » dijo. 

Barquero expuso que considera que la propuesta «no es la medicina que nos va a curar de los males que en gran parte Marlon ha descrito bien. Yo estoy de acuerdo y me consta que han habido abusos, pero no son la mayoría y con el marco legal que tenemos suficientes herramientas para castigar estos abusos». 

En el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria presentado por la SAR al Cohep se contempla que se derogarán 10 regímenes de beneficios para «evitar la inscripción de nuevas empresas en marcos legales desnaturalizados, abusivos y lesivos». 

Hay que aclarar que las empresas ya inscritas en los 10 regímenes que desaparecerán, mantendrán los beneficios por el tiempo acordado pero ya no se admitirán más. Los regímenes que se propone eliminar son: Zonas Libres (le quedan 27 años), Régimen de Importación Temporal (14 años), Call Center (duración no disponible), Energía Renovable (tiempo de duración de los contratos), Energía Térmica (tiempo de duración de los contratos), Agroindustrial (creado en el 2006), Fomento al Turismo (20 años), Transporte Terrestre, ZOLITUR (17 años) y Alianza Pública Privada (tiempo de duración del contrato).

Proyecto de justicia tributaria confronta al Gobierno con empresarios
Curules parlamentarios antes de una sesión legislativa en el Congreso Nacional en la que se discutirá el proyecto de ley de reforma tributaria cuando sea presentada en este poder del Estado. Foto CC/Jorge Cabrera.

En su artículo 1, el proyecto de ley establece que tiene por objetivo promover las inversiones públicas, privadas y mixtas para la generación de empleo como mecanismo de erradicación de la pobreza y contención de la migración. 

La pobreza en Honduras ha alcanzado al 73 % de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y la migración no se ha detenido pues diariamente cientos de hondureños salen del país especialmente rumbo a los Estados Unidos. El año pasado, los migrantes enviaron más de 8,700 millones de dólares en remesas. 

Ese proyecto de ley también indica que las empresas inscritas en los regímenes revocados mantendrán sus beneficios por «el tiempo de goce dictaminado en la instancia correspondiente»pero también, en su artículo 14, se señala que gozarán del beneficio otorgado hasta la finalización contemplada en la ley que le dio origen «excepto cuando la Sefin cancele estos beneficios de conformidad con los casos y los efectos establecidos en el Código Tributario». Los casos contenidos en el mismo instrumento jurídico son el uso indebido o el abuso en perjuicio del Fisco y que los beneficiados hayan incumplido los compromisos y objetivos estipulados en el régimen al que se adhirieron. 

La propuesta de ley no contempla el final de las exoneraciones, propone derogar 10 regímenes de los 18 existentes y enmarcar la creación de dos instrumentos, uno para la inversión nacional y otro para la extranjera. Ambos tendrán una duración de cinco años con la posibilidad de renovarse a conveniencia de las partes. 

En lo relacionado con el mercado nacional, la Ley ordena la creación del Régimen de Incentivos para las Inversiones para el Desarrollo (RINDE), que será administrado por la SAR y tendrá por propósito «aumentar la rentabilidad de las inversiones enmarcadas en la presente Ley». En los beneficios se contempla la deducción del doble del gasto en empleos permanentes con salario no inferior al salario mínimo vigente. Estipula la Ley que, «por cada un (1) lempira gastado en estos empleos, se podrá deducir un (1) lempira adicional».

La inversión extranjera podrá adherirse al Régimen de Zonas Francas las cuales tendrán por propósito, según la propuesta de ley, fomentar la inversión extranjera directa, promover las exportaciones y aumentar la competitividad del país y generar empleo y obtener una mayor generación de divisas. Los incentivos en este régimen no difieren mucho del anterior: exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y sus impuestos conexos sobre utilidades, exoneración del Impuesto Sobre la Venta (ISV) y exoneración de pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos y derechos consulares y demás impuestos que tengan relación con las operaciones aduaneras. 

El proyecto de Ley de Justicia Tributaria contiene otros elementos como retornar al principio de renta mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de las grandes empresas a paraísos fiscales. De acuerdo con las justificaciones de la Ley, entre 2017 y 2023 se dejaron de percibir 57 mil millones de lempiras en impuestos por la reforma introducida al Código Tributario. De aprobarse el cambio, 503 empresas y personas naturales empezarían a pagar por los ingresos percibidos en el exterior. 

Con el principio de renta mundial, el Estado determina poner impuestos a sus habitantes por las utilidades que produzcan, sin importar si estos ingresos se producen dentro o fuera del territorio. En la región, este principio es utilizado por países como Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, México y Venezuela.

Además, se propone aprobar la figura de beneficiario final con la que se pretende, señala la Ley, evitar que las empresas escondan a los principales beneficiarios de sus utilidades y evadan el pago de impuestos a través de complejas cadenas de propiedad. En la presentación, la SAR mencionó que una forma de evasión fiscal es que la empresa hondureña pertenece a un holding de empresas establecido en Panamá u otro paraíso fiscal, pero la persona natural beneficiaria de las utilidades está en Honduras. Contracorriente participó en una investigación internacional en la que se demostró que varios políticos y empresarios hondureños estaban ligados a offshore ubicadas en Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cortés (CCIC), presentó un análisis en donde aseguró que a pesar que el proyecto de ley presenta algunos avances en materia de transparencia y colaboración para evitar la evasión fiscal «la empresa privada ve con preocupación un proyecto de ley que contiene más bien una reforma ideológica, cargada de resentimiento y apasionamiento, en vez de sustentarse en criterios económicos y técnicos con una perspectiva objetiva que verdaderamente promueva el desarrollo del país».

Facussé criticó la pretensión del Gobierno de eliminar todos los regímenes existentes, asegurando que eso envía un mensaje de que «todas las empresas y todas las actividades son malas», lo que a su juicio está alejado de la verdad. Afirmó además que estos regímenes, que se pretenden eliminar, son manejados por muchos países vecinos y alrededor del mundo como instrumentos de desarrollo económico. «Honduras no es una isla, competimos para atraer inversión, nacional y extranjera, el trabajo que tenemos que hacer es corregir lo que está malo, proteger lo que está bueno para desarrollar la economía», expresó.

El presidente de la CCIC argumentó que el sector privado jamás avalará «abusos o ilegalidades», al tiempo que expresó que «se debe evaluar régimen por régimen, exonerados por exonerados y comparar beneficio con costo para el Estado».

Sobre los dos nuevos regímenes propuestos en el proyecto de ley —Régimen de Zonas Francas y RINDE —, Facussé manifestó que el Régimen de Zonas Francas es «discriminatorio» y que de aprobarse así como está «para el hondureño será prohibido invertir en industrias de exportación, ya que el proyecto limita a que sea capital en su mayoría extranjero el que pueda invertir en este régimen, esto es totalmente discriminatorio y errado».

Proyecto de justicia tributaria confronta al Gobierno con empresarios
Fachada de la oficina del Cohep en Tegucigalpa.Foto CC/Fernando Destephen

Regímenes de exoneraciones

El primer régimen de exoneraciones que se creó en el país fue el de la Zonas Libres (ZOLI), ley emitida en 1976 y que en aquel momento constituyó la Zona Libre de Puerto Cortés. Esa ley establecía que en dicha zona podrían establecerse y funcionar «empresas comerciales e industriales, básicamente de exportación y de actividades conexas o complementarias, nacionales y extranjeras, bajo el régimen que se establece en la presente Ley».

En el artículo 4 de dicha ley se exonera a las empresas inscritas a ZOLI de impuestos arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internos, de consumo y demás impuestos y gravámenes que tengan relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras de importación y exportación. Además, se les exime de impuestos y cobros municipales y el cobro de impuesto sobre la renta por ganancias.

Bajo este régimen operan gran cantidad empresas exoneradas dedicadas a diferentes rubros y actividades económicas como las maquilas, call center, agrícolas, entre otras. De acuerdo con un estudio realizado de las zonas libres en Latinoamérica, en 2018 había 600 «zonas francas» establecidas en la región, albergando más de 13.000 empresas. En ese documento se registra que en Honduras hay 39 zonas francas que albergan 289 empresas. 

Las empresas que se encuentran bajo el régimen de Zonas Libres están exentas del Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto sobre los combustibles —que para el resto de población ronda entre el 30 y 40% del costo— y Derecho Arancelario de Importación (DAI).

En 1984, o sea, hace casi 40 años, se legisló para crear el Régimen de Importación Temporal que permite la importación de materias primas, mercancía semielaborada y maquinaria sin pago de impuestos del ISR y el DAI. La justificación fue aumentar las exportaciones con el perdón fiscal. En el decreto del régimen se solicita «una declaración jurada, en la cual, hará constar el uso que se haya hecho de todos los bienes importados durante cada semestre bajo este mecanismo de importación temporal, lo mismo que la información relativa al valor, cantidad, clase o tipo y destino de los bienes exportados». 

Otro de los regímenes es el de Energía Renovable que empezó en el 2007, cuando el presidente de la República era José Manuel Zelaya Rosales y el presidente del Congreso Nacional era Roberto Micheletti. Entre los incentivos aparecían la exoneración del ISV, el ISR y el pago de todos los impuestos, tasas y aranceles para aquellos equipos relacionados a la generación de energía renovable. Este régimen tuvo reformas en el 2013 y 2020. Aunque no todas las empresas están exoneradas de todos los impuestos contemplados, en el portal de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) hay 753 registros adheridos al régimen. En 1994, durante la administración de Rafael Leonardo Callejas se creó el Régimen de Energía Térmica, en el cual los beneficiarios no pagan ISR, impuesto al combustible y derecho arancelario.

También en el 2006, cuando gobernaba Zelaya Rosales, el Legislativo creó Zolitur con el propósito de impulsar el turismo en las Islas de la Bahía que tuvo reformas en el 2011, 2012, 2013 y 2021. Los registrados al régimen, que pueden ser empresas o personas naturales, están exonerados de pagar el ISR, ISV, Impuesto al combustible y el derecho arancelario. En el 2017 se emitió la Ley de Fomento al Turismo que contiene básicamente las mismas exoneraciones que ZOLITUR, excepto el (ACPV). 

Otro de los regímenes es el de las Alianzas Público Privadas. Bajo este esquema entraron a operar proyectos como el corredor logístico, que une San Pedro Sula y Tegucigalpa, Siglo XXI, Palmerola Airports y el Centro Cívico Gubernamental. En estas obras el Estado fue un gran inversionista, pero después, el bondadoso benefactor, eximió a los socios privados de pagar ISR, ISV, ACVP y el derecho arancelario de importación.

Proyecto de justicia tributaria confronta al Gobierno con empresarios
Imagen del interior del Centro Cívico Gubernamental (CCG).Foto CC/Fernando Destephen

Hay un régimen orientado a las empresas agroindustriales que fue establecido en el 2006 a través del cual las empresas agroindustriales se exoneran del pago del ISV por concepto de importación o compra local de maquinaria, equipos y materiales de riego, sistema de riego para agricultura, material de limpieza industrial, empaque y envases, que intervienen directamente en el producto agroindustrial final comercializable. En el 2012, se dio un régimen especial a la industria de los call center, sector que se dedica al proceso de tercerización de distintos tipos de servicios que hacen las empresas. 

A través de una solicitud de información, Contracorriente tuvo acceso a los montos exonerados por régimen en el año 2021 y parte del 2022 (para 2023 no se cuenta con datos sobre las exoneraciones del ISR).

El régimen que más gasto tributario generó para el Estado fue el de Zonas Libres, por el cual, 292 empresas en el 2021 y 276 en el 2022, dejaron de pagar 3, 293 millones de lempiras. En un análisis realizado por el Gobierno, del período 2016-19 se refleja que 348 empresas fueron exoneradas anualmente de un promedio de 4,700 millones de lempiras, por lo que en cuatro años solo este régimen generó un gasto tributario de 19 mil millones de lempiras. La SEFIN asegura que en ese período 92 empresas obtuvieron exoneraciones por montos mayores a lo que exportaban.

Bajo el régimen de las APP, entre 2021 y 2022, se exoneró a 11 empresas de pagar un poco más de 1,490 millones de lempiras. Con el decreto de bienes y servicios exento, se le eximió de pagar únicamente a tres empresas la cantidad de 1,816 millones de lempiras. De acuerdo con el portal de la Sefin, las tres empresas exoneradas con este régimen en 2021 y 2022 son Comercial Laeisz, Rentas Americas Honduras, SA de CV y la térmica Luz y Fuerza de San Lorenzo S. A. de C.V. (LUFUSA), que pertenece a la familia Kafie

En el mismo período, entre 2021 y 2022, las empresas adheridas al régimen para incentivar la producción de energía renovable, fueron dispensadas con un poco más 2,267 millones HNL, según la información enviada por la SEFIN a Contracorriente. En total, fueron 124 empresas –64 en el 2021 y 60 en el 2022– las que gozaron de estos beneficios. Curiosamente, más del 50 % del porcentaje de las exoneraciones para la producción de energía limpia—alrededor de 1,382 millones de lempiras– se le dispensaron a estas empresas en el impuesto por combustible. 

Datos proporcionados por el Gobierno actual indican que entre 2009 y 2022 se crearon 6 regímenes nuevos de exoneraciones fiscales, además, la información indica que se ampliaron 11 beneficios ya existentes en regímenes ya existentes. 

En los 13 años antes mencionados, el Estado dejó de percibir 451, 000 millones de lempiras en exoneraciones y exenciones fiscales, según información de la SAR, que también indica que el 98 % de las exoneraciones se concedieron al 20 % más rico del país. El 80 % más pobre de la población apenas recibió un poco más de 1 % del monto que fue exonerado. Desde el Gobierno se menciona que entre 2019 y 2021, 25 grupos económicos concentraron más de la mitad (50.59%) del monto total de exoneraciones a través de 137 empresas.

En su disertación ante los medios de comunicación, el director ejecutivo del COHEP, Armando Urtecho, pidió que si habían empresas que habían hecho uso indebido de las exoneraciones que se las exhiba y sancione, pero que no se condene a todo el sector. 

Por su parte, el economista Rafael Delgado Elvir dijo a este medio que Honduras debe crear un sistema tributario que se base en principios de eficiencia y justicia y lo que tenemos en este momento no es un sistema que responda a esas condiciones, «empezando porque la tributación que descansa sobre el ISV que es un impuesto que grava los artículos que uno consume y no hace diferencia de rico o pobre, lo pagamos todos por igual».

Proyecto de justicia tributaria confronta al Gobierno con empresarios
Un hombre carga un saco donde transporta el plástico recolectado para luego venderlo.Foto CC/Jorge Cabrera

Delgado destacó que el ISR, que es un impuesto que grava según ganancias o propiedades no es tan importante, como el ISV y sostiene que por eso se califica al sistema tributario hondureño como regresivo, «que castiga proporcionalmente más a los que tienen menos ingresos».

Días antes de la publicación de la propuesta, el presidente del Cohep, Mateo Yibrín, respondió a las perspectivas de recaudación que tiene el Gobierno, que menciona que se dejan de percibir casi 60.000 millones de lempiras por las exoneraciones y con esto hay una acentuación de privilegios: «Ese es un discurso de este y anteriores gobiernos, de los 49,755 millones HNL registrados en 2021, L18,015.2 millones son incentivos para las empresas y 28,479 millones HNL son exenciones, que favorecen a los consumidores, con lo cual los referidos “privilegios” son un 36 % del gasto tributario, que tiene un retorno social y productivo, pues facilitan inversiones, producción, exportaciones, empleo y otros impuestos al gobierno y alcaldías», dijo el dirigente empresarial. 

La reunión que crispó los ánimos con el sector privado

En la reunión entre los representantes del gobierno y el COHEP, el ministro Ochoa dijo que en 12 años se habían otorgado en exoneraciones por más de 451.000 millones de lempiras y que de no haber existido esos beneficios no tendríamos deuda pública, «el objetivo del proyecto es, por lo tanto, revertir este sistema de privilegios que poco beneficio le han traído el pueblo hondureño y crear en su lugar un sistema tributario justo y nuevos regímenes de exoneraciones que efectivamente estén vinculados a la contraprestación social y económica que recibe el pueblo que es el empleo». 

El Cohep mostró su posicionamiento en contra del proyecto de reforma tributaria en una conferencia de prensa en la que Armando Urtecho, director ejecutivo de la organización, manifestó que jamás se han opuesto a la revisión de las exoneraciones y exenciones y que los gobiernos «quieren poner en la mente del hondureño que el sector privado se ha aprovechado en perjuicio de la población, eso es lo que han querido hacer, lo que pasa que no lo dicen de esa manera, no lo dicen porque son cobardes y saben que nosotros le podemos responder», dijo. 

Urtecho manifestó que la propuesta del Gobierno, «[…] es peligrosa. Creemos que debemos ser serios y responsables al analizar este proyecto de justicia tributaria que no tiene nada de justicia». El representante empresarial pidió hacer un estudio serio y responsable y manifestó que no es «con sangre en las declaraciones no se van a corregir las cosas, es con estudios técnicos. Les llamamos a que estudien, a que revisen y a que no traten como enemigo al sector privado porque es lo que parece en las declaraciones de los funcionarios últimamente». 

Las declaraciones del director ejecutivo del Cohep fueron más allá respecto a la intención del Gobierno de aprobar un proyecto de reforma tributaria, según dijo es más fácil establecer un decreto que diga «se prohíbe la inversión privada en Honduras, hacer por decreto: cúmplase. Tienen las empresas tantos días para desaparecer”, así como lo hicieron en Nicaragua». 

La propuesta provocó la reacción de la embajadora estadounidense Laura Dogu quien manifestó en un evento en Tegucigalpa su preocupación «por el impacto que tendrá la nueva Ley de Justicia Tributaria en la creación de empleo y crecimiento económico». La diplomática consideró que la propuesta gubernamental no solo alejará nuevas inversiones, sino que podría provocar que las existentes se vayan a otro país. En contraste, destacó los esfuerzos para reducir los abusos provocados por los privilegios fiscales.

Inversiones, empleo y presupuesto

El presidente de Cohep, Mateo Yibrín, afirmó que cualquier reforma fiscal que sea manejada de manera secreta afectará la atracción de inversiones y generará incertidumbre, ya que del programa de inversiones para en el triángulo norte de Centroamérica solo entre el 5 % y 10 % de las inversiones está llegando a Honduras y con esto se deduce, añadió, que el clima de negocios en Guatemala y El Salvador es mejor que en el país. «Debemos hacer las reformas que permitan mejorar nuestro clima de negocios y la imagen de Honduras como destino de inversión», recalcó. 

Para el economista Rafael Delgado hay un «problema terrible»en ese proceso de la captación de inversiones y no es solamente en Honduras, también en otros países, especialmente los centroamericanos y es que dan incentivos fiscales «como un anzuelo para atraer inversión extranjera».

Delgado explicó que los desafíos para captar inversiones a nivel mundial hacen a algunos países caer en una espiral, pues luego viene otro país y hace lo mismo, después el vecino ofrece aún más beneficios hasta que «caemos en una competencia perversa donde cada vez más se conceden exoneraciones fiscales más profundas con la intención de captar algo de la inversión, pero ese proceso es fatal para la finanzas públicas y economía de un país», sentenció. 

Dijo además que a los inversionistas incluso se les ofrece otros beneficios como subsidios escondidos, pues a veces se congelan los salarios, se devalúa la moneda, entre otras medidas. En Honduras, por ejemplo, el salario mínimo del obrero de maquila, es el más bajo en la clasificación por sectores.

Proyecto de justicia tributaria confronta al Gobierno con empresarios
Empleados ingresan masivamente a una fábrica maquiladora en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen

Delgado manifestó que en las grandes economías del mundo también hay exoneraciones, pero que se hacen de forma muy cuidadosa y dirigida a unos sectores que se desean promover sin poner en riesgo a toda la situación fiscal y todo el contexto económico del país, «nosotros hemos abusado de esa herramienta y creo que eso debe pararse».

La reforma tributaria propuesta por el Gobierno puede ligarse a la interrogante de cómo hará el Gobierno para financiar el Presupuesto General de la República para el 2023, en la cual, para el Cohep y otros sectores, la expectativa de ingresos está sobreestimada

Mateo Yibrín explicó que en el Cohep se consideró que en la proyección de ingresos tributarios estimada para 2023 se fijó en una cifra de L144,000 millones, la cual indicó le parece «exagerada» tomando en consideración el histórico de los ingresos y el crecimiento de la economía en 2023, dados los efectos que «podríamos» tener, derivados de la recesión anunciada en nuestros principales mercados. «Las exoneraciones están más ligadas a la voluntad política del gobierno y los incentivos, dependerán del ritmo de la actividad económica», dijo.

El presidente del Cohep añadió que en el sector privado se ha insistido mucho en la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción; si se hace, «el Gobierno dispondrá de más fondos para atender los programas sociales y necesidad de inversiones productivas; además, el gobierno debe centrarse más en la reducción de gasto corriente donde los sueldos y salarios ya sobrepasan los 67 mil millones de lempiras solo para la administración central en lugar de generar nuevas cargas para las empresas y los ciudadanos». 

Al hablar sobre la corrupción, el diputado Barrios mencionó que en lo que va de Gobierno no han tenido denuncias de corrupción, aunque reconoció que eso no quiere decir que no haya, afirmó que viene la elección del Fiscal General este año, pero que el gran salto se dio eligiendo la Corte Suprema de Justicia. «El país va avanzando, vamos a elegir Tribunal Superior de Cuentas, esperamos cerrar este ciclo que contribuye a la lucha contra la impunidad con la llegada e instalación de la CICIH».

Rafael Delgado, afirmó que una vez reconocido que una reforma diseñada con amplios consensos es necesaria, también hay que pedir un plan para el mejoramiento en la calidad de la inversión y el gasto, «porque no le vamos a dar al Gobierno más dinero, con argumento de vamos a eliminar la injusticia tributaria, para seguir gastando y despilfarrando dinero, toda reforma tributaria debe ir atada a con resultados en el mejoramiento de la calidad del gasto y la inversión en el país, sino con la excusa de combatir la desigualdad le vamos a entregar más dinero al Gobierno para que lo despilfarre».

Escuchar el reportaje

A pesar de que el Partido Libertad y Refundación (Libre) prometió que gobernaría con una agenda feminista, algunos funcionarios públicos de ese partido han sido denunciados por violencia machista dentro o fuera de sus funciones. Algunas mujeres sobrevivientes a esta violencia no se han atrevido a denunciar debido al silencio –o apoyo implícito– de las autoridades del partido Libre y de la presidenta Xiomara Castro que nunca se han pronunciado públicamente por estos casos.


Texto: Vienna Herrera

Portada: Daniel Fonseca
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

Jairo López, delegado regional del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), era conocido públicamente como defensor de derechos humanos en el departamento de Choluteca, al sur de Honduras. Sin embargo, detrás de su activismo por los derechos humanos se ocultaba que López ejercía violencia física, emocional y económica contra su esposa quien lo ha denunciado ante el sistema de justicia.

«Pienso que mientras nosotras lo defendíamos, ese reino del terror estaba en su hogar», dijo Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU) que acompañó a López durante varios años mientras enfrentaba procesos judiciales, algunos aún abiertos, por su trabajo de defensor.

Desde 2015, ASOPODEUH y la organización ACI Participa acompañaron a Jairo con apoyo legal, incidencia, presentando su caso a nivel internacional y ante actores de libertad de expresión como las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19. «En 2018 ayudamos a que se desplazara con su familia a Tegucigalpa. Después de que fue encarcelado cuando cubría una manifestación, creímos que corría mucho riesgo porque prácticamente lo secuestró la policía. Entonces sugerimos que se viniera a Tegucigalpa, empezamos a buscar fondos para el desplazamiento» dijo Meza.

En ese acercamiento en el que visitaba el hogar que le había gestionado a Jairo, Dina Meza identificó señales de alerta, «yo miraba situaciones, como les visitaba constantemente en su apartamento hay unas características de la mujer agredida que uno ya identifica. No tenía para comprar productos esenciales para ella a pesar de que había recursos, él se los quedaba todos».

Meza contó que la esposa de Jairo había dejado su plaza como maestra en Choluteca por el desplazamiento, pero que esa situación la puso en mayor vulnerabilidad porque ahora dependía completamente de él a través del apoyo de las organizaciones. Una noche ella llamó a Meza para confesarle que sufría violencia.

Meza buscó a Jairo y le dijo que las organizaciones no apoyaban agresores, a lo que Jairo le respondió diciendo que ella «estaba parcializada y quería destruir su matrimonio». Aunque le fue ofrecido, la esposa de Jairo no quiso irse, ya estaba dentro de un círculo de violencia y tenía mucho miedo, «ella temblaba con la idea, la remití a Visitación Padilla para que empezara terapia para subir su autoestima. El problema es que él se iba con ella, él la aislaba y controlaba todo».

En enero de 2023, la esposa de Jairo decidió poner la denuncia por violencia doméstica y fue acompañada legalmente por el equipo de ACI Participa.

Jimmy Aguilera, coordinador de la unidad legal de ACI Participa Choluteca y representante del caso, explicó que primero hubo una audiencia de conciliación con el fin de que Jairo aceptara o no los hechos, pero mantuvo su postura de negarlo. «Al momento de presentarse a los juzgados iba arrogante, profirió palabras de insulto a periodistas en su mayoría mujeres que estaban cubriendo la nota […] Siempre llega a las audiencias acompañado de alrededor de cuatro hombres empleados del IHTT, que deberían estar ejerciendo labores porque para eso les pagan porque los problemas que está enfrentando Jairo son de índole personal».

El abogado añadió que su representada está siendo atendida psicológicamente porque ha tenido crisis nerviosas a raíz de esta la situación.

Un comunicado de la plataforma de mujeres 25 de noviembre y ASOPODEUH denunció que antes de la primera audiencia, el 19 de enero, Jairo hizo pactos con la policía y tenía rodeada a Karen.

«Le hacían operativos, la detenían, había motocicletas. Todo ese patrón que tuvo Jairo con la persecución del gobierno anterior se lo aplicó a su esposa. Creemos que ella corre mucho peligro», añadió Meza.

El comunicado de las organizaciones feministas recuerda que la presidenta firmó un compromiso con las organizaciones de mujeres para combatir la violencia hacia las mujeres en Honduras, «la presidenta debe prescindir de agresores en su gobierno», piden en él. Sin embargo, no hubo ninguna declaración pública sobre este caso y tampoco una revisión sobre la utilización de recursos y personal del IHTT para servir de apoyo a López en las audiencias de su caso.

Contracorriente contactó tanto a Jairo López como a su abogada, para escuchar su versión de los hechos y las denuncias. Al cierre de esta publicación, no habían respondido a la petición de entrevista. Sin embargo, Jairo López publicó en sus redes sociales uncomunicado el día de la audiencia, dónde aseguró que iba a «conciliación por un tema de su matrimonio».

Antes de ingresar a la audiencia, los medios locales que la cubrieron le consultaron a López de qué se le acusaba y no quiso dar detalles; al finalizar la audiencia dijo «Yo estoy relajado, tranquilo, no vengo a pelear. Ya mucho sufrí persecución en el narco-gobierno, quedan secuelas ¿Usted tiene matrimonio? Bueno, son problemas de mi matrimonio».

Mientras tanto, su abogada, Xiomara Waleska Barahona, confirmó a los medios locales que a López se le acusa de violencia física y psicológica, pero que la violencia física debió acreditarse con un examen en Medicina Forense, «solamente es la narración que ella hace, precisamente por eso se abre una instancia de proposición de medios de prueba y ahí es donde vamos a acreditar la parte defensora como la denunciante. Pero no hubo agresión, definitivamente es un relato», aseguró sonriente.

Las organizaciones que acompañan el caso mostraron a este medio las pruebas de que se remitió en enero la información del caso de Jairo López a instituciones y Secretarías de Estado para que se pronunciaran o dieran acompañamiento al caso, al cierre de esta publicación no han tenido respuesta y por temor a represalias no quisieron confirmar públicamente a qué instituciones buscaron.

El acoso laboral por género en el gobierno de Xiomara Castro

Soledad, a quién hemos puesto ese nombre para proteger su identidad, trabajaba en una dependencia dentro de una Secretaría de Estado. «Yo no quería trabajar ahí porque sabía que podía ser blanco de violencia política, pero mi compromiso era más grande», dijo y suspiró arrepentida.

Para Soledad, el liderazgo es una cualidad con la que nació, pero que también le ha traído problemas por ser mujer, «el director empieza a andar observando lo que yo hago, a perseguir a la gente que trabaja conmigo. Él creía que yo quería quitarle el puesto».

Soledad habló en algún momento con él, quería evitar problemas, «dijo que le fastidiaba que yo tuviera tanta capacidad. Hubo alguien que intervino en la situación, que dijo que el director se sentía intimidado por mis capacidades. Pero también siento que había un tema de clase también, porque la persona que empieza a ejercer liderazgo es una mujer, de clase baja, que no está al nivel».

A pesar de que habían hablado con el director y le había asegurado que no buscaba su puesto, «él seguía marginándome y desacreditando a través de comunicados mi trabajo, hacía reuniones y no me convocaba. Yo antes había sufrido una situación similar de acoso laboral en otro espacio, cuando empecé a ver esta misma situación de nuevo comencé a tener problemas, tuve que ir a atención psiquiátrica. Fui incapacitada y en este momento estoy aquí hablando porque estoy medicada».

La situación laboral de Soledad aún no está clara, no sabe si regresará a la institución o qué ruta tomar para este tipo de denuncias. Lo que sí sabe es que ha sufrido discriminación y acoso laboral por su género.

Un reportaje sobre acoso laboral publicado en el marco de la Iniciativa Spotlight destaca que, desde enero de 2017 hasta noviembre de 2022, el Ministerio Público recibió 188 denuncias por el delito de acoso laboral de las cuáles el 59 por ciento fueron presentadas por mujeres y el 51 por ciento de de los hechos que dieron lugar a esas denuncias ocurrieron en entidades públicas.

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Seguidoras del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) participan de una protesta en los bajos del Congreso Nacional durante una sesión legislativa. Foto CC/Jorge Cabrera

La violencia política de diferentes poderes del Estado

Un caso que se hizo público sobre denuncias por acoso sexual y violencia sexual fue en contra Roberto Quesada, embajador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El portal Pro Honduras Network publicó audios de Quesada insultando a mujeres migrantes en el que incluso afirmaba tener fotos de sus hijos. 

Ante esta situación, Quesada respondió con un vídeo en el que mencionaba su trayectoria y activismo por los derechos de los migrantes en los Estados Unidos y denunciando que el medio le había pedido publicidad antes de publicar la información. Pro Honduras Network es un medio cuya directora ejecutiva es Gabriela Amador, una hondureña migrante que trabaja también en la embajada de Honduras en Washington DC. 

Una de las mujeres que denunció a Quesada fue Lida Perdomo Rosales, quién presentó ante medios de comunicación y en redes sociales, capturas de pantalla donde Quesada admite tener «fotos playboy» de su hija que en ese momento era menor de edad. Lida denunció a Quesada en los Estados Unidos en 2017 por asalto sexual.

«Pertenezco a la Revuelta feminista del Partido Libre y pertenezco a la corriente de Carlos Eduardo Reina, tengo catadura moral para hablar de activismo social y los problemas que a la comunidad nos va a traer tener un agresor, un asaltante sexual, un pedofilo, en un cargo tan importante como ese. El Tribunal de Honor de Libre hizo caso omiso a estas denuncias y dejaron que esto se fuera aumentando», dijo Lida en el programa La Voz del Migrante.

Sobre estas denuncias, Lida Perdomo aseguró a Contracorriente que interpusieron una denuncia formal ante el tribunal de honor de Libre desde antes de que el partido ganara las elecciones en 2021. Además, aseguró que había un consenso para expulsar a Quesada de Libre D19, una estructura de migrantes hondureños en Estados Unidos militantes de Libre, pero nunca se dio la expulsión formal por los contactos que Quesada tenía. Con Libre en el gobierno, señalan que no han denunciado más que en medios de comunicación y Quesada ha respondido de forma violenta a los medios y periodistas que cubren el tema. Ante las denuncias públicas, ninguna autoridad de Libre o del gobierno se han pronunciado. 

Otro caso bastante polémico se dio en mayo de 2022, cuando el diputado Mauricio Rivera junto a grupos de activistas del Partido Libre, atacaron instalaciones de Ciudad Mujer en Tegucigalpa con piedras después de que la directora de ese programa, Tatiana Lara, se negara a colocar a una persona que el diputado quería asignar a un centro de Ciudad Mujer en Choluteca, porque no cumplía con los requisitos académicos y tenía que pasar por un proceso de selección.

«El diputado y las personas que lo acompañan están lanzando piedras, quemando llantas, quebrando varias ventanas, dañando puertas del edificio, ocasionando daños a la propiedad del Estado y privada y, sobre todo, poniendo en riesgo la integridad y vida de 48 personas que laboran en esta institución», menciona la denuncia pública que hizo Ciudad Mujer en el momento.

Esa denuncia acompañaba dos capturas de pantalla de mensajes que el diputado Rivera le había enviado a la delegada del programa, Tatiana Lara, en donde le preguntaba por el nombramiento y cuando ella le respondió que habría un proceso de selección de entrevistas el diputado le dijo, «usted no entiende que es mi derecho como primer diputado […] espero resuelva esta semana ese nombramiento o tendré que tomar acciones en defensa de nuestro derecho». 

Después de que Lara anunció que denunciaría al diputado, éste salió en medios televisivos ofreciendo una disculpa pública «Tatiana, yo le ofrezco de todo corazón una disculpa y a todas las personas que se vieron afectadas. No tengo antecedentes contra la mujer, de todo corazón, delante de Dios y mis hijos ofrezco una disculpa sincera y fraterna», manifestó Rivera.

Sin embargo, Lara lo denunció por violencia hacia la mujer, tráfico de influencias y daños agravados. Luego de la denuncia, el diputado Rivera, informó, a través de twitter, que había sostenido una reunión con el diputado de Libre, Carlos Zelaya, y subió una fotografía con él asegurando que Zelaya le había prometido canalizar los nombramientos a través de él.

Ese día, funcionarias de gobierno y activistas del partido Libre llamaron a una conferencia de prensa para denunciar la violencia machista, «Estamos aquí para acompañarnos y abrazarnos en las violencias. Condenamos las acciones de hoy, el ataque que sufrieron las instalaciones de un lugar emblemático, un lugar en donde se atienden a las mujeres víctimas de violencia», manifestó en ese momento, la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque.

«Entendemos que vivimos en una sociedad machista y patriarcal, y es por eso que juntas decidimos sumar todas las fuerzas posibles para cumplir el objetivo de nuestra presidenta, que es combatir el machismo en todos los espacios», aseguró Natalie Roque en la conferencia.

Asimismo, la Revuelta feminista en Libre, un grupo de jóvenes feministas organizadas en el Partido Libre, emitió una denuncia pública en la que condenaban los actos del diputado Rivera. 

El caso contra el diputado siguió su curso y el 13 de septiembre de 2022 la jueza que conoce el caso le dio sobreseimiento al delito de violencia contra la mujer «pese a que el Ministerio Público presentó las pruebas testificales, pericias psicológicas y psicológicas y psiquiátricas que acreditaban el delito de violencia contra la mujer» dijo la fiscalía en su momento. Sin embargo, sí dictó auto de formal procesamiento por los delitos de tráfico de influencias y daños agravados con perturbación de orden en concurso ideal y como sanción se le inhabilitó de su cargo.

Tatiana Lara le dijo a Contracorriente que lamentaba que se desestimara el delito de violencia contra la mujer «el juicio continúa, están otros delitos, pero esto es una muestra más de cómo el tema de las violencias hacia las mujeres o el acoso, los jueces no están formados para atender en debida forma los delitos».

Cuando el Poder Judicial anunció la inhabilitación de Mauricio Rivera, el Coordinador General del Partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, publicó un tweet que decía «mi solidaridad para recobrar el ejercicio de su investidura al congresista Mauricio Rivera» a lo que varias organizaciones de mujeres le respondieron que debía de solidarizarse con la coordinadora de Ciudad Mujer y no con el diputado. Zelaya Rosales no se pronunció a favor de Lara en ningún momento.

Meses después el diputado fue nuevamente habilitado para el cargo cuando la Corte de Apelaciones respondió a su favor argumentando que, «no existió violencia contra la mujer, violencia de género y coacciones en hechos ocurridos en Ciudad Mujer».

Sobre las muestras de solidaridad que recibió el diputado después de que se conociera la sentencia, Tatiana Lara opinó que, «es una muestra de todo lo que nos hace falta construir, hay que seguir trabajando para que haya mayores procesos de concientizados y de formación, para que entendamos que hombres y mujeres somos iguales, que no deben existir estos comportamientos. Pero la lucha contra estos patrones culturales y patriarcales continúa pues es un proceso largo en el que ya estamos trabajando».

El 8 de marzo de 2023, Katherin Vanessa Galo, la abogada que le llevó todo este caso a Mauricio Rivera, lo denunció por amenazarla con promover su destitución como coordinadora regional de la Secretaría del Trabajo en Choluteca «el puesto lo obtuve por él, persona a quién defendió legalmente cuando tuvo el problema de la inhabilitación. Resulta que ahora, como destapé que quería meter a la Secretaría a personas que no son de nuestro partido, me amenazó».

Galo aseguró que Rivera está detrás de la destitución de su cargo, que le fue notificada por la ministra Sarahí Cerna. Además dijo que lo denunciará por tráfico de influencias, acoso laboral, abuso y violencia contra la mujer.

Mujeres sentadas en una calle principal de Tegucigalpa, protestan en contra del Instituto Hondureño de la Propiedad. Foto CC/Fernando Destephen

Protocolos y políticas de género pendientes en las Secretarías

El Presupuesto General de la República de 2023 tiene por primera vez un apartado ampliado con enfoque de género en el que se señala que 100 millones de lempiras (USD 4 millones) se destinarán a la Secretaría de la Mujer y que cada institución debe tener un apartado de género dentro de sus presupuestos.

Sin embargo, aunque exista un presupuesto con enfoque de género, la mayoría de las Secretarías son dirigidas por hombres, el gabinete de gobierno está compuesto por 24 Secretarías de Estado de las cuáles sólo siete son dirigidas por mujeres.

La subsecretaria de Gobernación y Justicia, Carmen Haydee López, explicó a Contracorriente que la presidenta Xiomara Castro ordenó a las Secretarías crear unidades de género «para crear un aparato estatal que de frente de manera directa a todas las problemáticas que aquejan a las mujeres y niñas».

«Como Secretaría estamos terminando de estructurar la unidad de género que no es una que tendrá efectos institucionales internos, sino que va a articular con las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM). Que no tengamos todavía el engranaje institucional no significa que no se esté coordinando ya con las encargadas de las OMM», recalcó.

Hasta el momento, el 57% de las secretarías no cuenta con una unidad, oficina o encargada de género. De acuerdo con los portales de transparencia, ninguna secretaría posee una política de género o contra el acoso sexual. La única secretaría que ha anunciado contar con un protocolo contra el acoso sexual es la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, aunque este no aparece de forma pública en sus sitios web.

Jessica Sánchez, analista feminista, dice que las herramientas de género deben ir acompañadas de procesos de observación, tener rutas de denuncia claras y que no sean las mismas secretarías las encargadas de atender las denuncias sino un comité aparte. «Sé que hay secretarías trabajando esos protocolos, el tema es qué tanto está funcionando, yo sé de al menos un caso donde se presentó una denuncia de acoso sexual verbal que no fue tramitada y por cuestiones internas que no se aplicó el protocolo», señaló.

En enero se dieron a conocer por redes sociales otros dos casos de violencia por parte de funcionarios. Un caso era de Leonel Gómez, entonces gerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) que fue grabado gritando e insultando a sus subalternas, y el de Marcell Ortíz, jefe de la Procuraduría General de la República en Choluteca, que fue captado en un Facebook Live golpeando a una mujer en la calle. Ambos fueron primero separados de sus cargos, luego investigados y posteriormente destituidos.

«Así creo que debe actuar el Estado, con contundencia frente a esos casos de violencia doméstica, sexual, física […] mientras no sea una voluntad política manifiesta en donde se acuse y saque a unos y a otros se les trate con guantes de seda ¿por qué en unos proceden y en otros no? Es justicia selectiva y están muy lejos de la justicia de equidad de género que nosotras queremos», finalizó Sanchez.

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró culpable al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans que se dedicaba al trabajo sexual y a la defensa de derechos humanos. Vicky fue asesinada en la noche del Golpe de Estado, el 28 de junio de 2009, por agentes policiales. Ahora, 14 años después, el Estado de Honduras está obligado a cumplir con las medidas reparatorias dictadas por la CIDH.


Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen

El 13 de marzo de 2023 la Red Lésbica Cattrachas —una organización que se dedica a la defensoría de Derechos Humanos de las personas Lgtbiq+—, entregó a la Secretaría de Seguridad de Honduras, 472 expedientes de muertes violentas que han contabilizado en el Observatorio de Muertes Violentas Lgtbiq+ desde 1994.

Estos datos, contenidos en 16 folios, contribuyen al cumplimiento del punto resolutivo número 17 dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): «Crear un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas Lgtbiq+».

Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas manifestó que no importa que algunas de estas muertes hayan ocurrido en 1994, «las familias biológicas y sociales (de estas personas) estamos siempre buscando justicia».

«A partir de la entrega de los expedientes por parte del observatorio y también con capacitaciones, Cattrachas va a estar conjuntamente con los investigadores de la DPI cuando hayan sucesos», señaló Mendoza, quien además detalló que esto forma parte del enfoque diferenciado que deben tener la policía y demás instituciones en sus investigaciones.

La entrega de estos expedientes se da en el marco del lanzamiento del proyecto «Vicky Hernández y Otras vs Honduras», un proyecto de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Red Lésbica Cattrachas. Además, esta iniciativa, —en la que también participa la Secretaría de Seguridad y cuenta con el apoyo financiero de la Cooperación Española—, tiene como finalidad garantizar el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables. Sin embargo, el evento no contó con la presencia del ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, ni de la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque. En lugar de Sabillón, un policía recibió los expedientes brindados por Cattrachas.

Oficial de policía recibe los expedientes de muertes violentas registrados por Cattrachas mediante el Observatorio de Muertes Violentas de Personas Lgtbiq+. Foto CC/ Jorge Cabrera.

«Esperamos que esta impunidad disminuya considerablemente, y que los nuevos hechos de violencia —que también esperamos que no sucedan— no queden en la impunidad», apuntó Indyra, quien añadió que la entrega de estos expedientes representa un mensaje: no se puede matar a personas Lgtbiq+ ni a mujeres en este país sin tener consecuencias graves.

El 26 de marzo de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró culpable al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans, el 28 de junio de 2009. Esta sentencia contiene una serie de medidas reparatorias que el Estado de Honduras debe cumplir, entre ellas, una Ley de Identidad de Género que le permita a las personas trans identificarse con su identidad sexual y nombre de elección.

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Sobre esto, el subprocurador de la República, Tomás Andrade, explicó que «se ha avanzado mucho» en el proceso de la Ley de Identidad de Género, pero que esto también requiere de «cambios estructurales», entre ellos, reformas a la Constitución de la República.

«La Ley de Identidad de Género es un proceso que se está socializando y que se está llegando a acuerdos con el Registro Nacional de las Personas (RNP), institución del Estado responsable de la inscripción y naturalización de todas las personas, y cualquier acción de reformas que se puede llevar a caso debe ser ejecutada por el RNP. En este sentido, los comisionados del RNP están conscientes de la necesidad de reformar la legislación nacional y acomodarla a la jurisprudencia emitida por la CIDH y que está de conformidad a la Convención Americana de Derechos Humanos», expresó el subprocurador de la República, sin embargo, no adelantó cuáles son los avances en la creación de esta Ley.

Por otro lado, Indyra Mendoza, coordinadora de Cattrachas aseguró que la falta de avances en la presentación de la Ley de Identidad de Género no se trata de algo técnico, sino del «fundamentalismo religioso que forma parte de los partidos políticos».

«El cambio de nombre, que también forma parte de la sentencia, está totalmente parado, más que por situaciones técnicas por el fundamentalismo religioso que forma parte de los partidos políticos», explicó.

Entre las medidas reparatorias que el Estado de Honduras debe cumplir luego de la sentencia dictada por la CIDH están: una beca educativa a favor de Argelia Johana Reyes Ríos, familiar de Vicky; la creación de la beca educativa «Vicky Hernández» para mujeres trans en Honduras; la formación, sensibilización y capacitación para cuerpos de seguridad; la adopción de protocolos especiales de investigación y el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género.

Texto: Alejandro Carrasco
Ilustración: Pixabay

Era de noche. Guazalo manejaba con la espalda tensa y con la sal del sudor torturando sus ojos. El busito saltaba y sacudía a sus pasajeros, que eran tres: dos vivos y uno muerto. La calle de tierra, o más bien de piedra, pertenecía a un barrio escondido de la ciudad. La mayoría de sus casas, en alguna época bares y lupanares, se encontraban abandonadas, con paredes resquebrajadas y amontonados sus cimientos de monte seco y basura. 

El busito llegó a la calle sin salida. Al otro lado del muro había un río. Si pudieran lanzar el cadáver por encima del muro sería mejor. Pero no contaban con la logística ni con el tiempo. La puerta deslizadora se abrió con fuerza. El poste de luz que iluminaba la calle emitía un estridente sonido que invadió el vehículo. Los compañeros de Guazalo agarraron y dejaron caer a la calle el cadáver envuelto en cortinas de ducha y sacos de arpillera. El golpe seco era la señal. Guazalo arrancó sin esperar a que cerraran la puerta deslizadora. Por el retrovisor atisbó el cuerpo y, un poco más lejos, en la ventana del segundo piso de una de las casas, Guazalo detectó el rápido movimiento de una persona escondiéndose. 

Frenó. 

—No jodan, hay alguien en esa casa. 

Ninguno de sus dos compañeros habló.

—Qué esperan, vayan a ver —dijo Guazalo.

—Y si hay alguien, ¿qué? —la palidez del polluelo se parecía a la del cuerpo antes de que lo envolvieran.

Catreco, el otro compañero, le dedicó una mirada sarcástica al polluelo.

—Cómo que qué, sacá tu juguete. 

La pistola de Catreco obligó al polluelo a salir del busito. Ambos, con el arma en mano y la luz de sus celulares encendida, se dirigieron a la casa. 

—Apúrense —Guazalo mantuvo encendido el motor. Suspiró y encendió un cigarro. A Catreco no le temblaba el pulso. Pero del polluelo no podía decir lo mismo. Mientras envolvían el cuerpo vomitó dos veces. «Ojalá ande en ayunas, si no le saldrá la cagazón por la boca». Guazalo se preguntó si la policía podía detectar el ADN en los vómitos. 

Un disparo. Otro disparo. 

Se deshizo del cigarro y tomó con fuerza el volante. Esperó. Esperó un poco más. Pero ni Catreco ni el polluelo salían. Retrocedió el busito y se detuvo frente a la casa. Esperó de nuevo. Una brisa movía levemente los pliegues de la cortina que envolvía el cadáver. Sus compañeros seguían sin salir. 

—Mierda. 

Guazalo apagó el motor y se bajó del busito. Desenfundó su Glock 43 y caminó en dirección a la casa. No había puerta principal, así que, aplastando el monte y la basura con sus botas, ingresó a la vivienda en ruinas. La luz de su celular reveló una horda de zancudos que revoloteaba por la sala de estar. Guazalo percibió que el hedor del río se concentraba más dentro de la casa. Había movimiento en el segundo piso.

Subió las gradas. Pensó en romper el silencio llamando a sus compañeros, pero si estaban muertos, llamarlos solo serviría para poner en sobreaviso a la persona que vio en la ventana. Esa persona tuvo que haberles disparado. Fueron dos tiros, uno para cada uno. ¿Qué hacía alguien armado en ese lugar?. 

Guazalo subió el último peldaño. La luz de su celular le mostró una puerta al final del estrecho pasillo. Cargó su arma y lentamente caminó al cuarto. Justo antes de entrar se detuvo. Respiró. Respiró de nuevo… y entró apuntando con la luz y con el arma. Al mismo tiempo, el polluelo le apuntó con la suya. 

—Bajá eso, qué te pasa. 

—Tuve que matarlo.

El cuerpo de Catreco yacía en un rincón. La luz del celular expuso un tiro en el cuello y otro en la frente. 

—Con el tiro en el cuello bastaba —dijo Guazalo.

—Quería que matara a los niños —la respiración del polluelo sonaba más fuerte que sus palabras.

«Catreco pendejo. Le dije que no le diera juguete al polluelo». Al lado del cuerpo la luz de su celular expuso a dos niños acurrucados, abrazándose. El mayor, de unos diez u once años, protegía a la menor. Guazalo calculó que la niña no tendría más de cinco. 

—Polluelo, bajá la pistola.

—Me llamo Cristian. 

—Eso. Cristian. Bajála. Yo no te voy a pedir que te los echés. 

—No, antes me vas a quebrar a mí. No soy pendejo.

No, no lo era. Y Guazalo sabía que tampoco tendría problemas para jalar el gatillo una tercera vez. Catreco era la prueba de eso. Pero también lo sabía por los ojos del polluelo. Guazalo había visto esa mirada tantas veces. Esas pupilas dilatadas, esa convicción, esa certidumbre. Un hombre podía temblar entero, insultar, llorar, hasta orinarse, pero sí tenía esa mirada… 

Por eso, Guazalo disparó primero. 

Catreco habría estado orgulloso del tiro: certero, limpio, en la frente. Los niños seguían en el rincón, abrazados y silenciosos. 

No los quería matar de inmediato. No los quería ni ver. Dirigió la luz al cuerpo de Catreco. Después al del polluelo. Polluelo y su juguete. De pronto se acordó. Iluminó otra vez el cuerpo de Catreco y sus dos tiros, uno en la frente y otro en el cuello. Alrededor no había nada más que sangre. Iluminó en dirección a los niños: el mayor le apuntaba. Con el arma de Catreco, le apuntaba. 

A Guazalo le causó gracia. Pero rápidamente la sonrisa murió en sus labios. Guazalo acercó la luz del celular a la cara del niño. Detrás, la niña cerró sus ojos y, con sus manitas, tapó sus oídos.

La pistola temblaba. Pero los ojos del niño, no. Era la primera vez que Guazalo reconocía esa mirada en alguien tan pequeño. Cuando se libró de la perplejidad ya era muy tarde.

Afuera, mientras la brisa seguía moviendo los pliegues que envolvían el cadáver, un último disparo retumbó en el barrio de las casas abandonadas.

Hace siete años fue asesinada la ambientalista y líder indígena, Berta Cáceres, defensora del río Gualcarque frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. En el Centro de Encuentros y Amistad «Utopía» del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se conmemoró «la siembra» de Berta Cáceres, una actividad que recuerda su vida y lucha en defensa del medio ambiente y los territorios indígenas como la siembra de una semilla para los pueblos. 

Texto: Persy Cabrera
Fotografía: Fernando Destephen

El pasado 2 y 3 de marzo —como cada año desde 2016— la espiritualidad del pueblo lenca brotó con más fuerza en el departamento de Intibucá para transformar la perspectiva sobre la muerte de Berta Cáceres, celebrar su vida y asegurar que ella «no murió».

Catalina Hernández, coordinadora de las mujeres del Copinh, comentó que en el día de la Siembra de Berta se realizan diferentes rituales, se junta el copal con brasas en el incensario para «limpiar y sacar malas energías» del lugar y de las personas presentes, se encienden velas porque el fuego es uno de los cuatro elementos naturales que «inspira» su lucha, se construye un altar, se hace un rezo para «la madre tierra que nos da los alimentos» en la compostura, un ritual de sacrificio dedicado a la naturaleza en la que se construye un altar, se colocan plantas que representan los espíritus a los que está dedicado el ritual y —además de también quemar copal y encender velas— también se sacrifica un animal. La compostura se realiza para traer la lluvia, la fertilidad de la tierra y agradecer a la madre tierra y en esta ceremonia participa una persona que reza quien ofrece la compostura.

Pero en la Siembra especialmente se celebra la vida de Berta porque «para nosotros, la siembra significa la vida de una persona; sabemos que para nosotros Berta no está muerta, para nosotros está viva», expresó Catalina.

Catalina dijo además que «mucha gente tiene el concepto que cuando una persona muere, dice «es que se fue para el cielo» pero nosotros tenemos la fe siempre y la esperanza que esta compañera, su espíritu, aquí está con nosotros compartiendo siempre».

Es así que la siembra se convierte en un acto de resignificación de la muerte. Berta Zúniga, coordinadora de Copinh e hija de Berta Cáceres, explicó que «para nosotras la siembra es derrotar el acto del asesinato con el que se pretende silenciar o detener la lucha de quienes defienden la vida, en este caso, la empresa que intentó -asesinándola- detener una voz de denuncia y un proceso de resistencia». 

Zúniga se refiere a la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), sociedad que tiene una concesión en el río Gualcarque aunque el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca está detenido. En junio de 2022, David Castillo, ingeniero y ex gerente general de DESA, fue condenado a 22 años y 6 meses de cárcel por ser coautor intelectual del asesinato de Cáceres, pero las exigencia de familiares y colegas de la ambientalista es el enjuiciamiento de miembros de la familia Atala Zablah que forman parte de la junta directiva de DESA.

Durante la Siembra de Berta Cáceres, el Copinh publicó un comunicado en el que se hace un llamado al actual Gobierno de la presidenta Xiomara Castro para «que aprovechemos la oportunidad de justicia que Berta Cáceres nos brinda, y avancemos con pasos decididos y contundentes para desmontar la impunidad de las mafias criminales que mantienen capturada a Honduras».

Berta Zúniga considera que el día de la Siembra construye un cambio en el lenguaje porque no es el «aniversario de la muerte» y «muchas veces se asocia Berta Cáceres, el asesinato, el crimen, lo que pasó en marzo del 2016 y nosotras creemos que lo más importante de todo lo que ella significa no tiene que ver con eso, tiene que ver con la resistencia, con las batallas en contra del sistema de dominación».

Tomar principalmente sus ideas y resistencia en la lucha, «lo que ella significa», convierte a Berta Cáceres en un símbolo de importancia mundial en la defensa de los recursos naturales, una trayectoria por la que ganó el premio Goldman en 2015. 

Anarella Vélez, ministra en la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, mencionó el año pasado que ella misma ha propuesto que el rostro de Berta aparezca en billetes hondureños. También una ilustración del rostro de Berta fue agregado a las tradicionales vistas cívicas que la Secretaría de Educación promocionó durante el mes patrio de septiembre. Pero estos simbolismos promovidos por el gobierno no silencian la búsqueda de justicia del Copinh. En el comunicado publicado ese día se reiteran las denuncias que hacen desde años atrás: el enjuiciamiento de los autores intelectuales en el caso de Berta Cáceres, el cese a la militarización y el extractivismo y también una exigencia clara, «que no queremos que en ningún momento la imagen de nuestra compañera Berta Cáceres sea un símbolo vacío y que no vamos a permitir que su símbolo sea vaciado del contenido de resistencia, de defensa de los derechos de los pueblos indígenas».

La Siembra culminó el viernes 3 de marzo con una visita a la tumba de Berta Cáceres en el cementerio general de La Esperanza. Ahí se expresó el sincretismo religioso, tres compañeras de Berta, que caminaron junto a ella por el río Gualcarque, realizan el rezo del credo católico antes de dar unas palabras que celebran y recuerdan el legado de la lideresa lenca.

«Ella dio la vida por nosotros», «ella derramó su sangre y fue sembrada su semilla», «tú resuenas en ese río», «aquí es donde se sembró esa semilla de rebeldía» exclaman después Esperanza, Rosalía y María Santos —compañeras de Berta— con esa «fe y esperanza» en que Berta está ahí compartiendo con ellas.

Texto: Teddy Baca
Portada: Daniel Fonseca

Existen tres realidades políticas que necesitamos tomar en cuenta, la primera es que lo que no se nombra no existe; la segunda, que todos somos políticos porque buscamos ser parte de la toma de decisiones y, la tercera, que los derechos humanos son progresistas, por tanto, el estado no debe fundamentarse en conservadurismos si realmente quiere promover la vida en democracia.

Las tres realidades atraviesan la diversidad sexual puesto que las personas LGTBIQ (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Queers) también somos ciudadanos, nos adjudican los mismos deberes que al resto de personas pero, en muchas ocasiones, los estados nos prohíben o limitan derechos que las personas heterosexuales gozan con total normalidad. Tal es el caso del matrimonio, el cual es un derecho civil que nos niegan como persona LGTBIQ+. Considero que esto nos retrata como ciudadanos de segunda categoría.

El partido Nacional ha sido el mayor detractor de los derechos humanos de mujeres y personas LGTBIQ, más no el único. Para demostrarlo, hay por lo menos nueve graves acciones que ese partido ha cometido en las distintas esferas del poder que han ostentado, pero eso ha sido posible gracias a la confabulación de otros partidos en estas acciones, lo cual ha sido clave para entender por qué sigue existiendo tanta exclusión legal y social hacia las personas LGBTIQ.

1. Prohibición de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, PAE 

Si bien la prohibición de este método es tanto culpa del partido Liberal como del Nacional porque acordaron con las iglesias en el 2009 la estrategia de eliminar la educación sexual integral en las escuelas. Cuando Porfirio Lobo asumió la presidencia en el 2010, la PAE fue satanizada en medios de comunicación afines al gobierno y los «debates» (que eran inexistentes como tal) fueron monopolizados por figuras religiosas, como por ejemplo, Martha Lorena Alvarado, una ultraconservadora militante del mal llamado grupo «Provida».

Esto no cambió en absoluto con Juan Orlando Hernández, es más, los grupos evangélicos siguieron ganando terreno para imponer sus doctrinas y visiones que vulneran el derecho de decidir de las mujeres y personas LGTBIQ. La iglesia ha logrado su influencia a costa de alianzas e involucramiento en espacios de toma de decisiones en las que miembros de la Confraternidad Evangélica, como Alberto Solórzano y Oswaldo Canales, eran partícipes, y como ocurrió con la comisión interventora de salud.

2. La eliminación de la educación sexual integral

Luego del Golpe de Estado en el 2009, todos los partidos conservadores eliminaron (o quemaron) las cartillas de educación sexual integral, convirtiendo este tema en algo opcional para las escuelas y colegios y solo se promovía abiertamente la abstinencia, método que nunca ha funcionado en la población.

En la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, el programa de prevención de embarazos adolescentes se basaba en abstinencia. Sin embargo, en 2021 se evidenció que los embarazos aumentaron un 30% solo en Tegucigalpa. En la actualidad, activistas nacionalistas como Byron Sabio etiquetan la educación sexual integral como «ideología de género» ya que en su visión del mundo, lo único natural es ser heterosexual y conservar la virginidad hasta el matrimonio, lo cual es falso, la misma naturaleza lo dice, somos la única especie que tiene matrimonio pero no la única que establecer relaciones entre parejas del mismo sexo.

3. La prohibición del matrimonio igualitario.

Compartan genuinamente los valores cristianos que pregonan. Los grupos evangélicos bastante cercanos al Partido Nacional presionaron para la prohibición del matrimonio igualitario, esto inició con Ricardo Maduro con apoyo de Porfirio Lobo en el 2004 y fue ratificado por Juan Orlando Hernández por medio del poder Legislativo liderado por Mauricio Oliva.

Casarse es un derecho civil y aunque la Constitución de la República no diferencia entre los hondureños (artículo 60) esto no les interesó en lo absoluto a los nacionalistas. De forma inconstitucional y con apoyo de Mauricio Oliva, Yuri Sabas, Tomas Zambrano y Luis Redondo – del partido Salvador de Honduras –, se blindó en el 2020 en el Congreso dicha prohibición aún cuando la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pedía a los países reconocer legalmente el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Todavía hoy día estigmatiza el afecto homosexual. Los nacionalistas David Chávez y Tomás Zambrano han expresado en medios de comunicación su repudio a que dos hombres se besen o casen. Si eso no es homofobia entonces ¿qué lo es?

4. Satanización del aborto 

La reforma al código penal durante la administración de Mauricio Oliva trajo consigo menos penas por narcotráfico pero más penas por abortar, se blindó constitucionalmente prohibir el aborto en todas sus causales sin considerar que gran parte de los embarazos producto de violencia sexual eran de menores de edad.

Hasta la fecha, es importante señalar que la PAE no es accesible para prevenir embarazos en todas las situaciones, tampoco se habla de educación sexual y prácticamente diseñaron un sistema que está obligando a las mujeres y otras personas gestantes a tener hijos quieran o no, es un escenario cuasi esclavista que todavía permanece tras 12 años de andamiaje ultraconservador.

5. La pantomima del compromiso

Pese a todo lo que han hecho, las autoridades dicen que nos respetan y que no nos discriminan. En el 2013, la población LGTBIQ fue incluida en la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Sin embargo, de las 33 acciones dirigidas a la diversidad sexual, solo se cumplieron dos: desarrollar programas de formación y capacitación a la Policía Nacional y funcionarios judiciales para promover el respeto de los derechos de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo y diseñar e implementar campañas de sensibilización en contra de la homofobia, transfobia, lesfobia y bifobia debido a la orientación sexual e identidad de género.

La política ya venció y la falta de interés en fomentar el verdadero respeto y garantía de los derechos humanos es bastante evidente, no se necesita de una lupa para verlo.

Otro ejemplo es el caso de Áfrico Madrid, antiguo ministro de gobernación en el mandato de Porfirio Lobo y supuesto experto en derechos humanos. Madrid mantuvo suspendida la personería jurídica de la Asociación Para Una Vida Mejor «porque atentaba contra la moral» solo por visibilizar parejas del mismo sexo en material informativo. Esto puede considerarse como criminalización de la diversidad sexual y, por tanto, está muy lejos de la visión de garantizar derechos humanos que debe tener el estado. cabe mencionar que Madrid considera que el matrimonio igualitario ataca la libertad de culto, parece no entender que nadie está obligando a las iglesias fundamentalistas casar parejas del mismo sexo por la fuerza, sino a permitir que el estado reconozca los matrimonios y a iglesias que sí los aprueben. El matrimonio es algo jurídico.

6. La patologización sutil

La homosexualidad, bisexualidad e identidades trans no son trastornos ni enfermedades; pese a ello, no han sido pocos los dirigentes nacionalistas y sus aliados evangélicos que nos han tildado de ser «aberraciones», esa fue la razón por la que en el 2004 no autorizaban personerías jurídicas a organizaciones LGTBIQ. A pesar de eso, no lograron impedir que las organizaciones fueran autorizadas gracias a la presión internacional y por el riesgo de una posible demanda por negar el derecho de asociación. Sin embargo, no sería extraño que en el futuro se opongan a la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, metodologías fraudulentas y dañinas a nuestra salud mental e incluso un riesgo de muerte.

Este escenario es el que se vive en Costa Rica actualmente, partidos ultraconservadores usan excusas para avalar métodos conversivos. Invito a las organizaciones de derechos humanos a estar alertas.

7. Oposición a la Sentencia de Vicky Hernández

El caso de Vicky Hernádez, mujer trans y primera víctima de asesinato en durante el Golpe de Estado, fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia fue contundente, el estado fue responsable de su muerte y una de las sanciones fue que el Estado debe adoptar una ley de identidad de género. Juan Orlando Hernández no la implementó, y aunque la administración actual tampoco lo ha hecho, es necesario mencionar que la bancada nacionalista se ha mostrado en contra de obedecer en caso de que la propuesta de ley pase al poder legislativo.

8. Estigmatización de defensores y defensoras de derechos humanos

El mayor ejemplo de esto fue el discurso de Juan Orlando Hernández en las fiestas de independencia del año 2021 en el que abiertamente dijo que los que defendían el aborto y el matrimonio igualitario eran enemigos de la independencia. Este discurso puede considerarse como epítome de la promoción del odio y la impunidad, algo que no era nuevo en la palestra pública, pero que no había escalado a un nivel tan alto hasta entonces.

9. Confunde y vencerás

Tras todas las acusaciones de narcotráfico, corrupción, nepotismo y violencia, los actuales dirigentes del Partido Nacional utilizan como eslogan «Defender la democracia, la vida y la familia». Me pregunto ¿en dónde estaban esos valores cuando se permitió la reelección de Juan Orlando, las muertes de defensores, de pacientes del Instituto Hondureño del Seguro Social a raíz del desfalco, la impunidad de feminicidios y maltrato de infantes? 

Panorama actual

Desconozco si es un verdadero consenso o no, pero Tomás Zambrano ha dicho en varias ocasiones que todo el partido nacional está en contra del aborto y del matrimonio igualitario por las razones descritas anteriormente. Aunque el diputado es señalado por corrupción y hasta por infidelidad, asumió el eslogan orgullosamente en la elección de la Corte Suprema de Justicia alegando que no querían «una corte a la medida de Libre» pero por lo visto sí quieren una a la medida de ellos y de su agenda que, como he mencionado, está en contra de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual.

Nuestra generación y las siguientes necesitamos voz y voto urgente en la toma de decisiones; ninguno de nosotros ha impuesto que los demás deban tener una orientación sexual o identidad de género en particular o que deban abortar a la fuerza. Sin embargo, siempre se nos ha dicho que si no somos cisheterosexuales tendremos que callarnos o «cambiar», se nos ha dicho que tenemos que cumplir mandatos religiosos aunque no creamos en ellos, incluyendo la paternidad o la maternidad forzada.

Hoy más que nunca se necesitan articular espacios de participación social, nadie merece ser marginado o excluido de sus derechos por no ser heterosexual o cisgénero.

Compartamos las luchas o no, debemos tener claridad de que reconocer la libertad de otros no es libertinaje, no es ideología, es simplemente respeto y convivencia.

*Al momento de redacción y de publicar este texto, la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia todavía no había sido aprobada. Sin embargo, mediante un acuerdo ejecutivo, a las 9 de la noche del 8 de marzo, la presidenta Xiomara Castro restableció el libre uso y comercialización de la PAE.

El pasado miércoles de ceniza –en el que los funcionarios de gobierno realizan el rito religioso como si fuera parte de la agenda estatal– la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebeca Ráquel, se refirió a la posibilidad de reglamentar la extradición, que en el país funciona a través de un auto acordado. Fue el primer tema al que se refirió como titular de ese poder del Estado ante la prensa. La CSJ informó que están revisando 32 solicitudes de extradición que dejó la administración pasada; mientras tanto, algunos de los actuales congresistas están de acuerdo en discutir y aprobar una ley de extradición que sustituya el auto acordado, lo cual es visto por analistas como una jugada peligrosa de quienes están buscando protegerse.


Texto: Leonardo Aguilar
Con colaboración de Jennifer Ávila
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

Apenas habían pasado seis días desde que Rebeca Ráquel había sido designada como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, cuando el pasado 22 de febrero, la alta magistrada se dirigió a la prensa junto a sus compañeros del pleno de la Corte. Luciendo una cruz de ceniza en su frente tras haber participado en el acto litúrgico del inicio de la Cuaresma, afirmó que «si se quiere reglamentar para que las extradiciones se hagan de acuerdo a una ley, tendrán que tener ustedes un poquito de paciencia».

Lo anterior desató un debate que había estado enterrado desde la crisis producida por la elección de la junta directiva del Congreso Nacional, cuando el diputado Jorge Cálix del Partido Libre propuso crear una ley de extradición. Abrirlo ahora le parece incomprensible a personas como Hilda Caldera, socióloga venezolana y viuda de Alfredo Landaverde, destacado coordinador de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) del Ministerio Público, quien fue asesinado el 7 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa. Landaverde, antes de ser ejecutado, denunció públicamente que 14 empresarios de Honduras estaban lavando dinero del narcotráfico con la complicidad del Gobierno, agregaba además que esa información estaba en manos del fiscal general, del jefe de la Policía y de las FF. AA.

Más de una década después de asesinato de Landaverde, Hilda Caldera aseguró que simplemente no entiende que la intención de reglamentar la extradición sea uno de los primeros puntos en agenda de la alta magistrada, pues —según Hilda—, gracias al auto acordado, Honduras ha podido extraditar con éxito a 36 personas, la mayoría hondureños acusados por narcotráfico. 

Hilda agregó que antes del asesinato de su esposo «aquí se movía tranquilamente la droga y a nadie extraditaban, entonces, no sé cuál es el sentido oculto, ¿qué es lo que está detrás? [de la propuesta de hacer una ley de extradiciones]».

«No entiendo qué impedimento están teniendo las extradiciones con el auto acordado. A raíz de la muerte de mi esposo empezaron las extradiciones en el país. Alfredo Landaverde marcó un hito, porque enseguida lo asesinaron a él empezaron las extradiciones», añadió Caldera.

De la época de Matta Ballesteros al auto acordado

Las extradiciones de hondureños hacia los Estados Unidos no son nuevas, ni tampoco las discusiones sobre los marcos jurídicos que las regulan. El tema tuvo su mayor auge cuando, a mediados de los años 80, el narcotraficante hondureño Ramón Matta Ballesteros comenzó a hacerse notar y a influir impunemente en la política hondureña.

Informes de la época señalan que Ballesteros llegó a reunirse en fiestas con políticos hondureños, militares, altas autoridades de la Policía y Fuerzas Armadas (FF. AA.) y se relacionó hasta con agencias de seguridad norteamericanas. No obstante, en abril de 1988 en Tegucigalpa y, sin tratado de extradición, Matta Ballesteros fue sacado del país y encarcelado en Estados Unidos (EE. UU.), acusado de secuestro, asesinato y narcotráfico.

Antes y después de Matta Ballesteros en Honduras no ha existido un marco jurídico ni una robusta institucionalidad para hacerle frente al narcotráfico dentro del país. La alternativa de Honduras ha sido apegarse al auto acordado de extradición publicado el año 2013.

A pesar de lo anterior, operadores de justicia, como el Ministerio Público, Policía Nacional y Corte Suprema de Justicia, fueron medianamente fortalecidos a mediados de los años 90, pero estos esfuerzos se vinieron abajo tras el golpe de Estado contra el expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009). 

Tras el golpe de Estado de 2009, el poder político de entonces, representado por Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, otorgó un enorme protagonismo a las FF. AA., debilitó a los operadores de justicia y, según lo expresado por algunos fiscales estadounidenses durante juicios en aquel país, convirtió a Honduras en un narcoestado.

En enero de 2012, Honduras reformó el artículo 102 de la Constitución de la República para permitir la extradición, lo que activó el convenio entre Honduras y EE. UU. suscrito a principios del siglo XX. Eso permitió que 10 años después de la reforma constitucional —en abril de 2022—, una treintena de hondureños, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández, se contaran entre los extraditados a EE.UU. por cargos de narcotráfico.

Los magistrados de las distintas administraciones de la Corte Suprema de Justicia procesan las extradiciones a través de un auto acordado, el cual consta de tres páginas y ocho puntos. Este fue publicado el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial La Gaceta. El auto acordado, aprobado por la CSJ, detalla el procedimiento a seguir para las extradiciones.

El artículo 150 del Código Procesal Penal de Honduras resalta la importancia de los tratados internacionales suscritos, al indicar que la extradición «se regirá por lo establecido en los tratados internacionales de los que Honduras forma parte y por las leyes del país».

¿Quiénes se intentan proteger?

Hilda Caldera dijo que la Corte actual perfectamente puede enfocarse en otros temas importantes que afectan a la mayoría de la población, como la mora judicial, y no estar priorizando temas que preocupan a una minoría de políticos.

«No entiendo que esta haya sido una de las primeras acciones de la magistrada presidenta de la CSJ, yo creo que más bien ella debería revisar cuáles son los vacíos que tiene el sistema de Justicia, que son demasiados, la mora judicial es alta. Hay gente a la que hace falta procesar, creo que no están enfocándose en lo esencial sino en lo que le puede interesar a los actuales mandatarios, no sé a quién quieren cubrir o a quién le quieren dar algún tipo de protección, no lo sé», mencionó Caldera.

El 28 de febrero, seis días después de la conferencia de prensa de Rebeca Ráquel, el Pleno de Magistrados de la Corte designó a los magistrados que conocerán al menos 32 solicitudes de extradición que aún están pendientes de ejecución.

Diputado Ramón Enrique Barrios, presidente de la Comisión Especial de Extradición y también presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Congreso Nacional durante una sesión en el Congreso Nacional. Foto de archivo CC/Jorge Cabrera

El diputado nacionalista Francisco Lópezafirmó a Radio América esta semana que existen cinco diputados actuales pedidos en extradición por los EE. UU. —tres de los cuales, según él, pertenecen al Partido Libre—, al tiempo que señaló que esas solicitudes fueron entregadas a la Cancillería de Honduras dos días después de que llegó la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Hasta el momento, la Cancillería no ha reaccionado y el congresista oficialista Eliud Girón le pidió a López dar a conocer los nombres.

Por sus palabras el día de la conferencia de prensa, la presidenta Ráquel dejó entrever, que existe premura en algunas personas para que se apruebe una ley de extradición en Honduras. 

Sin embargo, ante lo mediático de sus palabras y el revuelo que esto ha causado, el pasado 6 de marzo, el Poder Judicial emitió un comunicado manifestando que la Corte actual «continuará tramitando los Procesos de Extradición de conformidad con la normativa vigente a la fecha, sin dilación y con responsabilidad».

Dos propuestas para «sustituir» el auto acordado mediante una ley

Existen dos propuestas para crear una ley de extradición. Una fue enviada por el posgrado de la maestría de Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), a través de su director Odir Fernández y la otra todavía no se conoce, pero está siendo trabajada por la Comisión Especial de Extradición del Congreso Nacional.

Hay una tercera apuesta, pero no orientada a implementar una ley de extradición, sino a que los propios magistrados de la CSJ reformen el auto acordado. El Partido Nacional emitió un comunicado en el que rechazan que, en este momento, se implemente una ley o se reforme el auto acordado. 

Cabe señalar que los máximos exponentes del Partido Nacional han sido extraditados o procesados por corrupción y/o por narcotráfico en EE. UU., como el expresidente Juan Orlando y su hermano, exdiputado nacionalista, Antonio «Tony» Hernández. También fue procesado en aquel país, aunque en otro proceso, el expresidente ya fallecido Rafael Leonardo Callejas (1990-1994).

El exfiscal general y actual Secretario de Transparencia, Edmundo Orellana Mercado, repudió la propuesta enviada por Odir Fernández y dijo que esta debió haber pasado por la Rectoría de la Unah y que no debió ser publicada en este momento tan delicado porque «no es conveniente» ya que «facilita a diputados delincuentes, criminales, que han estado dañando a este país[…] vinculados al narcotráfico» para que «manipulen» y «manoseen» ese proyecto de ley y que no lo aprueben tal y como ellos lo manden, expresó en el programa de debate 30/30, el cual se transmite por Televicentro.

Odir Fernández —reconocido doctor en derecho, catedrático de posgrado en Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y exjefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)— hizo pública una propuesta. La puso incluso en su cuenta de Twitter.

La propuesta de Odir Fernández expone ocho casos en los que «no procede la extradición» según el artículo 5 de dicha propuesta, de los cuales se destaca dos, «cuando los delitos hayan sido cometidos en perjuicio del Estado de Honduras o en un lugar en donde éste ejerza su jurisdicción» y «cuando como consecuencia del proceso en que se juzgan los mismos, se haya dictado sentencia absolutoria, otorgado indulto, amnistía o se haya cumplido la condena impuesta». 

Algunos expertos coinciden y han cuestionado que esta propuesta pone plazos fatales, y períodos cortísimos que «benefician» únicamente a los extraditables, pues obligan a los estados requirentes y a la Policía Nacional a actuar a contrarreloj y en el caso de que uno de los términos no se cumpla en el plazo establecido, los extraditables pueden quedar libres aunque la extradición sea procedente.

En el Congreso Nacional existe desde el 2022 una Comisión Especial de Extradición presidida por el congresista Ramón Enrique Barrios. Esta comisión está integrada también por Maribel Espinoza, Jari Dixon, Silvia Ayala, Netzer Mejía, Carlos Raudales, Jorge Luis Gaido, Mauricio Villeda y David Manaiza.

Contracorriente contactó a la mayoría de estos congresistas, pero no obtuvimos respuesta. 

Sin embargo, estos diputados han dado a conocer en redes sociales que existen posiciones encontradas entre los que integran esta comisión sobre la posibilidad de implementar una ley de extradición. 

La diputada Maribel Espinoza exteriorizó su preocupación en su cuenta de Twitter afirmando que «manosear» la extradición sólo puede significar que existen «intereses para favorecer a posibles extraditables» y agregó que muchas extradiciones se han efectuado exitosamente con el auto acordado.

«En realidad, el procedimiento de extradición no es un juicio de juzgamiento», consideró Espinoza.

Congresistas del Partido Libre durante una sesión legislativa. Foto de archivo CC/Jorge Cabrera

«La extradición sólo está permitida de forma declarativa», Jorge Cálix

El diputado del Partido Libre, Jorge Cálix, quien en enero del año pasado fue agredido física y verbalmente por sus correligionarios cuando asumió sin los consensos de su bancada, la presidencia de la Junta Directiva y fue nombrado presidente del Congreso Nacional, afirmó a Contracorriente estar de acuerdo con crear una ley de extradición, pero afirmó que de presentarse la moción en el Congreso Nacional no la apoyará, a menos de que sus compañeros se disculpen con él.

Jorge Cálix fue acusado en enero del año pasado de intentar bloquear las extradiciones desde el Congreso Nacional a través de una propuesta de ley.

No obstante, Jorge Cálix no ha cambiado de opinión sobre el proyecto en sí y expresó que, jurídicamente, existe la necesidad de implementar una ley de extradición, porque la extradición está permitida en la Constitución únicamente de «forma declarativa» después de que se reformara el artículo 102.

«Ahora bien —agregó Cálix— la Constitución dice que los hondureños tenemos derecho a acceder a los tribunales o que tenemos derecho a la defensa; cuando alguien me acusa tengo derecho a defenderme, pero eso no es suficiente para que yo me defienda, tiene que haber una ley procesal penal».

Cálix detalló que el auto acordado ha servido para extraditar a «más de 40 personas», pero tiene un problema y es que la Corte Suprema no puede establecer procesos judiciales. A criterio de este congresista, eso último solo lo puede hacer el Congreso.

«Si usted averigua, [el expresidente] Rafael Callejas, presentó, cuando estaba siendo solicitado en extradición, un recurso de inconstitucionalidad contra el auto acordado, precisamente porque no es ley, porque no pasa el procedimiento de ley, entonces lo que yo siempre he dicho es que el auto acordado debe de convertirse en una ley procesal para extraditar personas», manifestó.

Sin embargo, el propio Cálix manifestó estar consciente de que existen peligros con el contenido que pueda tener una ley de extradición: «hay que advertirlo, aquí hay dos temas: la ley de extradición puede servir como una herramienta procesal efectiva tanto para quien solicita la extradición como para quien se defiende de ella o también puede ser un laberinto para evitarla y es ahí donde tenemos que tener cuidado».

corte suprema de justicia 2023 nueva estatua honduras tegucigalpa
Fachada de la Corte Suprema de Justicia. Foto de archivo CC/Jorge Cabrera

Cálix subrayó que actualmente no existen plazos para resolver las extradiciones. «Si usted revisa, hubo uno [extraditable] que quiso presentar un recurso de apelación y una juez le dio un plazo de tres horas, eso está mal. No estoy defendiendo a los extraditados, solo estoy diciendo que la ley tiene que establecer los plazos de manera clara».

Cálix adelantó que, ante el vacío actual, en cualquier momento eso puede ser usado para poner trabas en una eventual solicitud de extradición. «Alguien lo va a usar, va a decir esto es inconstitucional». Agregó que «entonces negarán la extradición, aunque la Constitución lo diga […] Juan Orlando Hernández no lo usó porque tenía mucha presión».

Cálix reveló que cuando él, en enero pasado, propuso una ley de extradición, lo acusaron «de todo» y ahora «están proponiendo» lo mismo. «Siempre le dije a mi familia que el tiempo me daría la razón. Hable usted con cualquier abogado y le va a decir jurídicamente las mismas cosas que yo le estoy diciendo. Ahora yo no lo apoyo [a este posible proyecto] porque me atacaron tanto. Hicieron tantas valoraciones injustas y ahora no voy a apoyar a menos que se retracten».

Ramón Barrios, que preside la comisión de asuntos constitucionales en el Congreso y también la comisión de extradición,dijo en el programa de debate Frente a Frente que lo que se pretende hacer es «cambiar la técnica legislativa del procedimiento para las extradiciones» para, de ese modo, «superar» el auto acordado a través de la aprobación de una ley que deberá aprobarse «estrictamente» en el Congreso Nacional de la República. Barrios prometió en dicho programa que «la parte sustantiva de la extradición va a seguir funcionando tal y como está en la Constitución de la República».

María Luisa Borjas: «En los tres partidos hay extraditables»

María Luisa Borjas, comisionada de la Policía Nacional en condición de retiro y exdirectora de Asuntos Internos de la institución armada civil, dijo que el tema en el tapete de la discusión no se da por mera casualidad y afirmó que esa fue la esa razón por que se pusieron de acuerdo los diputados para elegir la actual Corte.

Borjas dijo que hubo un pacto entre el «lado oscuro» del Partido Nacional, el «lado oscuro» del Partido Liberal y el «lado oscuro» de Libre, porque hicieron a un lado a personas bien calificadas y «escogieron a las personas que iban a hacer lo que ellos les pidieran». Y salvo escasas excepciones, consideró Borjas, «esa Corte fue electa por el tripartidismo precisamente para bloquear la extradición».

María Luisa Borjas añadió que como «en los tres partidos hay extraditables, lo que ellos quieren es complicar la figura de la extradición, porque si 36 personas han sido ya extraditadas con el auto acordado, quiere decir que funciona, que no tiene problemas, pero lo que ellos quieren es obstaculizar».

Borjas dijo estar convencida de que lo que se busca es complicar y burocratizar los procesos de extradición a fin de que esas potenciales extradiciones se prolonguen «por quién sabe cuántos años y hasta se evite en algunos casos. Como digo, en los tres partidos hay extraditables que han sido mencionados, lo que están es guardándose las espaldas».

Borjas, que conoce de temas de seguridad, detalló que las cosas en materia de seguridad siguen igual en Honduras. «En Honduras siguen las avionetas cayendo, los radares siguen apagados, sigue el contubernio de los cuerpos de seguridad del Estado en el trasiego no solo de drogas, sino que, de armas, y ahora de personas, y como que aquí fuera la continuación de la narcodictadura».

El auto acordado «es suficiente»

Aunque no hay por ahora discusiones y mociones en el Congreso Nacional, las pláticas extra legislativas para una ley de extradición son una realidad. Hay congresistas, como la diputada Ligia Ramos, que ven esta propuesta con sospecha.

Ligia Ramos le dijo a Contracorriente que el auto acordado ha funcionado desde el 2012 y con este se ha logrado extraditar a un expresidente, a alcaldes y hasta ex diputados.

«El hecho de que esta nueva Corte, durante sus primeros temas de agenda, esté tocando la reglamentación de la extradición realmente deja mucho qué pensar, más cuando ahí en esa Corte hay personas que están ligadas a la representación de narcotraficantes, como Juan Orlando Hernández, Tony Hernández y otros más. Esta es la posición mía y no de la bancada del PSH», expresó Ligia Ramos.

Ramos detalló que hay cosas más importantes para priorizar en Honduras, como la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih) y aseguró que hay que dejar, por ahora, el tema de las extradiciones «porque si ese auto acordado funciona para qué lo va a cambiar». 

Luis Daniel León, Director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, coincidió con Ligia Ramos y afirmó que el auto acordado ha sido suficiente y que con este no se han violado los derechos de ninguno de los extraditados.

«Creería que algunos políticos están buscando cuidarse y ponerle obstáculos a un proceso que ha funcionado —añadió León—, porque lo que se reglamenta es una ley y este es un auto acordado, un convenio internacional de cooperación en esa materia y entonces no creo que se pueda reglamentar».

«Estados Unidos pide [personas] por crimen organizado, narcotráfico y sus vínculos, y yo entiendo, que un gran porcentaje de políticos hondureños están involucrados en estos actos y se ha dicho mucho que muchos actuales políticos, diputados y funcionarios están siendo nombrados y señalados en cortes de Estados Unidos, entonces a mí me parece que esta es una medida para protegerse», concluyó León.

Opiniones jurídicas en torno a la construcción y aprobación de una nueva ley

El jefe de la bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento —sobrino de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento— se dirige a los diputados en el Congreso Nacional. Foto de archivo CC/Jorge Cabrera

El abogado Raúl Pineda Alvarado, exdiputado, experto en derecho constitucional y excandidato a magistrado de la CSJ, dijo a Contracorriente que «ese proyecto que anda circulando» está diseñado para «enredar» la extradición. (Hasta el momento la única propuesta conocida es la de Odir Fernández).

«Hay un artículo que le dice que si en 15 días no se llevan a la persona que se solicitó en extradición debe ser puesta en libertad. Entonces eso permite que la Secretaría de Seguridad o la Policía puedan hacer atrasos para que se pase el período y, por ejemplo, se venzan los 15 días y pongan en libertad a una persona que la Corte haya decretado extraditable», explicó Raúl Alvarado.

El abogado Raúl Alvarado compartió con Contracorriente su análisis jurídico y explicó elementos esenciales para que se dé una extradición en el marco del tratado suscrito por Honduras.

El primero —indicó Raúl Pineda Alvarado— es que la extradición ocurre en el marco de la reciprocidad fundamentada por delitos de naturaleza común, es decir, que para que se dé una extradición deben acreditarse los siguientes puntos: la existencia de un tratado, que la nación reclamante tenga jurisdicción para conocer del juicio, que la infracción por su gravedad justifique la entrega, que las leyes de ese país autoricen la prisión, que el delito no haya prescrito, que el reclamado no haya sido condenado por ese mismo delito y que el delito no tenga como sanción la pena de muerte.

«Esa figura nace a finales del siglo XIV y es un acto de colaboración interestatal de carácter penal administrativo. Es un procedimiento de segundo grado donde el juez de extradición solo puede verificar si la solicitud del requirente reúne los requisitos formales previstos en el tratado. [El juez de extradición] no puede en ningún caso emitir un juicio de valor sobre la existencia del delito», explicó Raúl Pineda Alvarado.

Raúl Pineda Alvarado sostuvo que el procedimiento para la extradición no tiene como finalidad «ninguna hipótesis de culpabilidad ni imponer sanciones, sino solamente hacer posible el proceso penal en otro Estado». Agregó, además, que la extradición se fundamenta doctrinariamente en que «solo puede concederse por delitos cometidos [que estén] señalados en el tratado. Debe haber doble incriminación —estableció Raúl Pineda—, es decir, debe ser delito en ambos estados. Es prohibido [también] el doble juzgamiento, es prohibida para delitos políticos y conexos y, de acuerdo con el Código Internacional de Derecho Privado, se excluyen los delitos de orden militar».

Raúl Pineda aseguró que «en el caso particular de Honduras [la extradición] solo es aplicable a delitos cometidos después del 27 de febrero de 2012 cuando entra en vigencia la trigésima segunda reforma constitucional que modifica parcialmente el artículo 102 de la Constitución de la República que mantenía el principio de no extradición de los hondureños».

El abogado René Altamirano, profesional del derecho, quien ha defendido a varios hondureños solicitados en extradición, entre los que figuran Fredy Mármol y José Miguel «Chepe» Handal, expresó a Contracorriente que lo que regula actualmente la extradición es un auto acordado que a su juicio «es ilegal porque eso solo puede hacerse con una ley procesal para la tramitación del proceso, y las leyes solo la pueden crear en el Congreso Nacional, de manera que sí creo que para efectos del Estado de Derecho es importante crear y aprobar una ley de extradición».

«El problema» con el auto acordado —dijo René Altamirano— es que es una figura para «regular actividades de orden administrativo y organizativo del Poder Judicial, pero ya para regular el procedimiento durante el proceso de un juicio solo puede ser a través de una ley procesal, que es a lo que le están llamando Ley de Extradición y eso solo lo puede aprobar el Congreso. Creo que sería un error seguir usando ese auto acordado, sobre todo porque algunas personas que salen bien libradas en Estados Unidos pueden eventualmente terminar demandando al Estado de Honduras por haberlos entregado a otro Estado de manera ilegal».

Altamirano también afirmó que existe «indefensión» durante las audiencias de extradición en Honduras ya que «Ahí hay varios problemas, en la práctica, cuando me ha tocado afrontar estas audiencias de extradición el Estado requirente, en este caso los Estados Unidos, no comparece a la audiencia, es decir, la defensa no tiene contraparte para realizar su argumentación. ¿Contra quién litiga entonces hasta este momento un defensor?, contra el juez, y nadie le gana a un juez, ahí se origina entonces una indefensión porque no hay manera de controvertir las solicitudes de extradición en las audiencias».

Altamirano agregó que hasta este momento no hay plazos «porque no hay una ley procedimental que regule la forma en cómo se va a ejecutar el proceso de extradición, de manera que hasta este momento los magistrados han estado poniendo los plazos a su gusto o de manera arbitraria».

«No tenemos ninguna controversia con el hecho de que hay un tratado, que está en vigencia y que la Constitución habilita la posibilidad de la extradición. La indefensión que se sucede es que no existe una regulación procesal para realizar los procesos de extradición y entonces el Estado de Honduras está entregando a sus ciudadanos a otro país sin verificar si el argumento es legítimo; por ejemplo, si una persona por el mismo hecho que lo pretenden enjuiciar en otro país ya fue enjuiciada aquí, en Honduras, ahí podría alegarse que no cabe la extradición», argumentó Altamirano.

El verdadero tema aquí —dijo Altamirano— es que existe temor de que se hagan «procesos largos y complicados de extradición, pero para eso entonces se requiere que haya plazos fatales en la regulación procesal y, lo principal, que los jueces cumplan los plazos, porque por ejemplo en el caso de Honduras los plazos se hacen largos no por los abogados sino por los jueces y magistrados que no cumplen los plazos».

En medio de un debate sobre la extradición hay un hecho llamativo sobre las capturas de extraditables y es que ha sido cuestionada por actores políticos la continuidad del actual Secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, a quien incluso la presidenta le ha pedido resultados.

Sabillón es conocido por capturar, cuando era Director de la Policía, a los miembros del cartel Valle Valle en contra de la voluntad del expresidente Hernández, lo que le valió que permaneciera fuera de Honduras y regresara tras la entrada del nuevo Gobierno como Secretario de Seguridad. El año pasado fue él mismo quien detuvo al expresidente Juan Orlando Hernández.

Actualmente, Sabillón está siendo fuertemente cuestionado porque durante este 2023 se han registrado 9 homicidios múltiples —durante las dos últimas masacres, 16 personas han sido ejecutadas—. Esos hechos se registran a pesar de que en el país existen varios sectores con las garantías constitucionales suspendidas a través de un estado de excepción.

Una familia de siete hondureños migrantes secuestrados en México fue parte de un grupo de migrantes rescatados por las autoridades mexicanas el pasado 25 de febrero. Quienes se quedaron en Honduras esperan ahora que sus familiares no regresen y en cambio busquen asilo en los Estados Unidos. 


Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera

María de los Ángeles Rivera realizó una toma de carretera el pasado 25 de febrero junto a un grupo de familiares para pedir dinero. Necesitaba más de 800 mil lempiras (USD 35,000) para cumplir con el rescate de su hijo Darwin, de su nuera y de cinco nietos que habían sido secuestrados en México en su camino como migrantes indocumentados hacia los Estados Unidos. Ese mismo día, horas después, recibió la noticia de que sus parientes habían sido rescatados por las autoridades mexicanas.

«Teníamos media hora de estar ahí cuando recibimos la noticia. En ese momento nos vinimos para la casa porque no necesitábamos continuar pidiéndole a la gente, y sentimos alivio porque un día antes nos habían mandado unas imágenes horribles», recordó doña María. En ese momento ella prefirió no ver las imágenes que los secuestradores le habían enviado a su hija menor y a Melissa, una de sus nueras, pero eran la advertencia de que si no enviaban los casi 864 mil lempiras algo terrible le pasaría a sus seres queridos. 

Para ese entonces, su hijo, nuera y nietos llevaban ya 17 días de haber sido secuestrados y María, su familia y la familia de Kenia, ya habían realizado tres depósitos a los captores: 100 mil lempiras el primero, 160 mil el segundo y el tercero por 14 mil lempiras, lo que suma un total de 274 mil lempiras (aproximadamente 11,102 dólares). Aún así, los secuestradores amenazaron con vender a los menores de edad si no cumplían con el pago requerido, estaban pidiendo 5 mil dólares por persona. 

Además de tener a su hijo y su familia secuestrados, los delincuentes tenían en su poder a Antonio Rivera (20) y Alejandro Rivera (16), ambos sobrinos de Darwin y también nietos suyos. Para liberarlos, los secuestradores también pedían 5 mil dólares por cada uno.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Hondurasinformó que la Fiscalía mexicana liberó ese 25 de febrero a 32 personas de nacionalidad afgana, venezolana y hondureña y a otras tres personas «involucradas» con la ejecución del secuestro. Además de la familia de Darwin, el reporte de Cancillería señaló que otros seis hondureños fueron liberados.

Tras escuchar esta noticia, María y su familia se calmaron y pensaron que era imposible que sus familiares regresaran a Honduras, porque para huir de este país, tuvieron que vender la casa y todo lo que tenían.

«Ellos corren peligro, aún en México, ahí es tremendo lo que ellos vivieron, y si mi hijo vuelve para acá ¿a dónde va a vivir si la casa se vendió? Yo les vendí todo por la situación que estábamos pasando», expresó doña María refiriéndose a la desesperación por conseguir el dinero para el rescate de su hijo y su familia. Además, la señora de 60 años mencionó que Antonio y Alejandro, los nietos mayores, también habían migrado porque en Honduras eran perseguidos, aunque no especificó quiénes los estaban persiguiendo ni por qué. 

María aseguró que la única manera en que la familia de su hijo puede estar segura es viviendo en los Estados Unidos, esto debido a que los siete hondureños no quieren permanecer en México, pues fue el país donde fueron secuestrados. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han anunciado oficialmente si brindarán refugio a la familia hondureña o si estos serán deportados.

Darwin junto a su hijo mayor, Ronald, y sus sobrinos Antonio y Alejandro, trabajaban en el crematorio municipal del Distrito Central. Doña María aseguró que ella también ha trabajado en el crematorio ocasionalmente debido a la situación de pobreza en la que vive la familia.

«Aquí no se encuentra trabajo, entonces él trabajaba ahí, ahí recolectaba latas», reveló doña María.

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La familia vivió momentos de zozobra por el secuestro, hoy ya se encuentran en libertad pero les preocupa que los deporten a Honduras, donde temen por sus vidas. Foto CC/Jorge Cabrera

Según la organización Humans Rights Watch, entre enero y septiembre de 2022, 23,146 hondureños solicitaron asilo en México, citando datos del Gobierno mexicano.

El estudio también mencionó que, según el Estado de Honduras, 72,111 hondureños fueron repatriados de forma forzosa en ese mismo periodo, una cifra mayor que en 2021. Se informó que casi todas estas personas fueron deportadas desde México y Estados Unidos proporcionalmente.

Finalmente, la organización registró que al menos 191,000 hondureños huyeron de sus hogares y se convirtieron en desplazados internos entre 2004 y 2018 debido a la violencia de pandillas y las violaciones de derechos humanos.

Previo al rescate de la familia, Héctor Amador, cónsul general de Honduras en México, explicó a Contracorriente que él presentó la denuncia ante la Fiscalía general de la República mexicana luego de que Fátima López —hermana de Kenia López, madre de la familia secuestrada—, presentara la denuncia del secuestro en la Cancillería hondureña.

«El sector fronterizo es muy peligroso, y es donde se registran más este tipo de incidentes, a veces con la complicidad de los mismos coyotes o polleros, como les llaman aquí en México [a los traficantes de personas], ellos al final los entregan a las mismas bandas criminales. Yo les digo a los hondureños que vienen acá que migrar es un derecho humano y ellos toman la decisión de si se atreven o no, pero que tengan mucho cuidado en esta ruta migratoria, aunque el destino de nuestros compatriotas no es venir a México sino que es cruzar a los Estados Unidos, pero a veces es muy complicada esta ruta y se corre mucho peligro», detalló el cónsul hondureño.

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Darwin Rivera trabajaba recolectando plásticos para poder agenciarse de dinero para sustentar a su hogar. Foto CC/Jorge Cabrera

El cónsul Héctor Amador —quien es periodista de profesión—, afirmó que recibe denuncias de este tipo desde distintos puntos de Honduras, lo que le ha permitido contactar con las autoridades mexicanas y así averiguar el paradero de las personas que migran, si estas están secuestradas, desaparecidas o si han fallecido. Aun así, el cónsul explica que puede ser complicado rastrear a cada una de estas personas.

«Solo acá en el Estado de México (CDMX) hay 23 millones de habitantes» mencionó el cónsul, haciendo énfasis en lo complejo que puede ser rastrear a personas en este lugar. 

Según el listado del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México publicado en febrero de 2023, 14 de las 50 ciudades más peligrosas a nivel mundial pertenecen a México. En este listado están también las dos principales ciudades hondureñas, en la posición 42 figura San Pedro Sula y el Distrito Central en la posición 45.

La organización criminal que secuestró y mantuvo cautiva por 17 días a esta familia migrante se hace llamar «Los Chaparros» y tres de ellos fueron capturados por las autoridades mexicanas en Nezahualcóyotl, ciudad ubicada en la Ciudad de México (CDMX). Rubén Figueroa, líder del Movimiento Migrante Mesoamericano, explicó que muchos grupos se dedican al secuestro de migrantes y que en los últimos seis años el número de personas traficadas ha aumentado un 70 % en comparación a las que no son traficadas.

Rubén explica que los migrantes no traficados son las personas que encuentran operativos de seguridad, extorsionadores y secuestradores en la ruta migratoria, . Mientras que los migrantes que son traficados son explotados sexualmente, son víctimas de mendicidad infantil o de la extracción de órganos.

«Las rutas con tráfico de personas, mayormente son rutas controladas totalmente por el crimen organizado y autoridades corruptas y el secuestro se da en estas rutas por la gran operatividad que tienen estas personas. Para ellos traficar a personas es mucho más habitual que secuestrarlas porque tienen el control total», apuntó Rubén Figueroa para establecer una diferencia entre el tráfico de migrantes y el secuestro de estos.

Figueroa agregó que en Honduras las familias hacen actividades para recolectar el dinero solicitado por los secuestradores y que es algo que hace que estos casos sean más mediáticos. 

El cónsul Amador, argumentó que a veces la migración en Honduras no se da por falta de oportunidades o de empleo en el país, sino por la desintegración familiar. «La gente piensa que al ir a Estados Unidos va a encontrar el sueño americano y que va a resolver todos sus problemas económicos», sostuvo.

Hector Amador señaló que el trabajo bilateral entre México y Honduras para reducir la migración va por buen camino, y entre las alternativas que mencionó están los permisos de trabajo temporal que ofrece la república de México a migrantes para realizar trabajos de agricultura, por ejemplo, los permisos que van desde seis meses hasta un año, indicó el cónsul.

En su visita el 6 de mayo de 2022 a Honduras, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó el apoyo a la presidenta Xiomara Castro en la implementación de políticas para detener el flujo migratorio, lo que incluye los proyectos Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, ambos impulsados por el mandatario mexicano.

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Claudia Pinto, coordinadora de la oficina de la Fundación de la Justicia de Honduras, una organización que trabaja por los derechos de los migrantes, aseguró que estos programas asistencialistas no atacan los problemas estructurales de la migración, como son la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades para los jóvenes y las familias que huyen de sus países de origen.

«Honduras no les garantiza la seguridad, el Estado no les garantiza la seguridad ni el bienestar a las personas, sobre todo a jóvenes, y por eso se ven obligados a huir del país sea por las pandillas o la situación de criminalidad que existe en sus barrios y comunidades», expresó la abogada Pinto.

Pinto mencionó que la falta de coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía mexicana representa un problema, pues estas dos entidades podrían implementar convenios de investigación con las autoridades mexicanas, quienes tienen un aparato estatal para responder a investigaciones precisas y oportunas.

«Sería mucho más fácil que directamente se comunicara la fiscalía de México y la fiscalía de Honduras, porque entre ellos mismos saben cómo se hacen las investigaciones y tienen acceso a datos. Que estos delitos no sucedan en el país no quiere decir que las autoridades hondureñas tengan que desligarse de la cuestión, porque el Ministerio Público [hondureño] se desliga diciendo que no le compete a ellos pues no sucedió en Honduras y que no le corresponde investigar, pero esto no quiere decir que no le corresponde dar un seguimiento al proceso», explicó Pinto.

Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, dijo que en este caso la familia rescatada está en su derecho de exigir al Estado mexicano que sean refugiados en este país y regularizar su situación legal, pues el Estado mexicano está en la obligación de salvaguardar su integridad física.

«El peligro para las personas migrantes siempre es latente; el hecho de ser una persona migrante en tránsito es peligroso, esta ruta migratoria es una de las más peligrosas en el mundo. Las razones por las cuales las personas tienen que abandonar sus países continúan vigentes, como la inseguridad y la pobreza, es por eso que las personas migrantes siempre están en riesgo de ser traficadas», apuntó Figueroa.

Figueroa dijo que las políticas migratorias —por más que los gobernantes de los países aseguren que detendrán el flujo migratorio— siempre llevan a que las personas migrantes estén en riesgo, pues así está diseñado el sistema.

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Las llamadas de los secuestradores eran angustiantes para la familia porque su exigencia era casi imposible de ser cumplida debido a que son personas de pocos recursos. Foto CC/Jorge Cabrera

Para el líder del Movimiento Migrante Mesoamericano, mientras no se combatan las causas por las cuales las personas migran o están siendo desplazadas, entre ellas, los narcogobiernos, los dictadores, el cambio climático, la corrupción y la violencia estructural y económica, no es cierto que los gobiernos tengan la intención de frenar la migración.

«Desafortunadamente, para todo el mundo es rentable la migración —argumenta Rubén—, incluso para los gobiernos, porque los gobiernos son quienes los expulsan, los persiguen, los trafican y los utilizan; el sistema así está hecho, y es rentable por las remesas, por la mano de obra barata y por el tráfico de personas entre otras cosas; es un gran negocio».

María Rivera recordó que una de las promesas de su hijo Darwin antes de migrar hacia los Estados Unidos fue garantizar una mejor calidad de vida a toda su familia en Honduras. «Vas a vivir como una reina madre» le dijo Darwin, según cuenta doña María.

El apoyo económico que le prometió su hijo ahora no es la preocupación inicial, aseguró María, aunque su situación de pobreza continúa. Ella y su familia viven en los alrededores del crematorio municipal del Distrito Central, por lo que recuerda el esfuerzo de su hijo —quien se dedicaba a recolectar latas—, antes de realizar su viaje a los Estados Unidos.

«Él [Darwin] tuvo que vender unos cerdos que estaba criando para irse, los vendió y con ese dinero se fue a buscar una mejor vida», mencionó doña María, quien además explicó que, de regresar a Honduras, son pocas las oportunidades que sus parientes tendrán para seguir adelante.

Fotografía y Texto: Fernando Destephen

A las 8 de la mañana del 1 de marzo, los campesinos del «Movimiento de Campesinos sin Tierra de Yoro» estaban de pie en los bajos del Congreso Nacional. Durmieron ahí, en colchonetas, desde el martes 28 de febrero cargados con denuncias que exigían mejorar el acceso a la salud debido a irregularidades relacionadas con malos tratos, acceso a medicinas y problemas con la adjudicación de citas médicas en el hospital de El Progreso, Yoro.

Marco Antonio Bonilla, presidente del movimiento campesino, junta sus manos y aplaude; a unos dos metros, otro hombre lo imita, dos más hacen lo mismo hasta que todos se reúnen alrededor de Marco Antonio quien resalta del grupo por su altura, casi el metro noventa, con sombrero blanco y bigote. Luego de escuchar las instrucciones de Marco, poco a poco todos caminan hacia afuera de la plaza del Congreso, cruzan la calle Bolívar y el paseo Marco Aurelio Soto hacia la calle Mendieta hasta la avenida Miguel Cervantes con dirección a la Secretaría de Salud (Sesal) en la calle El Telégrafo, a pocas cuadras del Congreso Nacional. Su objetivo es la destitución del director del hospital de El Progreso, Edgar Murcia, por «incapaz e ineficiente» gritó Marco Antonio desde las gradas que dan acceso al edificio donde funciona la Secretaría de Salud. Una hora fue el plazo que dieron para obtener una respuesta a su primera demanda, la destitución del director del Hospital de El Progreso y, de no ser atendida, advirtieron que pedirían la destitución del ministro de salud, Jose Manuel Mathew. La hora transcurrió y no hubo respuesta, ni a la del hospital de El Progreso ni a la de la dirección de la Sesal.

Nadie los atendió. «No estoy cansado» dijo Marco Antonio Bonilla y aseguró sentirse feliz ya que ahora en las protestas la policía los cuida, ya no los reprime.

«Es para fuera que vas Murcia» coreaban los campesinos frente al edificio de la Sesal en referencia al estribillo de la canción dedicada al expresidente Juan Orlando Hernández, encarcelado en los Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico. 

Al mediodía, la calle El Telégrafo frente a la Sesal estaba cerrada, la temperatura derretía los ánimos. Marco Antonio tomó el megáfono y volvió al discurso, advirtió sobre varias consecuencias por la actitud del ministro. Repitió consignas, volvió a advertir, se quejó de «los mapaches» (así se les llama a los simpatizantes de Libertad y Refundación acusados por los activistas de base de no pertenecer al partido) y de la narcodictadura. Marco Antonio cerró el discurso recordando la promesa de la refundación ofrecida por la presidenta Xiomara Castro y dijo que ellos, como campesinos son, deben ser tomados en cuenta para esa refundación. «Fuera Murcia» coreaban los campesinos en respuesta. 

Melvin Ceballos, dirigente de Territorios Unidos, un colectivo de Libertad y Refundación llegó para apoyar la protesta, para llamar a los demás compañeros y mostrar a los campesinos dos puertas más de la Secretaría de Salud que se deberían cerrar para ejercer más presión.

El Movimiento de Campesinos sin Tierra de Yoro es un grupo relativamente nuevo, tiene un año de haber sido creado y cuenta con 32 empresas campesinas legalmente constituidas y 17 empresas campesinas en proceso de formación. El vocero del grupo, José Luis Fuentes, dijo que «somos un movimiento que surge de la necesidad que tenemos en el campo, sin empleo, sin oportunidades entonces tomamos la decisión de que se organizara el movimiento de los sin tierra». 

El movimiento exige solución a todas las problemáticas que sufren los campesinos, esta vez protestaron por la falta de acceso a un servicio de salud de calidad, pero en su agenda está también la exigencia por la derogación de la Ley de Modernización Agrícola por considerarla «un monumento a la corrupción de Rafael Leonardo Callejas» y porque « las tierras incautadas por la OABI, [oficina administradora de bienes incautados], que cuentan con sentencia firme, pasen al Instituto Nacional Agrario para reforma agraria» dijo Fuentes.

«Nosotros ya tenemos nuestro plan, en manos de ellos queda la solución pacífica del conflicto, sino nosotros vamos a tomar acciones de carácter reivindicativo porque no podemos esperar más, este país tiene hambre, aquí no se produce la comida que nos comemos, por eso se da la carestía» explicó José Luis Fuentes.

Leslie Castro, secretaria del movimiento, aseguró que se siente muy satisfecha porque anda toda la comisión del grupo, aunque es consciente de que si no exigen sus derechos como campesinos nadie lo hará por ellos. 

«Es bien complicado» respondió Leslie a la pregunta sobre la atención en el hospital de El Progreso y denunció que Edgar Murcia, el director del hospital, es familiar de Nelson Leiva, diputado por el departamento de El Progreso por el partido Libertad y Refundación, Libre.

Sobrevivir en el área rural es el mantra de los campesinos porque la situación es «deprimente, muy deprimente» no hay acceso a tierra, algunos se ganan la vida en otras actividades haciendo trabajo informal o en jornales. Otros consiguen «pedacitos de tierra que alguien le alquila para sembrar maíz o frijol» agregó Fuentes mientra seguía esperando ser atendidos por el ministro Jose Manuel Mathew.

El día terminó, nada cambió, el grupo de campesinos se regresó a Yoro, no con los brazos caídos, dijo Marco Antonio, y prometió que van a seguir planificando acciones hasta «arriba dónde está la podredumbre porque no podemos tolerar que este gobierno siga tomado por cachurecos».

La lucha por el acceso a la tierra de este grupo campesino inició en el 2012 cuando formaron las primeras empresas campesinas, con una pausa en el 2015 debido a la persecución política.

Con la llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro «hemos retomado nuevamente las acciones por la lucha de la tierra, no solo por los campesinos de Yoro, sino por todos los campesinos de Honduras que son los más desposeídos» dijo Marco Antonio Bonilla, a pesar de que no fue atendido por el ministro Mathew, quien consultado por la prensa redujo la protesta a un complot político en su contra pero sin nombres: 

«La marcha de ayer, aquí donde trajeron a grupos campesinos, no voy a dar su nombre, pero este diputado de Yoro fue el que financió traer dos camiones con gente solo para exigir que pongamos el director que él quiere. Esta persona debe andar detrás de la movida y eso no va conmigo. Se lo digo claramente, no voy a cambiar a un director solo porque él presione».

Se solicitó entrevista con alguna autoridad del Instituto Nacional Agrario, INA, que entienda el tema de tierras en disputa o incautadas por la OABI, pero no hubo respuesta.

Fotografía y Texto: Jorge Cabrera

Siete personas murieron como resultado de un ataque con armas de fuego registrado este sábado 4 de marzo en la primera avenida de la ciudad de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, la capital de Honduras. El vocero de la Dirección Policial de Investigaciones, Sub Comisario de Policía Cristian Nolasco, señaló que según los informes preliminares realizados en base a lo dicho por testigos del hecho, varios sujetos armados ingresaron a un hotel en el que se encontraban las víctimas, cuatro mujeres y tres hombres, y dispararon contra ellas con armas de grueso calibre.

El comisionado Miguel Martínez Madrid agregó ante un medio de comunicación «estamos en un estado de excepción y Lamentablemente no tenemos acceso a las cámaras de 911 y eso nos perjudica la labor policial».

Desde abril de 2022 está fuera de funcionamiento el servicio de vigilancia de las cámaras del 911 debido a que el actual gobierno no puede pagar el contrato que dejó el gobierno anterior, pero el alto índice de asesinatos hicieron que la presidenta castro a través de su cuenta de twitter diera a conocer su intención de intervenir ese servicio. «Anuncio para mañana, lunes 27, la intervención y formación de una comisión con plenos poderes para restaurar el servicio». 

La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayestas, dijo a la cadena internacional CNN que con este hecho ya son ocho las masacres perpetradas en lo que va de 2023 en Honduras, con un saldo de 34 personas fallecidas. Sin embargo, a pocos minutos de cerrar esta publicación se reportó otra masacre con 8 víctimas en la aldea El Portillo de La Mora, Comayagua, zona central de Honduras. Con esta, serían nueve homicidios múltiples en lo que va del año. 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) repudió a través de un comunicado sobre hechos violentos contra la vida que se han perpetrado aproximadamente 1158 masacres desde el 2010 hasta la fecha con un saldo de alrededor de 4,230 personas muertas en circunstancias violentas, cuyos crímenes quedan en la impunidad en más del 95% de los casos.

El gobierno de la presidenta Xiomara Castro decretó el estado de excepción en 89 barrios y colonias del Distrito Central que abarca las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela y entró en vigencia a las 6:00 de la tarde del 6 de diciembre del 2022 con una duración de 45 días. Se extendió el 6 de enero por otros 45 días y se incluyó a 75 municipios del país. La tercera extensión del estado de excepción durará hasta el 6 de abril y abarca a todo el país con el objetivo de combatir la extorsión y los delitos conexos que cometen grupos criminales organizados.

Honduras cumple ya tres meses con un estado de excepción vigente para combatir las extorsiones y las pandillas, pero tanto las cifras de violencia y cómo la población en los sectores intervenidos por los cuerpos de seguridad indican que la situación de inseguridad continúa igual que antes del estado de excepción. Mientras el gobierno de Xiomara Castro celebró «miles» de capturas, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos cuestionó la veracidad de las cifras, denunció patrones de abusos policiales y recomendó frenar la medida. Los casos judicializados apenas alcanzan la media centena y se han suspendido por falta de pruebas. La promesa de erradicar el crimen se esfuma mientras en algunas localidades la población asegura no ser extorsionada, pero porque las pandillas así lo han decidido.

Horas después de haber sido cometido el crimen múltiple, las autoridades policiales tuvieron un enfrentamiento armado en el sector de Villa Adela con dos automotores en los que se presume se movilizaron los responsables de cometer la masacre donde resultaron heridos dos oficiales de policía. Hasta el cierre de esta publicación, el vocero de la Dirección Policial de Investigaciones, Sub Comisario de Policía Cristian Nolasco, informó que la investigación ha avanzado en el 70 por ciento, pero que aún no cuentan con capturas.

Organizaciones de mujeres en el país centroamericano coinciden en que las cifras del Ministerio Público y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no reflejan el número real de víctimas de este delito. La razón: el miedo, desconocimiento, y desconfianza en las autoridades. 

Un “ya basta” de Ana* como respuesta a las pretensiones sexuales de su jefe significó el inicio de tres largos meses de acoso laboral. Fueron creciendo desde palabras que incurrían en supuestos halagos hasta un trato cotidiano degradante acentuado por el rechazo y la relación de poder.

“Está aquí gracias a mí” o “es deficiente” eran frases que le decía. Su jefe empezó a restarle importancia a su trabajo: “empezó a quitarme funciones que a mí me corresponden por el cargo, además de ocultarme información como documentos que yo debía recibir”.

El tono de las palabras escaló y llegó a insinuaciones sexuales y roces no consensuados, que a ella le generaban molestia e incomodidad. “Recibía mensajes de él en altas horas de la noche donde me pedía fotos íntimas”, cuenta Ana. Esos gestos de incomodidad que Ana no podía ni quería disimular, causaban más enojo en su acosador, y la dejaron vulnerable mental y emocionalmente. Finalmente, decidió denunciarlo ante el Ministerio Público. No todas las mujeres que sufren esto deciden denunciarlo.

El acoso laboral es un delito silencioso. Entre 2017 y 2022, el Ministerio Público (MP) recibió 188 denuncias por acoso laboral. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) registró 39 denuncias solo en 2022. Sin embargo, son pocos casos los que llegan a una conclusión: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) asegura no tener lista de sentencias condenatorias en los últimos cinco años; solo cuenta con datos de 2022. Ese año se emitió una sola sentencia condenatoria.

Pese a la poca cantidad de denuncias y sentencias, el Estudio Nacional de Tolerancia Social e Institucional de la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes en Honduras comprobó que existen normas sociales que regularizan la violencia. Nombra, por ejemplo, la “Ley del Silencio”, una norma social que traslada la violencia al espacio privado, y la silencia.

***

En Honduras hay dos tipos de acoso laboral tipificados en el Código Penal: vertical y hostigamiento sexual. El vertical se da cuando “quien en el ámbito de cualquier relación laboral y aprovechándose de una relación de superioridad, realiza contra otra persona de forma reiterada actos hostiles o despreciativos que, sin llegar a constituir individualmente trato degradante, provocan a la víctima una situación objetiva y gravemente humillante en el correspondiente ámbito de relación”.

Quien cometa el acto, dice el Código, deberá ser castigado con una pena de arresto domiciliario de seis meses a un año y, además, le será impuesta la inhabilitación por el doble de tiempo que dure el castigo.

Mientras el hostigamiento sexual está tipificado en el artículo 256 y se refiere a quien en el contexto de una organización o en el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios, deportiva o religiosa, continuada o habitual, solicita reiteradamente para sí o para un tercero favores de naturaleza sexual.

Por este delito se debe incurrir en la pena de prisión de uno (1) a dos (2) años, pena que puede ser conmutable al igual que el delito anterior.

Cuando Ana empezó a ser víctima de acoso laboral, no conocía que era un delito tipificado.

Ana, de 33 años, recuerda cómo la situación en su oficina fue empeorando y por eso decidió contarle a sus amigos más cercanos. Luego de contar, le preguntaban si estaba segura de que lo que sufría era acoso laboral. Incluso, algunos le decían que eso era normal y que hasta cierto punto ella estaba exagerando.

“Por supuesto he recibido las respuestas que las mujeres estamos acostumbradas a recibir en este tipo de situaciones, como ‘¿estás segura que es acoso?’”, cuenta. Pero decidió vencer todos esos temores e interponer una denuncia en el Ministerio Público.

Días antes de interponerla, recibió una carta detallando su despido. Para ella era injustificado porque no tenía un solo llamado de atención. En la carta se argumentaba que era por causas estructurales de la empresa.

Ana es consciente que al denunciar se expuso a las críticas de las personas que conocieron del caso, como compañeros de trabajo, allegados del acosador y personas externas que conocieron de la denuncia. Pero dice que es necesario hacerlo y “no tengamos miedo al qué dirá la sociedad, confiemos en nuestras capacidades y seamos un ejemplo”.

Quiénes y dónde denuncian

Desde enero de 2017 hasta noviembre de 2022, el Ministerio Público recibió 188 denuncias por el delito de acoso laboral; el 59 por ciento fueron presentadas por mujeres, mientras, el 35 por ciento por hombres, y el resto aparecen sin consignar. Mujeres entre 30 y 39 años, como Ana, son las que más denuncian hostigamientos en sus oficinas.

El 2022 fue el año que más denuncias se interpusieron en el Ministerio Público. En 2017 solo se recibieron 3; en 2020 se reportaron 10, y en 2021 aumentó a 57. En el período 2019-2020 no aparece ningún registro.

En el departamento de Francisco Morazán, zona centro de Honduras, es donde está la mayoría de denuncias: 111. De manera más específica se reportaron 106 en el Municipio del Distrito Central (M.D.C.), donde está la capital hondureña que forman las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.

El segundo departamento con las cifras más altas es Cortés, zona norte del país, que registró 36 denuncias; la mayoría de la denominada capital industrial, San Pedro Sula, que sumó 27.

El tercer departamento con alto índice es Atlántida, ubicado en la zona norte, que registró 14; 12 de estas fueron interpuestas en la ciudad de La Ceiba.

Las posibles razones para no denunciar

Sobre las pocas denuncias que se han canalizado a través de las instituciones públicas, Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, dice que las mujeres no denuncian el acoso laboral por la alta impunidad que existe en el país.

Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “ Visitación Padilla”, considera que las pocas denuncias de mujeres por acoso laboral se debe a la desconfianza en la justicia hondureña. Fotografía de archivo personal de Merly Eguigure.

Para explicarlo, recuerda el caso de la activista social y ex coordinadora del mismo Movimiento, Gladys Lanza, que en 2015 acompañó a una mujer que interpuso una denuncia de acoso laboral en contra de su jefe, un hombre de mucho poder en Honduras.

Dentro de las acciones que hicieron, hubo un plantón frente a la institución donde trabajaba la denunciante. “Y eso fue trasmitido por los medios de comunicación. A raíz de eso, el denunciado puso una denuncia en contra de la organización”, recuerda Eguigure.

La denuncia por difamación en contra del Movimiento procedió: se dictó una sentencia condenatoria contra la activista social Gladys Lanza y fue condenada a 18 meses de prisión. Sin embargo, no se ejecutó porque Lanza falleció el 17 de septiembre de 2016, por complicaciones de salud.

Acoso laboral en Honduras
Gladys Lanza fue una activista social y ex coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla». Fotografía de archivo de Visitación Padilla.

“El caso cobró fuerza en los medios de comunicación y me imagino que influyó también en los operadores de justicia para que se fallara en contra de Gladys”, opina Merly Eguigure. Casos como el de Gladys Lanza, envían un mensaje negativo en las mujeres hondureñas, les dice que la impunidad siempre arropará a los poderosos.

“Si usted pone en la balanza, Gladys Lanza era una figura pública súper reconocida, no de ese momento, si no de años de trayectoria en la lucha social, popular y feminista y le hacen eso, qué no le van hacer a una mujer común”, dice Merly Eguigure para explicar cómo este caso pudo desincentivar a muchas otras mujeres que no se atrevieron a denunciar.

Cuenta que luego de ese caso emblemático, el Movimiento que ahora dirige ha atendido más casos de acoso laboral, pero muchas mujeres desisten de seguir con los procedimientos y sólo recolectan la información sin querer proceder legalmente. “Hay mujeres que vienen solo para obtener información de su situación pero no quieren hacer nada más, entonces eso lo respetamos”.

La activista estima que otro factor por el que las mujeres no denuncian es porque “los procesos son lentos, porque creo que la Fiscalía de la Mujer tiene muy poco personal y pasan sobrecargados de trabajo”.

Sobre las causas por las que las mujeres no denuncian, Ana Pineda, exministra de Derechos Humanos en el periodo 2010-2014 y ex candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia, señala que el desconocimiento de las leyes que castigan este delito y el temor a represalias por denunciar son las principales razones.

Acoso laboral en Honduras
La abogada Ana Pineda, ex Secretaria de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, analiza que muchas mujeres deciden quedarse calladas por desconocimiento del delito. Fotografía de Jhonny Sevilla

En su experiencia como Secretaria de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, explica que la mayoría de mujeres víctimas de este delito desconoce que existen leyes locales que lo castigan y normas internacionales que lo prohíben.

“El acoso en el ámbito laboral es una manifestación de la discriminación de género y una forma específica de violencia contra las mujeres trabajadoras, y que es un derecho de la mujer denunciarlo para que quien sea su agresor sea sancionado”, opina Pineda.

Al desconocimiento, continúa la abogada, se suma que muchas mujeres no saben cómo se realiza el proceso. No saben dónde pueden denunciar y también desconfían de que las autoridades investiguen y haya una posterior sanción.

En los casos donde la mujer es el sustento de su casa, recuerda Pineda, tiene aún más temor de hacerlo público porque puede perder su única fuente de ingreso que pone en riesgo su hogar. 

Las que se quedan calladas

En Honduras, como lo muestran las cifras, hay también casos de mujeres que no recurren a las acciones legales y prefieren el silencio. Ese es el caso de Alejandra* quien prefirió quedarse callada luego de sufrir acoso laboral y decidió renunciar a su trabajo.

La joven de 23 años cuenta que llegó muy emocionada a su primer empleo, cuando recién se había graduado de la universidad. En ese momento, recuerda, la relación con sus compañeros y jefe era de cordialidad. Pero dos meses después uno de sus compañeros empezó a insinuarse sexualmente.

“Un día el jefe nos envió a realizar un trabajo juntos fuera de la ciudad. Esa vez, mientras estábamos en un restaurante comiendo como parte de los viáticos, él empezó a querer tocarme”, cuenta Alejandra.

Su reacción inmediata fue asombro y dice que con mucho respeto le aclaró que no estaba interesada en tener algún tipo de relación que no fuera profesional. 

Como en el caso de Ana, el acoso comenzó luego de que Alejandra no cedió a las insinuaciones de su compañero. Dice que después de ese día recibió gritos, regaños, incluso, marginación de su compañero de trabajo.

En su caso, el acoso no solo vino de su compañero. Más tarde, empezó a darse cuenta que también se ignoraba las opiniones que ella emitía respecto al correcto procedimiento e implementos a utilizar para el correcto desarrollo de los proyectos que a ella se le habían asignado. 

Poco a poco la fue sobrecargando de trabajo y llegó a su punto de mayor maltrato cuando le quitaron algunas de sus funciones de las cuales ella era responsable, según indicaba su contrato laboral. 

“Ellos [el compañero y el jefe] eran muy amigos. Lo de mi jefe no fue acoso sexual, ni insinuaciones indebidas, más bien fue marginación. Él sabía que la forma de afectar mi desempeño laboral era marginándome”, recuerda. 

 Aunque muchas personas le recomendaron poner la queja en el departamento de Recursos Humanos de la empresa, pensó que era mala idea porque todos en esa compañía eran muy amigos. “Es difícil confiar en las personas que están ahí dentro, peor aún confiar en las autoridades ya en una denuncia formal”, dice, y agrega que para una mujer que recién empieza en el mundo laboral es mucho más difícil. 

El caso de Alejandra terminó cuando ella renunció porque no estaba dispuesta a seguir soportando los malos tratos de su jefe y compañero. Dice que nunca pensó interponer una denuncia porque recién comenzaba a trabajar y no quería que ese antecedente le afectara en futuros empleos.

Una situación que se podría prevenir

La abogada Ana Pineda, que también es docente universitaria, considera que en Honduras ni las instituciones públicas ni las empresas privadas le prestan suficiente atención a este delito. “Creo que la cultura patriarcal, machista y misógina imperante hace que este tema no sea considerado como relevante”.

Pineda asegura que es necesario que los lugares de trabajo donde se cometen estos delitos se investiguen para una posterior judicialización y, de esta manera, evitar que se dé la reincidencia.

Es necesario, aconseja Pineda, que desde las propias empresas se implementen medidas de prevención del acoso laboral en mujeres, por ejemplo, a través de campañas y capacitaciones. Esto, con el objetivo de generar conciencia de que esta es una conducta no deseada en el lugar de trabajo porque anula el goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres.

Entre la población hondureña, opina la abogada, existe un desconocimiento del tema, sobre todo de las consecuencias que acarrea en las mujeres que son víctimas. “Hay que redoblar esfuerzos para sensibilizar y capacitar en el ámbito público y privado sobre esta problemática”.

Según Pineda, las cifras de denuncias no reflejan el problema del acoso laboral en Honduras, porque es muy común pero muy pocas mujeres se atreven a denunciarlo. “Lo que quiere decir que el acoso laboral es real y hay que adoptar medidas efectivas para investigarlo, sancionar y erradicar”.

Vannesa Siliezar, directora del “Proyecto Mujeres emprendiendo sin violencia en la pequeña y mediana empresa en La Ceiba”, revela que el acoso laboral es muy frecuente pero muchas mujeres no lo identifican como delito. Fotografía de archivo personal de Vannesa Siliezar.

Por la indiferencia generalizada a lo grave que es el acoso laboral, organizaciones como ONU Mujeres han llevado a cabo estudios que demuestran que es más común y frecuente de lo que se cree.

A través del Proyecto Mujeres Emprendiendo sin Violencia en la Pequeña y Mediana Empresa en La Ceiba —una ciudad turística ubicada en el departamento de Atlántida — se evidenció que el acoso laboral es muy frecuente pero que las víctimas no lo identifican.

Vanesa Siliezar, directora de la Unidad de Desarrollo Integral (Udimuf), organización ejecutora del proyecto, dice que en la investigación participaron 100 mujeres de distintas empresas y cargos. Los hallazgos revelaron que la mayoría fue víctimas de acoso laboral, o de otro tipo de violencia laboral, no siempre proveniente de sus jefes sino de sus compañeros de trabajo.

El proyecto muestra que una de las causas por las que las mujeres no denuncian es que las víctimas tienden a naturalizar el acoso laboral y eso pasa porque “a veces las mujeres vienen de hogares violentos y cuando llegan al área de trabajo tienden a normalizar ciertas acciones como gritos, hostigamiento entre otros”.

Dentro del mismo proyecto en el que se hizo la investigación, se han llevado a cabo acciones concretas para la prevención. Por ejemplo, Aline Flores, directora del Comité de Género del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), dice que ya se han firmado convenios con cámaras de comercio y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para visibilizar y frenar el acoso laboral.

Acoso laboral en Honduras
Aline Flores, directora del Comité de género del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), menciona que ya se han creado campañas y alianzas con distintos organismos internacionales y Cámaras de Comercio para frenar el acoso laboral. Fotografía Jhonny Sevilla para GK.

Flores considera que es importante que el tema se frene desde la raíz, y menciona que los despidos no son la solución. “El tema no es que solo despidan a los dos, porque luego esas personas van a ir a otra empresa y ese mismo hecho se va repetir y va ser como un círculo vicioso”.

La empresaria dice que ese delito está estrechamente ligado al pasado de la víctima y del victimario, debido a que el hombre en algunos casos viene de hogares violentos y cree que ciertas acciones de violencia en el trabajo es normal. Lo mismo sucede en el caso de las mujeres quienes muchas veces vienen de hogares donde han sufrido algún tipo de violencia, por ello, normalizan muchas acciones de acoso.

Ante este factor de violencia, Flores recuerda la importancia de la instrucción y capacitación para los empleados dentro de las empresas, además de reglamentos contra acoso. “Las empresas deben brindar los canales anónimos y confidenciales de denuncia sobre acoso e informar sobre los procesos de denuncia como parte de sus propios procesos de comunicación interna y recursos humanos”, recomienda.

En este sentido, informó que para frenar esta problemática, el COHEP creó en 2021 un centro de recursos virtuales del comité de género, donde detalla el proceso de una denuncia por acoso laboral y otro tipo de violencia laboral.

Asimismo menciona queen conjunto con USAID se creó la campaña “Cortemos la Violencia Hacia la Mujer”, la cual tuvo como objetivo crear conciencia sobre los actos de violencia que se pueden vivir dentro de una empresa.

Ni Ana ni Alejandra tuvieron información sobre acoso laboral mientras trabajaban, en el caso de Ana decidió buscar información por su cuenta, vencer los miedos e interponer la denuncia, sin embargo el acosador no tuvo ningún castigo. Mientras Alejandra prefirió no denunciar por desconocer sus derechos y por desconfiar en la justicia, temiendo que el hecho quedara impune como en el caso de Alejandra. 

La directora editorial de Contracorriente, Jennifer Ávila, recibirá el Premio a la Excelencia de la Fundación Gabo en el 2023. Es la primera hondureña en recibir este reconocimiento internacional que se entrega desde 2013. «Este reconocimiento nos da fuerza para seguir en todo esto, es un momento de alegría y de sentirnos parte de algo más grande, un movimiento para que los países sean más democráticos» dijo Jennifer Avila.


Texto:Allan Bu
Fotografía: Jorge Cabrera

Tenía 15 años — quizás 16 — cuando a Jennifer Ávila, cofundadora y directora editorial de Contracorriente, se le acercó el sacerdote encargado de la iglesia a la que asistía para proponerle colaborar en un programa de televisión que se presentaría en un canal local de El Progreso, Yoro, al norte de Honduras. Hasta entonces, ella había pensado que sería doctora cumpliendo el deseo de sus padres, pero aquella experiencia la hizo cuestionar ese destino abriendo paso a la idea de convertirse en periodista. «Me empezó a gustar el tema de la edición de la tele y al salir del colegio me iba para el canal a ver cómo se editaban las noticias», recuerda Jennifer ahora convertida en una de las periodistas de referencia en Centroamérica y del resto de Latinoamérica, pues este lunes 6 de marzo la Fundación Gabo anunció que ella recibe el Premio Gabo a la Excelencia 2023.

Es curioso, porque Jennifer recuerda que en aquella adolescencia donde todavía pensaba en seguir los consejos de su familia y abrazar la medicina como profesión, ella leía con voracidad al escritor colombiano Gabriel García Márquez y mientras visitaba el canal donde era voluntaria esa lectura la acercaba más al periodismo: «A mí me gustaba leer mucho, mi autor favorito era García Márquez y había leído crónicas periodísticas de él, entonces se me metió en la cabeza que quería ser periodista». Y ahora, justamente la fundación que don Gabriel – Gabo — fundó para apoyar el periodismo, le reconoce el trabajo realizado desde un país hundido en corrupción, pobreza, violencia y recurrentes atentados contra la democracia. 

En el anuncio realizado por la Fundación Gabo explican que el Consejo Rector del Premio Gabo, compuesto por 14 periodistas, escritores y académicos decidió otorgar el reconocimiento a Jennifer por «ser una joven profesional, que a pesar de todas las dificultades, ha decidido perseverar en el ejercicio del buen periodismo haciendo honor al principio de que el derecho a la información no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho de los pueblos». 

A través del reconocimiento dice el comunicado, el Consejo Rector respalda el coraje, la ética y la convicción de miles de jóvenes periodistas del continente, encarnadas en una gran exponente como Jennifer Ávila. En el reconocimiento se destaca en Jennifer una fuerza transformadora en Centroamérica y más allá. «Su liderazgo destaca en un entorno en el que no es claro cómo se puede seguir haciendo periodismo», concluye el Consejo Rector.

Este reconocimiento de la Fundación Gabo premia una chispa se encendió con la invitación a participar en un programa de televisión, y desde ese momento el sueño no dejó de crecer. Se matriculó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y mientras estudiaba, en el 2009 las élites políticas, económicas y militares defenestraron al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales con un Golpe de Estado validado, apoyado y maquillado por los medios corporativos de gran alcance. Entonces, para Jennifer la idea de hacer periodismo se convirtió en una convicción, se propuso hacer un periodismo diferente. 

Ese hecho funesto que dividió familias, que desmanteló el endeble Estado de Derecho de Honduras y que desenmascaró el papel de los medios de comunicación fue un momento decisivo para Jennifer. En ese entonces ella tenía 19 años, y como casi todos los estudiantes en los primeros años en la Universidad, ella no entendía bien a qué se había metido, pero el Golpe de Estado fue decisivo para comprenderlo, «me parece justo el momento en el cuál me interesé en hacer periodismo». 

Jennifer, como gran parte de la población hondureña, se desencantó del papel del periodismo hondureño y de cómo los medios formaron parte de la estructura de poder que dio el Golpe de Estado: «Me decepcioné de los medios y yo dije nunca voy a trabajar en un medio de Honduras; es que mi sueño era trabajar en la AP (Associated Press), porque muchos de los reportes del Golpe que yo leía eran de la AP». 

Durante el post golpe, en la cátedra de Derecho Constitucional, el maestro asignó a sus alumnos realizar un ensayo sobre la Cuarta Urna, una de las justificaciones que dieron los golpistas para derrocar a Manuel Zelaya Rosales. La búsqueda de opiniones sobre el tema, llevó a Jennifer a Radio Progreso, uno de los pocos medios que condenó el Golpe de Estado y que ahora sigue bregando contra la corrupción y la impunidad. En la radio entrevistó al padre Ismael Moreno y a sus periodistas y recuerda que encontró explicaciones que no había escuchado en otro medio o espacio «ni siquiera en la Universidad». Días después la llamaron para que trabajara en la radio, ahí estuvo durante seis años y medio hasta que el sueño de periodista continuó de la mano de su gran proyecto personal. 

El reconocimiento que ahora recibe no es el primero otorgado a Jennifer por su ejercicio como periodista. En 2020, Latin American Studies Asociation (LASA) le otorgó el premio de medios por su aporte a la investigación en Honduras. En 2021, Contracorriente fue galardonado por su periodismo riguroso y profundo con el Democracy Award. Jennifer además ha escrito opinión para el Washington Post en su versión en español, la revista del North American Congress on Latin America (NACLA) y el medio nicaragüense Divergentes. También es documentalista, en el 2016 dirigió el documental «Guardiana de los Ríos», que trata sobre el legado que dejó la líder indígena y ambiental Berta Cáceres, asesinada en 2016.

Jennifer participó en el 2022 en Tedx en San Pedro Sula, que fue un ejerci cio local de un evento global donde algunos de los pensadores y emprendedores más importantes del mundo están invitados a compartir lo que más les apasiona. La directora de Contracorriente habló a la audiencia de periodismo, «Quería saber si la justicia era posible en Honduras», le dijo a la audiencia para explicar por qué estudió periodismo.

Ahí le expresó a una numerosa audiencia que en su ideal, Contracorriente «busca ser una herramienta para que la población se convierta en ciudadanía». En esa conferencia Jennifer confesó que la ola de violencia que tiene de rodillas al país le arrebató dos familiares. Uno de esos crímenes quedó impune. Eso no es raro en Honduras, donde al menos el 95% de los homicidios se quedan sin llevar a los culpables a la justicia. Cuando estudió, Jennifer pensaba que el periodismo le daría «herramientas para contar historias, pero también para buscar la verdad y revelarla». 

Contra la corriente

Eran noches eternas. A veces de comer baleadas y a veces de no comer nada. No faltó el día en el que compartieron una cerveza. Nunca faltaban las ideas y los sueños. El aula de una escuela de idiomas en San Pedro Sula era la guarida de Jennifer Ávila y Catherine Calderón donde juntas planificaban el lanzamiento de su medio digital. En un papelógrafo escribieron los frentes de investigación que serían los guías de aquel medio aún en estado embrionario y ahí soñaron que si el periodismo se hacía bien, la ciudadanía informada y empoderada, exigiría democracia. «Teníamos una idea muy romántica», reconoce ahora Jennifer. 

Con Cattherine se conocieron en 2015, durante las protestas de los indignados, un poderoso movimiento ciudadano que hizo tambalear al gobierno de Juan Orlando Hernández después de salir a luz el desfalco por más de 7,000 millones de lempiras al Instituto Hondureño de Seguridad de Social (IHSS). Ahí se cruzaron sus intereses, se conocieron, y después de varios encuentros tomando mucho café nació la idea de remar juntas contra la corriente.

Foto del equipo de Contracorriente.Foto CC/Jorge Cabrera

Fueron meses de planificación para definir el norte del medio y su política editorial, que no se puede entender si no se hace desde la independencia y la rigurosidad. Contracorriente realizó su primera publicación en línea en marzo de 2017. Catherine Calderón, directora de 

desarrollo, mencionó que una vez lanzado el medio llegaron las encrucijadas. «El reto más grande que nos planteamos en ese momento era cómo existir y cómo buscar la independencia, era difícil pero era la única opción», recordó.

Al inicio financiaron el proyecto con sus sueldos y con las consultorías que realizaban en otros espacios, mientras Contracorriente avanzaba y crecía como medio de comunicación. Tenían la perspectiva de que esa era la única forma de dar a entender lo que querían y cuidar su proyecto. «En ese momento no sabíamos cuánto nos iba a costar, pero sí queríamos que fuese independiente de todo» dijo Catherine.

Contracorriente tuvo su primera gran cobertura durante las elecciones presidenciales de 2017, cuando Juan Orlando Hernández fue reelecto en contra de lo establecido por la Constitución de la República y se fraguó un fraude electoral que provocó multitudinarias protestas de los seguidores de la Alianza Opositora, cuyo candidato, Salvador Nasralla, aventajó el día de las elecciones por casi cinco puntos porcentuales. Pero en una remontada, de las que se ven solo en los partidos de fútbol, Hernández terminó ganando esas elecciones — plagadas de irregularidades — con una diferencia de 50,446 mil votos. 

Antes de las elecciones, Contracorriente había lanzado un especial en el que retrataban a los principales líderes o caciques de los partidos políticos que denominaron «Jungla Electoral», un concepto que nació en un pequeño restaurante. Las elecciones y el modo cómo se desarrollaron le dieron contenido al nombre y en esa «jungla» andaban reporteando Jennifer Ávila y un equipo que en su mayoría eran voluntarios. «Esa cobertura la hicimos con muy poco dinero, pero con muchas ganas y muchos voluntarios, se sumaron como 10 personas entre periodistas, gente de logística y expertos», contó Catherine. 

Es que entre los objetivos del medio se sigue destacando el ser un espacio para el desarrollo de una nueva generación de periodistas que cuenten Honduras desde sus problemas estructurales. Ahora Contracorriente tiene 20 personas empleadas entre la redacción — que está dividida entre Tegucigalpa y el Valle de Sula — y la administración. «Lo logramos», dijo Catherine. 

Las aulas de las facultades de periodismo suelen estar llenas de soñadores que chocan más adelante con la cruda realidad de sueldos bajos, jornadas extensas y leyes mordaza dentro de los mismos medios. Jennifer se ha resistido a caer en la agenda dirigida de los medios tradicionales; quizás ha cumplido en parte su sueño: «Se podría decir que sí, cuando iniciamos Contracorriente lo hicimos con la idea de transformar las narrativas; teníamos una idea con Catty, sobre que, si el periodismo se hace bien, la ciudadanía se va a empoderar y esa ciudadanía va a exigir democracia», recordó.

Se habían estimulado con el movimiento de los indignados en Honduras y las protestas en Guatemala que habían provocado la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, quien estaba señalado de participar en un caso de corrupción denominado «La Línea». Pensaban que la gente actuaría si podían ofrecerle un buen periodismo, si podían revelar corrupción o si auditaban el poder, «era una idea súper romántica», repitió Jennifer. 

Contracorriente ha investigado y revelado la corrupción, pero la otra parte de la visión no se ha cumplido. Ha realizado investigaciones colaborativas con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Univisión Investiga, Columbia Journalism Investigations (CIJ) y con el Centro Latinomericano de Investigación Periodística (CLIP), que han derivado en reportajes como los Pandora Papers y Transnacionales de la Fe, que en el año 2020 fue reconocido con el prestigioso premio de periodismo Ortega y Gasset. En el 2022, Contracorriente obtuvo una mención honorífica en los prestigiosos premios María Moors Cabot de la Universidad de Columbia en Nueva York.

El trabajo de este medio sigue siendo reconocido, aunque su directora, ahora premiada por la Fundación Gabo, considere que los reconocimientos son siempre una sorpresa. «Los premios que Contracorriente y yo hemos recibido han sido una sorpresa cuando yo reviso quienes han recibido estos premios antes y, pues, son grandes maestros míos o personas que me inspiraron» dijo. 

¿Qué es más gratificante recibir un premio o destapar una trama de corrupción? se le preguntó a Jennifer, a lo que respondió que «uno siempre guarda una pequeña esperanza de que cuando hace una investigación algo va a a pasar, pero ya después de 12 años en esto y ver que no pasa nada, ya es solamente la satisfacción de que hice bien mi trabajo, pero ya no tengo esa gran esperanza de que algo va a suceder o que si conté esta historia habrá justicia o que la gente se va a indignar. La satisfacción es haber hecho un buen trabajo, no es porque al fin vamos a ganar algo como sociedad». 

Jennifer reconoció que le frustra que el buen periodismo se diluya entre el mar de información que da el periodismo más fácil y atractivo «porque jamás vamos a poder competir con los medios masivos de comunicación que tienen millones [de lempiras] para pautar y hacer contenido viral. Pero cuando pasa eso recuerdo que la satisfacción nuestra es que tenemos una comunidad que ha crecido con nosotras y el hecho que ahora vayamos a la universidad para hablar de cómo hacer un periodismo distinto, eso definitivamente es algo que se cultiva lento, no como un clickbait. Hemos aprendido a ver nuestros impactos de forma distinta», dijo. 

Y en la web y en las redes las dinámicas cambian a menudo, eso puede ser también un enemigo del periodismo, «sí puede ser muy frustrante, el mundo de la redes sociales y la web es super agobiante y cambia muy rápido, los contenidos son más chatarras cada vez y estamos peleando contra eso». 

Entender el poder

Los reconocimientos que ha recibido Contracorriente y su directora no resuelven el reto de la supervivencia y la sostenibilidad, que se vuelven, según Jennifer, «un dolor de cabeza de todos los días» y sostuvo que, en Honduras, el modelo de negocios de los medios corporativos siempre ha sido la corrupción, el tráfico de influencias o el chantaje. La práctica incluso se ha personalizado en los periodistas «en Honduras es súper normal que al final del mes los colegas pidan “machaca” [dádiva que reciben los periodistas de fuentes públicas o privadas]».

Vender publicidad es una complicación en tiempos de crisis para todos los medios a nivel mundial, pero más aún para los independientes porque la empresa privada no querrá anunciarse en un medio que está contándole las costillas al sector privado y a los políticos con los que a veces tienen negocios» mencionó la directora de Contracorriente

«No es que no haya publicidad ética» aclaró Jennifer, pero agregó que es un gran reto y requiere inversión y educación de los pueblos para llegar a un modelo sostenible. «Hay países en los cuales la gente sostiene a los medios independientes ya que eso es la creación de una cultura de democracia, que la ciudadanía sienta que el periodismo es una necesidad por la cual debe pagar — o debería pagar — y eso en nuestros países es muy difícil por los niveles de pobreza, educación y una avalancha de contenidos simples, fáciles y superficiales que son más atractivos». 

En medio de tantos matices, Jennifer considera que es imposible hablar del periodismo hondureño como un todo. Por un lado hay una gran cantidad de medios que están en manos de las élites políticas y económicas, que han instalado un modelo muy tradicional, «no voy a decir si es malo o bueno, lo que sí se puede decir es que esos medios no están interesados en hacer un periodismo independiente, crítico y educativo». 

Pero también están otros periodismos surgidos después del Golpe de Estados en 2009, que tienen una visión más crítica y que tienen activismos muy específicos. «Ahora hay ahora un catálogo diverso de periodismo diferente a lo que hace está gran masa de medios corporativos y eso no se puede entender sin recordar el Golpe de Estado, que fue el rompimiento del cerco mediático» destacó Jennifer, quien también espera que esos intentos de hacer un periodismo independiente no se frustren y caigan en lo que sí funciona para atraer miles de likes. 

La tarea de los periodistas de investigación no es fácil por varias razones, pero quizás las más importantes son que siempre hacen falta fondos y el peso del poder que es amenazado por la verdad y que responde con agresividad, pero el periodismo valiente continúa bregando. Jennifer dijo que «Honduras está llena de historias» y que sigue buscando entender mejor el país ahora con el gran reto de desentrañar cómo funciona el poder local, como las alcaldías, «ahí hay mucha corrupción que está muy normalizada», sentenció.

Jennifer Avila (Derecha) realiza una entrevista en los campos de palma africana en Colón. Foto CC/Jorge Cabrera

El espíritu que la llevó casi todos los días a una estación de televisión en la que solo habían dos cámaras que utilizaban formato VHS, no ha desaparecido. Para Jennifer es vital entender cómo funcionan las mafias en el interior del país y hablar del control de los caciques, más ahora que Honduras sufre una transición en la que se modificó el control político del Partido Nacional y Partido Liberal para dar lugar al tripartidismo con el ascenso al poder del Partido Libertad y Refundación, «seguimos buscando entender el poder». 

Ahora que la Fundación Gabo ha reconocido su trabajo, Jennifer Ávila ve este premio desde perspectivas más allá de las personales, «para mí este [premio] también es un reconocimiento al equipo de Contracorriente, que ha enfrentado este país con todo lo que tiene, que ha decidido hacer un cambio en las narrativas» dijo. 

Jennifer considera también que un reconocimiento de tal magnitud la protege a ella y a su equipo en una época en la que está «de moda poner a la prensa como enemigo público». En El Salvador Nayib Bukele y su gabinete han colocado a los periodistas independientes como enemigos públicos, en Nicaragua hay periodistas exiliados a quienes el régimen de Daniel Ortega les retiró la nacionalidad y en Guatemala se ha criminalizado al director de El Periódico, José Rubén Zamora, y ahora a un grupo de periodistas de ese medio Eso no solo está pasando en los países vecinos sino que también es un riesgo que actualmente corre Honduras por la narrativa de algunos funcionarios del Gobierno actual presidido por Xiomara Castro, que se cierran a la prensa independiente y la señalan como detractora tal como lo hizo el Gobierno anterior.

«Estamos viviendo muy graves retrocesos en la democracia y este reconocimiento nos da fuerza para seguir en todo esto, es un momento de alegría y de sentirnos parte de algo más grande, de un movimiento para que los países sean más democráticos» dijo Jennifer.

Los bordos de los ríos que cruzan la ciudad de San Pedro Sula han sido por décadas poblados afectados por la pobreza extrema, la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales y por la sobrepoblación que produce la migración del campo a la ciudad. Ahora estos asentamientos humanos informales reclaman una reubicación digna.


Texto y fotografía: Amílcar Izaguirre

Después de que mataron a su primer esposo, Elsa María Mejía migró de la aldea Callejones en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara en el occidente de Honduras a San Pedro Sula, la ciudad industrial en el norte del país. Sin embargo, en este nuevo destino, donde la violencia tampoco es ajena, la pobreza la persiguió. Hace 13 años le compró una casa de madera reciclada a su hermano mayor ubicada en los bordos de Champerío en San Pedro Sula donde vive junto a sus hijos y nietos. Fue lo mejor que pudo conseguir, porque primero, intentó vivir en una casa en el Ocotillo, una comunidad alejada del casco urbano de esta ciudad pero no pudo costear la renta.

Hace unos días, Elsa se unió al grupo de aproximadamente 150 familias que pretenden tomarse la reserva del Acuífero de Sunseri con la intención de conseguir un terreno para hacer su casa o al menos exigir una reubicación para salir de los bordos. «Estoy luchando para darle a mis hijos un lugar digno donde vivir para que cuando yo muera no queden desamparados. Además, no tengo dinero para reparar mi casa, las láminas están llenas de agujeros y cuando llueve el agua se mete por todos lados» dijo Elsa mientras señalaba con el dedo su casa deteriorada por los años.

Elsa tiene 40 años, es madre soltera y tiene a su cargo cinco hijos y dos nietos que le dejó su hijo mayor al morir ahogado en río Blanco en esta ciudad. Los cinco hijos menores están en edad escolar pero este año, por falta de dinero, solo dos de ellos van a la escuela. Hace seis años Elsa dejó su trabajo de lavar pisos en un centro comercial de la ciudad porque padece de diabetes y, según comentó, en varias ocasiones fue llevada de emergencia del trabajo al hospital y esto le impidió seguir trabajando. 

Hace cinco años su madre murió de diabetes y, un año después, también murió su hija de 18 años por la misma enfermedad. «No pudimos comprarle el tratamiento por la pobreza, ahora quisiera no existir, hay momentos que mejor le pido a Dios que me lleve cuando no me puedo levantar de la cama porque se me ponen los pies hinchados» dijo Elsa, con la voz entrecortada al borde del llanto. «Para poder llevar comida a la casa, mi hija de doce años y el niño de once venden cuadernos en los semáforos y con el dinero que hacen de la venta sobrevivimos» dijo Elsa y comentó que hay días que venden y otros que regresan sin traer dinero.

Los bordos fueron construidos para proteger los cultivos de banano de las inundaciones. Con los años los bordos se convirtieron en asentamientos humanos donde hoy viven unas 17 mil familias que suman aproximadamente 76,000 habitantes distribuidos en 16 bordos según dijo César Cárcamo, gerente para el Valle de Sula de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM) que desde el 2005 trabaja con la gente de estos bordos. La cantidad de población que vive en los bordos equivale a casi el 10% de la población total de San Pedro Sula que es de 777,877 habitantes según Instituto Nacional de Estadística, INE.

La toma de la reserva Acuíferos de Sunseri tiene implicaciones que van más allá de lo ambiental y la tenencia de tierra. Cerca de este predio funcionan diez pozos que abastecen de agua a buena parte de esta ciudad.

Cárcamo afirmó que la mayoría de las personas en estos lugares se sostiene recogiendo y vendiendo desechos reciclables y haciendo trabajos domésticos. «El trabajo formal que encuentran es de guardia de seguridad y cuando alguien va a buscar trabajo y dice que vive en los bordos no lo contratan porque tienen el estigma de que todas las personas que viven en esos lugares pertenecen a grupos delictivos. Tienen que mentir para no ser discriminados» dijo Carcamo.

Juan García, un poblador del bordo Pueblo Nuevo, dijo que, como no podían pagar alquiler, vivían en los bordos. «Acá algunos compañeros se quedaron sin casa después de las tormentas Eta y Iota y la mayoría de estas familias son madres solteras que también necesitan un lugar digno donde vivir», dijo Juan mientras sostenía un machete en su mano derecha el cual utiliza para limpiar el predio del Acuífero.

«La gente de colonias marginales por la pobreza extrema se instalan en los bordos para abaratar el costo de la vida porque ahí no pagan alquiler, agua ni energía eléctrica y cuando la actividad agrícola en el campo no es rentable la gente busca otra alternativa de vida en la ciudad » dijo César Cárcamo. 

No obstante, César Cárcamo comentó que, de acuerdo con estudios realizados por el CASM, el 60% de las personas en los bordos no se quiere salir de ellos porque de nada sirve que les den una casa bonita si no van tener que comer ni donde ir a ganarse la vida y por eso la municipalidad, el gobierno y la gente de los bordos debe reunirse para encontrar una solución integral.

Cárcamo dijo que ya se hizo un experimento cuando se reubicaron unas 174 familias del bordo Esquipulas II para construir la segunda trocha del segundo anillo periférico de San Pedro Sula en el 2013. Unas familias fueron reubicadas en Choloma y otras en la residencial La Frontera, cerca del Aeropuerto Ramón Villeda Morales. Debido a que no encontraron de qué vivir y deben pagar agua, luz eléctrica y los pasajes para transportarse al centro de la ciudad, algunas familias decidieron regresar a los bordos.

Junto a las champas de plástico y madera ondea la bandera de Honduras que han colocado los pobladores de los bordos de San Pedro Sula en la reserva de Acuíferos de Sunseri de San Pedro Sula. Foto CC/Amílcar Izaguirre

«Desde el gobierno de Padilla Sunseri se habla de la reubicación de los bordos pero todo queda en planes y promesas de políticos. Hasta el momento no se tiene ni en agenda este proyecto, el alcalde [Roberto Contreras] ha dicho que los va a reubicar pero no tiene la capacidad y tampoco creo que tenga una estratégia» afirmó César.

Alexa Solórzano, gobernadora política de Cortés, dijo que desde el año pasado hay varios proyectos habitacionales que se quieren ejecutar por parte del gobierno de Xiomara Castro, pero que hay muchos decretos que dejó el gobierno anterior que están bloqueando el avance de dichos proyectos. «Casualmente tengo en mi despacho los planos de los terrenos donde se quiere hacer edificios verticales para reubicar a los pobladores de los bordos» comentó la gobernadora.

Alberto Benítez, director ejecutivo de Hábitat para la Humanidad Honduras, dijo que ellos hicieron un estudio en 2018 en el que encontraron que en el Valle de Sula existen 133 asentamientos humanos informales de los cuales 25 están ubicados en San Pedro Sula y 16 de estos son bordos en los ríos que cruzan esta ciudad, pero que hay otros asentamientos en derechos de vías públicas y terrenos en litigio, en esos asentamientos hay cerca de 134 mil viviendas y unas 20 mil familias.

«Como organización le hemos propuesto al gobierno central y a la alcaldía de San Pedro Sula trabajar un programa multianual para la solución del problema de los bordos y un proyecto piloto para que dé luces de cómo abordar el problema de los asentamientos irregulares porque no se trata solo de una reubicación sino también considerar los medios de vida de los que viven en estos asentamiento irregulares» argumentó Benítez. 

La mayoría de las viviendas en los bordos no cuenta con servicios básicos, el agua es escasa y pocos tienen letrinas. Muchas casas están construidas de madera reciclada, láminas deterioradas y plástico. En el bordo de Champerío, donde queda la vivienda de Elsa Mejía, las casas están construidas de manera que una pared de tabla divide a una casa de la otra. A tres metros de la puerta de esas casa se encuentra un canal que drena las aguas negras de la ciudad que con el sol del mediodía el mal olor es insoportable

Elsa comentó que, empujada por la necesidad, decidió pedir dinero en la calle cargando en sus brazos a su hija de tres años. «En una ocasión, la Fiscalía de la Niñez me quería quitar a mis hijos porque yo andaba pidiendo con mi niña pequeña y tuve que rogarles para que no me los llevarán. Le pido al alcalde Roberto Contreras y la presidenta Xiomara Castro que se acuerden de nosotros que tenemos mucha necesidad», dijo Elsa entre lágrimas.

Texto: Célia Pousset
Portada: Daniel Fonseca

Es terrible decirlo —y quizás me da vergüenza—, pero ya está: después de años coqueteando con Centroamérica como periodista, algún día me sorprendió ver niños jugando en la calle. 

Y eso ocurrió la semana pasada: vi a niños jugar al aire libre en medio de una capital. Vi bicicletas de chiquillos y pelotas lanzadas en el aire con patadas y recepcionadas con cabezazos (esas pelotas eran globos cubiertos de papel multicolor y se vendían como churros), vi a familias tumbadas en la grama del terraplén de un bulevar concurrido. Cuando digo «tumbadas» es que todos dormían, la cabeza de unos sobre las piernas de otros, en una entrega total al descanso. Pensé: en una indefensión total. Miré a mi alrededor y no percibí peligro inmediato, nada que exigiera una vigilia. Me sentí extremadamente feliz y eso me asustó un poco.: ¿Qué tipo de alegría era la de bajar la guardia? Ese día no estaba en Honduras. 

Era un domingo por la tarde en la Ciudad de Guatemala, a lo largo de los 2,6 kilómetros de la avenida Las Américas. Recorrí esa avenida pasmada, el aire olía a vacaciones, a primavera. Ahí, en el corazón adinerado de la capital de Guatemala, se mezclaban familias de diferentes estratos sociales. Las más humildes venían en bus, y las más ricas en carro o a pie desde apartamentos cercanos; pero lo importante es que nada tenían que pagar para disfrutar de la sombra de los árboles de avenida Las Américas. Aunque sea solamente un día a la semana, esta avenida encarna de la mejor manera posible el concepto de «espacio público». 

Llegué por primera vez a Ciudad de Guatemala en 2017 y regresé por una semana seis años después. Reconocí algunas cosas paseando en las calles, ya que caminar es a menudo soplar el polvo que cubre la memoria: la estatua enorme del papa Juan Pablo II y otra de Miguel Ángel Asturias, el edificio de las Fuerzas Armadas, un redondel, un restaurante en el que comí con ganas de dormir, una parada donde esperaba el bus sujetando una mochila que contenía mi primera libreta de periodista. Mi libreta era un desastre de apuntes y terminé botándola, creyendo que iba a cuidar más las próximas; nunca mejoré en eso, pero ya no boto las libretas. Eso para decir que hace seis años no conocía nada de Centroamérica, y sí me sorprendía —porque es sorprendente— ver a niños limpiando botas y vendiendo golosinas en las pulperías. 

Pero ya no me inmuto, ya estoy «acostumbrada». Un día de octubre de 2022, cuando apenas acababa de llegar a Honduras, fuimos a Choluteca con un fotógrafo de Contracorriente, Jorge Cabrera. Se avecinaba la tormenta «Julia», que amenazaba con arrasar Nicaragua, Honduras y El Salvador. Todo el mundo hablaba de eso, de «Julia». La gente rezaba en los puentes que atraviesan ríos para que «Julia» tuviera piedad con el pueblo hondureño. Nuestro plan era reportear sobre una ciudad surgida de la nada en el desierto de Choluteca, la Ciudad Mel Zelaya, hecha de palo y lona, de gente pobre y de árboles resecos. Al lado de una carretera, ese campamento parecía ya haber sido arrasado por «Julia» o algo peor, pero no, todavía no, así era el campamento: miserable, atormentado por el calor, con gallinas negras y potros flacos. Y con niños que no iban —que tal vez nunca irían— a la escuela. No me alteré, ni lo apunté. Antes, cuando recorríamos la carretera que lleva a Ciudad Mel Zelaya, vimos a niños vendiendo marañón y dulces; golpeaban los vidrios de los carros zigzagueando entre los carriles, y sin miedo. Eso no es noticia. Una infancia así, pienso, con pequeñas cosas que vender, con una mirada insistente y una manera de hablar sin timidez a los adultos, una niñez presa de las garras de la pobreza, esa reproducción implacable de lo mismo. Casi nunca lo es, pues si alguien escribe sobre esa niñez que no tiene acceso a la educación nadie se va a sorprender. ¿Acaso no es común?, podrían replicar los lectores. Y, así, nos vamos acostumbrando a ver cosas sin contarlas. 

Ahora, en retrospectiva, cuando llevo casi seis meses de vivir en Honduras, quizás puedo decir que, en esas primeras semanas, peleaba en mí la necesidad de entender Honduras y también una sensación de irrealidad. Algo me preocupaba, pero era algo invisible que sólo podía manifestarse en la noche, en los sueños: la presencia sin forma, todavía escondida, de la violencia de este país. Era ver sin saber, como cuando uno ve las bolsas de plástico que esconden cuerpos anónimos en la televisión, y esas imágenes borrosas de personas lastimadas. O cuando uno esquiva a un hombre que parece dormido en una acera, con un cuchillo entre los dedos, ebrio o muerto, quién sabe.

Esa violencia cobró fuerza y realidad para mí cuando Jeremy Zúniga, quien tenía diez años, fue asesinado en plena calle en Guaimaca, en el departamento de Francisco Morazán, el pasado 7 de noviembre de 2022. Jeremy caminaba con su prima Sherly hacia la casa de su abuela, cuando un hombre se acercó a la pulpería donde habían decidido comprar un jugo y los amenazó con el filo de su machete. Huyeron. Pero Roger Gálvez Marcias, el hombre con el machete, alcanzó a Jeremy y lo mató. La periodista María Celeste Maradiaga escribió sobre este caso y contó que, en 2022, 189 niños, niñas y jóvenes de menos de 23 años conocieron una muerte violenta. 

¿Es válido preguntarse dónde juega la niñez de Honduras cuando el tema más urgente es su supervivencia?

En los barrios más violentos, controlados por pandillas, hay niños jugando en las calles pero tienen a la muerte custodiándolos, pues en algún momento puede ocurrir una balacera y se convierten en carne del fuego cruzado. El espacio público se usa, pero la naturaleza de ese espacio es lo que hace una diferencia abismal respecto del ideal de espacio público seguro e incluyente. Los niños de estos barrios controlados saben en qué calles pueden jugar, qué calles no cruzar porque son de otra pandilla y los pueden matar, saben qué ropa usar, qué palabra no decir, que señas no hacer. Es un espacio público que no es público, es de la pandilla, de la violencia, y los niños aprenden jugando en él a sobrevivir la violencia, aprenden sus reglas y, eventualmente, serán ellos los que lo controlarán.

Entonces, para su seguridad, otros niños y niñas juegan adentro. Dentro de las casas, y, si es posible, dentro de los límites de las colonias cerradas. Sin embargo, hasta adentro la violencia de la calle se cuela y pervierte el juego. Lo aprendí cuando una vez intenté hacer figuritas de plastilina con el hijo de un amigo. Fabricamos peces, estrellas de mar, cangrejos a quienes pusimo ojos y bocas de color. Sin embargo, enfrente la tele trepidaba con imágenes de un noticiero. Filmaban en vivo un enfrentamiento entre policías y supuestos pandilleros que vestían uniformes de la antigua unidad anti maras y pandillas, la FNAMP. Eran las 8 de la noche, el lunes 28 de noviembre. El periodista estaba exaltado, otro se escondía detrás de los carros y, por ratos, corría. No pude dejar de mirar los planos agitados de la cámara. El niño no se fijaba en lo que estaba pasando en la tele: jugaba, creaba, inventaba. Pero, en un instante, sintió que había perdido mi atención: hablaba más alto, me enseñaba con insistencia sus figuras, y, a veces, echaba vistazos a la pantalla que le robaba a su amiga. Y, por más que ahora lo pienso, entonces no logré apagar el espectáculo en vivo, porque era hipnótico. No logré proteger el mundo de nuestro juego. 

Afuera el mundo es grande, violento, más plástico que la plastilina y más insensato que una adulta que se niega a jugar por no dejar de presenciar en vivo una balacera. Podría excusarme y decir que mirar el noticiero forma parte de mi trabajo, y que lo cumplía, pero el trabajo no lo justifica todo. 

Un día, mientras estábamos sentados en las gradas del Teatro Memorias, en el Centro de Tegucigalpa, pregunté a un colega de Contracorriente, Daniel Fonseca, por qué había escogido el periodismo. Contestó que se sentía responsable de su pueblo y que el periodismo era una manera de lidiar con esa responsabilidad. 

¿Cuánto tiempo es necesario para sentir una responsabilidad hacia alguien o algo? ¿Unos meses, unos años? Hay sentimientos de responsabilidad que pueden brotar de inmediato, por ejemplo cuando los padres abrazan por primera vez a un hijo o cuando uno nace en un país como Honduras. 

Yo no creo que sienta una responsabilidad hacia el pueblo hondureño. Pero cuando se acabó mi viaje a Guatemala y regresé a Honduras en avión, y miré por la ventanilla su tierra, percibí algo en mí. No era algo racional, sino una sensación viva. Una punzada en el corazón. Vi los montes, vi los campos, vi las ciudades desde el cielo y si hubiera podido ver dentro de las casas, hubiera visto a los niños y las niñas que harán el futuro de este país. Honduras, país olvidado por la historia mundial, soberbio de violencia, incansable de trabajo. Ese punto del mapa hacia el cual no siento responsabilidad, sino un cariño creciente. Después de todo —y a pesar de todo— es el país que escogí. 

A finales de febrero, entrevisté al ministro de Educación, Daniel Sponda, quien dijo que el Gobierno tiene la responsabilidad de reparar más de 12 000 escuelas en el país : «en 2022 reparamos 3 escuelas en promedio por día y se espera reparar el doble en 2023 con una inversión de mil millones en infraestructura». Habrá que verificarlo. Afirmó también que había dado instrucciones de que las clases se improvisen en las canchas mientras se rehabilitan las aulas. Le pregunté cómo se iba a garantizar la seguridad de los alumnos que reciben clase en el espacio público. Contestó: «históricamente en Honduras tenemos centros educativos que tienen un decreto de creación y funcionamiento, pero físicamente, la escuela siempre ha estado debajo de un árbol». 

Pensé : normalmente un árbol se sube, y debajo de él se juega. ¿Así que el mundo va al revés ? El lugar dónde se debería estudiar, se encuentra en tal condición de deterioro que no se puede estar en él, y el lugar dónde se debería jugar, sirve de escuela.

En Honduras, el espacio público parece ser siempre la última opción a la que tenemos que resignarnos. Espero que algún día la niñez conquiste el derecho de habitarlo con toda seguridad, y que yo no me asombre nunca más de verla jugar.

Texto y portada: Ana Murillo

En Honduras sobran las razones para no investigar y desenmascarar las redes del narcotráfico y la corrupción política. Se dice que son «valientes» quienes desenredan los hilos del crimen organizado para explicarlo a una ciudadanía que lleva muchos años sufriendo y esperando justicia. Muchas de esas voces valientes fueron calladas, como fue el caso del ex asesor de la Secretaría de Seguridad, Alfredo Landaverde y el del zar antidrogas, Julián Arístides González, asesinados trasrevelarnombres detrás de estructuras que ya se conocían como secreto a voces. Ellos comenzaron a contarnos sobre el narco-Estado que años después, la Corte del Distrito Sur de Nueva York, comenzaría a señalar y juzgar. 

A pesar de ese silencio que ha impuesto el miedo en Honduras, el escritor Óscar Estrada, escribió el libro «Tierra de Narcos» que primero fue publicado con el sello de Casasola Editores y ahora ha sido reeditado y publicado por la internacional Penguin Random House. En su libro, Estrada nos hace un recorrido histórico e hilvana la historia nacional del narco entrevistando a un excolaborador de un cartel. 

«Tierra de narcos» cuenta los orígenes de ese narco-Estado, sus clanes, sus detalles escabrosos y sus vínculos con la política, ahora se encuentra en las librerías de Honduras y se ha convertido en un documento histórico para entender lo que pasa en el país. 

Según su autor, este libro no pretende quedarse en el espectáculo de la narco-cultura, sino más bien, busca relatar de manera cronológica cómo las mafias se apropiaron de Honduras.

Este libro además de apoyarse en información que ya han publicado medios de comunicación como parte de su bibliografía, también va acompañado del testimonio de quien fue un miembro activo en el narcotráfico, se menciona el nombre de quienes son parte de los secretos a voces y de quienes ya se confirmó que tuvieron o tienen nexos con el crimen organizado, asimismo, se habla de alcaldes, políticos y empresarios que fueron parte del trabajo que le abrió las puertas al tráfico de drogas en Honduras.

El escritor contó que su objetivo siempre fue «desenredar un mapa de actores históricos del narcotráfico durante los últimos 50 años y de esta forma ver cómo han ido evolucionando los carteles del narcotráfico».

El relato inicia en la década de los años 70 con el asesinato de Mary y Mario Ferrari, no como un punto de partida de esta problemática en el país, sino, como un hecho que develó una realidad que en aquel entonces era secreta: el nexo del narco con las Fuerzas Armadas. 

«Tierra de Narcos» es un libro que sirve de herramienta de consulta, es como una memoria histórica del narcotráfico en Honduras. El autor del libro reconoce que «es un tema que es más fácil hablarlo desde fuera del país». Con el objetivo de tener más alcance se ha publicado una segunda edición de Tierra de Narcos, donde el contexto se ha ampliado explicándolo con más detalle, apuntando a traspasar fronteras hondureñas y llegar a todos aquellos extranjeros que estén interesados en conocer sobre la historia del narcotráfico en Honduras.

Estrada, asegura que «el narcotráfico prospera donde el Estado es más débil» puesto que aquellas zonas que son marginadas por la economía central y que además, son parte importante en la ruta del trasiego de drogas, tienden a ser pieza clave para las organizaciones criminales.

La tesis principal de este libro es que, lo más importante para el narcotráfico es el control del territorio para asegurar el éxito de los negocios, reconociendo que las personas más propensas a establecer relaciones con los carteles, son aquellas que tienen en sus manos el territorio nacional, a través del poder local, la tenencia de la tierra y los medios de producción y el control de la criminalidad y al mismo tiempo de las fuerzas de seguridad del Estado.

Un ejemplo de ello, es el control que las Fuerzas Armadas tenían entre los años 70´s y 90´s sobre el territorio hondureño, por ello, elementos ligados con la inteligencia del Estado, como el coronel Leónidas Torres Arias, crearon vínculos con el crimen organizado, según el libro.

Pese a la extradición de grandes figuras políticas como, Juan Antonio Hernández y su hermano el ex presidente, Juan Orlando Hernández, Oscar Estrada considera que en Honduras el narcotráfico «sigue más vivo que nunca» ya que, el consumo de la droga no ha disminuido y hemos pasado de ser un país de tránsito a ser un país productor y consumidor.

El periodista y escritor, comenta que el narcotráfico no es un problema de valores, sino más bien estructural, que se fortalece en cómo estamos eligiendo a nuestras autoridades, llevando al poder a quien su nombre ya se ha vinculado con los carteles de la droga «este no es un problema de partido, porque el narcotráfico no ve colores, si no, va sobre quienes tienen control de territorios».

El narcotráfico es el responsable del crecimiento económico en muchas comunidades y ciudades y al ejercer control sobre estas, brinda la seguridad que el Estado no ha podido asegurar. Además trae implicaciones sociales, políticas y económicas que representan un problema complejo y muy poco analizado en la política nacional. Óscar Estrada asegura que «para emitir un juicio de lo que está haciendo este gobierno para combatir el crimen organizado, el lavado de activos y el narcotráfico, veamos qué es lo que están haciendo para fortalecer las instituciones que combaten eso, y si lo que está haciendo es debilitándolas, porque se sienten amenazados por las mismas instituciones que tienen la obligación de fortalecer, está ganando el narcotráfico».

La lucha contra el narcotráfico en Honduras continúa, Estrada nos brinda una radiografía de cómo las élites y gobernantes se vinculan a los carteles de droga, y cómo los tentáculos de esta estructura criminal se siguen expandiendo, que pueden enredarse, pero no romperse y las autoridades parecen ser ciegas, sordas y mudas, permaneciendo de brazos cruzados esperando que la justicia internacional tome cartas sobre el asunto.

Texto: Giovanni Rodríguez
Fotografía: Mimalapalabra

Hace unas semanas salió a la venta Anchuria (Mimalapabra, 2023), la nueva y ambiciosa novela del escritor hondureño Giovanni Rodríguez, quien la subtitula como «una historia posible de la Banana Republic». La novela, de 525 páginas y que se consigue en librerías, Amazon o a través de la editorial Mimalapalabra, vincula las historias del empresario estadounidense Samuel Zemurray, principal figura del enclave bananero en el país; del escritor O. Henry, considerado uno de los más grandes cuentistas de la historia y quien dio origen al término «Banana Republic»; del expresidente Manuel Bonilla y de dos mercenarios estadounidenses, Lee Chritsmas y Guy Molony. Con el permiso de su autor, reproducimos aquí un capítulo de este libro que, según el historiador Mario Argueta, viene a enriquecer la bibliografía hondureña. 

(Fragmento de Anchuria)

Sam «The Banana Man»

Nueva Orleans, enero de 1958

Si se le viera desde afuera, de pie frente a los ventanales de su casa en Nueva Orleans, se le podría imaginar alto y firme, en mangas de camisa, sosteniendo, quizá, un vaso de agua, sosteniendo probablemente el peso de su vida entera, antes de sentarse en un sillón para pensar, y nadie diría, al verlo así, de pie, con su imponente presencia, que este hombre tiene casi ocho décadas encima y que ese vaso se lo han puesto en las manos con apenas la mitad de agua, para evitar un accidente. Tiene Parkinson. 

Estamos a finales de los años cincuenta, cuando ya todo, o, mejor dicho: cuando lo más importante ha pasado, y para él son sus últimos años de vida. Alguna vez este hombre controló los negocios y la política en unos cuantos países, alguna vez este hombre lo controló prácticamente todo en unos cuantos países, pero ahora no puede sostener un vaso sin el riesgo de derramar su contenido.

Ve hacia el jardín frente a su casa, quizá al brillo del césped por el rocío de la mañana, quizá al árbol de palma que trajo de Anchuria hace algunos años para sembrarlo ahí y establecer con él una provocadora nota tropical y disonante en el paisaje, en medio de los robles predominantes de la ciudad; o quizá ve más allá, en medio de la niebla restante, a los paseantes que acceden por la entrada principal al Audubon Park, que con sólo cruzar la calle, ese bulevar por donde pasa el tranvía y es conocido como la Avenida St. Charles, él puede considerar como una gran extensión de su jardín; aunque tal vez en realidad, más que ver hacia al frente, su honda mirada vea hacia atrás en el tiempo, donde hay más niebla y donde, sin embargo, es capaz de recuperarlo todo con suficiente nitidez, en una curiosa paradoja sentimental: su mirada retrospectiva tropieza, sin poder evitarlo, con el escenario de sus victorias: con todo lo que ha logrado hacer casi desde la nada. 

En el principio hubo, quizá, eso que suelen llamar destino, algo en lo que él nunca ha creído. No se ha creído nunca tampoco esa «doctrina del destino manifiesto», que supone que los hombres como él, con el valor suficiente, vengan desde donde vengan, tienen reservados la conquista y el dominio de cualquier territorio. De hecho, ríe irónicamente cuando alguien asocia esa palabra, destino, a los hechos que configuraron su vida. Le parece, incluso, que cuando alguien le habla del destino, lo que hace es subestimarlo, y al mismo tiempo subestimar a todos los que han sido como él, pero no es un hombre irritable ni lo ha sido nunca, ni siquiera en los momentos más difíciles, ni siquiera ahora con su enfermedad, y no le da a nadie el gusto de verlo salirse innecesariamente de los márgenes de su compostura. En el fondo, los desprecia a todos, aunque les dedique su amistad o les demuestre su confianza, aunque en los últimos años se haya dedicado con ellos o junto a ellos a la filantropía. Desprecia a todos esos que creen que un gran hombre se forja apenas en el juego de la vida dejándose llevar por unas cartas ya dispuestas favorablemente desde el principio. No, señores, se dice, viendo hacia atrás, a las huellas que han dejado sus pasos firmes y decididos por el camino que fue de otros pero que terminó siendo suyo. Así no es como se hace un hombre, se dice, viendo hacia el jardín, pero en realidad viendo hacia atrás con su memoria, que lo remonta a viejas imágenes en las que logra situarse a sí mismo cuando era niño y alguien le dijo que a partir de ese momento debía dejar de ser un niño para convertirse en un hombre en unas tierras lejanas del otro lado del océano.

Durante los últimos años, desde que se retiró en 1954, con la certeza de que los movimientos de su cuerpo resultan algo que no puede controlar del todo, habiendo tenido, incluso, en la intimidad de su hogar, fuera del alcance de los chismosos, rabietas que han dado con sus puños enormes sobre su escritorio, desesperado por el movimiento involuntario de sus manos, se ha dedicado a reflexionar sobre lo que ha hecho en su vida. Las cosas podían haber sido distintas, se dice, y aunque lamenta las formas y las circunstancias, reconoce que, quizá, era el único modo en que todo podía ocurrir. Un hombre es, o se hace, según las decisiones que toma, se dice. ¿Aceptará, en este caso, la teoría del destino manifiesto? Se considera a sí mismo uno de los últimos aventureros estadounidenses, uno de los últimos representantes, si acaso, de ese mal llamado «destino manifiesto», el rostro visible de un poder que lo arrasó todo en una extensión considerable del mundo. Estamos a finales de los años cincuenta y la historia todavía no lo identifica enteramente como uno de los suyos, pero es fácil suponer que su legado será reconocido en los años venideros.

Su legado es algo que empezó a preocuparle durante los últimos años. Cuando pasea por el Audubon Park o por las calles del French Quarter, cargando su botella con leche y un ejemplar del Times-Picayune, que lee en los cafés, piensa no sólo en ese monstruo que empezó a crear desde principios de siglo y que muchos identifican como un pulpo gigante que lo abarca todo, sino también en la Universidad de Tulane, a un costado de su casa, en donde trabajó su hija Doris antes de mudarse con su marido a Costa Rica; piensa en la escuela agrícola que fundó en Anchuria hace ya casi veinte años; en aquel barco que compró en 1947 para rescatar con él a más de cinco mil judíos sobrevivientes del Holocausto; y piensa en las otras posibilidades que tiene para que su nombre se asocie en el futuro no sólo con el monstruo gigante que controlaba todo sino también con la idea del desarrollo y de la filantropía, con la idea de que, en realidad, fue un hombre bueno.

Rich Cohen, su biógrafo, se pregunta si en este momento de su vida ese hombre siente algún remordimiento. Pero nada hay en su personalidad que pueda darle al biógrafo una respuesta concreta. Lo cierto, dice Cohen, es que durante los últimos años de su vida, ese hombre que en los años de su juventud volvía a casa por las calles de Selma bajo la luz de los faroles con sus manos enormes en los bolsillos del pantalón, se queda contemplando, desde una ventana de su hogar, desde esa ventana al pasado, la lluvia fina que cae sobre Nueva Orleans, pensando quizá en los exóticos parajes del trópico que se abrieron con la línea del ferrocarril, en los gobiernos que cayeron a su sombra, en los amigos que ganó y en los enemigos que siempre lo acecharon. Piensa, quizá también, en su hijo muerto en la guerra sirviendo a su país, y se da cuenta de que ninguna idea de éxito o de victoria es comparable con la idea de la muerte. 

Aunque le enorgullece todo lo que ha construido a lo largo de su vida, no deja de pensar en lo que tuvo que sacrificar para lograrlo… 

(…)

No hay niebla, al menos para él, en ese pasado que suele traer con su memoria. El aire es transparente ahí, en sus recuerdos, y puede ver con nitidez los hechos que configuraron estos últimos años de su vida. Hay más ahora, piensa, mientras deja de ver por un instante la escasa niebla que le queda a la mañana y se concentra en el movimiento espontáneo de su mano izquierda. ¿Es así como va a ser?, le pregunta a Sarah, su esposa, cuando ella entra para avisarle que pronto estará listo el desayuno, y siente el temblor, ahora incontrolable, en la mano izquierda, que trata de mitigar con la otra mano. ¿Es así como acaba la vida de un hombre al que alguna vez compararon con un pulpo gigante cuyos tentáculos eran capaces de apoderarse de todo, de controlarlo todo?, piensa, mientras vuelve a ver por la ventana. Sarah le responde apenas con un abrazo de lado y recostando su cabeza sobre su hombro izquierdo; constituyen de ese modo una imagen en la que todavía da la impresión de que es ella quien se apoya en él, cuando en realidad es todo lo contrario. Este hombre tiene ochenta años y nunca en todo ese tiempo mostró alguna debilidad; por eso lo frustra el temblor incontrolable de su mano izquierda; por eso piensa retrospectivamente, él, que vivió su vida viendo hacia el futuro, que fue un visionario, que imaginó y construyó un imperio, que nunca tuvo tiempo para ver atrás sino para recordarse de niño saliendo de su país en busca de eso que después llamarían el «sueño americano». 

Así es como acaba todo, se dice, viendo hacia el jardín, cuando Sarah ha vuelto a salir. Entonces se permite un poco de calma, toma un trago de agua y se sienta en el sillón para empezar de nuevo. Así es como debe acabar todo. Era un niño de catorce años cuando bajó de un barco; tenía miedo, pero había toda una vida por delante. Hoy, ya sólo le queda el miedo. Y la muerte.

Kersy y Elías tuvieron que salir de sus casas y comunidades huyendo de la violencia que agobia a Honduras. Sin protección y atención por parte del Estado, Kersy y Elías siguen en el país buscando recuperar su vida y la libertad de caminar sin esconderse. Ellos forman parte de una legión de desplazados internos que alcanza las 250, 000 personas según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR). Una ley aparece ahora en el horizonte para dar respuesta a este fenómeno invisibilizado y no atendido.


Texto: Allan Bu
Fotografía: Jorge Cabrera

En una pequeña habitación en algún lugar del norte de Honduras hay solo una cama, y en ella una bocina portátil, una tablet y ropa. Las persianas están cerradas y la puerta que da a la calle también, con llave. Ahí vive Elías desde hace dos meses, lo llamaremos así para proteger su identidad. Elías pasa encerrado la mayor parte del día, se esconde como lo ha hecho desde hace seis años luego de haber recibido ocho disparos que lo dejaron en una silla de ruedas. 

Los doctores le dijeron que estar vivo después del ataque era un milagro. Elías recuerda que aquel día de 2015 dormía en el cuarto de una casa de adobe propiedad de su patrón cuando sujetos armados ingresaron y dispararon a mansalva contra todos los que descansaban en esa pequeña pieza. La tierra de las paredes esparcida por impactos de las balas se introdujo en sus heridas y en el hospital le tuvieron que extraer parcialmente las vísceras para limpiarlas. El día que atentaron contra su vida murieron dos adolescentes, de 15 y 16 años. Elías tenía 14. 

Los tres muchachos vivían en una colonia violenta, «era chiquito, pero peligroso», dijo Elías sin mencionar el nombre de la comunidad y describió que el lugar donde vivía estaba bajo el control de una pandilla y que en la colonia vecina dominaba otra estructura criminal. Estaban en medio de una guerra que no era de ellos, pero igual eran sus víctimas. Elías tuvo que dejar la escuela en el quinto grado porque a los niños de su barrio no les permitían pasar al otro barrio donde estaba la escuela. Dijo que «solo por ser joven» recibió ese ataque porque «ninguno de nosotros tenía que ver con las pandillas».

Y desde aquel día, que recuerda entre palabras atragantadas, aunque salvó su vida, Elías ha tenido que huir y esconderse. Teme que aquellos que intentaron matarlo lo encuentren. Así pasó a ser parte de la legión de desplazados internos en el país.

En Honduras, según estimaciones gubernamentales, hay más 250,000 personas desplazadas internamente. Algunos dejaron atrás su hogar por el cambio climático o por disputas territoriales, y otros, como Elías, lo hicieron por la violencia endémica que cubre con un manto de miedo a toda Honduras. 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indicó en un informe que en 2021, 942 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado y 1587 estaban en riesgo de caer en esa condición. Según el reporte hubo denuncias por amenazas de muerte (56,1 %), asesinatos de familiares (14,4 %), extorsión (10,6 %), tentativa de homicidio (5,9 %), violencia de género (4,3 %) y el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes por bandas del crimen organizado (2,7 %).

La Pastoral de Movilidad Humana, un brazo de la Iglesia Católica, que acompaña a personas en situación de movilidad, emitió un informe el viernes 25 de febrero del 2021 en el que, según sus registros de atención, el departamento con más casos de desplazados es Cortés con 37%, seguido de Francisco Morazán con un 24%, después aparece Yoro con 13% y Atlántida con 5%. Esas son las zonas con más personas desplazadas.

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Un hombre carga sus pertenencias luego de haber recibido un papel que le exigía tener que retirarse de su vivienda en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. Foto CC/Jorge Cabrera

Elías intentó no mencionar las palabras mara y pandilla, pero describió situaciones similares a las que han pasado en sectores de San Pedro Sula o Tegucigalpa donde la Mara MS-13 o la pandilla Barrio 18 se disputan territorios. «Los grupos empezaron a matarse entre ellos y salimos embarrados todos; de donde vivía habían por lo menos unas 60 familias y se salieron todas, esa colonia quedó vacía» recordó. 

En su relato, Elías mencionó que los criminales se mataban entre ellos y para defender su territorio desconfiaban de todos, pero más de los jóvenes, a quienes por su edad les colocaban la etiqueta del grupo contrario, «la tomaban contra nosotros solo por ser jóvenes, es que creían que solo por serlo uno estaba involucrado y mataron montón de chavalos, de mis amigos mataron unos 10, todos de 13 o 14 años. Esa guerra duró como dos años». 

A la colonia donde Elías vivía llegó la batalla entre la MS-13 y el Barrio 18 que comenzó en Los Ángeles, California, en la década de los 90, cuando jóvenes hondureños que pertenecían a esas pandillas en Estados Unidos fueron deportados. Eran tiempos en que estos grupos se reunían en las esquinas a fumar, bailar y pedir algunos lempiras. La rivalidad creció hasta alcanzar niveles insospechados y esos muchachos terminaron formando gobiernos invisibles que aún dominan grandes sectores de ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ese dominio lo defendían – y lo defienden – con sangre. La violencia se fue extendiendo a otras ciudades como Choloma, El Progreso, Puerto Cortés y Tela en el norte del país. Y sigue expandiéndose prácticamente sin control. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en 2022 Honduras alcanzó una tasa de 35 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

Hay otras historias que sustentan la percepción de que la criminalidad sigue ganando terreno. En otro rincón del país, muy distante del lugar donde Elías casi perdió la vida, la violencia tocó la puerta de la casa de Kersy y su esposo, quienes habían logrado establecer un modesto negocio de venta de autos en una ciudad de Honduras. Estaban bien. Esperaban que el negocio floreciera para mejorar el bienestar de sus tres hijos. Tenían una familia y una casa. Un día, apareció en el negocio de su marido un joven delgado y desaliñado con un mensaje: tenían que pagar «renta» (extorsión) a un grupo criminal para seguir operando. Kersy recordó que su esposo le contó de la visita, pero pensaba que era broma, «no le puso atención, vio que era bien cipote». 

Llegó un segundo mensaje, esta vez fue más claro. Tenían que pagar cierta cantidad de dinero para tener el negocio ahí. El esposo de Kersy se molestó y respondió que no iba a pagar. ¿Por qué tendría que hacerlo? Él trabajaba y no podía regalar su dinero pagándole a maleantes, pero en esta ocasión las características del emisario lo dejaron con temor. «Ya quedamos alertados porque es algo muy feo. De repente nos dimos cuenta que ya empezaban a andar cerca de la casa de mi mamá y pasaban carros de lujo». 

Hubo un tercer mensaje: pagaban o debían atenerse a las consecuencias. 

Estaba asustado, pero también firme en no compartir el fruto de su trabajo con los extorsionadores. El esposo de Kersy cerró su negocio y decidió irse a los Estados Unidos. Pagó a un traficante de personas, más conocidos como coyotes, y llegó a su destino, pero fue atrapado por las autoridades estadounidenses. Estuvo encarcelado por ocho meses. «Mire, esos ocho meses me tocó ver cómo me las arreglaba porque estábamos con ese pendiente [las amenazas y la extorsión] y yo no tenía trabajo, no teníamos nada», recordó Kersy. 

Pasado el tiempo, el esposo de Kersy fue deportado a Honduras. Tuvo que regresar a la comunidad donde estaba amenazado. Ellos pensaron que el problema había quedado en el olvido, pero una semana después de haber regresado, en una reunión de la iglesia que frecuentaban, uno de los «hermanos» les contó que a él le habían dado un consejo de vida o muerte: no relacionarse con el esposo de Kersy porque lo buscaban para matarlo. 

La suegra de Kersy hipotecó la casa para que su hijo saliera del país nuevamente, «Yo te quiero vivo», le dijo. Pero el hombre había estado ocho meses en prisión en Estados Unidos y si volvían a apresarlo entraría en prisión nuevamente. Decidió tomar un vuelo a Colombia, pero no pudo entrar al país debido a una alerta migratoria, «entonces le tocó venir al país, pero él ya no podría regresar a nuestra ciudad», explicó Kersy. 

El esposo de Kersy no podía volver, así que se fue a Guatemala, pero su familia se quedó en Honduras. A Kersy la sorprendió el día que llegaron a su casa preguntando por su esposo, cuando no había transcurrido ni una semana de haber retornado de Colombia. «Dame el teléfono, lo voy a llamar», aseguró Kersy que le dijo una persona que tiene parentesco con los extorsionadores. 

Kersy se percató que el carro en el que llegaron a preguntar por su esposo había pasado ya por su casa y sintió que la estaban vigilando. Tuvo miedo y se fue, «entonces me decidí a ir y me reuní con él en Guatemala, me tocó irme sola con mis hijos, dejamos prácticamente todo lo que teníamos».

Pero en Guatemala se encontraron con una situación económica precaria. En ese país centroamericano no es abundante el empleo al igual que en Honduras. «No teníamos cómo sobrevivir, no teníamos documentación para tener trabajo, pero como él es soldador hacía trabajos aislados».

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Un grupo de migrantes con rumbo a Estados Unidos camina por la carretera de Cucuyagua, Honduras. Archivo Jorge Cabrera

La desesperación los llevó a un nuevo intento por llegar a Estados Unidos. Kersy recordó que, mientras estaban en Guatemala, tuvieron que vender algunas de las cosas que habían dejado en Honduras para poder sobrevivir. Cuando ella se fue rumbo al norte, tuvo que dejar en casa de un hermano a sus dos hijos mayores. Se fue con su esposo y su hija menor. «Fue duro, no tenía dinero para irme con todos mis hijos», recordó. 

Llegaron a Estados Unidos, pero nuevamente fueron deportados. Tuvieron que regresar a Honduras. Se refugiaron en una ciudad del norte del país que también es azotada por las pandillas. Se mudaron a la zona porque hay familiares que viven en esa comunidad, pero el contexto de inseguridad los absorbe y ahora viven sin empleo permanente y escondiéndose. Tienen miedo.

La familia no podía regresar a su casa porque estaban amenazados. «A estas personas ya todos los conocen y para matar a alguien es lo de menos, solo se escucha decir “mataron a alguien en un negocio tal” así que quedan esas muertes», dijo Kersy. 

Honduras entró en estado de excepción el 6 de diciembre del 2022. “El crimen organizado ha tenido un incremento relacionado con el tráfico de drogas y armas, asesinatos, extorsión y robos” fue la principal justificación utilizada por el Gobierno para suspender las garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69,78, 81, 84, 93 y 99. La medida entró en vigencia inicialmente en 162 barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero el 21 de febrero de 2023 fue extendida por 45 días más, ahora en 123 municipios de los 298 que hay en el país. Bajo este régimen las autoridades anunciaban a la fecha de la segunda prórroga la captura de 4.233 personas por varios delitos y 415 pandilleros. No obstante, en San Pedro Sula distintas rutas de transporte han paralizado labores por horas o días debido a las amenazas de extorsión. 

Jerson Medina, quien laboró para la Fundación Cristosal y es experto en temas de desplazamiento forzado interno, mencionó que en Honduras no existen albergues ni casas de refugio administradas por el Estado para recibir a los desplazados internamente, esto refleja la necesidad de impulsar estrategias gubernamentales para atender a esa población desde un enfoque basado en derechos humanos, «no desde el asistencialismo sino decir usted tiene estos derechos y que el Estado debe garantizarlos». 

Laura Díez Ron, coordinadora de Incidencia y Comunicaciones del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), expresó que la situación de las personas desplazadas en Honduras preocupa porque su vulnerabilidad es creciente debido a que no existe un sistema de monitoreo que recabe datos y dé evidencia de la dimensión real del fenómeno de desplazamiento interno en el país. «Se desconocen las cifras reales, los lugares específicos donde se ubica la población, no se puede realizar un análisis de sus necesidades y con ello, se limita la capacidad para dar una respuesta humanitaria y de protección efectiva a esta situación», lamentó Díez Ron.

Protección y desconfianza

«¿Cómo voy a buscar a la gente que está apoyando a las personas que dañan? Nunca hice una denuncia ni hice nada. Estuvieron dándome asistencia en el Hospital [custodiando su cuarto] durante dos semanas, pero yo más bien tenía miedo, pensaba que me iban a llevar», respondió Elías al preguntarle por qué razón no acudió a las autoridades para que le apoyaran en su caso. 

La respuesta de Kersy no es diferente a la anterior: «Mire, lo mejor que nosotros pudimos hacer es no poner una denuncia. Cuando pasa esto, las organizaciones [criminales] trabajan con la policía. Poner una denuncia es como decirle al maleante “mira que fue fulano de tal te denunció”». 

Los testimonios anteriores tienen fundamentos innegables. Hay imágenes de hechos acaecidos en 2022 en Tegucigalpa y San Pedro Sula en las que se observa a gente que salió huyendo de sus hogares por amenazas de los grupos criminales que controlaban la colonia; mientras las personas se iban, elementos de la Policía Nacional los resguardaban. Esa es una señal de que las autoridades han perdido el control de muchas zonas y de que la gente no tiene confianza en el Estado. 

César Ramos, coordinador del programa de atención al migrante de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), informó que en una ocasión recibió la llamada de un comisionado de la Policía Nacional asignado en el sector Rivera Hernández. «Era las 9 de la noche de un 1 de mayo, me preguntó que si nosotros como organización podíamos auxiliar a un muchacho que la Policía lo había rescatado de manos de la mara que lo estaban golpeando y lo iban a matar, entonces yo les dije que quienes tenían mayor responsabilidad de garantizar protección eran ellos. Yo no podía ir un 1 de mayo a las 9 de la noche a esa hora, también corro peligro», dijo.

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La Policía Nacional patrulla un barrio de Tegucigalpa durante el estado de excepción. Foto CC/Jorge Cabrera

Esa llamada demostró que el muchacho rescatado no estaba seguro ni siquiera en la Estación de Policía y que las autoridades no tenían el control de la zona. Por otro lado, ese hecho expone que desde el Estado no hay prácticas establecidas para la salvaguardar la vida de las personas que son desplazadas por la violencia estructural del país. Recientemente se elaboró una ley sobre desplazamiento que está a la espera de ser sancionada en Casa Presidencial para entrar en vigencia.

En Honduras hay más razones por las que la gente desconfía. En 2016, la Policía Nacional inició una depuración en la que fueron expulsados de la institución unos 6,500 policías. Hay expolicías extraditados a Estados Unidos para ser juzgados por sus nexos con el narcotráfico. El caso más mediático fue el de Juan Carlos Bonilla, exjefe de la Policía durante el mandato de Juan Orlando Hernández, también extraditado en el 2022. 

La investigación criminal y la aplicación de justicia tampoco inspira confianza. De acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el 95% de las muertes violentas en Honduras quedan en impunidad. Solamente en cada cinco de 100 homicidios el culpable es castigado por la justicia hondureña. 

Kersy tiene más razones para desconfiar. Ella sufrió violencia doméstica con una pareja anterior y después de la separación se sintió perseguida y acosada por su expareja. Entonces puso la denuncia ante la Policía pero nunca obtuvo respuesta, «lo mejor que hice fue seguir con vida», se resignó y se preguntó después «¿Cómo confiar en las autoridades si tampoco hacen que se cumplan las leyes?»

Elías vive ahora encerrado porque el Estado en el que no confía tampoco tiene la capacidad para protegerlo. «Uno ya no queda igual, ya sea que es la psicología [trauma] de uno o porque se tiene razón, pero uno siempre va a andar así. Uno desconfía hasta de las mismas autoridades que supuestamente están para proteger. Uno no confía en nadie». 

Antes del día en que recibió ocho disparos, Elías dijo que elementos de la Policía Nacional llegaban a su comunidad y golpeaban a los jóvenes porque pensaban que estaban involucrados con las pandillas. «Nos decían que éramos mareros. No protegen a nadie», dijo. 

Jerson Medina informó que una investigación realizada por Cristosal en San Pedro Sula, Tegucigalpa y siete ciudades más reveló que el 89% de la población entrevistada no confía en la institucionalidad. 

El Estado de Honduras no genera confianza ni protege a los desplazados. Elías ha permanecido escondido y sin respuestas durante casi siete años. «Mi mamá me ha apoyado bastante, con lo que ha podido. Gracias a Dios me he topado con gente que es buena», dijo. En esa «gente buena» que mencionó Elías incluyó al Consejo Noruego para Refugiados, Cristosal, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y CASM que realizan esfuerzos– algunas veces aislados– para atender a las miles de personas desplazadas por violencia y el cambio climático. 

«Yo no he tenido ninguna clase de ayuda [del Estado], será que tal vez no he buscado bien, o simplemente hay pero no las dan», nos dijo Elías sentado en una silla de ruedas que le fue donada por la fundación Teletón. 

Aunque los disparos recibidos tocaron su columna vertebral, Elías tiene la posibilidad y esperanzas de volver a caminar según el diagnóstico médico. Le indicaron que debía operarse dos años después del atentado, pero ya han pasado casi siete. «Necesito una cirugía, no tengo dinero para hacer las vueltas. Desde que salí del hospital me dijeron que tenía que ir a Teletón y mi familia creo que no estaba muy interesada. Empecé a ir después de dos años y me dijeron que había pasado mucho tiempo, pero yo ahora siento más reacción en mis piernas, ocupo la cirugía», dijo. Ahora él estudia diseño gráfico y espera conseguir un empleo. 

Jerson Medina dijo que el Estado debe proveer de atención psicosocial a las personas desplazadas , que no es lo mismo que un abordaje psicológico, pues el enfoque integral debe dar a los individuos o familias víctimas un nuevo empleo, vivienda, ayudar con la salud mental y física, sin descuidar la protección y la asesoría legal; incluso se debe ayudar a las familias con la integración a una nueva comunidad.

En Honduras no pasa nada de eso. Las víctimas de desplazamientos deambulan por el país sin ningún apoyo del Estado, pese a que este, en el 2013, reconoció el desplazamiento forzado como una emergencia. Sin respuestas en el país, casi el 100% de los desplazados intentan huir al extranjero; muchos lo logran, pero otros fallan en el intento, como Kersy, que ahora vive en el norte del país a la deriva. 

«Si nos ponemos desde el punto del Gobierno, estamos desprotegidos. No puedo decir como desplazada que haya una organización gubernamental que nos apoye», dijo cuando nos reunimos en un centro comercial.

Kersy es maestra de educación primaria y estudia pedagogía. Tuvo problemas con su título, pero en la Fundación Cristosal le ayudaron a recuperarlo. Trabajó de forma interina con el Gobierno en el año 2017, pero todavía le deben algunos pagos; ahora, después que le tocó abandonarlo todo y no pudo salir del país, está intentando conseguir una plaza en la Secretaría de Educación. 

Hasta ahora no lo ha logrado, «aquí colocan políticamente a la gente, a ellos no les importa los problemas de uno, les interesa colocar a la gente que les ayudó a llegar al poder. No importa tanto la capacidad tenga, importa el que más cuello tenga. Desde el año pasado que vine en enero no he tenido ningún apoyo».

Sin empleo y con muchas carencias, Kersy no pide la caridad del Gobierno, quiere la posibilidad de recuperar un poco de la vida que tenía antes del 2020, «Yo no pido que me den dinero, lo que pido es un trabajo estable. Es bien duro estar de un lado a otro, más cuando se tiene hijos, ¿Cómo se cuida a los hijos así?».

Una ley aprobada pero no vigente

El 22 de diciembre del 2022, el Congreso Nacional aprobó la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente con la finalidad de proporcionar una respuesta integral a este fenómeno. Esta norma todavía no ha sido sancionada en Casa Presidencial y por ende no ha sido publicada en el Diario Oficial La Gaceta, así que no está en vigencia. 

En su artículo 1, la ley enfatiza que tiene «la finalidad de prevenir el desplazamiento interno, atender, proteger y brindar asistencia humanitaria a las víctimas del desplazamiento causado por la violencia generalizada y por violaciones de derechos humanos, así como aquellas en riesgo de serlo, antes, durante y después del desplazamiento. También de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas forzadamente a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte».

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Familias enteras saliendo de sus vivienda por la inseguridad en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. Foto CC/Jorge Cabrera

Tal como está redactada la norma no contempla a los desplazados por el cambio climático, que son la mayoría, pues los desplazados por violencia, según los registro de organizaciones como Cristosal, abarcan un 15% del total de personas desplazadas internamente. 

Para efectos de esta Ley, dice el artículo 6 que se considerará «personas desplazadas forzadamente» a las «personas o grupos asentadas en el territorio nacional, que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertades individuales han sido vulnerados o se encuentran directamente amenazadas en particular, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada». 

La ley está armonizada con los principios rectores de Naciones Unidas en los casos de desplazamientos internos y responde las recomendaciones de organizaciones que han trabajado y apoyado a los desplazados.

El artículo 4 contempla 18 principios rectores de la ley. Por ejemplo, manda que las personas desplazadas deben tener un acceso gradual y preferente a los programas sociales destinados a la asistencia, protección, retorno, reintegración y restablecimiento socioeconómico. 

También contempla que toda labor y resoluciones derivadas de la ley en mención tienen por fundamento básico la buena fe. Es decir que el Estado deberá asumir o creer en la buena fe de las personas solicitantes o víctimas de desplazamiento. Se asegura la confidencialidad en la información relativa a la medidas de atención y protección y es necesario el consentimiento de las víctimas para brindar la asistencia y protección ofrecida. 

La ley asegura igualdad y no discriminación. Indica, además, que las personas desplazadas participarán en las decisiones que les afectan y contarán con la información, asesoría y acompañamiento necesario. Las autoridades a nivel local, departamental y nacional tienen la obligación y responsabilidad de proporcionar protección y asistencia humanitaria a las personas desplazadas que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. 

La asistencia y protección del Estado debe tener sostenibilidad. Se deben implementar medidas para la financiación de una respuesta continuada, progresiva, efectiva y viable. La respuesta, sostiene el último principio contemplado por la Ley, a una situación de desplazamiento forzado debe ser resuelta por la autoridad más cercana a la población afectada. 

Para velar por el cumplimiento de la ley se ordena la creación del Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado Internamente (SINARDEFI), que estará integrado por más de 30 organizaciones gubernamentales, incluidos los tres poderes del Estado, y organizaciones de sociedad civil. El SINARDEFI estará encargado de coordinar las comisiones y mecanismos independientes del Estado como la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICECST) y la Comisión Nacional de Prevención contra la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (CONAPREV). 

El SINARDEFI funcionará a través de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Forzosamente (CIPPDEF), la Secretaría de Derechos Humanos y las Unidades Municipales para la Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente (UMAPPDEF).

Al preguntar sobre la atención del Estado a los desplazados, Laura Díez Ron del NRC, consideró que en cualquier caso la respuesta del Estado siempre debería estar orientada a la garantía de derechos asegurando la protección de las personas desplazadas, evitando su revictimización y brindando respuestas diferenciadas según perfiles, que respondan de verdad a las necesidades de cada grupo. «Las instituciones del Estado, y todos los actores involucrados, deberían entender que la atención a esta población salva vidas, por lo que la respuesta debe ser oportuna y ágil», respondió vía correo eléctronico. 

Agregó que las organizaciones humanitarias, siguiendo el mandato y principios humanitarios, estarán acompañando esta respuesta del Estado para coadyuvar a que esta población desplazada vea satisfechos sus derechos y avance en el logro de soluciones duraderas.

Para Díez Ron, los logros más importantes de la ley – aún no sancionada – son la creación del SINARDEFI, la creación de un fondo para personas desplazadas que podría ser de 150 millones de lempiras y la creación de las unidades municipales de atención a los desplazados. «Y por último, algo de índole más intangible, y es que esta ley es el reconocimiento explícito de la existencia de este fenómeno y la manifestación de la voluntad de seguir avanzando para dar respuesta a las personas con necesidades de protección en Honduras», afirmó.

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Pese al resguardo policial y militar, las familias se retiraron de sus viviendas para estar seguros ante las amenazas de las pandillas en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. Foto CC/Jorge Cabrera

César Ramos, es coordinador del programa de atención al migrante del CASM, y dijo que la ley es necesaria porque el Estado de Honduras «hace ratos dejó de hacer la misión de garantizar los derechos y en este caso [desplazamiento] hasta la vida de las personas», pero es necesaria la aplicación de la misma, enfatizó. 

«En este país creo que tenemos bastantes leyes, hay una protección de hondureño migrante y su familia, pero muchas de estas leyes se quedan en puros papeles y si las entidades que les corresponde la aplicación de esta ley no lo hacen, pues de nada sirve tener una simple ley», sentenció. 

Jerson Medina dijo que la ley necesitará un presupuesto de al menos 300 millones de lempiras para atender el fenómeno, pues hay casos en los que se debe hacer una evacuación inmediata, como el caso de Kersy, que tuvo que salir de su casa y comunidad por amenazas de muerte. «Ojalá que se cumpla y que nos apoyen con trabajo, creo que todos los que nos vamos por extorsión u otro tipo de cosas, también tenemos derechos. No pedimos dinero, sino un empleo» dijo Kersy.

Fotografía y Texto: Amilcar Izaguirre

Raquel García Banagas no ha podido tener casa propia, aún cuando vivía con sus padres en La Ceiba, Atlántida. Siempre vivió en casas prestadas o rentadas, pero ella creyó que esa situación cambiaría cuando hace 17 años llegó al caserío de Río Indio ubicado en el municipio de Omoa, al norte de Honduras. En este lugar, Raquel se unió a un grupo de campesinos que le cedió un solar donde construyó su propia casa con materiales que encontró en la montaña, como troncos, hojas de manaca y algunas yardas de plástico.

Cuando los recursos son limitados, el sueño de tener una casa es difícil de cumplir. Raquel dijo que pasó varios años elaborando y vendiendo pan para pagar el derecho a tener un solar dentro del terreno, pero le confortaba saber que tenía un lugar fijo donde vivir. Sin embargo, todo se vino abajo cuando el pasado 15 de febrero del 2023 fue expulsada de su casa por la policía que llegó a cumplir una orden de desalojo. Junto a ella, fueron desalojadas 100 familias campesinas que se dedicaban a sembrar granos básicos, yuca y plátano para su consumo y para vender en otras comunidades.

Según cuentan los líderes de Río Indio, ellos llegaron hace 18 años, después de que el Instituto Nacional Agrario (INA) les dió permiso para establecerse en la zona y cultivar la tierra. Melvin Orellana, líder de la Central de Trabajadores del Campo (CNTC), que también fue desalojado, dijo que hace muchos años esos terrenos fueron propiedad de un ganadero que, luego de morir, pasaron a manos del Estado. Estas tierras son ahora reclamadas en propiedad por la Sociedad Inversiones Ustariz, propiedad de la familia Ustariz, que ha acusado a los campesinos de usurpación de tierras según dice la orden de desalojo presentada por el juez ejecutor del juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Daylan Martínez.

El desalojo llegó sin previo aviso. Un nutrido grupo de policía obligó a los campesinos a salir del terreno que, al no tener donde refugiarse, tuvieron que dormir a la intemperie a la orilla de la carretera CA13, que conecta el municipio de Omoa con Puerto Cortés, a unos trescientos metros de donde fueron sacados por la policía.

«Un representante de Inversiones Ustariz nos dijo que salieramos de forma pacífica y que a cambio nos iba a reconocer una manzana de terreno por familia. Sin embargo, solo fue una estrategia para sacarnos sin poner resistencia porque ellos enseguida, utilizando retroexcavadoras, comenzaron a derribar unas 40 casas donde antes vivían unas 60 familias» dijo Melvin Orrellana.

Sentada en la raíces de un árbol observando el terreno de donde fueron sacados, Elsa Zavala, una abuela de 69 años, dijo entre lágrimas que ella es una mujer sola y que tiene a su cargo dos nietos. A unos pasos estaba Raquel, quien se acercó y dijo que doña Elsa se desmayó al ver su casa en escombros y que fue auxiliada por los demás compañeros. «Con todas mis fuerzas construí mi casita, lavando, aseando casas y ropa ajena y ahora está destruida, solo me he quedado con la ropa que ando puesta pero Dios los va a castigar porque en este mundo todo se paga», dijo doña Elsa con impotencia.

El terreno estaba ocupado por cuatro grupos campesinos: Río Indio, Vista al mar, Nueva Esperanza y Río indio número dos. Según comentó Melvin Orellana, presidente de la CNTC, esta propiedad abarca unas 1000 hectáreas y afirmó que de esa cantidad solo 250 corresponden al predio de Inversiones Ustariz. Asimismo, Orellana comentó que entre los cuatro grupos existen unas 100 familias que suman aproximadamente unas 400 personas que han quedado sin hogar y sin tierras donde cultivar

«Nosotros sembramos maíz, frijoles, plátanos, yuca y otros productos que vendemos en Cieneguita, y todo eso se quedó solo de cosechar, en mi casa hasta árboles de aguacates tenía sembrado. No es justo que nos venga a sacar así, nosotros como hondureños tenemos derecho a la tierra» dijo Raquel García quien además le mandó un mensaje a la presidenta Xiomara Castro para que por medio INA haga algo por ellos. 

Los conflictos sobre la tenencia de tierras han persistido por décadas en Honduras. En el Bajo Aguán incluso se han perdido muchas vidas de campesinos. Esly Banegas, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), señaló que desde el golpe de Estado en 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales, 200 defensores y defensoras de la tierra han sido asesinados en el Aguán. El viceministro de INA, Rafael Alegría, dijo en la televisión estatal que este problema es «serio» por la persecución, violencia y desalojo de los campesinos y que para dar una solución se debe involucrar a los campesinos, la empresa privada y al Gobierno para que en conjunto se busque una salida pacífica y consensuada.

«Cuando vinimos a este lugar era una selva y nos tocó trabajar duro para poder sembrar, ni camino había, ahora que lo ven bonito y cultivado aparecen los Ustariz diciendo que son los dueños de estos terrenos y por qué antes no dijeron nada» dijo Cruz Márquez, un campesino de Río Indio quien, con impotencia, lamentó que su casa que tanto le había costado construir quedó reducida a escombros junto con las cosas que recién había comprado, entre ellas una planta solar que usaba para iluminar su casa.

Con la esperanza de encontrar una respuesta, las familias permanecen instaladas en casetas hechas con plásticos, troncos y láminas viejas a un costado de la carretera CA13 cerca del predio donde fueron desalojados. Juntos, niños y ancianos, pasan las noches entre zancudos y la corriente de agua que baja de la montaña. 

Los campesinos comentan que, antes del desalojo, fueron cuatro veces a Tegucigalpa para reunirse con el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, para que les ayudará a resolver su caso. Sin embargo, siempre que ellos iban él no se encontraba en la oficina. María López, secretaria del grupo campesino, dijo que días después del desalojo viajó a Tegucigalpa una comisión a hablar con el titular del INA, pero quien los atendió fue el viceministro Rafael Alegría, quien les prometió mandar una comisión el día martes 21 de febrero hasta la zona para verificar el problema.

La comisión por parte del INA que prometió Rafael Alegría para el día martes 21 de febrero no llegó. Mientras tanto, Raquel, Elsa Zavala y las demás familias, siguen con la esperanza de encontrar una solución. Sus casas fueron derribadas, pero no así sus ganas de luchar por lo que creen que es su derecho a la tierra.

El 22 de febrero de 2023 se cumplió un año del acuerdo entre el Gobierno, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y la Plataforma Agraria que incluye investigar violaciones a los derechos humanos y una investigación que determine la tenencia de las tierras en disputa en el Valle del Aguán, al norte de Honduras. Mientras el acuerdo sigue sin dar resultados, la violencia escala y en los últimos meses han sido asesinados cuatro campesinos involucrados en las tomas de tierra.


Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera

«Los acuerdos firmados el 22 de febrero de 2022 han servido, porque la Policía no está actuando de una forma violenta con los campesinos; pero no nos está apoyando en defendernos», dice Raúl Ramírez, dirigente de la Plataforma Agraria. Lo anterior es relevante porque en los últimos dos meses, según datos de dicha organización, siete activistas —entre campesinos y defensores del territorio— han sido asesinados en el sector del Valle del Aguán, ubicado en la zona norte de Honduras. Los hechos violentos han continuado a pesar de que varias de las víctimas estaban adscritas al Sistema Nacional de Protección (SNP).

Los primeros dos asesinatos se registraron el sábado 7 de enero, cuando los ambientalistas de Guapinol, Alí Domínguez (35) y su amigo Jairo Bonilla (28), originarios de Tocoa, Colón, fueron emboscados y posteriormente ejecutados. Posteriormente, el 17 de enero de 2023, el líder campesino de la Plataforma Agraria de Colón, Omar Cruz Tomé y su suegro Andy Martínez, fueron asesinados dentro de su vivienda. Más tarde, el 28 de enero, la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) denunció el asesinato de Ricardo Arnaúl Montero, quien también gozaba de medidas de protección nacional. El último de los hechos fue, el pasado 12 de febrero, en la comunidad de Ilanga, Trujillo, departamento de Colón, fueron asesinados a disparos el líder campesino Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier.

Hipólito Rivas era el fundador de la Empresa Asociativa Campesina de Producción «Gregorio Chávez» y un reconocido dirigente campesino que durante décadas participó en tomas de tierra en medio de un conflicto agrario que ya ha dejado más de un centenar de víctimas.

Desde el 28 de marzo de 2019, Hipólito fue incluido en un programa de medidas de protección nacional debido a su papel de dirigente campesino en este contexto hostil, sin embargo, según Raúl Ramírez, dirigente de la Plataforma Agraria, Hipólito se vio obligado a viajar hasta Tegucigalpa para informarle personalmente a los encargados del mecanismo de protección que estaba siendo perseguido, que le estaban dando seguimiento desde su casa y que la protección estaba fallando. «El Estado no hizo absolutamente nada. Y luego, lo que ocurrió a las 11 de la mañana en la comunidad de Ilanga fue un hecho terrorífico que busca amedrentar a los líderes campesinos para que se termine la lucha, pero como dicen los familiares de Hipólito, la lucha no se para, los mismos familiares lo manifestaron durante el entierro», expuso Ramírez.

Ramírez —que en ocasiones se refiere a Hipólito como Polo, como amistosamente lo llamaban en vida— recordó que al líder campesino le habían facilitado un número telefónico de emergencia para llamar en caso de ser necesario, sin embargo, Ramírez detalló que las llamadas no le dieron resultado a Hipólito, pues la Policía de la zona siempre llegaba tarde.

«Le dieron una línea para llamar, él llamaba a emergencias porque le daban vigilancia a su casa, le daban seguimiento cuando él salía, entonces, al no llegar rápido la policía, él fue hasta Tegucigalpa y tuvo una reunión allá en el mecanismo para informarles de esa persecución que él tenía. Luego tuvo reunión con nosotros como Plataforma, también nos dijo que él temía bastante por su vida y que lo estaban persiguiendo. Nosotros sabemos que el Estado no hace nada, aunque existe una orden para que el Estado proteja a los defensores, sin embargo, aquí no existe nada de eso. Creemos que la mayor protección que puede dar el Estado es que desarticule a grupos criminales».

Consucoop Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop) Campesinos de 14 cooperativas del Valle del Aguán Ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque
Ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque atiende una conferencia de prensa en Casa Presidencial.Foto CC/Fernando Destephen

«Cuando han llegado al Valle del Aguán, nosotros le hemos reclamado a la ministra Natalie Roque, le preguntamos que por qué se hizo presente hasta la muerte de Omar, y ella nos respondió: “es que cuando yo vengo aquí veo todo tranquilo”. Y luego se puso a pelear ahí con los policías porque la estaban grabando a ella misma, la estaban irrespetando. Ella estuvo aquí por una semana, luego vino la viceministra de Seguridad (Julissa Villanueva), estuvieron como tres semanas. Luego, la otra semana ya no llegaron y apareció el crimen de otro campesino. Es que no hay una estrategia real para la defensa de parte del Estado», expresó Ramírez y agregó que esperan el cumplimiento de los acuerdos, la instalación de una mesa tripartita y la desarticulación de bandas criminales que según él ya están denunciadas con nombre y apellido. 

La Comisión Tripartita, que esperan los campesinos que se instale en el Valle del Aguán, fue ordenada por la presidenta Xiomara Castro en agosto del año pasado y estaría integrada por la Presidencia de la República, el alto Comisionado de los Derechos Humanos y por abogados internacionales propuestos por la Plataforma Agraria, según informó el Gobierno a través de su medio de prensa.

Contracorriente intentó en reiteradas ocasiones contactar a la ministra Natalie Roque y también a la abogada Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh); con ambas fue imposible conversar. Contactamos entonces al vocero policial de Tocoa, Colón, Adamin Rodríguez, quien no quiso referirse a las investigaciones sobre los asesinatos argumentando que ese tema no se maneja en Colón y que él estaba en su día libre. También buscamos la reacción del Ministerio Público de La Ceiba, Atlántida, que a través de su vocero Selvin Fernández Pineda, expresóque la investigación sobre el asesinato de Hipólito y de su hijo «se está manejando a través de la Fiscalía Regional, distribuidos entre la fiscalía Tocoa y la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán a nivel nacional».

Selvin Fernández agregó —a través un mensaje de WhatsApp, en donde no admitió más preguntas—, que en los asesinatos del Valle del Aguán contra campesinos «se ha pedido a la dirección de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a nivel nacional que brinde mayor apoyo a la DPI (local) y a la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán para la realización de las diligencias investigativas y que se sume también la Fuerza de Tarea Conjunta de Delitos Violentos de Tegucigalpa adscrita a la Embajada Americana».

El vocero del Ministerio Público de La Ceiba añadió que se están llevando a cabo las «diligencias investigativas y en el caso del señor Hipólito Rivas; se sabe que él tenía medidas del Mecanismo de Protección de Derechos Humanos que eran verificadas por la misma Policía Nacional y también, en torno a eso, se está indagando sobre el cumplimiento de esas medidas de protección que se daba por parte de la Policía Nacional».

A mediados de 2019, la Plataforma Agraria de Honduras, compuesta por más de 35 empresas asociativas campesinas y movimientos campesinos, denunció ante el Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, a un grupo armado a quien hoy atribuyen la responsabilidad del asesinato en perjuicio de Hipólito y de su hijo. «El Estado en materia de seguridad está quedando en rojo en el Aguán, porque a los grupos criminales se les ha denunciado con nombres y apellidos, se sabe quiénes son los que integran esas bandas criminales en la región del Aguán, pero la Policía, los militares, el ministro de Seguridad, no han querido accionar para desarticular esas bandas criminales que existen en la región del Aguán. Están avalados ahí por esas empresas dirigidas por los que dicen llamarse empresarios, pero nosotros les decimos que son bandas de criminales», expuso Ramírez.

Más denuncias, y sobre todo advertencias de que más muertes continuarán ocurriendo en el Valle del Aguán, continuaron en octubre de 2022, cuando la Plataforma Agraria, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia junto al Bufete Estudios para la Dignidad, emitieron una carta pública en donde manifestaban que existía «un plan para asesinar a la dirigencia campesina en el Aguán». En un reciente comunicado, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos estableció que, a pesar de los compromisos en materia de derechos humanos adquiridos por la presidenta Xiomara Castro, las agresiones y asesinatos contra quienes defienden los derechos humanos continúan su curso.

«Al menos 7 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas desde enero de 2023, entre ellas los miembros de la comunidad de Guapinol Aly Domínguez y Jairo Bonilla. Además, el Estado no sólo ha sido negligente en la prevención de la violencia contra las y los defensores de derechos humanos, sino que ha desmantelado de manera activa el SNP (Sistema Nacional de Protección) a través de despidos del personal técnico y falta de dotación de recursos financieros y humanos adecuados», indica un fragmento de dicha publicación.

Firma de los acuerdos

Video en el que hace un año daban declaraciones Francisco Funes, ministro del Instituto Nacional Agrario (INA) y el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón. Video de Youtube, Informativo de Colón.

El pasado 22 de febrero, cuatro ministros y un viceministro se sentaron a dialogar con la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y con otros 15 movimientos campesinos y empresas asociativas que forman parte de la Plataforma Agraria del Aguán. El objetivo de esta reunión fue suscribir acuerdos para avanzar en el cumplimiento de una promesa de campaña: el proceso para una nueva reforma agraria. Entre los representantes del Estado que acudieron a esa reunión estaba el titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), José Carlos Cardona; el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón; el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), José Francisco Funes Rodríguez; el viceministro Rafael Alegría; y el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales.

Francisco Funes, hace exactamente un año, dijo en Tocoa, Colón, que el acuerdo consistía, en primera instancia, en «dar la paz al Bajo Aguán» y permitía también que los grupos campesinos pudieran producir y comercializar la palma. «Hoy hacemos un compás de espera, hay una comisión jurídica que va a interpretar todos los títulos que se tengan, los procedimientos que siguieron para obtener la tierra, mientras las empresas y el Gobierno se comprometen a no desalojar mientras trabaje esa comisión jurídica». Ante la consulta de cuánto tiempo tendría esa comisión jurídica para investigar y emitir un dictamen, Funes no dio un plazo específico pero afirmó que «tiene un plazo estipulado».

A un año de ese acuerdo, Raúl Ramírez consideró que el punto positivo con el cambio de gobierno y, sobre todo con la firma de los acuerdos, ha sido la interrupción de los desalojos forzosos, sin embargo, destacó que «hay cosas pendientes» y una de estas es la instalación de una «comisión tripartita para el proceso de investigación de las violaciones a los derechos humanos en la región del Aguán». Ramírez consideró que a un año de los acuerdos «apenas se ha avanzado y desarrollado en dos puntos: en la comisión jurídica y en la comisión técnica», esta última, según Ramírez, ayuda a revisar el proceso de administración de las tierras y de las fincas.

En un texto anterior de Contracorriente, Roger Pineda, representante de la empresa Dinant y representante de los intereses de la familia Facussé en el Aguán, dijo que ellos no estaban interesados en entrar al acuerdo que el Gobierno suscribió con los campesinos y agregó que, según sus cuentas, «la cantidad de tierra que está tomada en el Aguán es bastante, si no me equivoco son alrededor de 13,500 hectáreas y, en el caso puntual nuestro, de esas hay alrededor de 5,300 tomadas».

Jhonny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria regional del Valle del Aguán, dijo a este medio que han sufrido al menos «180 asesinatos de campesinos en los últimos años y ahorita con la firma de los acuerdos, y con todo este proceso que hemos intentado implementar, pues al parecer los agroindustriales se han vuelto más agresivos con sus grupos criminales que están ejecutando a los defensores». Datos obtenidos por Contracorriente, atribuidos a organizaciones de derechos humanos de la zona, indican que entre 2008 y 2016 unas 130 personas fueron asesinadas en el marco del conflicto agrario.

Rivas afirmó sentirse preocupado porque los órganos encargados de velar por el cumplimiento del Mecanismo de Protección, como la Secretaría de Derechos Humanos y el Conadeh, «no están tomando las medidas necesarias para prevenir que otros defensores también sean asesinados, de igual manera lamentamos la inoperancia del Ministerio Público y los cuerpos de investigación con relación a esclarecer y dar con el paradero de los hechores materiales e intelectuales de estos asesinatos. Pareciera que los agroindustriales tienen control absoluto de los cuerpos de investigación».

Sobre el papel de Rafael Alegría, viceministro del INA, quien ha sido un militante del partido Libertad y Refundación (Libre) y coordinador general de Vía Campesina, Jhony Rivas afirmó que «las autoridades del INA han estado haciendo dobles esfuerzos para alcanzar los cambios que se necesitan para devolverle justicia a este pueblo y especialmente al sector campesino, pero falta mucho todavía por hacer. El INA tiene en su mandato constitucional de ser el ente regulador de los procesos de reforma agraria en el país, con respaldo en los artículos, del 344 al 350 de la Constitución y ese es el mandato, brindar asistencia técnica y titulación a las tierras productivas».

Jhony Rivas dijo que en el Valle del Aguán fueron asignadas para procesos de reforma agraria unas «40 mil hectáreas, que son tierras que pertenecen a los campesinos, es decir, las tierras de la reforma agraria solamente las pueden ocupar aquellas personas que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de la reforma agraria».

Rivas reveló a Contracorriente que el pasado 21 de julio, un equipo jurídico de la Plataforma Agraria presentó una propuesta legal y técnica a la presidenta Xiomara Castro. En este documento «se le informó (a la presidenta Castro) que el acaparamiento de tierras se dio creando toda una estrategia de despojo, abuso de autoridad e irrespeto al debido proceso para haber desarrollado esos contratos de compraventa. Esos contratos deben ser declarados nulos. Son 17 artículos de ley los que se violentaron para acaparar las tierras de la reforma agraria», expuso Rivas.

Rivas agregó que esa propuesta se hizo atendiendo al punto número 5 de los acuerdos sobre «hacer una investigación para elaborar un informe de parte del equipo jurídico y este iba a determinar los métodos y procedimientos utilizados para el despojo de la tierra, sin embargo no se llegó a investigar el mero fondo de este asunto porque los abogados de los empresarios no estuvieron de acuerdo». 

Entonces, continuó manifestando Rivas, «se optó por hacer una propuesta de solución por cada uno de los sectores, es decir, nuestros abogados presentaron esta propuesta a la presidenta Xiomara Castro, en donde se establece la argumentación constitucional que tiene el Estado de Honduras o el Gobierno de Honduras para tomar una determinación».

Rivas manifestó que para la entrega de la tierra a los agroindustriales «irrespetaron procesos debidos, por ejemplo, no se dio ningún permiso por parte del INA para que pudieran hacerse las ventas considerando que los proyectos cooperativos eran asuntos de Estado y las tierras de reforma agraria no las podían utilizar personas que no cumplieran con los requisitos para ser beneficiarios de las tierras de la reforma agraria, por tanto, los agroindustriales no cumplen los requisitos porque no son personas de escasos recursos».

Rivas afirmó que para ser beneficiario de la reforma agraria «hay que ser hondureño por nacimiento, dedicarse al trabajo del campo, ser de escasos recursos y cuando no se cumple con esos requisitos pues la tierra no cumple la función para la cual fue adjudicada».

En el marco del intento para que se respete el derecho a la organización de 14 cooperativas del Valle del Aguán, Jhony Rivas informó que esta semana, el pasado lunes 20 de febrero, se movilizaron representantes de 14 cooperativas hasta las oficinas del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop), ubicadas en Tegucigalpa, para presentar la «reinscripción» de 14 asociaciones campesinas. De acuerdo con Rivas, de lograr el reconocimiento legal del Estado, a través de Consucoop, se estaría demostrando que las cooperativas no han sido disueltas y eso garantizará el derecho a la libertad de organización.

«Son cooperativas que están firmantes de los acuerdos y son cooperativas que están en proceso de reivindicar su derecho que tienen a través de su título que tienen de propiedad. Sin embargo, la parte jurídica lo que reconoce es la estructura orgánica, Consucoop eso es lo que reconoce. De ahí, si tiene tierra adjudicada o no (una cooperativa) ya no es competencia de Consucoop. Las cooperativas existen de hecho, tienen su junta directiva, tienen vida orgánica, tienen áreas productivas», explicó Rivas, quien agregó que el reconocimiento de Consucoop está ligado a los acuerdos en el punto número 8, en donde «el Gobierno se comprometió que a través de la Secretaría de la Presidencia se iban a hacer las diligencias debidas para reinscribir las cooperativas en el Consucoop».

Consucoop Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop) Campesinos de 14 cooperativas del Valle del Aguán
Campesinos de 14 cooperativas del Valle del Aguán llegaron a las oficinas del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop) para presentar la reinscripción de 14 cooperativas. Foto CC/Fernando Destephen

Raúl Ramírez de la Plataforma Agraria dijo que la violencia se ha recrudecido este 2023 porque, tras la firma de los acuerdos que suscribieron el 22 de febrero de 2022, la Plataforma Agraria ha encontrado que «las tierras de la reforma agraria nunca se pudieron vender, o sea, nunca se pudieron vender legalmente y eso significa que las cooperativas tampoco han sido disueltas y liquidadas». 

Ramírez continuó manifestando que, en consecuencia, la empresa privada a través de la corporación Dinant, Reinaldo Canales y René Morales, están liderando tierras que nunca debieron comprar, «porque despojaron a los campesinos de las tierras de una forma fraudulenta y engañosa».

Posición del sector privado

El abogado Olvin Mondragón, parte de la gerencia de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), dijo a Contracorriente que el 22 de febrero de 2022 la empresa privada participó en las mesas de diálogo en donde se acordó «firmar un convenio entre sector palma (sector privado agroindustrial), plataforma agraria y Gobierno. Dicho acuerdo no fue firmado por el sector privado. Sin embargo, siempre, desde este sector, tanto empresas del sector Palma como Cohep, hemos estado abiertos al diálogo» dijo. 

Mondragón agregó que el sector privado presentó «toda la documentación» en agosto de 2022, misma que «se supone está en manos de la Presidenta». Además subrayó que «a quien le compete asegurar la propiedad privada y que regrese la seguridad jurídica es al Estado de Honduras», ya que, según sostuvo, el Gobierno solo logra emplear al 15 % ó 20 % de la población y «si se aleja la inversión con esta problemática de las invasiones, se pierden empleos y divisas para desarrollar programas sociales de educación, vivienda y salud».

«Como parte de las discusiones de las mesas de diálogo se propuso conformar una comisión jurídica para revisar la documentación de cada una de las partes. Dicha comisión fue propuesta por todas las partes y nunca hubo seguimiento. A pesar de todas estas mesas de diálogo, el sector privado ha entregado toda la documentación que en su momento fue solicitada para que el gobierno decidiera los pasos a seguir y a la fecha seguimos esperando que el INA y demás instituciones nos definan la estrategia a tomar para solucionar esta problemática», agregó Mondragón.

El abogado Mondragón aseguró que, en su momento cuando las tierras fueron adquiridas por empresarios en el Valle del Aguán «muchas cooperativas y campesinos vendieron sus tierras, pero las vendieron no produciendo; después, estas fueron preparadas por los empresarios para hacerlas producir y, ya cuando las empresas las tenían listas y las hacían producir, empezó el flagelo de las invasiones. Ellos no se han dirigido a invadir tierras ociosas. Hasta cuando estaba la producción caminando, es que comenzaron con este tipo de invasiones», dijo.

Mondragón subrayó que actualmente existen «alrededor de 30 mil manzanas de tierra invadidas» en siete departamentos de Honduras: Colón, Choluteca, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y Atlántida. «Esos -según consideró Mondragón- son los departamentos que están sufriendo invasiones de tierra, pero entre el 80 % y 85 % de los casos que se han dado, se han registrado en el departamento de Colón». Desde la empresa privada, ven con buenos ojos tres desalojos ordenados judicialmente este 2023: «Uno de esos desalojos se dio en la ciudad Mel Zelaya, en Choluteca; otro se dio en La Masica, Atlántida y en esta semana se dio un desalojo en el departamento de La Paz. Miramos con buenos ojos que la justicia esté dando respuesta, porque al final es un juez de Ejecución el que da la orden», expresó. 

Aparte de la comisión tripartita que anunció la presidenta Xiomara Castro en el Valle del Aguán, el pasado jueves 23 de febrero se dio a conocer públicamente que la presidenta nombró otra comisión para investigar la ocupación de tierras a nivel nacional, la cual estará integrada por representantes de la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público y el INA. 

El objetivo de esta comisión según Hugo Suazo, uno de los viceministros de la Secretaría de Seguridad y quien lidera dicha comisión, es «contrarrestar ese apoderamiento de bienes inmuebles por parte de personas que se dedican a andar invadiendo propiedades que luego mercantilizan o venden por lotes, y luego se desaparecen». En ese sentido -añadió el subsecretario- «ayer (el miércoles) tuvimos una reunión para tratar este tema en donde tiene que ver el INA, Gobernación y Justicia, el Ministerio Público y la Secretaría de Derechos Humanos».

El viceministro Hugo Suazo destacó en Hable con Habla (HCH) el trabajo de la comisión que se ha ordenado para que trabaje el Valle del Aguán en donde dijo «se están dando las invasiones». 

Hugo Suazo criticó a la dirigencia campesina del Valle del Aguán y aseguró que «por parte de los campesinos, hay grupos o dirigentes que incitan a las invasiones, que no pueden ver una propiedad que esté libre porque la invaden, a estos nosotros les llamamos invasores de oficio. Se dedican a ese menester. Engañan a los campesinos, les sacan dinero y se lucran de ellos», expresó Suazo, quien no quiso entrar en detalles sobre las investigaciones sobre los líderes campesinos asesinados pero dijo que le parecía importante manifestar que la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), “está trabajando en la investigación para identificar a estas personas (líderes campesinos considerados por la Policía como invasores de oficio) que se dedican a estos actos delictivos”.

Mientras los acuerdos para solucionar los conflictos del Aguán avanzan a contrarreloj, los campesinos del Valle del Aguán piden protección al Estado de Honduras. «Nos están matando, mataron al presidente activo de Los Laureles, miembro activo de la Plataforma Agraria; a Omar Cruz y a su suegro. Sigue la persecución, el compañero Hipólito había interpuesto denuncias ante el Ministerio Público de Tocoa y luego fue hasta Tegucigalpa al Ministerio Público. Él tenía medidas cautelares al igual que nosotros, el Estado estaba obligado a protegerlo y no fue así», afirmó Ramírez, quien agregó que tres días antes del asesinato de Hipólito, de acuerdo con información que le fue proporcionada a él por campesinos de la finca Panamá, «la Corporación Dinant sostuvo reuniones con jefes de la Policía y con jefes de los militares y creemos que desde ahí planearon (planificaron el asesinato). Lo mismo pasó antes de que asesinaran a Omar, ellos hicieron reunión y después de la reunión, 24 horas después, vino el asesinato. Ellos se reúnen y planifican para cometer estos asesinatos».

Honduras cumple tres meses con un estado de excepción que busca combatir las extorsiones y las pandillas, pero las cifras de violencia y la población en los sectores intervenidos por los cuerpos de seguridad dicen que las cosas continúan igual. Mientras el gobierno de Xiomara Castro celebra «miles» de capturas, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos cuestiona la veracidad de las cifras, denuncia patrones de abusos policiales y recomienda frenar la medida. Los casos judicializados apenas alcanzan la media centena y se suspenden por falta de pruebas. La promesa de erradicar el crimen se esfuma mientras en algunas localidades la población asegura no ser extorsionada, pero porque las pandillas así lo han decidido. 


Texto: Celia Pousset
Fotografía: Jorge Cabrera

En la tarde del martes 6 de diciembre, dos horas antes de que el gobierno de Xiomara Castro lanzara un Estado de excepción para combatir las extorsiones, Ramón* fue detenido por tres policías cuando se dirigía a comprar a una pulpería de la colonia La Peña. «Ponete firme, podés cantar», le dijeron. Con el verbo «cantar», los policías pretendían que este joven de 20 años confesara un supuesto vínculo con la pandilla Barrio 18 controla ese sector. Él negó todo, y aún así, sin pruebas a la mano, le ordenaron que se subiera a una patrulla. Ramón conocía de antemano, por amigos y familiares, lo que le pasa a aquellos que se han subido a las patrullas: 24 horas en la posta policial, un día perdido y estar en las manos de una institución cuya violencia es percibida por la población como un problema equiparable al de las pandillas, según las encuestas. Ramón se resistió y pidió que le explicaran la razón de su arresto. Al final, los tres policías también desistieron, pero se llevaron sus documentos de identidad. 

Dos horas más tarde, movido por la curiosidad, recorrió casi un kilómetro hasta la Alemán, la colonia vecina, un «barrio caliente» al sur de Tegucigalpa. Ahí, cerca de una cancha, más de 600 policías posaban para las cámaras que televisaron la medida que suspende seis garantías constitucionales para combatir la extorsión y «delitos conexos» ligados a las pandillas.

Rodeado por agentes que portaban armas largas, chalecos antibalas y gorros pasamontañas, el comisionado general Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, le decía al pueblo hondureño que tenía que «confiar en su policía». Según Sánchez, «el 99% de la población no será afectada por este estado de excepción parcial», ya que la institución tenía «perfilados a los delincuentes». El gobierno de Honduras reeditó un mensaje que había sido utilizado ocho meses atrás por el gobierno salvadoreño en una medida similar: «los ciudadanos honrados» no tienen nada que temer.

Pero entre el público curioso había uno que sí temía.

«No es correcto que ellos vengan a decir “vos sos 18”. Le están acusando de una forma incorrecta. Primero, deberían investigar a las personas y aportar pruebas», dijo Ramón a escasos metros de los agentes.

Su temor no es infundado. Una medida que da amplias facultades a los cuerpos de seguridad para ingresar a colonias dominadas por pandillas es un caldo de cultivo para los abusos como se ha evidenciado a lo largo y ancho del triángulo norte de Centroamérica.. Para Ramón, que ha sufrido abusos policiales con anterioridad, el miedo es que estos empeoren.

«Una vez, estaba jugando a la pelota con mis amigos y nos pusieron a todos contra la pared; no es justo que estén tocando mis partes íntimas. Me ha pasado cinco veces en la misma colonia, con diferentes policías. Siempre termina igual, dicen “que sea la última vez que te veo por ahí”, y lo golpean a uno. No es justo que hagan eso. Somos personas civilizadas».

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Miembros de la Policía Nacional iniciaron el estado de excepción el 6 diciembre de 2022 por un período de un mes. Después de dos prórrogas, está siendo implementado en 162 zonas del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y San Pedro Sula, sectores marcados por la inseguridad.Foto CC/Jorge Cabrera

En la primera noche del estado de excepción, Contracorriente presenció los operativos en la zona de La Peña y San Isidro, pero la medida llegó a más de 70 barrios y colonias de la capital listados como supuestos nidos de pandilleros. Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) detuvieron a los transeúntes y a los choferes que circulaban y los catearon buscando armas o droga. Mientras tanto, un policía comunicaba el número de identidad a través de un walkie talkie para saber si esa persona se encontraba en alguna base de datos. 

En este escenario, una madre arrastraba a su niño de la mano para regresar a casa, pero el hijo se quedaba pasmado:«Mamá, mira, es la televisión ¡es HCH [canal informativo hondureño]!» 

En algún momento de la noche, las cámaras apuntaron hacia un joven en un barrio llamado «El hoyo»: brazos estirados, cara contra la pared, los policías le pidieron que dijera su número de identidad. Quizá por los nervios, tardó en recordarlo. «Otra vez», ordenaron los policías. Lo repitió sudando. Lo soltaron y, mientras ponía los brazos en las mangas de su camisa, corrió, mientras un policía amagaba con una eventual persecución si este no se apuraba: «Cuatro, tres, dos, uno…», contaba el policía en voz alta.

Aquella primera noche, el estado de excepción en Honduras se presentó como un show televisado en el que no hubo capturas. Pero tres meses después, el Gobierno registra más de tres mil, aunque casi nadie confía en los datos oficiales. Desde diciembre, Contracorriente y la Redacción Regional han recorrido los barrios, hablado con vendedores, jefes policiales, empresarios, defensores de derechos humanos, una experta en análisis de la violencia, jueces y hondureños que viven en territorios de pandillas. Un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, adelantó para el primer mes de la medida lo que pareciera ser un constante en Honduras: el estado de excepción dista mucho de ser una medida exitosa como plantea el Gobierno, y en realidad rebalsa de capturas con signos de arbitrariedad y ya tiene denuncias de abusos por «uso indebido de la fuerza» al interior de las postas policiales. Pese a las miles de capturas, en los juzgados especializados los casos no llegan ni a la media centena y jueces han evidenciado detenciones sin pruebas, policías que no recordaban los motivos por los que capturaron a una persona o detenidos que nada tenían que ver con el hecho presuntamente denunciado. Y mientras las cifras no cuadran, la violencia en Honduras se mantiene.

El confuso pretexto para el estado de excepción

El 24 de noviembre, el Gobierno de Xiomara Castro declaró una «emergencia nacional de seguridad» porque Honduras estaba sufriendo por el embate de las extorsiones. Faltaban dos semanas para el estado de excepción cuando nació el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos. Desde entonces, las redes sociales del Estado y los chats de la policía hondureña promovieron los mensajes #EstadoDeExcepción o #GuerraContraLaExtorsión, acompañados del número de supuestas detenciones realizadas cada día. 

Ese plan parecía responder a la percepción de la opinión pública y fue presentado tan solo diez días después de que Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), alertó en un tuit que «El delito de extorsiónse está saliendo de las manos en Honduras[…]».

Sin embargo, el supuesto auge de la extorsión no se refleja en las cifras de denuncias y capturas registradas. Según la División de Criminología de la Policía Nacional, las personas detenidas por este delito sumaron 33 en 2022 (un poco más que en el 2021 cuando se registraron 29 detenidos). Esta misma institución indicó que en 2022 hubo solo 13 denuncias contra 176 en 2021.

Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un referente a la hora de entender la violencia, coincide en que las cifras no señalan un aumento de casos, pero apunta a que el problema es real. «El detonante del estado de excepción fue la situación de violencia ligada a la extorsión, pero según el Observatorio, en 2022, la violencia no estaba aumentando. Al contrario, la proyección que hemos hecho era de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes», dijo.

A un año de su toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro resaltó una «baja histórica de los homicidios» bajo su mandato, pasando de una tasa de 41,70 % en 2022 a 35,79 % en 2022. En enero de 2023, Honduras registró 145 homicidios menos que el año anterior. Sin embargo, en los primeros 15 días de febrero ya había alcanzado 134 homicidios, superando los 133 de febrero del año pasado.

El sector de transportistas públicos, históricamente el más golpeado por la violencia derivada del delito de la extorsión, tampoco tenía cifras al alza. Según Ayestas, de enero a septiembre de 2022, 85 transportistas fueron víctimas de muerte violenta. En el mismo periodo de 2021, se registraron 141.

«El delito es un delito real. El punto es que debe haber una estrategia en conjunto con los empresarios de transporte para poder disminuirlo», dijo Ayestas, y luego señaló que en lo que va de 2023 ya hay 12 transportistas asesinados.

El delito, además, impacta en otros rubros. Según estimaciones de la Secretaría de Seguridad, en 2022 los empresarios pagaron 2,600 millones de lempiras (105,604,200 dólares) en extorsiones. Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) dedicado al «impuesto de guerra», establece que sólo el 1% de las víctimas denuncia y que, de los casos judicializados, menos del 1% atañe a un individuo «involucrado en planificar el delito». Lo demás corresponde a personas que amenazan, reciben o transportan el dinero. 

Contracorriente intentó múltiples veces entrevistar a Ramón Sabillón, el Ministro de Seguridad y a Julissa Villanueva, la Viceministra, para entender la justificación y estrategia del estado de excepción, basado en cifras oficiales que no cuadran con el discurso. Pero las citas fueron canceladas. En una entrevista otorgada a El Faro, Sabillón declaró que «la gente quiere puño duro».

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Operativo policial durante el inicio del estado de excepción. Foto CC/Jorge Cabrera

«Extorsionistas» que no eran extorsionistas

A principios de enero, a un mes de su instauración, Adonay Hernández Vásquez, jefe de la Unidad operativa de la zona norte, anunció la captura de más de 600 miembros de estructuras criminales, la emisión de 700 órdenes de captura, el desmantelamiento de 40 bandas criminales y el decomiso de 500 armas.

Días después, el viernes 6 de enero, el gobierno dio 45 días más a la medida vía decreto ejecutivo, porque ha «rendido muy buenos resultados para combatir la criminalidad». Para 2023, el Gobierno ha destinado mil millones de lempiras (USD 40,668 millones) sólo para este plan, muy por encima de los fondos asignados a otras secretarías por un año, como la de Derechos Humanos o la de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Pero los datos del Gobierno generan incertidumbre. En La Prensa, una nota de primera plana habló de «más de 8,000 detenidos, pero ninguno por el delito de extorsión», una información que ha sido desmentida por las autoridades. 

Según la Policía Nacional, en casi dos meses, se habían capturado a 3, 954 personas por «delitos conexos a la extorsión» (robo, tráfico de droga, tráfico y portación de armas, homicidios), según declaró a este medio el vocero de la institución, Miguel Martínez.

Desde el 6 de diciembre hubo 88 capturas en flagrancia – es decir cuando un testigo protegido entrega el dinero al recolector de la extorsión – y 1,322 personas arrestadas que tenían una orden de captura pendiente. 

Pero estas cifras fueron duramente cuestionadas por el CONADEH. En el primer mes, la entidad logró identificar que un 60% de las intervenciones policiales reportadas como acciones con éxito por parte de la Dipampco tuvieron lugar en localidades distintas a Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula. «¿Qué nos dice eso? Que no era necesario ampliar geográficamente el estado de excepción para tener intervención policial efectiva en esos territorios», sostuvo el abogado Joaquín Méndez, autor del informe. La institución plasma también que, pese a que el Gobierno asegura haber detenido a 652 ‘miembros de maras y pandillas’ en el primer mes de la medida, los observadores sólo pudieron confirmar 159 capturas en Tegucigalpa. Y entre ellos, se encontraban «una considerable cantidad de personas que habían sido detenidas por faltas (que realmente no podían comprenderse “conexas” a la extorsión) y, consecuentemente, fueron liberadas en un término de 24 horas». 

En un pronunciamiento publicado el 23 de febrero, el CONADEH actualizó su revisión del primer mes de la medida. Con información oficial proveída por el gobierno «19 días después» de emitida la primera prórroga, la entidad concluyó que solo «25 de las 1,348 detenciones» realizadas en esa primera etapa «se refieren a delitos de extorsión o conexos a ella» .

Según la entidad, el Comisionado remitió una recomendación el 19 de febrero pasado para que el gobierno se abstenga «de realizar una nueva ampliación del Estado de Excepción, siempre que no se demuestre con precisión la proporcionalidad de la medida en los términos de idoneidad y necesidad por medio de un ejercicio obligatorio de ponderación oportunamente argumentado”.

Dos días después de la recomendación del CONADEH, la Policía Nacional anunció una nueva prórroga de la medida que estará vigente hasta el 6 de abril. 

Pero los supuestos éxitos que ha generado el estado de excepción tampoco convencen a los empresarios. «La gente nos llama para decirnos que siguen siendo extorsionados a pesar del estado de excepción. El problema es que se estableció esa medida, pero nadie la está evaluando. Se supone que con el estado de excepción, iba a ser más fácil investigar a los autores intelectuales, sin embargo, no hubo informe a raíz del primer mes», se quejó el abogado Armando Urtecho, Director Ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). 

En barrios como la Alemán o la colonia La Peña de Ramón, la gente tampoco percibe cambios. Dos meses después del lanzamiento de la medida en la Alemán, nos reunimos con Ramón en un restaurante de comida rápida cerca del anillo periférico de Tegucigalpa. Llegó acompañado por su novia, Ana, de 19 años. «Desde el día en que nos conocimos no hemos vuelto a ver policías patrullando. Fue como decir[…] una bomba de humo», dijo Ramón. Ana confirmó con la cabeza. «¿Y sus documentos, los ha recuperado?». Ambos respondieron moviendo la cabeza de lado a lado, en señal de negación.

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Miembros de las Fuerzas Especiales Cobras estuvieron patrullando sectores de difícil acceso durante el inicio del estado de excepción.Foto CC/Jorge Cabrera

Los casos que se caen

En Honduras, dos juzgados tienen competencia para conocer los casos de extorsión, uno está en la capital Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país. En conjunto, esas dos sedes han recibido solo 49 requerimientos fiscales desde principios de diciembre, cuando arrancó el estado de excepción. A diferencia de las cifras que promueve el Gobierno, sólo han llegado 25 casos por extorsión a San Pedro Sula y 24 a Tegucigalpa.

Jorge Octavio Nuñez Solórzano es juez especializado del circuito antiextorsión desde 2017, el año en que este fue fundado. Él cuenta que últimamente está lejos de estar abrumado por el trabajo que llega a Tegucigalpa. «Voy a ser honesto, desde el cambio de Gobierno, han mermado bastante los requerimientos fiscales en comparación con los años anteriores. En 2022 recibimos 107 requerimientos fiscales, lo que antes representaba la cantidad de un solo mes», dijo. 

Nuñez Solórzano consideró que la suspensión de garantías – entre ellas la inviolabilidad del domicilio (Art.99) y la necesidad de presentar una orden de captura para arrestar a alguien, salvo cuando se trata de un delito en flagrancia (art 84) – es « bastante preocupante» e innecesaria en el combate contra la extorsión porque «la policía puede ingresar a cualquier casa de estas denominadas zonas calientes con tan solo una denuncia donde a lo mejor no siempre va a ser verdadera».

De hecho, los requerimientos fiscales se aprovechan de la suspensión de garantías ya que «En esos últimos casos, en mayoría, no hay flagrancia. Es mero suponer, lo que va a llevar a casos muy débiles, sin elementos probatorios», aseguró el juez quien, además, opinó que « supuestamente los policías ya saben dónde viven los extorsionadores, dónde trabajan, pero si ellos ya saben eso ¿por qué no lo llevan a cabo? ¿Por qué hay una necesidad de restricción de garantías para detener a las personas? En realidad, no habría esa necesidad si se hiciera una buena labor investigativa».

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Operativo militar en un bus durante el inicio del estado de excepción. Foto CC/Jorge Cabrera

A diferencia de lo que ocurre en El Salvador, donde el sistema de justicia ha sido rediseñado a conveniencia del oficialismo de Nayib Bukele y procesa bajo reserva y sin mayores trámites la mayoría de las capturas —que superan las 65 mil en 11 meses —, en Honduras hay jueces que cuentan las anomalías en los procesos. Nuñez Solórzano, por ejemplo, cuenta que uno de los sobreseimientos dictados fue por un «error garrafal» cometido por la Policía y el Ministerio Público. Mientras en la acusación aseguraron haber detenido a un extorsionador en la calle, el hermano del imputado explicó otra versión de la captura: los policías entraron en su casa, sin orden, lo botaron todo y lo golpearon a él y a su hermano. Los llevaron a las oficinas de la Dipampco y a su hermano lo dejaron detenido, acusado de extorsión. Al que quedó libre, le dieron una carta de la Policía fechada el día de la captura, donde le decían que él quedaría en libertad y sin cargos. La incongruencia entre las dos escenas y la prueba de una segunda captura errónea sirvió de base para desmeritar el caso. 

«Eso fue un caso contundente que pasó durante el estado de excepción y, efectivamente, el imputado quedó libre», dijo el juez.

El 6 de febrero, cuando se cumplieron dos meses de la medida, Contracorriente presenció una audiencia inicial en el juzgado en materia de extorsión de Tegucigalpa. La Fiscalía acusaba a una joven de 19 años presuntamente detenida en flagrancia por seis agentes de la Dipampco el 31 de enero. Según el testigo protegido, desde hacía dos meses estaba siendo extorsionado por la acusada «trigueña, delgada, con trenzas», quien llegó en diciembre a su negocio en la colonia El Álamo para anunciarle que sería extorsionado. Según la acusación, ella se presentó como miembro activo de la pandilla Barrio 18 y le exigió 1,000 lempiras semanales. Le amenazó con esas palabras «te vamos a matar, te vamos a hacer picadillo». 

Según la defensa, era imposible que la acusada fuera extorsionista pues cuidaba tres niños y estudiaba de noche el bachillerato en contaduría y finanzas, según una constancia del instituto al que asistía y su libreta de notas. La defensa también presentó un listado con firmas de vecinos que aseguraban conocerla bajo este perfil, y no bajo el de una extorsionista. 

El 31 de enero, a las ocho de la mañana, la víctima fue a poner una denuncia en las oficinas de la Dipampco y una hora después, a las nueve, se realizó una supuesta entrega controlada del dinero en su negocio. El ministerio público presentó como medio de prueba el acta de vigilancia de los agentes de la Dipampco y el testimonio de uno de ellos, el agente que levantó la denuncia. Pero durante su declaración, este no supo contestar las preguntas que hacían la defensa y el juez acerca de las diligencias realizadas. Tampoco se efectuó el seriado de dinero por «falta de tiempo» y las fotocopias hechas a los billetes de la entrega controlada no se presentaron como medio de prueba. Cuando el juez preguntó por qué, el agente de la Dipampco, con 11 años de experiencia, se quedó callado y luego de un minuto y medio terminó contestando «no sé». La defensa abogó que la investigación era incompleta y el juez le dio la razón. En su resolución manifestó «Vuelve a quedar evidenciada la negligencia en la investigación, vimos titubear al agente de la Dipampco y nos ofreció silencios penetrantes. Dudó y nos hizo dudar. Deja mucho que desear la acusación». Por no existir elementos objetivamente confiables, el juez liberó a la imputada. 

Desde la Dipampco se maneja un discurso diferente. Mario Fu, el vocero de esta dirección, afirmó a Contracorriente que «el 96% de las personas capturadas [habló de más de 600 capturas] están guardando prisión en un centro penal y al 96% de ellas se les ha dictado auto de formal procesamiento con la medida de detención judicial preventiva».

Hicimos una solicitud de información al Instituto Nacional Penitenciario, INP, para saber cuántos detenidos habían ingresado a los centros penales de Honduras en el marco del estado de excepción, pero no hubo respuesta.

La Dirección del INP tampoco nos brindó las estadísticas de los ingresos que corresponden a los detenidos y encarcelados bajo el estado de excepción. Su subdirector, Marvin Vieda Carrasco, aseguró que «hay un auge de la población carcelaria», pero no dijo de cuánto. 

«Si la policía ha remitido 600 detenidos en los centros penales, no le puedo asegurar que todos estén adentro ni cuántos quedaron después de los seis días [el plazo máximo entre la declaración de imputados y la audiencia inicial], son datos dinámicos» justificó el subdirector. 

Durante el primer mes del Estado de excepción, las estadísticas disponibles en el portal abierto del INP contradecían a la Dipampco. A finales de noviembre, los privados de libertad hondureños sumaban 19,348; a finales de diciembre la cifra fue de 19,313. 

Hasta el 31 de enero pasado, el INP reportó un total de 19,477 privados de libertad en las 25 cárceles del país. El dato tampoco coincide con las cifras de la Dipampco.

Los que prefieren protegerse «solos»

En el mercado Álvarez de Comayagüela, la ciudad gemela y empobrecida de Tegucigalpa, no se roba ni se extorsiona «gracias a Dios». Es lo que afirman unánimemente los vendedores.. Pero la ausencia de delitos no es una consecuencia de las acciones emprendidas por el Gobierno de Xiomara Castro. Una vendedora de productos de belleza dijo que «personas particulares» vigilan el laberinto de callejones atiborrados de fruta, carne y ropa. Porque «policías aquí, no hay».

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En el mercado Álvarez los vendedores aseguran que los policías solo han llegado una vez a patrullar en el marco del estado de excepción. Foto CC/Jorge Cabrera

Según los comerciantes, un grupo de policías patrulló una vez antes de la Navidad; prometieron hacer rondas, se tomaron fotos, dejaron un número de teléfono en el cual ahora «no contestan». Desde ese día, no regresaron. Del estado de excepción nadie tiene algo que decir. Hasta cuesta que entiendan de qué estamos hablando, como si éste no existiera.

Para saber quiénes son exactamente los que cuidan el lugar, vale acercarse a una vendedora con 41 años en el mercado, una lidereza a quien llamaremos María Pavón. Ella tiene una sonrisa tierna, una gorra con inscripción religiosa — «Jesús es un todo» — y unas sofisticadas uñas de plásticoque esconden dedos manchados de negro ya que esta mujer de 64 años maneja la pala y la piocha trabajando en la novena extensión del mercado. Está involucrada en todos los asuntos de la vida de comerciante. Cuenta los incendios y los huracanes que «trataron de acabar con [su] mercado», pero que siempre vuelve a levantarse, más fuerte, más limpio, más «bendito» que antes.

En una oficina del mercado hay tres pantallas que difunden imágenes en vivo de las 56 cámaras esparcidas entre los puestos. «Hemos aprendido mucho a raíz de tantos problemas que hemos sufrido. Hace seis años la extorsión era espantosa. Si no teníamos el dinero, Los Chirizos le decían a uno “quiero 20 pares de zapatos, echémelos aquí”. A veces le dejaban a uno el puesto vacío. Mataban a los vendedores, los llevaban al río y los disparaban. La gente vivía en la zozobra». 

«Los Chirizos» es una banda criminal que se formó en 2010 tras la muerte de Héctor Portillo, alias el Gato Negro, un narcotraficante que controlaba la zona de los mercados de Comayaguela. Si bien su presencia no se ha extendido a nivel nacional,es un grupo que la policía tiene en la mira por el delito de extorsión junto a otras nuevas estructuras como «El Combo que no se deja», »los Puchos» y «los Aguacates» que se suman a las estructuras criminales históricas, el Barrio 18 y la MS-13.

Según María, esa situación de terror terminó cuando otra banda criminal tomó el control del mercado.

Inicialmente, María Pavón presenta el cambio de mando criminal de forma imprecisa: «Una mara saca a la otra, ¿me entiende? Vinieron los de la Mara 13, los que están ahorita. No extorsionan a nadie, cuidan la zona, y cuando hay ladrones que asaltan a la gente, ellos mismos los controlan. Advierten la primera vez; a la segunda, matan. Tampoco es bueno ¿verdad? pero es la ley. A veces he llegado a pensar que protegen más que la Policía. Da dolor decirlo porque nosotros queremos nuestra policía, pero parece que son las maras las que ponen más seguridad a la ciudadanía».

Finalmente, como si se hubiera recordado de algo importante, María admitió que la policía, bajo el Gobierno de Juan Orlando Hernández, tuvo «mucho que ver» con la expulsión de «los Chirizos», un movimiento que dejó la plaza abierta que al final terminó controlada por la Mara Salvatrucha. «Los policías agarraron a muchos Chirizos, los principales de la mara, y – Pum Pum– los desactivaron. Entonces entraron los otros» dijo María.

Ahora la Policía Nacional juega un papel más que periférico en la vida del mercado. Y eso no cambió con el estado de excepción. María dijo que le gustaría volver a «aquellos tiempos en los que nadie gobernaba nada», cuando la Policía estaba presente. Pero en medio de la frase se detuvo y vaciló: «[…] pero es cierto que la Policía era corrupta también. Si no son los mareros, son los policías que piden dinero. Mire, allá – señala un lugar lejano – por el palo de hule, están cobrando a los buses, es su forma de hacer negocio también. Los buseros les dan algo para que los dejen hacer cola en la calle. De eso estamos acostumbrados. Pobrecito mi país».

La empresa privada también se protege a su manera. El Cohep comunicó a Contracorriente que las empresas pagan entre 2,500 y 3,000 millones de lempiras al año por servicios de seguridad. Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula, afirmó que de un 5 a 10 % del costo de ventas de las empresas equivale al dinero invertido en seguridad privada y que el gasto es más incidente en empresas dedicadas a los rubros de distribución y venta al detalle. En un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) del 2017, se alertaba sobre la expansión de las empresas de seguridad privada que, en ese entonces, sumaban más de 700 empresas y 60,000 agentes contratados.

Una policía temida sin rumbo claro

En El Salvador, el régimen de Nayib Bukele apuntó claro: pretende erradicar a las maras y pandillas. Y usa la suspensión de garantías como tal desde hace 11 meses. La policía y el ejército capturaron y encarcelaron a miles de salvadoreños por presuntamente pertenecer a una estructura pandilleril en medio de denuncias por abusos a derechos humanos, desapariciones y una investigación por ejecución extrajudicial en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos salvadoreña. 

En Honduras, el blanco es el mismo, en teoría, pero en práctica la medida pierde su foco. 

El decreto que avaló la medida señala que se busca perseguir el delito de extorsión y los «delitos conexos», pero dos meses de ejecución muestran una realidad diferente pues apuntan a un régimen que lo abarca todo y aprieta poco. 

Al sur de Honduras, cuatro ciudades del departamento de Choluteca han sido integradas en la lista de los territorios afectados por las extorsiones. Choluteca, la cabecera del departamento homónimo, es un municipio caluroso e históricamente pobre en donde se han reportado 50 homicidios en 2022, según datos de la policía. El comisionado Jorge Rodríguez Montoya, Jefe Departamental, se alegra de que la medida llegue a su territorio, uno en el que los delitos más comunes son el robo de ganado, el contrabando de camarón y el tráfico de migrantes y de droga. «Nosotros sabíamos que el estado de excepción iba a ampliarse de acuerdo al mapa de calor de cada municipio. Ahora estamos hablando el mismo idioma entre policías, fiscales y jueces para detener y requerir a los delincuentes» . 

Cuando se le consultó sobre qué hace una medida que persigue a las extorsiones y las pandillas en un territorio que carece de ese fenómeno, Montoya respondió que hay «delitos conexos» y que «no solo hay que perseguir a las maras». Eso plantea la problemática del catálogo de delitos que pueden ser considerados «conexos» al delito de extorsión y, por lo tanto, contemplados en el marco del estado de excepción. 

Carlos Joaquín Méndez, el abogado del  informe del Conadeh que evaluó el primer mes del estado de excepción, enfatizó que en los libros de detención — aquellos especialmente hechos para registrar las capturas en el marco del estado de excepción — se registra que muchas personas habían sido capturadas por faltas como el irrespeto a la autoridad o el escándalo en la vía pública, lo que fue aún más visible en las estadísticas el 24 de diciembre y el 31 de diciembre cuando, es sabido, la gente toma más alcohol. 

Miguel Martínez, el vocero de la Policía Nacional, admitió que 2,283 personas fueron capturadas tan solo por faltas desde el 6 de diciembre, y «por lo tanto liberadas en un plazo de 24 horas». 

«No podrían considerarse como detenciones de personas pertenecientes a grupos de crimen organizado.Esta incoherencia en los datos resulta altamente preocupante, siendo que podría significar un error o una manipulación de la información», alertó el Conadeh.

Entre los capturados sin pruebas, el Conadeh registró 13 quejas por malos tratos y uso desproporcionado de la fuerza. Una de ellas fue presentada por un hombre quien contó cómo, tras haber sido capturado por una falta, fue llevado detrás de un carro en el parqueo de una posta policial y fue golpeado por un agente de la Dipampco mientras este intentaba sacarle información. 

Por casos como este es que nadie quiere ser detenido y pasar tiempo con los policías en una posta policial.

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A los transeúntes se les retira sus camisetas para verificar que sus tatuajes no tengan nada que ver con mara y pandillas.Foto CC/Jorge Cabrera

En Honduras, la violencia azota tanto a la población que esta ya no sabe quién, entre el Estado y las pandillas, es la organización más temible. El último sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), muestra un empate en la percepción del pueblo hondureño entre la violencia generada por pandillas y aquella proveniente de las fuerzas de seguridad. A la pregunta «¿Cuál es el principal problema de Honduras?», un 0.7% de los encuestados mencionó que las Maras y Pandillas y otro 0.7% designó la violencia de policías y militares.

Ramón lo tiene claro. «Ellos [los pandilleros] hacen la justicia. Si tengo una pelea, puedo hablarlo y ellos van a buscar quién tiene la razón. Le corrigen al que tiene un mal comportamiento. Los de la pandilla investigan, buscan la verdad y cuando castigan no es por nada. Tienen sus altas y sus bajas, pero es más justa la ley de ellos».

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Miembros de la Policía Nacional retienen a un joven que fue capturado durante un allanamiento en la colonia San Miguel. Foto CC/Jorge Cabrera

La desmilitarización fallida

El 6 de diciembre, cuando arrancó oficialmente el estado de excepción en la cancha de la colonia Alemán, no había un solo policía militar entre las filas. El gobierno intentaba hacer ver que prescinde de la Policía Militar del Orden Público, un cuerpo de seguridad percibido por la población como el menos confiable según la encuesta del ERIC.

Sin embargo, la PMOP es parte de las fuerzas de seguridad que implementan el estado de excepción y su apoyo sí es requerido aunque en un segundo plano.

La PMOP fue creada en 2013 por el Congreso Nacional bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, financiada por un nuevo impuesto — la tasa de seguridad — y justificada por la crisis de la Policía Nacional embarrada en escándalos de corrupción y lazos con el narcotráfico. Pero a partir de 2014, cuando JOH asumió el cargo de Presidente de la República, esta institución sirvió de instrumento de represión de las protestas sociales

Un documento desclasificado del Departamento de Estado de EE.UU, redactado en octubre de 2014, perfila la PMOP y justifica que no recibirá dinero del gobierno de Estados Unidos por las denuncias procedentes de organismos de derechos humanos. El informe apunta que la PMOP no cuenta con «una formación adecuada para operar en áreas urbanas con una numerosa población civil».

Una de las promesas de Xiomara Castro era reformar este cuerpo armado para que no siguiera operando en las calles, pero incluso antes de que se decretara el estado de excepción, la PMOP ya realizaba operativos de seguridad. 

José Coello, capitán y vocero de las Fuerzas Armadas justificó la participación del ejército en el combate al narcotráfico, el narcomenudeo y las pandillas. «La primera línea es la Policía Nacional, pero las Fuerzas Armadas se involucran en apoyo a la labor de seguridad ciudadana. No pasa sólo con Honduras. Si usted mira El Salvador, han utilizado sus fuerzas armadas para tratar de combatir las maras y pandillas.»

Como en El Salvador, el presupuesto del Ejército es más alto que el de la cartera de seguridad pública. 

En el discurso oficial, el estado de excepción es la apuesta de seguridad pública de Xiomara Castro, pero en su discurso de rendición de cuentas del primer año de gestión apenas y lo mencionó. «[…] ha generado excelentes resultados», dijo el 31 de enero pasado. 

La violencia, sin embargo, está muy lejos de desaparecer en Honduras y llega a todos los rincones. Apenas dos semanas antes del primer aniversario de Castro en la presidencia, el 11 de enero, en frente de la Casa Presidencial, un joven de 19 años fue acribillado con un fusil AR15 y una pistola nueve milímetros. Según un comunicado de la Secretaría de Prensa, una nota fue dejada cerca del cadáver que decía«eso le pasa por sapo». En pleno estado de excepción, enfrente de la casa más protegida del país, mataron a un hondureño.

* En este reportaje se ha resguardado la verdadera identidad de algunas fuentes para proteger su integridad

* Este reportaje forma parte de República Finquera, un proyecto de cobertura del autoritarismo en Centroamérica y México de la Redacción Regional , una alianza entre medios y periodistas de la región, entre ellos Contracorriente.

La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) denunció el asesinato de Ricardo Arnaúl Montero, quien estaba involucrado en la exigencia de la comunidad de Triunfo de la Cruz para que se cumpliera una sentencia de la Corte-IDH en su favor. El patronato de la comunidad sostiene que Arnaúl no fue asesinado, sino que murió ahogado en el mar. Familiares y compañeros en la Ofraneh desconfían de esa hipótesis y de las investigaciones de la Policía y el Ministerio Público.


Texto: Leonardo Aguilar
Con colaboración de María Celeste Maradiaga
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

El domingo 28 de enero, a inmediaciones del área protegida de Punta Izopo en Tela, Atlántida, se reportó la muerte de Ricardo Arnaúl Montero, uno de los miembros del Comité de Defensa de la Tierra de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, localizada en el litoral atlántico de Honduras. 

Arnaúl era un reconocido líder comunitario y recién había pedido protección en diciembre del 2022 a la Secretaría de Derechos Humanos. «Estuvimos en una reunión con la ministra de Derechos Humanos (Natalie Roque), donde él denunció las amenazas de muerte en su contra», dijo Alfredo López, miembro del mismo comité al que pertenecía Ricardo Arnaúl, y también integrante de Ofraneh.

Personas cercanas a Ricardo Arnaúl aseguraron que su muerte está relacionada con el conflicto entre el Comité de Defensa y el Patronato del Triunfo de la Cruz, y sobre todo vinculada con la agudización de la violencia después de que el Estado de Honduras perdiera dos demandas internacionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el año 2015.

Una de las sentencias de la Corte-IDH es en favor de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, en la cual se reconocen derechos ancestrales sobre territorios en donde hoy están instalados o se pretenden instalar proyectos habitacionales.

Contracorriente intentó contactar a la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, pero no respondió a las llamadas.

Natalie Roque 2023
Ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, participa de la celebración del Día de la Independencia. Foto CC/Jorge Cabrera

Patronato sostiene que Ricardo Arnaúl no fue asesinado

En el canal Hable como Habla (HCH), un medio de comunicación que tiene radio y televisión nacional, el presidente del patronato de la comunidad, Tulio Martínez, dijo que Arnaúl «se ahogó en el mar» al enredarse en una red de pesca y que las denuncias sobre su asesinato, promovidas por la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), buscan «una forma de alejar el turismo».

El subinspector Álvarez Zúniga, vocero de la Policía de Tela, Atlántida, fue consultado por ese mismo medio de comunicación del porqué no realizaron el levantamiento del cuerpo de Arnaúl conforme a lo que establecen los protocolos de Medicina Forense y este respondió: «Como me comentaba acá el presidente del patronato (Tulio Martínez), ellos tienen sus propias leyes, y a él (Tulio Martínez) la madre del fallecido le dio la orden de que lo enterrara en el mismo momento».

No obstante, la familia del fallecido está molesta con Tulio Martínez y no confía en la investigación de la Policía ni del Ministerio Público.

Rony Castillo, miembro de Ofraneh, afirmó que alguien le notificó al presidente del patronato sobre el hallazgo del cadáver de Arnaúl y Tulio Martínez fue a recogerlo y se encargó de enterrarlo en cuestión de minutos.

«Presionaron a la mamá y a los familiares que tenían que enterrarlo. El cadáver se miraba fresco, hay muchas cosas, ¿por qué tenían que enterrarlo rápidamente? En el Triunfo de la Cruz, por más pobre que sea una comunidad, hasta sin ataúd, pero se vela en la comunidad garífuna».

Castillo informó a Contracorriente que le han solicitado a la Policía investigar al presidente de patronato, Tulio Martínez, porque de lo contrario «más compañeros van a morir y más compañeros de este Comité de Defensa de Tierras van a ser entregados».

Playa de Triunfo de la Cruz. Foto CC/Fernando Destephen

Dania Montero, hermana del Arnaúl, publicó unvideo en donde denunció que, tras las denuncias por la sepultura inmediata de Arnaúl, las labores de exhumación pretendidas por la DPI y Ministerio Público de Tela y de La Ceiba se estaban realizando de forma inconsulta: «No le hemos dado permiso a ninguna agencia de La Ceiba para que toque la tumba de mi hermano, ellos creen que no hay familia, pero acá estamos mi mamá y yo. Les hemos dicho que no toquen la tumba de mi hermano sin el permiso de la familia o de la Ofraneh», sostuvo Dania Montero.

Según consta en una sentencia de la CorteIDH, el Comité de Defensa de la Tierra de Triunfo de la Cruz  —abreviado en la sentencia como CODETT— se encuentra a cargo de los asuntos de tierras y su directiva es nombrada por la asamblea general de la Comunidad.

Rony Castillo, integrante de Ofraneh, afirmó que Ricardo Arnaúl no tenía una buena relación con el actual patronato (una estructura comunitaria legalizada por los gobiernos locales) del Triunfo de la Cruz porque «el patronato quería entregar el territorio a esos mismos grupos con los que trabaja la municipalidad y a otro grupo de empresarios».

El Patronato del Triunfo de la Cruz es dirigido por Tulio Martínez; y la Alcaldía de Tela, Atlántida, por Ricardo Cálix.

Alfredo López, miembro del Comité de Defensa, aseguró que todavía no entienden toda la campaña de manipulación para indicar que Arnaúl murió ahogado. «Él fue encontrado en la playa muerto, pero han salido con un montón de teorías haciéndole creer a la gente que él se ahogó. El mismo Tulio, que fue la persona que lo encontró en la orilla del mar, se contradice».

Garífunas desaparecidos

Rótulo en contra de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) ubicado en la entrada de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz
Rótulo en contra de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) ubicado en la entrada de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz. Foto CC / Fernando Destephen.

La última vez que el Comité de Defensa sostuvo una buena relación con un dirigente de patronato en el Triunfo de la Cruz fue en el 2020, cuando el patronato era dirigido por Alberth Snaider Centeno, quien también luchó para que se cumplieran las sentencias de la Corte-IDH.

Snaider Centeno y otros miembros de la comunidad garífuna fueron interceptados el sábado 18 de julio de 2020 por un grupo de hombres armados que llegó a la comunidad del Triunfo de la Cruz, llevándoselo a él y a otras cuatro personas.

Seis días después de la desaparición de los garífunas, el viernes 24 de julio, en una hacienda ubicada en la colonia Lomas del Carmen, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras, encontraron una bolsa con dos pasaportes que identificaban a Snaider Centeno y a Milton Martínez, dos de los líderes secuestrados en El Triunfo de la Cruz. En el lugar encontraron tres armas de fuego, cuatro celulares, una laptop, una cámara fotográfica y otros objetos.

En ese momento, el comisionado de la Policía, Héctor Ruiz, asignado a la localidad de Tela, dijo a Contracorriente que las cámaras habían registrado imágenes de los vehículos con que realizaron el secuestro. Sin embargo, días después de brindar esas declaraciones, el oficial fue separado de la investigación.

Alfredo López expuso que en el período cuando Snaider era presidente del patronato, «había un forcejeo con el poder por la posición de Snaider, quien había llegado con el encargo de presionar para que se cumpliera la sentencia, el problema es que muy pocos patronatos asumieron la posición de Snaider. Ellos tenían la consigna de no quitar el pie de presionar al Estado para el cumplimiento de la sentencia».

Para López, con la desaparición de Snaider lograron desestabilizar al Comité; empezaron primero con una campaña para sacarlo a él, crearon una plataforma, integrada con gente que había hecho negocios con el Club Marbella.

«De tal manera que cuando desaparece Snaider, ellos son elegidos como los que coordinan el nuevo patronato, que son los mismos que están ahora, por eso es que estamos en ese problema», expuso López.

Rony Castillo dijo que a Snaider Centeno primero lo amenazaron y, luego, lo desaparecieron junto a otros miembros de la comunidad. Castillo agregó que los patronatos que no se alinean con los grupos que se apoderan de los territorios y comunidades garífunas se convierten en «patronatos desaparecidos».

Las sentencias por las que luchan

La sentencia sobre el Triunfo de la Cruz, notificada el 8 de octubre de 2015, ordenó al Estado de Honduras a que dentro de un plazo de dos años procediera a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la comunidad de Triunfo de la Cruz en dominio pleno y en garantía de ocupación, con su plena participación.

En la otra sentencia, sobre la comunidad Punta Piedra, emitida también el 8 de octubre de 2015, se condenó al Estado de Honduras como «responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva, reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana».

«Después de 8 años hay un mandato (en las sentencias de la Corte-IDH) de que se deba restituir el territorio, ¿quiénes están detrás del territorio del Triunfo de la Cruz? Hay grupos criminales, se llaman empresarios, a veces se hacen llamar exfuncionarios, algunas veces se intercambian el sombrero con todo un grupo detrás en Tela», expuso Rony Castillo, miembro de Ofraneh.

Según un comunicado del Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de la Cruz (en garífuna SUNLA), «en los últimos años (2019 y 2020) más de 40 Garífunas fueron asesinados y otra gran cantidad abandonaron sus comunidades por amenazas, criminalización y persecución en su contra, evidenciando el desprecio y racismo institucionalizado y un plan genocida en contra de nuestro pueblo».

Según la sentencia de la Corte-IDH, el proyecto Club Marbella pertenece a Inversiones y Desarrollo El Triunfo, S.A. (Idetrisa), una sociedad conformada por empresarios millonarios que forman parte de la élite hondureña, entre cuyos socios figuran Williams Chaín, Jorge Canahuati, Roberto Constantino Larach, Elías Andonie, Jorge J. Faraj, Taufick Canahuati, Camilo Atala y Nicolás Chaín.

En un texto anterior publicado en agosto de 2020, Contracorriente consultó a la Municipalidad de Tela sobre el estado del Club Marbella y Laguna Negra —dos proyectos habitacionales que no han logrado concluirse—, y la oficina de relaciones públicas respondió que se encuentran detenidas porque no hay trámites de ninguna índole en la Alcaldía.

La comunidad del Triunfo de la Cruz celebra su feria, cada año en el mes de marzo, en honor al Santo Patrón San José.
La comunidad del Triunfo de la Cruz celebra su feria, cada año en el mes de marzo, en honor al Santo Patrón San José. Foto CC / Fernando Destephen.

Alfredo López aseguró a Contracorriente que el Comité de Defensa del Triunfo de la Cruz fue fundado el año 1992.

«La Municipalidad había declarado (en los años 90) la ampliación de su radio urbano, y ahí empezó la hostilidad con el proyecto de Marbella: con la compra de terrenos y la privatización de la propiedad, de parte de empresarios de San Pedro Sula que son los Chaín, los Canahuati, los Handal, toda esa gente. Todos esos señores empresarios, sobre todo los árabes, que tienen acaparado San Pedro Sula y estaban acaparando acá», recordó Alfredo López.

López afirmó que durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, este militarizó desde el centro de Tela hasta la comunidad Triunfo de la Cruz. También contó que el mismo expresidente visitó la comunidad por gestiones del patronato. 

«Pero es un descaro. Cómo diablos va a venir un tipo, que como sea, aunque sea el presidente, había que decirle que aquí hay una sentencia y que qué pasa. Es cierto que Juan Orlando tenía atemorizado a todo el mundo. Si yo hubiera estado aquí, yo no lo iba a irrespetar desde luego, pero no iba a desaprovechar esa oportunidad (de reclamarle)», afirmó López.

comunidad Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida
Una tarde en la comunidad Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida. Dos niñas juegan en una playa de la comunidad garífuna. En esta playa los pescadores guardan sus lanchas y herramientas para la pesca. Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Días antes de su muerte, Ricardo Arnaúl permaneció activamente en el Comité de Defensa y presionó, junto con Ofraneh, exigiendo una investigación del Estado por la desaparición de varios garífunas. En el marco de su activismo, Ricardo Arnaúl, en diciembre del año pasado, le informó personalmente a la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, que había recibido amenazas de muerte por proteger el territorio, según coinciden en sus testimonios miembros de la Ofraneh.

La Ofraneh continúa en un proceso de resistencia no solo en la comunidad del Triunfo de la Cruz, sino en muchas otras comunidades. En múltiples ocasiones, esta organización ha denunciado la falta de acceso a la justicia en el sistema judicial de Honduras, por lo que han tenido que recurrir constantemente al Sistema Interamericano, en juicios en donde internacionalmente el Estado hondureño ha quedado en evidencia como violador de derechos humanos.

Texto: Jessica Sánchez
Fotografía: Archivo CC

Tengo una relación complicada con los días de fútbol y, por ende, con los domingos o cualquier día que se juegue partido. Puedo ver y escuchar expresiones de júbilo, que no puedo compartir. Es más, que detesto. Sé que he dicho antes que el fútbol es una de las expresiones más patriarcales de la historia, y lo confirmo. Es uno de los espacios de oda a la masculinidad tóxica, al macho alfa. Lo que no se sabe tal vez es qué hay detrás de esa teoría. Para mí los días de fútbol eran, en mi casa, días de silencio. Dentro y fuera: en el barrio. El día que se jugaba el partido, mi padre —que ponía el radio a todo volumen— sólo nos permitía, con suerte, respirar. Y por supuesto que en una casa de al menos tres niños eso era imposible, y así pagamos, con golpes y castigos, la irreverencia de hacer ruido. 

Mi madre se metía y también era castigada, o la mayoría de las veces era contra ella que arremetía, por no tenernos en silencio. Él tomaba y escuchaba el partido. Ya había roto dos televisores (con lo caro que eran en esos tiempos) por enojos de cualquier tipo. Así que, cuando el horror se aventaba sobre nosotros, no había nadie que nos defendiera. El barrio en silencio y concentrado en el partido, solo subía el volumen de sus televisores y fingía no escuchar, mientras las mujeres cocinaban. La posta de policía que quedaba a la vuelta, igual. Ni los puestos del mercado abrían esos días. Todo cerrado, todo en silencio. Luego del partido, mi padre se iba a su bar preferido para celebrar la victoria o llorar la derrota, para después llegar igual, más bebido a derrochar violencia. Eran días de amnesia, puesto que todo lo que hacía lo justificaba después con un: «No me acuerdo». Esos días, que solo se oía el «gooool» y el anuncio de las pilas Rayovac, eran días que odiaba; pero más, eran días que temía. 

Ahora que han asesinado a Keiry García, a una adolescente por los choques entre «barras» conformadas por hombres violentos, me pregunto cuánto de esa masculinidad tóxica y contenida en el espacio individual pasó a lo grupal. A ser el símbolo de la defensa de un equipo y, de paso, a demostrar cómo ser el más violento: demostrar ser capaz de morir y matar por tu equipo. El gran líder, el gran hombre. Sólo que ahora, capaz en un descuido, son de nuevo las mujeres, las niñas, quienes pagan. Justo en el Día de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras, otro día para nosotras de luto, otro día de silencio. 

A Keyri le gustaba el fútbol y, por lo que se ve, tenía un padre que la amaba. Sin embargo, hay que tener claro que estos no son nuestros equipos, son del patrón, diría Mario Mezapa; son por excelencia el escenario de la violencia y no preparados para la ternura, no para los niños y niñas, no para las mujeres. Merecemos tener días soleados, días de algarabía y gritos públicos, que nos son negados repetidamente. Por eso, necesitamos tanto trabajar una cultura que demande el cese de la violencia y la construcción de la paz. Necesitamos días nuestros, donde haya equipos femeninos o equipos de paz, equipos del pueblo. Días de bulla compartida, días de colores y fiesta, días de abrazos y de alegría, esos días diferentes que puedan al fin romper el dolor y todos los silencios.

Texto: Josué R. Álvarez
Ilustración: Pixabay

Don Cosme estaba seguro de que moriría el 17 de noviembre de 1963, así que un par de meses antes se preparó para ello. Como si se tratara de una boda o de otra celebración, convocó a sus familiares y amigos cercanos. Nadie lo tomó por broma o locura debido a la exactitud con la que predecía los acontecimientos familiares, incluso las muertes. Nunca se supo en qué se basaba don Cosme, pero no tenía la costumbre de fallar.

Nadie faltó a su llamado. Los primeros en llegar fueron dos de sus sobrinos, Carlota y su hermano Claudio. Carlota le tenía muy bien contabilizadas las predicciones a don Cosme, aunque él no confiaba en sus datos ni les daba mayor importancia.

–Es que vos contás hasta cuando anticipo en qué día le saldrá la primera cana a zutano o mengano –le reclamaba siempre.

–Predicciones son predicciones –respondía ella.

Ese día, antes de que le dijera nada, él se adelantó, con tono firme, pero amable:

–No quiero que empecés con tus números, mejor disfrutá la fiesta. Va a estar buena.

–Pero, tío, ¿justamente hoy, que tendré el dato definitivo?

–Lo mismo digo, ¡justamente hoy! –. La señaló y le sonrió–. Aunque bueno, es cosa tuya.

A pesar de la advertencia de su tío, ella no se detuvo:

–Mirá, según pude averiguar, en los últimos meses predijiste la fecha de nacimiento de los hijos de Flora y Rubén, y que el caballo del rancho de los Gonzales se enfermaría y moriría. Y más todavía: en los días que llovió fuiste exacto, en los de más calor también… –Y siguió enumerando acontecimientos hasta superar la veintena. Pero don Cosme no pareció escuchar los últimos, ni la cifra del total que Carlota había preparado para él. Se marchó a atender a uno de sus compadres, quien después fue la broma de la celebración: inexplicablemente, le regaló a don Cosme una chamarra.

–Yo no sé para qué se los enumerás los aciertos –interrumpió Claudio, mientras ella se aprestaba a pegar las sillas contra a la pared–. Algunos yo creo que ni pasan, quizá ninguno. Es más la leyenda.

–¡Ay, sí! –gruñó Carlota–. Vos siempre dudando de todo, le quitás lo bonito a la vida. Sos un seco. Mejor ayudame.

–Pues claro, cómo no voy a dudar: ¡soy periodista! ¿Estas sillas dónde van?

–No sé, donde quepan —. Carlota sonó enojada–. Mejor inflá esas bombas.

–No te enojés.

–Claudio, aceptá que sos cruel –. Carlota dejó de mover las sillas–. Si hasta le querés hacer una nota, ¿no me dijiste algo de eso?

–Mirá… –. Claudio también se detuvo para explicar–. Si no se muere, mi historia es toda la gente que le cree. Y, si se muere, que es lo menos probable, su muerte es mi historia.

–¡Sos malo…! –. Se lo dijo mirándolo a los ojos, como solía decirle las cosas importantes.

–No. Más bien soy el único que no desea que se muera. La verdad es que nada de lo que se dice de él me consta. Tiempo es lo que me ha faltado para venir a investigar. Hasta ahora.

–Yo no deseo que se muera –. Carlota continuó con las sillas–. Solo deseo que sea feliz. Miralo ahí, tan contento. Se hace el difícil, pero le encanta tener razón en sus predicciones.

–Bueno. Si vos, que sos de las consentidas, lo decís… –concluyó Claudio, con el tono sentencioso que de vez en cuando aparecía en sus discusiones con Carlota.

Poco a poco todos —incluso los que venían desde muy lejos— estaban instalados en la casa de don Cosme, que era bastante grande. En los años de su juventud, hasta cuarenta y siete personas habían llegado a habitarla, entre hijos de don Cosme, sobrinos sanguíneos y políticos, hijos de los sobrinos, primos, hermanos menores y algunas personas que buscaban ayuda en él. Ahora quedaban sólo dos: él y su asistente, con quien tenía una relación más fraternal que laboral.

Don Cosme apareció luciendo el traje que días antes se había comprado con la seguridad de que sería su último atuendo. Doña Marcos, su vecina —quien fuera mejor amiga de su difunta esposa—, le había ayudado a preparar un tajo de cerdo y algunos bocadillos. Había provisiones para la despedida, para la vela, para el entierro y hasta para la novena.

Desde que cayó la tarde comenzó una gran tertulia. Todos querían hablar con el futuro difunto, abrazarlo, recoger de la memoria cientos de anécdotas. Anécdotas de cuando iba en bicicleta al río con los pequeños, jugando a ser una pandilla, o de las tardes en las que explicaba matemáticas a los poco diestros en la materia. En más de alguna ocasión había tenido que zarandear a algún travieso, pero siempre había sido más un juego o un ritual que un verdadero golpe.

A la madrugada, alguien advirtió que ya era 17 de noviembre, y se atrevió a preguntarle a don Cosme la hora de su muerte. La mayoría lo tomó como una imprudencia: no era ni siquiera una cara que frecuentaba la casa, se trataba de un niño cuyo parentesco con el futuro difunto resultaba difícil de definir, pues sus padres eran parientes entre sí. Sin embargo, el aludido tomó la pregunta como un chiste, se rió un rato, se puso serio, y dijo:

–No lo sé: es hoy. Puede ser a cualquier hora…

Claudio codeó a su hermana, soltó una risita y dijo, prácticamente en un susurro:

–Seguro no pasa –. Pero era posible que ninguno lo hubiera escuchado.

El amanecer sorprendió a los mayores en un juego de cartas, apostando vacas, caballos, fincas y hasta la herencia de más de alguno. En el juego estaba incluido don Cosme, que bromeaba con llevarse a la tumba algunas joyas o una que otra escritura.

Las mujeres interpretaron los primeros rayos de luz como una señal de que deberían estar preparando el desayuno. Algunos jóvenes entraban a escondidas, procurando actuar con normalidad para evitar que se notara cualquier rastro de diversión prohibida. Los más pequeños fueron los únicos en dormir, pero pronto se despertaron.

Entre la alegría del desayuno, quedó claro que los invitados comenzaban a pasar por alto el motivo de la fiesta. El mismo niño de parentesco indefinido, esta vez con la boca y la punta de la nariz llenas de migajas de pan, volvió a recordarlo. La madre lo calló con un apretón en el brazo.

Nadie se aburrió: armaron juegos, paseos, bailes… Como un cumpleaños, pero extendido por una jornada completa.

Tanta fue la jarana que a Paquita, la sobrina mayor de don Cosme, le dio un paro cardiaco. Estaba viniendo la ambulancia cuando dos niños se fracturaron un brazo jugando a lanzarse de un árbol. Así que se los llevaron a todos juntos, y el anfitrión los acompañó.

«Debí reunirlos antes, quizás hace unos meses», pensó don Cosme, mientras se fijaba en cómo sus acompañantes, incluidos los enfermeros, lo observaban con dulzura. Lagrimeó. «Ahora esto ya no lo voy a poder contar… Bueno, eso creo: no sé qué hay más allá».

–¡Qué pena con usted, don Cosme! –dijo uno de los acompañantes.

–No, no se preocupe. Igual cuando uno se muere ya nada importa –explicó él, sereno.

–Pero igual…

Paquita se estabilizó en la tarde. Por la noche, cuando volvieron, en la casa de don Cosme los recibieron con un pastel, muchos globos y buena comida. Habían aprovechado su ausencia para preparar una fiesta aún mayor, sacando mesas y sillas al patio grande.

–Hubiera sido el colmo que se muriera otra persona, y no él –le dijo Claudio a Carlota cuando vio regresar a todos con vida.

–Nunca creí que alguien más que él fuera a morirse: él lo habría sabido.

Se percibía en el aire que estaban en la recta final: don Cosme debería morir en las próximas horas, ese era un hecho. Jugaron a las predicciones, las últimas de don Cosme. Dijo quién viajaría al extranjero; quiénes serían los próximos en casarse; quiénes, los próximos padres, y dejó entrever los futuros difuntos.

Unos minutos antes de la medianoche, don Cosme quiso estar a solas, y se puso de pie.

–¿Va a morirse…? –preguntó un niño.

Don Cosme levantó la mano a la altura de su oreja e hizo una señal de espera. Todos obedecieron su silenciosa orden, excepto Claudio. Este lo siguió, de lejos, hasta el patiecito que quedaba por la cocina.

Se escondió detrás de un árbol de paternas para espiar a su tío. ¿Qué quería hacer ahí? Don Cosme sacó de un estuche una navaja, y comprobó con la yema de los dedos que estaba desafilada. Se puso frente al esmeril, lo encendió, y unos segundos después probó la navaja cortando una cuerda: había obtenido un arma muy filosa.

La sostuvo y dirigió la punta hacia su anciano abdomen. Respiró profundo dos o tres veces, y luego en un conato de rabia tiró la navaja al suelo terroso. Temblaba.

Dieron las doce, y Claudio, quien había vuelto al patio grande, señaló que ya era 18 de noviembre, y don Cosme no había muerto.

No había en su voz el tono victorioso que Carlota hubiera supuesto. Detrás de Claudio, apareció don Cosme, destrozado: nunca le habían visto una cara igual. Se había equivocado. Don Cosme había predicho la muerte de los más queridos miembros de su familia con una exactitud de reloj, pero había fallado en la suya.

Se fue solo a su cuarto. Los invitados se quedaron boquiabiertos y sin la menor idea de lo que hacer. Casi tuvieron la esperanza de que muriera —¿de tristeza, quizás?— en las próximas horas. Se despidieron de don Cosme, pero él no les abría: respondía detrás de la puerta con un seco «adiós». Lentamente, más lentamente que si se tratara de un funeral.

Carlota se quedó en la casa, y Claudio fue de los últimos en irse. Se quedó más que todo para acompañar a su hermana. ¿Escribiría un artículo sobre su tío? Confesó que no: había ido descartando la idea con las horas.

Carlota intentó varias veces animar a don Cosme.

–Tío, todo está bien, no importa –dijo, siempre detrás de la puerta.

–¿Cuántos aciertos tuve? –preguntaba. La voz era desconsoladora.

–Te conté mil quinientas doce predicciones.

–¿Y errores…?

Ella no respondió, y él no volvió a preguntar.

Texto: Daniel Vásquez
Fotografía: Jorge Cabrera

Honduras ha conocido importantes mutaciones políticas en el transcurso del último año. El tradicional Partido Nacional no solo perdió la presidencia de la República luego de tres mandatos consecutivos, sino que también perdió la mayoría de diputados. Acusado de participar activamente en las redes del narcotráfico, el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos, donde se encuentra a la espera de su juicio. La familia Zelaya regresó a la Casa Presidencial tras una década de hábiles negociaciones políticas, subordinando bajo su mando a las mismas Fuerzas Armadas que derrocaron a Manuel Zelaya mediante un golpe de Estado en 2009. Xiomara Castro, esposa de Zelaya, inicia el segundo año de su mandato bajo el lema de «socialismo democrático», en un país polarizado y empobrecido.

Mario R. Argueta, historiador y bibliotecólogo, es uno de los principales observadores de los fenómenos sociales hondureños. Fundador de la Colección Hondureña de la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde también se desempeñó como docente, ha escrito decenas de estudios sobre historiografía hondureña, relaciones políticas con Estados Unidos, jefes de Estado, movimientos sociales y redes artísticas e intelectuales, entre los que se destacan Historia de los sin historia (1992);La gran huelga bananera. Los 69 días que conmovieron a Honduras (1995) y Tiburcio Carias Andino: anatomía de una época (2008). Su último libro, de próxima aparición, se centra en el general Oswaldo López Arellano, que gobernó Honduras entre 1963 y 1975 en el marco de un régimen militar. Es columnista de El Heraldo y reside en Tegucigalpa.

Argueta analiza en esta entrevista el primer año de Gobierno de Xiomara Castro, quien maneja el Poder Ejecutivo con el apoyo del partido Libertad y Refundación (Libre), fundado por Zelaya.

Daniel Vásquez (DV): ¿Cómo caracterizaría al Gobierno de Xiomara Castro?

Mario Argueta (MA): Se trata, en mi opinión, de un gobierno de izquierda moderada, hasta ahora confinado en el plano discursivo. Falta que de las palabras se pase a los hechos. Hay que tener en cuenta el alto conservadurismo de las élites económicas y políticas de oposición, que perciben cualquier intención de modernización social como una amenaza frontal a sus privilegios de siempre, heredados y consolidados de generación en generación. El estilo de gobierno es similar al de Manuel Zelaya (2006-2009), que se apoyó en los maestros, campesinos sin tierra, militares y policías, con un discurso populista, pero en esta etapa ajustado a las lecciones derivadas del golpe de Estado. El respaldo venezolano, durante la presidencia de Hugo Chávez, ya no existe, pero sí hay buenas relaciones con otros mandatarios, entre los que se destaca el brasileño [Luiz Inácio] Lula da Silva.

El Gobierno continúa con la política social de asistencialismo, tradicional en los regímenes anteriores al actual. ¿La razón? Se carece de una política estatal de transformación que conlleve cambios de fondo en favor de las mayorías, que sin ser radicales podrían impactar favorablemente en las dos terceras partes de la población, inmersas en la pobreza y la miseria.

Si el Partido Liberal (PL) se inspiró en la socialdemocracia costarricense de José Figueres y en los programas aperturistas de la Alianza para el Progreso de John Fitzgerald Kennedy, Libre pretende por su parte ubicarse en el mapa de la izquierda latinoamericana, sin un programa ideológico definido y coherente, por lo que se le ha calificado de «populista de izquierda».

DV: ¿Qué papel juega Manuel Zelaya en el Gobierno?

MA: Manuel Zelaya, esposo de la presidenta Xiomara Castro, es oficialmente su principal asesor. Su influencia sobre su consorte es evidente, tanto en lo personal como en el terreno político oficial. Militante del PL, que lo postuló como su candidato a la presidencia logrando la victoria electoral en 2005, una vez en el poder se fue desmarcando de su partido. ¿A qué se debió ese cambio y evolución ideológica? Se atribuye a su cercana colaboradora Patricia Rodas, hija del caudillo liberal y presidente del Congreso durante el régimen villedista (1957-1963) Modesto Rodas, y promotora de la prédica populista de Chávez.

Hace falta una biografía política de Zelaya. Su habilidad para superar a sus adversarios externos e internos es reconocida, pese a no poseer habilidades oratorias. Su influencia entre sus seguidores continúa vigente, aunque con menor grado de aceptación incondicional entre la intelectualidad de su partido, que critica un protagonismo oficial que hace sombra a la gestión presidencial de su esposa. Su estilo y sus estrategias continúan la tradición caudillista del pasado, con arreglos y negociaciones bajo la mesa, y con habilidad para atraer lealtades a cambio de favores de diverso tipo.

DV: En el Volumen VI de la Historia General de Centroamérica editado por Edelberto Torres-Rivas, el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra sostiene que el bipartidismo centenario de Honduras se basa en el «caudillismo rural, en lealtades políticas que reproducen por generaciones un paternalismo atrasado». ¿Podemos avanzar que el actual Gobierno se inscribe en esta tradición?

MA: La presente administración continúa practicando el legado patrimonialista que caracteriza al sistema político hondureño. Los nombramientos de altos funcionarios y mandos intermedios se basan, en lo fundamental, en la lealtad hacia el caudillo y hacia la facción dominante dentro del partido hoy en el poder. Libre privilegia el apoyo incondicional por sobre la capacidad y la competencia en el desempeño del cargo público, práctica de todos los partidos políticos hondureños que llegan al poder o adquieren una cuota de él.

El nepotismo es una de las prácticas características del sistema político, lo que lleva a confiar los puestos claves en la administración a familiares cercanos. Ello se repite en el actual Gobierno: dos hijos de Xiomara Castro fungen como sus asesores, uno de ellos es su secretario privado. Su sobrino es el ministro de Defensa. Su esposo es su principal asesor. Su cuñado es secretario del Congreso. Y una hija de la pareja presidencial es diputada.

DV: El candidato nacionalista Nasry Asfura admitió la abrumadora derrota que sufrió su partido mediante un apretón de manos en casa de Xiomara Castro a pocos días de la jornada electoral de noviembre de 2021. Semanas después, una súbita y violenta crisis política se gestó en el seno de Libre, que condujo a la expulsión de casi la mitad de sus diputados. Días antes de la toma de posesión presidencial, Castro hizo un llamado a sus bases a ocupar el Poder Legislativo con el propósito de interferir en la conformación de la nueva Junta Directiva del Congreso. Sucedió algo similar con la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué manera se ha reorganizado recientemente el tablero político?

MA: Desde el momento en que se han aprobado decretos con los votos de mayorías legislativas, independientemente de su filiación partidaria, se le ha dado legitimidad a la actual Junta Directiva del Congreso, más allá de si su integración inicial cumplió o no con los procedimientos contemplados en la ley respectiva. En el Congreso, Libre ha forjado alianza a medias con el otro partido que contribuyó a la victoria electoral de noviembre de 2021: el Partido Salvador de Honduras (PSH). Tales alianzas no son sólidas, varían dependiendo del tema que se discute. Ningún partido, por sí solo, cuenta con mayoría en el Congreso, por lo que es necesario forjar alianzas ad hoc con diputados afiliados a otros partidos políticos. La Junta Directiva se integró con diputados afiliados a Libre y al PSH.

La relación entre las cúpulas de ambos partidos se ha ido deteriorando en la medida en que sus dos caudillos, Manuel Zelaya y Salvador Nasralla, han ahondado sus discrepancias. Sin embargo, Nasralla ya no tiene control total sobre los diputados de su partido, lo que se refleja en las votaciones para aprobar legislación promovida por Libre: unos votan a favor y otros en contra. El presidente del Congreso Nacional, diputado afiliado al PSH, otorga su apoyo a Libre antes que a su propio partido.

Libre ha sido capaz, pese al divisionismo interno entre la facción mayoritaria —fiel a los Zelaya— y la minoritaria —disidente en algunos temas—, de forjar alianzas con el PL, que ha ido perdiendo caudal electoral, a punto tal de quedar relegado a un tercer lugar en las elecciones de 2013, 2017 y 2021. La más reciente victoria para Libre fue la aprobación del presupuesto general, que no había podido ser aprobado en diciembre de 2022 por no contar con suficientes votos. ¿Qué concesiones le facilitó Libre al PL para que le otorgara sus votos en el Legislativo? Se ignora, ya que tales arreglos continúan cubiertos por el secretismo, otro rasgo del sistema político hondureño.

El otorgamiento de fondos a los diputados de los distintos partidos políticos por parte del actual presidente del Congreso se inserta en una práctica previa de cooptación, lo que contribuye a inclinar la balanza, al momento de las votaciones, a favor de las iniciativas de ley promovidas por el partido que controla la Junta Directiva.

La integración de magistrados en la Corte Suprema de Justicia entre los dos partidos históricos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional, fue parte de la política habitual de reparto proporcional de los puestos claves en el Estado. La actual elección de los miembros de la próxima Corte Suprema de Justicia establecerá hasta qué punto las alianzas mencionadas son coyunturales o no. Así, el PN queda aislado en el seno del Congreso, al menos por ahora. Veremos cómo cambia la correlación de fuerzas políticas este año.

DV: Las Fuerzas Armadas y la Embajada de Estados Unidos han fungido, en mayor o menor medida, como el poder tutelar del sistema político hondureño, intervienen en los asuntos públicos del país en forma discrecional y en ocasiones sirven de mediadores entre los apetitos de los contendientes en disputa. Tras ocho años de alianzas con el expresidente Juan Orlando Hernández, ¿cómo se perfilan las relaciones entre los militares, la Embajada estadounidense y el Gobierno zelayista?

MA: Las relaciones entre el Gobierno y el Ejército hasta el momento son correctas, sin aparentes tensiones entre ambos. Las Fuerzas Armadas son recompensadas con un incremento en su presupuesto anual para este 2023, a expensas del gasto social en salud. Su papel político continúa vigente, su influencia en la política hondureña es hoy más discreta pero no por ello menos efectiva. Los gobiernos civiles saben de esta realidad. Los militares generalmente actúan con prudencia y, dependiendo de quien ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo, con previa consulta con la alta oficialidad castrense y con Washington.

Es un hecho que altos oficiales militares y policiales han estado involucrados en el narcotráfico, derivando beneficios de la protección otorgada a quienes trafican con drogas con destino a Estados Unidos. Llama la atención que este país no haya pedido la extradición de ningún alto oficial militar hasta el presente.

Con respecto al Gobierno estadounidense, una delegación civil y militar visitó Honduras este mes de enero y se reunió tanto con la presidenta como con sus colaboradores cercanos. Oficialmente, las reuniones tenían como objetivo coordinar acciones que tiendan a reducir la migración indocumentada de hondureños hacia Estados Unidos, así como reducir los niveles de corrupción e inseguridad ciudadana que afectan cotidianamente a la población. Las peticiones de extradición de compatriotas involucrados en el narcotráfico prosiguen. El actual Gobierno continúa explorando, a su vez, la posibilidad de forjar lazos diplomáticos con China, quien las rechaza en tanto no rompa relaciones con Taiwán, algo que no es bien visto por Washington.

La relación entre Honduras y Estados Unidos se inscribe en el hecho de que nuestro país forma parte de lo que tradicionalmente Washington considera su «patio trasero», sumado a la posición geográfica clave de Honduras en el centro del istmo centroamericano, con fronteras terrestres con tres naciones: Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Además, las principales exportaciones hondureñas van dirigidas al mercado estadounidense, y el mayor volumen de importaciones proviene de él. Se estima que cerca de un millón de hondureños, documentados e indocumentados, residen en Estados Unidos. Los envíos de remesas a sus familiares en Honduras constituyen la principal fuente de captación de divisas que llega a nuestro país, superando el total de las exportaciones. Ideológica y culturalmente, las élites y clases medias están altamente influenciadas por Estados Unidos.

DV: Según el último informe del Observatorio Nacional de la Violencia, entre enero y octubre de 2022 se registraron 252 muertes violentas de mujeres. La noche del 11 de enero, un joven de 19 años fue asesinado por múltiples disparos frente a la Casa Presidencial, en medio de un nuevo «estado de excepción» promulgado por el Ejecutivo. ¿Qué opinión le merecen la suspensión de las garantías constitucionales y el incremento de las facultades de las fuerzas del orden, al estilo salvadoreño, como disposiciones frente al fenómeno de la violencia?

MA: En la última década, Honduras se ha convertido de forma creciente en un narcoestado, generador de violencia en las disputas internas por el control del comercio y de las rutas que conducen hacia Guatemala, desde donde la droga, proveniente de Colombia y Venezuela, es trasladada a México, con destino final Estados Unidos.

Paralelamente, las organizaciones delictivas conocidas como «maras» controlan cada vez en mayor medida las zonas urbanas marginadas, en donde imponen su voluntad, con el respaldo de policías corruptos que las alertan cuando se van a realizar operativos policiales. También cuentan con la complicidad de jueces venales que les extienden cartas de libertad, pese a las pruebas presentadas por la Policía. Ello genera sentimientos de frustración e impotencia en la población, que en ocasiones ha tomado la aplicación de la justicia en sus manos en el combate de la delincuencia común.

La violencia se desarrolla también en otras modalidades: disputas por tierras, por venganzas entre familias, violencia doméstica. A la vez, el Estado se ve a menudo superado por las bandas organizadas, y tomando como modelo lo implementado como reacción represiva estatal impulsada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, donde se han suspendido algunas garantías constitucionales, pero hasta ahora su resultado ha sido limitado en la reducción de la violencia, particularmente en áreas rurales de difícil acceso en las que la influencia del narcotráfico es poderosa.

Durante la administración de Hernández, se destinaron efectivos de la Policía Militar para ejercer labores policiales pese a no contar con entrenamiento previo para el desempeño de nuevas e inéditas funciones de vigilancia, y ese antecedente de remilitarización continúa vigente hasta la actualidad.

DV: El pasado 7 de enero fueron asesinados Jairo Bonilla y Ali Domínguez, defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, y del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, ubicados en el norte del país. La policía aduce que el crimen se produjo en el contexto de un robo común, mientras que el Comité Municipal en Defensa del Ambiente en Tocoa invoca argumentos de tipo político. Una reciente investigación vincula a altos funcionarios del Gobierno con los empresarios detrás del megaproyecto minero contra el que luchaban los ambientalistas. ¿Cuáles son las relaciones entre el Gobierno y los diversos movimientos sociales? ¿Se puede esperar una mejoría en las condiciones de trabajo de los defensores de los bienes comunes?

MA: Los defensores del medioambiente y los patrimonios comunales continúan expuestos a ser víctimas de acoso, cárcel y asesinato. Esto incluye tanto a personas mestizas, indígenas, como afrodescendientes en distintos puntos del país, en donde se ubican bosques, ríos, depósitos minerales, o las tierras ubicadas en la costa caribeña por su potencial turístico.

Las relaciones entre el gobierno y los movimientos sociales son correctas, en tanto ya no se produce la represión oficial que se evidenció en los regímenes que gobernaron al país entre 2009 y 2021. Sin embargo, los reclamos de activistas ambientalistas que protestan por la continuidad de los megaproyectos mineros no reciben una respuesta estatal rápida y positiva, lo que desalienta y frustra a quienes exponen sus vidas para evitar la contaminación de los ríos y suelos en sus comunidades.

Si bien el asesinato de Berta Cáceres tuvo repercusión internacional, la realidad es que antes y después de ese crimen han ocurrido y siguen ocurriendo otros, no solo contra ambientalistas que rechazan el modelo extractivista concesionario impulsado por el Estado hondureño, sino también en contra de personas LGTBI+, de los defensores de los derechos ancestrales de los pueblos originarios, de los derechos de las mujeres y de la libertad de expresión, con autoría intelectual de poderosos intereses económicos con fuertes vínculos políticos. La gran mayoría de estos hechos no son judicializados y quedan así en total impunidad.

DV: ¿Cuáles son las expectativas respecto a la anunciada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih), respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e inspirada por la Cicig implementada hace unos años en Guatemala?

MA: La justicia hondureña está sumamente desacreditada, tanto por la corrupción del sistema judicial como por la ineficacia en la impartición de justicia equitativa, independientemente de las consideraciones de clase y la posición socioeconómica de los imputados, por lo que el regreso de una comisión internacional dedicada al combate de la corrupción e impunidad es muy bienvenida por la ciudadanía, que recuerda la anterior, que en el corto tiempo que permaneció en Honduras realizó investigaciones de fondo que involucraron a altos funcionarios públicos. La frustración colectiva radica en la demora con la que llega la nueva comisión, esta vez ya no bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA), sino de la ONU.

El Poder Legislativo eligió 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 6 de los cuales representarán al Partido Libre y entre los cuales destaca Rebeca Ráquel, –quien fue juramentada como presidenta–, 5 representarán al Partido Nacional y 4 al Partido Liberal. Lo primero que hicieron los nuevos magistrados fue agregar seis magistrados suplentes y repartirlos en partes iguales entre las tres fuerzas mayoritarias.

Texto: María Celeste Maradiaga y Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera

El Congreso Nacional de Honduras escogió este jueves a 15 magistrados de la CSJ: Rebeca Lizette Ráquel Obando, Luis Fernando Padilla, Wagner Vallecillo, Sonia Marlina Dubón, Gaudy Bustillo, Milton Jiménez Puerto, Mario Rolando Díaz, Anny Belinda Ochoa, Odalis Nájera, Rubenia Galeano, Isbela Bustillo, Nelson Danilo Mairena, Roy Pineda Castro, Walter Miranda y Francisca Villela Zavala.

El Partido Libre estará representado por Sonia Marlina Dubón —esposa del actual asesor presidencial Enrique Flores Lanza y madre de la secretaria general de la Procuraduría General de la República (PGR), Laura Flores Dubón—, Roy Pineda Castro, Mario Díaz, Francisca Zavala, Rubenia Galeano y Rebeca Lizette Ráquel.

Rebeca Lizette Ráquel se convirtió en presidenta de la CSJ después de que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en horas de la madrugada, la designara en ese puesto durante el desarrollo de su primera sesión.

La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia es esposa de José Luis Melara, hermano de Rafael Melara, quien es suegro de Zoe Zelaya Castro (hija de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente Manuel Zelaya). Zoe está casada con Juan Carlos Melara.

El Partido Nacional estará representado por Gaudy Bustillo, Anny Ochoa, Isbela Bustillo, Walter Miranda y Luis Fernando Padilla. 

El Partido Liberal, por su parte, tendrá representación en Odalis Nájera, Milton Jiménez Puerto, Wagner Vallecillo y Nelson Mairena.

Entre los candidatos más cuestionados están Anny Ochoa y Milton Jiménez Puerto, este último presentó la petición para que Enrique Flores Lanza fuera beneficiado por un decreto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional en febrero de 2022.

En una publicación reciente de Contracorriente, se reveló que Milton Jiménez Puerto brindó servicios legales a la empresa Astropharma, involucrada en un escándalo de corrupción pública en Honduras. 

En el caso de Anny Ochoa, esta emitió un dictamen en favor de Ingrid Monzón, una jueza que intentó favorecer a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, quien el pasado 15 de febrero fue favorecida por la Sala de lo Penal cambiándose la medida de la prisión preventiva por la de arresto domiciliario.

Magistrados suplentes

Durante la primera sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, el primer acto que hicieron los nuevos magistrados fue aprobar la figura de los magistrados suplentes. 

Los magistrados suplentes juramentados son: José Ricardo Pineda Medina, Luis Alonso Discua Cerrato, Marvin Rigoberto Espinal, Felipe Rene Speer Lainez, Aida Patricia Martinez Linares y Juan Wilfredo Castellanos.

Anteriormente, esa figura fue fuertemente cuestionada. Abogados constitucionalistas habían explicado que si los diputados elegían magistrados suplentes recurriendo a una errónea interpretación del artículo 316, estos romperían el orden constitucional. Sin embargo, sorpresivamente, la decisión de elegir magistrados suplentes la tomó el pleno de la Corte Suprema de Justicia en una reunión fugaz. 

El diputado por el Partido Nacional, Jorge Zelaya dijo que de los seis magistrados suplentes le corresponden dos al Partido Nacional, dos al Partido Libre y dos al Partido Liberal. Agregó que como diputados han evitado la responsabilidad de cometer una ilegalidad al elegir ellos a los magistrados suplentes y que esa fue una decisión de los nuevos magistrados.

Zelaya agregó que él no está de acuerdo con la decisión de la figura de magistrados suplentes porque viene a ser un costo más para el Estado de Honduras.

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Presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo en elección de la nueva CSJ. FotoCC: Jorge Cabrera

Ante las críticas generadas por las dudas sobre la legalidad del presidente del Congreso Luis Redondo, quien fue electo en tal cargo con menos de 65 votos en enero de 2022, fue el pleno del Congreso Nacional quien juramentó a los 15 magistrados de la CSJ. 

Minutos antes de que se presentara la quinta moción de 15 magistrados, que finalmente fue aprobada, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena Baide, presentó, sin éxito, una propuesta para que se votara de forma directa por cada uno de los 45 candidatos enviados por la Junta Nominadora el pasado 23 de enero.

La propuesta de Fátima Mena, en teoría, es lo que ordena la Constitución para cuando fracasa el sistema de nómina, lo cual ocurrió el 25 de enero cuando la moción del Partido Libre no alcanzó los 86 votos requeridos.

«El Partido Salvador de Honduras quiere hacer un último intento para que se respete la Constitución de la República», anunció la diputada Mena, cuya moción apenas alcanzó 9 votos de su bancada.

Luego le llegó el turno al jefe de bancada del Partido Nacional, el diputado Tomás Zambrano, quien en un extenso discurso mencionó que el Partido Nacional había logrado detener la intención del Partido Libre de tener un control absoluto de la Corte Suprema de Justicia.

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«Misión cumplida por el Partido Nacional. Hoy puedo decir que ustedes no tienen una Corte a la medida de Libre ni a la medida de Mel (Zelaya). Yo sé que ustedes son agenda pro aborto, hoy les digo que ya no tienen oportunidad para legalizar el aborto en la Corte porque no tienen mayoría», agregó Zambrano, al tiempo que agregó que tampoco se podrá garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Honduras. 

El jefe de bancada del PSH, Tomás Ramírez, lamentó que no se haya escogido como magistrados a los mejores evaluados por la Junta Nominadora, entre estos, a la candidata Ana Pineda: «no importa la excelencia que puede tener un profesional si no tiene un padrino político».

La moción de los 15 magistrados de la CSJ fue presentada por el diputado Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, la cual fue aprobada con 117 votos a favor, 10 en contra y una abstención.

Entre los diputados que no estuvieron de acuerdo con la elección de la CSJ están: Marlon Lara, Fátima Mena, Tomás Ramírez, Jhosy Toscano, Carlos Umaña, Ligia Ramos, Suyapa Figueroa, Maribel Espinoza y Osman Chávez.

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Votación electrónica para elección de magistrados en la CSJ FotoCC: Jorge Cabrera

Antecedentes

Tomás Zambrano, diputado del Partido Nacional, expresó en la mañana del 15 de febrero que el acuerdo entre las distintas bancadas para elegir la nueva CSJ se tambaleó porque el coordinador general del Partido Libre, el expresidente José Manuel Zelaya quien además funge como asesor presidencial, vetó al candidato Daniel Sibrián que había sido nominado por el Partido Liberal.

Zambrano manifestó el 15 de febrero que el Partido Libertad y Refundación tenía la intención de incluir en la elección de la CSJ a magistrados afines al Partido Libre, pero «disfrazados» de  magistrados liberales.

Este mismo congresista alertó horas antes de la elección que Libre -rompiendo el acuerdo al que llegaron el 13 de febrero- tenía la intención de sustituir a uno de los cuatro candidatos a magistrados afines al Partido Liberal, por otro candidato que responde a las instrucciones del Partido Libre.

Contracorriente señaló en una nota anterior que la falta de acuerdo entre los distintos partidos para la elección de la CSJ giraba en torno a seis postulantes: Rebeca Ráquel Obando, Marta Merino Conde, Mario Díaz Flores, Ana Pineda, Daniel Sibrián y José Pineda Medina, no obstante, a última hora, el candidato Nelson Mairena entró en la nómina final como el candidato número 15 en ser consensuado.

Recomendamos leer: Así resolvió la Junta Nominadora las tachas de candidatos a la Corte Suprema de Justicia.

La elección de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de los enormes esfuerzos de la sociedad civil y observadores internacionales que realizaron trabajos de veeduría, terminó con la elección de 15 magistrados que responden a intereses de tres partidos políticos, varios de ellos escogidos a pesar de que fueron tachados y denunciados durante el proceso. La primera decisión de la nueva Corte fue la de repartir entre el tripartidismo a los magistrados suplentes, una figura altamente cuestionada.

El Partido Libre y el Partido Nacional coincidieron en 12 candidatos para conformar una nueva Corte Suprema de Justicia en los tres intentos que hubo para su elección. Los que más llamaron la atención fueron Anny Ochoa, de afiliación nacionalista, y Milton Jiménez Puerto, un exfuncionario cercano al ex presidente Manuel Zelaya pero cuya afiliación pública es con el Partido Liberal. Ambos con tachas y denuncias que ponen en duda su integridad.


Texto: Fernando Silva
Fotografía: Jorge Cabrera
Con reportes de Jennifer Ávila y Celeste Maradiaga

Milton Jiménez Puerto y Anny Ochoa tienen varias cosas en común: coinciden en las propuestas nominativas presentadas respectivamente por la bancada oficialista y por el Partido Nacional para integrar la nueva Corte Suprema de Justicia y también coinciden en que ambos fueron denunciados en el proceso previo a su nominación como candidatos, entre los dos sumaron un total de 15 denuncias y tachas interpuestas por instancias de la sociedad civil que fueron desestimadas por la Junta Nominadora. 

Además, Jiménez Puerto y Anny Ochoa podrían ser considerados magistrados «bisagra» por ser propuestos por las tres fuerzas políticas más importantes en el Congreso Nacional y permitir consensos para inclinar la balanza en decisiones judiciales clave. La elección de este tipo de magistrados puede influir en las acciones penales que se podrían dar con una posible llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), por ejemplo.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) incluyó a ambos en un informe de perfiles ciudadanos que solicitó la Junta Nominadora y describe acciones irregulares o relacionadas con cualquier tipo de acto de corrupción de 53 de los 105 postulantes que participaron en la segunda etapa del proceso.

Anny Ochoa incluso fue incluida en una lista de candidatos que la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) no apoya, según ellos por ir en contra de su aspiración de una Corte «libre de injerencias externas que históricamente han degenerado el objetivo principal de las instituciones democráticas».

Ochoa también fue incluida en una carta pública del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en la que nombran a abogados y abogadas que según ellos están «vinculados con la corrupción, tráfico de influencias y otros delitos».

Contracorriente accedió a una serie de informes relacionados con las denuncias que fueron presentadas en su contra, entre ellas, una relacionada al caso de la exprimera dama Rosa Elena de Lobo, en la que se demuestran las omisiones que cometió en favor de la abogada Ingrid Monzón – otra candidata a magistrada que no pasó del proceso de nominación – que intentó influir en las medidas de prisión asignadas a Bonilla.

Rosa Elena fue liberada ayer por la resolución de un recurso presentado para cambiar la medida de prisión por arresto domiciliario.

Fachada de la Corte Suprema de Justicia. Foto CC/Jorge Cabrera

Mientras tanto, Milton Jiménez Puerto, quien ha demostrado ser cercano al expresidente Manuel Zelaya y es presentado como candidato del Partido Liberal para integrar la Corte, parece tener el camino allanado hacia la magistratura a pesar de que arrastra una serie de infracciones a la ley y señalamientos del CNA. Incluso la Embajada de los Estados Unidos en Honduras en un cable emitido el 16 de enero de 2008 lo señala como la causa del desprestigio que sufrió la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el gobierno del Poder Ciudadano dirigido por Manuel Zelaya.

Lo más reciente es que en 2022, Puerto brindó servicios legales a la empresa Astropharma, involucrada en un escándalo de corrupción en el país, y desde finales de 2015 tiene relación con Juan Antonio Piedras Sanz, quien hasta marzo de 2022 era socio mayoritario de la empresa. Los acusados y procesados judicialmente por este caso fueron recientemente sobreseídos como parte de las últimas decisiones de una Corte Suprema señalada por favorecer la corrupción en el país.

Milton Jiménez Puerto se negó a dar una entrevista a este medio para explicar estos vínculos con actores involucrados en corrupción, y aseguró que nunca brindaría servicios o representaría a Astropharma y que es falsa cualquier vinculación entre él y los actores antes mencionados. Contracorriente encontró documentos de estas empresas que confirman que sí han estado relacionados.

Milton Jiménez, el ex funcionario del Poder Ciudadano que aspira a liderar la Corte

Cuando en febrero de 2022 varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya iniciaron el proceso legal para beneficiarse de la amnistía que otorgó el Congreso Nacional, Milton Jiménez Puerto se presentó en los juzgados de letras de Tegucigalpa para representar a Enrique Florea Lanza, ex secretario de la presidencia del gobierno del Poder Ciudadano, quien en ese momento todavía era prófugo de la justicia al haber sido acusado por 11 delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado, algo que él catalogó como persecución política por ser parte del gabinete del presidente depuesto por un golpe de Estado.

Puerto también había sido señalado por diversas irregularidades en las instituciones que lideró en ese mismo gobierno y en su momento fue investigado, pero al final no fue requerido judicialmente. El 25 de febrero de 2022, cuando Flores Lanza recibió una de las cartas de libertad, aseguró a medios de comunicación que ahora sí se estaba «iniciando el proceso de reconciliación nacional». 

Aunque Puerto mantiene un vínculo estrecho con el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, ha sido mencionado como un candidato que respondería a intereses del Partido Liberal en la Corte Suprema, y en ese sentido, Mario Segura, jefe de bancada de ese partido y Rafael Sarmiento, jefe de bancada de Libre, declararon en medios de comunicación que la simpatía de Puerto era por la institución rojo y blanco, y que incluso había votado por ellos en las últimas elecciones.

Pero los señalamientos hacia Puerto van más allá de su ambivalencia partidaria. El CNA apuntó que Milton Jiménez Puerto «ha defendido los intereses» de la empresa JACKALS, en la que figura como presidente el español Juan Antonio Piedras Sanz a quien en marzo de 2015 la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) en España investigó por un caso de lavado de activos en el Banco de Madrid y su casa matriz Banca Privada Andorrana.

Contracorriente verificó en documentos del registro mercantil que el bufete de Milton Jiménez ha brindado servicios legales a JACKALS al menos desde septiembre de 2015, apenas unos meses después de que se hicieron públicas las investigaciones de la Sepblac.

Hasta marzo de 2022, Piedras Sanz también figuraba como socio mayoritario de la empresa Astropharma, acusada por el Ministerio Público de Honduras por la venta irregular de medicamentos al Estado. Las acusaciones en contra de los implicados en ese caso llegaron hasta la ex vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez y su familia, quienes mantenían una relación de hecho con la empresa, según una investigación publicada en Contracorriente.

Finalmente, el 7 de marzo de 2022, Piedras Sanz traspasó sus acciones al abogado Olman Rolando Zapata Tinoco, quien hasta ese momento figuraba como representante legal de Astropharma. Dicha operación fue firmada por Carlos Zamora, secretario del Consejo de Administración y ex gerente general, quien también fue acusado por la fiscalía por los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos. Todo esto se realizó ante los oficios del abogado, notario y ahora candidato a magistrado de la Corte Suprema, Milton Jiménez Puerto.

El 31 de enero, en medio de las negociaciones de los partidos políticos para elegir una nueva Corte, la Sala de lo Penal de la CSJ ratificó la resolución absolutoria a los 14 implicados en el caso Astropharma, entre ellos Carlos Zamora y la ex diputada Lena Gutiérrez.

Sumado a los señalamientos del CNA en su informe, la Junta Nominadora recibió tres denuncias en contra de Jiménez Puerto, las primeras dos relacionadas con su accionar administrativo mientras titulaba la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Banca y Seguros. La otra denuncia apuntaba a que «en diversas fechas y ocasiones durante su trayectoria profesional [Jiménez Puerto] se ha visto involucrado en problemas, tanto a nivel nacional como internacional, con las fuerzas de seguridad y orden en vista de infracciones a la ley de tránsito y desacato a la autoridad, lo que ha concluido en escándalos públicos sobre su actuar».

Sobre estas denuncias, Jiménez Puerto argumentó en su defensa que no tenía ningún tipo de responsabilidad por presunción de enriquecimiento ilícito y que «los problemas con fuerzas de seguridad» se debieron a detenciones arbitrarias, argumentos que fueron aceptados por la Junta Nominadora para el descargo de las acusaciones.

Una de esas ocasiones en las que Jiménez Puerto estuvo involucrado en altercados públicos fue en la víspera de año nuevo de 2007 cuando todavía era ministro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ese momento, circuló un video en el que se le identifica en estado de ebriedad, tirado en el suelo, intentando escapar de la custodia de un agente policial. A pesar de que Jiménez Puerto presentó su renuncia ante el ex presidente Zelaya tras la difusión del video, no terminó su vínculo con el gobierno ya que pasó al cargo de asesor legal de la presidencia, el mismo puesto que en la actual administración ocupa Enrique Flores Lanza.

Contracorriente tuvo acceso a una serie de cables diplomáticos de la embajada de los Estados Unidos en Honduras, en lo que se evidencia que, en 2008, tras la renuncia de Jiménez Puerto, esa embajada manifestó satisfacción por su salida de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su entonces sustitución por Edmundo Orellana, quien actualmente ocupa el cargo de ministro de la Secretaría de Transparencia del gobierno de Xiomara Castro.

El extracto de la comunicación diplomática cita que «el exministro de Gobernación Orellana es muy conocido y respetado tanto por la diplomacia como por la comunidad internacional. Anteriormente se desempeñó como Embajador de Honduras en las Naciones Unidas y como el primer fiscal general de Honduras. Es independiente y no necesariamente se doblegará a la presión del presidente, pero Zelaya parece estar listo para aceptar esto a cambio de aumentar el prestigio de una institución que ha sufrido mucho bajo el mandato de Milton Jiménez Puerto. Los diplomáticos de carrera se quejan de que la Secretaría de Relaciones Exteriores está llena de cientos de activistas que no tienen títulos ni experiencia, lo que perjudicó su reputación a nivel internacional. Esto disminuyó su reputación, junto con el video de YouTube de Jiménez golpeando a la policía en un estupor ebrio, hizo obvio que se necesitaba un cambio».

Tras este altercado, en 2008 Jiménez Puerto fue arrestado en Estados Unidos por «conducta indebida» en un incidente en una autopista en Miami, Florida; según los informes, Jiménez Puerto iba de copiloto hacia el aeropuerto de esa ciudad cuando les detuvo la policía por una infracción de tránsito, tanto él como la conductora se conducían en estado de ebriedad y se resistieron sin violencia por lo que fueron detenidos por nueve horas y pagaron una multa. Además, en 2013 también fue retenido en ese país por posesión ilegal de armas. En todas estas ocasiones logró salir bien librado pagando multas o a través de sobreseimientos definitivos. Ante la Junta Nominadora, Jiménez Puerto argumentó que los altercados con la policía se deben a detenciones arbitrarias y que ha sido objeto de la brutalidad policial debido al ejercicio de su función pública.

Jiménez Puerto también tiene antecedentes de trabajo con organizaciones de derechos humanos, en particular ha trabajado muy de cerca con el Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (Cofadeh), quienes también lo representaron ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por un caso de secuestro, prisión ilegal y tortura ejecutada por elementos de las Fuerzas Armadas en 1983.

Berta Oliva, directora del Cofadeh, explicó que Milton Jiménez ha sido un colaborador constante en su organización, asesorándolos en diversos temas. Además, apuntó que si él o la abogada Sonia Dubón, cuestionada por su relación con el asesor presidencial Enrique Flores Lanza, resultan electos como magistrados o incluso presidentes del Poder Judicial, apoyarán su función pública ya que, según ella, tienen mayor claridad que otros candidatos en el tema de derechos humanos.

Sobre los incidentes de violencia y altercados con la policía, Berta Oliva explicó que hay varios factores que no se consideran al juzgar estas acciones; en primer lugar aseguró que nadie puede estar feliz si es víctima de una detención arbitraria mientras es un alto funcionario del Estado, por lo que apunta que estos acontecimientos fueron provocados con la idea de desprestigiar al «blanco más débil» del gobierno del ex presidente Zelaya mientras era amenazado previo al golpe de Estado. También aseguró que el comportamiento del ahora postulante a la Corte, tiene que ver con el trauma de las personas que fueron víctimas y sobrevivieron a la política de seguridad represiva y violatoria de los derechos humanos que se instauró en toda la región en la década de los ochenta.

«Es parte del estigma que le colocaron desde hace mucho tiempo a Milton Jiménez y a los que lograron sobrevivir aquella época, usted cree que alguien que viene de una reunión de noche y que lo estén esperando como en una encerrona militares y policías de su mismo gobierno, que lo enchachen y le hagan lo que le hicieron va a estar feliz. Esto era parte de toda la estrategia para descalificar a los ministros del gobierno de Zelaya», explicó la defensora de derechos humanos.

Berta Oliva también apuntó que estas consideraciones «no quieren decir que Milton no pueda tener y no tenga relaciones con los grupos de poder económico, con los grupos de poder fácticos, no, yo no puedo decir que no las tenga». 

Además, justificó que Jiménez Puerto es un «abogado exitoso» y que no tiene una pensión para vivir sin trabajar, y que «si es representante de grupos económicos no es porque sea un mal abogado, es porque necesitan de su sapiencia».

Por otro lado, según Jessica Isla, analista y defensora de derechos humanos, para el aspecto específico de los derechos de las mujeres que se definen en la Corte Suprema de Justicia, es preocupante que Jiménez Puerto sea electo como magistrado ya que, desde sus altercados pasados hasta las entrevistas en el proceso de nominación, ha demostrado no ser un candidato idóneo.

«Milton es una persona que ha demostrado ser violenta, en público ha agredido a otros servidores públicos y en la entrevista que le hicieron para el proceso de nominación le preguntaron cómo procedería si tuviera un empleada que es acosada sexualmente por otro empleado, entonces él dijo que le llamaría para conciliar, entonces desde ahí le está diciendo cuál es su postura alrededor de los derechos de las mujeres», apuntó Isla.

Jessica Isla explicó que si este candidato es electo para presidir el Poder Judicial o si solo se convierte en magistrado, es un mal mensaje ya que implica que hombres violentos que incluso han sido arrestados por agresión y escándalo público pueden llegar a esos puestos de poder.

Isla también argumentó que «preocupa a nivel político porque sabemos que durante el gobierno de Zelaya él fue una de las manos derechas, pero ahora aparece por el Partido Liberal, entonces uno se plantea si es una estrategia de Libre para conseguir también más apoyo metiéndolo en otro partido, es como un tener un caballo de Troya».

La analista también recordó que mientras Jiménez Puerto era ministro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, organizaciones de sociedad civil buscaron su apoyo para impulsar una ley para combatir la trata de personas en el país; sin embargo, el ex funcionario les mintió reiteradamente y finalmente les ignoró.

Los congresistas Carlos Zelaya (Izq) junto al diputado presidente Luis Redondo antes del inicio de la sesión donde se llevaría a cabo la elección de la nueva corte. Foto CC/Jorge Cabrera

El 25 de enero, Contracorriente consultó a la doctora Ligia Ramos, diputada del PSH, sobre la nominación de Jiménez Puerto considerando que ellos habían anunciado una lista de los candidatos que no apoyan y en la misma no aparecía el nombre del ex funcionario. En ese momento Ramos aseguró que no votarían por Puerto.

«Lo de Milton Jiménez Puerto pues es una persona que no la tenemos en rojo, pero no es una persona idónea para nosotros. Sí tenemos una lista de personajes idóneas que no la vamos a compartir en este momento porque yo creo que eso se debe llevar a la mesa de consenso aquí en el Congreso Nacional para poder salir con una nómina» apuntó Ramos. Una semana después, la misma congresista acudió a una conferencia de prensa en la que el coordinador del PSH y designado presidencial Salvador Nasralla anunció que Jiménez Puerto era uno de los candidatos que integraban su nómina para magistrados de la Corte.

El diputado Tomás Ramírez, jefe de la bancada del PSH en el Congreso Nacional, dijo a Contracorriente que esta decisión se tomó a raíz de que tres partidos políticos están interesados en él como candidato y cree que «la nueva Corte debe ser integral con todos los partidos siendo parte».

El abogado Jiménez Puerto se negó a responder cualquier pregunta que le hizo este medio relacionada con las denuncias que recibió la Junta Nominadora, o sobre sus relaciones con Juan Piedras Sanz y Astropharma.

Anny Ochoa y los conflictos del Partido Nacional

La bancada del Partido Libre integró su propuesta nominativa, presentada dos veces ante el Congreso Nacional, con varios candidatos del Partido Liberal y del Partido Nacional, entre ellos la abogada Anny Ochoa.

Ante esto, la diputada María Antonieta Mejía le aclaró a Contracorriente que la primera nómina del 25 de enero no había sido consensuada con la bancada del Partido Nacional pero que los créditos de la abogada Ochoa para ocupar una magistratura en la Corte Suprema eran innegables.

«No se puede desconocer que Anny Ochoa es una mujer de partido que tiene su corazón azul. Cada uno de los candidatos tiene su ideología, pero también consideramos que ella tiene las competencias para tomar ese cargo. Queremos darle la oportunidad a mujeres de relevancia como ella que puedan hacer su trabajo con respeto a las leyes y temor a Dios para que su accionar sea enfocado de la manera correcta», apuntó Mejía sobre la nominación a la abogada.

Ochoa fue la postulante que más tachas o denuncias tuvo durante el proceso de selección, que fueron 12 en total; sin embargo, la Junta Nominadora las desestimó todas, a pesar de que sí admitió al menos una de las responsabilidades que la implican en un mal procedimiento cuando fue supervisora general del Poder Judicial. Esa admisión de responsabilidad no implicó que Ochoa fuera descartada de la lista de candidatos.

En junio de 2019, la abogada Ilia Rivera, inspectora de juzgados y tribunales, remitió a la oficina de Ochoa un informe de investigación por una denuncia en contra de la abogada Ingrid Monzón, quien fue postulante en el actual proceso de selección de candidatos a la Corte Suprema y en ese entonces era magistrada de la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán.

En dicha denuncia se describía cómo Monzón intentó influir en la decisión de sus compañeros magistrados en el caso de revisión de medidas de prisión para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, quien cumple una condena en la cárcel por los delitos de apropiación indebida y fraude y estaba solicitando prisión domiciliaria. La razón de estar a favor de Bonilla, según la denuncia presentada por los magistrados, sería una relación sentimental que Monzón habría tenido con el abogado Julio Cesar Ramírez Mejía, defensor representante de la ex primera dama de la nación.

Dicha relación era desconocida por el resto de los compañeros magistrados que deliberaban sobre la solicitud de cambio de medidas, pero tras la renuncia del abogado Ramírez de la defensa de Bonilla y el retiro de la abogada Monzón del Tribunal y su traslado como magistrada de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, los magistrados del Tribunal se dieron cuenta del conflicto de interés y entendieron la insistencia de Monzón por influir en la decisión.

La denuncia de los magistrados fue interpuesta ante la inspectora de los juzgados y tribunales quien remitió la misma hasta la supervisora general del Poder Judicial, quien es la instancia máxima de decisión en ese tipo de casos y que ocupaba en ese momento Anny Ochoa.

En su resolución sobre el caso para juzgar si Monzón había cometido irregularidades en perjuicio de la administración pública, Ochoa dio «el beneficio de la duda» a la abogada Monzón considerando que previo a su salida del Tribunal no había evidencias públicas suficientes para demostrar su relación sentimental con el abogado Ramírez Mejía.

En el proceso de selección de la Junta Nominadora también fueron denunciados estos hechos, y la abogada Monzón defendió su posición argumentando que «la situación que ha suscitado no está acorde a los ejemplos de comportamiento y no se genera una apariencia de independencia e imparcialidad, de tal suerte que exista confianza ciudadana en que ella impartirá adecuadamente justicia».

Por otro lado, aunque Anny Ochoa también fue denunciada ante la Junta Nominadora por emitir un dictamen favorable para Monzón, se declaró sin lugar la denuncia en su contra justificando que «aunque la resolución [emitida por Ochoa en favor de Monzón] tiene un razonamiento contradictorio por cuanto señala que cualquier observador razonable podría considerar que la conducta de la abogada denunciada (Ingrid Monzón) podría ser reprochable, pero a renglón seguido la exonera de cualquier responsabilidad. Y también resulta de análisis que estas reiteradas denuncias pueden señalar que existe una falta de diligencia de la abogada postulante, sin embargo estas son situaciones que pueden ser analizadas en la matriz de evaluación técnica de este proceso de selección».

Finalmente, Ochoa resultó ser la octava mejor calificada de las 23 candidatas finales en todo el proceso de nominación.

Diputados del Partido Nacional intenta que el diputado Rasel Tomé utilice una camisa que dice SI PERDEMOS LA CORTE PERDEMOS EL PAÍS. Foto CC/Jorge Cabrera

El MADJ también mencionó a Anny Ochoa en un listado enviado a los jefes de todas las bancadas políticas en el Congreso Nacional de candidatos reprobables en este proceso por estar «vinculados con la corrupción, tráfico de influencias y otros delitos».

En relación con la candidatura de Anny Ochoa, Víctor Fernández, coordinador del MADJ, le dijo a Contracorriente que «es una persona con claros vínculos con los actores políticos de la última década, es la representación más clásica del gremio de los abogados y abogadas de este país que están al servicio de la podredumbre del país que han servido de pasador de todos los desastres institucionales de este país, de hecho por eso está en esos cargos que tiene en el Poder Judicial. Tiene una carrera de sometimiento y servilismo que es inocultable».

Entre las 12 denuncias que recibió Anny Ochoa, también se encontraba una relacionada con un familiar cercano de Antonio Rivera Callejas– diputado nacionalista que actualmente cursa su cuarto periodo como congresista– involucrado en el caso de corrupción «Pacto de Impunidad» que presentó en 2017 la Unidad Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC-MP), en conjunto con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

La denuncia que presentaron ante la Junta Nominadora describe que la abogada Ochoa siendo jueza de la niñez dictó un fallo en agosto de 2012, en donde no atendió un proceso investigativo mandatorio en el caso de la niñez y omitió informar al Instituto Hondureño de la Niñez y Adolescencia (IHNFA) concediendo así la adopción irregular de una menor en riesgo social a una pareja que se describe en la denuncia como de «alta posición política y económica en Honduras».

Un amplio expediente del caso al que Contracorriente tuvo acceso de forma confidencial describe que dos ciudadanos españoles residiendo en Honduras presentaron una demanda el 13 agosto de 2012 ante el Juzgado Segundo de Letras de la Niñez de Francisco Morazán, alegando que, a pesar de haber cumplido todos los requisitos de ley, fueron excluidos del proceso de adopción de una menor cuya madre ellos habían apoyado en su proceso de embarazo y quien ya había manifestado querer darles en adopción a la niña. Dicha exclusión fue a causa de una denuncia anónima que dejó a ambos como candidatos no idóneos para la adopción.

En cambio, se vieron beneficiados con la adopción de la niña el hermano del diputado Nacionalista Antonio Rivera Callejas, y su esposa; ambos habían apoyado a la pareja española para atender las necesidades de la menor y su madre en Honduras mientras avanzaba el proceso de adopción; sin embargo, según consta en los documentos, la pareja hondureña se encariñó con la menor y decidió empezar el proceso para convertirse en su familia sustituta llevándola a su casa y cuidándola durante diez meses sin autorización del IHNFA.

El expediente del caso al que Contracorriente tuvo acceso contiene un correo electrónico entre dos religiosas que eran parte de la casa hogar en el que la madre de la niña, una mujer de 26 años de escasos recursos, se refugiaba durante su embarazo. Dicha comunicación describe que el diputado Antonio «Toño» Rivera Callejas fue uno de los principales gestores de la adopción cuando se dio cuenta que la jueza que llevaría el caso era «amiga de su familia». 

La denuncia que se presentó ante la Junta Nominadora alegó que no se llevó a cabo una investigación exhaustiva que determine la relación entre ambas familias, y señala las irregularidades considerando que estaba involucrada una familia de poder económico y político con el potencial de influir en el fallo emitido por la jueza Anny Ochoa. La Junta desestimó esta denuncia argumentando que la abogada emitió una resolución sobre una medida provisional y no sobre la adopción, por lo que consideran que dicha medida se desarrolló en el marco de la legalidad y «en beneficio de la menor». 

Buscamos a la abogada Anny Ochoa para que respondiera a los señalamientos y la relación que tiene con altos dirigentes del Partido Nacional pero no contestó a ninguna de nuestras comunicaciones. 

Sobre los candidatos que arrastran antecedentes vinculados a la corrupción y a los grupos de poder en el país, el abogado Víctor Fernández señaló que muchos de los que aspiran, y que seguramente serán magistrados, son pésimos funcionarios y son prueba de cómo este tipo de perfiles han hundido al país «en una vergüenza de sociedad e institucionalidad».

Además, apuntó que «a estas alturas que estas personas se hayan filtrado en los candidatos finales de la Junta Nominadora es una vergüenza, me llena de indignación, pero nos da mucha fuerza para denunciar».

Fotografía y Texto: Fernando Destephen

Óscar Zelaya, un teatrista y guionista de San Pedro Sula, lleva diez días en huelga de hambre sentado frente a la Concha Acústica del Parque Central de Tegucigalpa. 

Óscar es delgado, su cabello —color gris— está cubierto por una boina café. Desde el lunes 6 de febrero de 2023, Óscar está en huelga de hambre en el Parque Central de Tegucigalpa como medida de presión para iniciar la discusión sobre la «Ley de protección a los artistas».

Entre las producciones de Óscar Zelaya se cuenta el largometraje Los Brujos de Ilamatepeque, una película homónima de la obra del escritor Ramón Amaya Amador. 

«Sí –dice–, es una huelga de hambre la que hacemos para ejercer alguna presión y que la presidenta, Xiomara Castro, nos dé la oportunidad de reunirnos con ella y plantearle la problemática de toda la población artística del país».

Zelaya reconoce que ya han tenido reuniones con la ministra de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), Anarella Vélez Osejo, pero asegura que esas pláticas se han estancado y por eso inició la huelga de hambre como una forma de presión pacífica. 

«Lo que nosotros buscamos es la creación de la Ley de Protección para los artistas», remarca Zelaya sentado en una silla plástica. A su espalda cuelga un banner con la palabra «Dignidad» en letras mayúsculas y con los bordes resaltados en color amarillo sobre un rectángulo negro. Sobresalen del banner las fotografías en vida de la poeta Juana Pavón, el poeta Edgardo Florián y el artista Leonardo Montes de Oca, este último profesor y director de la Escuela de Arte Dramático de Tegucigalpa y considerado el primer mimo en el país. Los tres, ahora, están muertos.

Juana Pavón murió de cáncer el 28 de marzo de 2019 a los 74 años; Edgardo Florián murió el 13 de febrero de 2021 a los 45 años; y Leonardo Montes de Oca murió el 1 de abril de 2022, tenía 66 años. 

Los tres fueron grandes personajes reconocidos en los círculos artísticos. Los tres compartieron la soledad y los tres murieron solos en esa indiferencia al artista que no cabe en muchos cánones. 

El velorio de Juana Pavón fue en el auditorio Juan Lindo, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y fue enterrada en el cementerio de San Marcos de Colón, Choluteca. El velorio de Edgardo Florián fue en el Teatro Nacional Manuel Bonilla y fue enterrado en el cementerio Amor Eterno en la colonia la Era de Tegucigalpa. Leonardo Montes de Oca también fue velado en el Teatro Nacional Manuel Bonilla y, posteriormente, fue cremado. Los tres debieron esperar su muerte para que se les reconociera su lugar en el arte, ese reconocimiento póstumo que sirve para mojar el pañuelo con un par de lágrimas o para un tuit solidarizándose con el artista que nunca conocieron y siempre ignoraron.

«Esto ya está ganado, o lo gano en vida o lo gano en muerte, que les sale más caro», dice Zelaya con referencia a que su muerte —si eso llegara a pasar durante la huelga de hambre— saldría mucho más caro que la Ley de protección a los artistas.

La motivación de Zelaya no es nada compleja, lo que busca es el reconocimiento de los artistas como trabajadores de la cultura para tener «algunos beneficios como el derecho a un seguro social, para para tener asistencia médica y que el Estado cumpla con las obligaciones que tiene para con los artistas». En el proyecto de ley se incluye promover proyectos artísticos, el montaje de espectáculos «y otras situaciones que nos puedan beneficiar económicamente, porque el Estado debe de velar por nuestro bienestar económico político y social», dice Óscar, mientras una niña se acerca a vender dulces, a la que amablemente él le dice que no puede comer dulces, pero que sí le ayudará.

La concha acústica del Parque Central de Tegucigalpa fue inaugurada en mayo de 2014, en la administración de Nasry Asura, y cumple su función para los artistas, pero también para eventos de todo tipo —hasta cierres de campañas políticas.

Óscar asegura que se ha buscado la articulación entre la comunidad artística y el Gobierno, pero «la verdad es que las agendas del gobierno son demasiado cerradas y no nos permiten a nosotros relacionarnos con ellos».

Zelaya dice que esta acción pacífica de protesta no es en contra de la presidenta sino que, ellos, como artistas, quieren participar de la refundación del país: «Su plan está basado en una refundación del país, y la refundación pasa por las recomendaciones de educación, de las artes y la cultura, entonces nosotros lo único que queremos es ayudar a esa refundación pero en condiciones dignas», explica Óscar, ahora de pie en la Concha Acústica.

Ante la pregunta de cuánto tiempo permanecerá en huelga de hambre, contestó: «Hasta que la presidenta nos diga que nos va a recibir en determinada fecha, porque, como dije anteriormente, los diálogos con la ministra no avanzan».

La Concha Acústica se ha convertido en una zona de encuentro de artistas que llegan, saludan, platican y se solidarizan con Óscar, como Cecilia Pavón, actriz de teatro que se acercó a mostrar apoyo y recomendaciones. «No jodas, vos estás sacrificando tu vida», le dice a Óscar cuando no atiende sus indicaciones para que se cuide del COVID-19. Estos artistas están bravos, repiten, una y otra vez, los que se acercan, y también dicen que Zelaya se ha convertido en símbolo para tratar de unir a todos los artistas en una federación; «sin quitarles su identidad artística», agrega Óscar.

Óscar duerme en una tienda de campaña color azul. Frente a esta, como si se tratara de un patio, tiene dos sillas de playa que esperan visitas. También tiene una bandera del partido Libertad y Refundación (Libre) y la bandera de Honduras, que cuelgan de una pared tapizada con grama artificial. 

Al pie de una de las paredes de la Concha Acústica están las otras posesiones que lo acompañan en su huelga: una bolsa con bolsas pequeñas de agua, una botella llena de miel, otra de agua y dos que contienen orines. 

Zelaya aclara que no pide que el Estado los mantenga, «porque nosotros somos capaces de mantenernos con nuestro propio ingenio, pero que por lo menos se nos facilite las formas de poder trabajar». También dice que no demandan una manutención por parte del Gobierno, sino un apoyo para trabajar como trabajaron antes con presentaciones en escuelas y colegios que fueron en su momento «nuestro público inmediato, el que nos ha sostenido siempre es el público estudiantil, pero en gobiernos pasados esa posibilidad se cerró y, hasta el momento, pues no existe esa voluntad».

Mediante un comunicado, la SECAPPH aseguró que ha informado a los representantes del «señor Zelaya los avances en el proceso de gestión, así como las fechas propuestas, para comenzar con las mesas de trabajo, mismas que permitirán obtener los insumos necesarios para proponer leyes y políticas culturales que sean inclusivas y protectoras de los derechos de todas y todos los hondureños, específicamente de las/os compañeras/os artistas».

Para contrastar lo dicho por Óscar Zelaya, se solicitó una entrevista con la Ministra de SECAPPH, Anarella Vélez, y con su asistente, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Al suroeste de Tegucigalpa existe una ciudad en la que nunca nadie vivió. El proyecto habitacional de Ciudad Mateo fue construido a inicios de la década de los años noventa para los empleados del Estado, pero fue clausurado por el alto impacto ambiental que produciría su entrada en funcionamiento. Desde ese momento, cada gobierno ha ofrecido rehabilitar ese proyecto y el gobierno de Xiomara Castro no es la excepción a pesar de que la inviabilidad de hacerlo sigue siendo la misma.


Fotografias y texto: Jorge Cabrera

Casas en el abandono rodeadas de arbustos, espinas, monte y suciedad: así se encuentra uno de los proyectos habitacionales más grandes de Honduras. Ciudad Mateo, ubicada a 17.4 km de Tegucigalpa, tiene décadas de existir pero nadie ha vivido ahí. 

Ciudad Mateo se empezó a construir en 1992 durante el gobierno del expresidente Rafael Callejas. En ese momento, se proyectó la construcción de 4,890 viviendas para los empleados del Estado de Honduras, pero el proyecto se paralizó el 25 de febrero de 1998 por estar sobre la cuenca del río Guacerique y la represa Los Laureles, lo que ponía en peligro las fuentes de agua de la capital del país. En efecto, el embalse Los Laureles abastece un 30% de la demanda de agua de Tegucigalpa, beneficiando a una población de unos 210,000 habitantes. Se argumentó que una cantidad alta de personas viviendo en los alrededores de la cuenca agravaría los problemas de contaminación del río. Las obras se detuvieron. 

En el año 2014, el Gobierno del expresidente Juan Orlando, a través del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), anunció la posibilidad de habilitar unas 310 casas de las zonas Tapia I y Tapia II que se consideraban recuperables. Pero la Fiscalía del Medio Ambiente manifestó que no era posible esa recuperación debido al impacto ambiental que generaría. La propuesta fue de nuevo olvidada.

Ocho años después, la rehabilitación de Ciudad Mateo vuelve a ser polémica. En septiembre de 2022, el Director del INJUPEMP, Amable de Jesús Hernández, dijo en una conferencia que la propuesta presentada por el alcalde capitalino, Jorge Aldana, es viable y que es factible habitar 690 viviendas allí para los damnificados por los deslizamientos en la colonia Guillén. 

El 12 de septiembre de 2022, centenares de familias fueron evacuadas de la colonia Guillén por una falla geológica que provocó el colapso de al menos 250 viviendas, según el informe oficial de las autoridades de la Alcaldía del Distrito Central (AMDC). Los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales convirtieron a ese sector en una zona inhabitable.

Las cuantiosas pérdidas no solo abarcan a la colonia Guillén, sino también a la colonia Suazo Córdoba, los daños en esa zona se logran ver desde muchos lugares de la capital. Muchos de los habitantes de esas áreas fueron acogidos en albergues, pero al cabo de un mes y medio se vieron obligados a retirarse por la incomodidad que conllevaba vivir de esa manera. «Han pasado muchos meses desde que salí de mi hogar por los derrumbes, no culpo a nadie, se veía prometedor todo lo que nos ofreció el alcalde, pero solo fue palabrería de político», dijo a Contracorriente Rosa Marín, ex habitante de la zona.

Marín es una de las afectadas que ahora tiene que rentar una casa en el barrio Manchén, muy cerca de donde fue su hogar. Allí habita junto con tres personas más, sus dos hijos y su madre de la tercera edad. Paga 1200 lempiras y solo puede tener una cama matrimonial pegada a otra unipersonal que sirve además de descanso y como ropero, una mesa que sostiene su cocina y, detrás de la puerta, su refrigerador; los baños son compartidos con otros inquilinos y aunque el espacio es pequeño, ellos sienten tranquilidad. «Prefiero vivir así como sardinas, pero no vivir en esos albergues donde a diario éramos humillados, como si fuera nuestra decisión estar ahí» exclamó.

Como alternativa a los albergues, Amable de Jesús Hernández solicitó reevaluar la situación de Ciudad Mateo para lo que se requiere una inversión de al menos 220 millones de Lempiras en remodelación, todo esto luego de la orden de la presidenta Xiomara Castro de habilitar las 294 hectáreas de terreno en esa zona. 

«INJUPEMP tiene la capacidad económica para financiar este proyecto de remodelación y que al final la Alcaldía se haga responsable de pagar estás viviendas a largo plazo» dijo en conferencia de prensa Hernández el 20 de septiembre de 2022.

La inversión para habilitar parte de Ciudad Mateo puede llegar a ser exorbitante porque muchas de las casas fueron construidas con tabla yeso y, dado que han pasado décadas desde su construcción, los daños por el tiempo son visibles, no cuentan con ventanas ni puertas y la mayoría no tiene techo; aunque se puede ver alumbrado público, no hay servicio de energía eléctrica. Además del estado de destrucción en que se encuentran las casas, el proyecto habitacional sigue siendo un riesgo de contaminación para todos los capitalinos. Treinta años después, el gobierno intenta revivir este proyecto pese a que la Fiscalía del Medio Ambiente del Ministerio Público lo ha prohibido, así como también lo hizo en el pasado la Secretaría de Recursos Naturales, SERNA, por las consecuencias ambientales que eso traería. En 2011 la secretaría propuso demoler todo el proyecto. Intentamos contactar a la actual administración a cargo del ministro Lucky Medina, pero no se logró obtener su reacción.

«Nos extraña en sobremanera el intento de habilitar Ciudad Mateo, pues no lo vemos lógico; los estudios reflejaron desde su construcción la alta contaminación que podría ocasionar el habitarlo. De hecho, en la actualidad, a raíz de toda esa gente que se ha ubicado a lo largo de la cuenca del río Guacerique ya afecta por la suciedad que dejan» dijo Manuel Amador, presidente de la Asociación Hondureña de Junta Administradora de Agua y Saneamiento.

Durante el verano se sacan hasta hasta 450 volquetas de desechos de la represa Los Laureles, lo que aumentaría si llegan los nuevos habitantes de Ciudad Mateo.

La capital de la República ha tenido un crecimiento de forma desordenada, no ha habido una planificación para la reubicación de la población más vulnerable. Sumado a esto, la irregularidad geográfica de Tegucigalpa no permite que el agua llegue a los caseríos en las partes altas y, lamentablemente, la mayor parte de la población tiene que pagar una factura de agua como si estuviera recibiendo un servicio de una forma estable.

La Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA), solicitó a funcionarios públicos de distintas instituciones toda la documentación de soporte acerca de la habilitación del proyecto Ciudad Mateo el 14 de septiembre de 2022. «El Ministerio Público está a la espera de que esto suceda en tal efecto. La última comunicación que se tiene fue que se iba a nombrar una comisión para estudiar la viabilidad del proyecto en sí. En ese sentido, el Ministerio Público solo está pendiente de lo que se pueda dar, porque recuerda usted que ya hay dictámenes de años atrás, los que ratifican que no se puede habitar este proyecto habitacional» dijo Carlos Vallecillo, portavoz del Ministerio Público.

Sin embargo, no todo ha sido pérdidas. La venta privada de agua ha sido un negocio favorecido por la precariedad del servicio público y por el fracaso de Ciudad Mateo. La Distribuidora y Comercializadora de Agua S.A de C.V (DICOA) posee al menos tres pozos dentro de Ciudad Mateo, pegados a las cuencas del río Guacerique, lugar donde nadie creería que existe un negocio redondo. Para llegar a esos pozos hay que ingresar al proyecto en abandono ubicado en terrenos propiedad del Estado. Uno de los clientes de esa empresa es el Ejército de Honduras, quien paga 30 lempiras por llenar 4 barriles con agua y 200 lempiras por una cisterna, las cuales son llevadas a diferentes batallones. La empresa también vende agua a camiones cisternas privados que luego la venden de casa en casa cobrando hasta 45 lempiras por un barril.

Ciudad Mateo Tegucigalpa Honduras río Guacerique 2023
La distribuidora y comercializadora de agua S.A de C.V (DICOA) vende a diario el agua al Ejército de Honduras. Foto CC/Jorge Cabrera

Las aldeas vecinas a Ciudad Mateo

La cuenca del río Guacerique no está amenazada únicamente por Ciudad Mateo, también la rodean dos caseríos, Nueva Aldea y Las Tapias, con alrededor de 250 habitantes que usan el río para lavar ropa, trastes y para recoger agua para sus hogares. Reina Flores que tiene 72 años de habitar en el caserío Nueva Aldea, aledaña a Ciudad Mateo, ve con cierto recelo que el gobierno lleve más gente de otros sectores a su zona para ser habitada. «Peligroso, porque esta aldea es sana. Nosotros vamos a nuestras iglesias y venimos a las 11:00 de la noche y todo tranquilo. Piense usted y llega a venir toda clase de gente. No lo tomo a bien, pues. Nunca nos ha pasado nada y ahora tenemos que ver qué hacer para estar seguros».

Los daños al río son visibles con tan solo los habitantes de estas dos aldeas ya que por la falta de un sistema de tratamiento biológico de aguas residuales, muchas de las casas cercanas a la cuenca depositan sus desechos directamente en el río que hoy abastece a buena parte de la población en Tegucigalpa. 

Todo en la vida tiene un pro y un contra, y una parte de la población de Nueva Aldea ve los beneficios que traería aumentar la población de la zona. Es el caso de los maestros de la escuela Vicente Caceres, que con la llegada de más personas esperan más apoyo por parte del gobierno y la Secretaría de Educación. «Se vendría a beneficiar al centro educativo, porque las personas que vendrían a vivir ahí pues se tomarían a bien matricular a sus niños en nuestro centro, pero no me queda duda de la contaminación al río si no se toman las medidas idóneas en cuanto a el saneamiento» mencionó Luis Miguel Martinez, director del centro educativo.

La escuela cuenta con una matrícula de 140 niños y los maestros esperan poder tener aún más, el personal es de siete personas entre maestros y director, buscan una mejora para la escuela la cual no cuenta con agua potable, por lo que cada semana gestionan con personas que tienen pozos para recibir donaciones y poder llenar sus cisternas y así tener agua en las instalaciones para que los niños puedan lavarse las manos y limpiar las las aulas.

«Esperamos que con traer habitantes a nuestra zona la prosperidad llegue para esta comunidad por que pocos saben de que existimos, confiemos que todo el que habite ciudad mateo venga con las ganas de crecer y de no dañar» explicó el director de la escuela.

Ciudad Mateo Tegucigalpa Honduras río Guacerique 2023
Las dos comunidades que rodean el río guacerique hacen parte de las afectaciones con las aguas residuales que llegan de los caseríos. Foto CC/Jorge Cabrera

Los damnificados de la colonia Guillén siguen esperando

En la zona devastada por las lluvias de septiembre de 2022, al filo de lo que una vez fue la colonia Guillén, se encuentra doña Leocadia Núñez de 67 años de edad, quien durante el derrumbe de la colonia sufrió de una embolia cerebral y fue trasladada de emergencia al Hospital Escuela. En su casa roja de dos pisos tenía una pulpería que abastecía a los vecinos cercanos. Era lo único que la sustentaba a ella y a su esposo, ya de la tercera edad también. Tenían 41 años de habitar en la colonia, pero luego del incidente tuvieron que vivir por un tiempo con un sobrino que les abrió las puertas de su vivienda en Zamorano, un pueblo ubicado a 35 kilómetros de Tegucigalpa. Hace tan solo 8 días que regresaron a la colonia Guillen. Leocadia tiene que continuar con su tratamiento en el Hospital Escuela, lo que era imposible hacer viviendo en Zamorano. Pero hay otra razón por lo que regresaron, Leocadia vio en la televisión que el Gobierno iba a reubicar a las familias de la colonia Guillén. «Regresé para darme cuenta. Escuché que el Gobierno nos daría casas para habitar y salirnos de aquí, pero nadie ha venido. Todo lo que usted ve aquí es lo único con que cuento, es mi patrimonio», mencionó Nuñez. 

Con dificultad, Leocadia se acerca a su cocina de queroseno donde calienta unos frijoles. Llora al recordar que su hija no tendrá el dinero suficiente para comprar los medicamentos que ella necesita. Recorre su casa vacía, sin energía eléctrica, en la que solo hay una cama de madera comprimida sostenida por una caja de refresco. Se observa el vestigio de lo que una vez fue su pulpería. 

Las ofertas del gobierno de turno no quedarán en el olvido sobre todo si no se encuentran soluciones viables a la falta de planificación habitacional. Cada año las lluvias afectan barrios y colonias y se ve a funcionarios tratando de retirar a las familias de las zonas en riesgo en las que las personas habitan sin ofrecerles una opción viable. 

Sin un plan estratégico para solucionar las demandas de la población y para garantizar hogares dignos, las críticas del pasado contrastan con las intenciones de reactivar uno de los proyectos habitacionales más grandes de la historia de la capital y que, por años, ha existido en el abandono debido a su fracaso.

En cuatro meses el empresario y político Manuel Baldizón ha pasado de ser deportado a Guatemala e ingresar en prisión acusado de recibir sobornos de Odebrecht, a salir de la cárcel y presentar su candidatura como diputado al Congreso del país. La RR ha tenido acceso a un informe de la CICIG con información del FBI que muestra sus conexiones con empresas ‘offshore’ que recibieron US$1.36 millones de la constructora brasileña. Estas pruebas, que forman parte del expediente de la investigación, no han impedido el meteórico regreso del excandidato presidencial a la política. Por el contrario, la fiscalía ha sacado del proceso el testimonio de un directivo de Odebrecht que señalaba a Baldizón y ha vuelto a acusar de obstrucción a la justicia a varios de los funcionarios que armaron el caso, entre ellos al excomisionado de la CICIG y actual ministro de Defensa de Colombia.

Por Bill Barreto | Fotos: Edwin Bercián

Una base de datos de la Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI por sus siglas en inglés), muestra pagos de la constructora Odebrecht por un total de US$1.36 millones a empresas offshore que, según las investigaciones, eran“controladas” por Manuel Baldizón, excandidato presidencial de Líder y aspirante a un cargo en el Congreso por el partido Cambio para las elecciones generales que se celebrarán el próximo junio. Así consta en un documento de la clausurada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fechado el 11 de julio de 2018, al que ha tenido acceso la Redacción Regional.

La red de empresas y transferencias recogida en el informe del Departamento de Investigaciones y Litigio de CICIG, REF. INF EXT015-SIA-2018, forma parte de una base de datos de registros financieros entregada al FBI por el Meinl Bank, el banco de Antigua y Barbuda adquirido por Odebrecht para pagar sobornos a diferentes figuras políticas de al menos 12 países a cambio de obtener contratos públicos de construcción. En la base de datos facilitada por Meinl Bank también se muestran operaciones reportadas a favor de offshore “controladas” por el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien continúa en prisión y ligado a proceso por el caso Odebrecht.

Según el documento de la CICIG, cuatro empresas fuera de plaza administradas por testaferros de Baldizón, y una persona particular ligada al político, recibieron cinco pagos de la constructora brasileña entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, año en el que fue candidato por segunda vez a la presidencia de Guatemala.

En ese periodo, siempre según el informe, se registraron transferencias de US$ 246 mil a American Legal Advisor Corporate desde la cuenta No. 8901215112 que la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht tenía en el Meinl Bank con sede en Viena, Austria; US$ 100 mil a la entidad Rentamos Ltd, registrada en Islas Vírgenes; y US$ 114 mil a Jiangsu Dengda Automobile Co LTD, una empresa de vehículos constituida en China. 

El análisis financiero de la investigación de CICIG también registra que US$ 900 mil provenientes de cuentas del Bank of China fueron trasladados a la campaña política de Baldizón a través de Pablo Mauricio Yanes Guerra, hermano de un diputado del partido Líder. La fiscalía solicitó información a la República Popular de China en 2018 sobre estas entidades y cuentas sin obtener respuesta. Pero el propio Yanes, condenado por lavado de dinero en 2019, admitió haber recibido este dinero de Odebrecht. 

“En mayo o junio de 2015, no recuerdo la fecha, cuando por la mañana me llamó el doctor (Manuel) Baldizón y me citó a una reunión a su oficina privada a las cinco de la tarde. Llegué a las 5:30 horas ya estaba Carlos Machado (secretario privado de Baldizón en ese entonces) y el señor Marcos (de Cerqueira Lima) Machado (directivo de Odebrecht). Marcos me dijo que estaban en la disposición de apoyar en la campaña del partido Líder”, declaró ante el juzgado de Mayor Riesgo D, entonces dirigido por la jueza Ericka Aifán.

El ex candidato a la presidencia por el partido Libertad Democrática (Líder) llega a Guatemala el 5 de octubre de 2022, después de ser deportado desde Estados Unidos al cumplir una condena por lavado de dinero.

El esquema para hacer llegar estos fondos a Baldizón, según la investigación de la CICIG, era el siguiente: el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht autorizaba desembolsos a las entidades fuera de plaza “controladas” a través de testaferros por el político. El objetivo era pagar “comisiones ilícitas” que se habían pactado con anterioridad para garantizar el “avance de la obra vial CA-2 Occidente”. Las empresas fuera de plaza, algunas creadas en China o Islas Vírgenes Británicas, recibían las comisiones provenientes de las cuentas del Meinl Bank Antigua Ltd.

Las entidades fuera de plaza vinculadas a Baldizón eran a su vez accionistas de otras empresas. Por ejemplo, Rentamos Ltd registró una participación como accionista de otra entidad constituida en Guatemala vinculada al político y propietaria de bienes inmuebles: Constructoras en Consortium S.A., según registros mercantiles y notariales locales consultados por RR. 

Uno de los principales nexos entre el político y estas entidades, según el informe, era el abogado Diego Chacón Yurrita, procesado por lavado de dinero en el caso Odebrecht. En el allanamiento a sus oficinas los fiscales encontraron en su computadora una carpeta rotulada “Dr. Baldizón”, en la que se encontraban con copia de las escrituras de propiedades y empresas vinculadas a este caso, así como poderes notariales para la representación en el extranjero de las “offshore” registrados a nombre de presuntos testaferros de Baldizón.

El abogado Diego Yurrita es trasladado a la cárcel Mariscal Zavala el 21 de enero de 2018, luego de ser detenido por sus nexos con el excandidato presidencial, Manuel Baldizón. Foto/Edwin Bercián

Esta información, que forma parte de la carpeta de investigación de la fiscalía sobre Odebrecht, sin embargo, no ha sido un obstáculo para que en los últimos cuatro meses Baldizón haya protagonizado un meteórico regreso a la política. 

***

El 5 de octubre de 2022, después de cumplir una pena de 20 meses en Estados Unidos por lavar dinero proveniente del narcotráfico para su campaña presidencial de 2015, Baldizón fue deportado a Guatemala para ingresar en prisión y afrontar las acusaciones de recibir sobornos de Odebrecht. El 11 de enero de 2023 a las nueve de la noche salía del centro de detención en la Brigada Militar Mariscal Zavala después de pagar una fianza de 1,8 millones de quetzales (cerca de US $230,000). El pasado sábado, el partido Cambio anunciaba que Baldizón, en régimen de arresto domiciliario, ocuparía el primer lugar de su Lista Nacional de candidatos para diputados en el Congreso de cara a las próximas elecciones generales del 25 de junio. 

Baldizón ha regresado a Guatemala en un contexto en el que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), encabezada por Rafael Curruchiche, ha anulado los acuerdos que esa misma institución, bajo el mando de Juan Francisco Sandoval, alcanzó en septiembre de 2017 con los entonces directivos de Odebrecht Marcos de Cerqueira Lima Machado, Luiz Antonio Mameri y Eduardo Oliveira Gedeón para obtener su testimonio. En su declaración jurada, que ya no se puede tener en cuenta en la causa, Lima Machado relató que el exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, actualmente en prisión acusado de recibir US$18.24 millones de la constructora brasileña, les presentó a Baldizón en 2013 y les pidió que le entregaran US $3 millones para garantizar la continuidad del proyecto para la ampliación de la carretera CA2-Occidente por $399.4 millones otorgado a Odebrecht en 2012 ya que, según sería “el próximo presidente del país”.

Manuel Baldizón
Manuel Baldizón es llevado a Torre de Tribunales entre decenas de periodistas y agentes de la Policía Nacional Civil el 5 de octubre de 2022, minutos antes había llegado al aeropuerto La Aurora al ser deportado desde Estados Unidos y cumplir una condena por lavado de dinero. Foto/Edwin Bercián

El partido de Baldizón, Líder, había votado en contra de los créditos en el Congreso adquiridos con el BCIE y BNDES, para el financiamiento de la obra. Y su jefe de bancada, el diputado Roberto Villate, denunció en el hemiciclo que se compraron votos de diputados a favor de los préstamos por Q250 mil (US$32 mil). Aún así, Baldizón recibió sobornos de Odebrecht desde 2014, según las pruebas recabadas por autoridades norteamericanas y guatemaltecas en la investigación.

El testimonio de Alejandro Sinibaldi ante la fiscalía, también analizado por RR, da cuenta que el compromiso con Odebrecht era recibir los sobornos conforme se dieran los desembolsos de los préstamos y se pagara a la empresa. La obra, sin embargo, iba a seguir en ejecución en el próximo gobierno (2016-2020) y Manuel Baldizón era el favorito para ganar esa elección, un mes antes de la primera vuelta de esos comicios aún lideraba la intención de voto, según la encuesta realizada por la firma ProDatos para el diario Prensa Libre

En noviembre pasado este periodista acudió a la sede central del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala para entrevistar a Curruchiche sobre el caso Odebrecht. El funcionario indicó que el caso sigue bajo reserva judicial y que no podía realizar ninguna declaración, tampoco sobre el papel de Manuel Baldizón. Curuchiche se limitó a afirmar: “Vienen avances y sorpresas”.

Manuel Baldizón
Manuel Baldizón, ex candidato a la presidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), acude a un mitin en la Plaza Central el 3 de mayo de 2015. Foto/Edwin Bercián

El 16 de enero, cinco días después de la salida de prisión de Baldizón, el jefe de la FECI anunció cuatro nuevas órdenes de captura por obstrucción de la justicia, conspiración y abuso de autoridad contra la exfiscal general del Ministerio Público (MP) Thelma Aldana, la exsecretaria general del MP Mayra Véliz, y el exmandatario de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) David Gaitán; así como contra el abogado privado Juan Pablo Carrasco, que representó a los directivos brasileños que brindaron información sobre el caso. 

A través de un comunicado oficial, Curruchiche también advirtió que iría tras el exjefe de la CICIG, Iván Velásquez, el actual Ministro de Defensa de Colombia, “para que responda por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos”. El anuncio desató una crisis diplomática entre Guatemala y Colombia, que llamaron a filas a sus respectivos embajadores, y el pronunciamiento de Estados Unidos y las Naciones Unidas.

Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, respaldó al ministro Velásquez y se pronunció desde su cuenta de twitter: “Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”.

De igual forma se pronunció el portavoz del secretario general de la ONU, Farhan Daq: “El Secretario General expresa su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se ejerce la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala”.

Fueron, precisamente, Velásquez y Aldana quienes el 23 de enero de 2018 anunciaron en una rueda de prensa sobre el caso Odebrecht, que según la investigación de CICIG y la fiscalía, Sinibaldi y Baldizón eran dos de los grandes protagonistas de la mayor trama de corrupción de la historia reciente del país.

El 24 de enero de 2018, la exfiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana brinda una conferencia de prensa junto a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), para dar a conocer los hallazgos en la investigación del caso Odebrecht en su primera fase. Foto/Edwin Bercián

Según el testimonio que el propio Sinibaldi dio a la fiscalía cuando se entregó después de cuatro años prófugo, existió una red de sobornos a funcionarios públicos que se repartieron un valor del 7.5 % de los cerca de 400 millones del contrato otorgado a Odebrecht. En el testimonio del exministro de Comunicaciones, cotejado por Redacción Regional, tres fuentes judiciales independientes, y que el propio fiscal Curruchiche confirmó que sigue siendo parte del expediente del caso, Sinibaldi indicó que 1% le correspondía al entonces presidente, Otto Pérez Molina, e igual monto a la vicepresidenta Roxana Baldetti; mientras que él negoció a espaldas del binomio recibir 1.5% de los sobornos. La declaración de Sinibaldi también incluye el detalle de los pagos realizados a diputados del Congreso de la República, electos para el periodo 2012-2016, coordinados por operadores tanto suyos como de la vicepresidenta Baldetti. Sobornos de entre $32 mil y $64 mil, en algunos casos, para obtener los votos necesarios para la aprobación de los dos préstamos suscritos entre el gobierno de Guatemala y los Bancos BCIE y BNDES. 

Cinco años después del anuncio de la investigación del caso Odebrecht en Guatemala, la CICIG ha dejado de existir, 13 ex fiscales, incluida Aldana, están en el exilio, y tanto Curruchiche como la fiscal general, Consuelo Porras, están incluidos en la lista Engel como “actores corruptos y antidemocráticos”.

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, es ingresado Torre de Tribunales por agentes de la Policía Nacional Civil, luego de ser capturado el 24 de agosto de 2020 sindicado de participar en la red de sobornos por el caso Odebrecht. Foto/Edwin Bercián

El anuncio de Curruchiche del 16 de enero fue compartido en una publicación realizada por el equipo de comunicación de Alejandro Sinibaldi. Dos días después la defensa de Baldizón solicitaba formalmente adherirse a la reciente denuncia presentada por el fiscal por presuntas “irregularidades en la suscripción de los acuerdos de colaboración eficaz con los exdirectivos de Odebrecht”, una solicitud aún en trámite. 

Una segunda sorpresa de la FECI ocurrió un mes después. El 13 de febrero, Curruchiche anunció 12 órdenes de captura contra una presunta red de testaferros y abogados del político vinculados al caso Odebrecht. La figura más relevante de entre las cinco personas detenidas es el abogado Héctor Antonio Aldana Castillo, quien fue detenido de manera previa en 2018 por el caso de corrupción Transurbano en el cual se encuentra ligado a proceso Manuel Baldizón.

Aldana Castillo constituyó sociedades relacionadas al político como Proyectos Habitacionales Praga S.A. (empresa que registraba una de sus mansiones), Jemabal S.A., Riedel Group S.A., Inmobiliaria Mundo Maya S.A., Proyectos del Mundo Maya S.A. y Desarrollos Macroindustriales S.A.

Según declaró el fiscal los operativos buscan la captura de “siete abogados que en su momento formaron parte de la estructura de Baldizón, ya sea con la creación de empresas off-shore, que luego de constituidas en Panamá, el beneficiario era Baldizón, toda vez que el dinero regresaba a esa persona”.

Entre las personas con órdenes de captura pendientes se encuentra también Lubia Edith Catalán Espinoza, mandataria con una representación en Panamá de la entidad Rentamos LTD., una de las offshore señalada de la recepción de sobornos por el caso Odebrecht. 

El 14 de febrero este periodista intentó obtener una reacción vía telefónica del fiscal Curruchiche por la contradicción que supone ordenar todas estas capturas, al tiempo que la Fiscalía avala desvanecer las pruebas que robustecen la acusación contra la misma estructura. Al cierre de este reportaje no hubo respuesta.

La caída de Baldizón

El 20 de enero de 2018 Manuel Baldizón Méndez volaba de República Dominicana a Florida. Mientras tanto un grupo de fiscales, agentes de la policía e investigadores de la CICIG preparaban una decena de allanamientos a oficinas y residencias de Baldizón y sus allegados en Guatemala.

La información de que Baldizón viajaba a Estados Unidos ese día, según relatan dos fuentes independientes de la fiscalía y de la CICIG, provino de la embajada estadounidense en Guatemala. En particular, relatan las mismas fuentes, el FBI estaba muy interesado en la figura de Baldizón y había mantenido contactos con la fiscalía y delegados de la CICIG desde 2017. La FECI, al mando del entonces fiscal Juan Francisco Sandoval, había conseguido una orden de captura de parte del juzgado de Mayor Riesgo D a cargo de la jueza Ericka Aifán, responsable del caso Odebrecht.

Un ex investigador de la CICIG, bajo reserva de su identidad, comentó a la Redacción Regional: “Del grupo de agentes y fiscales nadie sabía para que se les estaba convocando esa mañana”. El peligro de una filtración de la identidad del “blanco” era demasiado alto. “Para ese momento el gobierno (del presidente Jimmy Morales) era cada vez más hostil con la CICIG y la FECI a cargo de Juan Franciso Sandoval estaba cada vez más sola y sin recursos en el Ministerio Público”, explica esta fuente.

El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval es captado al salir de una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2020. Foto/Edwin Bercián

La CICIG experimentaba en esa época un periodo de desgaste y cada vez menor apoyo internacional para su continuidad. A partir de la administración republicana del presidente Donald Trump, la comisión contó con menos respaldo estadounidense, pese a que seguía siendo el principal financista individual de su trabajo. 

Cuando Baldizón fue detenido intentó solicitar asilo, la FECI y la CICIG esperaban que agotara los recursos y fuera finalmente deportado para responder por la acusación del caso Odebrecht. Pero Baldizón aún tenía algunas cartas con las cuales negociar desde Estados Unidos. En agosto de ese año sorpresivamente su defensa desistió de buscar refugio en ese país como “perseguido político” y publicó una carta abierta en Guatemala donde reconocía “errores” y decía tener “el mayor de los respetos a las autoridades guatemaltecas y estadounidenses así como sus respectivos poderes judiciales”.

Después del “mea culpa” de Baldizón, en septiembre de ese año fue acusado del delito de lavado de dinero en Estados Unidos, un cargo por el cual la fiscalía podría pedir hasta 20 años de prisión. El 3 de octubre de 2018 Baldizón reconoció la recepción de fondos provenientes del narcotráfico entre los años 2014 y 2015 para su campaña política. Al menos $800 mil para sus actividades políticas y una cifra similar que empleó para la compra de un apartamento en Miami, según refiere el boletín del Departamento de Justicia estadounidense sobre el caso No.18-CR-20758-Cooke.

Baldizón fue condenado a 50 meses de prisión, sin embargo, solo cumplió 21 meses, una pena reducida que se explica por su colaboración en ‘Black Mask’, una investigación conjunta del Grupo de Trabajo Antidrogas del Crimen Organizado (OCDETF), en el que participan el FBI, la DEA y el Departamento de Justicia para identificar, investigar y enjuiciar a miembros de alto nivel de empresas de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Esta operación permitió la captura del banquero guatemalteco Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, directivo del Banco de Crédito, en Miami, Florida, en noviembre de 2019 en el caso No. 19mj03536, 18cr20706 en la jurisdicción del Distrito Sur de Florida. El banquero fue acusado de facilitar el traslado de dinero de Guatemala a Estados Unidos con el conocimiento de que era obtenido del tráfico de drogas y fue grabado en la coordinación de estas transacciones. Los indicios apuntan, según una investigación del mediodigital Plaza Pública, a que Baldizón fue el intermediario para estas operaciones y grabó a Cóbar.

La Redacción Regional solicitó a la embajada estadounidense en Guatemala un comentario sobre este traslado de información a la CICIG y FECI de los movimientos de Manuel Baldizón y las comunicaciones que mantuvieron para propiciar su detención en Estados Unidos. La respuesta de la sede diplomática fue remitir al boletín del Departamento de Justicia sobre el caso contra Baldizón en el cual reconoció la recepción de fondos provenientes del narcotráfico entre los años 2014 y 2015.

La resurrección de Baldizón 

En 2018 Baldizón buscó colaborar con la fiscalía de Guatemala por medio de sus abogados, según dijo el exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval a la Redacción Regional. El político envió cartas a la CICIG y al menos una carta a la actual fiscal general, Consuelo Porras, a principios de 2019, ofreciéndose para contribuir en cuatro casos de alto impacto en investigación. Entre estos, la elección de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), designada en 2014 por el Congreso de la República por medio de una alianza de los partidos de Baldizón y Sinibaldi (Líder y PP) con la mayoría en el Legislativo. La corte se mantiene en el cargo hasta hoy a pesar de que su mandato concluía en 2019.

Estos contactos, dijo Sandoval, se suspendieron en 2019 cuando se confirmó la salida de la CICIG de Guatemala por decisión del gobierno de Jimmy Morales. Meses después, Porras fue renovada en su cargo por el presidente Alejandro Giammattei y en 2021 destituyó al fiscal Sandoval. Desde entonces, el MP ha promovido investigaciones contra otros agentes fiscales de la FECI que colaboraron en investigaciones de CICIG y contra exmandatarios de la Comisión. En marzo de 2022, la jueza Ericka Aifán, quien giró la orden de captura contra Baldizón, renunció a su cargo y salió del país denunciando una persecución en su contra.

Consuelo Porras entra a su despacho el 17 de mayo de 2018 al terminar el acto de toma de posesión como Fiscal General del Ministerio Público. Foto/Edwin Bercián

Tres meses antes de ser deportado por EUA, Baldizón fue favorecido por una acción emprendida por la defensa de Alejandro Sinibaldi. En junio de 2022 la Sala Segunda de Apelaciones anuló los acuerdos de colaboración eficaz suscritos por la fiscalía a cargo de Sandoval con tres ex directivos de Odebrecht, entre ellos el testimonio clave de Marcos de Cerqueira Lima Machado. 

La Redacción Regional se puso en contacto tanto con la defensa de Baldizón, a cargo del bufete del abogado Saúl Zenteno, como con la de Sinibaldi, con el jurista Paolo Montes, pero ambas se han negado a brindar declaraciones sobre el caso por encontrarse bajo reserva.

En noviembre de 2022 la FECI, a cargo del fiscal Rafael Currruchiche, luego de que la defensa de Sinibaldi lograra anular los acuerdos de colaboración de los empresarios brasileños, pidió con éxito que se excluyeran las declaraciones de los exdirectivos de Odebrecht Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado.

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, es captado dentro de una patrulla al salir de una audiencia en Torre de Tribunales el 24 de abril de 2022. Foto/Edwin Bercián

Sus declaraciones ya no pueden ser tomadas en cuenta en el proceso. El 1 de febrero fueron citados por el juez Juan José Jiménez, sustituto de la jueza Ericka Aifán en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a rendir nuevamente declaración. Al no presentarse la fiscalía pidió y obtuvo de este juzgado una orden de captura en su contra.

Con el escenario de los testimonios anulados de los empresarios brasileños, Baldizón salió de prisión el 11 de enero de 2023 flanqueado por su hijo mayor, Jorge Baldizón, el secretario general adjunto de un nuevo partido político llamado Cambio. Menos de una semana después, el precandidato presidencial del partido, Carlos Pineda, renunciaba a la agrupación y denunciaba que Manuel Baldizón estaba interfiriendo en Cambio.

Tras la salida de Baldizón de la cárcel este no perdió el tiempo. El 5 de febrero, en la Asamblea General del partido Cambio, del cual sus dos hijos Jorge Eduardo y Manuel Antonio Baldizón Vargas son secretarios generales adjuntos, fue proclamado como candidato a diputado por la agrupación. 

Así, el ex presidenciable regresa a la arena política y ocupa la primera casilla de la nominación por Lista Nacional, la posición con más posibilidades de ingreso al Congreso.

Los hermanos Manuel Antonio y Jorge Eduardo Baldizón Vargas, durante una asamblea del partido Cambio el 5 de febrero de 2023 donde fungen como secretarios generales adjuntos de dicha agrupación política. Foto/Edwin Bercián

Mientras que otro de sus familiares, el exdiputado del cancelado partido Líder, Álvaro Trujillo Baldizón, fue nombrado como candidato a la presidencia por esa agrupación. Baldizón opacó a todas las figuras políticas presentes: fue presentado en el escenario de la convención como “el líder del partido político Cambio”, juramentó a los candidatos a diputados al Parlamento Centroamericano pidiéndoles que cumplierán “con la Constitución y las leyes del país” y dió el discurso central de la convención.

Baldizón fue de nuevo un animal político en campaña: Besos, selfies y abrazos con sus seguidores. Se rodeó de reporteros y camarógrafos de su canal de televisión por cable Star Plus para asegurarse preguntas cómodas y de un equipo de seguridad con armas largas bajo los chalecos que le brindaron resguardo a su salida del evento.

En su discurso, Baldizón recuperó viejas promesas de campaña: reactivar la pena de muerte en Guatemala (prohibida constitucionalmente), programas de asistencia social y un impuesto único para los empresarios. Así como promover desde el Congreso una amnistía para los militares procesados por crímenes durante el conflicto armado.

Tampoco desaprovechó la oportunidad para aludir a la exfiscal general Thelma Aldana, y al trabajo de la CICIG como una “intervención extranjera” que le “robó” las elecciones del 2015. En consultas de periodistas tras su discurso se refirió a su detención en 2018 por el caso Odebrecht como una acción de Aldana con fines políticos. La exfiscal general se postuló a la presidencia en 2019, inscripción que fue anulada por un investigación penal promovida por su sucesora en el MP, Consuelo Porras.

Manuel Baldizón juramenta a los candidatos a diputados por el partido Cambio durante una asamblea el 5 de febrero de 2023 en la Ciudad de Guatemala. Foto/Edwin Bercián

“Ella esperó un año previo, para que no se levantarán las aguas y me encausó (inició un proceso penal), hizo que un par de brasileños hablaran mentiras y ahora los brasileños son prófugos de la nación (…) yo nunca les pedí nada, solo le pedí al pueblo que votará por mí”, dijo Baldizón respecto al caso Odebrecht.

Este reportero consultó a Manuel Baldizón, tras la rueda de prensa improvisada luego de su proclamación como candidato, si sabía que la información que condujo a su arresto en 2018 en Miami provenía del FBI, mediante la embajada estadounidense en Guatemala. El político se limitó a responder: 

-¿Te acuerdas cuando nos conocimos (en la campaña presidencial de 2011)?

-Sí, claro. 

-Dios te bendiga. Ahora trabajas para Open Society que recibe dinero de otra gente del extranjero. ¿Cómo vamos a hablar?

Texto: Ana Murillo
Fotografía: Nohely Floritza Barahona

Irreverente, disidente, arraigada a lo justo, y feminista, Juana Pavón continúa siendo arte. En esta ocasión, dejó de lado los escritos y murales, y se transformó en una canción de la banda Puras Mujeres: «Loca Juana» 

Margarita Velásquez Pavón, mejor conocida como Juana Pavón, fue una poeta y actriz hondureña que destacó por nunca callar las injusticias de nuestra sociedad, por su poesía mordaz y por la rebeldía feminista que tanto le caracterizaba. Un alma libre, que escribía lo que resonaba en su ser y que transformó su dolor en arte insolente, en poesía capaz de incomodar a los injustos y de romper patrones. 

En sus escritos se encuentran pedazos de su alma sagaz, rota, ultrajada y violentada, que se convirtió en la voz de muchas sobrevivientes de violencia. Y esto es lo que Puras Mujeres transmite en su canción. 

Loca Juana es una cumbia que viene de las calles, con toques de chachachá, capaz de hacer bailar a cualquiera por la maravillosa combinación de ritmos, donde cada instrumento tiene un toque de protagonismo. Esto sin robarle luz cenital a la letra. Esta describe la esencia de Juana, arrojándonos versos de sus poemas más conocidos, describiendo la cosmovisión de la escritora: «esa sujeto» que no pasó inadvertida, libre, que no obedecía métricas y decidida a no cumplir estándares banales.

Loca Juana nace en el 2019, año en el que muere Margarita Pavón. Se planeó lanzarla en 2020, pero, a causa de la pandemia, se postergó hasta el 2021. No fue hasta el 2022 que se logró grabar y comenzaron los planes de realizar un videoclip, contó Marcela Lara, vocalista de la banda Puras Mujeres. 

El pasado 10 de febrero de 2023, fue publicado el videoclip de Loca Juana como un homenaje para Juana Pavón, para quien el sufrimiento no fue ajeno. En esta pequeña cinta se ve a la intérprete de Juana atravesar portales conociendo el destino que le espera, dándose cuenta que será llamada «Juana, la Loca».

Al momento de grabar la canción en estudio, en paralelo ya se tenía en mente quién sería la mente maestra del videoclip: «Elegimos trabajar con Valeria Godoy, que es una chava muy joven y talentosa, con una visión muy poética. Ella hizo el guión y dirigió el videoclip de Loca Juana… Todo el trabajo intelectual y creativo está hecho por mujeres», expresó Marcela Lara. 

Con poco presupuesto, lograron un trabajo de producción que sobrepasa expectativas y que deja conocer a la poeta de la calle de forma que, aquellos que no escucharon de su nombre en vida, pueden darse una idea de quién era aquella que llamaban «loca». En esto juegan un papel importante las actuaciones de Karla Núñez e Irene Pincel, las actrices que dieron vida a Pavón.

Puras Mujeres es una banda que nació de espacios feministas en el año 2016, integrada por siete talentosas jóvenes atraídas por hacer música de lo que colectiva e individualmente atraviesan las mujeres. Su objetivo, dicen, es inspirar a las más jóvenes, construyendo nuevas referencias musicales en los espacios públicos que están liderados, sobre todo, por hombres. Puras Mujeres espera ser un grupo femenino que invite a nuevas artistas a empoderarse y seguir formando bandas integradas sólo por mujeres. 

Por el momento, con su canción y videoclip, Puras Mujeres ha decidido seguir dando vida a Juana Pavón, la loca que habita en el arte, en la poesía que se declama en las calles, en el teatro que estalla de expresión y en cada mujer que vive autónoma y feliz. 

Porque Juana fue una loca tan cuerda que hizo estremecer a todos los que se jactaban de cordura, demostrando que somos una sociedad un poco loca, un poco Juana. Y su memoria sigue latiendo en los recuerdos y la historia de Honduras, bailando desnuda con el viento, fumando en las esquinas, declamando sus poemas descarados y sin tapujos al unísono del cantar de los pájaros. Y al unísono de Puras Mujeres.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, mencionó en un evento público que en su primer año de administración no había necesitado transferencias del Gobierno Central y en comunicación con Contracorriente afirmó que «no eran pordioseros» y que «con mucho gusto» regresa la transferencia de 21 millones de lempiras destinada por el gobierno central a esta alcaldía para el año 2022.


Texto: Allan Bu

Fotografía: Amílcar Izaguirre

En un cabildo abierto realizado el pasado el 28 de enero donde se presentó el informe del primer año de Gobierno en la Municipalidad de San Pedro Sula, el alcalde Roberto Contreras mencionó que «en su administración no habían necesitado de las transferencias del Gobierno», pero más allá de no necesitarlas, Contracorriente confirmó, de la voz del propio jefe edilicio, que la Alcaldía sampedrana buscó la forma de regresar una transferencia de 21 millones de lempiras realizada por el Gobierno Central en el año 2022.

Lo anterior no deja de ser extraño por la serie de problemas económicos que aquejan a la segunda ciudad más importante del país, pero el alcalde justifica su intención de regresar la transferencia. «Con mucho gusto quisiera regresarlos porque no es justo que el año 2022 el Gobierno Central le haya asignado a la Municipalidad de Tegucigalpa 445 millones de lempiras del presupuesto y a nosotros ningún centavo. Tampoco es justo que en el presupuesto del 2023, se le asigne casi 300 millones más al señor Aldana (alcalde de Tegucigalpa) y a San Pedro Sula no se le asigne ningún centavo», se quejó Contreras. 

El reclamo del alcalde radica en que el Gobierno Central está obligado por la Constitución de la República a realizar transferencias anuales a la municipalidades, de estos fondos forman parte los 21 millones que el alcalde quiere regresar, pero él aduce que a Tegucigalpa aparte de las transferencias de ley se les asignaron más de 700 millones de lempiras y a San Pedro Sula, nada. 

En el presupuesto de la República para el 2023 publicado en el portal de la Secretaría de Finanzas, aparece que el Gobierno dirigido por Xiomara Castro enviará a las 298 municipalidades en todo el país 7,013 millones de lempiras. Según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), desde el 2006 hasta el 2019, el Gobierno Central había trasladado a las municipalidades 48,449 millones de lempiras. Es ley de la República que el 11 % del Presupuesto General —actualmente de 392,000 millones de lempiras— debe ser transferido a las alcaldías. 

En la reformulación del presupuesto realizada en el 2022 por la actual administración en el artículo 191 se indica que estos fondos deberán ser utilizados de la siguiente forma: 35% a proyectos de inversión social que mejoren las condiciones de vida de la población, con atención especial en los grupos vulnerables como niñez, juventud, migrantes retornados y personas con discapacidad, las alcaldías podían utilizar estos fondos para hacerle frente a la pandemia de Covid-19. Se contempla también un 20% a fortalecer el tejido social, 20 % dirigidos a gastos propios de la administración municipal, 10% a mejorar el clima de inversión en el municipio, 5% a la mujer, 5% en programas varios, 1% en transparencia municipal y en el inciso 8 del artículo menciona que el resto se debe destinar a la inversión. 

Las alcaldías deben presentar trimestralmente la liquidación de estos fondos a la Secretaría de Gobernación y Justicia. 

El jefe edilicio le dijo a Contracorriente a través de un audio enviado por una aplicación de mensajería que «los sampedranos no vivimos de dádivas, ni de migajas del Gobierno» y afirmó que iba a publicar un informe en el cual se registra una deuda que la ministra de Finanzas Rixi Moncada le está cobrando a la Municipalidad de San Pedro Sula y que por eso no le realiza ninguna transferencia. A la fecha de esta publicación, el alcalde no ha hecho público tal informe. «Es más, esa única transferencia (21 millones) que mandaron viene del Gobierno del Partido Nacional, Libre no le ha mandado ni un centavo a San Pedro Sula y no estamos tampoco de pordioseros», dijo. Desde la Secretaría de Finanzas se confirmó a este medio que en octubre de 2022, la alcaldía sampedrana recibió 21 millones de lempiras por concepto de transferencia.

También se le consultó al alcalde capitalino Jorge Aldana si su administración ha recibido más de 400 millones de lempiras desde el Gobierno Central, fuera de las transferencias. Vía mensaje de whatsapp respondió que el Distrito Central recibió aproximadamente 130 millones en transferencias municipales que corresponden según la ley y hubo «un caso excepcional que son las viviendas de la Colonia Guillén (hubo un deslizamientos), en el cual el Fondo Hondureños de Inversión Social (FHIS), en el marco de la emergencia, nos transfirió 120 millones para ejecutar». 

Aldana mencionó que existen situaciones en donde se «coordinan entregas de los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero no son fondos municipales, son recursos del Gobierno Central, nosotros ayudamos a coordinar la entrega con los líderes comunitarios». Se intentó constatar la información brindada por el jefe edilicio capitalino en el portal de transparencia de la Municipalidad del Distrito Central, pero el enlace enviaba el mensaje: «not found». 

De acuerdo con el decreto 157-2022, sobre el Presupuesto General de la República del año anterior, las transferencias municipales serán distribuidas de la siguiente forma: el 50 % del monto será distribuido de forma equitativa a todas las municipalidades; el 20 %, por mayor población proyectada en el último Censo de Población y Vivienda y el 30 % de acuerdo con la población pobre de cada municipio. Siendo San Pedro Sula y Tegucigalpa, las ciudades más pobladas del país, hay que mencionar que la capital recibió 100 millones de lempiras más por concepto de transferencia. 

Contreras manifestó que con la administración austera que se está realizando en la municipalidad, esta no necesita «ni un lempira del Gobierno Central», pero advirtió que Libre seguramente querrá hacer política dentro de dos años en San Pedro Sula «¿Quién va a votar por ellos si nos tienen marginados?» preguntó el edil. 

Hay pequeñas alcaldías en todo el país que sobreviven de las transferencias realizadas por el Gobierno. La gobernadora política de Cortés, Alexa Solórzono, dijo que en una reunión de alcaldes del departamento salió a relucir el caso de San Pedro Sula como el único que rechazó el apoyo gubernamental. «Es pilas (el alcalde) para hacer negocios, pero la administración de la municipalidad es diferente porque no hay que esperar ganancias y los tributos del pueblo es para regresarlos con obras sociales y para velar por los desfavorecidos», dijo Solórzano, quien antes de ser nombrada Gobernadora era la candidata a la vicealcaldía por Libre, pero cedió su posición tras el acuerdo electoral con Contreras. 

Solórzano sostiene que ese discurso del alcalde Contreras en el cual menciona que ese mensaje que «con el dinero que tenemos aquí no ocupamos dinero del Gobierno Central» puede cambiar cuando en los barrios comiencen a exigir las mejoras prometidas por este nuevo Gobierno, «espérese que la gente se organice y le exija mejoras en la comunidad», dijo. 

San Pedro Sula, también conocida como la ciudad industrial, tiene entre sus principales problemas, el asentamiento de más de 20 mil familias en 20 bordos de la ciudad. Otro es que el comercio informal se ha adueñado de las principales vías del centro de la ciudad, sin una solución a la vista. El mes pasado vendedores quemaron llantas ante la Municipalidad ante el solo rumor que serían desalojados. Ambos problemas tienen su solución en reubicar a habitantes de los bordos y vendedores, pero en ambos casos se necesita millones de lempiras, que la Municipalidad de San Pedro Sula no tiene.

Uno de los problemas más antiguos de San Pedro Sula es que más de 20 mil familias viven en bordos que protegen la ciudad de inundaciones. Archivo CC.

Lo que sí tiene la Municipalidad son deudas, el vicealcalde Omar Menjívar confirmó a Contracorriente que recibieron las arcas municipales con grandes compromisos financieros. A proveedores diversos se les debía 1,000 millones, con los bancos todavía hay una deuda de más de 3,000 millones, al Cuerpo de Bomberos se les debía 100 millones y a la empresa de recolección de basura Sulambiente cerca de 400 millones.

Menjívar en diciembre del 2022, casi un año después de haber asumido el poder, reconoció que «los problemas fundamentales de San Pedro siguen siendo los mismos, están intactos y algunos casos se han incrementado. Hay que tener conciencia de eso, como es un hombre inteligente (Contreras) creo que va a rectificar y reorientar la Municipalidad.»

Un alcalde polémico

Ha transcurrido poco más de un año desde que Roberto Contreras asumió como alcalde municipal en San Pedro Sula, al norte de Honduras. Recibió la mayor votación de un alcalde electo en la historia de esta ciudad, pero su administración ha sido marcada desde el inicio por las disputas internas con el Partido Libertad y Refundación (Libre), institución con la que hizo alianza para sacar al nacionalista Armando Calidonio del poder. 

Este año ha sido de sobresaltos mediáticos para Roberto Contreras. Desde que dio la instrucción ordenando el cierre de una heladería que vendía productos con forma de penes o de vulvas hasta la acusación de golpista que hizo a su vicealcalde Omar Menjívar. Ha enfrentado protestas callejeras, ha sido confrontado por la base de Libre, por los vendedores del mercado Guamilito y por los vendedores del sector informal. 

Y aún con todo lo anterior, el alcalde sampedrano siempre encuentra la forma de sorprender. En el cabildo abierto en el que presentó su informe, el alcalde felicitó a su antecesor y actual regidor municipal, Armando Calidonio; se acercó a la mesa donde estaba Calidonio y le dio un abrazo. La imagen se hizo viral en redes y la mayoría de medios de comunicación hicieron eco de la noticia porque durante la campaña electoral de 2021, Calidonio -uno de los líderes del Partido Nacional- era constantemente señalado de representar intereses oscuros. En el escándalo, se recogió especialmente la frase de Contreras: «te felicito Armando, hiciste un buen trabajo». 

En las Elecciones Generales de noviembre de 2021, Contreras y Calidonio fueron contendientes por la alcaldía sampedrana. El actual alcalde fue un ácido crítico de la administración de Calidonio, incluso en una entrevista con Contracorriente afirmó que lo más difícil de ser alcalde es que tenía que lidiar con su antecesor «quien ahora se las tira de abogado», dijo.

Durante su comparecencia en el cabildo abierto, Contreras también se abrazó con el vicealcalde Omar Menjívar a quien en diciembre del 2022 acusó de querer darle «golpe de estado», luego que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) iniciara una investigación en la alcaldía de San Pedro Sula sobre la forma cómo de adjudican los contratos. 


Menjívar le explicó a Contracorriente que las pesquisas realizadas por los fiscales, incluyendo la entrevista a un testigo protegido, provocaron la reacción del alcalde, pero que hasta el momento no hay ninguna acusación ni contra el alcalde ni contra nadie, lo que es verídico es esas investigaciones abrieron un nuevo episodio de la confrontación entre Contreras y la facción del Partido Libre.

La administración de Roberto Contreras ha tenido que lidiar con protestas de activistas de Libre, locatarios del Mercado Guamilito y vendedores del sector informal. Foto CC/Amilcar Izaguirre

«El abrazo de Judas»

A los seguidores de Contreras y la militancia de Libre no les cayó bien el abrazo que le dio Contreras al exalcalde y ahora regidor Armando Calidonio. La abogada Alexa Solórzano dijo «cómo carajos vas a decir felicidades a su gestión cuando en la Aldea El Carmen, tienen el crique encima, cuando los niños en Asentamientos Humanos caminan en lodo porque las aguas negras pasan por ahí y los niños del Merendón están estudiando en una galera». 

Contreras, a través de un audio explicó a este medio de comunicación, lo que para él significó ese abrazo con el exalcalde Calidonio. «Hagamos un poco de historia, el señor Armando entró a un cabildo abierto con medidas extremas de seguridad, las cuales yo no ordené. Entró totalmente indiferente y sin saludar ni al alcalde ni a los compañeros corporativos, entonces después que hago la presentación de nuestro primer año de Gobierno, que es superior a los últimos 15 años de gobierno en la Municipalidad de San Pedro Sula, le digo “hiciste las cosas bien”, eso se llama sarcasmo político. Lástima que las personas no lo entienden» se lamentó el alcalde.

«Luego, ante la indiferencia, que ni siquiera saludó a la mesa principal, yo hago lo mismo que hizo el Señor (Jesús) cuando recibió el beso de Judas después que lo había vendido por unas monedas de plata, y lo abrazo. Cada quien da lo que tiene en su corazón, yo tengo aprecio, amor, cariño, tolerancia para las personas», agregó.

A juicio del alcalde, el país no avanza porque cuando los políticos llegan al poder se encargan de pelear contra los que anteriormente estaban gobernando y este no debe ser el objetivo, «la lucha es sacar adelante una ciudad, sacar adelante un país sin andar buscando culpables sino soluciones». 

«En ese mismo acto» — nos dice Contreras—«también llamé al señor Omar Menjívar, vicealcalde, quien me ha atacado en fiscalías y me ha sacado un montón de falacias y mentiras, le di un abrazo. Yo doy lo que tengo en mi corazón, por supuesto no puede dar amor aquel que no lo tiene», concluyó. 

Los desacuerdos entre la corriente independiente de Contreras y el Partido Libre comenzaron apenas la alianza ganó las elecciones, pero el primer gran conflicto fue el despido de tres gerentes que habían sido nombrados por Omar Menjívar en cumplimiento del acuerdo de repartirse la administración municipal, que consta de 13 gerencias. Seis para Contreras, seis bajo la responsabilidad de Libre y una sería entregada al Partido Salvador de Honduras. 

El alcalde afirmó que los gerentes despedidos no cumplieron con las metas establecidas para los primeros 100 días de gobierno municipal. Omar Menjívar asegura que eso es falso porque no había tal plan. «La paradoja es que en su informe de 100 días, (Contreras) destacó los logros de un gerente que despidió. Eso lo que comprueba es que el despido fue de carácter político, lo que quería el alcalde, tal como lo ha ido logrando, es conseguir el control absoluto del Gobierno sin tener un contrapeso», dijo. 

Alexa Solórzano manifestó que al final, «él controla todas las gerencias» y que Omar Menjívar ha sido prácticamente apartado de las negociaciones que actualmente las están manejando «una de las regidoras del partido y (otra) en el Poder Legislativo, pero no puedo dar nombre». Esto da pie para pensar que al interior del partido Libre también hay una división. 

La administración de San Pedro Sula está dividida en las siguientes gerencias: Gerencia de Infraestructura, Salud, Ambiente, Competitividad, Servicios Sociales, Prevención y Seguridad, Participación Ciudadana y Servicios Comunitarios, Legal, Administrativo, Desarrollo Humano, Finanzas, Tecnología y Deporte.

Un detalle que se debe pasar por alto en un gobierno comandado en el que se menciona mucho el enfoque de género es que las 13 cabezas que ayudan a Contreras a dirigir San Pedro Sula, son hombres. “Eso lo critiqué bastante”, nos dice la abogada Solórzano y agregó, “yo sé que no es responsabilidad de él reducir los femicidios (por ejemplo), pero no he visto campañas dirigidas a evitarlo. Siento que no ha habido eso y el tema de género hay que tomarlo con el debido respeto”.

Vendedores del sector informal quemaron llantas frente a la Municipalidad en protesta por desalojos realizados en la cercanía de la Gran Terminal y afuera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Y no solamente fue este incidente, activistas de Libre realizaron protestas en contra de Contreras exigiendo trabajo y pidiendo la salida de empleados ligados al Partido Nacional. Omar Menjívar explicó que la actual administración ha tenido mucha dificultad para responder a la gente que pedía un empleo porque recibieron la Municipalidad prácticamente sin presupuesto para pagar prestaciones laborales y, como cierre, un día antes de entregar la silla municipal, Armando Calidonio despidió a 900 trabajadores que llegaron a reclamar sus derechos laborales en el segundo día del nuevo alcalde.

La última confrontación entre alcalde y vicealcalde de San Pedro Sula fue muy grave. Contreras acusó a Menjívar que le quería dar un golpe mediante una investigación que ha iniciado UFERCO en la alcaldía.«Son dos abogados que mientras yo estuve de viaje con un permiso de Corporación urdieron un plan malévolo y basado en falsedades, negándome el derecho a la defensa, para proceder a nombrar un testigo protegido», dijo Contreras.

El alcalde aseguró que se aprovechó de un viaje suyo a Alemania para intentar arrebatarle la Municipalidad y de esta forma entregarla a Menjívar y que a su vez este apoyaría con su partido al fiscal Luis Javier Santos para que se convirtiese en el próximo Fiscal General de la República.

Menjívar, quien nos atendió en una oficina que en ese momento no tenía climatización, explicó que la Fiscalía ha iniciado una investigación sobre un grupo que opera los negocios en la alcaldía, «ha manejado el monopolio de los más jugosos contratos desde los tiempos de Óscar Kilgore, un grupo que metió en problemas a Kilgore, que lo hizo ir a situaciones de juicios penales y que lo hicieron estar preso varias veces», dijo.

En 2008, el alcalde nacionalista Óscar Kilgore(2002-06) fue encontrado responsable de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Fue capturado y liberado. En 2015 fue nuevamente acusado y no pudo justificar un capital de 8,9 millones de lempiras y fue enviado a prisión. En el 2018 fue absuelto.

El abogado y reconocido defensor de los Derechos Humanos, Omar Menjívar, cedió su candidatura a la alcaldía por el Partido Libre a Roberto Contreras en las elecciones de noviembre de 2021. Foto CC/Amilcar Izaguirre

«Ese mismo grupo sigue manejando los negocios, tiene una capacidad de maniobra y maquinación que le garantiza quedarse con los contratos más jugosos, la Fiscalía está haciendo esa investigación, yo tengo interés que esa investigación se lleve a cabo y que se culmine con éxito y que se libere a la Municipalidad de la influencia de esa mafia porque incluso al alcalde los pueden meter en problemas», dijo Menjívar.

Menjívar declaró que él había puesto en conocimiento del alcalde sus sospechas sobre la operación del grupo que manipula los negocios en la alcaldía. Se lo hizo saber a través de un memorando el 12 de mayo de 2022, «le puse en conocimiento la información que había recibido de la operación de ese grupo y el mecanismo que usaban para asegurarse los contratos. Le di copia a varios regidores y nunca se hizo nada, pero al menos ya tenía conocimiento, no puede decir el alcalde que desconocía eso», mencionó. 

El vicealcalde menciona que lo realizado por la UFERCO es una «diligencia preparatoria» y que no hay ninguna acusación contra alguien. 

Aunque el abrazo entre Menjívar y Contreras en la Cámara de Comercio fue después de esa entrevista, Menjívar dijo que en ese momento miraba complicado que se solventaran los desacuerdos en la Municipalidad.

Improvisación

Cuando comenzó su mandato, Roberto Contreras realizó una serie de promesas entre las que destacaba hacer un hospital materno infantil y comprar el edificio del antiguo Hotel Sula, cosa que no concretó. 

Desde Libre, su otrora aliado, se considera que la administración de Contreras está en deuda con las esperanzas que ha puesto el pueblo de San Pedro Sula en la alianza y también se le acusa de no tener un plan de gobierno para atender a la segunda ciudad del país. 

El vicealcalde Omar Menjívar, un conocido defensor de los derechos humanos, lamentó que el señor alcalde no tuviera un plan de gobierno, aunque lo reconoce como un hombre de muchas ideas, «pero se necesita tener orden y sistematizar esas ideas bajo una visión estratégica a largo plazo», afirmó.

Un empleado municipal que prefirió hablar desde el anonimato coincidió con Menjívar y afirmó que si tuviera que definir el primer año de Gobierno de Contreras y Libre, lo haría con la palabra «improvisación». 

Menjívar dijo en descargo del alcalde, que esta administración tuvo un presupuesto y un plan operativo confeccionado por la administración anterior y esto dejó poco espacio de modificación. «Había poca posibilidad de maniobra a modo que quede mal con la población» dijo. Mencionó la deuda millonaria de más de 4,000 millones de lempiras y el despido de 900 trabajadores un día antes de recibir la alcaldía.

«Lo otro corresponde a nosotros» reconoció Menjívar, en referencia a la deuda de promesas que él considera tiene la actual administración con la población de San Pedro Sula . Acepta que se llegó al triunfo en las elecciones a través de un acuerdo electoral que tuvo como motivación más la necesidad de sacar a quienes estaban gobernando que una alianza pragmática. «Nos ganó la emoción y no nos preocupamos por afinar una alianza, de nuestra parte como Libre teníamos un Plan de Gobierno, quizás no era perfecto pero hicimos un esfuerzo por ofrecer a San Pedro Sula una propuesta que sirviera de guía para el Gobierno», reconoció.

En la presentación de su informe, el alcalde dijo que se había elegido un alcalde para elevar la vida de los habitantes del municipio y hacer un uso racional de los impuestos que pagan los contribuyentes, «eso hemos realizado este primer año y eso vamos a hacer estos próximos tres años».

Durante el primer año de Gobierno de Roberto Contreras, los sampedranos pagaron 2,786 millones de lempiras, según informó la administración actual se recaudaron 400 millones más que en el último año del mandato de Armando Calidonio.

Roberto Contreras ha dedicado esfuerzos a mantener las principales vías de la ciudad en buen estado, pero desde Libre se considera que a su administración le ha faltado rostro humano. Foto CC/Amílcar Izaguirre

La sola pretensión de regresar de 21 millones de lempiras en un país como Honduras genera preguntas. ¿No necesita recursos una ciudad con miles de familias viviendo en condiciones de pobreza? ¿No necesita dinero una ciudad asediada por la violencia? ¿Y la deuda heredada de más de 3,000 millones de lempiras?

Por otro lado, San Pedro Sula no tiene una casa de refugio para mujeres que sufren violencia doméstica y en las transferencias se contempla que el 5% va dirigido en apoyo a la mujer. El rechazo de 21 millones parece que profundiza la separación entre una facción de Libre y Roberto Contreras, alianza que derrotó a Calidonio, pero cuyos desacuerdos comenzaron antes de asumir el poder. En su discurso en la CICC, el alcalde manifestó. “Honduras necesita un presidente sampedrano”.

Contrario a lo anunciado por el Congreso Nacional, el viernes 10 de febrero no se eligió una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), en su lugar, el Partido Libre y el Partido Nacional presentaron sendas mociones nominativas con 15 candidatos, una falta en la práctica legislativa, pues ese recurso ya se había agotado el pasado 25 de enero cuando fracasó el sistema de nómina. Las nuevas propuestas fracasaron, aunque coincidieron en 12 candidatos. Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, dijo que a partir de hoy (11 de febrero) los magistrados actuales son «de facto» porque se vence su mandato, sin embargo la Constitución establece que el tiempo de elección de una nueva Corte se puede prolongar y que los diputados deben votar «cuántas veces sea necesario». 


Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera

Tras 15 días desde que fracasó la votación para la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los congresistas aún no logran consensos. En la sesión de ayer, 10 de febrero, la diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Isis Cuellar, presentó una nueva moción nominativa, la segunda del Partido Libre, que había presentado su primera nómina el pasado 25 de enero a través del jefe de bancada, Rafael Sarmiento.

En la segunda propuesta nominativa del Partido Libre —compuesta por 15 profesionales del derecho— se descarta a José Ricardo Pineda, Mario Carcamo, Felipe Speer Velez y Aida Patricia Martínez, quienes figuraban inicialmente en la lista del Partido Libre. En su lugar se incluyó a Isbela Bustillo, Martha Delia Merino, Walter Miranda y Luis Fernando Padilla. 

La segunda propuesta del Partido Libre no alcanzó la mayoría de votos. Luego hubo espacio para que el diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya, presentara otra moción con 15 candidatos, la cual coincidía con 12 de los enlistados con la moción nominativa presentada por el Partido Libre.

La moción nominativa presentada por Jorge Zelaya tampoco fue tomada en consideración pues no alcanzó los votos necesarios por parte de los congresistas. 

Estos son los 12 candidatos y candidatas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que coinciden en ambas mociones nominativas:

Los candidatos que propone el Partido Libre que no coinciden con la propuesta del Partido Nacional son Rebeca Ráquel Obando, Marta Merino Conde y Mario Díaz Flores. En cambio, la moción del Partido Nacional incluye a Ana Pineda, Daniel Sibrián y José Pineda Medina.

Estos son los 6 candidatos y candidatas a la Corte Suprema de Justicia en los que no coinciden el Partido Libre y el Partido Nacional:

Después de esto, la diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, intervino en la sesión legislativa para denunciar que se estaba violentando el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, y que lo correspondiente era la votación individual de cada uno de los candidatos y candidatas a la Corte.

La diputada Fatima Mena del Partido Salvador de Honduras, fue clara en su posicionamiento, y aseguró que la forma en la que terminó la sesión ordinaria del 10 de febrero en el Congreso Nacional no fue correcta, esto debido a que «el espíritu del legislador no es dejarnos en esta ambigüedad en la que hemos quedado más de 15 días, el espíritu del legislador es empezar con una votación directa para no esperar o depender del “talento” del presidente del Congreso o el secretario del Congreso sino que forzar el ejercicio democrático. Aquí la Junta Directiva (del Congreso Nacional) solo está para dirigir, pero quienes toman las decisiones son la mayoría».

Además, Mena aseguró que desde el inicio el PSH ha sido relegado de los consensos y negociaciones de las otras bancadas, y esto se debe al «tripartidismo» que impera en el Congreso, y al posicionamiento transparente del partido al que pertenece.

«Libertad y Refundación tendrán que dar explicaciones de porqué (en su moción nominativa) metieron a los abogados de Tony y Juan Orlando Hernández, por qué metieron a lavadores de activos, esas cuentas las vamos a tener que rendir cada diputado o diputado cuando nos sometamos al escudriño público en un proceso electoral», apuntó Fatima Mena.

Puntos de disenso 

Antes que la sesión fuera suspendida, hubo intervenciones de los partidos Nacional, Partido Libre y Partido Liberal. Tomas Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, argumentó que lo expuesto por congresistas del Partido Libre era falso, y que no es cierto que se vaya a romper el orden constitucional, pues el artículo 311 de la Constitución de la República señala que, mientras no se reúnan los votos necesarios para elegir a la nueva Corte, se continuará votando hasta que se elijan a los nuevos magistrados y magistradas.

Además, Zambrano citó el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual indica que los jueces magistrados seguirán impartiendo justicia hasta que lleguen sus sustitutos.

«La CSJ no sólo son los 15 magistrados, son las cortes de apelaciones, los juzgados de letras, los tribunales de sentencia, los jueces de paz de lo criminal, los defensores públicos y otros, con ese discurso (de la ruptura del orden constitucional) ustedes (el Partido Libre) están buscando dejar indefenso a un país», manifestó Tomás Zambrano.

En respuesta al diputado Tomás Zambrano, Jari Dixon, diputado del Partido Libre, argumentó que sí se estaba rompiendo el orden constitucional si no se elegía a la nueva CSJ antes de que las autoridades del Poder Judicial dejaran su cargo, mandato que termina el 11 de febrero. 

«Hoy tenemos una responsabilidad porque la Constitución dice que una vez concluyan los 7 años hay que elegir una nueva Corte, y al no hacerlo, entramos en una ruptura del orden constitucional, de no hacerlo estaríamos siendo cómplices de mantener una CSJ que debería de estar respondiendo ante los tribunales por todo el daño que le han hecho a esta sociedad», indicó Jaari Dixon.

Para finalizar la sesión, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, expresó una manifestación en el hemiciclo legislativo. En resumen, el diputado manifestó que, de no elegirse a la nueva CSJ antes de que los magistrados actuales dejen sus cargos, la Corte actual sería un órgano de justicia «de facto», y que es por esta razón que se rompería el orden constitucional.

El presidente del legislativo citó el artículo 195 de la Constitución de la República para validar su discurso. «La Constitución ordena una fecha de inicio y una fecha final para la duración de los mandatos en los distintos poderes del Estado, y el Congreso Nacional no tiene la facultad de cambiar el periodo de duración de la Corte Suprema», argumentó Luis Redondo.

«Contrario a lo que ha dicho la sociedad civil e incluso la oposición que dice que se romperá el orden constitucional, nosotros no lo vamos a permitir, porque los artículos pétreos dicen que ningún poder del Estado puede quedarse más tiempo del estimado», concluyó Luis Redondo.

La próxima sesión legislativa está fijada para las 3 p.m. el 11 de febrero.

¿Contradicciones en los discursos de los congresistas?

«Nosotros ya teníamos un acuerdo con las fuerzas políticas, con el Partido Nacional y con el Partido Liberal, había un acuerdo en elegir, Libre se había bajado a 6 magistrados, el Partido Nacional se quedaba con 5 y el Partido Liberal proponía 4, ya teníamos un acuerdo y al medio día el Partido Nacional dice: no los acompaño mientras no elijan magistrados suplentes, y los magistrados suplentes obviamente son inconstitucionales porque no están en la Constitución de la República», aseguró Ramón Barrios.

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Además, el diputado del Partido Libre argumentó que el cambio de opinión por parte de los nacionalistas en los consensos para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) se debe a que los diputados del Partido Nacional quieren que los magistrados y magistradas actuales de la Sala de lo Constitucional continúen siendo las autoridades del Poder Judicial.

«Ellos (los diputados y diputadas del Partido Nacional) sienten que si elegimos una nueva Corte muchos de ellos van a ir a la cárcel», apuntó Barrios.

El abogado Barrios apoyó el posicionamiento del presidente Luis Redondo, quien aseguró que si no se elige una Corte Suprema de Justicia antes del 11 de febrero los funcionarios actuales quedarían «de facto». «La Corte se elige por un período de 7 años, si mañana (11 de febrero) no hay nueva Corte, la Corte entra en un período de facto», indicó el diputado.

Además, Ramón Barrios descartó que en la bancada del Partido Libre estén de acuerdo con elegir a los próximos magistrados y magistradas con menos de los 86 votos necesarios, tal y como lo indica la Constitución de la República.

«La Constitución de la República establece claramente que mientras no se elijan a los nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia, la actual Corte sigue totalmente en funciones», argumentó por su parte el diputado nacionalista, Nelson Márquez, sobre las declaraciones de diputados del Partido Libre y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, al mencionar que los magistrados de la CSJ actual, a partir del 11 de febrero, son «de facto».

Hemiciclo legislativo previo al inicio de la sesión del 10 de febrero de 2022. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Sobre el acuerdo entre las bancadas del Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, Nelson Marquez, diputado nacionalista, manifestó que fue debido a la indecision del Partido Libre que no eligierona la nueva CSJ.

«El problema con Libre es que, solo el día de hoy cambiaron 3 veces de posición, y lo último que establecieron era que querían 7 cupos (magistrados) ¿Por qué les interesan 7 cupos? ́Porque con 7 cupos ellos controlan la CSJ. La planilla que presentaron no era la que realmente querían elegir, la presentaron ante el pueblo hondureño para lavarse las manos, pero no es cierto», mencionó el diputado Marquez, quien además señala la similitud entre los candidatos presentados por Libre y por el Partido Nacional mediante sus mociones nominativas respectivamente.

Ante la propuesta de los magistrados suplentes, el diputado Nelson Marquez mencionó que esto no significa algo nuevo, pues «siempre han existido magistrados suplentes, lo que han hecho normalmente es que el presidente de la Corte ha elegido, como él quiere y a discrecionalidad, a jueces de cortes de apelaciones para integrarlos, cuando se requiere, porque no hay unanimidad en una sala».

«Al tener ellos 7 magistrados -continúa explicando Nelson Marquez-, como es lo que pretenden, y tener también la decisión de nombrar, antojadizamente, a través de la presidencia de la CSJ a quien sustituya a un magistrado que ya no pueda conocer un caso, entonces ellos podrían estar haciendo lo que quieran en el momento que quieran, donde quieran en la CSJ», concluyó el diputado nacionalista.

En la moción nominativa presentada por el Partido Nacional está incluida la candidata mejor puntuada, Ana Pineda, quien no fue incluida en la moción normativa presentada por el Partido Libre. Además, el Partido Salvador de Honduras (PSH) expresó estar de acuerdo con la elección de la abogada notaria Ana Pineda para magistrada de la CSJ.

Por otra parte, el diputado liberal Ernesto Lezama indicó que desconocían el objetivo por el cual no se eligió la Corte Suprema de Justicia, y que desde el Partido Liberal decidieron no apoyar ninguna de las dos mociones presentadas por el Partido Libre y Partido Nacional debido a que no fueron vistas con seriedad por parte de su bancada.

Lezama aseguró que ellos no consideran que los magistrados actuales continúen «de facto» como lo indicó el Partido Libre, y también señala que ya no apoyan la propuesta de los magistrados y magistradas suplentes, pues como bancada del Partido Liberal, analizaron que esa propuesta «en este momento, no entra legalmente, y con mucha responsabilidad nosotros no vamos a hacer cosas que no estén dentro de la Constitución de la República».

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) desarrolló entre el 6 y 7 de febrero una audiencia pública por la destitución abrupta, en el año 2012, de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de Honduras por parte del Congreso Nacional, liderado en ese entonces por Juan Orlando Hernández. La defensa de Honduras estuvo integrada, entre otros, por la abogada Laura Flores Dubón, secretaria general de la PGR e hija del actual asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, y de la candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Marlina Dubón Villeda. 


Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
Portada: captura de pantalla de la transmisión en vivo de la Corte-IDH 

El Estado de Honduras se comprometió el pasado martes en San José, Costa Rica, a reparar los daños sufridos por los cuatro exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), apegándose a lo que decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). El Estado reconoció también que a los exmagistrados les asiste el derecho de recibir una indemnización económica en compensación por los daños ocasionados.

No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR), defensora del Estado de Honduras, solicitó a la Corte-IDH tener presente «las actividades económicas y laborales de los exmagistrados y tomar en consideración la precaria situación económica del Estado de Honduras».

El caso, conocido como «Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras», tiene que ver con la destitución arbitraria e ilegal, en diciembre del 2012, de Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas y José Francisco Ruiz Gaekel, todos exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes habían sido electos para un período de 7 años y dejarían sus cargos en enero de 2016, pero fueron destituidos cuatro años antes.

Honduras está a las puertas de una nueva condena internacional por la separación arbitraria de estos cuatro exmagistrados, debido a las decisiones tomadas por el Congreso Nacional (2010-2014), pues dichos diputados no contaban en aquel momento ni con competencias ni con facultades para emprender procedimientos sancionadores de carácter político, como al que fueron sometidos.

Es ampliamente conocido que los exmagistrados fueron destituidos porque, entre otras cosas, declararon inconstitucionales leyes promovidas por el expresidente nacionalista Porfirio Lobo Sosa, como la de las Ciudades Modelo —ahora conocidas como Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zedes)—, que, aunque ya fueron derogadas por el actual Congreso Nacional, está pendiente todavía que se ratifique dicha derogación.

El Estado de Honduras ha enfrentado en los últimos años un viacrucis de demandas nacionales y condenas internacionales. Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indican que, entre 1988 y 2022, el Estado hondureño fue sometido a sentencia en 17 casos contenciosos por la Corte-IDH.

«Actualmente, 14 casos se encuentran en etapa de cumplimiento y tres ya fueron archivados. En 13 de las sentencias, hay 117 medidas de reparación dictadas por la Corte-IDH; de las cuales, 34 están cumplidas, 4 cumplidas parcialmente y 76 pendientes de cumplimiento»,informó el Conadeh.

Es importante señalar que existe otra demanda contra el Estado de Honduras denominada «José Manuel Zelaya y otros vs. Honduras», aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 13 de agosto de 2021.

La mayoría de esos seis exfuncionarios demandantes fueron víctimas del golpe de Estado de 2009, incluyendo al expresidente Zelaya, quienes buscaron justicia ante el Sistema Interamericano y están ahora en el poder.

Al expresidente Zelaya, actualmente asesor presidencial y figura omnipotente en el Partido Libre, lo acompañan en esta demanda contra el Estado la actual ministra de Finanzas, Rixi Moncada; el actual asesor presidencial Enrique Flores Lanza; el actual canciller de la República de Honduras, Enrique Reina; Edwin Araque, nombrado en este Gobierno presidente de Banhprovi; Rebecca Santos, actual directora del Banco Central de Honduras (BCH) y Patricia Rodas.

CNA: Bufete ligado a actual secretaria general de la PGR ha presentado varias demandas contra el Estado

El pasado 27 de diciembre de 2022, el sitio Proceso.hn, publicó: «Marlina es la madre de Laura Flores Dubón, secretaria general del bufete D-LEX que tiene demandado al Estado de Honduras».

Contracorriente buscó cómo contactar a la abogada Laura Flores, para consultarle sobre esto, pero no hubo resultados satisfactorios.

Un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en su página 21, reveló que encontraron que en el bufete del señor Milton Jiménez Puerto (también candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia ligado al Partido Libre y al Partido Liberal), se le otorgó poderes a varios abogados para que demandaran al Estado de Honduras. El conflicto radica en que estos abogados, según el informe del CNA, son socios de la actual secretaria general de la PGR, Laura Flores.

«Se le ha otorgado diferentes poderes para pleitos a los abogados Darío Josué García Villalta, Diego Daniel García Villalta y Darlyn Oneyda Reyes López para que entablen demandas contra el Estado de Honduras. En cuanto a esos poderes cabe destacar que los abogados mencionados anteriormente son socios de una de las hijas de (Sonia Marlina) Dubón Villeda, llamada Laura Alejandra Flores Dubón, en el bufete legal D-LEX», se indica en el informe.

«Es decir, —continúa apuntando el informe del CNA—, que los socios de la hija de la postulada a magistrada de la CSJ Sonia Marlina Dubón Villeda tienen a su cargo varias demandas contra el Estado de Honduras. Por otra parte, se tiene información que la abogada Sonia Marlina Dubón Villeda, en representación de la sociedad Bienes Raíces Arias S.A. de C.V. es quien otorgó al abogado César Augusto Girón Lanza un poder como representante procesal de Bienes y Raíces Arias, para que presentara ante la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) un reclamo administrativo por más de 51 millones de dólares estadounidenses», subrayó el CNA en su informe.

Contracorriente buscó la reacción de la abogada Blanca Izaguirre, titular del Conadeh y exintegrante de la Junta Nominadora para candidatos a magistrados de la CSJ. Izaguirre tiene dentro de sus facultades conocer acerca de las demandas contra el Estado porque forman parte de su competencia, al tener que velar por el cumplimiento de las sentencias o para procurar el bienestar de los derechos humanos de las víctimas.

Blanca Izaguirre dijo lo siguiente a Contracorriente: «Yo desconozco lo de Laura. Desconozco que haya trabajado en un bufete y que tenga una demanda contra el Estado. Lo desconozco totalmente y sería irresponsable decirle que sí. Ahora, en el caso del expresidente Zelaya, me imagino que él tendrá ante la Comisión Interamericana su petición, pero esta todavía no ha trascendido a la Corte-IDH».

«Laura es Laura y doña Sonia (Marlina) es doña Sonia. Aquí, yo no estoy apelando por nadie, simple y sencillamente. Le pondré un ejemplo, mi querido amigo, si a mí me hubieran destituido, por ejemplo, como pretendían el año pasado, y lo hubieran logrado, yo hubiera demandado al Estado de Honduras, porque como ciudadana es mi derecho, cuando a mí me despiden sin llevar el debido proceso, e injustificadamente, a mí el derecho me asiste», expuso la titular del Conadeh.

Sobre el caso de la abogada Marlina Dubón, candidata a magistrada, la abogada Blanca Izaguirre expuso que tampoco conoce que Marlina tenga alguna demanda contra el Estado de Honduras y detalló que dentro de la Junta Nominadora la tacha contra ella no prosperó.

«La tacha que tuvo la abogada Sonia Marlina, que ahora es de público conocimiento, tenía que ver con un tema de parentesco y de filiación familiar, pero al final la responsabilidad penal es personalísima y la responsabilidad de los actos también es personal, o sea, yo no puedo responder por los actos de mi papá, por ejemplo. Esa fue la tacha que tuvo (Marlina) en algún momento», expuso Izaguirre.

Sin embargo, Izaguirre dijo que los parentescos conllevan conflictos de interés, «esa misma pregunta se le hizo a la abogada Marlina, me acuerdo en la audiencia (dentro de la Junta Nominadora). Perdón, a la abogada Tirza. A ver, en realidad a las dos les preguntaron sobre ese mismo tema. Y ellas dijeron, que había mecanismos en el sistema para que uno no pueda conocer de una causa: o me excuso o me recusan. Tal vez no estoy hablando del tema legal aquí, pero estoy hablando sobre el tema de la ética».

La titular del Conadeh afirmó que la PGR debería tener un papel «un poco más activo», pues a su criterio es tiempo de «deducir responsabilidad no a la institución sino a quien fungió como titular en su momento, o a quien tuvo la gerencia general o la directriz de una institución, porque al final quien paga es el Estado de Honduras, lo que significa que somos todos los que aportamos con nuestros impuestos».

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Laura Flores Dubón y su defensa ante la Corte-IDH

En la audiencia del pasado martes, referente a «fondos y eventuales reparaciones y costas», además de la presencia del subprocurador Tomás Andrade y la secretaria general Laura Flores Dubón, estuvo presente el abogado Carlos Josué Padilla, servidor judicial, representando al Poder Judicial hondureño. 

Laura Flores Dubón es hija del actual asesor presidencial Enrique Flores Lanza (favorecido por undecreto de amnistía emitido por el actual Congreso en febrero de 2022) y de Marlina Dubón, quien figura dentro del listado de 45 personas nominadas a integrar la CSJ de Honduras (2023-2030). 

La secretaria general de la PGR es, además, prima de la subsecretaria de Gobernación y Justicia, Carmen Haydeé López Flores, y sobrina de la abogada Tirza Flores, actual magistrada de la Corte de Apelaciones y actual candidata a magistrada de la CSJ. 

Su madre, la abogada y notaria Marlina, ha sonado mediáticamente no solo para ser elegida como magistrada, sino como fuerte candidata para ocupar la presidencia de la CSJ.

Laura Flores Dubón no dejó pasar la oportunidad para hablar, durante la audiencia, sobre el actual proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (cuyo debate está suspendido en el Congreso desde la medianoche del 25 de enero por falta de consensos), al afirmar que dicho proceso ha sido «sumamente transparente y ha permitido de gran manera la veeduría ciudadana».

A pesar de aceptar la responsabilidad del Estado de Honduras en la separación arbitraria de los exmagistrados, Flores Dubón expresó que el Estado de Honduras considera que en el presente caso no se configuraron elementos que evidencian violación al derecho a la integridad física de los exmagistrados.

Fachada de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tegucigalpa, capital de Honduras.

«Vale resaltar que, como fue expuesto en nuestro escrito de contestación, solicitudes, argumentos y pruebas, las presuntas víctimas no presentaron ninguna denuncia ante el Ministerio Público, que es el ente investigador del Estado, posteriormente a su destitución», expuso.

La abogada Fabiola Cantú, abogada representante de los exmagistrados hondureños, rechazó esta postura y dijo que hubo 29 hechos señalados ampliamente denunciados ante distintas instancias y «no fueron solamente amenazas, sino que incluyen además intentos de secuestro, abuso de armas, intervención de comunicaciones y, en cualquier caso, reiteramos ante esta Corte que la obligación de activar la investigación en los casos del artículo 5 de la convención es del Estado, y no de las víctimas».

Fabiola Cantú también reaccionó sobre otro punto planteado por Laura Dubón: «Ellos dijeron que una posible reincorporación a la Corte Suprema como magistrados, dictada por esta Corte interamericana, vulneraría el diseño institucional de nombramiento, a esto solo cabe responder con la Convención de Viena, sobre derecho de los tratados que no se pueden invocar normas del derecho interno para el incumplimiento de las obligaciones convencionales que tiene el Estado. Reconocemos que existen enormes desafíos, pero esta Corte Interamericana tiene una oportunidad importante para pronunciarse sobre esta medida de reparación», expuso Cantú.

Daniela Saavedra, abogada de la Sección de Casos de la CIDH, expuso por su parte que, en este caso, si bien el reconocimiento parcial del Estado de Honduras contribuye a la obtención de justicia, dignificaciones y reparación de las víctimas, no comparten el hecho de que el Estado de Honduras se rehúse a aceptar ser responsable por la violación del derecho contenido en el artículo 5 de la Convención, referente a amenazas.

«El presente caso representa la materialización de los graves riesgos que implica para la independencia judicial el control político realizado por otro poder del Estado», expuso Saavedra.

Joaquín Mejía: «Magistrados, antes de ser destituidos, cometieron graves violaciones a los derechos humanos»

Joaquín Mejía, doctor en derecho internacional y quien ha representado a múltiples víctimas ante el Sistema Interamericano, afirmó que el caso de los exmagistrados hondureños destituidos en 2012 da una tremenda lección de vida a los propios exmagistrados, pues estos le dieron la espalda al pueblo hondureño tras el golpe de Estado de 2009.

«De 81 recursos de amparo y habeas corpus que presentó la ciudadanía para que esa Sala de lo Constitucional (integrada por los exmagistrados) los amparara en sus derechos, solo resolvió dos. Los únicos dos que resolvió fueron los que beneficiaban al general golpista Romeo Vásquez Velásquez. Me parece a mí que esta es una lección de vida para estas cuatro personas, porque ellos fueron culpables de las graves violaciones a derechos humanos que se dieron en el marco del golpe de Estado, porque como miembros de la Sala Constitucional no protegieron los derechos de las personas a través de los recursos que se presentaron», expuso.

Mejía dice que esto da otra clara enseñanza: «Los magistrados vieron claramente cómo cuando un Estado no protege derechos queda la posibilidad de acceder a la justicia internacional para que esa justicia ampare derechos, derechos que ellos mismos no quisieron proteger en el marco del golpe de Estado, y eso es algo que es importante no dejarlo a un lado. En segundo lugar, es importante destacar que el Estado ha asumido una buena posición porque ha reconocido la responsabilidad, aunque sea parcial, porque el Estado está aceptando que efectivamente se violaron los derechos de estos cuatro magistrados al destituirlos de sus cargos sin una base legal».

Mejía, sin embargo, reconoció que la posición del Estado es bastante débil al decir que no conocía de las amenazas y coacciones, solo porque estos exmagistrados no presentaron las denuncias respectivas. «Yo incluso entiendo que uno de los magistrados tenía medidas de protección por parte del Mecanismo Nacional de Protección, me parece débil que el Estado argumente eso, sin embargo, el Estado está en su derecho en pelear esa parte porque considera que no hay elementos para probar que el Estado tiene responsabilidad». 

Mejía planteó que lo que queda ahora es que el Estado de Honduras, que va a ser condenado en una sentencia, aplique a través de la PGR una «acción de repetición», que deberá ejercerse contra el servidor o exservidor público que como consecuencia de su conducta haya provocado que el Estado haya resultado condenado al pago de una indemnización.

Uno de los nombres que surgió con más regularidad durante esta audiencia, señalado como culpable de fraguar la destitución de estos exmagistrados, es el expresidente Porfirio Lobo Sosa. El exmandatario, pese a que el Estado está a punto de ser condenado y obligado a pagar enormes cantidades de dinero como indemnización, sigue sin dar el brazo a torcer: «No entiendo cómo pueden demandar, si el Congreso los eligió y si el mismo Congreso los destituyó por mayoría calificada ¿cuál es el problema?», dijo el expresidente Lobo, a la cadena radial HRN.

Por su parte, el abogado Mejía expuso que «esto está establecido en el artículo 324 constitucional, porque esta sentencia condenatoria va a implicar una indemnización, es decir, que se le pague sus salarios caídos a estos magistrados, ese artículo 324 faculta a la PGR para ejercer la acción de repetición, es decir, detectar quiénes son los diputados que votaron a favor de estos magistrados, detectar quiénes son los 13 magistrados de los 15 que votaron en contra de admitir los recursos de amparo a estos cuatro magistrados, y que sean estas personas, a través de sus salarios y de sus bienes, los que reparen al Estado y devuelvan lo que el Estado tiene que pagar como indemnización», expuso Mejía.

Mejía dice que hay suficiente jurisprudencia para descartar que la Corte pueda ordenar el reintegro de los magistrados, porque esto solo ocurre cuando se trata de jueces o magistrados de carrera. «Los altos cargos como Fiscal General, PGR, altos magistrados no son cargos de carrera, ellos solo tienen estabilidad por un período de tiempo muy concreto», expuso.

Joaquín Mejía aseguró que mientras la clase política y los poderes fácticos sigan controlando las decisiones alrededor de estas altas cortes, son muy pocos los avances que podremos ver, y agregó que para fortalecer el Estado de Derecho en asuntos constitucionales es necesario hacer dos cosas: «Eliminar el requisito del notariado y eliminar el tema de la Sala Constitucional. Tenemos más bien que luchar para que exista otro órgano que cierre todo el sistema y que sea independiente: un Tribunal Constitucional, que sea totalmente independiente de todos los poderes del Estado, inclusive del Poder Judicial, porque el golpe de Estado, la reelección presidencial, las ZEDE, esas sentencias (dictadas en su momento por magistrados de salas constitucionales) debieron garantizar el respeto de la Constitución y no lo hicieron, ellos, Gutiérrez Navas y los otros, apoyaron el golpe de Estado, por eso es importante que el máximo órgano encargado de defender la Constitución esté fuera del Poder Judicial».

Sobre el caso Manuel Zelaya Rosales y otros vs. Honduras, Mejía indicó que las personas que figuran como víctimas en este caso han tenido la calidad de víctimas desde antes de ser funcionarias y, por lo tanto, el hecho de llegar al poder del Gobierno no les quita, ahora, su calidad de víctimas. En el caso de Laura Flores Dubón, quien forma parte de la PGR, Mejía consideró que «seguramente», de tocarle conocer ese caso, se excusará.

La violación constante a la Constitución de la República de Honduras, la politización de la institucionalidad y la falta de independencia entre los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), provocan escenarios recurrentes, en donde los victimarios fácilmente se convierten en víctimas. Este es el caso de cuatro exmagistrados hondureños que están a punto de ganar una demanda al Estado de Honduras; también es el caso de exfuncionarios del Gobierno del Poder Ciudadano, que encabezó el expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009), quien, después de desobedecer la decisión de varias instituciones en aquel momento, fue víctima de un golpe de Estado militar que lo sacó del poder.

Después de la destitución del director de Servicio Civil, Leonardo Bú, y de la subdirectora, Miroslava Cerpas, la presidenta Xiomara Castro determinó conformar dos comisiones interventoras: una en Servicio Civil y otra en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). La crisis en Servicio Civil —la institución encargada de las contrataciones del Estado— revela una serie de conflictos de interés entre el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, y el exdirector de Servicio Civil, Leonardo Bú. 


Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen

El 31 de enero ocurrió el estallido de tensiones y presiones dentro de la Dirección General de Servicio Civil, una institución que bajo sus facultades tiene las contrataciones del Estado. Según las personas que se encontraban allí, el enfrentamiento entre las bases del Partido Libertad y Refundación (Libre) y agentes de la Policía Nacional solo representó el detonante de la crisis que se había estado gestando durante meses en esta institución.

«El génesis del problema de Servicio Civil se remonta a septiembre-octubre del 2022, y todo surgió porque desde Casa Presidencial recibimos instrucciones, específicamente la subdirectora Miroslava Cerpas (ahora destituida de su cargo), de hacer una evaluación sobre las contrataciones desde que inició el Gobierno de Xiomara hasta ese momento», explicó Óscar Barahona, militante de Libre y uno de los 15 empleados de Servicio Civil a quienes se les notificó de su despido.

El 31 de enero de 2023, día en el que se produjeron gritos, empujones y amenazas, Óscar cuenta que el exdirector de esta institución, Leonardo Bú, llamó a agentes policiales a su oficina para notificar a 15 empleados de esta institución su despido, contrario a lo expresado después por el exdirector Bú, quien se defendió diciendo que los agentes policiales habían llegado después de que las bases de Libre entraran al edificio.

«La idea de ellos era que nosotros fuéramos cancelados en silencio, que no tomáramos ninguna acción y que partiéramos de la oficina sin novedad alguna, pero nosotros alertamos a nuestros amigos y a las personas que conocemos, alguien de la oficina transmitió en vivo y así empezó a llegar la gente de los colectivos del Partido (Libre)», detalló Óscar, quien aseguró que no tenían conocimiento de que el enfrentamiento iba a escalar a tal grado.

En la evaluación, según indicó Óscar Barahona, encontraron que de 6,000 empleados contratados en Servicio Civil desde que inició el mandato de la presidenta Xiomara Castro, solamente entre 900 y 1,000 eran del Partido Libre, el resto eran militantes del Partido Nacional.

Luego de encontrar este dato, Barahona explicó que la información fue debidamente presentada al ahora exdirector de Servicio Civil, Leonardo Bú, pero el abogado no quiso tramitarla a Casa Presidencial. «Nosotros respetando la jerarquía esperábamos que él (Leonardo Bú) la aprobara y que se mandara al ministro de la Presidencia (Rodolfo Pastor) y que el ministro la transmitiera a Casa Presidencial, pero esto no se dio».

Ante esto, las personas que se encargaron de la elaboración del informe decidieron enviarla directamente a Casa Presidencial; pero al enterarse las máximas autoridades de Servicio Civil y de la Secretaría de la Presidencia de que se había enviado el informe, estas tomaron la determinación de cancelar a los 15 empleados de Servicio Civil y a otros 5 de la Secretaría de la Presidencia.

La Dirección General de Servicio Civil está adscrita a la Secretaría de la Presidencia y es la institución encargada de administrar el recurso humano del Estado, tanto en las instituciones centralizadas como en las descentralizadas. La presidenta Xiomara Castro lo resumió todavía más al llamarla «el cerebro de contrataciones del Estado» en eltweet que publicó anunciando la suspensión, en ese momento, de Leonardo Bú y de Miroslava Cerpas.

El 1 de febrero, día posterior a la controversia dentro del Servicio Civil, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, llegó a la institución a notificar los acuerdos de cancelación de los 15 empleados de distintas áreas. «Incluyeron a 3 nacionalistas con la intención clara de que nosotros después no pudiéramos decir que era persecución política, pero sí lo es», afirmó Barahona, y agregó que también se cancelaron a 5 empleados de la Secretaría de la Presidencia que apoyaron el trámite del informe a Casa Presidencial.

Previo a que esto ocurriera, Óscar Barahona aseguró que dentro de la institución recibían hostigamientos y eran relegados de sus funciones.

Conferencia de prensa el 6 de abril de 2022, en la que Leonardo Bú, exdirector de Servicio Civil, y Miroslava Cerpas, subdirectora, denunciaron 10,000 nombramientos irregulares en el Gobierno de Juan Orlando Hernández. Foto CC/ Fernando Destephen

«Le enviamos tres comunicaciones al ministro (Rodolfo Pastor) –señaló Óscar Barahona– haciéndole ver el hostigamiento que estábamos recibiendo, y pues lamentablemente no obtuvimos respuesta contundente».

Contracorriente solicitó una entrevista con el secretario de Estado en el despacho Presidencial, Rodolfo Pastor, sin embargo, la persona encargada de las Relaciones Públicas de la Secretaría respondió que «como se anunció la intervención de Servicio Civil, él (Rodolfo Pastor) no ha decidido hablar de momento para no entorpecer la investigación».

El 7 de febrero, la presidenta Xiomara Castro anunció quiénes conformarán ambas juntas interventoras. La junta interventora de Servicio Civil estará conformada por el abogado Sergio Coello, Amable de Jesús Hernandez y Leny Aída Ordóñez. En el caso de la OABI, los interventores serán los abogados Hugo Suazo, Roger Mendoza y Rigoberto Portillo Mejía.

En el decreto ejecutivo PCM 07-2023 publicado el 9 de febrero de 2023 se establece que ambas juntas interventoras, tanto la de Servicio Civil como la de la OABI, durarán un año y seis meses. Además, las dos interventoras deberán presentar un informe de los primeros 30 días de gestión al ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, y también al culminar su intervención.

Los vínculos de Leonardo Bú con funcionarios del Partido Nacional y la familia Pastor Fasquelle

No es la primera vez que el abogado Leonardo Bú desempeña un cargo en la administración pública. En la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Bú fungió como asesor jurídico del entonces ministro de Educación, Marlon Escoto, y, posteriormente, pasó a ser director de talento humano docente de la Secretaría de Educación en el Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.

Óscar Barahona, uno de los empleados despedidos de Servicio Civil, muestra como prueba de este conflicto de interés entre Rodolfo Pastor y Leonardo Bú unos oficios que detallan el vínculo entre Bú y el Gobierno de Juan Orlando Hernández. En una nota extendida a la exprimera dama de la República, Ana García, el 8 de marzo de 2016, se solicita el nombramiento de 4 docentes para un Centro de Educación Básica en la comunidad de Río Blanquito, Choloma, departamento de Cortés. Dentro de esta nota se menciona que «esta comunidad es cachureca y contribuyó con su voto en las urnas para convertir al Señor Juan Orlando Hernández en presidente de la república cifrando sus esperanzas en la solución de problemas como este».

Luego, el 19 de mayo de ese mismo año, la ex primera dama Ana García remitió por medio del oficio esta solicitud al entonces ministro de Educación, Marlon Escoto. El 7 de junio, el oficio llegó al abogado Leonardo Bú y él, como subdirector General de Talento Humano Docente, remitió el 13 de junio a la subdirectora departamental de educación de Cortés, Sara Doris Sambulá, la solicitud del nombramiento de 4 docentes en el Centro de Educación Básica de Rio Blanquito en Choloma, adjuntando el oficio suscrito por la ex primera dama Ana García.

Ese mismo día, el 13 de junio de 2016, se nombró a Leonardo Bú Toro como director general de Talento Humano por instrucciones del ministro Marlon Escoto.

«A nosotros se nos hizo increíble casi que un ministro de nuestro partido (Libre) haya nombrado una persona que no es militante del partido (Libre). Todavía hay una estructura del Partido Nacional muy bien montada dentro de las instituciones y Servicio Civil no es la excepción, es una de las instituciones donde hay gente reconocida del Partido Nacional laborando, entonces, consideramos que no son las personas idóneas para estar acompañándonos en el proyecto de la refundación», manifestó Óscar Barahona, exempleado de Servicio Civil.

Además, Barahona mencionó que mientras se desempeñaba como director general de Talento Humano, Leonardo Bú era apoderado legal del ministro Marlon Escoto, y que en agosto de 2016 solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos una investigación a la Asociación de Padres de Familia por presuntamente «incentivar a protestas estudiantiles».

«Eso nos llevó a descubrir que él participó en la desmovilización del gremio estudiantil y del gremio magisterial, a través de la suspensión que se hizo a los maestros y a dirigentes magisteriales como el profesor Jaime Rodríguez, entre otros. Nosotros alertamos al ministro (Rodolfo Pastor) sobre quién era el abogado Bú, pero él nos dijo que (Leonardo Bú) era una persona honorable, que no iba a permitir que nosotros le dañáramos la honorabilidad. Eso generó un ambiente de fricción con el ministro y con el director», explicó.

Publicación de facebook en la que Leonardo Bú resuelve como apoderado legal del entonces ministro de Educación, Marlon Escoto.
Leonardo Bú junto al ministro de Educación, Marlon Escoto.

Pero los vínculos de Juan Leonardo Bú con la esfera política no terminan con el Partido Nacional. Cuando Rodolfo Pastor Fasquelle —historiador y padre de Rodolfo Pastor de María y Campos (actual ministro de la Presidencia)— se desempeñó como ministro de Arte, Cultura y Deportes en el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, giró una invitación a empresas o firmas constructoras para que participaran en la licitación pública para la restauración de un edificio para la Casa de la Cultura en La Esperanza, Intibucá. En el Comité de Licitaciones de la Secretaría para esta licitación, Juan Leonardo Bú fue el director legal.

La invitación para la licitación pública girada por el entonces ministro de Arte Cultura y Deportes, Rodolfo Pastor Fasquelle, se dio el 29 de mayo de 2009, y dentro de los términos de referencia establecidos ese mismo mes se contempla al Comité de Licitaciones de la Secretaría como el que recibe las ofertas de las distintas empresas.

Luego de la crisis por el Golpe de Estado el 29 de junio de 2009, Rodolfo Pastor Fasquelle dejó su cargo como ministro de Arte, Cultura y Deportes, sin embargo, el Comité de Licitación de la Secretaría adjudicó la licitación a la Empresa Ingeniería e Inversiones Zambrano S. de R.L. Inversa), documento fechado el 21 de agosto de 2006 en el que Juan Leonardo Bú firmó como director legal del Comité de Licitación.

Además, en una auditoría financiera y de cumplimiento legal del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) del 1 de junio de 2004 al 30 de junio de 2008, presentada el 26 mayo de 2010, Juan Leonardo Bú informó a los auditores que, como director legal de la Secretaría, solicitó un informe a la dirección general de Investigación Criminal (DGIC) el 2 de diciembre 2008 sobre robos en esta Secretaría de Estado. En este período, Rodolfo Pastor Fasquelle continuaba siendo ministro de Arte, Cultura y Deportes.

Luego de la destitución de Leonardo Bú como director de Servicio Civil y de Miroslava Cerpas como subdirectora, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, declaró ante medios de comunicación que el caos dentro de Servicio Civil fue causado por personas que «buscaban la dirección de Servicio Civil para traficar plazas dentro del Estado».

Ante esto, Óscar Barahona, exempleado de la institución, aseguró que se trata de una acusación directa del ministro hacia los empleados que fueron cancelados y que esto evidencia el hostigamiento y persecución de la que han sido víctimas en la institución.

El 1 de febrero, el ministro de la Presidencia asumió la dirección del Servicio Civil y se presentó a las oficinas de esta instancia en el Centro Cívico Gubernamental, ahí dijo que había pedido perdón a la presidenta Xiomara Castro por haber propuesto a Leonardo Bú y a Miroslava Cerpas para esos puestos.

¿Gobernar para los activistas o gobernar para el país?

Según el abogado y analista Raúl Pineda, la decisión de la presidenta Xiomara Castro de conformar dos juntas interventoras, una para la Dirección General de Servicio Civil y otra para la OABI, no es la decisión más acertada.

Legalmente, la Ley general de la administración pública establece que las juntas interventoras pueden destituir a empleados de la institución y que su gestión no debe de pasar de 30 días, sin embargo las interventoras no han funcionado y en su lugar se han prolongado por años, como es el caso del IHSS.

«La intervención se ha confundido y se ha tergiversado su naturaleza, ya que presentar una comisión interventora para resolver un problema de naturaleza política o de naturaleza administrativa es pensar que se está actuando de manera indebida y la intervención como lo concibe la Ley es para en realidad establecer si el funcionario está actuando bien o mal», afirmó el abogado.

Raúl Pineda explicó que una solución a estos problemas hubiese sido nombrar una comisión que se encargue de evaluar el desempeño administrativo en la cual se debía incorporar a alguien del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y otra en la que se evalúa si los movimientos técnicos en la administración de Servicio Civil son correctos o no.

«Pensar en la intervención como un mecanismo general para resolver problemas que tienen que ver con el nombramiento de los funcionarios en una administración es tratar curar una enfermedad con el medicamento inadecuado», manifestó Raúl Pineda.

Según el medio digitalRevistazo, de 2007 a 2020, han existido 32 comisiones o juntas interventoras, conformadas por 121 personas, de estas, 30 han sido mujeres y 91 han sido hombres. En el Gobierno de Juan Orlando Hernández es en donde se registraron más interventores (64 personas), y entre las instituciones que han sido intervenidas están la Policía Nacional, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

Sobre la postura del ministro Rodolfo Pastor, Raúl Pineda aseguró que, si bien ha proyectado la imagen de ser un funcionario serio, su accionar en la controversia de Servicio Civil demostró los indicios de un deterioro en la cadena de mando que debe orientar la administración del Poder Ejecutivo.

«Yo siento que el ministro (Rodolfo Pastor) no responde al modelo populista con que algunos dirigentes de Libre quieren manejar el Gobierno. No basta que alguien ande con una bandera o inclusive haya tragado gas para que tenga los méritos necesarios para desempeñarse en la gestión pública, y la presidenta tiene que escoger si quiere gobernar para los activistas o gobernar para el país, entre hacer una buena administración o hacer una administración para quienes anduvieron en la calle impulsando el proyecto político de Libre», señaló el analista.

Sobre el empleo a personas militantes del partido de Gobierno, Raúl Pineda manifestó que la Constitución de la República indica que el Gobierno debe fundamentarse en la integración.

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Oficinas de la Dirección General del Servicio Civil luego del enfrentamiento entre la Policía Nacional y activistas del Partido Libre. Foto CC/ Fernando Destephen

Óscar Barahona, exempleado de Servicio Civil, indicó que en el estudio que realizaron no solo consideraban la militancia en el Partido Libre como un requisito para desempeñarse en los distintos puestos de trabajo, sino, el cumplimiento de los requisitos para ocupar los puestos de trabajo.

«Hay mucha inconformidad porque han despedido a gente del Partido (Libre) y yo comprendo completamente que todo mundo tiene derecho a un trabajo, pero no podemos avanzar en nuestro proyecto de refundación con gente que ni siquiera cree en la causa, es por eso que creemos que las personas que están en los puestos de las instituciones públicas deberían ser gente de confianza», manifestó Barahona.

Óscar Armando Barahona se desempeñaba como periodista en la Dirección General de Servicio Civil, y, con el llamado de la presidenta de designar una junta interventora para esta institución, espera que ésta no represente lo mismo de gobiernos anteriores y que verdaderamente tome el control de Servicio Civil. Además, el periodista busca ser reintegrado a la institución junto con sus compañeros despedidos.

«Yo no me siento defraudado por el Partido, ni por el Gobierno tampoco, porque obviamente entendemos que el ministro (Rodolfo Pastor) defenderá al amigo de su familia y de su papá, pero si estamos recibiendo apoyo y el respaldo de las bases del Partido; por eso sentimos que estamos en el lado correcto de la historia; aunque en este momento lo quieran hacer ver de otra forma, nosotros sabemos que eventualmente la gente va a saber que nosotros estamos buscando que el Gobierno avance», concluyó.


Texto: Daniel Fonseca
Fotografía: Fernando Destephen

Alexis Carrasco está esculpiendo a Gallery, su otro yo. Lo ha hecho por diez años y ya es un artesano experto de la agotadora y dolorosa labor de transformarse momentáneamente en mujer. Primero es la estructura: pechos, caderas y nalgas de goma espuma. Ese es el mármol en el que esculpe su obra. 

Se mira al espejo y evalúa el trabajo. Gotas de sudor le bajan por las sienes, arrastran el maquillaje, despegan las pestañas. El sonido de cinta adhesiva tipo industrial al arrancarse atraviesa los delgados muros de la habitación 405 del Hotel Guanacaste. El olor a sudor mezclado con Old Spice llena la habitación. Es un cuarto cálido, húmedo; dentro se podrían cosechar orquídeas, pero lo único que crece es el moho, que se cuela por las esquinas y se arrastra por las paredes. Hacen 30 grados, pero se sienten como 40.

Afuera, Tegucigalpa espera, también se transforma. La avenida Gutemberg queda iluminada únicamente por las luces de farolas y del tráfico, que proyectan sobre el pavimento sombras afiladas como dientes. Un grupo de trabajadores buscan saciar su hambre en pequeños puestos de comida callejera y algunos borrachos empiezan a quedarse dormidos en las aceras.

Es la primera vez que Alexis sale de México. Nació en Cuernavaca, «La ciudad de la eterna primavera» y ahí también nació Gallery. Un día quiso averiguar cómo era verse en el espejo con cabello largo y desde entonces, cada vez que tiene la oportunidad, Gallery renace en toda la gloria de sus pelucas de colores y vestidos de lentejuelas. 

Una reunión con sus amigos la llevó a una fiesta, una fiesta a un certamen de transformismo y desde entonces, de un certamen al otro. Ahora, se prepara para representar a su país en la primera edición del certamen Miss y Mister Universal, a celebrarse en Tegucigalpa, en el Hotel Excelsior, a unas cuadras del Hotel Guanacaste, donde está hospedado.

El evento lleva años postergándose. La pandemia retrasó tanto su programación que por un momento pareció que no se iba a volver a hacer. Pero ahora, tras años de espera, miles de kilómetros recorridos y una pesadilla aduanera intentando pasar un tocado de plumas de metro y medio, Gallery se prepara en su habitación para la gran final.

Pero la competencia no es lo que más importa, dice Alexis. Lo que importa es la emoción.

***

Entre la comunidad transformista no existe una sola opinión sobre qué es el transformismo. Mientras algunas personas lo consideran «hombres que se visten de mujeres», en la práctica es más que eso y en los escenarios lo que reina es la diversidad. Hay de todo un poco.

Los transformistas se apresuran en decir que su disciplina no es lo mismo que el drag, pero los límites son borrosos. No es lo mismo, dicen, pero a veces se parecen un montón y en el escenario cada quién sale a contar su versión de qué es transformismo . Puede que ahí esté su magia, ante el calor de los reflectores y el rugido de los aplausos las definiciones no importan tanto.

Pero, para un certamen se ocupa una rúbrica de qué tanto transformismo llevan los concursantes al escenario. Homar Reyes, uno de los jueces de la competencia, lo plantea de una manera que pretende disipar todas las dudas:

—En el transformismo no están «hormoneadas» —dice.

Es su forma de decir que los transformistas son hombres que se visten de mujeres. 

***

Raelia Mazzut, transformista hondureño, se prepara para el certamen de transformismo Miss y Mister Universal en una habitación del Hotel Guanacaste, en Tegucigalpa. Foto CC/ Fernando Destephen

El Hotel Guanacaste solía ser un restaurante chino y, aunque cambió a dueños hondureños, aún conserva un par de elementos decorativos que delatan su origen. La recepción es pequeña y oscura, salvo el mostrador y un par de asientos, la única decoración que hay es un Confucio de madera y una figura de gato dorado con la pata levantada para invocar la buena fortuna. En cada piso, frente a las habitaciones de los huéspedes hay una manguera contra incendios: las instrucciones siguen estando en mandarín.

Como todos los restaurantes chinos del centro de Tegucigalpa que también son moteles y que se promocionan a sí mismos con la etiqueta de «Hotel» para verse más amigables, el Hotel Guanacaste se ha ganado su reputación. Quienes llegan a hospedarse no lo hacen por el confort de sus colchones, renovados con la llegada de su nueva administración, o por el café que ofrecen en la recepción, con el sabor lejano pero familiar de la salsa de soya.

En los cuartos, que van desde 350 a 550 lempiras la noche, se hospedan viajeros de áreas rurales buscando cita en el Hospital San Felipe o en la Embajada de Estados Unidos, que han esperado el suficiente tiempo y van a seguir esperando más; amantes que buscan un lugar privado para tener sus encuentros lejos de las miradas de esposas y esposos y también trabajadoras sexuales que pagan semanalmente dos mil lempiras para poder vivir ahí y dormir hasta las tres de la tarde, esquivando el hambre antes de la jornada.

La recepcionista es una mujer de piel bronceada que baja la voz al hablar de sus antiguos jefes. No juzga, no mira mal, no tiene memoria. Ofrece un saludo y una de esas sonrisas amables y cómplices de quien ya ha visto mucho. Cuando Alexis y el resto de concursantes del certamen bajan en tacones y lentejuelas en dirección al evento los despide con una sonrisa.

— Adiós, chicas.

Marian y Gallery, transformistas mexicanos, se maquillan para el certamen de transformismo. FotoCC/ Fernando Destephen.

Oriana, hospedada en la habitación 303, está familiarizada con hoteles como este. Para ella, a diferencia del resto de las concursantes que vienen de todas partes de Centroamérica y México, las calles del Centro ya son familiares. Quizá por eso es la más nerviosa. 

El atuendo que escogió para la categoría de vestido típico es el clásico que se utiliza el 15 de septiembre: tela blanca, de algodón y detalles azul marino. Es un vestido sencillo. Oriana y las demás participantes hondureñas no tienen los recursos para invertir en los grandes espectáculos que todas las demás concursantes tienen preparados. Mientras ellas, para esa sección del concurso se visten de figuras mitológicas, Oriana va de campesina.

La idea no parece desmotivarla. 

—¿Cuánto les cuesta un traje?

—Uy, unas le van a decir miles, yo voy al bulto y me armo un traje —asegura Oriana. Cuando no es Oriana se llama José.

Escogió su nombre en honor de Oriana Marzoli, una «chica reality» española con «una personalidad parecida a la suya. Una explosión de sentimientos».

Cuando era trabajadora sexual atendía a sus clientes en otro motel-restaurante chino no muy diferente a este, a solo unos minutos de aquí. A diferencia de tantas otras, decidió dedicarse al oficio «para probar», pero no es una experiencia que repetiría.

—La calle te atrapa, no es para todas. Pero yo ganaba bien. Lo más que llegué a recibir en una noche fueron 23 mil lempiras. Esa vez no tuvimos relaciones, el cliente sólo quería que lo acompañara toda la noche mientras se metía coca.

—¿Y a qué se dedicaba el cliente?

— Era general de la Policía Militar.

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Raelia Mazzut, transformista hondureño, se prueba un vestido antes del certamen. FotoCC/ Fernando Destephen.

Anthony Bonilla, maestro de ceremonias del Miss y Mister Universal, se encarga de toda la logística para que esta primera edición del certamen se desarrolle de la mejor manera. Tras varios días de eventos tiene la voz hecha añicos, solo se le escucha porque da instrucciones con un micrófono. Su figura es pequeña, lleva una calzoneta corta y la camisa negra con el logo del evento en letras doradas en una tipografía que cuesta leer. Hasta hace poco tenía la mitad del cuerpo paralizado por el estrés.

—¿Por qué hicieron el certamen en el Hotel Excelsior?

— Queríamos hacerlo en el Teatro Manuel Bonilla, pero no nos dieron el permiso. No es un evento «cultural», según ellos —dice.

El Teatro Manuel Bonilla se alza imponente en las calles del Centro, cerca de la Galería Nacional de Arte y el Museo de la Identidad Nacional como columnas de la «alta cultura» capitalina. Está cerrado casi todos los días del año. Cuando no, alberga presentaciones de ballet, conciertos de orquestas, de jazz fusión y eventos de la Secretaría de Arte, Cultura y Deporte a los que asisten, principalmente, los pocos que pueden permitirse ese tipo de entretenimiento.

De vez en cuando también hay teatro. A veces hasta es gratis. 

Pero eventos como un certamen de transformismo están relegados a bares y discotecas cuando no hay presupuesto, y en salones de hoteles como el Excélsior cuando sí.

—No hay apoyo —se queja—. Ni por parte de los bares, ni por parte del Gobierno para que yo pueda decir «Yo puedo vivir como transformista, yo puedo vivir como animador haciendo mi arte» porque no lo pagan, no lo apoyan. Creen que esto es como «¡Ah, le gusta hacerlo y ya!» No pues. Esto también lleva plata. Hace mucho [tiempo] atrás era más apoyado por las discotecas, porque nos prestaban el espacio para poderlo desenvolver y darnos a conocer como transformistas.

Pero ya no.

Antes de la pandemia había seis o siete eventos de transformismo al año solo en Tegucigalpa. Aunque no aparezcan en los libros de historia, las calles de la capital guardan la memoria de cientos de eventos, públicos y privados, de la comunidad. Algunos tan viejos que todavía no habían descubierto los términos LGBTIQ+ y todo se catalogaba bajo la categoría de «gay» o «travesti», entre otros términos menos amables.

La época dorada del dragshow capitalino se vivió durante la década de los ochenta y principio de los noventa, cuando toda una generación que aprendió a evadir a los militares salió por primera vez a la calle en un país con pretensiones democráticas, solo que en ese tiempo a quienes tenían que evadir era a la policía.

De pronto, la clandestinidad, que era la forma de vida para todos, se volvió una válvula de escape para explorar la carne propia, sus límites y posibilidades y terminó por crear un microcosmos sexual y político, levantado sobre tacones y pelucas, pechos falsos, plumas, lentejuelas y todo.

Los eventos se desarrollaban en cualquier espacio donde no llegara la policía a hacer arrestos por indecencia o por prostitución, usualmente en bares y discotecas a los que se entraba con membresías exclusivas para los clientes de confianza. En aquel entonces, el solo hecho de salir a la calle le puso una diana en la espalda a toda la comunidad LGBTIQ+ de la ciudad y las violaciones a derechos humanos eran la norma. 

No es que ahora la situación haya mejorado. En 2014, el Foro Nacional de Sida, la Asociación LGTBI Arcoíris, la Colectiva Amazonas y Progressio/Latina presentaron un informe que señalaba a la policía hondureña como «el principal agresor y violador de los derechos humanos contra la comunidad LGTBI+» y ha existido una vulnerabilidad especial contra las mujeres trans y quienes viven con una expresión de género diferente.

En ese sentido, Vicky Hernández, una trabajadora sexual trans asesinada por los militares en la noche del golpe de estado en 2009 ha sido el ejemplo principal del trato que las fuerzas de seguridad pública le han dado a la comunidad en el nuevo milenio. 

Desde su asesinato hasta 2022, 397 personas gays, lesbianas, bisexuales o trans han sido víctimas de muertes violentas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Honduras culpable de la muerte de Vicky y como una de las medidas reparatorias, Honduras tiene que implementar leyes y protocolos que protejan a las personas LGBTIQ+ hondureñas, como una ley de la identidad de género que les permita a las personas trans un documento de identidad que reconozca el nombre que escogieron. Aún no pasa. 

Para el momento de esta resolución, la mayoría de los misters, las misses y las showgirls de la vieja Tegucigalpa ya no vivían en la ciudad.

A una parte la mató el SIDA, a otra el Estado. Los demás migraron.

Con su ausencia, los espacios que una vez reclamó la comunidad fueron cerrando, primero poco a poco y luego de golpe. A principios de la década de 2020, los certámenes de transformismo se realizaban únicamente en la discoteca Imperio Dubái, que colapsó por las tormentas en mayo de 2022. Ahí mismo, en 2019, la Policía Nacional detuvo a siete personas por «escándalo en la vía pública», luego de casi asfixiar a los presentes con gas lacrimógeno.

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Marian durante su presentación con traje tradicional en el certamen de transformismo, en un salón del Hotel Excélsior de Tegucigalpa, Honduras. FotoCC/ Fernando Destephen.

El segundo paso en la transformación son las texturas. Diez pares de medias abrazan la carne, la aprietan hasta casi —casi— cortar la circulación y dejan unas pantorrillas lisas y suaves.

—Siempre en las caricaturas me llamaba la atención el personaje femenino. El que tenía el pelo largo o algo que tuviera un toque más femenino que los demás. De chiquito nunca me sentí diferente — cuenta Alexis.

Alexis empieza a maquillarse, intentando aprovechar la poca luz que queda en la habitación. Tras mucha deliberación, se decidió por un vestido amarillo para llegar al evento. En cuanto llegue se lo va a cambiar.

—¿Y el transformismo?

—Una ventana más para la discriminación.

Transformistas mientras recorren Tegucigalpa en dirección al Hotel Excélsior. FotoCC/ Fernando Destephen

Lo último es la altura. Con los tacones llega casi a los dos metros de altura, con ellos pretende desfilar y bailar toda la noche, también recorrer las calles de Tegucigalpa. La gran final, se lleva a cabo en el salón principal, a la par de una reunión de las Ecuménicas por el derecho a decidir, una organización que, sorprendentemente, aborda el feminismo y la diversidad sexual desde la teología. 

Aunque no gane, Alexis no se transforma por los premios. Su recompensa, desde siempre, han sido las miradas incrédulas, los susurros diciendo «No manches ¿es Alexis?». Y ahora, conocer Honduras y caminar en sus calles. Eso vale el esfuerzo, la presión de las medias, la comezón de la peluca, la incomodidad de los tacones. Tras diez años, el transformismo se ha vuelto una parte inseparable de quién él es. No una manera de convertirse en alguien más, sino de expresarse con total libertad. 

Sale del hotel en dirección al evento, los transeúntes giran el cuello en ángulos incómodos solo para ver. Algunos le gritan, otros silban. Todas las miradas sobre ella. Gallery no conoce la ciudad, pero la experiencia es familiar. 

—¿No te preocupa que te pase algo en la calle?

—No. —dice— Me preocupa más el calor. 

Las sombras, ahora más densas, se tragan los destellos de su vestido. Gallery avanza hacia la oscuridad y se pierde en ella.

Fotografía y texto: Fernando Destephen

Hay un ambiente espiritual que envuelve la atmósfera comercial de la Plaza Japón, la rotonda ubicada en el extremo oriente del bulevar Suyapa, uno de los más transitados de Tegucigalpa. La calle de acceso a la Basílica de Suyapa y a la Ermita se llenan de ventas de comida, dulces, ropa, zapatos, medallas, postales, ollas, accesorios de celular y velas para pagar alguna promesa hecha a la Virgen de Suyapa a cambio de sus favores, los milagros.

María Ángela González viajó desde Veracruz, una aldea del departamento de Comayagua. El milagro que agradece y por el que llegó hasta la Basílica de Suyapa es que cuando nació su nieta por cesárea no tenía dinero para pagar por una transfusión de sangre por lo que le pidió a la virgen interceder en situación desesperada. María aseguró que, al salir del hospital, la transfusión de sangre había sido pagada por lo que se sintió «súper alegre con la virgen».

Los peregrinos se pueden contar por miles y provienen de casi cada rincón olvidado del país; llegaron en buses que se estacionaron alrededor de la Basílica, en la calle, en áreas verdes y en terrenos ociosos en los que estacionar vehículos se convierte en una fuente de ingresos para muchas personas que, a cambio de un codiciado espacio para dejar el carro y una ligera oferta de «se lo cuidamos» esperan unos cuantos lempiras por el favor. 

Esa multitud de peregrinos contrasta con los policías militares y preventivos que, bien armados, deambulan dentro del terreno de la iglesia y fuera de esta para custodiar a las figuras políticas de la administración de Xiomara Castro, a ella misma y a su hijo y Secretario Privado, Héctor Zelaya, y al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Los funcionarios resguardados por las autoridades no hicieron las largas filas que hizo el pueblo devoto. 

El 276 aniversario de la milagrosa aparición de la virgen de Suyapa se conmemoró casi con la misma emotividad de cada año. Pero no fue igual, pues el aniversario coincidió con una transición en la cúpula de autoridades de la iglesia católica ya que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga cumplió 80 años de edad y renunció a la conducción de esta iglesia en el país. El mando de la arquidiócesis de Tegucigalpa será asumido por el cura español, José Vicente Nácher Tatay. El cardenal Rodríguez Maradiaga jugó un papel polémico durante el Golpe de Estado de 2009 porque lo avaló y con eso lo hizo también la institución religiosa. Sin embargo, el 14 de abril de 2022, durante una misa previa a la Semana Santa y la última en su puesto, el cardenal pidió perdón, pero dirigido a los sacerdotes.

«En este momento, teniendo presente que en la Divina Providencia es la última Misa Crismal que presido como Arzobispo de Tegucigalpa, yo quiero pedirles perdón a los sacerdotes si por mis límites no he sabido responder a lo que tienen derecho a esperar de su obispo»

Julio César Zelaya Figueroa de Lejamaní, de Comayagua, dijo que tenía el brazo derecho «como pelado» y atribuyó a la Virgen de Suyapa su sanación. Por ese milagro de la virgen es que desde hace 34 años llega en peregrinación a la Basílica a agradecer.

«Voy a estar viniendo hasta que Dios me quite la vida» dijo Julio César y, a pesar de que no ha experimentado otro milagro de la virgen, su devoción lo lleva año con año a cumplir la promesa por ese primer milagro. Muchos como Julio César acamparon en carpas y colchones donados por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) donde se acumulaban los peregrinos. María Ángela y Julio César representan a una población que debe esperar milagros para resolver los problemas que las instituciones públicas no pueden atender.

El terreno de la iglesia es un paisaje de olas de gente esperando en fila para que funcionarios de Copeco o militares les entreguen ya sea comida, una cita médica o un colchón. Los que no encontraron espacio en las carpas, improvisaron tiendas de campaña hechas de cobijas y lazos amarrados a arbustos y postes.

En el 276 aniversario del hallazgo de la virgen de Suyapa todos se mueven en filas en los terrenos de la Basílica, hay desorden pero se avanza, los devotos intentan no perder su lugar para entrar a la iglesia, presentar sus saludos a la virgen y salir de la Basílica para intentar despedirse de la presidenta Castro.

La sentencia de “deportación” leída por Octavio Rothschuh, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, detalla que los reos de conciencia fueron “deportados” a Estados Unidos y declarados traidores a la patria, inhabilitando de forma perpetua ejercer funciones en nombre de Nicaragua y de cualquier cargo de elección popular. De inmediato, la Asamblea Nacional justificó la decisión del judicial quitándole a los encarcelados su nacionalidad nicaragüense.

Por Divergentes(@DivergentesCA)

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó esta mañana el destierro de 222 presos políticos a Estados Unidos. El acta de “deportación” fue leída en una conferencia de prensa que fue presidida por Octavio Ernesto Rothschuh, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), en un acto “aberrante”, ya que un nicaragüense no puede ser “deportado de su patria”. Luego, casi de inmediato, la Asamblea Nacional aprobó una reforma al artículo 21 de la Constitución Política para arrebatar a los encarcelados políticos su nacionalidad.

“De conformidad a los artículos 1, 2, 3, 24, 34 y 9 de la Constitución Política de Nicaragua, artículos 31, 409, 410, 412, 413, de la Ley 641 del Código Penal, Ley 1055, Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo a la Independencia, los sentenciados que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional atentando contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense perjudicando el interés supremo de la nación. Por consiguiente, se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas”, informó Rothschuh.

El magistrado del TAM agregó que todos los presos políticos fueron deportados del país por cometer actos que menoscaban la independencia de Nicaragua, por incitar a la violencia, la desestabilización económica y por lesionar los intereses supremos de la nación.

“Fueron declarados traidores a la patria, inhabilitados de forma perpetua para ejercer función pública en nombre de Nicaragua y cualquier cargo de elección popular quedando suspendido de forma perpetua. Ellos están en Estados Unidos y de esta forma damos por concluida la sentencia de deportación”, finalizó el magistrado del TAM.

A renglón seguido, los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, reformaron el artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua para justificar el despojo de la nacionalidad nicaragüenses a los 222 presos políticos que la madrugada de este nueve de febrero fueron desterrados hacia Estados Unidos en un vuelo chárter por ser considerados “traidores a la patria”.

“Las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 237 del 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense”, dicta la reforma aprobada por los parlamentarios.

La modificación a la ley fue aprobada de forma expedita con 85 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. “Nuestra Constitución Política estipula en el artículo 1 que es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional”, justificaron.

“Una aberración”

Esta semana el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), tildó la pena de inhabilitación absoluta de por vida para ejercer cualquier cargo público o de elección popular y el ejercicio de los derechos políticos, como “la aberración más grande y como el último atropello a la inteligencia de las y los nicaragüenses y de la comunidad internacional”.

Para el Cenidh este tipo de decisión del régimen sandinista es una afrenta al derecho y a los organismos internacionales de protección de derechos humanos que permanentemente están insistiendo en condenar las violaciones a las garantías del debido proceso, a las que están sujetas las personas presas políticas en Nicaragua.

El Cenidh insistió en denunciar esta nueva forma de persecución indiscriminada que es la destrucción total no solo de la institucionalidad sino de cualquier vestigio de seguridad jurídica que quede en el país. “La inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos o de elección popular y suspensión de los derechos políticos, profundiza la represión en Nicaragua”, señaló el organismo de derechos humanos.

“Algo más profundo”

Por su parte la socióloga Elvira Cuadra manifestó que el tema de la inhabilitación de cargos de elección popular no es una simple rabieta de los dictadores como venganza hacia los presos políticos, sino que tiene que ver, quizás, con algo más profundo.

“Es probable que Ortega esté previendo un proceso electoral y entonces no quiere a ninguno de los presos políticos deportados compitiendo en esas elecciones”, expresó Cuadra.

Hay historias que empiezan desde «bien abajo», como la de un grupo de niños y niñas de una de las colonias más afectadas por la inseguridad en Tegucigalpa que han encontrado en el boxeo un espacio de libertad y seguridad, quizá el único que tengan. 

«Estos niños, cuando tengan 15 o 16 años, solo Dios los va a parar porque realmente les gusta esto» dijo Geovani Hernández que es un boxeador que ganó la medalla de oro en los juegos de Tegucigalpa en los años de gloria del gimnasio Ruben Callejas Valentine en la década de los 90. Este gimnasio estaba ubicado en el barrio Abajo de Tegucigalpa y se perdió con el huracán Mitch en 1998. Desde ese momento quedó en ruinas como un lugar inseguro hasta que en el 2009 abrió como el Instituto Polivalente San Martín un colegio público.

«Eso no es boxeo es pelea callejera», corrigió René Gonzales, al grupo de niños que en ese momento entrenaba. René es una figura mítica del boxeo hondureño, de su rostro cuelgan algunas arrugas, camina un poco encorvado y en su cuello lleva un cronómetro; parece una persona frágil vestido con ropa deportiva, pero su manera de hablar y dar órdenes lo ubican en un puesto de autoridad incluso mayor a la de Giovani, quien respeta mucho a René, su entrenador y gracias a quien ganó un título centroamericano. 

René González es un entrenador de origen nicaragüense al que se le deben la mayoría de medallas hondureñas en el periodo de 1984 a 1990. «La mayoría de las medallas del 84 al 90 han sido bajo mi dirección técnica» dijo René que es el entrenador que ha hecho a figuras del boxeo hondureño como el mismo Geovani Hernández, Julian Sólis, Ángela Miranda, Darwin Ángeles y Roberto Martínez.

Ahora ambos, maestro y alumno, trabajan para el Comité Olímpico Hondureño entrenando a los niños de la colonia San Miguel.

La colonia San Miguel, como tantas otras en Tegucigalpa, está bajo el control de pandillas que luchan por el territorio. Sin embargo, las canchas donde Giovani y René entrenan a los niños están en un territorio «neutral» por su cercanía con una estación policial.

El grupo está integrado por aproximadamente 20 niños, vecinos del sector de entre 7 y 13 años de edad. Iveth Torres, que forma parte del patronato de la colonia San Miguel y que está muy al pendiente de los entrenamientos, cuenta que de las niñas y niños que entrenan, ocho fueron rescatados de la calle. «Sí, ellos andaban en vagancia, ejercían la mendicidad. A raíz de que están [en los entrenamientos] ahora ellos esperan que lleguen las dos de la tarde para venir acá» contó Iveth mientras observaba una pelea de entrenamiento.

Antes de iniciar el entrenamiento de ese día, Giovani Hernández dijo, sin decir las causas, que a dos de los niños los abandonó su mamá y que ellos lo buscaron por ser la figura de autoridad más cercana. En este caso, dijo Giovani, el entrenamiento debe ser el doble «porque esto a ellos les pegó fuerte, no querían venir a entrenar y ellos vienen porque vienen los otros niños, pero no es igual».

Como los niños que fueron abandonados por su madre, muchos otros que asisten a estos entrenamientos enfrentan situaciones difíciles. Por esa razón, la Federación Hondureña de Boxeo, del cual depende el proyecto de entrenamiento, incluyó charlas de apoyo psicológico para los niños y niñas. Sin embargo, dado que no hay fondos públicos para implementar esas charlas, los niños reciben una charla psicológica de 20 minutos impartida por voluntarios de una ONG que desarrolla proyectos en la colonia San Miguel. Dijo Giovani que en la sesión de psicología se les pregunta si les gusta otro deporte pero «para ellos, en primer lugar, está el boxeo» comentó.

Es la una de la tarde y la mayoría de los niños ya está en la cancha de la colonia San Miguel; todos usan ropa deportiva, llevan tenis y se ven limpios aunque su ropa no lo está. Y no tiene que estarlo, puesto que es ropa para entrenamiento, para sudar y ensuciarse. El entrenamiento inició a las 2 de la tarde, pero Hernández dijo que a veces se extienden hasta las 4 pm porque los niños tienen tareas de la escuela y no pueden descuidarse.

Este proyecto inició hace dos años, en plena pandemia por Covid-19, cuando al lado de la cancha multiusos de la colonia San Miguel funcionó un albergue para gente damnificada por un derrumbe en la zona. El proyecto empezó con dos niños de ese albergue, dos primos que ahora son campeones nacionales.

Desde ese momento, el grupo creció y se han sumado niñas como Rocío Escalante quien se puso los guantes, hizo la fila como todos, golpeó las almohadillas que Giovani sostenía frente a ella para luego repetir el ciclo. Rocío tenía un solo objetivo: golpear las almohadillas; calculó, golpeó y su rostro se transformó mientras seguía las indicaciones del entrenador «jab, jab, esquive, jab» y de regreso a la fila.

«¡Sombras!» gritó Giovani y los niños empezaron a golpear al aire. Hacer sombra es pelear con un boxeador imaginario realizando todos los movimientos aprendidos. Todos hacen sombra, todos pelean con ese peleador imaginario, todos esquivan y lanzan golpes.

«Nosotros trabajamos con microciclos» dijo Hernández y mostró una hoja de papel con apuntes de entrenamientos, puntos, nombres, avances, minutos de práctica. Explicó que este entrenamiento no es improvisado y que el proyecto depende de la Federación Hondureña de Boxeo, la que a su vez es reconocida por el Comité Olímpico Hondureño y que a nivel internacional son reconocidos por la Confederación Americana de Boxeo y por la Asociación Internacional de Boxeo -que son los que rigen el boxeo olímpico a nivel mundial. La Confederación Americana de Boxeo tiene, por primera vez en su historia, a un hondureño como vicepresidente, Dhany Reyes, quien también preside la Federación Hondureña de Boxeo.

En el grupo que se reúne ahora los niños no pasan de los 13 años y ya hay campeones nacionales entre ellos. 

Este año estos niños se someterán a su primera competencia fuera del país, en Guatemala. «Nos están dando el apoyo para ver si podemos viajar a Guatemala este 26 de marzo» dijo Hernández.

Mientras se soluciona el tema de los fondos para el viaje a Guatemala, Giovani y René, iniciaron el entrenamiento observados por algunas madres de familia que acompañaban.

El espejismo del deporte

Dhany Reyes, vicepresidente de la Confederación Americana de Boxeo, explicó que el proyecto con los niños depende -por el momento- del Comité Olímpico Hondureño. «¿Por qué digo esto? Porque el gobierno en la actualidad todavía no nos reconoce, cuando hablo de gobierno me refiero a la Condepah que es la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras. Pensamos que son cuestiones personales de ellos porque cada institución tiene sus estatutos y a quien amparan es a nosotros, a la Federación Olímpica» explicó Dhany y agregó que eso es porque ellos, como Comité Olímpico Hondureño, sí tienen el reconocimiento internacional.

«El Comité Olímpico hondureño también sobrevive de fondos internacionales, los fondos internacionales provienen del Comité Olímpico Internacional» explicó Dhany desde el centro de alto rendimiento también conocido como la residencia olímpica para atletas dentro del complejo de la Villa Olímpica.

El deporte en Honduras se centra en el fútbol, los demás atletas son noticia cuando – con mucho esfuerzo y casi sin fondos – logran una medalla centroamericana o se vuelven famosos en el exterior; pero es un momento fugaz, luego la realidad golpea con un gancho seco y el «KO» llega, los atletas se encuentran en el olvido y sin saber hacer más que una actividad física que no se remunera en el mercado laboral, en este punto dejan de interesar a las autoridades deportivas porque ya no facturan las bolsas de dinero como antes. Otros, como Giovani, hacen carrera en el boxeo pero como entrenadores.

El espejismo en el deporte lo describe Dhany Reyes diciendo que el boxeo en Honduras depende del Comité Olímpico Internacional porque el Comité Olímpico Hondureño «es uno de los comités olímpicos más pobres a nivel del mundo» y agrega que «se ha dejado de crear o no se ha hecho una estructura deportiva».

«Por ende el Comité Olímpico hondureño, al ver que no hay una estructura deportiva, que no hay masificación deportiva, crearon su propio Centro de Alto Rendimiento y Centro de Iniciación Deportiva» explicó Dhany. El Centro de Alto Rendimiento y el Centro de Iniciación Deportiva es un edificio acondicionado para ser un internado para atletas y que estos tengan lo necesario para estar enfocados en su disciplina deportiva; y sí han logrado objetivos porque de ahí es de «dónde han sacado prácticamente la mayoría de las medallas en la historia del deporte hondureño» dijo Reyes. Estos son atletas invisibles que logran resultados.

Los déficits que Dhany explicó se enfrentan muchas veces usando instalaciones deportivas multiusos, como las canchas de la colonia San Miguel, para proyectos deportivos fuera del contexto futbolístico, mientras el gimnasio Rubén Callejas Valentine funciona ahora como colegio.

Una oportunidad en medio de la indiferencia

El proceso para convertir a estos niños en boxeadores es complejo y lleva unos cuantos años. Esta generación ya está avanzada, pero Reyes es consciente de que no será fácil: «no va a ser fácil porque como no tenemos presupuesto prácticamente trabajamos con pura gestión, no nos paramos, porque si nos paráramos pues no haríamos absolutamente nada» y recordó que en el año 2022 organizaron un evento en San Pedro Sula con 32 peleas y 64 boxeadores de distintos clubes.

Pero no todo es la pasión por el boxeo. Esta generación de atletas debe cumplir sus deberes escolares, sino, no hay entrenamiento; también cuidan la disciplina y para esto hay un canal de comunicación entre el entrenador y la madre o padre de familia que es infalible. «Tenemos un grupo de WhatsApp» dice Iveth sin perder de vista el entrenamiento. 

El grupo también funciona como un cartel de avisos de eventos para participar con el grupo de niños. Al consultar sobre cómo obtienen los fondos para movilizar y alimentar a más de 30 personas, Iveth respondió «nosotros generalmente, aquí en el patronato, buscamos cómo gestionar transporte, nos ayuda a veces la Policía, de repente el mismo patronato absorbe algunos gastos cuando hemos salido de gira. Los papás les ponen generalmente comida y ellos comen llegando a los eventos, siempre contamos con alimentación».

Faltan dos meses para el viaje a Guatemala y los entrenamientos son duros, el enfoque es esa competencia, la primera fuera del país. Mientras la tarde se quema en el piso de las canchas de la colonia San Miguel, la práctica termina con un ciclo de carreras. «Al último le caen las avispas» gritó Iveth. Otros niños invadieron la cancha con su balones de basquetbol y René les recordó que aún no habían terminado el entrenamiento y que podrían resultar lastimados en algún choque.

Al terminar el ciclo de carreras los niños se reunieron cerca de la gradería de la cancha casi con la misma energía que al inicio; reían, platicaban y se formaron para recibir una tortilla frita con frijoles envuelta en papel transparente y un jugo embotellado que Iveth les entregó. Todos se despidieron de René y volvieron a su casa, tal vez contando su historia del entrenamiento, como Kevin que iba platicando emocionado con su mamá mientras se aleja de las canchas que ahora, finalizado el entrenamiento, son usadas para otros deportes y otros juegos.

Fotografía y texto: Amílcar Izaguirre

El gobierno dirigido por Xiomara Castro despertó la esperanza en la población hondureña de que los principales problemas que esta enfrenta serían resueltos. Uno de ellos es el alto costo de la canasta básica, cuyos precios se han disparado en los últimos meses poniendo en una situación difícil a las familias más empobrecidas. El costo de la canasta básica, en la mayoría de los casos, supera lo recibido con los salarios de las personas en un país con una alta tasa de desempleo y subempleo. 

Según Adalid Irías, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica (Adecabah), a finales del 2022 el costo de la canasta básica era de 11,700 lempiras y para inicios del 2023 alcanzó los 12,300 lempiras debido al aumento de los precios de productos como el huevo, maíz y frijoles con lo cual, el costo de la canasta básica podría superar el salario que recibe un obrero. La tabla de salario mínimo fijado para el año 2022-2023 según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) lo ubica entre los 10,600 lempiras y 14,800 lempiras según el tipo de actividad.

Para evitar el aumento de precios, la presidenta Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y mediante el decreto PCM 04-2022, ordenó congelar los precios de 40 productos de la canasta básica del 2 de diciembre de 2022 al uno de enero de 2023. Entre los productos incluidos en esta medida temporal estaban los huevos, el aceite y los frijoles. Si bien esta medida pudo haber reducido el malestar en la población, la inconformidad volvió a los hogares hondureños cuando, al iniciar el año 2023, los precios volvieron a subir.

En los mercados de San Pedro Sula como «El Rápido» y «Dandy», el cartón de huevos pasó de 130 a 140 lempiras en menos de dos semanas. «Hace un año, con 140 lempiras podía comprar dos cartones de huevos [60 Unidades] ahora solo me alcanza para uno. Dejé de ir a los supermercados para comprar más barato en el mercado, para ahorrar unos lempiras y comprar otras cosas, pero a donde vaya los precios son iguales» comentó Isaías Cerrato mientras hacía las compras en el mercado «Rápido» de San Pedro Sula. Antes de comprar, Cerrato seleccionaba lo de mayor necesidad dando prioridad a los alimentos y dijo que ha empezado a comprar menos cantidades, por ejemplo, antes compraba cuatro pollos y ahora solo le alcanza para dos.

«Uno tiene otros gastos, tengo a mi hija en la escuela y los útiles también están caros. Yo pagaba 150 [lempiras] de agua, ahora pago 700, y no se diga del precio de la luz, y los salarios siguen iguales prácticamente, ya no ajusta para nada» comentó Isaías e hizo un llamado al Gobierno de la presidenta Xiomara Castro para que haga algo, que de órdenes para congelar los precios o que busque soluciones económicas que detengan esta situación.

Paola Estrada una sampedrana de 38 años pensó que las cosas iban a cambiar con el nuevo Gobierno y que sería favorable la llegada de Xiomara Castro para la población, pero ahora piensa solo fueron ilusiones porque no fue así. «Ahora nos damos cuenta que el poder cambia las personas y toca aferrarnos a vivir por fe con la esperanza en Dios, porque es el que pone y quita a los presidentes de esos puestos», dijo Estrada quien pertenece a una familia de cuatro miembros que dependen de ella y que ahora han dejado de comprar algunos productos, como el pescado, porque no les alcanzan los ingresos. 

El 21 de enero, mediante un boletín dado a los medios de comunicación, Adecabah confirmó que 50 libras de harina de maíz de una de las marcas más consumidas en el país pasó de 458 a 490 lempiras. El boletín menciona que Pedro Barquero, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, dijo que los precios reportados por la Adecuada eran solo especulación.

Sin embargo, los vendedores de tortillas confirmaron que sí hubo aumento y que han tenido que hacer algunos ajustes para que sus clientes no sientan tanto el golpe. Nobel Rivera, dueño de una tortillera, relató que para no subir el precio tuvo que quitar una de las ocho tortillas que contiene el paquete por el cual las personas pagan 7 lempiras en las pulperías. Asimismo, comentó que a otro de sus colegas le tocó reducir el tamaño de las tortillas de maíz para poder cuadrar las cuentas ya que, al asumir el nuevo incremento en el precio de la harina de maíz, el negocio no le generaría ingresos.

Elizabeth Cardona, dueña de un puesto de carnes en el mercado «Dandy» en San pedro Sula, comentó que las familias que llegan a comprar a su negocio han reducido la cantidad de productos que antes compraban como el pescado y la carne de res y que ahora solo llevan carne de pollo porque es más barata. «Los clientes cuando vienen se quejan diciendo que todo está caro, los que antes compraban cuatro pollos ahora pueden comprar dos y han dejado de comprar la pechuga de pollo -deshuesada- porque subió tres lempiras las últimas semanas» comentó Cardona.

El último dato oficial sobre el nivel de pobreza registrado en Honduras es de 74 por ciento de la población; sin embargo, no hay datos oficiales del año 2022 para determinar el aumento o disminución de la pobreza. La presidenta Xiomara Castro, en su informe presentado el 31 de enero mediante cadena de radio y televisión, habló sobre los logros obtenidos en su primer año de gobierno pero no habló sobre índice de pobreza durante este tiempo. Entre las medidas adoptadas por el gobierno para ayudar a los más pobres habló de los subsidios a la energía y los combustibles. Según Informes oficiales, la tasa de inflación cerró el año en 9.8 por ciento lo que significa que hay una reducción de salarios y empleo que es igual a más pobreza y menos acceso a la canasta básica.

Según el boletín de Universidad Nacional Autónoma de Honduras de enero del 2023 titulado «Principales retos económico de Honduras para el 2023» donde toman las proyecciones del el Banco Central de Honduras (2022) Indica que en 2023 la inflación continuará desacelerándose y se situará por encima del rango de tolerancia establecido (4.0% ± 1.0 pp) lo que tendrá un impacto directo en el poder adquisitivo de las familias y disminuirá la eficacia de los programas gubernamentales orientados a combatir la pobreza.

La presidenta Xiomara Castro dijo también que el gobierno ha llegado a 2,500 pequeños agricultores dándoles semilla mejorada de maíz y frijoles para la siembra de primera y de postrera así como fertilizante y bono tecnológico productivo. Aun así, el precio de los granos y las verduras en los mercados de San Pedro Sula siguen subiendo y, según lo dicho por los vendedores de los mercados, varios de estos productos provienen de países como Guatemala y de El Salvador.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
Con colaboración de Leonardo Aguilar

Después de reunirse en el Congreso Nacional, los jefes de bancada decidieron que el 10 de febrero se llevará a cabo la elección de los próximos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Mientras tanto, en Contracorriente continuamos perfilando a los candidatos cuestionados y que figuran en las listas de los distintos partidos políticos para ser las próximas autoridades del Poder Judicial.

Entre las candidatas y los candidatos que tuvieron tachas y denuncias en contra y que están dentro de la lista que presentó el Partido Libertad y Refundación el 25 de enero están: Milton Jiménez Puerto (Partido Libre), Anny Belinda Ochoa (Partido Nacional) y Gaudy Alejandra Bustillo (Partido Nacional).

En el caso de la lista sugerida por el Partido Salvador de Honduras (PSH) y anunciada el 1 de febrero previo a la reunión de jefes de bancada, los candidatos y candidatas cuestionados son: Milton Jiménez Puerto, Gaudy Alejandra Bustillo, Roxana Liceth Morales y entre otros postulantes a considerar, Linda Patricia Reyes.

Casi todas las resoluciones declaradas sin lugar en contra de estos candidatos, fueron resueltas por unanimidad de votos en la Junta Nominadora. Sin embargo, en el caso de las denuncias en contra de la candidata Anny Belinda Ochoa y el candidato Milton Jiménez Puerto, los representantes de sociedad civil votaron en contra de declarar sin lugar sus tachas, por lo que estas fueron desvirtuadas por mayoría de votos y no por unanimidad.

Raúl Pineda, abogado constitucionalista y expostulante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo a Contracorriente que todavía no se han revelado las interioridades que se dieron dentro de la Junta Nominadora para la elección de las próximas autoridades del Poder Judicial, y que, al final, pareciera que la nómina de 45 candidatos y candidatas fue algo que creó muchas expectativas y que al final no se vio reflejado en el esfuerzo de la Junta.

«Yo creo que todavía no se han revelado algunas interioridades que se dieron en el proceso de la Junta y que al final la nómina resultó de una especie de ´El parto de los montes´ (título de una fábula de Esopo, fabulista de la Antigua Grecia, referente a acontecimientos que se anuncian como algo más grande de lo realmente termina siendo) donde hubo mucho ruido, muchas esperanzas, muchas expectativas pero que al final no valió la pena para tanto esfuerzo y tanto sacrificio por parte de los miembros de la Junta Nominadora y de la sociedad en general», expuso Pineda.

«Yo conozco casos, el caso al menos de una persona que no pasó el examen de conocimientos pero que la siguiente semana estaba totalmente habilitado para continuar su participación en la competencia, parientes de postulantes que trabajaban con la Junta y otra serie de cosas que no nos parece correcto. Siento que pudo haber sido mejor el trabajo de la Junta, pero el equipo de respaldo y técnico no estuvo a la altura», manifestó el abogado.

La Junta Nominadora estuvo integrada por representantes de siete sectores, entre ellos: Olban Valladares y Helui Castillo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); Waldo Rivera y Julissa Aguilar del Claustro de Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; Mario Urquía y Reina Nájera del Colegio de Abogados de Honduras (CAH); María Elena Sabillón y Joel Almendarez de la Conferderación de Trabajadores; Josue Padilla y Daysi Rodriguez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Martha Dubón y Tomás Andino de la sociedad civil. En la secretaría técnica estuvieron Gustavo Solorzano, Ariel Díaz y Karol Bobadilla, Karla Alegría y Rafael Jeréz.

Además, Pineda aseguró que la Junta Nominadora actuó en favor del partido de Gobierno, siendo un ejemplo de esto la nómina presentada por el Partido Libre en la sesión legislativa del 25 de enero, y que, aunque existan sectores dentro de la Junta que obedecían a otros partidos políticos, podrían ahora obedecer a los intereses del partido actual, pues «nadie en su afán de sobrevivir quiere enfrentarse al poder», dijo.

Presentamos aquí cada una de las denuncias, los descargos y las resoluciones de la Junta Nominadora sobre los candidatas que continúan en el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ):

Gaudy Alejandra Bustillo Martínez 

Denuncia:

Según la denuncia TD-PCSJ-60-2022 se le acusó de ser funcionaria pública y al mismo tiempo ofrecer servicios como notaria pública, es decir, de ostentar distintos cargos públicos a la misma vez. Algo que está prohibido en el Código del Notariado, pues cuando los notarios ostentan cargos públicos, tienen el deber de cerrar sus protocolos.

Descargo:

Bustillo alegó que su protocolo de notaria estaba debidamente cerrado, y que mientras fue comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) solicitó una licencia sin goce de sueldo en el Instituto de Previsión Militar (IPM) mientras además era docente a medio tiempo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). 

Resolución:

Tacha declarada sin lugar por unanimidad de votos.

Roxana Liceth Morales Toro

Denuncias:

Acusada de negarse a pagar el fuero sindical a trabajadores del Sindicato del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos, Alcantarillados y Similares (Sitrasanaays) cuando esto ya se había garantizado vía resolución en 2019 (TD-PCSJ-4-2022). También fue acusada de otorgar 21 cartas de libertad al expresidente Leonardo Callejas en la denuncia TD-PCSJ-120-022.

Descargo:

Sobre la denuncia TD-PCSJ-4-2022 en la que la candidata es acusada de vulnerar los derechos laborales de trabajadores del Sitrasanaays, Morales respondió que no solo su criterio fue tomado en cuenta, sino el de todos los colegiados de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán.

Sobre la segunda tacha (TD-PCSJ-120-022), la candidata aseguró que no es cierto que haya otorgado 21 cartas de libertad al expresidente Callejas debido a que no formó parte del Juzgado de Letras Primero de lo Criminal en Tegucigalpa, en donde fueron imputados los delitos en contra de Leonardo Callejas, y ella en ese tiempo integraba el Juzgado Segundo de lo Criminal.

Resolución:

Denuncias declaradas sin lugar por unanimidad de votos.

Anny Belinda Ochoa Medrano

Denuncia(s):

Entre las nueve denuncias presentadas en su contra están: no entregar a tiempo la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras (CAH); omitir realizar una investigación en contra de dos funcionarios judiciales mientras era Supervisora General del Poder Judicial y, mientras desempeñaba ese cargo, dejar impunes actos de responsabilidad administrativa de jueces allegados a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Partido Nacional.

La postulante también fue denunciada por dictar un fallo sin atender un proceso investigativo, en el cual dictaminó una adopción en favor de una familia de alta posición política y económica del país. Además, se le acusó de negar realizar investigaciones mandadas por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en contra de tres magistrados que dictaron sobreseimiento a los 22 imputados en el Caso Pandora mientras era Inspectora General de Tribunales en 2018.

 Descargo:

Sobre las denuncias TD-PCSJ-06-2022, TD-PCSJ-23-2022 y TD-PCSJ-86-2022 en las que señalan que la postulante Anny Ochoa no se retiró del cargo como presidenta del CAH (cuando debía hacerlo el 30 de abril de 2020 y lo hizo hasta septiembre de 2020), la candidata respondió que se resolvía un recurso de amparo mientras ella continuaba siendo la presidenta del CAH y esto hizo que las autoridades continuaran de manera provisional. Ya resuelto el recurso, se procedió a hacer el traspaso a Fredis Cerrato. 

Sobre la denuncia TD-PCSJ-41-2022, sobre la omisión de Ochoa de realizar una investigación contra dos funcionarios judiciales mientras ella era Supervisora General del Poder Judicial, la candidata respondió que ella no tuvo conocimiento de ese asunto, sino la Inspectora Adjunta. 

En el descargo de la denuncia TD-PCSJ-88-2022, sobre haber dejado impunes actos que conllevan responsabilidad administrativa de jueces y servidores judiciales allegados a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Partido Nacional (precisamente en el caso de la abogada Ingrid Monzón López), Ochoa respondió que esta denuncia no cuenta con ningún medio de prueba que acredite su mal proceder, pero aun así hizo referencia al principio de independencia judicial.

En la tacha TD-PCSJ-87-2022 se denunció a la candidata por el mal manejo de un expediente que conocieron en la Corte de Apelaciones de lo Civil, el cual enviaron de forma tardía. Ochoa contestó que, como la denuncia no era en contra de una persona específica, se investigaron a todos los empleados y funcionarios que están asignados al despacho.

Sobre la tacha TD-PCSJ-42-2022 en la que se acusó a Anny Ochoa de no atender un proceso investigativo mandatorio en el caso de niñez en el que ella omitió informar al Instituto Hondureño de la Niñez y Familia (Ihnfa) sobre el caso de una menor que estaba siendo conocido por ella como juez y terminó concediendo una adopción a favor de una familia con alta posición política y económica, Ochoa respondió que sí conoció el expediente registrado bajo el número 280-2012 que trataba de una menor en situación de riesgo social pero estableció que su actuación fue en el marco de la Ley para salvaguardar los derechos de la menor y que finalmente ella no concedió la adopción.

Sobre la denuncia TD-PCSJ-135-2022, sobre que Ochoa, siendo Inspectora General de Tribunales (2018), se negó a realizar investigaciones a tres magistrados por el delito de prevaricato por órdenes de la Uferco, la candidata explicó los parámetros establecidos en la Ley de la Carrera Judicial (artículo 5) establecen que «se exceptúan de la aplicación de este régimen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia», por lo que, en su función como Supervisora, se limitó a la aplicación de esta Ley. Además, Anny afirmó que no existe denuncia del fiscal Luis Javier Santos sobre ese asunto en la Supervisión General del Poder Judicial.

En la denuncia TD-PCSJ-32-2022 se acusó a la candidata de recibir al abogado Mauricio Velazco Laínez mientras era presidenta del CAH quien pidió el apoyo de la institución para solicitar al fiscal general Oscar Chinchilla iniciar investigaciones sobre amenazas en su contra y de su familia, lo que habría obligado a Velazco a dejar Honduras. Esta solicitud se realizó el 23 de noviembre de 2018 y al no recibir respuesta se volvió a realizar el 25 de enero de 2019 y el 30 de mayo de 2019. Sobre esto, Anny respondió que, en efecto, todo lo de la denuncia es cierto, ella recibió a Velazco, pero indicó que la Junta Directiva del CAH que ella recibió en el periodo 2018-2020 no contaba con una normativa que amparara actuaciones en materia de prevención, seguridad y atención a los abogados en situaciones de amenaza. Fue por eso que hasta la asamblea del 30 de abril de 2019 se aprobó el reglamento para decretar las medidas de protección de los abogados lo cual fue publicado hasta el 26 de julio de 2019; pero que de igual forma se realizaron las acciones sobre este tema al hablar con autoridades del Ministerio Público y se logró firmar un convenio con la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).

Resolución:

En cuanto a la denuncia sobre el caso de la abogada Ingrid Monzón, la junta estableció que esta resolución tiene un razonamiento contradictorio, y que cualquier observador podría considerar que la conducta de Anny Belinda Ochoa es reprochable, «pero a renglón seguido la exonera de cualquier responsabilidad», además, la Junta admitió que existe una falta de diligencia de la abogada postulante, pero que «estas son situaciones que pueden ser analizadas en la matriz de evaluación técnica de este proceso de selección». 

En la votación, la Junta declaró por unanimidad sin lugar las denuncias TD-PCSJ-06-2022, TD-PCSJ-023-2022, TD-PCSJ-86-2022 y TD-PCSJ-88-2022; y por mayoría de votos declaró sin lugar las denuncias TD-PCSJ-41-2022, PD-PCSJ-42-2022, TD-PCSJ-87-20222 y TD-PCSJ-135-2022, en las que no estuvieron de acuerdo los representantes de la sociedad civil.

Linda Patricia Reyes Interiano

Denuncia:

El denunciante indicó que Reyes Interiano se encuentra con una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por el delito de prevaricato judicial (denuncia TD-PCSJ-44-2022).

Descargo:

Sobre la denuncia interpuesta por la abogada Milena María Castellón contra la candidata por prevaricato judicial, Linda Patricia Reyes indicó que, según el informe de la Secretaría de la Corte de Apelaciones de lo Civil en San Pedro Sula, han existido dos recursos de apelación impetrados por la abogada Castellón en los que ella ha tenido que ser magistrada propietaria y que han sido dictadas conforme a derecho, y aseguró que existe una confusión en cuanto a nombres y las acciones judiciales que se han entablado.

Resolución:

Declarada sin lugar por unanimidad de votos de la Junta.

Junta Nominadora realiza entrevista a postulante a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto CC/ Fernando Destephen

Nelson Danilo Mairena Franco

 Denuncias:

En la denuncia TD-PCSJ-39-2022 se le acusó de tráfico de influencias para resolver a favor de su esposa, quien actúa en representación de la empresa Publicidades Garnier S.A., en el que el Juzgado de lo Civil de Francisco Morazán que consiste en la prohibición de innovar y celebrar actos y contratos, que por su numeración conoció la corte segunda de lo civil, en el cual el abogado Mairena Franco cedió el poder a Yesica del Carmen Miranda para simular que no influiría en la sentencia, pero esto se evidenció para la manipulación del derecho y el abogado Mairena con el cargo que ostentaba; pero logró que se revocara una medida cautelar irrevocable. También la denuncia señala que Nelson Mairena realizó una transacción de compra venta de un inmueble propiedad del representado de la denunciante utilizando como testaferro a su esposa y a una empleada doméstica.

Descargo:

Ante la denuncia, Danilo Mairena respondió que él es magistrado integrante de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, pero que no es funcionario ni tiene oficina ni sueldo en el poder judicial, sino que se integra a la Corte cuando se lo solicitan y se le paga una dieta por la audiencia a la que haya asistido. Además, Mairena señaló que no es cierto que haya influenciado en el pleito en cuestión, debido a que la primera sentencia fue favorable a la denunciante y que en la segunda sentencia que se le señala por tráfico de influencias fue la denunciante quien no interpuso recurso contra la mencionada sentencia, por lo que quedó firme.

Resolución:

Denuncias declaradas sin lugar por unanimidad de votos de la Junta.

Milton Danilo Jiménez Puerto

Denuncias:

En las dos denuncias (TD-PCSJ-80-2022 y TD-PCSJ-108-2022) se le acusó de actos irregulares mientras era comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y Canciller de la República. Además, se le acusó de problemas con las fuerzas de seguridad y de infracciones a la Ley de Tránsito.

Descargo:

En su descargo Milton Jiménez Puerto respondió que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) le han remitido constancias que constatan que no tiene ningún tipo de responsabilidad firme ni existe intervención alguna por presunción de enriquecimiento ilícito, así como no tener registros de denuncia penal en el Ministerio Público, ni demandas contra el Estado de Honduras según la PGR.

Sobre la denuncia TD-PCSJ-108-2022, Jiménez Puerto dijo que los altercados con la Policía Nacional se debieron a detenciones arbitrarias y que en ningún caso se le ha acusado de manejar un vehículo infringiendo las leyes de tránsito y que él logró probar su inocencia en cuanto al delito de portación ilegal de armas indicando que en las ocasiones que ha sido detenido ha sido objeto de brutalidad policial debido al escrutinio público por el ejercicio de su función pública por hechos acaecidos durante los años 2007, 2008, 2009 y 2013.

Resolución:

En la votación, la junta declaró sin lugar las denuncias por mayoría de votos, en lo que fue disidente la sociedad civil.

José María Díaz Ávila

Denuncia:

Según la denuncia TD-PCSJ-38-2022, se acusó a José María Díaz de no brindar respuesta a un profesional del derecho que solicitó «protección solidaria y gremial» para su vida y profesión mientras el candidato era presidente del Colegio de Abogados de Honduras en 2016.

Descargo:

En su respuesta, José María Díaz dijo que las solicitudes y comunicaciones deben remitirse a la secretaría del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), por lo que el denunciante obvió la utilización de los canales correspondientes, y dijo que el tema era más familiar que del denunciante y no era algo por el ejercicio de su profesión.

Resolución:

Declarada sin lugar por unanimidad de votos de la Junta.

Edin Yobany de la O Ramos

Denuncia:

El denunciante indicó que el abogado Ramos «favoreció a corruptos con sobreseimientos definitivos a cambio de obtener el exequátur del notariado en 2022», y que además ha gozado de beneficios como carros blindados para uso personal, tiene vínculos personales y profesionales con el expresidente acusado de narcotráfico Juan Orlando Hernández y ahora dice militar en el Partido Libre (denuncia TD-PCSJ-64-2022). En la otra denuncia (TD-PCSJ-110-2022) se le acusa de cometer el delito de prevaricato en el caso Caja Chica de la Dama determinando que la ex primera dama «no era funcionaria».

Descargo:

Sobre las denuncias Edin Yobany respondió que él obtuvo su exequátur de notario luego de catorce años de haber presentado su solicitud y veinticuatro años en el ejercicio de la profesión, y añadió que las resoluciones judiciales se han emitido de forma colegiada y en el marco de la ley, atendiendo la imparcialidad e independencia judicial y con la debida fundamentación y motivación jurídica, e hizo un resumen de cada una, aclarando que hay un proceso en el que no integró el pleno de la Corte de apelaciones en razón de una excusa que presentó.

Edin Yobany aceptó que, de manera verbal y con el fin de optimizar los recursos y la agilización de los procesos penales, le planteó al magistrado presidente del Poder Judicial la necesidad de unificar juzgados, tribunales de sentencia y cortes de apelaciones de los circuitos de crimen organizado y corrupción, pero nunca se presentó ese proyecto. Además, aclaró que no es cierto que haya sido favorecido con vehículos blindados, que tampoco ha sido beneficiado por múltiples viajes al extranjero, solo los ha hecho en su condición de magistrado, pero por invitación de organismos internacionales.

El candidato también añadió que tampoco es cierto que celebró una fiesta privada con el expresidente Juan Orlando Hernández y que tampoco es asesor oculto del presidente de la CSJ; lo que sí reconoció fue que ha integrado plenos judiciales de la CSJ cuando no existe en el pleno de la CSJ.

Resolución:

Denuncias declaradas sin lugar por unanimidad de votos de la Junta.

Yuri Fernando Melara Berlioz

 Denuncia:

Conforme a las denuncias TD-PCSJ-61-2022, 103-2022, 128-2022, al abogado notario se le acusó de seguir un procedimiento viciado de nulidad y de obstrucción a una investigación mientras fungía como Fiscal General Adjunto. Además, al postulante le fue revocada la visa americana, y se le denunció de intervenir para obstruir las investigaciones sobre actividades en la tala ilegal de árboles supuestamente realizadas por Comercial Noriega, algo ordenado por el expresidente Ricardo Maduro.

Descargo:

Yuri Melara respondió sobre la TD-PCSJ-13-2022 que los argumentos en su contra se sustentan en un «artículo sensacionalista e irresponsable de El Pulso», quedando desmentidos por la institucionalidad del Estado de Derecho a través de sus órganos competentes, los cuales hace más de 18 años se pronunciaron a su favor. Además, el candidato señaló y acompañó una resolución en forma de auto de desestimación emitida por el Ministerio Público a través de la Fiscalía especial contra la corrupción y luego de 5 años de investigación, la misma resolvió desestimar la denuncia contra Yuri Melara.

Sobre la denuncia de la visa, Melara no comentó las razones por las cuales se le revocó la visa.

Resolución:

Declarada sin lugar por unanimidad de votos de la Junta. 

Daniel Arturo Sibrián Bueso

Denuncia:

Se le presentaron cuatro denuncias en contra. Sobre la TD-PCSJ-22-2022, señala que ha tenido una negativa a la hora de dar cumplimiento a la orden del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que había sido denegada por otro miembro del Ministerio Público, y la denuncia asegura que no solo cometió abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, sino que también demostró desapego a los derechos humanos. 

En la denuncia TD-PCSJ-56-2022 se señala que el señor Sibrían Bueso ha violentado de manera reiterada los derechos humanos de la persona denunciante, especialmente el derecho al acceso de la información pública, más cuando se ha querido vulnerar su independencia periodística cuando en algunos escritos de denegatoria ha querido dar instrucciones sobre cómo plantear las solicitudes. Las denegatorias y ocultamiento de información han sido especialmente en casos que tienen que ver con hechos contra los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, como el asesinato de Keyla Martínez en una posta policial, y la muerte sospechosa de un policía frente a las instalaciones de la MACCIH-OEA.

Sobre la denuncia TD-PCSJ-109-2022, se indica que Sibrián, en su condición de Fiscal Adjunto, ha cometido actos delictivos al criminalizar protestas y manifestaciones ciudadanas, así como ejecutar persecución judicial contra los defensores de derechos humanos.

En la denuncia TD-PCSJ-129-2022, la persona denunciante manifestó haber sido víctima de sistemáticas violaciones de garantías y derechos fundamentales, laborales, sociales, y económicas por denunciar públicamente las irregularidades y ocultamiento de las autoridades del Ministerio Público.

Descargo:

Sobre la denuncia TD-PCSJ-22-2022, Sibrián respondió que fue un error de él y este fue corregido inmediatamente mediante el uso recurrente del sistema.

Sobre la denuncia TD-PCSJ-72-2022, al tratarse de los mismos señalamientos, la persona postulante argumentó actuar con debida diligencia y manteniendo el respeto sobre las directrices relacionadas con reserva.

En la denuncia TD-PCSJ-109-2022, señalo que él no tiene facultades que se le imputan, y que actúa por designación expresa de Fiscal General y no ha girado instrucciones arbitrarias. Aseguró que él publicó unos tweets, pero que en esos no se pide criminalizar ninguna protesta, sino el resguardo policial de las instalaciones del Ministerio Público. 

Sobre la TD-PCSJ-129-2022, el candidato señaló que al momento de estos hechos él era el jefe de división legal del Ministerio Público y que la denuncia trata de una función administrativa y no tiene relación con los procesos de investigación penal.

Resolución:

La Junta admitió que existe un conflicto laboral no resuelto en el caso de la doctora Senma Julissa Villanueva (denuncia TD-PCSJ-129-2022) , pero que no es posible concluir que Sibrian haya irrespetado la Ley. Las denuncias fueron declaradas sin lugar por unanimidad de votos de la Junta.

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El martes 31 de enero, el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, fue entregado a la Administración de Control de Droga de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) en la base aérea Soto Cano para ser extraditado a ese país, donde enfrentará un juicio por cargos relacionados con narcotráfico. Suman ya 36 hondureños extraditados a los Estados Unidos por esos cargos. A casi un año de la captura de Juan Orlando Hernández, el 15 de febrero de 2022, abrimos archivos fotográficos para contar, desde la vivencia de un fotoperiodista, las extradiciones más importantes que han pegado en la frente de Honduras la etiqueta de narco-Estado.

Texto y fotografía: Jorge Cabrera
Editado por Celia Pousset y Jennifer Avila
Arte de portada: Daniel Fonseca


Hoy me acerco a ustedes para narrar en primera persona un camino recorrido a través de muchas coberturas: las extradiciones de narcotraficantes hondureños. En la última década, las extradiciones han incluido a prominentes políticos de Honduras, algunas de ellas han sido muy esperadas por la población como señales de que la justicia, aunque sea extranjera, puede llegar a quienes convirtieron este país en un narco-Estado. Soy fotoperiodista, y mi trabajo ha sido llevar en imágenes los retos, luchas, alegrías y tristezas que enfrentamos quienes vivimos en este país; lo hago viendo desde el lente de una cámara fotográfica, captando la imagen grande o el detalle de eso que somos como sociedad.

Los retos para llevar esas imágenes al pueblo hondureño – que las espera como una luz de esperanza – son enormes. Un ejemplo claro es la cobertura de la extradición de Carlos Arnoldo Lobo, alias el «Negro», hace diez años. Esperé durante horas subido en un árbol en un predio del Centro Interactivo de Enseñanza Chiminike para lograr la fotografía del narcotraficante capturado. 

El 27 de marzo de 2014, «El Negro» Lobo fue detenido en una zona exclusiva de San Pedro Sula, mientras se transportaba en una camioneta de lujo. El 9 de mayo de ese año, Honduras lo entregó en extradición a los Estados Unidos.

Esa petición se realizó en el marco de un tratado bilateral de extradición que existe entre los Estados Unidos y Honduras desde 1909, pero que fue efectivo a partir de la reforma de la Constitución en 2012 que permitió la entrega de ciudadanos hondureños acusados por narcotráfico, lavado de activos y terrorismo. Antes, el artículo 102 establecía que «ningún hondureño podrá ser expatriado o entregado por las autoridades a un Estado Extranjero».

El 9 de diciembre de 2014, el juez federal Darrin Gayles condenó a 20 años de prisión al «Negro» Lobo. Sin embargo, ese mismo juez modificó su condena y la redujo en un 50%, por lo que el «Negro» Lobo podría recuperar su libertad en agosto de 2023. Con ese caso, se abrió la caja de pandora, muchas solicitudes de extradición vinieron después y también muchas coberturas.

Carlos Arnoldo alias el «Negro» Lobo es presentando en la Corte Suprema de Justicia, Lobo podría quedar libre en 2023. Archivo Fotográfico/Jorge Cabrera

No todo ha sido difícil durante las coberturas de extradiciones, casi siempre los implicados son presentados ante los medios de comunicación.

Miguel Arnulfo Valle Valle y sus hermanos Luis Alonso y José Inocente, fueron presentados a los medios de comunicación en la sede de la Policía Nacional en Tegucigalpa el 5 de octubre de 2014. Los Valle Valle se convirtieron en el cartel que controlaba el paso de la droga por los territorios fronterizos con Guatemala en su camino hacia los Estados Unidos. Fueron capturados en una operación policial en Copán. La captura estuvo a cargo de quien entonces era jefe de la Policía, Ramón Sabillón, quien después fue separado de su cargo y tuvo que exiliarse para salvar su vida. Sabillón regresó a Honduras cuando Xiomara Castro ganó las elecciones en noviembre de 2021 y hoy es el ministro de seguridad.

La policía de Honduras presenta a los medios de comunicación a Miguel Arnulfo Valle Valle y sus hermanos Luis Alonso y José Inocente. Archivo Fotográfico/Jorge Cabrera

Cubrir extradiciones es a veces una competencia dentro del gremio por quién logra la «fotografía exclusiva». Todos llegamos lo más temprano posible para poder tener el mejor lugar; medimos el espacio, la luz, el ángulo, es todo un ritual para los reporteros gráficos. Nos hablamos unos a otros para no estorbarnos antes de cada cobertura y, a pesar de la competencia, existe camaradería. Al momento de la acción, camarógrafos y fotógrafos corremos para llegar al punto clave, vuelan los trípodes, hay golpes, gritos e insultos. Los policías intentan controlar el ímpetu de codos y lentes y, por un instante, parece imposible hacerlo hasta que de pronto llega ese momento, fugaz, el segundo de respiración contenida en que todos logramos tener al personaje capturado frente a nosotros, para capturarlo también en nuestras cámaras fotográficas. 

El 2014 fue un año lleno de extradiciones. A los medios nos tocó esperar hasta la noche la llegada de Juving Alexander Peralta quien fue escoltado por agentes de policía a la Corte Suprema de Justicia el 10 de septiembre de ese año. Peralta fue acusado por narcotráfico en Estados Unidos y capturado cerca de la ciudad costera de La Ceiba, a 185 km al norte de la capital, Tegucigalpa.

Juving Alexander Peralta llega a la Corte Suprema de Justicia para su audiencia en Tegucigalpa. Archivo Fotográfico/Jorge Cabrera

Los equipos especiales de seguridad trasladaron a Juving Peralta bajo estrictas medidas de seguridad a Tegucigalpa y permaneció recluido en una celda de máxima seguridad en las instalaciones de las Fuerzas Especiales «Cobras» de la Policía Nacional. Inicialmente fue condenado a 17 años de prisión en Estados Unidos, pero logró acuerdos con la Fiscalía y aceptó colaborar. Actualmente está bajo libertad vigilada luego de haber salido de la cárcel en febrero de 2022.

Héctor Emilio Fernández Rosa, alias «don H», fue otro de los extraditados en ese año. Fue presentado el 7 de octubre, unos días después de la presentación de los hermanos Valle Valle. Fernández Rosa, otro narcotraficante hondureño responsable del transporte de cocaína hacia Estados Unidos, fue detenido en una operación realizada por fuerzas especiales de la policía hondureña con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el barrio El Hatillo, zona norte de la capital.

«Don H» tenía 48 años cuando fue capturado, operaba en Copán en el occidente de Honduras junto con los Valle Valle y hasta 1998 fue el encargado de recibir y transportar la cocaína desde Colombia hasta Honduras para entregarla en Guatemala donde esta seguía su camino a los Estados Unidos. En agosto de 2019, cuando «don H» conoció que sería condenado a cadena perpetua, su defensa apeló argumentando que en el juicio se habían cometido errores de procedimiento al calcular la sentencia. La apelación fue denegada en junio de 2021.

Hubo rumores de que «don H» había pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios en 2006, incluido un expresidente de Honduras, con el fin de «asegurar el paso de drogas a Estados Unidos» dato que en su momento fue desvirtuado por el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) ahora asesor presidencial de su esposa la presidenta Xiomara Castro.

El día de la presentación de «don H» nos tocó esperar en el campo de fútbol de las Fuerzas Especiales y, por alguna razón, un oficial de alto mando había invitado a algunos colegas a jugar fútbol, «pero sin balón» porque jamás llegó el oficial que había organizado el partido.

Héctor Emilio Fernández Rosa alias «don H» es escoltado por fuerzas especiales para presentarlo ante los medios. Archivo Fotográfico/Jorge Cabrera

La caída del expresidente Juan Orlando Hernández 

Como dije antes, fotografiar a los extraditados está lleno de retos y adrenalina, pero la extradición más impactante – hasta el momento –fue la del expresidente Juan Orlando Hernández, a quien había retratado tantas veces desde su posición de poder como primer ciudadano de Honduras. 

Antes de que fuera capturado y extraditado, ya se conocía públicamente que Hernández estaba siendo investigado como co-conspirador (CC4 según el proceso llevado contra su hermano «Tony» Hernández, condenado a varias cadenas perpetuas en los Estados Unidos) y luego como el narcotraficante principal de una red de tráfico de drogas y armas que sumergió a la clase política hondureña – e incluso a miembros de la élite económica – en un mundo de economía ilegal. Su hermano, el excongresista por el Partido Nacional, Antonio Hernández no fue extraditado, sino que fue capturado en Estados Unidos, pero él fue la pieza que terminó botando la línea de dominó que también tumbó al expresidente Juan Orlando Hernández. Después de las elecciones de noviembre de 2021, la gente celebró que Xiomara Castro ganó, pero celebraba aún más que «JOH» iba para Nueva York, como dice la canción

Su extradición ocurrió el 21 de abril de 2022, 66 días después de haber sido capturado en su residencia en Tegucigalpa el 15 de febrero de 2022. Fueron más de dos meses de espera para el pueblo hondureño que acababa de elegir a una nueva Presidenta, la primera en la historia del país, y había grandes expectativas con el Gobierno de la «Refundación» tras doce años bajo el mandato autoritario e ilegítimo de Juan Orlando Hernández. 

El día de su captura, recuerdo haber pasado corriendo la entrada del residencial antes de que se instalara el retén de seguridad alrededor de la casa del expresidente que está ubicada en una de esas residenciales cerradas que parecen de otro mundo, blindadas ante la pobreza y desigualdad que las rodea. Necesitaba estar lo más cerca posible de su casa, todos los medios teníamos el objetivo, acercarnos, pero solo cuatro personas logramos llegar. Esperamos toda la noche bajo una caseta de la seguridad de la casa de la exministra y hermana fallecida de JOH, Hilda Rosario Hernández. Fue una noche fría y lluviosa, no pudimos comer porque si salíamos del cerco policial no podíamos entrar nuevamente pero nuestros sentidos estaban fijados en un solo objetivo, obtener las imágenes del momento en que sacaran al expresidente, los despachos de los medios nacionales e internacionales las estaban esperando, pero la gente en Honduras las esperaba aún más. 

La noche y madrugada transcurrieron y el expresidente no salió de su casa. A la mañana siguiente, con hambre y frío, recibimos, como caídas del cielo, unas baleadas que un vecino de la zona nos obsequió, el buen samaritano que nos había visto desde la noche anterior. Buscábamos cargar las baterías de celulares ya que había que estar reportando lo que sucedía adentro y éramos los únicos que podíamos hacerlo. 

Pasada la mañana, la policía intentó sacarnos, pero logramos quedarnos luego de convencerlos de que nuestro deber era estar ahí para reportar lo que sucedía, pues la gente no iba a creer nada hasta no ver las fotografías y los videos. La policía incluso sacó del lugar a los militares que estaban resguardando la casa de los Hernández, el ambiente estaba cargado de desconfianza. Se dice que una imagen dice más que mil palabras; es cierto, sobre todo cuando se trata de mostrar a un expresidente capturado para ser extraditado, la imagen lo hace todo real ante los ojos de un pueblo herido por los abusos de sus gobernantes. «Ahí está, lo vi en la foto», así suena la responsabilidad ética que pesa sobre los hombros de nosotros, los fotoperiodistas.


A las dos de la tarde, después de más de 24 horas sin dormir ni comer lo suficiente y bajo el control de los policías, se realizó un operativo al que llegaron varias camionetas blindadas y los policías taparon todo el cuadro.La Policía abrió dos caminos vehiculares y uno aéreo para despistar a los medios, un caos total. Corrí hasta la salida de la residencial, siendo exacto fue una maratón de 4 calles con mochila y cámaras encima. Al llegar a donde estaba el tumulto de medios me subí a la primera camioneta que pude, era la de un periodista conocido. Me tiré a la parte trasera – la paila, como le decimos en Honduras – y empezamos a seguir a una de las caravanas. Se veía en las calles a gente gritando de alegría por la captura pero mi trabajo era alcanzar esa caravana.

La caravana de vehículos que trasladaron al ex presidente Juan Orlando Hernandez luego de su captura. Foto CC/Jorge Cabrera

Todo fue muy rápido, no hubo tiempo de nada más, logramos las fotos del momento en que llegaron las fuerzas especiales y luego fuimos retirados por las mismas. Mis fotos de esta captura recorrieron todos los medios de comunicación. Lo había logrado – pensé. No sabía que entonces iniciaban los 66 días más largos de mi carrera esperando una extradición. 

Junto a otros colegas de medios internacionales tomamos la decisión de alquilar una habitación en las cercanías de las instalaciones de las Fuerzas Especiales «Cobra» de la Policía Nacional, donde se encontraba el expresidente. A esta habitación la llamamos «el Bunker», estaba ubicada en el interior de una cuartería, sus muros eran de color verde pastel y el piso rojo frijol, había una sala diminuta y, la joya de la corona, un balcón. Era diminuto también, pero ese balconcito fue la razón por la que fue elegida esa habitación. Nos daba una privilegiada mirada hacia las instalaciones de la Policía que nos permitiría estar pendientes de todos los movimientos y así correr a donde fuera necesario para tener el cuadro perfecto. Organizándonos logramos que las cinco personas que habitamos el «bunker» pudiéramos dormir en colchones en el piso. Los días pasaban y tuvimos que repartirnos en turnos de día y de noche el balconcito. Compartimos los gastos para las compras de alimentos y una vez tuvimos que pedir una cisterna con agua para la cuartería entera porque no teníamos ni para lavar un plato. Fue entonces cuando empezamos a compartir con los nuevos vecinos de las demás habitaciones, en su mayoría policías que vivían cerca de su trabajo en las instalaciones «Cobra». Tantas veces nos encontramos policías y periodistas, cada quien haciendo su trabajo, pero esta vez, por un tiempo, compartimos la cotidianidad.

Todo para lograr una imagen. Al día siguiente de haber comenzado a vivir en ese estado de alerta, varios medios hicieron lo mismo y muy pronto los alrededores se llenaron de cadenas televisivas.

Las cámaras estaban fijadas en sus trípodes a la espera de poder capturar una imagen limpia del expresidente caminando o moviéndose por las instalaciones. Cada día se veía entrar y salir a miembros de la DEA, pero nunca al expresidente. Registramos cada movimiento que se daba ahí dentro y especulamos al momento de captar imágenes, pensando que era JOH. 

Al final, la espera dio sus frutos. Desde nuestro balconcito, vimos a una persona corriendo por el área de la piscina de las intalaciones de las Fuerzas Especiales, resguardado por un agente de los «Cobra», era el expresidente tomando su hora de deporte y sol, con gorra azul, short negro y camisa amarilla. 

A partir de la difusión de esta imagen, las cadenas de medios se precipitaron y saturaron aún más ese lugar donde estábamos esperando desde hacía días. Pero, a pesar de que todos las cámaras ya estaban listas para disparar, nunca más volvimos a ver a JOH paseando como aquel día.

Captura de video del ex presidente Juan Orlando tomando su hora se sol y deporte en las instalaciones de las Fuerzas Especiales «Cobras» donde estuvo 66 días antes de su extradición. Video CC/Jorge Cabrera

El 20 de marzo del 2022, circuló el rumor de que iban a extraditar a JOH. Las patrullas hicieron sonar sus sirenas, los policías corrieron de un lado a otro, se veían helicópteros sobrevolar las instalaciones. A lo lejos, el helipuerto estaba resguardado por los «Cobras» y una camioneta tipo Prado color blanca ya se encontraba a la espera. Tanta era la tensión entre los que cubríamos el evento que decíamos «esto ya va a suceder», «listos para la extradición». Pero no ocurrió, todo fue un simulacro por parte de la Secretaría de Seguridad. Esa noche nadie durmió. 

Los días siguientes se volvieron aún más tensos ya que la Policía había creado perímetros que tuvimos que resistir para no ser retirados, las especulaciones de lo que sucedería cambiaban en cada platica que teníamos y hacíamos mapas en nuestras mentes para ver resultados de una cobertura que aún no llegaba a su fin.

Entonces llegó el ansiado día, el 21 de abril 2022. Honduras esperaba una imagen del expresidente extraditado. Todos los medios fuimos llamados para ingresar a las Fuerzas Especiales a buscar el mejor puesto; no sé qué cantidad de medios estábamos ahí pero puedo decir que en ese lugar no cabíamos, estábamos apretados y ansiosos. Repentinamente se vio salir a un hombre al centro del resguardo policial con chaqueta y pantalón azul caminando como si no escuchara el escándalo de todos los periodistas exigiendo a gritos sus comentarios para sacarlos en sus respectivas cadenas televisivas. Cada paso era transmitido, cada gesto, buscando una expresión en medio de su actitud indiferente.

El polvo que levantaba el helicóptero nos cubría empañando los lentes de las cámaras, pero nadie se detuvo, el protocolo se rompió y todos corrimos detrás del expresidente, los policías de fuerzas especiales me interceptaron y me golpearon para que retrocediera. No digo que no sentí los golpes, claro que los sentí, pero por encima de eso, en ese momento, mi cámara era una extensión de mis sentidos, de todo mi cuerpo, mi único enfoque era el tipo de sudadera azul, así que seguí. 

Una vez que aseguraron a Hernández, el helicóptero salió con tal rapidez que decidí correr a mi moto para tratar de llegar a la base aérea Hernán Acosta Mejía donde el expresidente sería entregado a la DEA. No logré ingresar, pero ya mi mente estaba tranquila, logré la imagen, valió la pena. Me fui a la plaza Toncontin, donde antes estaba el aeropuerto internacional, había algarabía, «memes» impresos adornaban las redes metálicas que separaban a los manifestantes del avión donde era llevado, rumbo a los Estados Unidos, el impopular expresidente. El «Fuera JOH» era la consigna de cada grito de los que ahí celebraban el momento.

En mis más de 22 años como reportero gráfico he cubierto diferentes situaciones, pero jamás la extradición de un expresidente, y si se preguntan qué es lo más difícil de realizar en este trabajo que hacemos los amantes a la imagen congelada, tengo una respuesta clara: El tiempo, si persistía lo lograría, si lo lograba mi mente estaría en calma; es un solo objetivo, lograr la fotografía que más tiempo me ha llevado obtener.

Momento en que el ex presidente Juan Orlando Hernández es trasladado para ser entregado a la DEA en extradición a los Estados Unidos. Foto CC/Jorge Cabrera

La acusación formal de extradición describe que entre 2004 y 2022, Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Se le acusa de haber recibido millones de dólares para financiar sus campañas políticas y de haber usado su cargo público y las fuerzas de seguridad para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras.

Según la acusación, Juan Orlando Hernández protegió a algunos de los mayores narcotraficantes de latinoamérica incluido su hermano – y ex miembro del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Nacional – «Tony» Hernández, quien cumple actualmente una condena a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico. 

La acusación establece que el expresidente proporcionó también información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras y ordenó proteger los cargamentos por miembros de la Policía Nacional. 

Todo lo vivido valió la pena.

La nueva ola de extradiciones

Cuando Sabillón tomó cargo de su posición como Ministro de Seguridad en 2022, dijo a Contracorriente en una entrevista que un enfoque principal de la Policía Nacional en el nuevo Gobierno sería ejecutar todas las peticiones de extradición pendientes. Muchas de ellas han sido bloqueadas por el mismo sistema de justicia hondureño, ya que para que una persona sea extraditada no debe tener casos abiertos en la justicia nacional y, además, la Corte Suprema de Justicia debe aprobar el proceso de extradición a través del nombramiento de un juez natural. Todo esto antes de que la policía nacional pueda hacer una captura y suba al avión a cualquier acusado. 

Después de la extradición de Hernández vino la memorable extradición de Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, exdirector de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y 2013 durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014).

Bonilla fue acusado en abril de 2020 de participar en conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y fue solicitado para extradición en mayo de 2021 por la Corte del Distrito Sur de New York.

Cuando me di cuenta del arresto del ex director de la Policía Nacional, mi primera reacción fue trasladarme a las Fuerzas Especiales. Al momento de llegar ya estaban al menos diez medios de comunicación reportando, mi celular no paraba de recibir imágenes del momento en que capturaron a Bonilla en el peaje de Zambrano, a 45 km de Tegucigalpa. Decidí esperar ahí. Una vez más nos veíamos las caras con mis colegas y comentamos que nos tocaría volver a activar el «bunker». Pero todo cambió repentinamente. La Secretaría de Seguridad convocó a el Ocotal, las oficinas de Ramón Sabillón, ministro de seguridad. Eran las 5 pm, significaba que el tráfico de la ciudad, como siempre, iba a ser pesado. Me alegré porque ese día había llevado mi motocicleta así que arranqué rumbo al lugar. Cayó la noche y otra vez iniciaba el ritual del reportero gráfico: estar pegado en el portón del centro de convenciones de la Policía Nacional esperando poder ingresar, unos encima de otros, sabiendo que debíamos pasar a través de un estrecho portón a medio abrir. 

Una vez dentro de las instalaciones, encontramos al «Tigre» sentado en una silla rodeado de policías especiales. Su mirada no expresaba temor a pesar de los grilletes que llevaba en pies y manos. Era una sensación extraña puesto que la persona que exponían ante los medios de comunicación era alguien al que temían todos los que estaban a sus espaldas, que eran también policías.

El «Tigre Bonilla» entregado a la DEA luego de su solicitud de extradición. Foto CC/Jorge Cabrera

Tras su captura el 9 de marzo de 2022, Bonilla permaneció recluido en una celda del Primer Batallón de Infantería, situado en los alrededores de la capital hondureña. Su extradición fue aprobada por un juez natural de Tegucigalpa el 8 de abril de ese año y el 10 de mayo fue llevado a la Base Aérea Hernán Acosta Bonilla, en el extremo sur de la capital hondureña para ser extraditado. 

Siguió entonces la extradición de Herlinda Bobadilla el 26 de julio de 2022. Bobadilla fue solicitada por la Corte del Distrito Este de Virginia por la comisión del delito de conspiración para ingresar sustancias no controladas a los Estados Unidos.

Herlinda Bobadilla
Herlinda Bobadilla es trasladada para su extradición a los Estados Unidos. Foto CC/Jorge Cabrera

Bobadilla fue detenida el 15 de mayo de 2022 en una montaña del departamento de Colón. Ese mismo día compareció en la primera audiencia ante el juez de extradición y quedó con arresto provisional en el cuartel de los «Cobras». Aparentaba ser una mujer muy humilde, la pena se veía en sus ojos. El 26 de julio de ese año fue trasladada a la Fuerza Aérea Hondureña ubicada en la base militar Hernán Acosta Mejía por una caravana policial. Al menos 70 efectivos policiales y unos 16 vehículos de la Policía Nacional fueron desplegados para el traslado y posterior extradición de la hondureña pedida por la Corte de EEUU. Era un contingente casi tan grande como el usado en la extradición de Juan Orlando Hernández.

Herlinda era considerada la líder del clan Montes Bobadilla, señalada de controlar la zona del Caribe hondureño donde, mediante sus nexos con carteles de la droga en Colombia y México, habrían logrado despachar miles de kilos de cocaína hacia los Estados Unidos.

Por si alguien se pregunta cómo funcionan las extradiciones, trataré de explicarlo aunque tal vez algo se me escape. En general, el procedimiento establece que la orden de extradición se envía desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos a la Cancillería hondureña, la que a su vez la remite a la Corte Suprema, la que debe designar a un juez especial que debe verificar que la documentación recibida de los Estados Unidos reúna los requisitos de ley. Recordemos que esto puede llevarse a cabo con el acusado ya arrestado o mientras se le captura.

Pues así siguieron las extradiciones. Michael Powery Wood, alias «el Caracol» fue capturado el 7 de agosto de 2022 en el departamento de Islas de la Bahía, en el Caribe de Honduras. Powery Wood enfrentará juicio en los Estados Unidos por «conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos de cocaína con la intención y conocimiento para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos».

Michael Powery Wood durante su extradición.
Michael Powery Wood durante su extradición. Foto CC/Jorge Cabrera

Fuimos convocados el 27 de enero de 2023 a las 6 de la mañana en la base aérea Hernán Acosta Mejía para reportar la extradición de «el Caracol». Pero como nada está escrito en piedra en esta labor periodística, el avión de la DEA se retrasó y no había aterrizado en la base aérea por lo que tuvimos que esperar, otra vez. Los periodistas veían una aplicación en sus teléfonos que les mostraba el punto donde se encontraba el avión que tendría que llevar al extraditable, fue entonces cuando muchos de ellos, como buenos controladores aéreos, estimaron la distancia que faltaba para el aterrizaje. Y confirmando los cálculos de los colegas, en punto de las 10 de la mañana el avión aterrizó e inició la entrega del implicado. Fue rápido, no se sentía la adrenalina de los anteriores extraditables. Han sido tantas las coberturas de extraditados, que uno empieza a normalizar la situación, cuando al contrario, cada una de ellas nos debe escandalizar porque evidencia la disfuncionalidad de nuestro sistema de justicia y la profundidad que han alcanzado en nuestra sociedad y sistema político las raíces del narcotráfico.

Llegamos al último; mejor dicho, el extraditado más reciente, por ahora. Arnaldo Urbina Soto fue extraditado el 31 de enero de 2023. Debido al riesgo de una posible fuga, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional hicieron el traslado de extradición en la pista de la base aérea Soto Cano en Comayagua. El exalcalde de Yoro, vestido con un overol blanco – por el riesgo de contagio de Covid-19 – pasó de las manos de las autoridades hondureñas a las de los agentes de la DEA. El detenido, que ya había intentado fugarse del penal de Támara en noviembre del 2022 para escapar de la extradición, pasó sus últimos meses en Honduras en las celdas del Primer Batallón de Infantería ubicado en la aldea Mateo en el departamento de Francisco Morazán.

Soto Urbina fue solicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York en junio de 2018 por cargos relacionados con el narcotráfico y la portación de armas entre 2005 y 2014.

El fiscal Geoffrey S. Berman y el agente de la DEA Raymond P. Donovan, presentaron una acusación en contra de Arnaldo Urbina Soto y sus hermanos, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Angel Urbina Soto. En ella se menciona que los hermanos «se aprovecharon de su poder en Yoro y se aliaron con otras organizaciones criminales, como Los Cachiros y Los Valle Valle, para recibir cargamentos de cocaína enviados por avionetas desde diferentes partes del país, usando pistas clandestinas y carreteras en los alrededores de Yoro».

Urbina Soto ex alcalde de Yoro es entregado a la DEA en extradición. Foto CC/Jorge Cabrera

Se señala también que Soto Urbina y sus hermanos coordinaron y formaron parte de grupos fuertemente armados para vigilar los traslados y las descargas de droga. En junio de 2019, un Juez Natural de la Corte Suprema de Justicia concedió la extradición después de haber examinado la petición y llevado a cabo una audiencia de evaluación de pruebas. Sin embargo, el procedimiento de extradición de ciudadanos hondureños, establecido por un Auto-Acordado de la Corte Suprema de Justicia en 2013, exige que la persona solicitada no tenga cargos pendientes a nivel nacional. Lo que no era el caso de Urbina Soto hasta finales de 2022. 

En efecto, en 2017 se le declaró culpable por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y, en 2020, se le sentenció a una pena de 16 años de reclusión. Pero recientemente, el 15 de diciembre de 2022, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró, por unanimidad, con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del Urbina Soto. La sala de lo penal aplicó la retroactividad de la ley tras la reforma a la Ley de Lavado de Activos, por lo que Urbina salió absuelto de ese delito y se abrió paso para su extradición. 

Parte de mi trabajo antes de una extradición es averiguar de dónde será trasladado el extraditable y siempre ha sido del batallón o de las Fuerzas Especiales. Un día antes de la extradición de Soto Urbina había intentado conseguir datos sólidos, pero nadie sabía nada o, para ser más claro, yo no sabía nada. Pedí a una colega periodista si podía averiguar esa información por mi ya que en mis intentos jamás lograba conseguir los datos. Por alguna razón, el que podía saberlos dijo a mi colega que no habría acceso para los medios. No podía estar tranquilo, así que me quedé lo más cerca de la base de donde siempre han sido entregados los hondureños requeridos por los Estados Unidos. A las 9 de la mañana de ese día, recibí un mensaje en mi teléfono que decía que todo iba a ocurrir en Palmerola, lugar donde está el nuevo aeropuerto internacional y la antigua y aún activa base militar norteamericana. Era algo extraño, casi nunca ocurren las cosas de esa manera. El acceso a la base militar norteamericana es difícil por lo que por un momento pensé que no iba a lograr la cobertura. Pero recuerden que todos tenemos jefes y yo no soy la excepción, tenía que hacer mi trabajo, no hacerlo no es parte de la ecuación; además, mi trabajo incluye que ustedes que nos leen, vean en imágenes lo que está pasando en Honduras. Entonces tomé mi carro y salí rumbo a la base de Palmerola en Comayagua , ingrese rápidamente pero una vez más nos tocó esperar por el retraso del avión de la DEA, una vez llegó el avión, Urbina ya esperaba en una Prado blanca. Minutos después, se le veía caminar con el overol blanco entre la escolta policial. 

Esto no termina, las extradiciones seguirán y las coberturas también. La próxima extradición es la del exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios, quien es requerido por la Corte del Distrito Sur de New York por delitos relacionados al tráfico de armas y drogas ilegales. Fue capturado en diciembre de 2022 en el departamento de Colón, tras ser prófugo de la justicia desde 2018. Martínez Turcios, fue diputado del partido Liberal por el departamento de Colón durante dos períodos, del 2010 al 2018. Colón, la cuna de la organización criminal Los Cachiros, también presos en los Estados Unidos. El 17 de enero de 2023, un juez Natural de la Corte Suprema de Justicia concedió la solicitud de extradición.

No puedo saber cuáles serán las circunstancias, pero estaré en esa cobertura junto a los colegas de otros medios, ojalá en calma pero si no, será otra vez entre codazos y trípodes volando. Nada personal, gajes del ritual del oficio. Lo que sí sé, es que todos vamos con el mismo objetivo, la imágen, y al final, pese a todas las adversidades, nos despediremos sabiendo que otra extradición más viene en camino. 

Según el comisionado de la Policía y director de las Fuerzas Especiales, Miguel Pérez Suazo, hay 27 órdenes de captura por ejecutar, lo que significa que nuestro trabajo en este tema no termina. Se puede pensar que el impacto de la extradición de Juan Orlando Hernández hizo que esa cobertura fuera excepcional. Pero es que todas lo son. Al final, en un extremo de la cámara está el extraditado, alguien que seguramente le ha hecho mucho daño a este país, pero en el otro extremo estoy yo, alguien que, como mis colegas, vivimos día a día las consecuencias de los actos de esas personas de quienes hacemos fotos y videos que pasarán a ser la memoria de este país que ojalá un día se quite la etiqueta de narco-Estado de la frente.

Diputados de las tres principales bancadas del Congreso Nacional de Honduras —el Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y el Partido Libertad y Refundación (Partido Libre)—, anunciaron este jueves que podría existir consenso en elegir magistrados suplentes durante la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Quienes lo promueven, alegan que hay un vacío legal en la Constitución de la República que lo permite; para quienes lo critican, esto es semejante a las interpretaciones que se dieron sobre el golpe de Estado y la reelección presidencial.


Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Jorge Cabrera

Jefes de bancada de las principales fuerzas políticas del Congreso Nacional de Honduras hicieron público este jueves su intención de elegir magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego de hacer una interpretación del artículo 316 de la Constitución de la República.

Entre los diputados que han hecho este anuncio están Rafael Sarmiento, sobrino de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento y jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre); el diputado del Partido Libre, Ramón Barrios, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Legislativo; el diputado Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal (PL) y el diputado Nelson Márquez, miembro de la bancada del Partido Nacional (PN). 

Sarmiento dijo públicamente que han venido consensuando incluir a magistrados suplentes en la elección de la CSJ porque como congresistas tienen el «deber» de «hacer una interpretación del artículo 316» que, a su criterio, contiene un vacío legal.

El diputado Mario Segura anunció que la bancada del PL va a respaldar esta moción siempre que los magistrados suplentes sean electos de la lista de los 45 que envió la Junta Nominadora.

El abogado y diputado Ramón Barrios dijo que «estamos de acuerdo [con elegir suplentes] la bancada del Partido Nacional, la bancada del Partido Liberal y la bancada del Partido Libre; el PSH ha dicho que va a estudiar el caso».

¿Un vacío legal?

Joaquín Mejía Corte Suprema de Justicia congreso nacional
Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal (lado izquierdo) en conversación con dos congresistas en el Legislativo el pasado 25 de enero, la última vez que sesionó el pleno del Congreso Nacional.

Artículo 316. La Corte Suprema de Justicia, está organizada en salas, una de las cuales es la de lo Constitucional, integrada por cinco (5) Magistrados, cuando, cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se deben proferir en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tienen el carácter de definitivas.

Cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la sala, no deben integrar el pleno.

La Sala de lo Constitucional tiene las atribuciones siguientes:

  1. Conocer, de conformidad con esta Constitución y la Ley, de los recursos de Habeas Corpus o Exhibición Personal, Habeas Data, Amparo, Inconstitucionalidad y Revisión ;y

2. Dirimir los conflictos entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo Electoral, así como entre las demás entidades u órganos que indique la ley; las sentencias en que se declara la inconstitucionalidad de una norma son de ejecución inmediata y tienen efectos generales; y por tanto derogan la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario Oficial la Gaceta. El Reglamento establecerá la organización y funcionamiento de las Salas.

Según el artículo 308 de la Constitución de la República, la Corte Suprema está integrada por 15 magistrados que se reparten en cuatro salas: Sala de lo Constitucional, Sala de lo Penal, Sala de lo Civil y Sala de lo Laboral/Contencioso Administrativo. La sala de lo Constitucional está compuesta por cinco magistrados y las restantes tres salas están compuestas cada una por tres magistrados.

Cuando los magistrados de la CSJ no alcanzan unanimidad dentro de sus salas, la constitución establece que «no deben integrar el pleno» para conocer de nuevo el mismo asunto. Esos magistrados, están siendo actualmente  reemplazados por abogados externos a la Corte; por esa razón, según lo manifestado por diputados del PN, PL y Partido Libre, existe la necesidad de que la Corte cuente con al menos cinco magistrados suplentes.

El congresista Barrios agregó que la propuesta es que se pueda escoger a cinco magistrados suplentes de acuerdo con el número de integrantes de la Sala Constitucional. «La ocasión es propicia para escogerlos de la nómina que ha mandado la Junta Nominadora, a los candidatos que hayan pasado por el tamiz que ha tenido la Junta Nominadora».

Además dijo que «la interpretación tendrá que hacerse de la misma manera que se hace con los magistrados propietarios y debe hacerse en la misma elección [programada para el próximo 10 de febrero] con los 86 votos respectivos».

Joaquín Mejía Corte Suprema de Justicia congreso nacional
Foto de archivo de la sesión fallida para elegir la Corte Suprema de Justicia el pasado 25 de enero.

El abogado Joaquín Mejía, doctor en derecho internacional, dijo a Contracorriente que si el Congreso elige suplentes interpretando la Constitución de la República «lo que estaría haciendo es rompiendo el orden constitucional, porque la Constitución es clara, el artículo 308 es claro y dice que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por 15 magistrados. Cuando se va interpretar una norma jurídica, la primera interpretación que uno hace es una interpretación gramatical o literal de la norma, eso para buscar el significado que el constituyente quiso dar».

Joaquín Mejía añadió que «cualquier persona con tres dedos de frente, cuando lee que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por 15 magistrados, ahí no cabe ningún tipo de interpretación para decir que también van a incluir suplentes, me parece terrible que el Congreso Nacional pueda hacer eso».

«Hay que recordar que la Sala de lo Constitucional dictó una sentencia, en el sentido de señalar que el Congreso Nacional no podía reformar la Constitución con el objetivo de adicionar el numeral 10 al artículo 255 de la Constitución [corrigió luego, art. 218.9], donde habían adicionado el numeral 10 para decir que el Congreso Nacional podía interpretar la Constitución, pero una sentencia de la Sala Constitucional, de mayo de 2003, declaró que era inconstitucional esa reforma hecha por el Congreso Nacional, por lo tanto, el Congreso Nacional no puede interpretar la Constitución para incluir suplentes, es más, si el Congreso tuviera esas facultades para interpretar la Constitución, tiene que irse a la literalidad, primero, de la Constitución; luego a la gramaticalidad, y la gramaticalidad es clara: 15 magistrados», explicó Joaquín Mejía.

Contracorriente consultó específicamente sobre esto al diputado Ramón Barrios, quien respondió que la elección de suplentes «ya está en la Constitución de la República», precisamente en el artículo 316.

«Ese artículo 316 establece que la Corte Suprema de Justicia está dividida en salas: penal, civil, laboral-administrativa y la sala constitucional que está conformada por cinco magistrados de la CSJ; pero ese mismo artículo establece que las decisiones de la Sala Constitucional [integrada por cinco magistrados] deben de ser tomadas por unanimidad. Esto genera que cuando no hay unanimidad, [el asunto] pasa al pleno, pero según este artículo, los magistrados que ya votaron no pueden volver a integrar el pleno de magistrados, eso nos deja que cuando llegue el asunto al pleno de magistrados, solo van a haber 10 magistrados de los 15, porque los cinco no pueden votar dos veces», expuso Barrios.

Barrios explicó que lo que se ha hecho todo este tiempo es que «discrecionalmente» el Presidente de la CSJ en funciones ha tenido la potestad de nombrar él a esos magistrados suplentes y ha ostentado esa facultad. «Eso ha tenido consecuencias negativas, como los últimos fallos de las sentencias de la CSJ, algunos han ratificado actos de corrupción y algunos casos han quedado en impunidad» dijo Barrios.

Joaquín Mejía expuso, que para solventar el problema de que el presidente de la CSJ nombre a su discreción a los suplentes, se debe reformar la Constitución con base en el artículo 373.

«Para reformarla, obviamente, como dice el artículo 373, tiene que hacerse en sesión ordinaria y, segundo requisito, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, es decir, 86 diputados. Tercer requisito, debe de ratificarse por la siguiente legislatura por igual número de votos para que pueda entrar en vigencia», explicó Mejía.

Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), dijo a Contracorriente que incluir suplentes en la elección no está en la Constitución de la República y que ya existen mecanismos cuando un magistrado es recusado o cuando no puede conocer de una causa.

«En este momento, en el marco de la elección de la CSJ, lo que a nosotros nos compete constitucionalmente es nombrar 15 magistrados, creo que ya se está trabajando en una ley del Poder Judicial y de la Judicatura para que se pueda regular este tipo de situación», dijo la diputada. 

Joaquín Mejía Corte Suprema de Justicia congreso nacional
El diputado Ramón Barrios del Partido Libre, conversó con Maribel Espinoza del PSH y con el diputado liberal José Alfredo Saavedra durante la sesión del 25 de enero del presente año.

Para Ramos, «el trasfondo» de la propuesta de incluir suplentes «es obviamente porque todos quieren meter magistrados que representan intereses partidarios o grupos de poder o lo que sea; ahorita acuérdese que venimos saliendo de una narcodictadura y esto parece una burla para el pueblo hondureño. Todos tienen que ceder para tener una Corte independiente».

Sin embargo, Ramón Barrios sostuvo que «La Constitución de la República da la facultad al Congreso Nacional, con mucha más razón se le debe dar la razón de que nombre los magistrados suplentes y qué mejor que hacerlo del listado de 45 que ha enviado la Junta Nominadora. Es una propuesta que ha salido como consenso que ha habido entre los acercamientos de bancadas, entre los jefes de bancada, y bueno es parte de los consensos, todavía no es definitivo».

Ante las críticas, Barrios afirmó que la norma constitucional ya ha establecido que el Congreso Nacional es el intérprete auténtico de la Constitución de la República. «Ahora, otra cosa es el intérprete final, que es la Sala Constitucional, así que nosotros estamos en la capacidad de poder interpretar ese artículo, ya le digo, si podemos nombrar a los magistrados propietarios, consecuentemente tenemos la facultad de nombrar a los magistrados suplentes».

Quien comparte la postura del diputado Ramón Barrios, es el abogado Raúl Pineda, expostulante a magistrado de la CSJ y exdiputado del Congreso Nacional, quien dijo  a Contracorriente que los suplentes «son necesarios porque lamentablemente cuando se hizo la reforma se cometió el error de no integrar a los magistrados suplentes, entonces se integran magistrados de Corte de Apelaciones y cuando no ajustan se llaman a abogados de bufetes privados que generalmente no desempeñan un papel muy honorable en la impartición de justicia», y agregó que por lo menos deben elegirse tres magistrados suplentes.

«El presidente de la CSJ tiene una nómina de abogados privados y los integra a formar parte de la Corte sin ser funcionarios del Poder Judicial», añadió Raúl Pineda Alvarado, quien agregó que quedó «ese vacío desde que se hizo la reforma a la Constitución de la República que fijó en 15 el número de magistrados, pero no se estableció el número de suplentes, sino que más bien se los suprimió, porque antes sí existían».

A las negociaciones para elegir a los 15 magistrados de la CSJ ahora se suman las negociaciones sobre si elegirán o no a magistrados suplentes. Mientras tanto, Honduras continúa sin elegir una CSJ – que debió escogerse el pasado 25 de enero – y el Poder Judicial emite sentencias o resoluciones que ponen el candado a casos emblemáticos de corrupción pública, por ejemplo, el reciente fallo de la Sala de lo Penal en el caso Astropharma que benefició a la exdiputada Lena Gutiérrez y la resolución de la Corte de Apelaciones en el caso de corrupción de una red de diputados que involucra al actual congresista Alberto Chedrani y al exdiputado Oswaldo Ramos Soto, entre otros.

 

La legalidad de Ciudad Jaraguá parece no estar del todo clara: la detención de nueve personas involucradas revive su cuestionada construcción, la cual se dio después de que se reformara el decreto 46-90 del 12 Julio de 1990, reforma que fue aprobada en 2014 para modificar la «cota 200» que protegía la reserva del Merendón. 


Fotografía y texto: Amílcar Izaguirre

El viernes 20 de enero de 2023, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) dio captura a nueve personas por la supuesta construcción fraudulenta de «Ciudad Jaraguá», un proyecto habitacional ubicado en la parte baja de la montaña del Merendón y que es desarrollado por las empresas Inmobiliaria El Activo S. de R.L., e Inversiones MPG S.A de C.V. 

Después de la captura, los empresarios de la construcción y funcionarios acusados salieron libres. Los empresarios y gerentes que fueron detenidos y luego liberados son: César Octavio Elvir Prieto, representante legal y presidente de la sociedad mercantil Inversiones MPG S.A de C.V.; Antonio José Oviedo Prieto, gerente general de la sociedad Inmobiliaria El Activo S. de R.L.; José Luis Gutiérrez Hermosilla, representante legal de la empresa constructora Desarrollos Urbanos Gutiérrez D.U.G.; Wilfredo Umanzor Sabillón, representante legal de la empresa Yesera Umanzor, a quien la orden le acredita el delito de uso ilegal de explosivos comerciales en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.

También fueron acusados los empleados municipales Cristy María Raudales Barahona, gerente general de la División Municipal Ambiental; Samuel Alexander Fajardo Escalante, de la unidad de Contaminantes; Martín Ramón Galo Roldán, de la unidad de cuencas; Santos Turcios García, jefe de la Unidad de Licencias Auditorías y Seguimiento; Fausto Daniel Bográn Cártamo, director de la Unidad y Protección y Control Ambiental. 

Según el Ministerio Público, entre los delitos por los que fueron capturados están el corte ilegal de producto forestal, en su modalidad de agravados; la urbanización ilegal en perjuicio del equilibrio del ecosistema y medio ambiente del Estado de Honduras y, finalmente, el uso ilegal de explosivos comerciales. A los empleados municipales se les atribuye los delitos de violación a los deberes de los funcionarios a título de autores en perjuicio del Estado de Honduras.

De acuerdo con las investigaciones hechas por el Ministerio Público, los empleados municipales otorgaron permisos que no eran de su competencia. El proyecto de Ciudad Jaraguá entra dentro de la categoría cuatro, por lo que le corresponde a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) ver el caso.

Sin embargo, José Luis Gutierrez consideró que la acusación estaba errada ya que el proyecto Ciudad Jaraguá es categoría tres: «Para que se hagan una idea, un proyecto categoría cuatro debe ser una refinería y pueden hacer las comparación entre un proyecto de urbanización y una refinería de tal manera que en ningún momento se manipuló», argumentó.

Las acciones fueron coordinadas por la Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF) junto a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y la Fiscalía Para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP). La encargada de ejecutar estas órdenes fue la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por una orden emitida por un Juzgado de Tegucigalpa. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (OACNUDH), saludó desde su cuenta de Twitter al Ministerio Público por la acción presentada contra las nueve personas por daños al medio ambiente, la flora y la fauna en la reserva del Merendón: «Esta acción es un paso importante hacia la rendición de cuentas sobre la tramitación de permisos y licencias ambientales y así como la protección de la biodiversidad y las fuentes de agua promoviendo el derecho humano a un ambiente sano», publicó.

Después de la captura, los nueve detenidos fueron llevados a Tegucigalpa, pero enseguida fueron liberados por un juez debido a «múltiples abusos cometidos al momento de ser capturados». Además, según lo expresado por los dueños del proyecto y sus representantes legales, las acusaciones estaban basadas en mentiras apoyándose en delitos que no están vigentes en el nuevo Código Penal. Estas declaraciones se dieron mediante una conferencia de prensa realizada el día martes 24 de enero, donde también revelaron detalles de los permisos donde acreditaban que el proyecto habitacional «Ciudad Jaraguá» se construyó respetando las leyes ambientales.

La zona de reserva del Merendón fue declarada mediante decreto legislativo 46-90 el 12 de julio de 1990, cuando ya existían asentamientos humanos en el área. Sin embargo, mediante un nuevo decreto 334-2013, publicado en la gaceta el 23 de enero de 2014, se decretó excluir de la zona protegida del merendón cinco tramos, y uno de ellos se ubica en la zona donde se construye Ciudad Jaraguá, que comprende desde el Cerro Will hasta la intersección cota 200 del río Armenta, de San Pedro Sula.

Ciudad Jaragua Merendon
Ciudad Jaraguá es un proyecto habitacional dividido en tres etapas entre Armenta y el Zapotal, en San Pedro Sula. Foto CC/ Amílcar Izaguirre

Antes de que en el Congreso Nacional reformara en 2014 el Decreto 46-90 de 1990 —que protegía la reserva natural del Merendón y delimita el área de construcción en la zona— el terreno donde se construyó Ciudad Jaraguá quedaba dentro del área protegida; en cambio, con la reforma presentada por el entonces diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, «la cota 200» redujo el área de mayor protección —por lo que dejó el camino libre para construir en la zona—. Esta acción fue criticada en aquel momento por el actual presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sin embargo, a un año de gobierno como presidente de este poder del Estado, no se ha pronunciado sobre el caso.

Clariza Vega Molina, abogada, exfiscal del Medio Ambiente y fundadora del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), dijo a Contracorriente que hubo mala intención al aprobar la reforma para mover la cota 200, para beneficio de grupos de interés como políticos y económicos. “Aunque la reforma exista, hay leyes y principios que están sobre esta reforma por lo tanto no se debió aprobar esos permisos, porque aunque estén debajo de la cota 200 hay una ley superior que es la Constitución de la República donde se declara el derecho al agua como un derecho fundamental de los seres humanos . Y lo que se percibe es mantener las fuentes de agua para abastecer a la población de San Pedro Sula,” argumentó Clariza.

«El Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH) es un instrumento muy importante que no ha sido tomado en consideración por las autoridades ni por los constructores. Y, en este caso, el bien jurídico superior es el agua, el bosque, y la biodiversidad, por lo tanto aunque Ciudad Jaraguá esté construida bajo la cota 200, no significa que los permisos de construcción sean legales” Declaró Clarisa Vega. Además citó el artículo 145 reformado de la Constitución de la República donde se declara el agua como un derecho humano, Derecho a su protección, para garantizar la calidad y cantidad adecuada.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), mediante un pronunciamiento, salió en defensa de sus agremiados y condenó la manera en cómo fueron capturadas estas personas. También consideró que la forma en que procedió el Ministerio Público afecta negativamente la atracción de inversión. «La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés solicita que, para garantizar la seguridad jurídica en nuestro país, las acciones legales se lleven a cabo con respeto absoluto a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad», dice el comunicado.

Clovis Duarte, apoderado legal de la empresa Inmobiliaria El Activo S. de R.L., dijo que la acción presentada por el Ministerio Público no pasó el primer filtro «por tener vicios» el sustento por el cual detuvieron a sus representados. 

En cuanto al delito que se le atribuye al contratista Wilfredo Umanzor de uso de explosivos comerciales, el abogado Rafael Murillo, defensor del proyecto, dice que se sorprendió porque no encontraba este delito en el Código Penal vigente, dado que este fue derogado el 25 de junio del 2020. «Los que presentaron la acción penal utilizaron estos delitos para convencer al Ministerio Público y decir que estaban justificando penas de cárcel, pero si hubiesen mostrado la opción vigente no los hubieran privado de libertad, en ese sentido vimos un patrón de delitos no vigentes para detenerlos», expuso Murillo. 

«Fui sacado de mi casa con mi esposa de mi cama por cerca de 15 soldados apuntando con ametralladoras, rompieron la puerta usando una violencia extrema, una escena digna de una película de Pablo Escobar», dijo César Octavio Elvir Prieto. «La fiscalía tiene más de 7 años de acosarnos, y durante ese tiempo me presenté junto a mi abogado y hemos contestado todos los ataques contra el proyecto. Ellos querían exhibirme como un criminal y lo único que he hecho es ser un emprendedor»,dijo Elvir. 

Por su lado, Clovis Duarte concluyó que estas acciones se hicieron para hacer «show mediático» y para levantar el perfil a una institución debilitada refiriéndose al Ministerio público, quien fue el que emitió las órdenes de captura contra las nueves personas acusadas de dañar la cordillera del Merendón.

Nota aclaratoria: En su primera publicación, este artículo tenía como titular: "Miembro de la Junta Nominadora revela que hubo negociaciones para seleccionar a candidatos no idóneos". Ante la solicitud de aclaración del señor Tomás Andino, suplente de sociedad civil en la Junta Nominadora, hemos cambiado el titular ya que el término negociaciones no fue dicho por él sino que fue una interpretación del periodista que firma la publicación partiendo de la siguiente cita: «son de la preferencia de otros sectores que los apoyaron y que ven cualidades en ellos porque a sus intereses son funcionales». Enmendamos el error, por lo que la publicación tiene una modificación realizada al mediodía del 31 de enero, cuatro horas después de publicarse en su primera versión.


Texto: María Celeste Maradiaga y Leonardo Aguilar
Fotografía: Fernando Destephen 

Tomás Andino, miembro representante de la sociedad civil en la Junta Nominadora, afirmó a Contracorriente que, en este momento, los partidos políticos deberían dar un ejemplo y colocar a los candidatos y candidatas mejor calificados en sus listas para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), después de que en la sesión del pasado 25 de enero fue suspendida a media noche tras no existir consensos sobre nómina de 15 candidatos a magistrados para ocupar la Corte presentada por el partido Libre. 

Sobre algunos candidatos que obtuvieron baja calificación por la Junta Nominadora, Andino explicó que «esto es porque detrás de cada calificación menor hay un hallazgo de algo que es inconveniente para el país, hay un hallazgo de una debilidad de ese candidato o candidata que lo hace menos idóneo para llegar a ejercer el cargo de alta magistratura», y mencionó que, por el contrario, los abogados notarios que ocupan los primeros lugares de la lista es porque se identificaron hallazgos positivos en cuanto a independencia judicial, conocimientos y ética profesional.

Miembros de la Junta nominadora presentan la lista de los 45 abogados de los cuales 15 serán elegidos para formar parte de la nueva corte suprema de justicia .Foto CC /Fernando Destephen

Respecto a la lista de los 45 mejores candidatos y candidatas entregada por la Junta Nominadora al Congreso Nacional, Andino aseguró que, desde la sociedad civil, no quedaron del todo satisfechos con la conformación de ese listado, y que existen personas que quedaron incluidas «porque son de la preferencia de otros sectores que los apoyaron y que ven cualidades en ellos porque a sus intereses son funcionales».

Sobre la resolución de las tachas, Tomás Andino aclaró que estas se resolvieron mediante votación, y que desde la sociedad civil observaron que hubo candidatos a los cuales el resto de los sectores que integran la Junta votaron por que se les quitaran las tachas; sin embargo, Andino afirmó que, aunque ellos mantuvieran la posición de sostener las tachas, esos candidatos quedaron en la lista final.

«Respecto a eso no tenemos un visto bueno, pero aceptamos la realidad del juego y la realidad del juego es lo que la mayoría decidiera y así se fue, pero nosotros no apoyamos a algunos y es de público conocimiento, y pues creemos que eso deberían de revisarlo pero eso ya es decisión de los partidos» apuntó Tomás.

En el caso de los candidatos y candidatas a magistradas que han sido cuestionados y que figuraron en la lista presentada por el Partido Libre el pasado 25 de enero, Andino opinó que es un error por parte de los partidos políticos que se incluyan a personas cuestionadas, y que si esto no se corrige, la ciudadanía podría pagarlo caro durante 7 años, período de duración de las máximas autoridades del Poder Judicial.

Entre los candidatos con más tachas y denuncias presentadas están Anny Belinda Ochoa (nacionalista), Daniel Arturo Sibrián Bueso (liberal), Gaudy Alejandra Bustillo Martínez (nacionalista), Milton Jimenez Puerto (de la vieja guardia del Partido Liberal y cercano al Partido Libre) y Edin Yobany de la O Ramos (nacionalista). La mayoría de estos figuró en la nómina fallida presentada por el partido de Gobierno el pasado 25 de enero.

Al consultarle al diputado Ramón Barrios, miembro de la bancada de Libre y presidente de la comisión de asuntos constitucionales, qué piensa sobre negociaciones dentro de la Junta Nominadora en donde resultaron candidatos no idóneos, expuso que «mal haríamos nosotros en hacer especulaciones de la Junta Nominadora». 

El congresista Barrios afirmó que «la ley [Constitución de la República] le da la potestad al Congreso Nacional de escoger de entre esos 45 miembros enviados por la Junta Nominadora. Hay un consenso general de que la Junta Nominadora hizo un gran trabajo. Si nosotros ponemos en duda los 45 miembros que nos ha mandado la Junta, después de ese gran trabajo, sería no apoyar». 

Barrios agregó que, para la bancada de Libre, la calificación dada por la Junta a los candidatos es solamente «una referencia, pero pedagógicamente no estamos vinculados a decidir sobre los primeros 15, porque si no, no tendría sentido».

«Estamos negociando, platicando, consensuando; este es un parlamento, no debe de extrañar que estemos dialogando, esto no solo pasa en Honduras, pasa en Estados Unidos. Creo que aquí más bien es bastante democrático el hecho de que la Junta Nominadora haya nominado a 45 personas, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, el Presidente nombra a los candidatos y el Senado solo los confirma. Así que me parece que nuestro proceso es mucho más democrático y mucho más cualitativo», expuso el congresista de Libre.

El diputado Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, tiene la misma postura de Ramón Barrios en cuanto a los candidatos tachados y señalados de representar a sectores que buscan instrumentalizarlos una vez lleguen a la Corte Suprema de Justicia.

«Es un tema constitucional. La Constitución no dice que hay que escogerlos de acuerdo a la nota en que fueron evaluados, en el Congreso empieza todo el mundo de cero. Eso queda bien claro y de acuerdo a la ley no se establece que la elección deba hacerse de acuerdo a los porcentajes», expresó Segura, al tiempo que dijo que «hay que rescatar que Libre tiene una pretensión de 7, y ya no de 8 [magistrados] Nosotros hemos hecho una propuesta de que sean 5 de Libre, 5 del Partido Nacional y 4 del Partido Liberal, eso nos daría un balance en la Corte Suprema», expuso Segura, quien no mencionó nada sobre el voto restante.

En la sesión llevada a cabo el 25 de enero, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, dijo que todos los candidatos que figuran en la lista de 45 «valen lo mismo» en el proceso de elección de los próximos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin mencionar la relevancia de los y las candidatas mejor calificados por la Junta Nominadora, entre ellos, Ana Pineda y Roy Pineda, este último integrado en la moción nominal del Partido Libre.

En la lista proporcionada por la Junta Nominadora están Ana Pineda, con 93.22 %, siendo la candidata mejor puntuada entre las candidatas mujeres. Roy Pineda, con 92.95 %, fue el mejor evaluado entre los candidatos hombres.

La Junta Nominadora, que se declaró disuelta el pasado 23 de enero cuando entregó la nómina de 45 candidatos, estuvo conformada por Olban Valladares y Helui Castillo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); Waldo Rivera y Julissa Aguilar del Claustro de Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; Mario Urquía y Reina Nájera del Colegio de Abogados de Honduras (CAH); María Elena Sabillón y Joel Almendarez de la Conferderación de Trabajadores; Josue Padilla y Daysi Rodriguez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Martha Dubón y Tomás Andino de la sociedad civil. La secretaría técnica de la Junta Nominadora estuvo encabezada por Gustavo Solorzano, miembro del Cohep junto a Ariel Díaz y Karol Bobadilla, Karla Alegría en la secretaría técnica adjunta y Rafael Jeréz, asesor de la secretaría.

Después de que el Partido Libre presentó una moción nominativa con 15 candidatos y candidatas a magistrados – algunos cuestionados por acciones arbitrarias en el pasado y otros por vínculos familiares – no se han conocido avances en las negociaciones entre las distintas bancadas para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sobre esto, Mateo Yibrin, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) opinó que, aunque las negociaciones políticas dentro del hemiciclo Legislativo son naturales, no es aceptable que se esté negociando impunidad para casos populares o negociando personas que van a ir a la Corte a defender intereses particulares de políticos.

«Nosotros esperamos que sí se tome en cuenta la calificación de la Junta Nominadora a los candidatos y que, por lo menos, la mujer que tuvo la calificación más alta y el hombre que tuvo la calificación más alta deberían de estar en la lista» expresó Yibrin a Contracorriente.

Yibrín aseguró que él sí espera que, conforme a la Ley, se elija a los próximos magistrados y magistradas dentro del listado de los 45 entregado por la Junta Nominadora, y apuntó que dentro de ese listado «hay hombres y mujeres decentes que nos pueden dar un mejor futuro dentro de la Corte Suprema de Justicia».

Sobre esto, Martha Dubón, representante de sociedad civil en la Junta Nominadora, aseguró a Contracorriente en una nota anterior de finales de octubre de 2022, que existía «el peligro de caer en negociaciones políticas [dentro de la Junta Nominadora] si cada uno de estos sectores quiere tener en juego a sus candidatos», y mencionó que los votos de la Junta estarían seccionados en bloques, un bloque de cuatro sectores contra uno conformado por tres sectores.

Y es que hubo dos bloques bien marcados en esta Junta Nominadora, el primero aglutinó a cuatro sectores más conservadores: el Claustro de Docentes, la Corte Suprema, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh); mientras que, por otro lado, estuvo el bloque más cercano al partido de Gobierno: Sociedad Civil, el Colegio de Abogados y las Centrales Obreras.

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Organigrama tomado del portal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) referente a la Junta Nominadora Para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2023-2030.

Jefes de bancada en el Congreso convocados para negociar la CSJ

El Congreso Nacional envió la convocatoria para que este martes a las 6:00 p.m. se reúnan los jefes de bancada de los diversos partidos en el Congreso Nacional, para discutir varios puntos, entre estos, la aprobación de la nueva Corte Suprema de Justicia.

El diputado Ramón Barrios dijo a Contracorriente que, desde que quedó en suspenso la reunión del 25 de enero, los jefes de bancada y los miembros de comisiones especiales han mantenido una serie de reuniones buscando lograr el consenso de una planilla de 15 candidatos para presentarla ante el pleno del Legislativo.

Sobre la consulta de si este martes se puede estar eligiendo la CSJ, Barrios respondió «Yo diría que es más factible, si va a pasar algo esta semana, que sea entre miércoles y jueves. El ideal es que sea una elección en donde se pueda elegir en una sola planilla. De no ser así pues vamos a tener que ir al método que ya señala la Constitución de ir a uno por uno. Estamos buscando acuerdos».

Barrios afirmó que la Junta Directiva del Congreso está buscando que se presente una sola nómina con 15 candidatos a magistrados. 

«Las pláticas están llevadas para que haya una sola planilla, porque en realidad no queremos que pase lo de la vez pasada. Por eso estamos tomando el tiempo suficiente para llegar a una sola planilla y a una sola votación. Eso es lo ideal. De no llegar a una primera votación, se hará tantas votaciones como magistrados falten», sostuvo el congresista.

Por su parte, Mario Segura aseguró a Contracorriente que no han sostenido ninguna reunión con otras bancadas y «quizá mañana» se puedan tratar temas que tenemos pendientes en el Congreso.

«Todavía no hay consenso dentro del Partido Liberal ni hay consenso con las demás fuerzas políticas, sobre todo de cuánto va a ser la composición de los magistrados, según los partidos», expuso el jefe de la bancada liberal.

Al consultarle a Mario Segura por las declaraciones de Ramón Barrios – quien afirmó que ya cuentan con 10 magistrados consensuados – expuso que seguramente es porque entre Libre y el Partido Nacional ya existe un acuerdo.

Johana Bermudez, diputada del Partido Nacional, aseguró que, como bancada, los nacionalistas buscan una Corte que represente la voluntad del pueblo hondureño y que los próximos magistrados y magistradas sean transparentes y no representen a ningún grupo específico.

«La Junta Nominadora ha hecho un trabajo extraordinario, y lo menos que esperamos es que en Libre sean coherentes con su discurso y que de ninguna manera tomen el control absoluto de la Corte», afirmó Bermudez.

La diputada nacionalista agregó que dentro de los candidatos y candidatas que tienen el apoyo de su partido están hombres y mujeres que estan de acuerdo con su forma de pensar y con los «principios de respetar la vida, la familia, la paz y la democracia, que no tengan nexos con partidos politicos, económicos y con nigún grupo oscuro».

Bermúdez reiteró que, más que el puntaje de cada candidato o candidata y sus vínculos con los distintos partidos políticos o sus cuestionamientos en el pasado, pesa más que los posibles magistrados y magistradas estén en consonancia con los ideales del Partido Nacional. 

«Yo creo que es importante hacer un llamado a todos los sectores de la población para que estén pendiente de todos los procesos [de la elección de la CSJ] y asegurar que el Partido Libre, que tiene un ADN vinculado con la violencia, con el temor y con la constituyente, de ninguna manera pueda controlar la Corte Suprema de Justicia» , manifestó Bermudez.

La diputada de Libre, Silvia Ayala, afirmó a Contracorriente que han delegado a varios miembros de la bancada para que continúen los diálogos con otras bancadas representadas en el Congreso Nacional y expuso que espera que se presente un informe en la reunión de bancada de Libre este martes a la 1:00 p.m. en el Congreso Nacional.

Al consultarle si van a mantener a los mismos candidatos que presentaron en el listado inicial, Silvia Ayala dijo que «ese fue un primer intento de buscar nombres de personas destacadas que cumplen todos los requisitos constitucionales evaluados por la Junta Nominadora, o sea que, al estar evaluados por el listado de 45 cualquiera de estos colegas puede ostentar ese cargo. Se hizo una propuesta para cumplir con el mandato constitucional el día 25 de enero, si nosotros estuviéramos cerrados a esa propuesta pues no tendría sentido que se siguiera buscando diálogos, así que existe la más franca apertura para buscar consensos».

Sobre el escenario que pone a Jorge Cálix y los disidentes de la bancada de Libre en una nueva insurrección dentro del Partido Libre que termine con cambiar totalmente el panorama, Silvia Ayala manifestó que los diputados encabezados por Cálix han prometido internamente que apoyarán la línea del partido.

«Se realizó una reunión de bancada con el coordinador del partido, Mel Zelaya, en la cual los 50 diputados y diputadas de Libre asumimos el compromiso de buscar cualquier tipo de acuerdos que nos permitan cumplir con la obligación de elegir a los próximos magistrados de la CSJ garantizando los 50 votos y en esa sesión estuvo presente el diputado Jorge Cálix al igual que los otros diputados a los que usted hace referencia, y expresaron su compromiso en seguir las directrices del partido», expuso la congresista.

Por otra parte, Tomás Ramírez, jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) manifestó que la razón por la cual ese partido no está siendo considerado en las negociaciones de las otras fuerzas políticas es porque es la única bancada que en sus candidatos y candidatas tiene a los mejores calificados según la lista proporcionada por la Junta Nominadora.

«No ha habido un llamado por parte de las bancadas para considerar al Partido Salvador de Honduras» -dijo Ramirez en referencia con las negociaciones y a una posible nueva moción nominal de candidatos a magistrados. «Si fuese este el caso [si esa postura continúa] estaríamos retrocediendo en la elección de la CSJ, porque al menos el PSH le está apostando a los mejores magistrados y magistradas que tengan la idoneidad y se pongan la camisa de Honduras, no la camisa de un partido político, ni de poderes fácticos», dijo Ramírez.

Tomás Ramírez señaló que en el PSH ya tienen el listado de las y los mejores candidatos a magistrados, y que en la próxima reunión de esta bancada determinarán si la presentan como una moción nominal en el Congreso Nacional, «aunque estamos claros que los [candidatos y candidatas] que presente el PSH no van a ser tomados en cuenta», afirmó Ramírez.

Para el diputado del PSH, lo justo sería que, de no poder elegirse a los y las mejores candidatos calificados según la lista que proporcionó la Junta Nominadora, se escojan a los y las próximas magistradas conforme a la proporción de las cuatro bancadas de los partidos políticos, es decir, seis magistrados del Partido Libre, cinco del Partido Nacional al ser la fuerza política con mayor cantidad de congresistas (50 en total), dos del Partido Liberal 2 y uno del PSH.

El PSH emitió un listado de 11 candidatos a magistrados que consideran que no cumplen con los requisitos de idoneidad.

Ramírez afirmó que lo más probable para la elección de la CSJ es que el Partido Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal lleguen a un consenso dejando afuera al PSH.

El escenario que planteó Ramírez es que el Partido Libre con 50 diputados, el Partido Liberal con 22, el Partido Salvador de Honduras con 10 y los tres votos del los únicos congresistas del Partido Democracia Cristiana (DC), Partido Anticorrupción (PAC) y el diputado independiente Rolando Barahona sean quienes unan fuerzas para escoge a la nueva CSJ, pero, que aun así, se necesita 1 voto para alcanzar los 86.

Además, Ramirez consideró que, con tal de elegir a las y los mejores candidatos a la Corte Suprema de Justicia, vale la pena esperar hasta el 11 de febrero, día en que culmina el período de mandato de las autoridades actuales del Poder Judicial.

Diputados participan de la sesión del congreso nacional. Foto CC/ Fernando Destephen

Por su parte, Rolando Barahona, diputado independiente expulsado de la bancada del Partido Nacional, mencionó que ha preferido mantenerse al margen de todos los partidos políticos y no ha participado en ninguna de las negociaciones para la elección de los nuevos magistrados y magistradas.

«Mi postura y la posición que he mantenido es que ningún partido político debería de tener injerencia en el proceso de elección de la Corte, ni siquiera debería de pasar por los partidos políticos o por los diputados», indicó Barahona, quien además opinó que ningún partido político debería de tener el control absoluto de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo al Partido Libre.

Sobre la moción nominal presentada por el Partido Libre, el diputado manifestó que no está de acuerdo con que en esta no estén incluidos las y los candidatos mejor puntuados, pero que esto es una muestra del interés que persiguen los partidos políticos en la elección de la Corte.

«Si bien es cierto, hoy el tilin tilin de la Corte Suprema no es dinero, hoy tenemos que entender que el tilin tilin de la Corte es protección, y los partidos políticos lo que buscan es protección. Al final no les interesa quien es el más capacitado, ni el mejor profesional en sus capacidades, a ellos les va a importar quien va a ser afín a ellos y quién los va proteger más», subrayó Rolando Barahona.

Una Corte que responda a la consolidación del Estado de Derecho

Mateo Yibrín, presidente del Cohep, aseguró que la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) no debe de obedecer a la justicia tardía ni engorrosa, ni tampoco a la conveniencia política.

«Hoy un ciudadano común y corriente que hace un reclamo laboral a una empresa, por ejemplo, puede estar hasta 3 años esperando la resolución de su caso ¿Cree que es justo que ese ciudadano o que la empresa tengan que estar erogando gastos legales y honorarios durante tres años? Eso le resta competitividad a Honduras y le resta confianza, necesitamos exigir resultados desde el primer día a los próximos magistrados», manifestó Yibrin.

El diputado Barrios dijo que están eligiendo la Corte Suprema pero no olvidan que pronto tendrán que escoger también al Fiscal General. 

»En la comisión que presido, de legislación y asuntos constitucionales, hay dos proyectos para la elección de altos funcionarios. A mí me parece que el Congreso Nacional va a entrarle al dictamen de dos proyectos para tener una ley que pueda mejorar la elección de altos funcionarios, en este caso del Fiscal General y los magistrados del TSC», consideró Barrios.

Recientemente fue denunciado que, a pocos días de elegirse una nueva Corte, el Poder Judicial, a través del pleno de la CSJ que preside Rolando Argueta Pérez, está nombrando y designando a jueces de instancias inferiores.

«Al no haber Consejo de la Judicatura, pues las funciones administrativas las tiene el presidente de la CSJ, estamos preocupados por los nombramientos que se han hecho en los últimos 15 días. Tengo información de que algunos nombramientos sí son correctos, pero en su gran mayoría no obedecen a órdenes de meritocracia, sino que se está dejando una estructura para generar impunidad», consideró Barrios.

Al consultarle a Barrios sobre la petición del fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, de abrogar el decreto 116-2019 que activaría varios casos de corrupción que involucran a varios diputados del Congreso Nacional, el diputado de Libre dijo «Esa es la ley del fondo departamental y es una ley que debe ser derogada y modificada. Hay consenso en la bancada de Libre que debe ser derogada o reformada, en que en estos hay un conflicto de intereses en elegir una Corte Suprema de Justicia cuando varios diputados han estado involucrados en procesos judiciales cuando fueron beneficiados en la Corte Anterior y pueden ser beneficiados en la actual Corte».

Es preciso señalar que para la llegada de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) se ha solicitado la abrogación del decreto 116-2019 y la aprobación de otras normativas, como la Ley de Colaboración Eficaz y también otras reformas que tienen que ver con que la comisión tenga mayores facultades que la que tuvo la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

Fotografía y texto: Amílcar Izaguirre

La Comunidad de Guapinol está ubicada en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, a unos 340 kilómetros de Tegucigalpa. Es una comunidad próspera, de gente trabajadora y organizada, que posee tierras fértiles rodeadas por el río Guapinol, en peligro por proyectos mineros. 

Los fundadores de Guapinol llegaron a la zona hace aproximadamente 114 años, según cuentan los ancianos de la comunidad. Su población ronda los 3,000 habitantes. Las familias allí dependen de las remesas, la agricultura, la ganadería y del cultivo de palma africana. Para sostener el movimiento económico de la comunidad, han organizado tres cajas rurales.

Un reflejo de la organización y desarrollo de esta comunidad, es la Caja Rural que lleva por nombre «Primero de Abril», la cual opera desde 2005. Fue fundada inicialmente por 32 miembros, donde cada uno aportó 500 lempiras; hoy cuenta con 74 socios y se encuentra —según su directiva— en el máximo crecimiento. Esto la ha llevado a convertirse en la caja rural más exitosa del país, según un estudio realizado por la Fundación Para el Desarrollo Empresarial Rural (Funder).

Las cajas rurales son organizaciones creadas para la diversificación de actividades agrícolas que dan financiamiento a las familias que la integran. Según los fundadores de este proyecto, la caja se creó pensando dar préstamos a los pobres que no tenían un respaldo financiero y para quienes el banco no era una opción. La caja rural de Guapinol «Primero de Abril» ha ido más allá debido a que sirven a la comunidad facilitándoles hacer pagos de servicios públicos, cobro de remesas, préstamos hipotecarios, préstamos personales, apertura de cuentas, préstamos especiales para la siembra de cacao a una tasa de interés del 12 %, beneficio que los productores no encuentran en otro lugar, según comentan miembros de su junta directiva.

Este proyecto financiero está dirigido en su mayoría por mujeres, cuenta Dania Escobar, asesora de préstamos, quien nos comentó que de 74 miembros, 42 son mujeres; y de 10 personas empleadas que atienden en las oficinas, apenas 2 son hombres. Estas mujeres, aparte de ser empleadas, son socias y clientes a la vez, ya que tienen préstamos dentro de la organización. «En la caja hay varias compañeras que sacan préstamos para sus negocios, algunas se dedican a la agricultura, siembra de palma africana, o ponen pulperías», comenta Denia.

Para Reynaldo Domínguez, miembro fundador de la caja rural, la transparencia ha sido una de las principales claves para el éxito de este proyecto. Ya que desde un inicio tomaron la decisión de capitalizar en 5 años, y cumplieron. «Cuando se dio el fraude electoral, mientras en los bancos sólo permitían pagar 50 dólares en remesas, nosotros pagamos hasta 500, y la gente al darse cuenta de esto venía desde lejos a Guapinol a cobrar sus remesas. Eso fue lo que aceleró el crecimiento de la caja en estos 5 años», dice Reynaldo.

«En Guapinol es rara la familia que no tenga un familiar en los Estados Unidos, y hemos observado que, cuando mandan remesas, los familiares dejan en ahorros un buen porcentaje y lo demás lo invierten en la agricultura o en sus negocios. Este es otro factor que nos ha permitido crecer», asegura José María Delcid, presidente del Comité de Crédito de la caja. Reynaldo Domínguez agregó que cuando se van a los Estados Unidos, los pobladores de Guapinol trabajan algunos años, ahorran y luego compran terreno o ponen sus negocios para regresar a trabajar por lo propio en Honduras. 

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Estas prácticas le permiten a la comunidad de Guapinol autosostenerse ante la poca intervención estatal y municipal. Es tanto así, que hasta el tramo que da acceso a dicha comunidad desde hace tres años tiene mantenimiento gracias a la aportación económica de las cajas rurales y cooperativas del sector. El Estado sólo sostiene el centro de salud —atendido por una enfermera—, el jardín de niños y un centro básico. Sin embargo, la caja rural hace algunos aportes económicos para mantener el aseo en el jardín de niños. 

Varios habitantes de Guapinol dicen que, en lugar de ayudar, el Gobierno los ha afectado al aprobar concesiones mineras que han puesto en peligro sus fuentes naturales como el agua y la tierra. Es el caso del proyecto en construcción de Inversiones los Pinares, de los empresarios Lenir Pérez y Ana Facussé, ubicado en el Parque Nacional Carlos Escaleras —al que también llaman Montaña Botaderos—. Es por eso que, desde que inició este proyecto, la comunidad de Guapinol y otras aldeas vecinas se mantienen en una resistencia que les ha costado la vida y el encarcelamiento de varios compañeros. 

«Nosotros tenemos sed de seguir creciendo, y hemos abierto otras líneas de negocio como la comercial para generar más ganancias y vender a buen precio a nuestros socios. También queremos comprar una finca de palma, pero tenemos miedo que proyectos como el que tenemos a la par desplacen gente. Y si la gente que se desplaza son nuestros clientes, la perdemos, y la caja iría para abajo», comenta Domínguez.

Reynaldo Domínguez dice que, antes de 2017, en Guapinol no había conflictos como el de ahora, y que en tan solo 5 años han vivido «cosas terribles» debido al proyecto minero. «Tenemos méritos para seguir en pie de lucha, aquí estamos y no nos vamos, defenderemos este negocio a capa y espada», dice. Después, Domínguez, socio fundador de la caja rural y líder ambientalista, lanza una última petición: «La caja es la única alternativa que nos queda si el Gobierno no ayuda. Pero, eso sí, que no nos moleste». 

El 27 de enero se cumplió un año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En el informe de logros del Poder Ejecutivo, la vicepresidenta Doris Gutiérrez habló de «tres regalos» aún pendientes por parte del gobierno hacia las mujeres: La Ley Contra las Violencias hacia las mujeres, la Ley de Casas Refugio y reformas al Código Penal. Mientras tanto, las muertes violentas de mujeres y femicidios aumentaron un 51% en relación con el año 2021, según los registros del Ministerio Público.


Texto: Vienna Herrera

Fotografía: Fernando Destephen

El gobierno de Xiomara Castro cumplió un año en el poder el 27 de enero, para esa misma fecha Honduras registró la misma cantidad de femicidios que días en el año, uno diario, según el Observatorio de Ecuménicas por el Derecho a Decidir.

Jinna Rosales, activista feminista e integrante del Grupo Estratégico por la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (GE-PAE), dice sentirse preocupada por la violencia. «No vemos un arranque de las autoridades o de este gobierno para frenar la violencia ni los femicidios. Pareciera que asesinan a una mujer diariamente, tenemos un sistema de justicia que sigue igual al de gobiernos anteriores y que no responde de manera efectiva y veraz ante las investigaciones de femicidios».

La noticia que puso en alerta esta situación fue la muerte violenta de tres mujeres garífunas el 15 de enero. Esta no sólo fue la primera masacre registrada en el año, sino que también ocurrió en la comunidad de Travesía en Puerto Cortés, uno de los 73 municipios que se mantienen en estado de excepción desde diciembre del 2022.

En su cuenta de Twitter, la presidenta Castro dijo: «Mi solidaridad por el criminal femicidio contra tres hermanas garífunas. La policía dará a conocer en las próximas horas el alcance de las investigaciones. No más impunidad»

Sin embargo, para Jinna Rosales, esa expresión es sólo una muestra de que la presidenta debería repensar este año quiénes son sus asesores pues hace falta mucho para el enfoque de género. «Solidaridad creo que es un discurso que es parte de una persona activista del movimiento social, no de una garante de los derechos humanos y no es que menosprecie la palabra o expresión, pero debería de ser más contundente y enmarcado en el rol que tiene como gobierno».

El 24 de enero, las autoridades policiales dieron a conocer que había sido detenido David Alexander Lambert como el supuesto responsable, Lambert era pareja de una de las tres mujeres asesinadas.

De acuerdo con la información que registra el Ministerio Público, el registro de muertes violentas de mujeres en 2022 fue de 398, lo que supone un aumento de 138 casos en relación con el año anterior. De estos casos, al menos 304 corresponderían a femicidios, según el análisis del Centro de Derecho de Mujeres (CDM).

Migdonia Ayestas del Observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, explicó a Contracorriente que los casos de muertes violentas de mujeres aumentaron en enero en relación con los datos de diciembre que tuvo 25 casos y en enero antes de concluir el mes se había superado la misma cifra, «pero también preocupa más allá de esa cifra, que hay un aumento en el número de casos y en la forma cruel e inhumana en que están sucediendo».

El mismo 15 de enero que sucedieron los femicidios de las tres mujeres garífunas, los medios reportaron el femicidio de Jessica Vallecillo Cruz, una mujer de 21 años del departamento de El Paraíso, que murió por quemaduras en el 75% de su cuerpo tras ser atacada por quien era su pareja, Andy García de 56 años.

Sandy Arteaga, activista feminista, explicó que en casos así los medios de comunicación suelen ser muy amarillistas «lo normalizan y retroalimentan, en lugar de explicar que era un hombre que en abuso de poder asesinó a su pareja. Hay que hablar de la desigualdad económica, de los círculos de violencia».

Con Pancartas y camisetas con manchas de pintura roja en representación de las víctimas de feminicidios en el país, movimientos feministas protestaron en los bajos del Congreso Nacional, durante la instalación de la Segunda Legislatura del Poder Legislativo. Foto CC/ Fernando Destephen.

La respuesta del gobierno a la violencia de género

La reducción de los femicidios fue una de las promesas de campaña y estaba dentro del plan de gobierno de la presidenta Castro. Durante la instalación de la segunda legislatura del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, a través de la vicepresidenta Doris Gutiérrez, presentó el informe de logros en el que destacaba la creación de la Secretaría de la Mujer y la implementación de mesas de alto nivel sobre un presupuesto sensible al género.

Sin embargo, Gutiérrez reconoció que aún queda mucho camino para garantizar los derechos de las mujeres. En su discurso hizo referencia a «tres regalos» que el Congreso Nacional debería ofrecer a las mujeres: La aprobación de la Ley Integral Contra las Violencias hacia las Mujeres, la Ley de Casas Refugio y la derogación o revisión del Código Penal «que favorece a los violadores, favorece a los femicidas y favorece a gran cantidad de agresores», señaló.

La Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres es un proyecto que fue trabajado desde hace más de cuatro años por organizaciones de mujeres y feministas, quiénes lo presentaron a la presidenta Xiomara Castro el 8 de marzo de 2022. Ese día ella prometió que la enviaría al Congreso Nacional para su aprobación. La ley llegó al Congreso Nacional, pero no ha entrado en discusión todavía.

«Me preocupa quiénes son las personas que están revisando la ley y con qué intenciones porque si le quitan mucho que será beneficio a las mujeres es como que no tengamos nada y lo que queremos es una ley de protección porque todavía tenemos la experiencia del Código Penal del 2019» dijo Sandy Arteaga.

Bajos del Congreso Nacional durante la instalación de la Segunda Legislatura, movimientos feministas protestaron con batucadas y consignas en contra de algunos funcionarios del gobierno. Foto CC/ Fernando Destephen.

Jinna Rosales aseguró con frustración que antes de que la presidenta tomara posesión se dedicaron a pulir propuestas, entre ellas la Ley Integral, para que se aprobaran en este gobierno, «pero seguimos en discusiones, seguimos en reuniones, haciendo lobby y no tenemos nada. No tenemos casas refugio, la Ley Integral, ni la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, ni la ratificación del protocolo de la CEDAW. Seguimos más desprotegidas que nunca».

La abogada Delmy Ordoñez, Secretaria General de Ciudad Mujer, dijo a Contracorriente que también están a la espera de la aprobación de la Ley Integral, pero que esperan que exista un presupuesto cuando la misma sea aprobada, «ha llevado un proceso de socialización en las secretarías. Esperamos que el presidente (Luis Redondo) ya la agende, sabemos que está en la comisión de dictamen y esperamos que pueda ser aprobada lo más pronto posible».

Sin embargo, también aseguró que para reducir los índices de violencia era también necesario avanzar no sólo en lo legislativo sino también en el Poder Judicial «por eso son tan importantes procesos como la Corte Suprema de Justicia, también los operadores de Justicia en las distintas fiscalías, todo debe ser de manera integral».

El Presupuesto General de la República de 2023 tiene por primera vez un apartado con enfoque de género, en él señalan que 100 millones de lempiras (USD 4 millones) se destinarán a la Secretaría de la Mujer, pero también cada institución tiene un apartado de género dentro de sus presupuestos.

Sin embargo, aunque exista un presupuesto con enfoque de género, la mayoría de las Secretarías son dirigidas por hombres, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través de su Observatorio de Igualdad de Género, en Honduras solo existe un 30% de participación de mujeres en gabinetes ministeriales del gobierno.

Ordoñez dice que desde Ciudad Mujer están haciendo el análisis de las disposiciones del presupuesto. «Hay que ver cómo se va a llevar a cabo en la práctica este presupuesto que sea una respuesta para la mujer y no se utilice sólo para partir pastel el día de la madre», dijo.

Otra de las respuestas del gobierno de Castro fue colocar en más puestos de mando a las mujeres dentro de la Policía Nacional de Honduras, el 40% de las jefaturas son lideradas por mujeres.

Sin embargo, para Sandy Arteaga con poner mujeres en la Policía tampoco va a cambiar la situación «porque esa es una institución sumamente patriarcal. Una mujer en la policía se ve obligada a encajar en esta estructura para que las respeten» dijo.

Mientras que para Rosales, la postura del gobierno de pedirle a la ciudadanía que confiemos más en la policía «es una situación bien ambigua, por una parte, nos piden confianza. Sin embargo, esta institución no ha sido depurada y siguen estando al mando los mismos de siempre».

Datos del observatorio de CDM dicen que en 2022 al menos tres mujeres fueron víctimas de femicidio por hombres con uniforme de policía y militares.

Estatua del Cacique Lempira en los bajos del Congreso Nacional con el pañuelo verde del movimiento feminista en su cara, durante la conmemoración del Día de la Mujer Hondureña y durante la instalación de la Segunda Legislatura del Poder Legislativo. Foto CC/ Fernando Destephen.

Una PAE condicionada y lejana a la realidad hondureña

El 20 de enero se publicó en La Gaceta el acuerdo ejecutivo 58-2022 que deroga parcialmente la prohibición de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), permitiendo que esta se utilice sólo en casos de agresiones sexuales.

Cuando el ministro de Salud, José Manuel Matheu, dio a conocer que permitiría la PAE bajo esas condiciones a finales del año pasado, dio declaraciones ante la cadena BBC en donde dijo que «para las mujeres que no fueron víctimas sexuales, deben aprender a pedirle al hombre que use preservativo, deben aprender también que hay otros métodos de anticoncepción… No vamos a usar la píldora para que haya un desenfreno sexual».

Esto a pesar de que el mismo acuerdo cita un dictamen del 18 de agosto de 2022 emitido por el Colegio Médico de Honduras (CMH) por parte de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras, en el que aseguran que la pastilla «no es abortiva y no impide la implantación de un óvulo fecundado, ya que no tiene efecto sobre el endometrio, por lo cual, no existen condiciones médicas conocidas en las cuales no se deba usar la PAE».

De acuerdo a los datos del CDM, 2914 niñas y mujeres denunciaron ser víctimas de violencia sexual en 2022 y los datos que la organización recopiló de la Secretaría de Salud indican que menos de 50 buscaron atención médica después de la agresión.

Para Ana Ruth García de Ecuménicas por el Derecho a Decidir hay una violencia estatal sistemática a los derechos de las niñas y mujeres hondureñas, «no nos interesa lo que diga el ministro Matheu, él se basa en prejuicios religiosos, anti derechos, que no deben existir en un Estado Laico. La presidenta Xiomara Castro prometió erradicar el patriarcado que es prácticamente imposible, pero se puede con voluntad política por lo menos otorgar los derechos a las mujeres».

Activistas como Jinna Rosales dicen sentirse desprotegidas pues, aunque Xiomara Castro tomó posesión el 27 de enero de 2022, finalizando su discurso prometió que no les iba a fallar a las mujeres hondureñas, «sabemos que en el nivel político hay otros temas y el de género suele polarizar, pero a un año de gobierno no hay nada y estamos preocupadas por esta ola de violencia que se ha incrementado» finalizó.

En la instalación de la segunda legislatura, la designada Doris Gutiérrez en representación del Poder Ejecutivo y Luis Redondo que preside el Congreso Nacional, brindaron sus respectivos informes referentes al primer año de un gobierno que llegó con la esperanza de cambios radicales pero que con el tiempo se han diluido. Con la ausencia del saliente titular del poder judicial Rolando Argueta, y en medio de la tensión por la falta de consensos para la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema, tanto Gutiérrez como Redondo destacaron logros y nosotros los chequeamos. 


Texto: Célia Pousset y Fernando Silva
Fotografía: Jorge Cabrera

El miércoles 25 de enero, mientras los diputados negociaban la lista de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y mientras la sociedad civil esperaba la convocatoría de la sesión en la tarde, la designada Doris Gutiérrez y el Presidente del Congreso, Luis Redondo, presentaron sus informes del primer año en el gobierno. La primera lo hizo en medio de pequeñas bromas que desataron risas en el Congreso y anécdotas personales, buscando revivir una complicidad basada en la lucha social y feminista. El segundo reiteró lo que había expuesto, cinco días antes, en un twitter Space titulado «La Verdad sobre la Legalidad Constitucional», a un año de la división de la bancada de LIBRE durante la elección de la junta directiva del Congreso Nacional. 

Doris Gutiérrez asumió el papel de ponente en representación de la Presidenta Xiomara Castro, quien se encontraba en Argentina, en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de donde hizo una comunicación virtual, resaltando una vez más el mal estado de las finanzas y su compromiso con la «refundación del país».

Cabe señalar que el discurso que pronunció la Presidenta Castro se asemeja a los que pronunciaba cuando estaba todavía en campaña electoral : «puedo afirmar que Honduras estaba condenada al fracaso y la desarticulación de haber seguido la senda por la que se nos arrastró durante los últimos 13 años, entregando nuestro territorio, con el proyecto de la Zede, las redes de corrupción público-privadas, los fraudes electorales, el narcotráfico y la privatización de las empresas públicas. En medio de la profundización del modelo neoliberal, lo único que se ha derramado sobre nuestra gente es miseria, desempleo, hambre, enfermedades, incontables privaciones».

La intervención de Doris Gutiérrez aportó más elementos concretos identificados como logros o avances mayores del Gobierno «socialista».

La segunda designada presidencial Doris Gutiérrez lee el informe enviado por la presidenta de Honduras Xiomara Castro durante la segunda legislatura del congreso nacional. Foto CC/Jorge Cabrera

Doris Gutierrez - Designada presidencial

VERDAD A MEDIAS 

El pasado 20 de abril, el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y otros decretos relacionados. Si bien ya no se podrán constituir nuevas ZEDE en Honduras, las que existen siguen funcionando y las empresas que se encuentran en Próspera, Ciudad Morazán u Orquídea, no se han adscrito a otros regímenes especiales. Además, el 20 de diciembre, el grupo Próspera demandó al Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de hasta $10,775 millones de dólares por irrespeto a «las garantías de estabilidad jurídica» de sus inversiones. 

A principios de marzo, el Congreso de Honduras derogó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, la llamada Ley de Secretos. Esta norma, aprobada por el expresidente Juan Orlando Hernández cuando era Presidente del Congreso Nacional, fue utilizada para ocultar información sobre malversación de fondos públicos. Las instituciones que ocultaron información apegándose a esta ley, tenían un plazo de dos meses para explicar por qué la reservaron, de lo contrario, toda la información que fue clasificada durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) debía ser publicada en los portales de transparencia bajo la supervisión del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Pero, hasta la fecha, la información de muchas instituciones sigue reservada. 

El pasado 27 de mayo el Congreso Nacional derogó 19 decretos que propiciaron la creación de fideicomisos gubernamentales que «deterioraron e inmovilizaron las finanzas públicas». Sin embargo, este paquete de reformas propuesto por la presidenta Castro omitió el Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción al Deporte (Finaprode) que fue utilizado para beneficiar a empresarios y diputados de la administración anterior, según una investigación de Contracorriente.

FALSO

Si bien es cierto que el contexto internacional es difícil por la guerra entre Rusia y Ucrania y por el aumento en el precio de transporte marítimo que generan una alza de los precios de mercancías, expertos consultados por Contracorriente consideraron que el Gobierno de Xiomara Castro no está respondiendo adecuadamente a este problema. 

El Banco Central de Honduras (BCH) es el encargado de regir la política monetaria del país. En 2022, no ha incrementado la Tasa de Política Monetaria (TPM). Sin embargo, según Ismael Zepeda, economista del Foro Social para la Deuda Externa (Fosdeh), el incremento de la TPM es una medida que fue aconsejada por organismos internacionales de crédito y adoptada en varios países de Latinoamérica. 

El economista y catedrático universitario Julio Raudales considera que «si hay un punto que el Gobierno no puede presentar como un logro, es la contención de la inflación.. Sostiene que el Banco Central de Honduras no tomó medidas que ayuden a disminuir la inflación, «a pesar de tener tres herramientas para hacerlo : la Tasa de Política Monetaria (TPM), las operaciones de mercado abierto y la coordinación de créditos». Con 10.2 %, Honduras está entre los países con la inflación más alta de la región latinoamericana.

VERDAD A MEDIAS

Es cierto que esta medida fue tomada, pero según el economista y catedrático, Julio Raudales, no contrarresta la inflación, al contrario fomenta los mercados paralelos y la especulación. De hecho, los precios no bajaron y según un informe del BCH publicado en enero, sobre el índice de precios al consumidor, la inflación interanual de los alimentos y bebidas es de 15.76%. 

«Con el congelamiento de los precios, no se ven impactos positivos para contrarrestar la inflación, pero sí hay un impacto en el presupuesto del Gobierno», opinó Alejandra Salgado, economista del Fosdeh.

VERDAD 

De enero a julio la Secretaría de Energía (SEN) ha realizado el pago por un monto de L. 713,191,976.91 por concepto de subsidios de combustibles líquidos (diésel) y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Esta medida permitió que el precio del combustible se mantuviera menos elevado de lo que hubiera podido ser. 

Sin embargo, Alejandra Salgado, economista del Fosdeh, destacó que habría que evaluar el impacto que tuvo este subsidio : «no hay un análisis técnico de la medida». Julio Raudales hizo también ese comentario : «¿ A quién le benefició este subsidio ? A la gente que se mueve en carro y tiene que pagar gasolina; los más pobres que no tienen vehículos pagaron la misma cantidad para moverse en bus».

VERDAD A MEDIAS

El pasado 12 de mayo el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social.

El ingeniero e investigador en los sectores energía y desarrollo humano, Mario Rubén Zelaya, dijo a Contracorriente que «la iniciativa legal es buena, pero no es suficiente para superar las enormes deficiencias que hay en Honduras donde 1.3 millones de habitantes no tienen acceso a la electricidad. Contamos con 85 % de electrificación, es el índice más bajo de Centroamérica y el segundo más bajo de América Latina después de Haití. El problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es grande, tiene un 38 % de pérdidas por deficiencias técnicas y porque hay gente que, por su condición de pobreza, no puede pagar el servicio».

Por eso, el Gobierno ofreció un subsidio de energía para las familias de escasos recursos. Según Gutierréz, ha beneficiado a más de 1,500,500 de habitantes. Este subsidio aplica a la población que consume menos de 150 kWh al mes. Mario Zelaya considera que es una medida insuficiente por ser «temporal» y no soluciona de manera durable el problema del acceso a la energía.

VERDAD A MEDIAS

La Ley Especial de Energía ordena a la ENEE revisar todos los contratos de generación suscritos. En este contexto, fueron anunciadas negociaciones exitosas con los generadores de energía. El Gobierno habla de un ahorro de mil millones de lempiras anuales. Pero en este tema, el ingeniero Mario Rubén Zelaya destaca dos puntos ciegos: la falta de transparencia y la incertidumbre en el impacto positivo que tendría el ahorro del Estado en las finanzas de la población. «Sería un gran logro si fuera cierto, pero el Gobierno tiene que demostrarlo. Hasta ahora no hay ningún documento que lo establece y que describe las condiciones de la negociación. Tampoco sabemos cómo este ahorro impactará en la tarifa de la electricidad y, por consiguiente, en el poder adquisitivo de las familias».

VERDAD

El SAR ha preparado un proyecto de Ley para suprimir los regímenes especiales que ofrecen grandes exoneraciones a empresarios, pero no está garantizado que el Congreso lo apruebe ya que este tema puede generar crispaciones en las élites económicas del país.

VERDAD A MEDIAS

 Doris Gutiérrez lo sugirió: falta mucho por hacer en materia de género. Al principio de su discurso hizo referencia a «los tres regalos» que el Congreso Nacional debería ofrecer a las mujeres de Honduras. Mencionó la aprobación de la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley de Casas Refugios y «la derogación o la revisión de ese Código Penal de la impunidad que favorece a los violadores, favorece a los feminicidas, y favorece a la gran cantidad de agresores». Otros temas están sobre la mesa desde hace un año, pero no han conocido ningún avance, como la aprobación de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y la despenalización del aborto. Además, 2023 arrancó con un número escalofriante de feminicidios (26 casos al 25 de enero según la organización Ecuménicas por el Derecho a Decidir) en un país donde la impunidad en esos casos alcanza el 95%

Por ser Xiomara Castro la primera mujer presidenta de la historia de Honduras, las expectativas eran altas. Quizás fueron las que más han sido defraudadas.

El Presidente del Congreso Nacional Luis Redondo se dirige a la cámara de diputados dando comienzo a la segunda legislatura. Foto CC/Jorge Cabrera

Luis Redondo – presidente del Congreso Nacional. (click al ‘ + ’ para verificar)

FALSO

Un decreto aprobado por el Congreso Nacional el 27 de mayo de 2022 le otorgó un estatus especial dentro del Ministerio Público a La Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco) con el que, según diputados oficialistas, le daban independencia y mayores capacidades de investigación. Sin embargo, los obstáculos para que esta fiscalía investigue y presente requerimientos fiscales no han tenido que ver con someterse a la autorización del Fiscal General, sino más bien a la falta de reformas estructurales, apoyo técnico y la aprobación de pactos de impunidad.

El decreto Legislativo 67-2022 otorgó poder a la Uferco para ejercer la acción penal sin la autorización de Oscar Chinchilla, actual Fiscal General, condición requerida por el principio de jerarquía contenido en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Además, ordenó aumentar en un 10% el presupuesto de la unidad saltándose la autonomía administrativa del Ministerio, pero sin una ruta clara del proceso para aumentarlo.

En julio de 2022 el abogado Edy Tabora explicó a Contracorrienteque con este decreto le dieron potestades a la Uferco que no estaban pidiendo y que uno de los aspectos que menos ha controlado Chinchilla es la investigación y presentación de requerimientos fiscales dirigidos a las redes de corrupción que esta unidad persigue. Tabora argumentó que el fiscal general ha controlado a la Uferco «quitándole las capacidades técnicas y fiscales».

Otro de los cuestionamientos realizados a este decreto fue la temporalidad del estatus especial otorgado, que especifica su vigencia hasta que se elija un nuevo fiscal general. Sobre esto se pronunció públicamente la abogada Gabriela Castellanos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y aseguró que «se está decretando legislativamente que la independencia de esta unidad especializada culminará cuando un nuevo personaje ocupe la silla de Oscar Chinchilla» y agregó que la solución no debe estar condicionada sino debe ser integral y con efectos permanentes dirigida a fortalecer la institucionalidad.

Luis Javier Santos, fiscal y jefe de la Uferco, apuntó en entrevista con Contracorriente que «en el decreto se nos dan plenos poderes para acceder a la información, pero eso sería una facultad extra para el Uferco si se reformaron otras leyes, porque se dice que nosotros podemos acceder a la información, pero los decretos que estamos solicitando que se deroguen establecen el procedimiento. Por lo cual, si no se derogan esos decretos, pues estos superpoderes de la Uferco no tienen ningún efecto».

VERDAD A MEDIAS

El 2 de febrero de 2022, en pleno conflicto por la legalidad de la Junta Directiva del Poder Legislativo, diputados oficialistas aprobaron una ley que condena al golpe de Estado, propuesta por el diputado Rasel Tomé, que incluye la derogación del decreto 141-2009 que emitió el Congreso Nacional en ese entonces para separar del poder a Manuel Zelaya Rosales. Además, oficializar una plaza con el nombre de Isis Obed Murillo —primer mártir del Golpe—, y la autorización para que la presidenta Castro pueda firmar un convenio para crear una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción.

En esa misma ley, Tomé propuso un decreto para conceder amnistía para la liberación de presos políticos, quienes tienen procesos judiciales vigentes relacionados con motivaciones políticas, y funcionarios públicos del Gobierno del expresidente Zelaya entre 2006 y 2009. En ese momento el diputado de Libre explicó que sería el Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), quien definirá a los activistas sociales encarcelados que podrán aplicar a la amnistía, sin embargo, en el caso de los funcionarios públicos no dejó claro quiénes podrían ser beneficiados y quién analizará los casos.

Del lado de los activistas sociales encarcelados con la aprobación de este decreto creció la expectativa en ese momento para la liberación de los defensores de Guapinol que se encontraban presos y el cese a la persecución de estudiantes que ejercieron su derecho a la protesta en el gobierno anterior; sin embargo, aunque el Cofadeh contabiliza más de 200 personas que han sido beneficiadas por el decreto, los defensores de Guapinol, por ejemplo, no utilizaron dicho beneficio.

En cambio, políticos acusados de corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya entre 2006 y 2009, sí han sido beneficiados con la Ley de Amnistía. Por ejemplo, el ahora asesor presidencial Enrique Flores Lanza, quien se encontraba en el exilio escapando de la justicia, y Marcelo Chimirri, sobrino de la presidenta Castro, declarado culpable del delito de enriquecimiento ilícito mientras ocupaba el cargo de gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) entre 2006 y 2007, que guardaba prisión previo a la amnistía.

VERDAD A MEDIAS

El mismo 2 de febrero, y en la misma ley de condena al Golpe de Estado, el Congreso Nacional presidido por el diputado Luis Redondo «aprobó» la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH); sin embargo, dicho decreto no garantiza la instalación de dicha instancia en el país ya que este es un acuerdo que debe ser firmado por el Poder Ejecutivo con las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas.

En ese sentido, el 15 de diciembre del 2022 la presidenta Xiomara Castro, el canciller Enrique Reina y Antonio Guterres, secretario general de la ONU, firmaron un memorándum de entendimiento no vinculante que estipula dos fases en las que el gobierno deberá reunir una serie de condiciones para que continúe el proceso.

En ese sentido, Luis Javier Santos de la Uferco asegura que, aunque este es un primer paso importante en la instalación de esta instancia internacional en el país, «es un avance que ha caminado muy lento, en un año y no ha tenido los avances que se requieren. La exigencia de justicia en materia de corrupción en el país requiere mayor celeridad sino pues entonces se vuelve ilusoria la lucha contra la corrupción».

Además apuntó que a pesar de estos pasos adelante no ve claro realmente el establecimiento de la CICIH.

«Hasta ahora yo no tengo claro si la misión se va a establecer este año o el otro año. Yo creo que eso es lo que la sociedad exige, que se les dé algún tipo de seguridad sobre el establecimiento», apuntó Luis Javier Santos.

Además, Urza Zeya, subsecretaria de Estado para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos del gobierno de los Estados Unidos, en su visita a Honduras al inicio de este año 2023 explicó a Contracorriente que la firma del memorándum entre las Naciones Unidas y Honduras en diciembre es «solo el primer paso», y apuntó que «nos gustaría ver lo más pronto posible la llegada del equipo técnico de las Naciones Unidas que hará que este proceso avance y esperamos ver las recomendaciones con respecto a las reformas legales que serán necesarias para hacer que este ente sea posible».

VERDAD A MEDIAS

El 17 de marzo de 2022 el Congreso Nacional aprobó una modificación en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas en el que se restablecieron unos parámetros que habían sido modificados en 2019 por el gobierno anterior. Se trata de los artículos 77 y 106 del decreto 145-2019, que fue publicado en el diario La Gaceta el 5 de marzo de 2020.

La nueva reforma implica que los órganos judiciales y del Estado podrán tener acceso a los registros de este ente, cuando antes solo estipulaba que su accesibilidad era por medio de órganos jurisdiccionales bajo la observancia de los procedimientos legales; además, establecía que para las auditorías internas la selección, designación y destitución del auditor, subauditor y personal auxiliar de unidades de auditoría correspondía exclusivamente al TSC.

Ahora el nombramiento del jefe de la unidad y personal auxiliar de las auditorías internas le compete al Poder Ejecutivo en la administración central, mientras que a las juntas directivas o corporación municipal en el caso de la administración descentralizada, desconcentrada, incluyendo las municipalidades.

El abogado Luis Javier Santos explicó sobre este logro que la limitante de acceso a la información para investigaciones aún sigue con los decretos 057-2020 del Código Procesal Penal que no se ha derogado y les limita la potestad de secuestrar documentos. Además, apuntó que el TSC no ha cumplido con la remisión de los informes de liquidación que ordenó el Congreso Nacional en la primera legislatura.

VERDAD A MEDIAS

En una nota del 16 de mayo de 2022 Contracorriente apuntaba queel 28 de abril, 83 de los 128 diputados que integran el Congreso Nacional votaron a favor de la derogación de la mencionada ley, cuya eliminación fue una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro. Los congresistas acordaron una vacatio legis de 60 días para buscar una salida a los empleados que están trabajando bajo la modalidad. El decreto, cabe mencionar, también prohibía a las empresas despedir a las personas que actualmente trabajan por hora.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) apuntó que según las estadísticas se perdieron 81 mil empleos en 2022, de las cuáles según Santiago Herrera, gerente de Política Económica de dicha institución, detalló que 58 mil de esos empleos se perdieron en el sector privado, muchos de ellos a causa de dicha derogación de la Ley.

Alejandra Salgado, economista del Fosdeh, apuntó a Contracorriente que esta derogación se tuvo que haber acompañado con un plan estratégico para poder ver o analizar antes los efectos que podía tener en la economía.

VERDAD

Según estimaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) el 84% del presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2023, esté dirigido a atender la demanda del gasto corriente en Honduras.

VERDAD

El 28 de diciembre de 2022 el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo aprobó la «Ley de prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente», que tiene la finalidad de responder a familias afectadas por la violencia. Según uncomunicado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), esta normativa «establece la base para atender las consecuencias que sufren las personas que se han visto obligadas a abandonar sus comunidades y para prevenir nuevos desarraigos».

Además, ACNUR puntualizó que la legislación crea un marco institucional y establece mecanismos de prevención y protección a la población desplazada de amenazas como el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales y la explotación infantil.

Texto: Teddy Baca
Portada: Daniel Fonseca

A raíz de la elección de las próximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), creo conveniente mencionar que para que una Corte Suprema de Justicia sea «imparcial» y respetuosa de los derechos humanos, debe mantener presente que las personas estamos por encima de las ideas y las acciones. Así como, cuando haya un caso de corrupción, debe dejar de pensar que se defiende al amigo, y pensar que se daña a millones de personas si no se brinda justicia. Una Corte Suprema de Justicia imparcial y respetuosa debe saber que no puede priorizar la religión por encima del marco normativo y los tratados, porque se viola el estado de derecho y su laicidad.

Las autoridades actuales de la Corte Suprema de Justicia tienen acusaciones entre las cuales menciono las siguientes: 1) mantener la impunidad en casos corrupción, 2) contribuir a la impunidad en los crímenes de odio y discriminación, 3) ser cómplices de la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández en el 2017 y 4) permitir que se atropellen derechos de las mujeres y la diversidad sexual con la prohibición del matrimonio igualitario y del aborto.

En marco de esto, una nueva CSJ que realmente busque respetar los derechos humanos de la Diversidad Sexual debe tener en cuenta 10 elementos que no creo que se hayan aplicado nunca, por el mismo sistema cisheteronormativo que opera y se impone en el país, disfrazado de «moral y buenas costumbres». El nombre de «mandamientos» es una ironía, desde luego, pero es de vital importancia la consideración y aplicación de estas:

  1. No utilizar el dogma de ninguna religión (incluido el cristianismo) para determinar si un discurso es discriminatorio o no. La discriminación sucede cuando se limita o agrede a otra persona por pertenecer a un sector o grupo, no pierde su significado porque sea parte de una discursividad religiosa.
  2. La homosexualidad, bisexualidad, asexualidad e identidades trans no son enfermedades ni trastornos, por lo que no se debe avalar procedimientos que nos retratan de esta forma.
  3. Casarse es un derecho civil; por tanto, las personas indistintamente su orientación sexual deberían poder casarse con quien lo deseen en el marco del consentimiento. No tiene sentido prohibirlo en un «Estado laico». La reproducción no es una excusa, existen familias constituidas en unión libre y parejas casadas que no pueden o no quieren tener hijos.
  4. Los crímenes de odio existen, y no van a cesar a menos que se haga justicia y se eduque a la población. 
  5. La «moral» es algo muy alejado de la orientación sexual o la identidad de género; por tanto, una nueva Corte Suprema de Justicia respetuosa de la diversidad debe evitar sancionar a alguien por expresarse tal y como es. Nuestra existencia no es una ideología.
  6. Criminalizar una protesta es una acción antiderechos aquí y en cualquier muchas partes del mundo donde se cree en la democracia, no importa cuál sea esta protesta, y menos si estas protestas están lideradas por personas LGTBIQ+.
  7. La interseccionalidad importa, no es lo mismo un caso de una mujer lesbiana de Tegucigalpa que un hombre bisexual de San Marcos Ocotepeque, se deben considerar temas económicos y multiculturales para analizar cada caso.
  8. No existen las verdades bíblicas, cada quien tiene derecho a profesar una fe y es lo correcto, pero no se puede utilizar un discurso religioso como «verdad» para desvirtuar una realidad o derechos ajenos.
  9. La corrupción afecta a todas las personas; en el momento en que se permite la malversación de fondos, esta crece más y más al punto en que —indirectamente— esta nos mata, como sucedió con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) hace algunos años, originando la muerte de varios pacientes por falta de insumos.
  10.  Las infancias diversas merecen protección, aún si es de sus propios padres y madres. La violencia disfrazada de «disciplina» no deja de ser violencia. La libertad inicia cuando se respeta el desarrollo de la individualidad, cuestión que se logra cuando hay inclusión, no con la censura a quienes no encajen en la cisheteronormatividad.

Fotografía y texto: Fernando Destephen

En los primeros meses de 2012, Belkis Orbelinda Cruz Reyes (30) emprendió la ruta migratoria. Lo hizo con esa normalidad con que se asume la migración en Honduras. Pasó a Guatemala y ya dentro de México, el 4 marzo de ese año, se subió a «La Bestia», el imponente tren que recorre el país llevando productos y migrantes. Belkis se cayó y el tren le cortó la pierna derecha de la rodilla hacia abajo; ahora usa una prótesis que está a punto de quebrarse. 

El retorno de Belkis a Honduras fue asistido por la Cancillería debido a su estado, pero esa asistencia terminó en el aeropuerto de San Pedro Sula. «Me dejaron ahí en el aeropuerto y nada más» contó Belkis desde la casa donde vive con una amiga en la colonia Villa Cristina de Comayagüela, uno de los muchos cerros de la ciudad que desde hace unos años se llenan de casas. Antes del viaje, Belkis vivía en Siguatepeque y después del accidente su madre logró recolectar tres mil Lempiras para ayudar con el regreso de Belkis a Siguatepeque. Su recuperación tardó un año.

Belkis es ahora integrante de la Comisión Nacional de Apoyo a Migrantes Retornados con Discapacidad (Conamiredis) una organización que asiste a migrantes retornados en su recuperación de la salud mental y a veces gestiona prótesis, como en el caso de Belkis, quien ahora es parte de un registro cruel, el de los migrantes que salieron de Honduras completos y que retornaron con una discapacidad. Ella recibió ayuda psicológica para superar el trauma de haber perdido su pierna.

«Estaba triste, como que no no valía nada pues, y que ya no iba a poder caminar.»

Cuando Belkis retornó al país, aún no existían ni las Unidades Municipales de Atención al Migrante Retornado (UMAR) ni los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), ambos proyectos creados debido al flujo migratorio en el país. 

Las UMAR iniciaron en noviembre de 2017 impulsadas por la entonces Primera Dama, Ana García, con la intención de dar una respuesta estatal al flujo migratorio de hondureños retornados o deportados durante la ruta migratoria hacia los Estados Unidos.

De las 14 Umar que existieron, solo la de Tegucigalpa se mantiene activa, pero no en predios de la alcaldía, sino en lo que alguna vez fue la capilla en la Cancillería, porque a la oficina ubicada en el barrio Morazán, al lado del Plantel de Bomberos al este del Estadio Nacional, se le cayó una pared por lo que el 1 de diciembre se hizo el traslado de la oficina. Las otras cerraron por reestructuración del gobierno actual y por falta de presupuesto y no hay, hasta el momento, fondos para que se abran otra vez. Rosa Posadas, funcionaria de la Cancillería, confirmó que en mayo de 2022 se cerró la última por falta de presupuesto y están en esa espera de inyección de fondos para continuar. 

Estas unidades eran lo primero que muchos migrantes retornados o deportados veían al regresar a su país.

Los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), están ubicados en Omoa y San Pedro Sula. En estos dos centros se atienden adultos, mientras que en el centro Belén se atiende únicamente a menores de edad procedentes de la ruta migratoria: Guatemala, Belice y México.

Las UMAR eran la extensión de los CAMR pero articulados con las alcaldías, con la intención de que, si el connacional deportado no visitaba los CAMR por la confusión del viaje, la frustración o la tristeza de lo que se podría considerar un fracaso – el viaje de regreso como deportado – se acercara a la UMAR más próxima y el proceso fuera local. 

La colonia Villa Cristina, al norte de Comayagüela, se ubica en una serie de cerros conectados con pequeños pasillos que llevan largos graderíos y más casas; es una construcción empinada y desordenada, no es una zona accesible para personas discapacitadas. Pero Belkis se ve en la obligación de subir y bajar gradas y recorrer caminos irregulares diariamente con una prótesis dañada, así abastece su emprendimiento, que es una pulpería que cierra a las 9 de la noche y en la que tiene unas cuantas libras de azúcar, arroz, frijoles, café, la mitad de un cartón de huevos, una libra de manteca y un rollo de papel higiénico sobre una estantería color negro que ahora funciona como alacena. Del otro lado, colgados en una pared, hay ristras de consomé, churros sabor jalapeño, tajaditas artesanales, super glue y una refrigeradora gris que Belkis compró a crédito. 

Lo que obligó a Belkis hace 12 años a salir caminando de Honduras con la intención de llegar a los Estados Unidos son las mismas razones que ahora obligan a miles de hondureños a migrar en caravanas: pobreza, pobreza extrema, inseguridad y desempleo. La migración por goteo o masiva no se puede esconder.

Ahora, 12 años después, Belkis vive en la casa de una amiga porque tuvo que vender su casa durante la cuarentena de 2020 y no tiene un espacio propio para vivir, pero no se detiene y ha emprendido con una pulpería en las alturas de la colonia Villa Cristina frente a todas las adversidades que le provocan miedo al caminar porque su prótesis está dañada y podría sufrir un accidente, pero aún así continúa.

El gobierno le ayudó con su traslado desde México, pero nada más, no hubo seguimiento a su caso, llamadas, bonos. Nada, a pesar de haber hecho los trámites para recibir asistencia.

En el CAMR de Omoa, por ejemplo, dijo Rosa Posadas que había una oficina de Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) donde se presentaba la oferta laboral de la zona a los migrantes retornados; sin embargo, tras el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, el personal del Infop en el Centro Omoa se retiró ya que el centro se perdió, pero fue rehabilitado en mayo del año anterior incluyendo la oficina del Infop lo que representó un costo de casi 700 mil dólares que fueron aportados por la OIM y USAID.

En un post de Twitter se registra la rehabilitación de un CAMR en San Pedro Sula el 10 de mayo de 2022 con la presencia del vicecanciller, Tony García y Laura F. Dogu embajadora de los Estados Unidos en Honduras:

Pero para poder recibir ayuda y los beneficios de estos proyectos, los migrantes deben pasar el registro en las Umar o en los CAMR, de lo contrario, no son elegibles y muchas personas no aceptan los beneficios o trabajos que ofrecen.

Ahora Belkis, desde el patio de la casa de su amiga desde donde se observa Comayagüela, centra su esperanza en que la Comisión Nacional de Apoyo a Migrantes Retornados con Discapacidad (Conamiredis) logre la personería jurídica y pueda ayudar a muchos migrantes que retornan con discapacidad y enseñarles a vivir una vida nueva.

De acuerdo con datos delObservatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO), al 31 de diciembre de 2022, los hondureños retornados fueron 88,555. Mientras que vía aérea desde EEUU, México y Centroamérica sumaron 55,429 y los retornados desde México y Centroamérica al 31 de diciembre sumaron 32,963. Del total de retornados, a Honduras, unos 52,243 (65%) son hombres; 15,578 (19%) son mujeres; 7,220 (9%) son niños y 5,814 (7%) niñas.

«Las mujeres migrantes son sujetos capaces de crear una nueva consciencia, intuitivas, perspicaces y signo de inspiración para su entorno. Son la viva expresión de la vida con sus encantos, ternura y la fortaleza.»

Contraportada del libro, La Fuerza de la Vida.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) informó que después de su especial «Diplomacia en las sombras», una investigación en la que Contracorriente participó junto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), varios gobiernos anunciaron la terminación o revisión de consulados honorarios. El Gobierno de Jordania anunció la terminación del cargo diplomático del empresario hondureño Shucri Kafie, quien fungía como cónsul honorario de Jordania en Honduras desde 1984.


Texto: Celia Pousset
Ilustración CLIP

El 14 de noviembre, Contracorriente publicó un reportaje sobre la familia Kafie y cómo varios de sus miembros utilizaron la diplomacia para sacar provechos personales. Este trabajo formó parte de una investigación global liderada por ICIJ que identificó a más de 500 cónsules honorarios acusados o envueltos en controversias en todo el mundo

Recientementeel ICIJ reveló que Jordania, Israel y Lituania anunciaron que a algunos cónsules honorarios – cuyas tachas habían sido publicadas en la investigación «Diplomacia en las sombras» – les habían terminado sus cargos. Permanece la duda de cómo pasó: ¿renunciaron? ¿fueron destituidos? ¿influyó la publicación del especial en la decisión?

Shucry Kafie no fue removido de su cargo de cónsul honorario cuando fue involucrado en el saqueo del Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS) en 2015 y enfrentó un juicio por delito de estafa en perjuicio de la administración pública, en su calidad de presidente de la junta directiva de Distribuidora Metropolitana S.A (Dimesa) que, según el Ministerio Público, sobrevaloró contratos de venta de equipos médicos entre un 42,90 % y un 46,31 %. Del juicio, Shucry Kafie salió libre con un sobreseimiento definitivo en enero de 2019.

La investigación de Contracorriente apuntó que, en este juicio, la defensa de Shucry Kafie utilizó el cargo de cónsul honorario de su cliente para obtener medidas diferentes a la detención preventiva y poder salir libremente del país. En 2016, una sentencia – recaída en el Amparo Penal No. 0043-2016 – dio razón a este argumento: «En relación a la medida de no salir del país, solo se la impone al señor Juan Madrid Casaca, porque en el caso del señor Shucri Luis Kafie Larach, le jueza tomando en cuenta su cargo de cónsul honorario dispone que no se le aplique».

Poco después de la publicación, y después de más de 30 años de servicios, el Reino Hachemita de Jordania aprobó la terminación del consulado honorario de Shucry Kafie en Tegucigalpa, junto con los de seis otros cónsules honorarios, en el marco de una reestructuración general, según un oficial jordano consultado por el ICIJ.

A principios de enero, Josué Rodríguez, el encargado de los asuntos consulares de la Cancillería, mencionó a Contracorriente que no había recibido una notificación oficial de este cambio por parte del país árabe y que la última vez que se había reunido con Shucry Kafie fue cuando éste solicitó la renovación de su carné consular, porque lo había perdido.

Otros cónsules salpicados tras la publicación de «Diplomacia en las sombras»

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer que, en Lituania, el Ministro de Asuntos Exteriores anunció la apertura de una investigación acerca de un cónsul honorario en representación de Indonesia, quien esgrimió la inmunidad diplomática cuando enfrentaba cargos penales por agresiones contra su esposa. El Ministro informó que se enteró del caso después de que periodistas le enviaran sus preguntas. El cónsul honorario dijo a ICIJ que su abogado le sugirió que mencionara su cargo para obtener la inmunidad, pero «desgraciadamente, ya que el proceso judicial había empezado, el estatus de cónsul honorario no ayudó».

En Israel, «Diplomacia en las sombras» reveló que uno de sus cónsules honorarios había sido declarado culpable de fraude y que otros habían sido acusados por corrupción, lavado de dinero, tráfico de diamantes y violación. El Ministro de Asuntos Exteriores anunció que examinará el estatus de dos cónsules honorarios que todavía ejercen: uno ha sido un testigo clave de un caso de corrupción en África; el otro, utilizó su cargo de cónsul para impedir que la policía italiana allanara su casa en el marco de una investigación por financiamiento político ilícito.

En España, existe una investigación policial acerca de varios cónsules honorarios a quienes se les señala por vincularse con el delito de lavado de dinero. Además, periodistas del medio El Periódico recibieron un informe policial en el cual se establece que un miembro de la élite barcelonesa supuestamente ligado al tráfico de droga, pagó más de 20 200 euros a cónsules honorarios para conseguir favores, dado que éstos están cercanos a funcionarios. Todavía, ninguno de los cónsules ha sido acusado.

Ser cónsul honorario es trabajar para la diplomacia de manera honorífica, sin recibir un pago; es ser una personalidad influyente que maneja buenos contactos en el país en el que vive para fomentar la inversión y facilitar proyectos internacionales. Pero, en Honduras, como en otros países, algunos cónsules honorarios han usado su estatus para beneficiarse, recrear un mundo cerrado cuyas entradas se hacen casi de manera hereditaria, y escapar a la justicia.

Hasta ahora, ningún funcionario en Honduras se ha pronunciado sobre la investigación «Diplomacia en las sombras».

Antes, ocho miembros de la familia Kafie portaban el carné consular; ahora serían siete.

Texto: Jasson Abdiel
Ilustración: Naji Chalhoub

Me puse los anteojos, parecía como si ningún día hubiera pasado. La lluvia era un invento de un señor que camina por la peatonal.

–Han sido muchos los muertos –pensé al ver por la ventana. ¿Cuántos hoy?

Se había decretado en asamblea extraordinaria que, a partir del momento, enfermarse sería penado, al igual que tener hambre o sentir frío. Quien insinuara que padecía de algo, sería sacado a la fuerza de su casa y jamás se le volvería a ver. Hubo algunas pocas manifestaciones en contra, pero la gente se cansó pronto y las llamas cesaron.

–Olvidan rápido –me dije.

A los pocos días, se dijo en las noticias que el presidente había decidido derribar el hospital; los enfermos aún estaban adentro, pero nadie se opuso, el presidente sabe lo que hace, comenzaban a justificar. Los familiares fueron avisados y se organizó la misa. Durante el funeral, se podían observar entre los escombros brazos, piernas, retazos de ropa y un mar de sangre rodeado por cinta amarilla. La gente ponía velas donde podía, buscando sin éxito los rostros de sus fallecidos. El presidente sabe lo que hace, decían con pesar y lágrimas. En un par de horas, se apagaron las luces, la gente se fue y todo siguió.

El presidente sabe lo que hace, repetían también los niños al terminar su rezo antes de dormir. Aquellas palabras estaban en los postes de luz, en los muros de las casas y en el lema de la escuela militar, la única del país. Con el tiempo, no se decía más que eso al hablar.

–¿El presidente sabe lo que hace? –preguntaba una señora al del mercado.

–El presidente sabe lo que hace –le respondía amablemente el señor, buscando una bolsa para meter las papas y los tomates.

Hoy la cifra de muertos ha sido la más alta en años. Apagué la televisión y la radio, fui a la ventana como acostumbraba y, sin darme cuenta, estaba en la calle; sentía el asfalto en las ojeras mientras corría huyendo de algo. Pedía que fuera un mal sueño y el sueño pedía que no fuera yo. Cuando perdí el aliento, aquello me alcanzó y me arrancó los brazos. Desperté. Todo parecía estar en su lugar.

Al día siguiente todos recibieron un mensaje que les decía que asesinaran al presidente. Confundida, la gente salió a las calles, se encontraron en las plazas y hablaron un momento. Me sentí feliz al verlos desde mi despacho. Por fin habría paz; sin embargo, no tan lejos, se oyó un estrépito. En medio de gritos, todos estaban chocando contra las paredes de la iglesia. No entendía lo que sucedía.

Minutos después, el suelo se agitó y miré cómo una horda empapada de sangre se acercaba rápidamente. Tomé mis cosas como pude y bajé las escaleras. La puerta se miraba tan lejos. Un escalofrío me caminó por la espalda.

Tocaron el timbre.

El presidente sabe lo que hace, se decían, aunque el presidente llevara tres meses desaparecido.

Si 2022 acabó con la democracia centroamericana en coma, 2023 ha arrancado como una especie de carrera para ver qué país daba el primer mensaje autoritario.

Redacción Regional

Todo esto ocurrió solo en 2022: 

El régimen de Daniel Ortega detuvo a 235 opositores, la cifra más alta desde 2018, cuando comenzó a perseguir las protestas, y utilizó como símbolo de su poder las imágenes de los rostros demacrados de los presos políticos. 

Nayib Bukele declaró en marzo un Régimen de Excepción todavía vigente y anunció que, a pesar de la Constitución, se presentaría para la reelección presidencial.

En Guatemala se agudizó la persecución de quienes han buscado justicia mientras se abrigaba a los corruptos. 

El gobierno de Xiomara Castro acabó el año declarando su propio Régimen de Excepción en Honduras. 

Si el año pasado los caudillos de turno en Centroamérica que se presentaron como la nueva esperanza del pueblo dejaron la democracia en coma, el primer mes de este año ha sido una muestra clara de que no tienen ninguna intención de despertarla. Por el contrario, enero se ha parecido a una competencia para demostrar qué país daría el primer mensaje en la continuidad de su deriva autoritaria. 

Nicaragua y El Salvador se adelantaron.

El 10 de enero fue acusado en los juzgados el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, una de las voces más críticas contra la pareja Ortega-Murillo, secuestrado bajo vigilancia policial en un régimen de ‘casa por cárcel’ desde agosto pasado. La acusación: supuestos delitos relativos a la “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. La sentencia de Ortega: que el sacerdote se vaya al exilio o que pase a ocupar espacio junto a los otros presos políticos. El mensaje: continúa la cacería contra las voces críticas, una cacería que se extiende a lo largo y ancho de la región con distintos signos, pero siempre con el mismo objetivo: amedrentar, acallar la crítica en aras de consolidar más poder.

Ese mismo 10 de enero, en El Salvador, tres sindicalistas y empleados de la municipalidad de Soyapango, la ciudad vecina de la capital, fueron detenidos por protestar. Así, sin matices. El oficialismo de Nayib Bukele ha convertido en delito la protesta pacífica. 

Las imágenes no dejan lugar a dudas: una mujer le ruega a unos policías que no la detengan, que ella tiene familia, hijos, que solo está pidiendo que le paguen sus salarios. 

Una semana antes de las capturas, los empleados de la comuna ya habían denunciado que personeros que se presentaron como emisarios de Casa Presidencial les habían llegado a amenazar: o dejaban la protesta, o serían arrestados y acusados en el marco del Régimen de Excepción, la medida que tiene a más de 60 mil reos en las cárceles, que ha disparado el hacinamiento y las denuncias por violaciones a derechos humanos por capturas arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Hasta dos semanas después de las detenciones, fuera del debido proceso, los sindicalistas fueron acusados por ‘desórdenes públicos’ y ‘resistencia’.

Perseguirlos a todos

Guatemala se retrasó un poco, pero su mensaje fue contundente. El 16 de enero de 2023 será recordado como el día en que la Fiscalía de Guatemala acusó de corrupción al comisionado que lideró una comisión internacional contra la corrupción en este país centroamericano. Parece una mala broma, pero es el último capítulo de una institucionalidad que beneficia a exfuncionarios que admitieron su participación en graves casos de corrupción que ahora se pasean por el país con medidas sustitutivas, mientras el Ministerio Público criminaliza y obliga al exilio a aquellos que los investigaron.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, anunció una posible investigación contra Iván Velásquez, el excomisionado de la Comisión Contra la Impunidad y Corrupción de Guatemala, ahora convertido en ministro de las Fuerzas Armadas de Colombia, en el gobierno de Gustavo Petro. Currichiche también anunció la persecución penal contra la exfiscal Thelma Aldana (en el exilio desde que se bloqueó su candidatura para las presidenciales de 2019 bajo cargos de supuestas contrataciones irregulares durante su paso por el MP) y otros exfuncionarios de la misión internacional que marcó un antes y un después en la lucha contra los funcionarios corruptos y el crimen organizado en este país.

El trasfondo de esta nueva acusación contra los que intentaron combatir la corrupción guatemalteca es el caso Odebrecht, una trama en la que fueron protagonistas el expresidente Otto Pérez Molina, su exvicepresidenta Roxana Baldetti, el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, empresarios de la construcción y 108 diputados del Congreso 2012-2015.

En la Redacción Regional revelamos las entrañas de este otro gran caso de corrupción que salpica a los gobiernos del pasado con los poderosos de ahora en agosto y septiembre pasados. Meses después de nuestras investigaciones, que supusieron un amedrentamiento contra los colegas de No-Ficción por parte de los abogados del exministro Sinibaldi, tanto Estados Unidos como la Organización de las Naciones Unidas han condenado las irregularidades de la Fiscalía de Guatemala, dirigida por Consuelo Porras, una funcionaria señalada por EUA en su lista de actores políticos corruptos y antidemocráticos.

Honduras, un gobierno familiar

En Honduras, la victoria de Xiomara Castro en las elecciones ha derivado en una suerte de administración nepotista, en la que el expresidente Manuel Zelaya es protagonista en las principales decisiones del gobierno que administra su esposa. Junto a él, sus hijos y hermanos ocupan desde el día 1 de gobierno importantes cargos en el gabinete y controlan el Congreso, pieza clave para las cercanas elecciones de magistrados a la Corte Suprema de Justicia.

Si habría que definir en un término el nuevo gobierno de los Zelaya sería este: contradicción. Anunciaron la creación de una misión contra la impunidad, pero bajo la mesa se han empeñado en revivir a exfuncionarios del Gobierno de Mel Zelaya sobre los que pesaron acusaciones por casos de corrupción. A los más cercanos, como Enrique Flores Lanza, ahora asesor presidencial, los han amnistiado, bajo la excusa de que esas acusaciones eran casos de persecución política armados en el marco del golpe de Estado ocurrido contra Zelaya a mediados de 2009. Pero como en Guatemala, la corrupción sí existió y las pruebas recabadas en esos casos ahora son una verdad jurídica que el oficialismo la mira de soslayo.

El clan Zelaya, además, ha comenzado a remar a contracorriente de sus promesas, alejándose de grupos y sectores vulnerables que impulsaron la candidatura de Castro confiados en un cambio de rumbo. Varios líderes comunitarios se lamentan de que el Gobierno está pactando a favor grupos de poder afines y en detrimento de las demandas populares de reforma agraria y cancelación de proyectos mineros.

El gobierno hondureño ha seguido en varios puntos el libreto del Gobierno Bukele. Además de declarar en diciembre pasado un Régimen de Excepción en dos ciudades, ha puesto en marcha una nutrida propaganda en medios de comunicación y redes sociales en las que el enemigo a vencer son aquellos que cuestionan el rumbo político. Los ministros y funcionarios no contestan preguntas, en un año la presidenta no ha concedido entrevistas y en redes sociales existe una campaña de difamación y desprestigio contra los periodistas y contra la prensa crítica e independiente. La prueba de fuego para comenzar a entender mejor al Clan Zelaya se cuece ya en el Congreso, en donde suenan las alarmas de compra de voluntades para repartir los puestos a nuevos magistrados afines a lo que podría ser un nuevo bipartidismo.

Lo que se nos viene

Este 2023 es clave en toda la región. En Honduras, la selección de magistrados marcará un antes y un después en los pesos y contrapesos para los Zelaya. En Guatemala, la participación de candidatos con pasados irregulares en los comicios generales, ya avisan del potencial relevo que se viene en la administración del poder. 

Destaca el regreso una vez más de la exprimera dama Sandra Torres, cuyo partido aparece salpicado en la trama de Odebrecht; destaca también la notoria participación de candidatos ligados a los viejos pasados militares, entre ellos Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, a quien ya se le bloqueó una candidatura por un precepto constitucional que la inhabilita por ser hija de un presidente surgido de un golpe de Estado. Destaca, además, un nuevo intento para inhabilitar a candidatos que rompen con el status quo. Esta vez el blanco es Jordán Rodas, el exprocurador de Derechos Humanos. Horas después de inscribirse como candidato a la vicepresidencia con el Movimiento para la Liberación de los Pueblos fue denunciado por Alejandro Córdova, su sucesor en la PDH. 

En El Salvador, la reconfirmación de la candidatura inconstitucional de Nayib Bukele es inminente y supondrá un paso más hacia la consolidación de su autoritarismo. En marzo arranca el plazo para la celebración de las internas en los partidos, y un magistrado del Tribunal Supremo Electoral ya adelantó que le están confeccionando un instructivo ad hoc al presidente para que pueda participar. 

Y, mientras los poderosos siguen con su deriva autoritaria, miles de centroamericanos siguen marchando hacia Estados Unidos, agravando la crisis migrante en la Frontera Sur.

Ya lo dijimos en octubre en Lima, Perú, en un foro al que fuimos convocados para hablar de los riesgos del periodismo latinoamericano, en el marco de la Asamblea 52 de la Organización de Estados Americanos: Centroamérica se hunde y los poderosos quieren llevarse de encuentro a todos. Lo volvemos a decir ahora. Y, sobre todo, hemos hecho periodismo en los últimos diez meses y seguiremos haciéndolo para mostrarlo. Hoy más que nunca es importante afinar los focos y llevar más luz hacia los pasillos en los que agoniza, a oscuras, esta Centroamérica.

En el Congreso Nacional se vivió una larguísima jornada que terminó sin acuerdos para elegir a los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hubo reuniones y especulaciones durante todo el día, pero al final se cumplió lo que los congresistas de diferentes partidos anunciaron desde la mañana: no hay consenso. 

Texto: Allan Bu, Leonardo Cabrera y María Celeste Maradiaga
Fotografías :Jorge Cabrera 

Desde la mañana de ayer inició la crónica de una elección fallida. Todos los diputados que fueron consultados por Contracorriente sobre la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) respondieron en esencia lo mismo: no hay consenso. Las componendas y negociaciones entre Partido Nacional, Partido Liberal y Libre no llegaron a buen término. 

La sesión del inicio de la segunda legislatura se convocó para las cinco de la tarde del 25 de enero, después del cierre de legislatura que terminó a mediodía. Sin embargo, la sesión en la que debió realizarse la elección de magistrados para una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) comenzó a las diez de la noche. En la misma, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, propuso una moción para asegurar que todo el proceso fuera público fundamentándose en los distintos artículos de la Constitución de la República, entre estos, el 311 que establece que el voto, en caso de fracasar la votación por nómina, será «directa y secreta». La moción fue aprobada por unanimidad por lo que los votos de los diputados, incluso en caso de llegar a la votación directa, serán públicos. Posteriormente la bancada del Partido Libre presentó la única moción nominativa de la noche. 

Los quince candidatos que integraron la nómina del Partido Libre fueron: Rebeca Lizzeth Raquel, Sonia Marlina Dubón, Francisca Zavala, Rubenia Galeano, Roy Pineda, Mario Rolando Díaz, José Ricardo Pineda Medina, Mario Acosta Cárcamo, Felipe Speer Vélez, Wagner Vallecillo Paredes, Odalis Aleyda Nájera Medina, Milton Jiménez Puerto, Anny Belinda Ochoa, Gaudy Alejandra Bustillo Martínez y Aída Patricia Martínez Linares. Todos ellos integrantes de la lista de 45 candidatos presentada por la Junta Nominadora el pasado 23 de enero. La moción fue rechazada y la sesión se suspendió inmediatamente. 

El diputado Jorge Zelaya del Partido Nacional, que cuenta con 43 votos de los 86 necesarios para elegir la Corte, dijo que su partido no aprueba a ningún candidato en la lista del partido oficialista. 

«No hay consenso en ninguno de los candidatos a magistrados presentados por Libre, porque ellos se inventaron los nombres de los nominados que estaban supuestamente representando al Partido Nacional y al Partido Liberal» expuso Zelaya quien además afirmó que lo que sigue ahora es esperar a ser convocados por los jefes de bancada. «Nos van a convocar para elegir la Corte Suprema de Justicia probablemente antes del 11 de febrero, porque esta Corte actual concluye su período en esa fecha. Tenemos todos estos días para encontrar consensos, especialmente la gente de Libre, el PSH y el Partido Liberal, nosotros estamos firmes», dijo.

Ligia Ramos, congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), manifestó que la bancada de su partido no presentó una moción nominativa después de la que presentó Libre debido a que no querían «desgastar a sus candidatos». «Preferimos esperar a que haya un poco más de diálogo y que se vaya a votación persona por persona que será más adecuado para que estos candidatos idóneos, según nuestro criterio, puedan salir electos como magistrados».

Informes del primer año de gobierno en ausencia de la presidenta

Durante la mañana del 25 de enero se realizó la instalación de la segunda legislatura del actual Congreso Nacional, sesión en la cual Luis Redondo, presidente del Legislativo, y la designada presidencial Doris Gutiérrez presentaron el informe de su primer año en funciones. La presidenta Xiomara Castro no estuvo presente en la presentación de su informe debido a su participación en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Sin embargo, hizo una breve intervención virtual desde Argentina en la que pidió elegir una corte alejada de los grupos de poder.

En los informes presentados, Redondo destacó la derogación de la Ley de Secretos y de la ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), pero no mencionó que Honduras recibió una demanda por 10,000 millones de dólares entablada por los representantes de Próspera, ZEDE ubicada en Roatán y que hasta el momento no se conoce el impacto que tendrá, tampoco mencionó a cuántos de estos proyectos se les cambió de régimen al no existir más el de ZEDE por violar la soberanía territorial. El presidente del Congreso también destacó la aprobación de la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente. La designada presidencial, Doris Gutiérrez, destacó la aprobación del subsidio a la energía eléctrica, que favorece a todos los hogares que consumen menos de 150KW y la renegociación de los contratos con los proveedores de energía.

Negociaciones partidarias fallaron 

Durante el día, la bancada del Partido Liberal se reunió en su sede y las del Partido Nacional y Partido Salvador de Honduras (PSH) también abandonaron el hemiciclo. Las negociaciones que históricamente han encarnado estos procesos estaban presentes. Todos quieren un representante de sus intereses en el máximo tribunal de la República. Durante las semanas previas al 25 de enero hubo una serie de especulaciones a medida se acercó la elección. En la mayoría de estas «proyecciones» Libre alcanzaba apenas un par de magistrados menos que el Partido Nacional, lo que haría que ninguno de los partidos mayoritarios y antagónicos tuviera el control absoluto del Poder Judicial.

Miembros de la bancada del Partido Nacional dejaron sus curules durante el cierre de la primera legislatura. Foto CC/Jorge Cabrera

El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, expresó a este medio que no «debemos satanizar las negociaciones» que se hagan en el Congreso Nacional a nivel de partidos políticos para escoger a los magistrados porque «eso es algo natural que ocurre en todos los países del mundo, siempre que se hace una escogencia por un órgano político se dan negociaciones cuando los partidos no tienen las mayorías necesarias.» 

Barrientos, de reconocida afiliación al partido Liberal, apuntó que no se trata solamente de negociar el número de magistrados sino que también «hay que ver dentro del escrutinio que cada partido hace, si le conviene o no un candidato que esté siendo propuesto por otro partido, es decir, ha sido una costumbre en Honduras que un partido puede vetar un nombre propuesto por otra institución política». 

La sesión convocada a las cinco de la tarde no comenzó a tiempo. Los miembros de la Misión Internacional de Observación (MIO) esperaron cinco horas dentro del hemiciclo hasta que se comprobó el quórum necesario para iniciar la sesión.

Después de que la primera moción nominativa fue rechazada al filo de las doce de la noche, el presidente Luis Redondo afirmó que en ese poder del Estado iban a continuar los cabildeos en busca de acuerdos y posteriormente suspendió la sesión. Los congresistas serán convocados a través de sus jefes de bancadas.

Seleccionados con tarjetas rojas y amarillas

El proceso de selección comenzó en septiembre del 2022 con la auto postulación de 185 abogados aspirantes a formar parte de la CSJ. El lunes 23 de enero, la Junta Nominadora, conformada por representantes de siete entidades, envió al Congreso Nacional la lista de los 45 postulantes seleccionados por esa Junta de la cual 23 son mujeres y 22 son hombres en cumplimiento de la paridad de género que obliga la nueva ley de la Junta Nominadora aprobada por el Congreso actual.

Para llegar a esa selección se aplicó a cada postulante un examen de conocimiento, pruebas toxicológicas, un escrutinio público a través de tachas — que debían ser desvirtuadas por los postulantes — y una presentación pública ante los miembros de la Junta Nominadora. Los 45 seleccionados que llegaron al proceso de elección en el Congreso fueron los mejores calificados y los que salieron con resoluciones beneficiosas a sus tachas y denuncias. 

La información en el proceso de selección de la Junta Nominadora fue abundante y la mayoría de los actos fueron públicos; no obstante, en la lista final fueron incluidas personas que están siendo señaladas. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) incluyó en una lista de candidaturas irregulares a Tirza Flores Lanza y Sonia Marlina Dubón, que son familiares de Enrique Flores Lanza, actual asesor presidencial que fue beneficiado por una cuestionada amnistía aprobada por el Congreso Nacional. El organismo anticorrupción también cuestionó a Daniel Sibrián, actual Fiscal Adjunto de la República, a Edin Yobany de la O y a Luis Fernando Padilla. De los mencionados, solamente Sonia Dubón fue propuesta en la primera nómina presentada por Libre casi a la media noche del 25 de enero. 

Una noche antes de la sesión, la bancada del PSH publicó una lista de 11 nombres por lo que no votarían en caso de ser incluidos en alguna nómina: Anny Belinda Ochoa, Danelia Ferrera Turcios, Nelson Danilo Mairena, José María Díaz Ávila, Edin Yovani de la O, Yuri Fernando Melara, Daniel Sibrián, Wagner Vallecillo Paredes, Luis Fernando Padilla, Sonia Marlina Dubón y Odalis Oneyda Nájera. De esta lista, Anny Belinda Ochoa, Wagner Vallecillo Paredes, Sonia Marlina Dubón y Odalis Oneyda Nájera fueron incluidos en la nómina de Libre. El PSH incluso apoyó abiertamente a la candidata Ana Pineda, ex secretaria de Derechos Humanos durante el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa, quien fue la mejor evaluada de todos los candidatos; sin embargo, Pineda no fue incluida en esta primera moción. 

Aunque los políticos hablaron repetidamente sobre la elección de una CSJ independiente, al parecer sectores políticos y económicos quieren tener control de ese poder del Estado. Algunos lo aceptan abiertamente, por ejemplo, el diputado Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal, dijo en TVC que esa institución política aspira a tener cinco magistrados afines a su ideología. Mientras tanto, el congresista del Partido Nacional, Antonio Rivera, afirmó en el mismo canal que «nuestro objetivo principal es evitar que Libre tenga ocho magistrados.» 

El abogado Juan Carlos Barrientos dijo que es una utopía pensar que la política no intervendrá en las elección de los magistrados, «ese tipo de elecciones son políticas y así será siempre no importa qué partido político esté en el poder.»


Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras, le dijo a Contracorriente que «si no se logran los consensos hoy es porque no hay ni siquiera una comisión que dialogue políticamente, particularmente el PSH ha dicho que hay 11 candidatos a los que no vamos a apoyar, pero quedan 34 candidatos por los que estamos dispuestos a construir acuerdos y consensos con las diferentes bancadas.” Sobre una posible alianza entre el Partido Libre y el PN dijo «Ellos pueden elegir, pero estarían dándose con la piedra entre los dientes, porque eso fue justamente lo que ellos condenaron en el pasado.”

Las negociaciones se veían entre las diferentes bancadas para llegar a un consenso en la elección de los 15 magistrados. Foto CC/Jorge Cabrera

Antes de iniciar la sesión, Tomás Zambrano, jefe de la bancada del PN, dijo en conferencia de prensa que su partido está a «favor de defender la democracia, la libertad y la familia» y más adelante afirmó que no quieren “una corte a la medida de Libre”. Zambrano dijo que no «existe crisis» si no hay elección este 25 de enero porque la Constitución de la República indica que la CSJ termina su período de 7 años este 11 de febrero; «la misma ley establece que si hoy no se elige la nueva corte se va a continuar hasta que sea necesario», aseguró. 

Zambrano expresó que la bancada nacionalista ha realizado un análisis de los 45 candidatos y ha encontrado 15 que, a juicio de su partido, son idóneos para dirigir el Poder Judicial. Explicó que han realizado esta elección con base en los siguientes

criterios: luchar por la democracia de este país, que no sea socialista, que no comparta la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente y que esté en contra del aborto y del matrimonio igualitario. 

«La bancada nacionalista no es que está dispuesta a apoyar a nacionalistas, están apoyando a los nacionalistas que a ellos les convienen. Si hay uno que no es del círculo de poder que controla el partido, no creo que lo vayan a respaldar», respondió Bartolo Fuentes, diputado de Libertad y Refundación.

El Partido Libre también reconoció que no tenían los votos para elegir la Corte Suprema de Justicia. El diputado Samuel Madrid expresó que «hay una alianza clara y definida entre Partido Nacional y Partido Liberal para contrarrestar a Libre; sin embargo, no nos detendrán, porque tenemos la ayuda del pueblo y de Dios», dijo el diputado, a quien no parece importarle que su partido apenas tenga 50 votos de los 86 que se necesitan para elegir a los magistrados de la CSJ. 

Fátima Mena, del PSH, manifestó no quieren «que pase como con los actuales magistrados, que son serviles a los políticos como [a los actores] económicos que los pusieron en esos cargos. Queremos que sean personas independientes del poder político, que estén fuera de las cadenas de mando del Ejecutivo o del Presidente del Congreso y de las cadenas de mando del crimen organizado y redes de corrupción».»

Uno de los candidatos más sonado para ser magistrado es Milton Jiménez Puerto, exfuncionario del Gobierno del actual asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, quien fue acusado por delitos de corrupción en ese periodo. Ante los cuestionamientos que se levantaron contra este candidato, el diputado por Libre, Rasel Tomé apuntó que los cuestionamientos a candidatos y candidatas deben ser cosa del pasado y son asuntos que en su momento resolvió la Junta Nominadora.

Por su parte, el diputado por el Partido Libre, Jorge Cálix (quien hace un año en la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional recibió una patada de su colega Tomé) dijo a este medio que los quince magistrados que se elijan ya vienen de un filtro efectivo porque la lista de los 45 de la Junta Nominadora ya trae a los mejores candidatos, personas que desestimaron sus tachas y fueron bien calificados. La bancada de Libre se mostró unida en su primera moción nominativa. 

En un twitter space organizado por Contracorriente, la analista del Centro de estudios para la Democracia (CESPAD), Osiris Payes, manifestó que le llama la atención el discurso que manejan los diputados sobre la falta de consenso, cuando lo ideal es que se diga «vamos a elegir a los más capaces y no señalados». Sostuvo que los magistrados electos no deben ser «peones de las personas que los promovieron». «Es importante que el Congreso Nacional no deje de lado la integridad de los candidatos; me llama mucho la atención el discurso que se está manejando entre los diputados, quienes hablan de sus negociaciones y no de los candidatos».

En un lapso de 11 días, cuatro luchadores sociales fueron asesinados en Honduras. Primero, dos ambientalistas de Guapinol y, más tarde, un líder campesino de la Plataforma Agraria de Colón junto a su suegro. Estos hechos violentos terminaron con la tensa «paz» que había en una de las zonas más productivas pero también más conflictivas de Honduras. Los líderes sociales están atemorizados, mientras la respuesta del Estado es tardía.


Texto: Allan Bu
Fotografías: Amílcar Izaguirre y Jorge Cabrera

Desde las ventanas de un viejo autobús, la gente observaba con sorpresa una escena: dos hombres muertos y una motocicleta todavía encendida. Desde sus asientos, los pasajeros de la unidad que trabaja en la ruta que va de la comunidad de Guapinol hasta la aldea Concepción identificaron que aquellos dos hombres muertos eran figuras familiares. Fueron ellos quienes informaron a Guapinol, donde —hasta entonces— nadie sabía nada. Los ejecutados eran Alí Domínguez (35) y su amigo Jairo Bonilla (28), ambos oriundos de Guapinol y ambos defensores del agua. 

La muerte de estos dos jóvenes recrudeció un conflicto ambiental que inició en el 2017 por defender las aguas del río Guapinol y el parque nacional Carlos Escaleras de una concesión minera a favor de la empresa Los Pinares. 

Alí y Jairo trabajaban como cobradores para una compañía del sector que provee servicios de cable e internet. El sábado 7 de enero de 2023 regresaban de realizar esa labor cuando fueron interceptados por personas —hasta ahora desconocidas— que los ejecutaron. 

Como la mayoría de la gente en la aldea de Guapinol, Alí y Jairo abrazaron la lucha por defender su río. Sus vecinos y amigos los recuerdan como jóvenes amables y que trabajaban por la comunidad. Ambos eran padres de familia de menores de edad. «Yo no lo puedo creer todavía, Jairo estuvo aquí un día antes de su muerte», dice la dueña de un pequeño negocio donde venden café. 

Diez días después del asesinato de estos dos jóvenes, el 17 de enero de 2023, en la colonia Adán Fúnez de Tocoa, fue asesinado en su casa de habitación el líder campesino Omar Cruz Tomé junto con Andy Martínez, su suegro. 

Estas cuatro muertes han elevado la tensión en el departamento de Colón. Desde que se presentaron estos crímenes, se ha reavivado el añejo conflicto agrario entre campesinos y terratenientes, que no termina de resolverse. Ninguna de las facciones cede, y la intervención del Estado es lenta o casi nula.

Colón es uno de los corredores más recurrentes de la droga en Honduras. Fue el hogar de Los Cachiros, una organización que llegó a manejar el 90 % del tránsito de drogas por el país. Hay pueblos garífunas, ubicados en Colón, que han sido totalmente despojados de sus tierras por estas estructuras criminales. Todos estos escenarios se mezclan en la conflictividad que vive el productivo Valle del Aguán. 

Guapinol es quizás el más reciente de los grandes conflictos en el Aguán. En el 2017, los habitantes de la aldea Guapinol, ubicada a unos 10 minutos de Tocoa, la principal ciudad de Colón, vieron como el río del mismo nombre de la comunidad se tornó color rojizo. Ya no era el río de aguas claras donde pescaban y bañaban las familias. Se había ensuciado. O, más bien, lo ensuciaron. Ahí inició la lucha. 

Protestaron, fueron golpeados, y, después, durante 88 días mantuvieron activo un campamento en la calle que construyó la empresa Inversiones Los Pinares para facilitar el acceso hasta la zona de explotación minera, ubicada en el parque nacional Carlos Escaleras, más conocido como Montaña de Botaderos. Ahí resistieron casi tres meses hasta que fueron violentamente desalojados. Después, los principales líderes fueron criminalizados judicialmente: 32 personas fueron acusadas por el Ministerio Público de Tocoa; de estos, 12 fueron liberados tras permanecer 14 días en prisión preventiva, mientras que ocho de ellos estuvieron encarcelados durante 914 días (2 años y 5 meses). 

Mientras camina por las calles de la aldea Guapinol, Reynaldo Domínguez, líder de la lucha ambiental en la aldea, recuerda que por la defensa del agua al menos diez de sus amigos han perdido la vida. Pero no solo ha perdido amigos, Alí, uno de los más recientes asesinados, era su hermano menor. 

Alí, su hermano, era el que se encargaba de la seguridad en las acciones realizadas por el Comité de Ambiente de Guapinol. Alí y Jairo pertenecían a un grupo de jóvenes que durante las protestas estaban alerta a cualquier infiltrado que quisiera ocasionar disturbios. 

Durante el segundo período de gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, quien espera un juicio en Nueva York tras ser acusado por delitos de narcotráfico en EE.UU., los defensores de Guapinol han tenido que luchar contra el poder de Lenir Pérez, dueño de Inversiones Los Pinares, y también contra el Poder Judicial. 

En el primer año del mandato de Xiomara Castro, la lucha había continuado y el avance de la empresa minera no se ha detenido, pero hasta enero del 2023 no habían hechos violentos contra los defensores. A juicio de Reinaldo Domínguez, la violencia siempre ha estado al acecho. «Ha estado escondida, esperando los momentos para aparecer y tiene sus objetivos: pegar donde más duele. Esa violencia no se va ir porque está cumpliendo con un deber que es sacar sus uñas en el momento justo», mencionó el líder ambiental. 

Domínguez sostiene que el asesinato de Alí y Jairo tiene un mensaje, «eso nos ha impregnado de miedo, pero no vamos a retroceceder, no vamos a renunciar a esta lucha. Estos dos jóvenes hasta el 7 de enero habían sembrado una semilla en la aldea de ser servidores comunitarios. Fue planificado porque ningún asaltante remata y los dos compañeros fueron rematados con disparos en la cabeza, ¿por qué haría eso un delincuente?».

The Guapinol River is a vital resource for the local inhabitants. The defence of the river has cost the lives of several members of their community. Photo CC/Amílcar Izaguirre
The Guapinol River is a vital resource for the local inhabitants. The defence of the river has cost the lives of several members of their community. Photo CC/Amílcar Izaguirre

El vocero de la Policía Nacional en Colón, Adamín Rodríguez, dijo a Contracorriente que las primeras indagaciones sobre el crimen señalan que Alí y Jairo venían de realizar cobros de una comunidad cercana y que el móvil fue el robo. «Aparentemente fue por asaltarlos, ellos andaban haciendo cobros para un empresa de cables, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) está trabajando para esclarecer este caso y, de hecho, la información ya la tiene: hay personas que están plenamente identificados y se van a hacer los trámites para conseguir una orden de captura contra las personas que han cometido estos ilícitos», afirmó Rodríguez, pero a la fecha de publicación de esta nota nadie había sido detenido. 

Las familias y amigos rechazan el robo como móvil del crimen. Aseguran que las pertenencias de los fallecidos estaban en el lugar, incluso el dinero que habían recolectado ese día de los clientes de la compañía cablera estaban en sus bolsillos y fueron regresados a los dueños de la empresa. La motocicleta en que se conducían era un vehículo relativamente nuevo, propiedad de Jairo Bonilla, y estaba en el lugar. Además, Reynaldo Domínguez reitera que fueron ejecutados con un tiro en la cabeza. 

«Exigimos al Estado que ponga todo el interés posible para investigar estos crímenes y que cierre estos proyectos de una vez para quedar en santa paz como estábamos desde el 2017 para atrás», sostiene Domínguez, quien no recuerda un conflicto en Guapinol antes del proyecto minero.

El Estado y el crimen

El Estado ha fallado de muchas formas en el Bajo Aguán. Los defensores de Guapinol aseguran que Inversiones Los Pinares ha conseguido de forma ilegal sus permisos de operación y que no hubo consulta previa con la comunidades afectadas; además, se falsificó una acta de cabildo abierto y se aprobó la explotación en un área protegida. Por otro lado, desde los organismos del Estado se ha golpeado y criminalizado; 20 luchadores han sido encarcelados. Más grave aún es que los defensores de derechos humanos denuncian que los delitos en el marco de los conflictos del Aguán no se investigan. 

Esly Banegas, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), señaló que, desde el Golpe de Estado que en 2009 defenestró a Manuel Zelaya Rosales, son casi 200 las defensoras y defensores asesinados. «Hay una lista que está en poder de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y son alrededor de 120 los casos compañeros que no hay investigación y siguen en la impunidad», nos dice Banegas, a quien en el 2016 la ola de violencia que impera en el país le arrebató un hijo en La Ceiba. En ese entonces, ella era precandidata a la alcaldía de Tocoa por el partido Libertad y Refundación. 

Pese a que Alí y Jairo eran ambientalistas y se identificaban claramente como tal, la Policía Nacional se apresuró a establecer que el móvil del crimen era el robo y negaron cualquier relación con la lucha ambiental. «No, nada tiene que ver porque son muchachos que eran de Tocoa (casco urbano) y andaban haciendo unos trabajos de cobro de una empresa de cable. Por robarles fue este fallecimiento, no tiene nada que ver la parte ambiental, es producto de la misma delincuencia común. Ya hay personas que están identificadas, pero no mencionamos nombres para no entorpecer las investigaciones». aseguró el vocero policial Adamín Rodríguez.

El funcionario policial mencionó que hace «muchos meses» no se tenía este tipo de problema en Colón, aunque reconoció que antes «hubo gente que fue detenida por la parte ambiental, pero eso ya es historia, la situación (el homicidio de Alí y Jairo) se debe a lo que sucede en cualquier parte del país, la misma delincuencia común», mencionó Rodríguez.

Esly Banegas no percibe la atmósfera de aparente tranquilidad que se menciona en la Policía, manifestó que la violencia en el Aguán ha sido reiterativa y que hay una intención de detener la lucha para mantener las operaciones «al antojo de los agroindustriales aquí en la zona». Agregó que, en este escenario, el poder económico ha tenido a su favor a la Policía y al mismo Ejército: «Hay que decir que en este valle los asesinatos (de Alí y Jairo), desde la mirada nuestra, tienen que ver con la defensa del derecho al agua y a la vida, no encontramos ninguna otra respuesta ante todo lo que está sucediendo y no encontramos ninguna disposición para hacer investigación como corresponde que nos pueda arrojar la verdad, entonces nos deja pensando cómo nos defendemos porque aquí estamos en total indefensión», dijo Banegas. 

La investigación del crimen de Ali y Jairo tiene muchos vacíos. La Policía Nacional no llegó al lugar donde fueron asesinados y tampoco el levantamiento de los cuerpos fue hecho por el Ministerio Público. Los familiares lo hicieron por cuenta propia. Así que no hubo protección de la escena del crimen.

El reconocimiento oficial de los cadáveres se hizo en los hogares de los fallecidos, mismos que, según Reynaldo Domínguez, fue realizado por la fiscal que anteriormente había imputado varios delitos a 32 defensores del agua, ocasionando que permanecieran encarcelados. Uno de esos criminalizados fue Alí. 

En Tocoa, la mayoría de los representantes del Estado guardan silencio frente a la conflictividad. En el Ministerio Público (MP) Contracorriente fue atendido por el guardia de seguridad, quien fue el canal para que la secretaria de la oficina enviara un mensaje: nadie iba a atendernos. 

En un pequeño papel anotaron el nombre del vocero y el número telefónico del MP en La Ceiba. Al final, el número facilitado estaba equivocado, pero establecimos comunicación con la oficina de Relaciones Públicas de la Fiscalía Regional del Bajo Aguán, ubicada en La Ceiba, cuyo personal al ser consultado sobre los avances de las investigaciones sobre las últimas muertes violentas, respondió que cada uno de los casos se están investigando por parte de la DPI y se espera que se logre la captura de los responsables. Además, se procuró tener la reacción del alcalde de Tocoa, Adan Fúnez, pero hasta la fecha no hubo respuesta a nuestra solicitud de entrevista.

Tocoa es un municipio fértil y próspero del departamento de Colón, el cual pasa por constantes conflictos de tierra. Los esfuerzos del Gobierno por arreglar el problema han sido débiles. Foto CC/Amílcar Izaguirre.

Janeth Lara, coordinadora del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), sostuvo que desde ese organismo de defensoría han iniciado una investigación de oficio para seguimiento a la muerte de los ambientalistas: «Ya hemos tenido acercamientos con las autoridades como ser Dirección Policial de Investigación (DPI), Policía Nacional y el Ministerio Público, así como familiares y gente de la comunidad para indagar un poco», afirmó. Sobre la hipótesis que maneja la Policía, señaló que se está a la espera de un equipo de investigación especializado, «para profundizar más, están trabajando en la recolección de pruebas científicas y se presume que están planificando realizar una exhumación de los cuerpos para obtener un poco más de elementos».

Más violencia

El temor ha aumentado en los luchadores sociales y defensores de derechos humanos en Colón en el inicio de 2023. Apenas 11 días después que le dieron muerte a Alí Domínguez y Jairo Bonilla, fue acribillado el líder de la Plataforma Agraria de Colón, Omar Cruz Tomé, quien se encontraba con su suegro Andy Martínez Murillo, también asesinado. Cruz era el presidente de la Cooperativa Los Laureles, y fue asesinado en su casa, donde sicarios irrumpieron y le dispararon al menos en 12 ocasiones. Omar estaba acogido al mecanismo de protección, pero nunca tuvo esquema de seguridad.

La cooperativa de la cual era presidente Omar tiene ocupadas 565 hectáreas y está formada por 60 familias. Las tierras que ahora ocupan antes estaban en poder de la Corporación Dinant, propiedad de la familia Facussé, que está involucrada en dos de los grandes conflictos del Aguán, pues Ana, hija del extinto Miguel Facussé Barjum, junto con Lenir Pérez son los dueños de Inversiones Los Pinares. 

En el Aguán los conflictos tienen matices, pues desde hace algunos meses trabajadores de las fincas de Corporación Dinant se toman calles en protesta por la pérdida de empleos que generan las ocupaciones campesinas. «A ver de qué forma las autoridades nos escuchen, nosotros exigimos el desalojo de las fincas invadidas de Corporación Dinant», dijo Noemí Antúnez, una de las personas que protestaba en la carretera CA-13, que une Tocoa con La Ceiba. Aseguró que se están perdiendo unos 1,400 empleos. 

«No se ve el interés de solucionar el problemas. Exigimos que se desalojen esas fincas, porque esos se dicen grupos campesinos pero son traídos hasta de otros departamentos para venir a invadir», acusó Antúnez.

Mencionó que ella y sus compañeros han levantado un movimiento genuino, «la empresa no nos está obligando porque somos los afectados. Somos gente pobre que trabajamos en campo y por eso estamos aquí, haciendo sentir nuestra preocupación porque estamos sin empleo». 

Esta protesta de los trabajadores de Dinant fue días antes de la muerte de Omar. Según una carta pública emitida por el Bufete de Estudios para la Dignidad, Omar denunció en octubre de 2022 «la existencia de un plan de las empresas agroindustriales de la zona para asesinar a los principales liderazgos del Aguán», dice textualmente el documento. Omar incluso participó en una reunión en la Secretaría de Seguridad donde pidió que militares y policías en Colón estuvieran para garantizar la vida y no para proteger la propiedad de los agroindustriales. 

En la carta emitida, se registra que el 11 enero de 2023 Omar junto con representantes de la Plataforma Agraria y el Bufete de Estudios para la Dignidad presentó una denuncia ante el MP contra el señor Miguel Mauricio de la Soledad Facussé, dueño de Corporación Dinant, por ser cómplice de una estructura criminal denominada «Los Cachos», que opera en la zona para reprimir y violentar los derechos de los y las campesinas del Aguán. 

Tras el asesinato de Cruz Tomé, el Bufete de Estudios para la Dignidad organizó una conferencia para denunciar públicamente el hecho. En ese evento, Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria en el Valle de Aguán, manifestó su preocupación «por la ola de violencia que ha venido desatándose en las últimas semanas en el Aguán. Tenemos meses de estar denunciando el plan que existe para asesinar la dirigencia, en esta lista estaba incluido el compañero Omar. También, el 11 de enero, guardias dispararon en contra de miembros de otra cooperativa en presencia de la Policía Nacional y no hubo ningún elemento que hiciera algo para evitar los heridos. Es preocupante lo que estamos viviendo», dijo. 

En esa conferencia, Esly Banegas expresó que la situación «nos toca profundamente y nos llena de indignación. A casi un año de haberse firmado un acuerdo con el Gobierno el 22 de febrero de 2022, lo que hemos encontrado después de eso ha sido más amenazas, todo un intento de boicotear ese acuerdo», dijo. Además, externó una queja generalizada en los luchadores del Aguán y va dirigido directamente a la Casa Presidencial: «La presidenta no ha querido escucharnos».

Víctor Fernández, director del Bufete de Estudios para la Dignidad, organización que acompaña la defensa de la tierra en el Aguán, retó a los funcionarios de derechos humanos del actual Gobierno a tener la valentía para disentir con las autoridades de su administración. «No pueden llamarse al silencio frente a la inoperancia policial, frente a la complicidad de las estructuras militares que operan en el Aguán», aseguró el abogado y agregó que ellos tienen identificadas patrullas de la Policía Nacional atacando a las familias campesinas. 

Lo dicho por Fernández en conferencia fue escuchado por la ministra de Derechos Humanos, Natalia Roque, quien de forma virtual leyó un comunicado oficial en la que manifestó una «profunda indignación y dolor» por el asesinato de los dos campesinos. Al borde de las lágrimas, la funcionaria recordó que es el segundo comunicado urgente que tienen que hacer en apenas dos semanas, esto en alusión a las muertes de Alí Domínguez y Jairo Bonilla.

En el posicionamiento, la Secretaría de Derechos Humanos mencionó que las medidas de protección encomendadas a la Secretaría de Seguridad «han sido insuficientes y han fallado de forma frecuente. Hacemos un llamado enérgico a la Secretaría de Seguridad para que cumpla con su mandato constitucional brindando protección a defensores y defensoras de derechos humanos, quienes han recibido amenazas y atentados, especialmente en las zonas de conflictos territoriales», decía el comunicado leído por Roque y otros dos funcionarios de Derechos Humanos.

Fernández consideró que —ante la posibilidad de resolver el conflicto en el Aguán— «estamos recibiendo este feroz ataque, que pretende desmovilizarnos». Fernández pidió a los campesinos mantenerse en la lucha, «nos hemos convertido en una amenaza real frente al poder económico corrupto y violento, no es el tiempo, en medio del dolor».

Un campesino trabaja en la comunidad Mártires del Tumbador, ocupada por agricultores desde hace un mes en Trujillo, a 411 km al noreste de Tegucigalpa. Foto CC/Jorge Cabrera

Por otro lado, el abogado envió un mensaje a la gobernante Xiomara Castro: «¿Quién manda en el Aguán, señora presidenta? ¿Mandan ustedes o sigue mandando el crimen? Hoy sigue mandando el crimen, ustedes tiene el Ejército y la Policía, el Ejército tiene el mejor aparato de inteligencia del país y usted es la comandante de ese ejército. Asuman el riesgo de hacer justicia, las tierras del Aguán por mandato del Estado son del sector reformado, no son del sector agroindustrial, eso es hacer justicia, eso es darle contenido a una propuesta de Gobierno por la que votamos».

***

En Colón afloran los conflictos. A unos kilómetros de la aldea Guapinol, hay otras 13 comunidades que defienden otro río, que desde hace un año tiene un color café por el lodo que arrastran sus aguas gracias a la deforestación que ha realizado Inversiones Los Pinares con fines de explotación minera. Hombres como el agricultor Santos Hernández defienden el río San Pedro, que —al igual que el río Guapinol— nace en el parque nacional Carlos Escaleras. 

Hernández es uno de los 32 luchadores criminalizados por la defensa de los ríos. Vive en una comunidad denominada Las Mangas. Es un hombre de campo, «este conflicto no es fácil, vemos que es una empresa bastante fuerte. Las autoridades han permitido la instalación de dicha empresa y es la dificultad más grande que hemos tenido. El Gobierno ha estado del lado de ellos». 

En la casa están limpiando frijoles y desgranando maíz. No fue fácil llegar a él. En Las Mangas, un carro extraño inmediatamente pone en alerta a los vecinos, al igual que en Guapinol y otras comunidades que defienden los ríos afectados por la explotación de Inversiones Los Pinares. 

Santos nos habla sin adornos y palabras rebuscadas: «Esa empresa está en una zona protegida a la que la reconocemos como el pulmón del municipio de Tocoa, esas autoridades que, sabiendo eso, están del lado de esa empresa, es lamentable y lo condeno. No tienen cargos para servir a la población, lo que buscan son intereses personales», sostiene.

Puente de hamaca sobre las aguas contaminadas del río San Pedro, en la comunidad de Las Mangas, Tocoa, Colón. Esta y otras comunidades permanecen en lucha contra los proyectos mineros establecidos en la zona. Foto CC/ Amílcar Izaguirre.

Santos explicó que han realizado acciones y denuncias ante las instituciones correspondientes como Mi Ambiente y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) donde solo los atienden, según Santos, «para que regresen conformes, pero de ahí no se ve que han hecho nada. Vienen comisiones, pero no lo andan haciendo bien la verdad». El defensor del agua, quien estuvo preso durante 14 días, siente «que hay una unión entre la empresa y las autoridades para que haya una presión (criminalización) sobre ellos».

«Yo me siento amenazado todavía», nos dice sentado bajo un árbol en su casa. Añade que no quisiera ver aquella verde montaña como un desierto. Cuenta que en el sector San Pedro también hay persecución y amenazas. Habla sobre los infiltrados que tiene Inversiones Los Pinares en la comunidad para conseguir información. «Yo le pido a los compañeros y población de Tocoa que en lugar de prestarse al juego de la empresa, mejor se unan a la lucha. Vamos a quedar con el territorio despedazado», dijo. 

«Lenir para nosotros es el monstruo que nos tiene con la pata en el pescuezo», exclamó, con una frase retrata a la perfección la lucha por la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro. Pese a la denuncias y el cambio del Gobierno, la minera no ha dejado de avanzar. La Planta Ecotek se ha elevado como un monstruo de hierro al lado de Guapinol. 

De repente, aquel campesino que las circunstancias han convertido en defensor del agua y de la vida, eleva la voz y pregunta: «¿Esto puede llegar a Xiomara? –al recibir una respuesta positiva, afina la garganta y dice–:, Quiero decirle que yo soy uno de los que ha puesto el pecho desde el golpe Estado, y me duele que ella nos prometió solucionarnos este problema y hasta el momento yo no sé qué está haciendo algo. La cosa sigue lo mismo». 

Juan López, quien es miembro del Comité para la Defensa de Bienes Comunes y Público de Tocoa y regidor municipal en Tocoa por el Partido Libre, sostiene que él incursionó en política porque la doctrina del partido le gusta, pero «a veces siento hasta asco del comportamiento de ciertas personas dentro del Partido, que como fuerza política ha estado a la altura, pero su dirigencia no la ha estado». 

Reynaldo Domínguez, líder de Guapinol y hermano de Alí, sostiene que tras los hechos violentos en Colón, el Gobierno tiene el escenario para actuar y cumplir su promesa de resolver los conflictos en ese departamento: «Si hoy pone voluntad y con todos los elementos que están dados para que se cierren estos proyectos, da el paso, le vamos a creer; pero si estos hechos se quedan impunes y siguen los proyectos, vamos a decir que era un asunto de pura política mentirosa y maliciosa de todas las personas que dicen que quieren trabajar con el bien de este pueblo pero que en el fondo están confabulados con intereses empresariales», dijo. 

Estas declaraciones las realizó el líder de Guapinol antes que Contracorriente publicara un revelador reportaje en el que se explica la estrecha relación entre en bufete de Tomás Vaquero, ministro de Gobernación de Xiomara, y el empresario Lenir Pérez: «Ahora tenemos suficientes razones para entender cómo Lenir Pérez ha sido capaz de mantener estos permisos sin licencias ambientales. Y no nos extrañará que si se cierran este tipo de proyectos van a hacer demandas millonarias que el Estado definitivamente no podrá pagar».

Los riesgos

En Colón, los defensores de derechos humanos se mueven con cautela. Tanto en Guapinol, como en Las Mangas, Malafalda, Tocoa o alguna de las fincas de palma en disputa. Cualquier carro extraño que ingresa a las comunidades es motivo de alerta. Y si anda vidrios oscuros, la alerta aumenta de inmediato. En Guapinol, Reynaldo Domínguez ha tomado precauciones. Santos Hernández se siente amenazado y en riesgo. Líderes de la Plataforma Agraria como Jaime Cabrera huyen de la criminalización y las amenazas contra su vida. 

Esly Banegas sostiene que en la última evaluación de riesgo los luchadores sociales y defensores en el Aguán alcanzan hasta un 89 %. «Vemos que ahorita el riesgo está en aumento, incluso hemos escuchado versiones de personas que no dan su nombres por el mismo temor. Hay intenciones de exterminar dirigentes, defensores y defensoras de la lucha por la tierra. Nos han dicho que hay que cuidarse, la idea es eliminar a personas como si con eso van a eliminar la lucha. Están equivocados, eso ha pasado en muchos lugares y la lucha continúa, aquí ha pasado y la lucha no la van a detener porque son derechos legítimos», nos decía Esly Banegas tres días después del asesinato de Alí y Jairo, y siete días antes de la muerte violenta de Omar Cruz y su suegro.

La Planta Peletizadora de Óxido de Hierro, de Inversiones Los Pinares ha acelerado su construcción en el primer año de la presidenta Xiomara Castro. Foto CC/Amílcar Izaguirre.

Juan López sostiene que los riesgos no se pueden negar y que hay que denunciar para que el MP tenga la facultad de investigar, «yo quisiera que estos procesos tuvieran un giro y pudiéramos ir construyendo unas relaciones de fraternidad y amor entre todos los actores en función, pero esa utopía está en un campo de conflicto y violencia. La vida de tanta gente está en riesgo en los territorios», reconoce. 

«Tenemos miedo, más con lo que ha pasado (las muertes), yo tengo miedo como ser humano, pero tengo más miedo que nos quedemos sin agua, eso sí me da mucho miedo. Porque, sin agua, ¿qué vamos a hacer?», se pregunta Reynaldo Domínguez.

Con dos fuerzas mayoritarias negociando la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tal y como se advirtió, los diputados con conflictos de interés buscan entre el listado de 45 candidatos a los 15 magistrados que se apeguen a sus intereses políticos partidarios, siempre con la mirada puesta en la posible llegada de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH), la elección de un fiscal general en septiembre y los casos judiciales por corrupción pública pendientes que involucran a grupos de poder o a los diputados mismos.


Texto: Leonardo Aguilar

Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
Con colaboración de María Celeste Maradiaga

 Sin que ningún partido tenga mayoría simple (66 diputados), este miércoles el Congreso Nacional de Honduras elegirá – con mayoría calificada (no menos de 86 votos) – a los nuevos 15 magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia para el período 2023-2030. Los magistrados serán escogidos de una lista de45 candidatos que proporcionó la Junta Nominadora el lunes pasado.

En la mañana de hoy se desarrollará un acto protocolario con la instalación de la segunda legislatura en donde los tres presidentes de Estado (Rolando Argueta, Luis Redondo y Xiomara Castro) rendirán un informe. La presidenta Xiomara Castro lo hará de forma breve a través de una videoconferencia desde Argentina, en donde se encuentra para atender la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La sesión para elegir la nueva CSJ está convocada para la tarde de este día y comenzará una vez que se compruebe el quórum necesario (mínimo 86 diputados).

Pero en esta elección los escenarios son variados: desde un acuerdo entre Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Nacional que defina la elección en menos de cinco minutos, hasta el fracaso del sistema de nómina que provoque que la elección se extienda por varios días.

LEA:Cuatro posibles escenarios en elección de la Corte Suprema de Justicia

En las pasadas elecciones generales, Libre obtuvo 50 diputados, el Partido Nacional 44, el Partido Liberal 22, el Partido Salvador de Honduras (PSH) 10, el Partido Anticorrupción y la Democracia Cristiana un diputado cada uno. En la mayoría de estos partidos han existido divisiones internas.

Designada presidencial: «veo imposible que Libre pueda lograr ocho magistrados»

La designada presidencial Doris Gutiérrez, quien estará presente en el Congreso Nacional en representación de la presidenta Xiomara Castro, expresó a Contracorriente que ella presentará un informe breve, porque la presidenta tendrá una participación previa desde Argentina.

Doris Guitiérrez, quién fue diputada durante más de 20 años, aseguró que le ha tocado estar en tres elecciones de la CSJ, en las que siempre el partido de Gobierno ha logrado ocho de los 15 magistrados; sin embargo, dejó claro que, actualmente, estamos en otro contexto social y político.

«Yo pienso que las condiciones ahorita no están dadas para que haya una hegemonía de este poder del Estado. Es imposible que cualquiera de los partidos políticos pueda tener ocho diputados. Yo lo veo imposible. Que Libre pueda tener ocho o que los liberales puedan tener ocho. O que los nacionalistas puedan tener ocho. Lo veo difícil. Actualmente debe de haber una alianza, no hay de otra».

Doris Gutiérrez afirmó que, según lo observado, no hay consenso todavía entre las bancadas y espera que se pueda llegar a un diálogo.

Silvia Ayala, diputada del Partido Libre, afirmó que su partido tiene «garantizados» los 50 votos del partido para poder escoger a los magistrados y magistradas de la próxima Corte y prometió que, como Partido Libre, respetarán el listado enviado por la Junta Nominadora ya que tienen claro que «solo podemos escoger a los 15 magistrados y magistradas de entre los al menos 45 candidatos que nos remitan».

Doris Gutiérrez detalló que ha tenido información de que la bancada nacionalista está pidiendo cinco magistrados para poder avanzar a una votación en el Congreso Nacional. La misma cantidad de magistrados ha solicitado el Partido Liberal, lo que dejaría al partido Libre con los restantes cinco magistrados.

«Históricamente el partido de Gobierno es el que tiene el control de la CSJ, pero en esta situación, aunque la presidenta Xiomara ganó con una votación inédita, los diputados de Libre no llegan ni a 65, entonces depende de la capacidad que la bancada de Libre tenga para poder dialogar con las otras bancadas», añadió Doris Gutiérrez.

Según un análisis de Contracorriente sobre lo expuesto en el proceso de selección de los 45 candidatos a la Corte Suprema de Justicia, 11 candidatos actuales tienen afinidad explícita con el Partido Nacional, 5 con el Partido Liberal, 6 con el Partido Libertad y Refundación y 19 no muestran afinidad partidaria explícita. 

VER: Especial Gol por la impunidad, gol por la justicia

Pactos en el Congreso buscan impunidad

Luis Javier Santos, fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), en una entrevista con Contracorriente. Foto CC/ Fernando Destephen.

Pero en el Congreso no solo hay que tomar en cuenta los asuntos político partidarios. Desde el 2016, una treintena de congresistas, algunos de estos todavía en el Congreso (Antonio Rivera, Alberto Chedrani, Gladys Aurora López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Tomás Zambrano y Wilson Rolando Pineda), han sido acusados e investigados por corrupción.

La extinta Misión de Apoyo contra la Impunidad (MACCIH) reveló redes de corrupción que operaban desde el Congreso Nacional, la más conocida fue el Caso Pandora.

Los diputados denunciados o acusados son de los tres partidos principales, el Partido Nacional y el Partido Liberal y en otros casos de denuncia también tres diputados del Partido Libre (Edgardo Casaña, Rasel Tomé y Mauricio Rivera).

Pero también existen diputados sancionados por los Estados Unidos en la Lista Engel de actores corruptos y en ese país se están llevando a cabo juicios contra ex congresistas, lo cual abre posibilidades de más órdenes de extradición.

«En ese Congreso, siempre ha habido conflictos de interés; la mayoría de los diputados son empresarios, otros son ganaderos, otros han estado en cuestiones ilícitas, ahorita hay dos o tres extraditados en Estados Unidos que han sido diputados. Hay diputados de los que dicen que siguen en eso. Conflictos de interés siempre hay», manifestó Doris Gutiérrez.

El abogado Luis Javier Santos, fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), expresó a Contracorriente que «lo mínimo que tendrían que hacer estos diputados es excusarse, hacerse a un lado y dejar a otros miembros o a sus suplentes que participen en la elección de los magistrados. Si ellos participan, es claro que ahí hay un interés o va a haber un conflicto de intereses para que estos casos que se han cerrado desde la Corte Suprema de Justicia se archiven», afirmó Santos.

Santos puso como ejemplo el caso Red de Diputados, que vincula a más de 200 excongresistas de varias administraciones y a congresistas activos en la actualidad.

Para el fiscal de la UFERCO, la elección de la CSJ es solo un primer paso, pues luego viene la elección del Fiscal General. «Lo otro es contar con un fiscal general o con un Ministerio Público que tenga como política prioritaria dentro de la institución la lucha contra la corrupción, la defensa de los Derechos Humanos, la lucha contra la criminalidad organizada y la defensa del medioambiente. Yo creo que no son incompatibles. Yo creo que esos son los cuatro pilares», expuso el jefe de la UFERCO.

Yani Rosenthal, sobre el Partido Libre y la Corte: «Sabemos que podrían declarar sin efecto otros artículos de la Constitución.»

Yani Rosenthal Hidalgo durante una entrevista con Contracorriente en Tegucigalpa, hablando sobre el proceso de elección de la Corte Suprema. Foto: CC/Fernando Destephen

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal Hidalgo – quien estuvo tres años preso en los EE.UU. por delitos relacionados al lavado de activos derivados del narcotráfico –, expresó a Contracorriente estar satisfecho con el trabajo de la Junta Nominadora y reconoció que, políticamente, siempre, al llegar al Congreso, existe un «componente político e ideológico» que tiene que tomarse en cuenta, porque «todos los diputados son electos como miembros de partidos políticos y al ellos participar en este proceso, pues evidentemente que hay un interés en ese sentido».

Al consultarle a Yani Rosenthal si el Partido Liberal apoya el proyecto de Libre de una Asamblea Nacional Constituyente, este manifestó que al Partido Liberal le interesan las cosas que el partido le ha aportado a la Constitución «especialmente todo el tema de derechos humanos, libertad de prensa y libertad de expresión».

«Sin duda que una Corte Suprema siempre tiene la capacidad, por lo menos de eliminar artículos de la Constitución como lo vimos con el artículo 239 que eliminó Juan Orlando Hernández cuando él aspiraba a reelegirse, recordemos que él logró que se eliminara uno de los artículos, ese es un precedente de algo que nunca había ocurrido antes, pero que ocurrió en el período pasado y es algo que no queremos que vuelva a ocurrir, sabemos que podrían declarar sin efecto otros artículos de la Constitución y nosotros, uno de nuestros temas es el aspecto ideológico, es que esa Constitución no vaya a ser trastocada mediante fallos de la Corte Suprema de Justicia», indicó Yani Rosenthal.

Aunque la Constitución es clara en cuanto al período en el que se debe elegir la CSJ, Yani Rosenthal planteó que la Corte actual termina sus funciones hasta el 11 de febrero.

«Hoy estamos ante una disyuntiva, en el sentido de que esta Corte fue electa un 11 de febrero y la Constitución dice que están electas por siete años a partir del día que fueron juramentados y entonces ellos concluirían su período el 11 de febrero, si hubiera una nómina, como usted me preguntaba, y se elige con esa nómina, y ese mismo día [ 25 de enero] son juramentados ¿qué ocurre si aquellos vacan hasta el 11 de febrero? es una pregunta que se la he hecho a abogados muy conocedores de la Constitución y se quedan dudando porque no había ocurrido esto antes», expuso Yani.

La actual Corte, que ha sido fuertemente cuestionada por haber apoyado a Juan Orlando Hernández y por obstaculizar procesos contra actores corruptos, tiene hasta el 11 de febrero para terminar su periodo y actualmente analiza recursos de inconstitucionalidad en contra del decreto de amnistía aprobado por el gobierno actual. 

Sobre una alianza entre Libre y el Partido Nacional, Yani Rosenthal afirmó que eso sería sorprendente tras las muchas críticas de Libre cuando en el pasado se hacía lo mismo. «Después de todos los cuestionamientos que Libre le ha hecho al Partido Nacional, llegar a una alianza con ellos, para mí eso sería una gran sorpresa, debe haber una discusión entre todas las bancadas. En el Congreso hay cuatro bancadas grandes más dos diputados, uno cada uno de partidos más pequeños», dijo.

Salvador Nasralla «Están ofreciéndole dinero a los corruptos»

Salvador Nasralla, fundador del Partido Salvador de Honduras (PSH) y actual designado presidencial, afirmó que en este momento «Libre tiene la posibilidad de apoderarse del país más rápido de lo que pensaba adueñándose de la CSJ, para cambiar todas las leyes del país».

Al consultarle a Salvador Nasralla si lo anterior justifica que su partido busque una alianza con el Partido Nacional, el designado presidencial no negó ese extremo, pero matizó «No son alianzas partidarias, son discusiones entre personas».

Nasralla afirmó a Contracorriente que existen al interior del Congreso Nacional ofrecimientos de dinero a cambio de votos. «Entiendo que empezó ayer [lunes] y eso tiene que ver con la moral de la gente. ¡Están ofreciéndole dinero a los corruptos, hay un montón de gente corrupta en ese Congreso!»

«Él, Mel Zelaya, debe tener dinero, por eso dejaron tanto pisto guardado en el presupuesto y no ejecutaron el presupuesto anterior; la plata la van a utilizar, esa arma es necesaria para valerse de la poca moral de algunas personas que están en el Congreso», expresó Nasralla.

Aunque el PSH formalmente cuenta con 10 diputados, Nasralla dice que solo cuentan con 9 votos, porque Luis Redondo, el presidente del Congreso Nacional, no sigue la línea de su partido. «Él va a seguir las instrucciones de Mel Zelaya», expresó Nasralla.

Nasralla confirmó a Contracorriente que, afuera del Congreso, hay actores que no son diputados que están negociando la conformación de la CSJ. «En el Partido Nacional está negociando Nasry Asfura y Tomás Zambrano y en el Partido Liberal está Yani Rosenthal y Mario Segura, son los líderes visibles; creo que esos cuatro están representando a los partidos tradicionales. En el partido Libre la cabeza es “Mel”, hay alguna gente que le dice cosas, pero es “Mel” quien manda.»

La diputada del PSH, Ligia Ramos, afirmó a Contracorriente que hay un ambiente tenso en el Congreso Nacional, aunque dijo que no han recibido presiones «de ningún grupo particular ni de ningún partido político».

«Hay personas que ya han estado o están en estructuras dentro del poder judicial y del Ministerio Público que han contribuido con 12 años de no tener acceso a la justicia, no vamos a votar por personas que podamos encontrar nexos, aunque no haya acusaciones», expresó Ligia Ramos.

Ramos afirmó que ninguno de los diputados del PSH ha recibido ofrecimientos de dinero; no obstante, sostuvo que «esos poderes fácticos y del crimen organizado saben a quiénes ofrecer y a quién no.»

Más tarde, el PSH acordó en una reunión de bancada que el día de la elección no votarían por candidatos y candidatas que presentan vínculos con actores corruptos. 

En manos de los diputados y diputadas de Honduras está la posibilidad de que se pueda avanzar en un proceso de fortalecimiento al Estado de derecho o, por el contrario, hacia la consolidación de la impunidad y el debilitamiento de la institucionalidad.

La Junta Nominadora reveló el listado de las y los mejores candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre los cuales están familiares de políticos, militantes de partidos políticos y personas acusadas de actos irregulares. Ahora, queda en manos del Congreso Nacional la elección de la nueva Corte, mientras las presiones de grupos económicos y políticos para elegir a sus ungidos prevalecen.


Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen

La Junta Nominadora entregó al Congreso Nacional la nómina con un listado de 23 candidatas y 22 candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por unanimidad, los integrantes de la Junta votaron a favor de que se eligieran solo 45, lo mínimo exigido por la Ley, dentro de los cuales hubo 10 que lograron avanzar tras desvirtuar tachas y denuncias en su contra.

Entre las candidatas que más destacan está Ana Pineda Hernández, ministra de Derechos Humanos en el Gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa.

Pineda aseguró en su entrevista que existen relaciones desiguales entre los hombres y mujeres a la hora de impartir justicia, representando esto un desafío para el Poder Judicial, un desafío que ella aseguró estar dispuesta a enfrentar como magistrada. Pineda es la candidata a magistrada con el mayor puntaje en su calificación.

Uno de los candidatos que continúa en la carrera para ser magistrado es Milton Jiménez Puerto, excanciller de la República y excomisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en el mandato del expresidente Manuel Zelaya Rosales, este logró salir avante de las denuncias y tachas presentadas en su contra, las cuales tenían que ver con actos de corrupción acontecidos mientras ostentaba cargos durante el gobierno del expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009), y de cometer faltas graves según las leyes de tránsito al agredir a policías en estado de ebriedad. Ambas fueron declaradas sin lugar por parte de la Junta Nominadora.

Otro de los candidatos que continúa en la elección es Daniel Arturo Sibrián, actual fiscal adjunto del Ministerio Público. La resolución de este candidato no se encuentra en el portal de transparencia de la Junta Nominadora, sin embargo, la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva presentó una tacha en contra de este candidato por ser destituida de su cargo como directora de Medicina Forense por Daniel Sibrián, debido a que Villanueva constató que la muerte en contra de Sherill Hernandez, investigadora de la ATIC asignada a casos de grupos organizados, se trató de un asesinato y no de un suicidio como concluyó el caso.

El candidato mejor evaluado fue el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Roy Pineda. Pineda es actual magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, representante en ese órgano del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Otro de los candidatos es Luis Fernando Padilla, quien ha sido fuertemente cuestionado porque fue el abogado defensor de los diputados Tomás Zambrano y Antonio Rivera, acusados en el caso Fe de Erratas en el 2018. Padilla también pertenece a la firma legal Antúnez y Asociados, una de las contratadas por Juan Orlando Hernández en su proceso de extradición.

Otro candidato relacionado al expresidente Hernández, quien está a la espera de su juicio por delitos de narcotráfico, es Edin Yobany de la O. Según denuncias presentadas en su contra, al candidato se le acusó de tener vínculos profesionales y personales con Hernández Alvarado, al asistir a fiestas en el occidente del país en donde su familia y la del exmandatario solían coincidir. Además, de la O fue acusado de favorecer a la exprimera dama Rosa Elena de Lobo al determinar que «no era funcionaria» en el juicio.

Yuri Melara también es otro de los candidatos con un pasado cuestionable. En el pasado se le acusó de seguir un procedimiento viciado de nulidad y de obstrucción a una investigación mientras fungía como Fiscal General Adjunto. Además, al candidato se le revocó la visa americana, y se le denunció de intervenir para obstruir las investigaciones sobre el tráfico de madera y tala de árboles en Olancho.

Puedes ver las denuncias o señalamientos a candidatas y candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia aquí:

En el caso de la candidata a magistrada Tirza del Carmen Flores -hermana del actual asesor presidencial, Enrique Flores Lanza-, se le cuestionó en la etapa de entrevistas por su parentesco con el antes mencionado, a lo que la abogada respondió: «considerando que la parte afectiva es innegable, las personas cercanas a mí no pueden negar mi actuación independiente, y que, al ejercer la jurisdicción de hace muchos años, es indistinto tener familiares en el poder ejecutivo u otros poderes del Estado».

Otro cuestionamiento a la ahora candidata, quien figura en el puesto número 13, fue por parte del representante del Claustro de Profesores de la Universidad Nacional de Honduras (Unah), Waldo Rivera, quien aseguró, luego de que la Junta Nominadora anunciara el listado de los mejores 45 candidatos magistrados, que la postulante Tirza Flores no contaba con su exequátur notarial, por lo que la candidata a magistrada respondió en su cuenta de twitter con un documento en donde garantiza ser abogada notaria.

La candidata Gloria Bertila Oyuela, que logró quedar en el puesto 23, la última del listado de candidatas, aseguró en su entrevista pública que, de aprobar el Congreso Nacional el aborto, esto podría representar un atentado contra la vida, y que en casos de violación se tendría que aplicar una Ley específica, pues «está el valor de la vida de una mujer, pero también está el valor de no nacido».

Junta Nominadora en el anuncio de la lista de las y los mejores candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto CC/ Fernando Destephen.

Lucía Vijil, analista e investigadora del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), aseguró que las respuestas de los postulantes sobre temas como los anteriores están alineadas con el conocimiento que pueden tener en esas áreas o el discernimiento de lo que manda la Constitución de la República.

«La academia tiene una deuda histórica con reivindicaciones políticas, el derecho por sí solo ya es conservador a pesar de que se han avanzado en normativas más progresivas en materia de derechos humanos, sin embargo, la academia, y particularmente la de Honduras, tiene ese problema», explica Vijil.

Vijil calificó como preocupante que los posibles magistrados y magistradas no sean capaces de discutir a alto nivel lo que está ocurriendo realmente, «porque hay otras estructuras en estos conflictos, como los grupos criminales, el narcotráfico, y la deuda histórica del Poder Judicial en relación a los asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y el territorio», manifestó la investigadora.

Para la abogada Brenda Mejía, quien pertenece a la Colectiva de Abogados por los Derechos Humanos, el proceso de selección de candidatos a la nueva Corte que se llevó a cabo por la Junta Nominadora ha sido un mejor trabajo comparado con los procesos anteriores.

La abogada Brenda Mejía cuestionó a la expresidenta del Colegio de Abogados, Anny Belinda Ochoa, quien quedó en el puesto número 8 entre las 23 candidatas. De las 11 tachas y denuncias presentadas en su contra, Ochoa salió avante de todas después de que la Junta resolvió declararlas sin lugar, algo de carácter de análisis, según la abogada Brenda Mejía.

«Sabemos que (Anny Belinda Ochoa) es del Partido Nacional (PN), y que fue presidenta del colegio de abogados por el PN por el frente Patria y Justicia que pertenece a este partido. Incluso, en su Facebook usted puede ver que agradece a sus amigos (por su triunfo) y ahí tiene una foto de Ebal Díaz, quien fue a votar por ella. Entonces es muy claro que ella es nacionalista y que parece ser una ungida del partido», manifestó la abogada Mejía.

Además, la profesional del derecho mencionó que, aunque 2 de las 11 tachas que estaban en su contra inicialmente fueron inadmitidas, continuaba siendo la postulante con más tachas y denuncias en su contra con 9, las cuales logró desvirtuar y continuar en el proceso de elección.

Entre las denuncias en contra de Ochoa estuvieron: Omitir investigaciones en contra de funcionarios judiciales, dejar impunes actos de responsabilidad administrativa de jueces allegados a la presidencial de la CSJ y el Partido Nacional, dictar un fallo a favor de una adopción en favor de una familia de alta posición política y económica, y se negó, mientras era Inspectora General de Tribunales en 2018, a realizar investigaciones mandadas por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco) en contra de tres magistrados que dictaron sobreseimiento a los 22 imputados en el Caso Pandora.

Brenda Mejía consideró que la Junta Nominadora estuvo conformada por personas de distintos sectores que demostraron ser transparentes sin embargo, consideró que hubo algunos que recibieron algún tipo de presión.

El abogado y defensor de Derechos Humanos, Victor Fernández expresó en un podcast de Contracorriente que, aunque en la Junta Nominadora hubo personas con un discurso y cercanía con el reclamo histórico de la sociedad hondureña para que se adecenten la justicia en Honduras, siempre existieron presiones por parte de distintos sectores del país. 

«Yo tengo entendido que han habido muchas presiones para desestimar tachas y denuncias, y tambien he entendido que a la Junta Nominadora le ha llegado ya el listado de gente que los partidos (políticos) y los actores económicos quieren como futuros magistrados, y que, mínimamente, hay presiones para que no descarten a la gente que ya tienen en sus listas, al menos las tres fuerzas político partidarias que se están disputando o que van a negociar la elección (de la nueva Corte Suprema de Justicia)», dijo Fernández a Contracorriente el pasado viernes 13 de enero.

Recomendamos escuchar: ¿Gol por la justicia o por la impunidad? un podcast de Contracorriente.

En relación a las presiones que podría haber recibido la Junta Nominadora, Josué Padilla, representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y miembro vocero de la Junta Nominadora, aseguró a Contracorriente que él no recibió ninguna instrucción , ni siquiera del actual presidente de la CSJ, Rolando Argueta.

«A mí el presidente Rolando Argueta nunca me ha pedido ningún de instrucción o dirección, no me ha pedido por ningún candidato y no me ha preguntado por ninguna decisión, simplemente me ha pedido que cuide el nombre del Poder Judicial y con el resto de magistrados lo mismo», argumentó Padilla, refiriéndose a los seis magistrados actuales que buscaban ser reelectos en el proceso actual, pero que fueron descartados.

Padilla también mencionó que los reclamos de postulantes que han quedado fuera del proceso por tachas o denuncias que han sido declarados con lugar no representa una presión para la Junta Nominadora, sino más bien, un derecho que tienen los postulantes como todo ciudadano.

Respecto a los señalamientos que han existido de unos postulantes a otros, Brenda Mejía resaltó el que realizó el postulante Raúl Pineda, abogado constitucionalista. Pineda denunció que Wendy Carolina Escobar, -quien también quedó fuera del proceso de elección de la CSJ- era esposa del abogado defensor de Magdaleno Meza, quien fue acusado de narcotráfico y asesinado en «El Pozo» cárcel de máxima seguridad en octubre de 2019.

Según una publicación del medio digital noticias 24/7, Pineda aseguró que esto debió ser desde un inicio motivo suficiente de descalificación, sobre todo porque en la fase de tachas y denuncias ninguna fue presentada en contra de la postulante.

Lista de los candidatos a magistradas y magistrados de la República conforme a puntajes obtenidos. Foto CC/ Fernando Destephen.

Otro de los expostulantes que quedó inconforme con su descalificación en el proceso fue Fredis Cerrato, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), quien dijo a Contracorriente que, en la resolución declarada con lugar en su contra, existió una postura dividida y fue una decisión tomada con «tendencia política y gremial».

«Al final lo que me fui a meter en las manos de la gente con la que habíamos tenido diferencia en la lucha gremial», sostuvo Cerrato.

La resolución en contra de Cerrato y declarada con lugar por parte de la Junta Nominadora detalla que Cerrato refrendó y aprobó en Consejo de Ministros, mientras era Secretario en los despachos de Industria y Comercio, los decretos para realizar una consulta popular (más conocida como Cuarta Urna) en el 2009, periodo en el cual Manuel Zelaya Rosales, actual asesor presidencial, fungía como presidente de la República, mientras el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativa ya había ordenado la suspensión de la misma.

Las decisiones de Fredis Cerrato también podrían estar motivadas desde otros espacios. La abogada Brenda Mejía señaló que, entre una de las expectativas de la ciudadanía estaba tener al expresidente del Colegio de Abogados como presidente de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo del actual asesor presidencial y expresidente, Manuel Zelaya Rosales.

«Con Fredi Cerrato se decía mucho que era el ungido de Mel, eso era lo que escuchábamos y que incluso lo querían como el presidente de la Corte, eso era lo que andaba en el aire», señaló Mejía.

Según la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a Magistrados de la Corte Suprema De Justicia (CSJ) aprobada en julio de 2022,luego de la etapa de entrevistas, la Junta Nominadora pasa a evaluar a los postulantes según los criterios establecidos en una matriz de evaluación, y, finalmente, entregar la lista con las y los mejores candidatos al Congreso Nacional.

Todo está listo para que 128 diputados —varios de ellos miembros de partidos vinculados a redes de corrupción y narcotráfico— elijan a la próxima Corte Suprema de Justicia de Honduras, conformada por 15 magistrados que serán vitales, entre otros asuntos, para la concreción de más extradiciones a EE. UU. y para determinar el éxito o fracaso que pueda tener una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih).


Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Fernando Destephen

El proceso de evaluación llevado a cabo por la Junta Nominadora llegó a su fase final y solamente le resta presentar un listado de por lo menos 45 candidatos y candidatas que deberá ser enviado al Congreso Nacional entre este viernes y el próximo lunes 23 de enero de 2023. 

La lista final saldrá de 82 aspirantes que continúan en el camino, los cuales están siendo filtrados basándose en una matriz técnica de evaluación.

Los analistas más críticos coinciden en que los nominadores —a pesar de algunos escándalos como la filtración del banco de preguntas y respuestas— han realizado un trabajo arduo, decente y han sabido resistir ante fuertes presiones, dejando en el camino a aspirantes que tenían nexos directos con narcotraficantes o grupos empresariales oscuros.

Sin embargo, el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, dijo a Contracorriente que, a pesar del arduo trabajo, todavía hay dentro de ese listado de 82 aspirantes algunos que tienen vínculos con grupos económicos o grupos políticos. «Esperamos que no sean incluidos en esta lista que envíen al Congreso Nacional», aseguró.

Hay otra valoración casi unánime que hacen tanto observadores internacionales, analistas hondureños y representantes de sociedad civil: las cosas pueden complicarse en el Congreso Nacional el 25 de enero, porque este cuenta con partidos políticos vinculados a redes de corrupción pública, crimen organizado y narcotráfico.

«El Congreso Nacional no podrá elegir a ninguna persona que no esté comprendida en la nómina entregada por la Junta Nominadora», establece una parte del artículo 22 de la ley que rige a la Junta Nominadora. Sin embargo, a pesar de que existe esta garantía expresa en la normativa, por los antecedentes conocidos, existe temor de que el Congreso Nacional tome rumbos distintos al camino de la legalidad.

El sacerdote jesuita Ismael Moreno, exdirector de Radio Progreso, también conocido como «El padre Melo», afirmó a Contracorriente que, evidentemente, existe una necesidad en los congresistas de protegerse y detalló que esto es propio no solo del Partido Nacional, sino de todas aquellas personas o grupos que de algún modo aparecen en algún tipo de listados que los vinculan con el narcotráfico y la criminalidad.

«Para eso necesitan estructuras oficiales y para eso la Corte Suprema de Justicia es el vehículo con el cual muchos de estos sectores van a tratar de blindarse. Y estarán buscando la manera de que haya condiciones para que el blindaje se garantice. Yo sí creo que los políticos en Honduras, bastantes de ellos, tienen cuentas pendientes, uno escucha de un partido y de otro partido de personas, de políticos con influencia, que estarán buscando la manera de protegerse, y la Corte es ese instrumento a través del cual van a querer alcanzarlo», expuso Moreno.

Escenario I

Un primer escenario, a criterio del padre «Melo», es que el Partido Libre haga una alianza con el Partido Nacional, por lo tanto, los dos partidos lograrían la mayoría calificada para la elección de los magistrados. «Ese es un escenario posible, evidentemente, si ese escenario se da, el Partido Nacional y el Partido Libre quedan de algún modo amarrados, porque después tendrán que continuar hacia la elección del Fiscal General y hacer otro tipo de acuerdos en el Congreso», dijo.

A la abogada Silvia Ayala, integrante de la Junta Directiva del Congreso Nacional y militante del Partido Libre, no le gusta la palabra «alianza», aunque reconoce que el partido de Gobierno tiene que pactar sí o sí para elegir la próxima Corte.

Ayala dijo a Contracorriente que «en el Congreso Nacional, de acuerdo a la conformación que tenemos, ningún partido tiene ni siquiera la mayoría simple (66 votos). Para elegir la Corte se requiere mayoría calificada (86 votos) y con mucha más razón tenemos que alcanzar consensos que van a partir del perfil y tipo de magistrado y magistrada que merece el pueblo hondureño».

Libre cuenta con 50 votos, el Partido Nacional con 44 votos, el Partido Liberal con 22 votos, el PSH con 10 votos, el Partido Anticorrupción con 1 voto y la Democracia Cristiana con 1 voto.

«La Junta Directiva del Congreso Nacional bajo ningún punto va a entrar en negociaciones de ningún tipo, precisamente porque el término negociación implica que se va a ofrecer algo para obtener otra cosa a cambio», prometió la congresista Ayala.

Una alianza entre Libre y el Partido Nacional implicaría negociar con diputados que estuvieron directamente judicializados por actos de corrupción pública contra las que luchó el fiscal jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, quien indicó que «si viviéramos en una sociedad en donde los niveles de ética fueran aceptables, lo mínimo que deberían de hacer estos diputados es hacerse a un lado y dejar a otros miembros o a sus suplentes para que participen en la elección de los magistrados».

«Acuérdese que el caso red de diputados implica o vincula a una serie de congresistas, ¡son más de 200 congresistas y excongresistas de varias administraciones!, estos se encuentran involucrados en esos casos y muchos de ellos se encuentran activos y tienen vínculos», expresó Luis Javier.

El fiscal también manifestó que las castas familiares de políticos en Honduras hacen que los conflictos de interés se incrementen. «¿Qué ha pasado en la política en Honduras?, pues que se va el político, pero queda la esposa, el hijo o el sobrino como diputado. Hay familias que históricamente ya se conocen en el país donde todos sus parientes en línea ascendente o descendente han sido parte del Congreso. Muchos de los diputados que fueron acusados en el caso red de diputados ya salieron, pero ahora hay parientes que sin ninguna duda van a favorecer con su voto a los magistrados que se presten para que estos casos sigan impunes», dijo.

Escultura de la diosa Temis, en la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa.

Escenario II

El segundo escenario, planteado por el padre «Melo», es que el Partido Libre, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH) alcancen una alianza propia hasta lograr el número 86 que se necesita, incluyendo una negociación con unos dos o tres diputados del Partido Nacional. «Ese escenario creo yo que compromete a más partidos políticos que solamente el primer escenario y se abren más posibilidades de negociaciones futuras; más abiertas y no cerradas», afirmó. Para el padre «Melo», el pueblo hondureño pierde menos con el segundo escenario, pues se dan acuerdos interpartidarios en donde el Partido Nacional tiene menos capacidad y menos posiciones políticas a su favor. «Ese segundo escenario creo yo que no es el ideal, pero sería el escenario deseable para avanzar hacia la gobernabilidad», explicó.

Contracorriente consultó sobre el ambiente existente en el Congreso Nacional para llegar a estos consensos a la vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, quien expuso su preocupación por la incertidumbre procedimental para elegir a la nueva Corte y, además. expuso su inquietud porque el Congreso Nacional ha estado sesionando y aprobando cosas durante horas de la madrugada, por lo que consideró que, para generar transparencia en la elección de la Corte Suprema, lo primero que se necesita es que la elección se realice «a la luz del día y con información clara».

«Uno de los grandes retos que tenemos es que la ley que rige a la Junta Nominadora no regula el trabajo que se va a realizar en el Congreso Nacional, entonces, desafortunadamente, las reglas para el Congreso Nacional siguen siendo un poco inciertas, es por eso que yo presenté desde el mes de febrero del año pasado un proyecto orientado a la elección y selección de altos funcionarios, entre estos la Corte Suprema, Fiscal General, Tribunal Superior de Cuentas, Órganos electorales», sostuvo.

Fátima reveló que «hoy por hoy existe gran incertidumbre de qué va a hacer el Congreso, por eso le puedo decir, como miembro del PSH, como vicepresidenta de la Junta Directiva, que yo tengo las mejores intenciones, pero las intenciones deben trasladarse en reglas claras y el Congreso debe tenerlas. Lo correcto es que previo al inicio del proceso debíamos de conocer cuál es el rol y el procedimiento que se iba a seguir en el proceso».

Escenario III

Un tercer escenario, continúa manifestando el padre «Melo», es el caos al interior del Congreso Nacional, en donde ni Libre ni el Partido Nacional llegan a acuerdos o en el que Libre no alcanza acuerdos con las demás fuerzas políticas. «En este caso, los sectores que buscan más impunidad, como es el caso del Partido Nacional, pueden avanzar en el sentido que no se logra una elección y se continúa, se prolonga, la actual administración de la Corte Suprema de Justicia», expresó el sacerdote.

La diputada Silvia Ayala manifestó que el Partido Libre está comprometido en buscar ese consenso, y, si no lo hay, trabajarán para que lo haya. «Estamos preparados para cualquier escenario, mantenemos esa confianza de que las cosas se desarrollen de la manera más tranquila, como lo espera el pueblo hondureño, pero también estamos preparados para otros escenarios», expuso la congresista del Partido Libre.

«Esperamos que no fracase el sistema de nómina, estamos trabajando para que haya un ambiente tranquilo, de compromiso para el pueblo hondureño, para la elección, así que no queremos centrarnos en escenarios que son desfavorables. Trabajaremos para que se dé en el marco de la tranquilidad», detalló Ayala.

Líderes de base del Partido Nacional y de Libertad y Refundación (Libre) han hecho llamados a los bajos del Congreso Nacional.

Ayala reaccionó ante la posibilidad de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelva dos recursos sobre el decreto de amnistía que podrían terminar determinando la inconstitucionalidad de la Junta Directiva del Congreso, lo que también crearía un enorme cisma. 

«Eso sería un evidente ataque contra el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, contra la institucionalidad del país de estos magistrados (los seis magistrados que buscaban reelegirse y que no pasaron el proceso de tachas y denuncias), quienes han quedado afuera del proceso por las ejecutorias de sus mismos actos que los han caracterizado durante su gestión», sostuvo Silvia Ayala.

El Director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Luis Daniel León, también contempló entre sus escenarios que pueda producirse un caos en el Congreso Nacional. 

León explicó que eso ya sucedió en el año 2016, cuando fracasó el sistema de elección por nómina. «Nos llevó tres semanas de conflictos en donde se intentó la votación muchas veces y al final se terminó aprobando mediante negociaciones políticas, entonces tampoco es que el excelente trabajo que ha hecho la Junta Nominadora se va a traducir en una excelente elección», sostuvo.

Escenario IV

El cuarto escenario es planteado por Luis Daniel León, quien, a pesar de elogiar el trabajo de la Junta Nominadora, sostiene que el proceso entrará en otra lógica una vez que el listado pase a manos del Congreso Nacional. 

Los políticos serán quienes se encarguen de ver quiénes están dentro de ese listado para escoger desde una visión partidaria y sesgada; por lo tanto, expone León, al escogerse a estos candidatos bajo criterios partidistas se pierde la calidad técnica y queda la «politiquería».

León advirtió que hay que estar atentos a todos los escenarios posibles, incluso a los más extremos, entre los cuales está que el Congreso Nacional no acate el listado enviado por la Junta Nominadora, tal y como pasó con la reelección del actual fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla. 

«Una vez que el listado llegue a manos del Congreso Nacional, el proceso queda en manos de políticos, y existe un antecedente. Le voy a dar un ejemplo: el actual Fiscal General de la República, Óscar Fernando Chinchilla, fue reelecto por los políticos aún y cuando la Junta Nominadora, en el listado que enviaron, no lo contemplaba en el proceso. Nadie lo postuló, la Junta no lo hizo y él tampoco se autopostuló; él dijo que no tenía interés. Cuando llegó el listado de otras personas, hicieron a un lado ese listado y lo reeligieron a él», explicó León.

Silvia Ayala afirmó que el Partido Libre, al que ella pertenece, tiene «garantizados» los 50 votos del partido para poder escoger a los magistrados y magistradas de la próxima Corte. Lo anterior no es poca cosa, considerando que la bancada del partido de Gobierno, en enero del año pasado, se dividió a la mitad en un escándalo interno en el que un bando fue tildado de estar conformado por «traidores», entre ellos, dos de sus máximos exponentes, Jorge Cálix y Beatriz Valle.

Ayala prometió que como Partido Libre respetarán el listado, argumentando que fue precisamente en el Congreso Nacional que se aprobó la ley para la proposición de candidatos y candidatas de la Junta Nominadora. «Consideramos que la Junta Nominadora ha hecho un buen trabajo. Tenemos claro que solo podemos escoger a los 15 magistrados y magistradas de entre los al menos 45 candidatos que nos remitan», afirmó.

«El Partido Nacional ha solicitado que se militarice el Congreso Nacional, lo cual es injustificado, de sobra se sabe que, desde antes que asumiera Xiomara Castro, ella ordenó que se retiraran las vallas para que el pueblo hondureño tenga precisamente libre acceso a los bajos del Congreso, el argumentar que va a haber disturbios es una falta de respeto», detalló la congresista.

«Fortalecer la independencia judicial para no depender de Cicih ni de solicitudes de extradición»

La congresista de Libre, Silvia Ayala, afirmó que es necesario que en Honduras se fortalezca la independencia judicial y al Ministerio Público para no depender de la justicia de Estados Unidos ni de misiones internacionales.

«Esperamos que comencemos a construir un sistema de impartición de justicia que le dé confianza al pueblo hondureño, para que no tengamos que depender de figuras como la extradición, para esperar que otros jueces y juezas hagan lo que los nuestros no han sido capaces de hacer, que al menos paguen los delitos de narcotráfico en los que se han visto involucrados varios dirigentes del Partido Nacional, y que en Honduras nunca fueron sujetos de investigación ni de procesos penales», sostuvo Ayala.

Ayala agregó que es necesario fortalecer la Corte y el Ministerio Público para que «tampoco tengamos que solicitar la instalación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, porque no hay confianza en el Ministerio Público nuestro o porque no hay confianza en la investigación que se realiza para poder presentar requerimientos fiscales que vayan suficientemente sustentados».

La congresista señala que los conflictos de interés en el Congreso solamente ocurren con aquellos que «estuvieron sosteniendo una narcodictadura, los que estuvieron todavía en comunicación con Juan Orlando Hernández durante su proceso de extradición», sin embargo, no ve conflicto de interés en diputados de Libre que han sido incluidos en listas de corrupción pública o judicializados en casos por corrupción pública. «Tenemos casos en donde el sistema de impartición de justicia se ha dedicado a perseguir y judicializar a los que en aquel momento hicimos oposición política, se dieron ciertos casos que las comisiones calificaron como políticamente motivados».

En un ambiente político dentro del Congreso Nacional en el que los diputados y diputadas interpretan a su arbitrio a quiénes se debe juzgar y a quiénes no, el próximo miércoles 25 de enero se escogerá en el Congreso Nacional a la próxima Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hay mucho temor de que el proceso pueda ser manchado por el clima de polarización y el nivel de involucramiento en casos de corrupción de varios diputados y diputadas.

Texto: Celia Pousset 
Fotografías: Jorge Cabrera

En abril de 2022, el músico y cantante nicaragüense Josué Monroy fue arrestado en su casa y expulsado de Nicaragua por policías que lo dejaron sin papeles en la frontera con Honduras después de haberlo hecho firmar un documento que le prohíbe volver a su país. Días antes, se había atrevido a cantar en público En el ojo del huracán, una canción comprometida con el movimiento social de 2018. Mientras Estados Unidos revisa su política migratoria restringiendo la entrada «irregular» de nicaragüenses, entre otros, el régimen Ortega-Murillo continúa mostrando una voluntad de hostigar a sus voces críticas, hasta el quebrantamiento moral y el destierro.

Es la primera vez que Josué Monroy cuenta a un medio de comunicación lo que pasó el 12 de abril de 2022 y los días que siguieron. Siente nervios, hasta «ansiedad». Pero desde un cuarto en Barcelona, «del otro lado del Atlántico», por fin encontró la relativa tranquilidad —y la suficiente distancia— como para relatar aquel día en que, por cantar su país, fue despojado de su país.

«Muchos periódicos quisieron que diera una declaración justo después de los acontecimientos, pero no podía. Desaparecí de las redes sociales por un tiempo. Me escondía. No quería ver ni escuchar nada. Hasta ahora empiezo a poder hablar de eso», justifica Monroy.

El 2 de abril de 2022, tuvo lugar un concierto en la Alianza Francesa de Managua para celebrar el quince aniversario de su banda, Monroy y Surmenage, y de su carrera musical. Monroy organizó ese evento junto a su exmánager, Xóchitl Tapia, como una gran fiesta que reunía a once bandas de Nicaragua de diferentes partes del país. La fecha encajaba también con la conmemoración del cuarto aniversario de las protestas que estallaron en abril de 2018 y que fueron reprimidas.

«Al final del concierto, a las dos de la madrugada –recuerda Monroy– el público me pidió que cantara la canción que había escrito sobre las manifestaciones de 2018. Se llama En el ojo del huracán. Lo dudé. Sabía que era un tema muy delicado. En 2019, un concierto en Masaya había sido cancelado por esa canción. Un integrante de la banda me dijo: «No cantes la canción». Pero el público estaba eufórico y Xóchitl opinó: «Ni modo, vamos para arriba». Entonces terminé cantándola. El público me acompañó de manera tan linda que me llevé el recuerdo de un momento mágico».

Proveniente del disco El vuelo de la medusa, la canción En el ojo del huracán evoca con poesía la lucha de los que se levantaron para protestar contra la política del régimen Ortega-Murillo.

«Los vientos de la nueva era brillan al respirar. En la lluvia se aferran todos juntos de las manos. Gritar no es en vano. No nos vamos a callar. Un grito fuerte desde abril. Todos gritan presente. Un estallido sobre mí, un murmullo sobre la gente (…) En la lluvia se acercan, mueren de par en par. Luciérnagas como estrellas brillan al escuchar un grito fuerte desde abril…».

«Esa música surgió en medio del estrés emocional que estaba atravesando el país. Su intensidad va creciendo. Me inspiré en lo que escuchaba en las marchas. Traté de canalizar la furia que sentía. El ojo del huracán es el momento de calma, pero es cuándo uno tiene que agarrar más fuerza porque viene la otra parte de la tormenta. Si no estás listo, ese viento te parte el corazón», explica Monroy sobre los orígenes de su creación impregnada de la valentía que percibió en la juventud. «En las marchas del 2018, sentía que todas las personas eran como luciérnagas en medio de la oscuridad», dice sonriendo.

A raíz de este concierto, las autoridades cancelaron todas las fechas de Monroy y Surmenage a nivel nacional.

Diez días después, el 12 de abril de 2022, a las dos de la tarde, mientras limpiaba su casa, escuchó que tumbaron el portón de afuera. Monroy supo que lo iban a capturar. Una decena de policías entró a la fuerza. Lo agarraron en short y chanclas, y lo tiraron a la patrulla bajo las miradas impotentes de sus vecinos y de un amigo baterista que llegó a protestar y quien también recibió golpes.

Los policías se llevaron los instrumentos y amplificadores: fue el primer allanamiento. En la patrulla, Josué Monroy preguntó por qué lo estaban arrestando, pero los policías se reían «como si todo fuera un chiste». El músico fue trasladado hasta las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), apodado «el chipote», famoso por ser el centro penitenciario construido a la par del excuartel de Somoza cuyo sótano servía de centro de tortura y donde ahora están encarcelados la mayoría de presos políticos de Nicaragua.

Apenas entró, Josué se dio cuenta que ya habían capturado a Leonardo Canales, el batería de una banda que tocó el día del concierto. Poco tiempo después, llegaron Xóchitl Tapia y su esposo, Salvador Espinoza, los dueños de Saxo Producciones, una de las últimas productoras de música independiente (no oficialista) de Nicaragua. «Cuando se enteraron de nuestra captura, los otros músicos, cantautores y cantautoras salieron huyendo del país», cuenta Monroy.

«La celda era de un metro por medio metro –se acuerda el cantante– con barrotes a la altura de la cara y un foco arriba. Ahí no me podía acostar, sólo sentar. Pasamos por un interrogatorio de dos días sin dormir. Nos mandaban a bañar para que tuviéramos frío en la sala de interrogación helada. Nos hacían una y otra vez las mismas preguntas y amenazaban con ir a ver a mi familia y a mis amigos si no hablaba».

Cientos de Nicaragüenses huyen de su país por la falta de trabajo y por el acoso policial. Foto CC/Jorge Cabrera

Las condiciones de detención y las prácticas de interrogatorio de la policía nicaragüense, empleando métodos de tortura, tienen como objetivo quebrar mentalmente a los detenidos políticos percibidos como «terroristas»,según Daniel Ortega. El 9 de enero de 2023, durante el acto Solemne de Instalación del Período Legislativo 2023, eldictador justificó mantener encarcelados a más de 235 presos políticos –que llamó «criminales», culpables de fomentar el «golpe de Estado» de abril 2018– y afirmó que «ni con una sentencia a cadena perpetua podrán saldar el daño» ocasionado a Nicaragua.

En 48 horas, Monroy pasó entre las manos de ocho oficiales quienes lo entrevistaron por turnos, inquiriendo siempre lo mismo, delatando así la obsesión del régimen por la supuesta injerencia de países extranjeros en los asuntos nacionales: «Las preguntas eran: ¿Quiénes nos patrocinaban? ¿Si era alguna ONG? ¿Qué significaba mi canción? ¿Por qué dediqué una canción a mi mamá el 30 de mayo de 2019 cuando ocurrió también una gran matanza?».

Mientras algunos policías lo interrogaban, otros realizaban el segundo allanamiento en su casa. Le decomisaron todos sus documentos, «todo lo que constaba que soy nicaragüense».

«Me estaban acusando de perturbar el orden público, me querían encarcelar por diez años –explica Josué–. Un joven policía parecía empático, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Se lo sentí. Cuando, al final, me anunció que me iban a expulsar, me quebré totalmente. Al verme llorar, ese policía se puso nervioso y para consolarme me dijo: “pero vas a estar libre”».

El adiós a Nicaragua

El 14 de abril de 2022, Josué Monroy fue expulsado de Nicaragua: «Pedí el permiso de despedirme de mi familia, pero un policía afirmó que ya sabían que yo iba para afuera. En el camino hasta la frontera me iba despidiendo de mi país por la ventana. Me soltaron en el puente que cruza el río Guasaule, en chanclas y en short, sin nada. Me iban insultando y filmaban con sus celulares. Es algo mental, te quieren hacer sentir mierda. Exactamente así. Me hicieron firmar un documento que constaba que no podía regresar a Nicaragua, de lo contrario me iban a meter preso. Lo firmé. Me tomaron una foto y se fueron».

En el pueblo de la frontera, una familia hondureña le ofreció hospitalidad al apátrida. Se dieron cuenta por las redes sociales que el cuento de Josué era cierto y que «no era un delincuente, sino un cantautor nicaragüense con una opinión».

«Después de tres días, una familia de Tegucigalpa llegó a recogerme en la frontera y me cuidó por cuatro meses. De esas familias hondureñas no puedo decir mucho porque no quiero que les pase nada», advierte Monroy, quien cuida sus palabras y teme, más que todo, causar problemas a los que lo protegieron durante esas largas semanas en las que quedó encerrado en una casa ajena, sin embargo, más abierta que su propio país.

Mientras tanto, no sabía nada de Xóchitl ni de Salvador ni de Leonardo Canales. Vivía ensimismado con el miedo a encontrarse con un hombre en uniforme. Supo después que a la pareja de productores los policías los soltaron en el aeropuerto el 21 de abril y que, luego, pidieron asilo en Alemania. «A Leonardo Canales lo tiraron a la frontera de Costa Rica», dice.

Fotografía de archivo cedida por Monroy.

Desde las protestas de 2018 y la represión que siguió, el escenario musical en Nicaragua se dividió —como el país entero— entre los «sapos» y los «puchitos»; entre los que apoyan el Gobierno de Daniel Ortega y los que elevan la voz para defender las escasas libertades que les quedan. Josué Monroy explica que los músicos «sapos» enfatizan la guerra de los ochenta contra el régimen de Somoza y se sirven de la nostalgia como una herramienta de propaganda. ¿Y los «puchitos»? «Se fueron», asegura el cantautor, «casi todos se fueron o han sido expulsados, la mayoría está en Costa Rica y no pueden regresar».

Con el país prohibido a sus espaldas, Josué tuvo que reinventarse una vida, empezando por la nacionalidad. Logró obtener su DNIhondureño y sacar un pasaporte.

«Al final, hice un par de conciertos en Honduras y traté de no hablar de política. Me di cuenta de que varios que estaban en las protestas de 2018 y que se habían exiliado de Nicaragua, desaparecen hasta en Honduras. Me enteré de dos casos. Pero trataba de no mirar noticias para recuperar la cordura y la autoestima», cuenta Monroy.

Los artistas son uno de los numerosos blancos de los ataques, intimidaciones, detenciones y expulsiones del régimen Ortega-Murillo. En 2022, se registraron703 ataques contra la libertad de prensa y 93 periodistas huyeron del país, según un informe de Voces del Sur, una red regional de organizaciones de la sociedad civil de América Latina.

A finales de septiembre, Josué se fue para España como refugiado político. Ahora trata de acostumbrarse a la vida barcelonesa y vivir de su música:«Vuelvo a cantar, tengo un disco en mi mente. Se llamará: Un relámpago a las dos de la tarde».

Monroy y Surmenage no desapareció, mutó. Y su grito seguirá resonando.

* el centro mencionado aquí es el Viejo Chipote, ya cerrado. Los policías llevaron a Monroy en el «Nuevo Chipote» donde ahora están encarcelados la mayoría de presos políticos de Nicaragua.

Texto: Teddy Baca
Portada: Daniel Fonseca

Han pasado muchos sucesos desde él último escrito que hice para Contracorriente: terminé unos diplomados, empecé a escribir un nuevo libro —que después cancelé—, encontré trabajó, finalicé mis relaciones laborales, entre otras cosas.

Actualmente me encuentro en una recuperación emocional de una recaída en mi depresión, algo que no es fácil ni rápido. Y menos en este vaivén de recuerdos que emergen en mi memoria, tratando de entender cómo fue que llegué a desarrollar un trastorno depresivo (que hasta la fecha me sigue cobrando factura cada cierto tiempo).

La religión ha sido una de las tres principales razones identificadas, y aunque en el pasado hice un artículo sobre «Strikes de Odio del Fundamentalismo Religioso», pienso que falta mencionar mi experiencia personal.

Niñez

Creo que la mayoría de niños, niñes y niñas en Honduras hemos sido adoctrinados en la religión cristiana desde edades muy tempranas; muestra de ello son la asistencia a las escuelas dominicales, los bautizos, los castigos basados en la «desobediencia» a la Biblia y la socialización de este texto al punto de considerarse una verdad incuestionable.

Incluso en las escuelas públicas se ha querido imponer lecturas a los menores a través de una propuesta de ley introducida por la administración ultraconservadora de Juan Orlando Hernández; y en el Congreso Nacional a través de Mauricio Oliva, Tomás Zambrano, David Chávez y sus alianzas con organizaciones evangélicas.

Cuando era niño fui partícipe de escuelas dominicales, se me impuso a pensar en la Biblia como si fuese una verdad absoluta, muchas veces disfrazado a través de juegos, eventos con dulces y concursos de lectura.

Pero la aparente alegría no duraría mucho: a los 8 años emerge mi atracción sexual, que no era hacia las mujeres, sino hacia los hombres. Previamente, yo había escuchado comentarios negativos e insultantes hacia la homosexualidad de parte de católicos y evangélicos, pero no fue hasta leer un texto de una Iglesia Bautista que dentro de mí se fue configurando un dolor emocional crónico.

El texto decía —confiando en mi memoria de largo plazo—: «Despenalizar la homosexualidad es un pecado, el Estado no debe permitirlo», entre otras frases igualmente lamentables.

Ese día fue la primera vez que lloré sobre el miedo al infierno, busqué consuelo en textos de diferentes iglesias, entre ellos, de Testigos de Jehová, Bautistas, Apostólicos y Católicos, pero ninguno me ayudó, todos empeoraron mi crisis tal como si fuese una bola de nieve que cae de un precipicio y aumenta su masa hasta convertirse en algo potencialmente peligroso.

Algunas frases se repetían, con algunas variaciones acorde a cada enfoque dogmático:

«La homosexualidad es muerte eterna, es aberración», leí.

«Los homosexuales deben cambiar y arrepentirse», leí.

«No heredarán el paraíso», leí.

Y sufrí cada vez, más y más, sin encontrar un mensaje que fuera diferente.

En mi mente infantil, intenté —acorde a lo que podía— evitar hablar o pensar en el tema, pese a que me gustaba un compañero de escuela. Lloraba por las noches pidiendo a Dios «cambiar», mientras ocasionalmente los medios de comunicación tradicionalistas del país emitían titulares y «noticias» homófobas que sólo alimentaban mi dolorosa travesía por la sexualidad.

En la televisión, habían programas de corte evangélicos que aseguraban «haber recuperado a la gente de la homosexualidad», como si fuese una especie de enfermedad, cuando no lo es; a diario veía gente autodenominada «exgay» que decía lo que los medios y sus iglesias querían para hacer pensar que ellos tenían razón, pero cuya expresión facial decía todo lo contrario. Y es que nadie puede dejar de ser LGTBIQ+, años más tarde lo confirmé con la investigación científica.

Pasé 8 años en negación y sufrimiento, mis padres, que no eran malintencionados aunque si desinformados sobre la homosexualidad, eran afines a las iglesias evangélicas y compartían muchas de estas actitudes, así que no pude decirles lo que sentía. 

Fue mi primer secreto, y el cual me marcó permanentemente.

Adolescencia

Dicen que se puede huir de todos, menos de uno mismo. Existen muchas personas LGTBIQ+ que viven una doble vida para ocultarse. Esa fue mi historia durante algunos años, hasta que finalmente algo me empujó fuera del clóset, una fuerza cautivadora e intensa: el amor romántico.

Me enamoré por primera vez a los 16 años. De un hombre, lógicamente. Estaba en el colegio, él iba en otra carrera; gracias a mis sentimientos por él, tuve el valor de salir del clóset con mis amistades, pese a las violaciones a mi privacidad y la amenaza de mi padre de sacarme del colegio.

Ahí también fue cuando empecé a cuestionar la religión cristiana por primera vez. Me di cuenta que no sólo en temas de homosexualidad la Biblia y la Iglesia estaban yéndose por el lado erróneo, también lo hacían sobre el origen de la tierra, del ser humano y sobre las diferentes cuestiones en materia de derechos de la mujer.

Sin embargo, no me consideraba un ateo, tenía algunas remanentes de todo ese dogma acumulado: mis experiencias con mormones disidentes, algunos metodistas y anglicanos, que me hizo pensar que quizás la religión no era quien tenía problema con la homosexualidad, sino muchos de sus líderes que disfrazan su odio con la fe pero conforme investigaba más, me di cuenta que realmente si existe una asociación entre dogma y prejuicios antigay.

Me puse a investigar mucho sobre psicología de la Diversidad Sexual, sobre organizaciones religiosas antiLGTBIQ como Hazte Oír, Focus on The Family, Exodus y WatchTower, y llegué a una conclusión: si quería tener paz con mi sexualidad en mi vida, debía abandonar el cristianismo por completo.

Y no me equivoqué, hasta la fecha no he tenido complejo sexual alguno desde ese tiempo, aunque admito que no es requisito para todas las personas. Conciliar la fe con la sexualidad es posible si el sistema de creencias no condena la diversidad sexual.

Pero pese a esto, la depresión ya estaba configurándose, y cada crisis, cada golpe a mi autoestima, se estaba acumulando, lo que desencadenó el trastorno a mis 18 años.

Juventud (presente)

Poco a poco salí del clóset con más personas; mientras eso ocurría, estaba viviendo mi primer año de universidad. Previo a cumplir 18 años, puse en jaque todos mis prejuicios internos con lecturas científicas que hacía, y tengo que decir que duele confrontar los esquemas mentales, porque existe una tendencia del ser humano de aceptar la información que sólo concuerde con nuestro pensamiento, pero fue un compromiso para conmigo cuestionarlo todo. Mientras ocurría, mis primeras amistades universitarias parecían ser espacios seguros para mantener intacta lo que quedaba de mi autoestima.

Hasta que una antigua amiga, férrea bautista, me dijo: «No sé porqué la gente llora por los familiares así (gays) y oran por ellos, se fueron al infierno y ya», eso me destruyó en tres segundos.

Aquel día me fuí a llorar con otra amiga, y eso marcó el inicio del problema clínico.

En la carrera de psicología, uno pensaría que encontraría un lugar seguro para ser quien yo era y soy, pero no fue así, pasé más de dos años sumergido en un problema emocional agudizado por mi estancia allí.

Fueron años de docentes, generalmente afines al fundamentalismo y alumnos partidarios de Agustín Laje o similares, emitiendo comentarios homofóbicos y transfóbicos.

Tampoco ayudó mucho que la escuela de ciencias psicológicas estuviese plagada de gente religiosa decidiendo que era «ético» o no, o haciendo comentarios pasivo-agresivos en contra del afecto homosexual.

Tuve otras experiencias estresantes —ajenas al tema— que contribuyeron a la depresión, pero otros elementos que sí estaban relacionados fueron los medios de comunicación tradicionales que continúan elevando discursos de odio contra la diversidad sexual, defendiendo a religiosos con la excusa de libertad de culto, tal como son conocidos los casos de Evelio Reyes y Marlen Alvarenga. El primero nos estigmatiza con la absurda frase «enemigos de los modelos de Dios» y la segunda nos catalogó como «aberraciones», ambas discursivas curiosamente se manifestaron previo a elecciones.

El sistema de justicia no les sancionó e incluso se les justificó con que decían «una verdad bíblica», como si los derechos humanos no importasen o no se reconociera el Estado laico. Dentro de mí había un mensaje claro que nos enviaban los tomadores de decisiones: «Este país nos odia». 

Y no hay tal cosa como «amar al pecador, no al pecado», mi homosexualidad es parte de mí, nadie debe ni puede separarlo, definitivamente nos odiaban al punto que cada muerte de un compañero o compañera en manos del odio significaba un dolor adicional para nosotros y nosotras y ningún dolor para quienes gobernaban en ese entonces.

En el presente no mucho ha cambiado, siguen existiendo personas con comentarios y actos fatales en contra de la diversidad sexual, figuras fundamentalistas como Evelio Reyes, Roy Santos, Alberto Solórzano, entre otros, que siguen emitiendo comentarios nocivos contra las personas LGTBIQ+ con total impunidad. Sigue existiendo interferencia religiosa en los intentos del Estado de reconocer nuestros derechos; medios que se prestan a la estigmatización y orquestar una guerra mediática contra nuestras demandas y luchas, tal como pasó en julio del 2022 en confabulación con la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, quienes incluso organizaron una protesta en donde nos «invitaban» a cambiar. Para saber las implicaciones graves de promover la «conversión» les invito a leer mi artículo sobre «Ecosig en Honduras».

Pero entre toda esta materia fecal pseudocultural y moral falsa, encontré tres excepciones que me hacen pensar que la religión cristiana puede respetar la diversidad sexual genuinamente.

El Padre «Melo» y su trabajo con la Iglesia Jesuita, por ejemplo, que han apoyado procesos formativos en favor de los derechos humanos en donde se interpela por la no discriminación hacia las personas, incluyendo la diversidad sexual.

Las Ecuménicas por el Derechos a Decidir, que se han mostrado a favor de nuestras reivindicaciones y abogando por una teología respetuosa de la dignidad LGTBIQ+.

Y, finalmente, aquellas iglesias independientes que, con esfuerzos, tratan de implementar una teología de liberación, donde nuestros derechos, incluyendo el matrimonio igualitario, son válidos y necesarios para considerarnos ciudadanos de igual categoría que los heterosexuales cisgénero.

No son espacios exentos de crítica, pero definitivamente son lecciones que considero que las demás organizaciones religiosas necesitan aprender.

Por mi parte, jamás volveré al cristianismo, creo que las heridas que tengo son un recordatorio amable de que la primera señal de amor propio es la autoaceptación.

Yo me acepto como soy: nunca fui heterosexual, siempre he sido LGTBIQ+ y siempre lo seré.

Esa es la verdad, algo que no entienden muchos, como cierto presidente que sigue censurando a la diversidad como si pudiese prevenirla (Vladimir Putin). 

Hoy en día tengo una recaída emocional, pero creo que puedo salir de ella con mejores resultados que antes, porque uno de mis estresores principales ya no tiene ese poder sobre mí. Se lo arrebaté.

Hablo de ese dogma religioso que viví casi toda mi vida.

Sobre mis padres, la situación en el tema ha mejorado, especialmente mi relación con mi madre, algo que agradezco al Dios en el que yo creo, porque si creo en uno, uno de amor.

Le deseo paz y amor a todas las personas LGTBIQ+: la necesitamos.

Durante las últimas dos décadas, las poderosas corporaciones tabacaleras transnacionales han intentado socavar el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptado en 2003. Su fuerte presencia en Centroamérica y el Caribe ha permitido a la industria interferir en la Conferencia de las Partes (COP)2 y desviar la atención de la salud pública al interés comercial. Debemos recalcar que si bien este artículo se enfoca en las maniobras injerencistas de la industria tabacalera en Centroamérica, sus estrategias para debilitar el CMCT se extienden a nivel mundial. Estas interferencias han incluido tácticas que bordean lo ilegal en las operaciones de la única industria cuyo producto mata a la mitad de sus consumidores crónicos3.

Texto y fotografía: Óscar Estrada

La Conferencia de las Partes (COP)4 es una reunión que se lleva a cabo cada dos años donde los países firmantes del CMCT de la OMS se reúnen con el objetivo de revisar el progreso y tomar medidas para abordar su implementación. Los registros de la novena sesión de la COP de noviembre de 2021 muestran que cuatro países centroamericanos —Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador— y República Dominicana registraron colectivamente 34 delegados a la conferencia, de los cuales solo siete eran profesionales de la salud, quince especializados en industria, economía o agricultura, y nueve trabajaban en Relaciones Exteriores y Acuerdos Internacionales. De los diez delegados que envió Guatemala a la conferencia, por ejemplo, siete eran del Ministerio de Economía. Esto no implica per se que la participación en la COP de profesionales no vinculados al sector salud sea mala, pero sí da algunos indicios de hacia dónde se dirigen los intereses de los representados. Los cinco países aumentaron significativamente su representación en la COP a lo largo de los años, en particular la República Dominicana, que no es parte, y El Salvador, pasando de 0 en la COP5 a cuatro y siete delegados en la COP9, respectivamente.

República Dominicana

(Non-Party) 

Guatemala

Honduras

Nicaragua

El Salvador

2012: COP5 

0

4

4

2

(Non-Party) 

2014: COP6 

0

4

5

4

1

2016: COP7 

0

3

3

3

4

2018: COP8 

6

6

6

4

4

2021: COP9 

4

10

9

4

7

Tabla : Número de delegados de 4 países de Centroamérica y República Dominicana asistentes a las sesiones de la COP.5

Se ha observado un patrón de intervención para retrasar el proceso de estos países en las sesiones de la COP a lo largo de los años. Sus posiciones han sido a favor de la industria tabacalera, y han intentado obstruir el consenso y diluir las decisiones de la COP sobre temas como la restricción de los cigarrillos electrónicos, dar preferencia al comercio sobre la salud y evitar abordar la interferencia de la industria tabacalera. 

En 2014, en la COP6, por ejemplo, Guatemala, Honduras y Nicaragua expresaron su oposición a una propuesta de Malasia y Filipinas para que la COP tomara la decisión de anteponer la salud al comercio. Organizaciones civiles que trabajan en la prevención del tabaquismo a nivel internacional han estado observando los intentos de estos países y les otorgó el infame reconocimiento de «Cenicero Sucio», por ejemplo, a Guatemala en la COP7 en 2016 por obstrucción legalista sistemática para retrasar las negociaciones, y a Guatemala y Honduras en la COP8 en 2018 por descarrilar el progreso en el avance del tratado.

Alex Santos, odontólogo y exdirector del Instituto Hondureño de Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), asistió junto al entonces viceministro de Desarrollo Económico, David Antonio Alvarado Hernández, a la COP9 en 2021, que se llevó a cabo de forma virtual en noviembre de ese año. Santos reconoció que el cambio de delegados de la COP de ejecutivos de salud a finanzas, industria y comercio favorece en última instancia a la Industria Tabacalera (IT). «La IT trajo gente que no estaba para defender intereses de salud, sino otros intereses económicos o intereses más apegados a la industria», dice Santos. «Cuando mandan gente de Industria y Comercio ya sabes que [algo] anda mal». También asegura que esto indica que estos delegados sirven para entorpecer la discusión del plenario: «Los que estamos en el área de la salud tenemos claro que fumar afecta a la persona. No tiene nada que ver con la economía, más allá del gasto que el gobierno paga cuando trata de curar a una persona de una enfermedad producida por el consumo de tabaco. Fue cuando los nuevos delegados empezaron a hacer preguntas obvias en vez de hablar de salud, cuando hablaban de otro tema, que entendíamos que estábamos ante tácticas dilatorias», afirma Alex Santos, del IHADFA.

Según los expertos entrevistados para este artículo (y en esto coincide el Dr. Santos en sus declaraciones), se utilizan dos argumentos para socavar el avance de las sesiones, incluidas las actividades de la Pre-COP y la COP9: por un lado, la cuestión fiscal, donde un aumento de los impuestos sobre los productos del tabaco implicaría una reducción de las ventas, lo que en última instancia conducirá a una reducción de los impuestos entrantes en detrimento de los ingresos del Estado. Aquí debemos considerar lo que se conoce como elasticidad del costo de la demanda6 de un producto adictivo, lo que indica que aunque se reduce el consumo del producto en la población, se mantiene la recaudación del impuesto. Una persona adicta paga la diferencia de costo para suplir su adicción. A la larga, esto beneficia a la sociedad porque reduce la inversión que hace el Estado en la atención de los pacientes crónicos. El otro argumento utilizado por los países de la región es el aspecto «cultural» de la producción de cigarros puros. Los delegados de Honduras, Nicaragua y la República Dominicana intentan afirmar que la industria del puro es «patrimonio cultural» y «por lo tanto, debe regularse de manera diferente a la de los cigarrillos».

Tabaco nocivo elevado a patrimonio cultural

A pesar de que Honduras ratificó el FCTC de la OMS en 2005 y está obligado a reducir el consumo de tabaco, en 2016 el Congreso Nacional confirió a sus cigarros torcidos a mano la condición de Patrimonio Cultural Inmaterial de la República. Honduras produce alrededor de 100 millones de puros que se exportan principalmente a Estados Unidos, Europa y Asia. A pesar de las restricciones en las promociones de tabaco, se lanzan nuevas ediciones limitadas de cigarros para ocasiones especiales como el Año Nuevo chino.

La ciudad de Estelí es la cuna del tabaco en Nicaragua con más de 42,000 personas trabajando en las plantaciones, secaderos, centros de tratamiento y la fábrica de cigarros puro. El Ministerio del Trabajo (MITRAB) y el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) impulsan actividades relacionadas con el aumento del empleo en la zona turística y el crecimiento de la producción y exportación de tabaco en Estelí para incrementar la proyección internacional del producto. Nicaragua tiene 70 fábricas de puros que producen 5,000 marcas distintas.

La República Dominicana (no signatario del CMCT de la OMS) pierde alrededor de 6,400 de sus ciudadanos por causa del tabaquismo cada año7. Si bien la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) informó que el tabaquismo disminuyó en un 13 % en el mundo al inicio de la pandemia de COVID-19, desde 2018 República Dominicana ocupa el noveno lugar con la tasa de tabaquismo más alta de la región, mostrando un aumento de 22 %. Según datos de la OPS, el 25 % de la población de República Dominicana consume productos del tabaco. Según Samuel Ramos, presidente de la Fundación Dominicana para la Obesidad y la Prevención Cardiovascular (Fundo), «el 12 % de las muertes por enfermedades cardiovasculares en República Dominicana están directamente relacionadas con el consumo de tabaco». Sin embargo, el tabaco no ha perdido su importancia y su producción ha ido aumentando con el valor de sus exportaciones, desde 656 millones de dólares en 2016 a un aproximado de 1,000 millones en 20208.

Si bien las estadísticas oficiales de la República Dominicana indican que el consumo de cigarrillos (debido al aumento de impuestos) ha disminuido a una tasa promedio anual de 8.8 % entre 2010 y 2018, las cifras de cáncer de pulmón de la OMS para 2020 indican que ha habido un aumento constante de casos en el país, de 1,140 en 2012 a 1,379 casos en 2020. Para 2040, según proyecciones de la OMS, la República Dominicana podría tener 2,599 casos de cáncer de pulmón. Según los datos de los CDC en los Estados Unidos, el tabaquismo es el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón, con alrededor del 80 % al 90 % de las muertes por cáncer de pulmón relacionadas con el tabaquismo.

La posición de la República Dominicana, como estado no firmante del CMCT de la OMS, es intrascendente para las decisiones de la COP, pero a pesar de eso fue invitado e hizo oír su voz, que reverbera en los discursos oficiales de la región centroamericana. Thelma Abreu, especialista del sector del Ministerio de Industria y Comercio de República Dominicana, expresó la posición de su país en la COP9: «El principal objetivo [del Estado dominicano] es garantizar el bienestar general de la población, y esto implica también la protección de los sectores esenciales de la economía, en nuestro caso, el sector agrícola de la producción de tabaco, que es el producto más antiguo y consistente del país […]. La producción de tabaco es parte de nuestra historia, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y nuestro orgullo como dominicanos».

La señora Abreu afirmó que «es importante diferenciar el consumo de cigarro (puros) con el consumo de cigarrillos: el cigarro dominicano es un pasatiempo que no provoca exigencia fisiológica y en general lo disfrutan los aficionados al consumo moderado, adultos reflexivos y respetuosos, que constituyen una minoría que representa menos del 3 % de los consumidores de tabaco en general. Nuestra protección a este sector no es contradictoria con la política de salud pública de la República Dominicana, en su sentido más amplio». Además, agregó que «República Dominicana es uno de los países con una de las tasas más bajas de adicción o consumo de cigarrillos», aunque no hizo mención de la fuente de esa afirmación. Según la evidencia médica publicada en JAMA, Health risks associated with cigar smoking, fumar puros sí causa adicción y aumenta sustancialmente los riesgos de cáncer y otras enfermedades relacionadas con el tabaquismo, contrariamente a lo que afirma Abreu. Más importante aún, y siguiendo su propio argumento, es que si, como ella dice, «menos del 3 % de los consumidores de tabaco consumen puros», la mayoría de los dominicanos fuman cigarrillos, y, siendo los cigarrillos la principal causa de cáncer de pulmón, la República Dominicana ha desprotegido al 97 % de su población que sigue muriendo por tabaquismo. El gran problema de República Dominicana, como lo confirman los datos de Abreu, no son los cigarros, sino los cigarrillos, y, sin embargo, su país sigue sin ser parte del CMCT, supuestamente para proteger su cultura del puro.

El 25 de julio de 2022 (al igual que en Honduras en 2016), el Senado de la República Dominicana declaró al tabaco y cigarros dominicanos como Patrimonio Cultural de la República. El proyecto indica que «de conformidad con la Constitución, el patrimonio cultural de la nación está bajo la salvaguarda del Estado, el cual garantizará su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor, así como el estímulo de las diversas manifestaciones artísticas, culturales y populares a nivel nacional e internacional. Con el proyecto se busca que la promoción, conservación y desarrollo del tabaco y cigarros sea de interés nacional en las políticas y exportaciones».

Dos cabezas del mismo monstruo

No es necesario ir demasiado lejos para ver la influencia de la industria tabacalera en la política de la República Dominicana al más alto nivel, no solo individualmente sino también a nivel nacional. Una simple búsqueda en línea muestra que la actual vicepresidente, Raquel Peña, es una ferviente partidaria de la industria del cigarro, empresaria en la tradición tabacalera (su padre, Leocadio Peña patentó un humidificador de cigarros Galeón en 1997), ella es oriunda de la región de Santiago, sede de la empresa La Tabacalera que produce la marca de cigarros Aurora. Esta empresa inició operaciones en 1902 y desde los años del dictador Trujillo es propiedad en un 50 % del Estado dominicano. En 2018, el país vendió el 50 % de sus acciones a Japan Tobacco Internacional (JTI), una de las cuatro compañías tabacaleras más grandes del mundo (junto con Phillip Morris, British American Tobacco e Imperial Brand).

Al otro lado de la isla, en La Romana, en el Mar Caribe, se encuentra Tabacalera de García Cigar Factory, el mayor productor de puros del mundo. Fundado hace 50 años, fue comprado en los años noventa por una empresa española, también propiedad de La Tabacalera. En 1997, La Tabacalera adquiere dos fábricas de cigarros de la familia Plasencia. Uno de estos está en Danlí, Honduras, y el otro en Ocotal, Nicaragua. Ese mismo año La Tabacalera también compró la fábrica La Flor de Copán en Honduras, entonces propiedad de la familia Bueso Arias.

Todas estas tabaquerías de República Dominicana, Honduras y Nicaragua pertenecen ahora a la misma empresa, por lo que no es casualidad que todas empleen el mismo argumento: asociar el tabaco con la cultura para interferir en las COP.

En 2007, Imperial Tobacco acordó adquirir Altadis S.A., una fusión de los Habanos S.A. —una empresa estatal de Cuba que controla todas las exportaciones de cigarros de Cuba— con La Tabacalera SA. En febrero de 2016, Imperial Tobacco cambió su nombre a Imperial Brands. En 2018, el año en que Japan Tobacco International adquirió una participación del 50 % en La Tabacalera SA, JTI entró en una empresa conjunta con el gobierno dominicano e Imperial Brand. Juntos poseen 51 fábricas que producen más de 320 mil millones de cigarrillos, puros y cigarrillos electrónicos de la marca Blu al año. La Tabacalera, el gobierno dominicano, JTI e Imperial Brand tienen un mismo interés comercial, y cuando los gobiernos de la región defienden la tradición cultural del cigarro están defendiendo los intereses de las transnacionales tabacaleras.

Un negocio oriental

Las maniobras de la IT para interferir en la COP con el objetivo de debilitar en última instancia las políticas del CMCT no se limitan únicamente al uso de la estructura de los Estados centroamericanos, en los últimos años hemos visto cómo la fusión de la IT con capitales oscuros contribuye a entorpecer los objetivos de la OMS, que buscan salvar la vida de millones de personas en todo el mundo.

En abril de 2020, luego de reportar pérdidas durante varios años, Imperial Brand inició un proceso de venta de La Tabacalera. Durante muchos meses se especuló con que la empresa china Huabao Tobacco sería el comprador, pero, al último momento, la cuenta de EE. UU. fue comprada por Gemstone Investment Holding Ltd. Ese mismo año, Allied Cigar Corporation SL compró el negocio de los cigarros para el resto del mundo. En total, la venta de La Tabacalera de Imperial Brand alcanzó 125 mil millones de dólares.

De acuerdo a Tobacco Business10 y Bloomberg11, ambas ventas (a Gemstone Investment Holding y Allied Cigar Corporation) levantaron sospechas después de que China Huabao repentinamente se retiró de la transacción. En enero de 2022, la accionista mayoritaria, presidenta y directora ejecutiva de Huabao, considerada por la prensa china como «La Reina de las Fragancias del Tabaco», Zhu Linyao, fue puesta bajo arresto por cargos de corrupción.

Pero las sospechas en torno a la venta de la línea de cigarros de Imperial Brand no se limitaron únicamente a las acusaciones de corrupción de Zhu Linyao, Gemstone Investment Holding Ltd, el comprador de la cuenta de EE. UU., no tiene transacciones conocidas, se incorporó recién en 2020 en Delaware. Algunos analistas creen que esto podría haber sido una maniobra de los empresarios chinos para burlar la Ley Helms-Burton de EE. UU.; Tabacalera USA controla la venta en EE. UU. de las marcas cubanas Cohiba, Romeo y Julieta, y Montecristo, propiedad en un 50 % del Gobierno cubano.

Por otro lado, Allied Cigar Corporation SL, que llevó la línea de cigarros de Imperial Brand al resto del mundo, es una empresa que aparece primero constituida en Madrid y luego, en 2021, registrada en Hong Kong12 y las Islas Vírgenes Británicas. Los socios, según el informe de constitución, son King Yan Chiu, Chiu Ping-shun y Joyce Lam. King Yan Chiu también es director ejecutivo de Summit Ascent Holdings Ltd., la firma que cotiza en Hong Kong detrás de Cristal Tiger, un complejo de hoteles y casinos cerca de Vladivostok, Rusia.

SunCity, un conglomerado de juegos de azar chino, también posee una participación mayoritaria en Summit Ascent. El presidente de Summit Ascent, Alvin Chau, es un empresario de apuestas con sede en Macao, cuyo negocio es el centro de apuestas más grande del mundo. En noviembre de 2021, la policía de Macao arrestó a Alvin Chau13 y otras diez personas del conglomerado SunCity Group acusadas de pertenecer a una organización criminal que presuntamente operaba juegos de azar ilegales y lavado de dinero. La policía lo acusó de varios delitos relacionados con la ejecución de una operación de juego transfronteriza ilícita. En diciembre de 2021, Alvin Chau renunció a sus cargos en las empresas Suncity Group Holdings Limited y Summit Ascent que cotizan en Hong Kong. King Yan Chiu, director ejecutivo de Allied Cigar Corporation SL, sigue siendo director financiero y secretario de Suncity Group Holdings Ltd. y director general y director ejecutivo de Shenzhen Sky Alliance Property Co., Ltd. (una subsidiaria de Suncity Group Holdings Ltd.).

El vínculo de la IT con dinero de origen oscuro

Esta relación entre la IT y el dinero de dudosa procedencia no es nueva, ni se limita solo al capital asiático. Hacia fines de la década de los noventa, se reveló la relación entre la IT, el contrabando y los empresarios vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero14. El proceso judicial denominado Operation Golden Trash, en una corte federal de Florida, apuntó a una conspiración que utilizaba narcodólares para comprar cigarrillos, alcohol y electrodomésticos que luego eran vendidos a particulares y empresas en Colombia.

Los primos Erick y Javier Mansur, empresarios de Aruba, fueron extraditados y juzgados por liderar la conspiración, liberados luego de pagar una fianza de 1 millón de dólares cada uno. En octubre del año 2000 se les permitió regresar a Aruba. En 2002, Colombia extraditó por narcotráfico al exdiputado Samuel Santander Lopesierra, un contrabandista colombiano conocido como «El Hombre Marlboro» por ser el principal distribuidor de cigarrillos de contrabando en Colombia. Lopesierra estuvo involucrado con la red Mansur, según documentos de la Operation Golden Trash.

En su investigación In Latin América, big tobacco partners with money launderers, smugglers(International Consortium of investigative journalist, March 3, 2001) María Teresa Ronderos afirma que: «Uno de los principales distribuidores de Philip Morris en Colombia fue Santander Lopesierra, en un momento senador del Partido Liberal. Apodado «El hombre Marlboro» por los medios colombianos, en referencia a sus supuestas actividades de contrabando de cigarrillos, Lopesierra es nombrado en una declaración jurada de un tribunal federal de EE. UU. presentada junto con la acusación de lavado de dinero de Mansur. En esa declaración jurada, un agente del FBI que trabaja encubierto dice que Jaime Tovar, uno de los acusados originales en la acusación formal de Mansur, le dijo que Lopesierra era parte de un plan para convertir narcodólares en envíos de mercancías con destino a Colombia. «Lopesierra le dijo a Tovar que estaba involucrado en la red del narcotráfico, en la que combinaba su carga de droga con la de otros narcotraficantes en un solo cargamento grande con destino a Estados Unidos o Puerto Rico», dijo el agente Sergio Siberio en su declaración jurada de 1997 en apoyo a la extradición de Mansur de Aruba a los Estados Unidos. «Traficantes en Estados Unidos recibían las drogas y las vendían por moneda estadounidense. Luego entregaban el efectivo a mensajeros aprobados por los capos de la droga, quienes convertían el efectivo en cheques de caja pagaderos a empresas específicas propiedad de Lopesierra y los Mansur».

Y continúa Ronderos: «En otras palabras, Lopesierra lavó narcodólares a través de los libros de las firmas Mansur en Aruba, que disfrazó como pagos por artículos que estaba importando a Colombia, según Tovar, un pariente y exempleado de Lopesierra. Copias de cheques cancelados a nombre de empresas propiedad de Mansur y depositados en Interbank Aruba N.V., propiedad de Mansur, y presentados como prueba como parte de la demanda colombiana contra las empresas tabacaleras muestran —afirman los abogados— el círculo mediante el cual se lava el dinero de las drogas a través de la compra de cigarrillos. «Es una cuestión de tomar el dinero del lavador de dinero que inicialmente escribió los cheques, a través del distribuidor de Philip Morris, a través del banco de ese distribuidor y hasta Philip Morris», argumentó el abogado Kevin Malone el 27 de noviembre de 2000 en busca de una orden judicial para que se realicen más registros bancarios relacionados con su caso».

Los empresarios de Mansur cuentan actualmente con una de las Zonas Francas más importantes de Panamá15, y han mantenido el control de la distribución de Philip Morris International en el continente durante más de 60 años. Panamá es además el puerto de entrada para el tabaco ilícito vendido en la región16.

Los cigarrillos ilícitos vienen en una amplia variedad de marcas, reconocibles por su falta de las advertencias tradicionales del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT). Paraguay es el principal suministrador de cigarrillos ilícitos en Latinoamérica, en gran parte

debido al hecho de que Philip Morris y British American Tobacco utilizaron anteriormente a Paraguay como centro de origen de los cigarrillos de marca que crearon como «caballos de Troya» para expandir sus mercados y luego «formalizar» la presencia de la marca ilegal en la región.17

«Entre 1989 y 1994, la producción de cigarrillos paraguayos estuvo por debajo del consumo interno de 3,000 millones de palos. Luego, entre 1995 y 1998, la fabricación local creció exponencialmente a más de 12,000 millones de palos al año, a pesar de que el consumo se estancó».

Entre 1999 y 2003, luego de la introducción en Brasil del impuesto a la exportación, la producción de cigarrillos paraguayos se expandió aún más, duplicándose a casi 27,000 millones de cigarrillos en 2003, unas ocho veces el consumo interno. Este aumento puede atribuirse en gran medida al comercio ilícito, ya que las exportaciones legales siguieron siendo limitadas.

La empresa clave detrás de esta expansión fue Tabesa. Fundada en 1994 por los hermanos Horacio y Sarah Cartes, Tabesa es hoy una de las empresas más grandes de Paraguay. Animado por su éxito como empresario, Horacio Cartes fue elegido presidente de Paraguay (2013-2018) y ahora es senador» (Gomis, 2018).

Un informe de la OPS titulado Profitability at the Expense of the People indica cómo creció el comercio ilícito de cigarrillos en Paraguay a medida que las transnacionales salían de la operación, ya que abandonaron la infraestructura que rápidamente fue tomada por las mafias locales que comenzaron a abastecer el mercado ilícito de cigarrillos en América Latina.

Según el economista y gerente general de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Lindon Vela Meléndez, las fábricas en Paraguay tienen una capacidad de producción de aproximadamente 40,000 millones de cigarrillos, mientras que el consumo interno se estima en 2,500 millones. Las exportaciones legalmente declaradas son de aproximadamente 4,000 millones, dejando 33,500 millones de cigarrillos sin documentar. En realidad, estos se pasan de contrabando a Argentina y Brasil a través del río Paraná; viajan a Bolivia, y por carretera a Chile y Perú o son transportados por vía marítima a Panamá y el Caribe y de allí a otros países donde se distribuyen ilegalmente.

Muchos contenedores llenos de cigarrillos ilegales que ingresan a la Zona Franca de Panamá provienen de Paraguay y continúan hacia otras zonas francas de Aruba o Belice, desde donde son transportados a Guatemala y de allí a México y el resto de Centroamérica.

Alex Santos, de IHADFA en Honduras, reconoce el contrabando como un problema importante en la lucha contra el tabaquismo: «En los mercados encuentras cigarrillos de contrabando. En su mayoría están en zonas rurales, donde es más difícil conseguir un camión de reparto (de marcas legales)». Los cigarrillos ilícitos son más baratos porque no pagan los impuestos de las marcas legales.

Solo como recordatorio, este mismo argumento del Dr. Alex Santos es presentado por la Industria del Tabaco, que afirma que el contrabando (y no el comercio legal de tabaco) es la principal amenaza contra la salud pública.

Pero el problema de los cigarrillos ilícitos va más allá del impuesto que se pierde, recientemente también ha habido reportes de un vínculo entre el contrabando de cigarrillos y los cárteles de la droga.

En 2017 comenzaron a registrarse una serie de operaciones falsas contra los cigarrillos ilegales en ocho estados de México. Según la investigación de la Policía Federal mexicana, la operación falsa involucró a policías que se presentaron con documentos apócrifos en tiendas y mayoristas. Tras una inspección, incautaron y destruyeron cigarrillos de las marcas que calificaron como ilegales, amenazaron a los comerciantes y distribuidores diciéndoles que por orden del «cartel del tabaco» solo se podían vender «ciertas marcas», luego les entregaron volantes con una lista de cigarrillos «permitidos».

El objetivo de la operación era acaparar el mercado ilegal de cigarrillos en esos estados mexicanos, algo similar al caballo de Troya que, décadas antes, impulsaron Philip Morris y British American Tobacco en Paraguay.

Según registros publicados por la revista mexicana La silla rota, El cártel del tabaco promocionaba los cigarrillos de la empresa Tobacco International Holdings (TIH) o Corporativo TIH, propiedad de José Guadalupe Varela González, empresario que en 2006 fue investigado en México por el delito de narcomenudeo con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su análisis, el portal Insight Crime18 afirma que el Cartel del Tabaco es una subsidiaria del CJNG: «Los grandes grupos criminales pueden estar buscando acceder a nuevas fuentes de ingresos a medida que otras fuentes de ganancias cierran o se dañan […]. El cambio hacia los cigarrillos indica que a los grupos les ha resultado más difícil para operar en ciertas industrias ilícitas […]. La legalización de la marihuana en Estados Unidos, Canadá y partes de México afecta el balance de los grupos criminales. La caída en la producción de heroína y los ingresos por venta de heroína, debido a la creciente popularidad de sustancias sintéticas como el fentanilo, también ha hecho que el control del negocio del tabaco sea más valioso».

El cartel del Tabaco y la CJNG en Guatemala

La CJNG tiene enlaces en Guatemala con «Los Huistas», la estructura criminal que controla el departamento de Huehuetenango. Estos a su vez tienen vínculos con políticos guatemaltecos. En 2018, la Fiscalía de Guatemala informó que «desmanteló una estructura criminal dedicada al lavado de dinero relacionada con Los Huistas» y capturó al cabecilla William Darío Molina Ruiz, de nacionalidad colombiana. La finca donde se alojaba, ubicada en el caserío Salsipuedes en Melchor de Mencos, Petén, pertenece al excongresista y ahora embajador de Guatemala en Nicaragua, Jaime Regalado. El embajador, quien también fue diputado, es esposo de otra diputada y presidenta de la comisión de salud de Guatemala, Karla Martínez, hija de la vicepresidenta de la CN, Sofía Hernández. Tanto Martínez como Hernández son originarios de Huehuetenango, territorio de Los Huistas.

La congresista Emilenne Mazariegos del Partido Patriota (PP) fue detenida en 2017 por corrupción. En el juicio se comprobó que tenía vínculos con Los Huistas y que servía de enlace con la exvicepresidente Roxana Baldetti, también encarcelada por narcotráfico y corrupción. En el caso de la congresista Sofía Hernández, esta es hermana de Hérnan Hernández Herrera, preso en Guatemala por estar vinculado a Los Huistas, y tía de Augusto Carlo Castillo Hernández, extraditado en 2021 a Estados Unidos por sus vínculos con el CJNG.19

***

Las estrategias implementadas por el CMCT, combinando información sobre sus consecuencias e impuestos sobre los productos del tabaco, trabajan para evitar que los nuevos usuarios generen adicciones a los productos del tabaco que luego pueden conducir a la muerte. Existe un interés por parte de la Industria Tabacalera de debilitar el tratado, lo que representa un gran costo para ellos. Entre estas estrategias se encuentra la de declarar (a través de sus relaciones con los Estados miembros) el tabaco como patrimonio cultural, debilitando las estrategias en términos generales. Pero también hay intereses oscuros que presionan para debilitar las regulaciones del tabaco.

Tanto en Asia como en América Latina y el Caribe, poderosos grupos de empresarios vinculados a contrabandistas y cárteles de la droga promueven la producción y distribución de cigarrillos ilícitos que luego son repartidos por todo el continente a menor precio, accesibles a los jóvenes. Estas bandas criminales tienen vínculos estrechos con políticos corruptos en América Central, que son quienes impulsan estrategias para socavar los avances logrados a través del CMCT de la OMS, y en última instancia favorecen ambas ramas de la producción de productos de tabaco: lícita e ilícita.

Según The Lancet, las estimaciones globales sobre la epidemia de tabaquismo en 204 países en hombres y mujeres mayores de 15 años causarán la muerte de alrededor de ocho millones de personas en todo el mundo este año. Se acaba el tiempo para salvarles sus vidas.

1 El CMCT de la OMS se desarrolló en respuesta a la globalización de la epidemia de tabaquismo y es un tratado basado en evidencia que reafirma el derecho de todas las personas al más alto nivel de salud. https://fctc.who.int/who-fctc/overview
2 Declaración de la sociedad civil de las Américas sobre la posición de los gobiernos de Guatemala, honduras, Nicaragua y República Dominicana en torno a la intervención de las maximización de la transparencia en la COP 9 sobre control de Tabaco.
3 Ver investigación de Reurtes: Inside Philip Morris campaign to subvert the global anti.smoking treaty https://www.reuters.com/investigates/special-report/pmi-who-fctc/
4https://fctc.who.int/who-fctc/governance/conference-of-the-parties
5 LISTA DE PARTICIPANTES, Novena Sesión de la Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control, 8 – 13 November 2021, Geneva, Switzerland.
6 La elasticidad precio de la demanda indica cuánto cambia la cantidad demandada de un bien cuando cambia su precio. Se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual en el precio.
7 Más de 6 mil personas mueren al año por consumo tabaco en el país. Diario Libre, 29 de mayo de 2018.
8Tabaco desplaza al oro como principal producto exportado en Dominicana en mayo. Bloomberg, 8 de julio de 2022.
9  JUSTIA Trademarks, Galeón, cigars and cigar humidors,June 30, 1997, Rafael Leocadio Pena.
10 Mystery Surrounds Imperial Brands Cigar Division Buyer Allied Cigar Corp. Tobacco Busisenn, May 13 2020
11 Asia Gambling Exec Linked to $1 Billion Cuban Cigar Deal. Bloomberg, 11 de mayo de 2020.
12 https://www.heaven32.com/el-comprador-de-miles-de-millones-de-dolares-de-cohiba-romeo-y-julieta-y-montecristo-cigar-brands-sigue-siendo-un-misterio-ahumado/
13Macau police arrest 2 suspects over cross-border gambling syndicate linked to ‘junket king’ Alvin Chau. South China Morning Post, 30 de enero de 2020.
14EN AMÉRICA LATINA, LAS GRANDES TABACALERAS SE ASOCIARON CON LAVADORES DE DINERO Y CONTRABANDISTAS. María Teresa Renderos, Internacional Consortium of Investigative Journalist. March 3, 2001.  MANSUR TRADING FREE ZONE INC. PANAMA.The Open Database Of The Corporate World.
16Las autoridades cerraron la fábrica de China Tobacco en Panamá después de que sus cigarrillos siguieran llegando al mercado negro allí. Una red de empresas surgió en su lugar, y ha estado enviando una gran cantidad de cigarrillos desde Panamá a toda la región. «Illegal Chinese Cigarettes Flooding Latin America Flow Through Panama». Nathan Jaccard (OCCRP), Sol Lauría (Concolón), David Tarazona (Cuestión Pública), Mateo Yepes (Cuestión Pública), Lilia Saúl (OCCRP). Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
17 «How Paraguay dumps billions of illicit cigarettes on the global market». Benoît Gomis, The Conversation, Sep. 25, 2018.
18 El cartel del tabaco puede marcar un viraje en el crimen de México. InSight Crime, 8 de noviembre de 2018.
19 Henry Hernández Herrera, hermano de la diputada Sofía Hernández, confirmó su vínculo con Los Huistas y fue asesinado meses después. Hernández se sometió a un procedimiento abreviado en el que aceptó que colaboró con la estructura criminal. El Juzgado “D” de Mayor Riesgo, a cargo de Erika Aifán, quien los condenó a tres años inconmutables por el delito de entorpecimiento de la acción penal. Se le concedió suspensión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos. No había escapatoria, el Ministerio Público realizó una serie de interceptaciones telefónicas en 2013, donde quedó demostrada la forma en que operaba la organización y buscaba la impunidad del sistema judicial. El día que el hermano de la diputada Sofía Hernández confesó su nexo con Los Huistas. Portal Soy 502. 18 de marzo de 2022.

Esta investigación fue financiada, en parte, por una subvención de STOP, organismo de control de la industria tabacalera global. El contenido es totalmente independiente desde el punto de vista editorial.

‘Desafío’ huyó a una celda de tres metros cuadrados. Dice que nunca ha sido tan libre. En la calle mató para pertenecer a una “gran familia” llamada Barrio 18, en prisión una empresa mafiosa llamada Barrio 18 lo sentenció a muerte. El gobierno de Xiomara Castro ha decretado un estado de excepción para combatir a las pandillas, imitando la política de Nayib Bukele en El Salvador. En las cárceles de Honduras las autoridades se encargan de que los reos no salgan, las pandillas de todo lo demás.


Por Juan Martínez d’Aubuisson.
Texto cortesía de InSight Crime. 
Portada: Monserrat Benítez. Ilustraciones: InSight Crime

Desafío

“Yo ya no quería estar ahí, yo ya estaba cansado de estar en eso. Yo me quise apartar de ellos y hacerme cristiano, pero ellos me dijeron que no podía. Que yo tenía que estar en la pandilla hasta la muerte”, dice Desafío, sentado en un pupitre viejo, en el sector de “talleres” de uno de los penales de máxima seguridad de Honduras conocido como “El Pozo”.

Estaba decidido a escapar, pero escapar de una prisión no es fácil. Menos si esa prisión está dentro de otra prisión.

Desafío es un expandillero de veintiocho años, es robusto, de rostro barbado y amable. Medirá un metro sesenta y cinco y es extremadamente nervioso. Habla como hablarían los suricatos si pudieran. Quiere dar mucha información en pocos minutos y contar la tragedia de su vida rápido, pero las palabras le traicionan y se atropellan unas con otras. Sabe, porque se lo he dicho, que no puedo estar acá mucho tiempo, y esto ha sido como inyectarle gasolina a su relato.

Desafío fue parte de la mafia de origen pandillero Barrio 18 por casi 19 años. Ahora busca huir de ellos, apartarse de esa familia sustituta y cumplir las dos décadas de su condena lejos de ese yugo, de esa otra cárcel que para él es la mafia del Barrio 18.

El problema es que este recinto, como la mayoría en Honduras, son administrados en conjunto por varias entidades. Por un lado, es el Estado hondureño y luego, dependiendo del sector del penal del que hablemos, una de las dos grandes mafias centroamericanas originadas en California: la Mara Salvatrucha 13 (MS13) o el Barrio 18.

“De puertas para adentro las pandillas tienen sus propias organizaciones, sus propias normas y sus propias formas de castigo. Ahí si ya no nos metemos nosotros”, me dijo el coronel del ejército hondureño encargado de este presidio, en una entrevista, en mayo de 2021.

El mes pasado, el Estado Hondureño, imitando la política del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aprobó un “régimen de excepciones constitucionales” que permite a la policía y las fuerzas armadas hacer capturas masivas en los barrios sin necesidad de una carga probatoria que vaya más allá de la denuncia o la sospecha. El Salvador lleva ya más de 60 mil capturados en menos de diez meses. Si Honduras realmente decide seguir los pasos de su vecino, miles de hondureños entrarán a este sistema carcelario y estarán bajo el control de las mafias, no del Estado.

En donde vive Desafío, en la sección de talleres de la prisión, no hay baños, y los hombres que lo habitan no pueden salir a tomar sol al patio central porque corren riesgo que les disparen desde los sectores de sus expandillas o mafias. Sí, los reos tienen armas de fuego en este penal, y en la mayoría de penales hondureños.

En el sector 5 de este penal, donde antes estaba recluido Desafío, mandan los dieciochos, como también se le conoce a la pandilla. La estructura de esa organización encomienda a un grupo selecto de pandilleros para que organicen la vida, y a veces la muerte, de los pandilleros ahí recluidos. Estos líderes son además los encargados de dialogar y mediar con las autoridades, de comprar los enseres necesarios para la vida diaria de los reclusos y de organizar la defensa frente al ataque de un grupo enemigo. Son la plana alta de la organización.

Reduciéndolo al extremo, podríamos decir que el Estado se encarga que los reclusos no se salgan, y las pandillas de casi todo lo demás. 

Escapar de la pandilla, en esas condiciones, no es una tarea fácil.

Una cárcel en Honduras
Cortesía de InSight Crime

Entrando en la trampa

Desafío creció en una de las colonias marginales de Tegucigalpa bajo el control del Barrio 18 y desde los 10 años empezó a tener acercamientos con los pandilleros de la zona. 

“No era que yo pertenecía, sino que les hacía como favores. Les decía si venía una patrulla, o si entraba un carro. Pero sin pertenecer, [era] como una forma de quedar bien con ellos”, explica desde el pupitre desvencijado desde el que me habla.

Los pandilleros se refieren a los jóvenes no pandilleros como “paisas”. Es una forma de llamarles a los civiles. En las colonias muchos paisas les hacen favores a las pandillas, les ayudan a mantener un control sobre su sector dándole información sobre la vida de los vecinos e informándoles sobre la entrada de algún vehículo ajeno al sector. Pero es una relación unidireccional. Los paisas informan, la pandilla recibe, pero hasta ahí queda todo.

Luego de los paisas, hay una lista confusa de roles y posiciones dentro de la base de la estructura que podrían agruparse en dos rubros: administración y actividades bélicas. Esto dependerá de las aptitudes y los dones con los que cuente cada miembro. 

“Yo tuve el privilegio de ser paisa y hacía favores, hasta que ya ellos me dijeron que tenía que ser ‘paisa activo’. En este puesto no se recibe casi ningún beneficio, (solo) los tres tiempos de comida, saldo para celular, para que esté informando de todo lo que pasa en el sector que le asignan, y ahí le lleva a uno la comida a otro paisa activo”, dice Desafío. 

Desafío entró a ser paisa activo del Barrio 18 cuando tenía alrededor de 20 años, después de casi una década de estar en la periferia de la organización como paisa. Entonces pasó de realizar labores domésticas a acciones más contundentes. “A la 18 se entra con una bala”, reza un lema dieciochero y así fue para Desafío. 

“La primera misión que me dieron fue matar a una muchacha. Ella era mujer de un homeboy que estaba preso y ella se andaba metiendo en una colonia de la MS [Mara Salvatrucha], y entonces el Barrio 18 le abrió ‘proceso’,” dice, refiriéndose a los juicios internos que hace la pandilla para determinar quien vive y quien no. 

“Y se llegó a la conclusión que ella estaba dando información sobe nosotros a ellos. Entonces yo me la llevé fuera del sector con mentiras, le dije que su marido le había mandado un dinero y le dije que tocara la puerta de una casa cualquiera, y ahí, de espaldas, la acribillé”, relata Desafío. 

Si el Barrio 18 fuese una secta, este sería el sacrificio de sangre que Desafío ofreció para entrar a ella.

Así pasó casi cinco años aguantando los malos tratos de pandilleros de mayor rango y haciendo “trabajos” encomendados por sus superiores como paisa activo– desde extorsionar, mover droga, y hasta asesinar. Hasta que, por fin en 2020, durante la pandemia ocasionada por el COVID 19, le ofrecieron dar el siguiente paso: volverse homeboy.

Una cárcel en Honduras
Cortesía de InSight Crime

Los carceleros de Desafío

En un ala diferente del “Pozo”, esta cárcel de máxima seguridad, me reciben nueve hombres. Son los líderes encargados de este penal y los representantes de la pandilla Barrio 18.

Nos sentamos en una mesa metálica de un recinto que en algún momento fungió como comedor.

Les pregunto a los jefes de la mafia si existe la posibilidad de permitir que algunos de sus miembros abandonen la pandilla. La respuesta de entrada es un rotundo “no”. Para ellos sería lo mismo que abandonar a la familia.

“Es que mire, no es necesario que un pandillero se salga de la pandilla para tener su trabajo. O usted dígame, ¿usted solo porque tiene su buen trabajo ahora va a abandonar a sus hijos, su mujer y sus padres? ¿Verdad que no? Pues nosotros igual, porque nosotros somos una familia”, dice el más viejo del grupo, un líder dieciochero originario de Tegucigalpa, la capital hondureña.

Y su respuesta me hace pensar en la historia de las pandillas. Durante casi dos décadas, las maras de origen californiano como el Barrio 18 y la MS13 constituyeron grupos de una solidaridad extrema, con un sentido de pertenencia que les permitía entender el mundo en colectivo, como las hormigas. Juntos enfrentaron la pobreza, el hambre, la violencia y el desprecio de unas sociedades que les odiaba y les dejaba una y otra vez fuera de la fiesta. Pero historias como la de Desafío indican que ya no es más así. Si habría que equipararlo con alguna institución no serían más una familia, serían una empresa, con capataces muy cabrones.

Por turnos, los nueve líderes del penal se enredan en una diatriba engorrosa en donde pretenden explicarme que un pandillero no tiene que ser delincuente, que no es necesario que los dieciocheros estén involucrados en acciones violentas, que no es necesario matar a nadie para ser ascendido a homeboy. Y que, por lo tanto, no es necesario dejarles salir de la estructura para terminar con la violencia.

—¿Qué no es necesario matar a nadie para ser homeboy? —, les pregunto con tono de alarma.

Y pienso en Desafío. Según él, tuvo que matar a antes de entrar en la pandilla.

De hecho, todos los pandilleros y expandilleros hondureños con los que he hablado en la última década cuentan con los dedos de las dos manos los muertos que tuvieron que ofrecer a sus respectivas organizaciones antes de ascender de escaño.

Se los digo y no les gusta.

Los representantes se van poniendo cada vez más nerviosos y esas maneras amables y educadas de funcionario público se van desvaneciendo. Se muestran a un paso de la agresividad cuando les pregunto de nuevo sobre su opinión sobre la posibilidad de permitir a sus miembros salir de la pandilla. Dicen que eso no está sobre la mesa.

Pero insisto. Les pregunto su opinión sobre no incorporar a niños a su estructura.

Me dicen que es algo que la pandilla no va a aceptar nunca. Dejar de sumar soldados no es una opción, sobre todo cuando la guerra contra las otras estructuras criminales hondureñas sigue muy viva.

También mencionan las condiciones de vida dentro de esos barrios y de cómo la pandilla sigue, después de tantos años, siendo un reducto de protección para los chicos, una sombra bajo la cual guarecerse de males como la pobreza y el hambre.

“Es que mire, a nosotros nos buscan muchas veces jovencitos que no tienen familia, y nosotros, ¿cómo les vamos a negar la entrada a la familia de nosotros? No podemos, tenemos que apoyarlos. No los podemos dejar morir de hambre”, dice, ya más sereno, el más viejo del grupo que ya casi ha monopolizado las respuestas.

Permitir la deserción no solo implicaría una fuga de miembros, lo cual ya sería problemático, implicaría una fuga de información y una empresa inestable y poco disciplinada.

Les pregunto más, les menciono la política que tienen de asesinar a los desertores, y les pregunto si estarán dispuestos a cambiarla. También les menciono a las iglesias evangélicas y les preguntó sobre la posibilidad de que, como en el resto del Centroamérica, se vuelva una vía de salida para para pandilleros arrepentidos.

Pero siguen evadiendo la pregunta central. Se conectan con la mirada y se mueven en sus asientos, incómodos, como niños regañados.

“Es que Juan, no podemos hablar sobre eso, entiéndanos”, dice el mismo hombre, ya cansado de evadir.

Pero yo insisto, y entonces ellos suspenden un poco su garbo inicial y me dicen, como si fueran funcionarios públicos, que no pueden hablar más de ese tema. Es un tema delicado que, en todo caso, tendré que tratarlo más arriba. Con un poder superior a ellos. Les dejo en paz.

Esto suena un poco raro hablando de muertos. “Matar casi diez”. Aquí puedes jugar a que mato tanto que recuerda que fueron unos diez pero no el número exacto. O si se entrecomilla quizás hasta funcione. Pero dicho por ti parece que mato nueve y a uno medio lo mató.

Una cárcel en Honduras
Cortesía de InSight Crime

El nacimiento de Desafío

Desafío, después de al menos cinco años de ir a comprar cigarros, de matar sin preguntar por qué a gente que no conocía, de vigilar por horas lugares por donde no pasaba nadie, decide dar el siguiente paso.

“Yo pedí y ellos ya me preguntaron, me dijeron que, si quiero ser del barrio, que si quiero brincarme”.

Con “brinco”, se refiere el ritual por excelencia de todas las pandillas de origen californiano que consiste en recibir una golpiza, en el caso de Barrio 18 durante 18 segundos, por tres pandilleros. “Ellos jamás lo obligan a uno, si no que ellos lo alientan, en forma de darle motivación para seguir avanzando”, dice Desafío.

Los homeboy de su sector escogieron un día 18 de abril de 2020, para incorporar a un grupo de muchachos incluyéndolo a él. 

En el caso de Desafío no puede esconder los destellos de orgullo al contarme que al él lo brincó personalmente un homie de los grandes, algo que lo conecta con ese mismo líder para siempre en el mundo pandillero. 

“El que lo brinca a uno, el que está contando [el pandillero que dirige el ritual de iniciación] es una especie de padrino, de padre de uno en la pandilla, el que da la cara por uno y es a quien uno le va a obedecer”, dice Desafío.

No se trataba ni por cerca de un líder nacional, o un pandillero importante, pero en el micromundo de Desafío, ese hombre era la figura de poder más alta que había conocido. Era el dueño de aquel cerro de donde Desafío había salido apenas un par de veces. 

El líder, recuerda Desafío, lo miró serio y le dijo: “Mira, vos vas a ser el primero que yo, personalmente, voy a brincar, y no lo voy a hacer por video llamada, sino que yo voy a ir y voy a estar ahí. Quiero conocerte, porque vas a ser el primero que yo hago”.

Ese hombre, en un ejercicio involuntario de predicción, fue quien bautizó al joven pandillero con el nombre que luego le definiría tan bien: Desafío. 

“Me sentí bien, pero a la vez prometí que yo no iba a ser como otros que solo porque tienen ya el grado de homeboy pueden andar faltándole el respeto a los de abajo. No, yo iba a tener otra mentalidad. Ahora que ya soy homeboy, ahora voy a poner orden y control”. 

Pero la vida que Desafío esperaba no era como se la imaginó. Sus nuevas tareas tenían que ver más con una aburrida administración que con la vida de bandido poderoso y justiciero que soñó.

La tarea más importante que le asignaron fue la de generar dinero. Le pusieron una cuota semanal y una serie de tareas del tipo “administración de personal” que Desafío no esperaba.

En el pequeño sector de la capital hondureña que él controlaba, dice, debía producir y mantener en caja 80.000 lempiras (US$3.300) por semana. Ese dinero estaba destinado para gastos propios del sector: en caso de que un paisa se enfermara, si había que pagar el abogado de un capturado o el entierro de un difunto. Así como para la comida y ropa de 16 pandilleros y sus familias. También el dinero se usaba para adquirir municiones y armas. 

Aparte de recoger y administrar las 80.000 lempiras, debía entregar a mandos superiores de la pandilla 100.000 lempiras extras (US$4.100) que nunca supo en qué se usaban ni quién gozaba de ellas. El Barrio 18 le dijo que esa era su responsabilidad como encargado de sector y que era todo lo que debía saber. Faltar a estas responsabilidades no se pagaría como una empresa normal, con el despido. Acá sería una serie de golpizas, que irían escalonando hasta la muerte.

Pero recolectar esa cantidad de lempiras no era fácil. La desesperación lo llevó a salirse de los mandamientos de su mafia que dice “no robaras en tu barrio”.

“Había momentos que por entregar al Barrio 18 no nos quedaba nada para nosotros, nos tocaba salir a rebuscarnos a nosotros. “Salgamos a robarnos unas armas”, les decía yo, “y con eso vamos a salir a robar a la calle, a conseguir algo para nosotros”, cuenta Desafío desde su pupitre desvencijado.

La idea de una vida de forajido, sin reglas, viviendo al son de la vida loca, se había convertido en una ficción. Esa vida la vivieron los viejos, aquellos que fundaron la organización y los que llegaron a Honduras deportados desde California, en los noventas. La generación de Desafío ya no alcanzó eso. Para ellos quedó nada más la idea romántica y lejana de una vida al margen del sistema. Pero no es glamorosa la vida en el Barrio 18. Es como trabajar en una empresa que te explota, de la cual no puedes renunciar y donde el despido es una bala. 

Su decepción con el Barrio 18 no tuvo tiempo de convertirse en algo más. En 2021 lo capturó la policía bajo cargos de extorsión y robo agravado y lo metieron a este penal en el que ahora lo entrevisto. 

Una cárcel en Honduras mara 18 barrio 18
Cortesía de InSight Crime

Tacoma

Es mayo de 2022 y ha pasado apenas una semana desde que hablé con Desafío y con los nueve representantes del Barrio 18. Estoy en el penal de Támara, en la capital hondureña, en el módulo de seguridad máxima. 

Tal como me dijeron los nueve representantes del Barrio 18 en “El Pozo”, el otro penal, hay alguien sobre sus cabezas. Hoy busco a ese alguien. Se llama Nahum Medina, y es el eslabón más alto en la estructura del Barrio 18 en Honduras. Su nombre en la pandilla es «Tacoma».

Si el Barrio 18 es una cárcel dentro de una cárcel, el carcelero de Desafío se llama Tacoma. 

Una veintena de guardias armados me rodean y acompañan. Es un recinto subterráneo con suelo de cemento y totalmente techado. Con celdas a ambos lados. Tiene dos pisos idénticos unidos por sólidas escaleras metálicas. Las celdas no tienen barrotes. Son gruesas puertas de acero con una ventanilla para ingresar la bandeja de comida. Por esa ventanilla los internos pueden sacar la cabeza y un brazo, si no son muy robustos. 

Decenas de esos medios cuerpos me ven, me siguen con la mirada, pero no dicen nada. Los guardias me hacen subir al segundo piso. Y ahí, veo los mismos brazos y cabezas por fuera de las celdas. Decenas de ojos tristes me examinan. La mayoría tiene más de una década de estar presos y algunos cargan con condenas de hasta 300 años. 

Otro grupo de unos 8 custodios, todos encapuchados, sacan de su celda a Tacoma. Parece diez años más viejo que la última vez que le entreviste, en 2019. Camina esposado de pies y manos, y el pelotón de guardias se crispa al verlo salir. Guarda aun ese aire de gánster viejo y arrogante, le cuelga de su pecho una cadena de oro y su anillo con el 18 grabado. 

Hay tanto silencio que se escucha el rechinar de las botas de los custodios contra el cemento alisado. Tacoma me reconoce y no es raro, creo que soy el único periodista que le ha visitado en estos años.

Él recuerda con aterradora precisión nuestra última conversación y me dice: “De cosas internas de la pandilla desde ya te digo que no vamos a platicar esta vez”. 

Cuando le pregunto su opinión sobre la posibilidad de abrir una puerta en su pandilla para los desertores se trasforma.

Me amenaza con las manos esposadas: “¡Hey Juan! Te dije que de eso no vamos a hablar. ¿Qué te pasa?”, dice, mientras sacude su dedo sobre mi cara.

Mientras tanto, los custodios se alertan y ponen las manos en sus bastones.

Los medios cuerpos abren la boca y me avientan sus miradas. Atónitos, violentos.

“Eso nunca va a pasar. Nunca. La pandilla es para toda la vida. Eso nunca lo vamos a permitir,” reafirma Tacoma, a todo volumen, para que le escuchen hasta el fondo.

Entonces me queda claro. Viéndolo en ese escenario, escuchándolo gritar frente a la plana alta de su organización, que se sale como puede de las celdas para escucharle su arenga furibunda, me doy cuenta de que Tacoma nunca abrirá esa puerta.

Él también está encerrado dentro del Barrio 18. 

Fugarse de una celda dentro de la cárcel

Para cuando Desafío llegó a la cárcel ya se le había esfumado toda la idea romántica sobre su pandilla. El Barrio 18 pasó a ser su verdadera celda.

Cada día debía seguir unas normas, caminar de cierta forma, no decir una larga lista de palabras que la pandilla considera prohibidas, no usar cierto tipo de color y vivir constantemente bajo el escrutinio de esos nueve hombres con quienes hablé en mayo de 2022.

La idea de estos líderes es mantener a sus huestes en constante estado de paranoia. Es una especia de lógica panóptica, en donde todos son potenciales traidores y delatores. Por eso deben cada día demostrar su lealtad mientras son acechados por la posibilidad de perder la vida por un error. En este sistema, naturalmente, nadie quiere cometer errores.

Uno de los puntos más críticos es que estando en la cárcel los pandilleros mantienen sus responsabilidades. Se siguen haciendo cargo de su sector. Desafío debía garantizar que su remplazo mantuviera ese flujo de dinero hacia la pandilla. Debía estar en comunicación con sus subalternos a diario, a través de los teléfonos clandestinos que la pandilla tiene dentro, y en general, seguir encargándose de la rentabilidad del sector de Tegucigalpa que le fue asignado. 

La pandilla sabe que muchos de sus colmillos ya no quieren pertenecer al animal. Pero sabe también que dejarles ir no es opción. Esos colmillos podrían voltearse y hacer daño a la bestia. Así que les presiona, les mantiene en constante trabajo y les hace desconfiar unos de otros. Es muy difícil iniciar una revolución en estas condiciones.

“Si uno va a ir a la enfermería, ellos ponen a una persona o dos que vaya encachado [esposado] con uno, para que uno no se vaya a quedar en la enfermería y regrese al módulo 5”, dice, refiriéndose al lugar donde cumplen su sentencia los miembros del Barrio 18. “Si uno va a hablar por el teléfono público del penal, tiene que tener cuidado porque siempre ponen gente que esté pendiente, a ver qué habla uno”, dice Desafío.

Si ya en la calle Desafío había considerado la idea de desertar del Barrio 18, acá se le iba volviendo casi una necesidad. Esta organización representaba casi todas las cosas que no le gustaban de la vida. 

Pero antes de hacerlo, Desafío habló con su familia. Les dijo que se fueran del barrio donde vivían porque él desertaría. Su esposa le pidió que no lo hiciera. Sabía que el Barrio 18 no es un credo que se deja abandonar fácilmente.

“No amor, no lo hagas, no te vayas a salir, no quiero que me maten a mí y el niño va a quedar rodando”, le dijo ella. 

Él le respondió que ya no aguantaba más: “me voy a salir y que sea lo que Dios quiera, ya no quiero servirle a Satanás”.

Poco tiempo después, la tibieza de Desafío fue percibida por los nueve líderes. Se reunieron y le decretaron la muerte. Pero otro pandillero se lo contó a Desafío y este no tuvo más alternativa que empezar a planificar su fuga.

“Le pedí a mi mujer que hablara a la policía y explicara que me iban a matar en el sector 5. Los policías llegaban, pero solo nos enumeraban, veían que estuviéramos completos, y nunca me llamaban por mi nombre, y así es imposible escaparse,” dice.

Desesperado, Desafío decidió correr. 

“En una de esas que llegó la policía a hacer un conteo, y cuando ya se iban, salí corriendo del sector y corrí por el patio, hacia los policías y detrás mío salieron cuatro dieciocheros y me agarraron, pero luché, y logré que no me agarraran”, relata. 

Mientras tanto los policías apuntaban al grupo que peleaba. Los cuatro dieciocheros querían meterlo al sector 5, y Desafío peleaba por llegar hasta los policías. 

“Si me metían al sector 5, ahí mismo me iban a matar. Te ahorcan con una soga y te enrollan, pura pelota, luego te tiran a los barriles de basura”, asegura. 

Cuando los cuatro pandilleros estaban ganando la pelea, los policías llegaron y los encañonaron a todos. Uno de ellos esposó a Desafío y empezó a conducirlo hacia el sector 5, hacia la muerte. Así lo confirmó el jefe de custodios, quien vio la lucha como espectador privilegiado, a menos de 5 metros.

Mientras tanto, adentro, los pandilleros gritaban y mecían las puertas de sus celdas. Eran un molino esperando moler.

“Si me van a meter ahí mejor mátenme acá”, les dijo. Pero los policías no hicieron caso y lo siguieron arrastrando, hasta que llegaron el jefe de custodios y el director del penal. Ellos escucharon sus ruegos y se lo llevaron lejos del recinto 5.

“Ningún director quiere muertos en su penal, después ellos tienen que dar explicaciones”, señala Desafío.

Lo logró. Y así fue como, esposado y desfigurado por la pelea, logró su libertad de la pandilla.

Ahora vive en un área pestilente y mal acomodada conocida como “talleres”. Ahí se debían impartir talleres de carpintería y se les enseñaría a los reos a trabajar el metal. Pero la cárcel está sobrepoblada y ningún director, ni el actual ni los anteriores, y seguramente tampoco los futuros, se atreven a poner sierras eléctricas y varillas de acero en manos de estos reos. Así que se usan como celdas.

En el área de talleres viven al menos nueve hombres como parias. Incluso para la administración del centro son un problema, ya que rompen las rutinas diarias. Son reos a los que todos los quieren matar y su cuidado implica labores extra, no presupuestadas.

Sin embargo, Desafío habla de esta nueva vida como un espacio infinito de libertad plena.

Dice que nunca había sido tan libre. A mí me suena extraño que lo diga alguien esposado de pies y manos, con menos de tres metros cuadrados para desarrollar la vida. Pero qué sabe un charco sobre el mar.

Por primera vez, desde los 10 años, tiene ahora 29, Desafío no es más un reo del Barrio 18.

*La versión original de este texto fue producida y publicada por Insight Crime. Para esta publicación en Redacción Regional se añadió el contexto del Estado de Excepción anunciado por el Gobierno de Honduras en diciembre de 2022.

Texto: Jennifer Avila
Fotografía: Jorge Cabrera

Uzra Zeya, subsecretaria de Estado para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos del gobierno de los Estados Unidos, visitó Honduras entre el 9 y el 12 de enero de 2023 liderando una delegación de funcionarios de alto nivel para sostener el segundo diálogo bilateral que se realiza en lo que va del gobierno de Xiomara Castro. En una entrevista exclusiva para Contracorriente (CC), la subsecretaria Uzra Zeya (UZ) habló sobre el apoyo de su gobierno a Honduras en temas de educación, seguridad, migración y derechos humanos y sobre las condiciones de los Estados Unidos para apoyar la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) y fortalecer el circuito anticorrupción en el país. 

Esta visita coincidió con la extensión del estado de excepción que el Poder Ejecutivo decretó el 3 de diciembre de 2022 y que ahora abarca 17 departamentos del país. A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos ha sido un importante donante para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras, Zeya dijo que su gobierno no está involucrado en la implementación del estado de excepción y que el apoyo de los Estados Unidos a las fuerzas de seguridad está condicionado por el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. 

«Los estados de excepción, en general, son difíciles de sostener y nosotros estamos enfocados en dar apoyo al sistema de seguridad, pero siempre de manera anclada en el respeto a los derechos humanos. No estamos involucrados en la aplicación del estado de excepción pero estamos apoyando una Policía hondureña y unas fuerzas de defensa que respeten los derechos humanos y tenemos un compromiso muy grande en fortalecer las capacidades y esfuerzos de esos objetivos», dijo. 

En pleno estado de excepción, el pasado fin de semana fueron asesinados dos ambientalistas en la comunidad de Guapinol en Tocoa, al norte de Honduras. Este crimen fue discutido en el diálogo bilateral en el cual, según la subsecretaria, instaron al gobierno de Honduras a impulsar una investigación pronta y efectiva para esclarecer este hecho y aumentar la protección a defensores de derechos humanos, ambientalistas, defensores de la tierra y personas LGTBI. 

La subsecretaria Uzra Zeya dijo además que el gobierno de los Estados Unidos apoyará a las organizaciones de sociedad civil que juegan un papel importante en la lucha anticorrupción, el combate a la violencia basada en género y la protección de poblaciones vulnerables. 

CC: ¿Cómo evalúa la relación entre el gobierno de los EEUU y el gobierno de Xiomara Castro en este primer año?

UZ:  Mi segunda visita, apenas a un año, liderando una robusta delegación interagencial para nuestro segundo diálogo estratégico, refleja el compromiso de la Casa Blanca para reforzar y profundizar nuestra alianza estratégica con Honduras. Con la declaración que dimos después de varias horas de reuniones nos comprometemos en trabajar juntos para apoyar a los hondureños en temas como la gobernanza, la protección a los derechos humanos incluyendo la protección a personas defensoras de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, el apoyo a la seguridad ciudadana, el estado de derecho y el combate a la violencia basada en género. Tuvimos una discusión amplia y profunda para avanzar en estas áreas.

CC: ¿Qué riesgos corre este gobierno en el contexto regional marcado por una tendencia populista autoritaria? ¿Podría Honduras sumarse a esa ola autoritaria?

UZ: Los Estados Unidos están preocupado por los retrocesos en materia democrática en la región, y como lo han dicho ya en múltiples ocasiones el presidente Biden y el secretario Blinken, no hay democracias perfectas, pero creemos que la democracia es el mejor sistema para abordar los problemas del siglo veintiuno. El presidente Biden también cree en la idea de que los Estados Unidos pueden apoyar el fortalecimiento de la democracia en el resto del mundo para que todos los ciudadanos puedan vivirla, y detrás de este segundo diálogo estratégico que se dio ayer está esa idea. Este diálogo fue también un diálogo sobre los derechos humanos, y la prueba de esto fue el lanzamiento de la alianza para apoyar la educación básica junto con el ministro de educación, de infraestructura, el canciller y el COHEP que también participó como actor privado; también el gobierno de Taiwán se unió a esta alianza multiestatal. Los Estados Unidos están comprometidos en invertir 33 millones de dólares para el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas de educación básica en un país donde apenas 2 de cada 10 niños que entran a la escuela se gradúan de la educación secundaria. Esta alianza demuestra que hay acciones concretas para apoyar la mejora de las capacidades de Honduras para garantizar los derechos a todos sus ciudadanos y, más importante, apoyar a los niños que son el futuro de esta nación.

(De izquierda a Derecha) Laura Jane Richardson Jefa del Comando Sur de la Armada de Estados Unidos, Uzra Zeya Subsecretaria de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Laura Dogu Embajadora de EE. UU. en Honduras, , Héctor Zelaya Secretario privado de la Presidencia y Eduardo Enrique Reina canciller de Honduras.

CC: ¿Cuáles son las principales preocupaciones en este momento por parte del gobierno de EEUU con respecto a la lucha anticorrupción en Honduras?

UZ: Combatir la corrupción es una prioridad de la administración Biden en la agenda de asuntos internacionales. Hace alrededor de un año pusimos en marcha nuestro primer memorándum de seguridad nacional en combate a la corrupción elevándolo a una prioridad nacional, ustedes han hecho un excelente trabajo reportando acerca de esto. Ciertamente el combate a la corrupción fue un tema fundamental en los diálogos estratégicos, específicamente queremos ver que Honduras avance a la conclusión de un acuerdo con las Naciones Unidas para establecer una CICIH, una comisión contra la corrupción e impunidad en Honduras, y queremos ver que sea un ente independiente, imparcial y autónomo. Pero también como los líderes entre los donantes internacionales para Honduras estamos comprometidos con el desarrollo económico y la seguridad de Honduras, estamos invirtiendo en un acuerdo para combatir la corrupción a través de USAID y el Departamento de Estado, así que este apoyo está ocurriendo en todos los niveles, en construir instituciones más efectivas que puedan enfrentar y desmantelar los métodos de los actores corruptos y los criminales transnacionales, pero también apoyando a la sociedad civil y a los medios independientes que son actores indispensables en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

CC: ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales el gobierno de EEUU apoyará la instalación de una Comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras?

UZ: Vimos con buenos ojos la firma del memorándum entre las Naciones Unidas y Honduras en diciembre, pero se que este es solo el primer paso, nos gustaría ver lo más pronto posible la llegada del equipo técnico de las Naciones Unidas que hará que este proceso avance y esperamos ver las recomendaciones con respecto a las reformas legales que serán necesarias para hacer que este ente sea posible. Como mencioné, la lucha anticorrupción es multidimensional y nosotros estamos comprometidos en apoyar las políticas anticorrupción y el desarrollo de capacidades estatales para combatir la cleptocracia y ya tuvimos éxito en esfuerzos conjuntos para perseguir un caso de corrupción mayor que resultará en devolver a Honduras un millón de dólares en bienes incautados y esperamos concluir muy pronto un memorándum de entendimiento para hacer posible esa transferencia. Es solo un ejemplo de lo que significa este esfuerzo y lo que se necesita hacer, apoyando al gobierno y a la sociedad civil en estos esfuerzos.

CC: Los retos en materia de seguridad siguen siendo grandes en Honduras. El gobierno ha decretado un estado de excepción con participación de la policía militar y la policía nacional ¿De qué manera apoyará Estados Unidos a las Fuerzas Armadas y a la Policía en este contexto? ¿Qué controles habrá sobre los fondos invertidos en materia de seguridad?

UZ: Diré, con respecto al estado de excepción, que esto sí salió en nuestras discusiones con nuestras contrapartes hondureñas y nosotros hemos visto que es posible abordar estos retos de seguridad preservando los derechos fundamentales. Los estados de excepción, en general, son difíciles de sostener y nosotros estamos enfocados en dar apoyo al sistema de seguridad pero siempre de manera anclada en el respeto a los derechos humanos. No estamos involucrados en la aplicación del estado de excepción pero estamos apoyando una Policía hondureña y unas fuerzas de defensa que respeten los derechos humanos y tenemos un compromiso muy grande en fortalecer las capacidades y esfuerzos de esos objetivos.

CC: En Honduras se combina la expulsión masiva de población y el tránsito de grandes grupos de migrantes y refugiados transcontinentales (Venezuela, Nicaragua, Haití y otros países incluidos varios de África) y también migrantes retornados de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las estrategias en este tema?

UZ: Vemos un aumento histórico de casos de desplazamiento forzado a nivel global por diversos factores: cambio climático, violencia comunitaria basada en género, gobernabilidad conflictiva y las consecuencias de la pandemia. El hemisferio occidental ha sido visto como el responsable del desplazamiento de 100 millones de civiles desplazados internacionalmente, este es un tema importante de compromiso y cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos y Honduras y celebramos la participación activa de Honduras en la declaración de protección a migrantes de Los Ángeles que se lanzó el pasado junio en la cumbre de la democracia y lo que establece esta declaración es la responsabilidad compartida en garantizar una migración segura, ordenada y humana en este hemisferio; Honduras está dando un paso importante adoptando una ley para las personas desplazadas internamente, ese fue un tema que discutimos ayer y celebramos las decisiones para invertir más recursos en protección de estas poblaciones vulnerables desplazadas internamente. Quiero anotar también que el año pasado, que se reconoció este reto que enfrenta Honduras, proveímos 55 millones de dólares en asistencia humanitaria a Honduras específicamente en el tema que mencionas del tránsito de ciudadanos de terceros países, poblaciones vulnerables que necesitan protección. También el reciente anuncio de la administración [de los Estados Unidos] sobre la extensión de rutas legales para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que esperamos que ayudará a mitigar este flujo de personas migrando irregularmente que son, además, víctimas de explotación y diversos peligros.

«Los estados de excepción son difíciles de sostener»: Uzra Zeya, Subsecretaria de Estado de EE.UU.
Uzra Zeya Subsecretaria de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos es recibida por el secretario privado de la presidencia Héctor Zelaya durante una visita oficial a Honduras. Foto CC/Jorge Cabrera

CC: ¿Sigue vigente la política del tercer país seguro en la nueva administración?

UZ: Esto es del gobierno anterior, no es de lo que hablo ahora. Ahora estamos apoyando la capacidad de los países para recibir personas, incrementar protección para individuos en tránsito que incluye screening, esfuerzos para aumentar la capacidad de protección, que países específicos aumenten rutas legales, que es algo que han hecho países como Colombia, Ecuador o aliados como Canadá, España y los Estados Unidos, y aumentando nuestros esfuerzos en respuesta humanitaria y esto en el marco de garantizar una migración ordenada y segura.

CC: Finalmente, este fin de semana fueron asesinados dos ambientalistas en el norte de Honduras, tenemos un reto importante en cuanto a la protección de defensores del ambiente y defensores de ddhh. ¿Cuál es su opinión en este tema y cuáles fueron los acuerdos en el diálogo que tuvo con el nuevo gobierno con respecto a la protección de estos actores?

UZ: Quiero dar mis profundas condolencias por estos trágicos asesinatos de activistas ambientales. Esto es emblemático de un problema más grande que es el inaceptable daño que enfrentan los ambientalistas a nivel mundial, y el problema específico aquí en honduras; así que sí, fue un tema que nosotros pusimos sobre la mesa en el diálogo e instamos al gobierno para que impulse una investigación pronta y rigurosa con respecto a estos últimos incidentes y el tema de aumentar la protección a defensores de derechos humanos, defensores del derecho a la tierra y ambientalistas, indígenas, personas LGTBIQ+ y eso es una prioridad para nuestro compromiso con los derechos humanos en Honduras, sabemos que hay muchas cosas más por hacer.

Lenir Pérez, el empresario dueño de las concesiones en la mina de Guapinol y el aeropuerto Palmerola, mantiene su poder intacto a pesar del discurso oficial de la presidenta Xiomara Castro en contra de estos proyectos. Señalado por beneficiarse de sus relaciones con el expresidente Juan Orlando Hernández para obtener contratos irregulares y abusar de los derechos humanos de comunidades, Pérez podría mantener un acceso privilegiado al nuevo gobierno a través del trabajo legal de Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización. 


Texto: Fernando Silva
Apoyo en la investigación: Vienna Herrera y Jennifer Avila
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

El gobierno de Xiomara Castro mantiene un vínculo estrecho con el empresario Lenir Perez a pesar de que en el discurso oficial repudia la criminalización de defensores del ambiente en Guapinol, perpetrada principalmente por este empresario. Una investigación de Contracorriente encontró que, desde junio del 2020, el empresario comenzó a utilizar frecuentemente los servicios profesionales de la abogada y notaria Lourdes Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomas Vaquero Morris, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Desde entonces, Pamela Blanco pasó a ser la notaria encargada de la constitución de múltiples empresas que forman parte del grupo liderado por Lenir Pérez; además, le otorgaron «poderes legales para pleitos válidos» para representar a varias de sus empresas ante cualquier institución del Estado.

Lenir Pérez es presidente del Grupo Emco Holding, un conglomerado de empresas que mantiene inversiones en diferentes sectores como el de la construcción, el aeroportuario y la siderurgia. Entre sus proyectos más importantes en el país están un megaproyecto minero ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Carlos Escaleras en Tocoa, Colón, y la concesión para la construcción y operación del nuevo aeropuerto Internacional Palmerola, ambos proyectos ampliamente señalados por diversos sectores de la sociedad por haberse otorgado en condiciones irregulares.

La concesión en Guapinol ha generado un conflicto desde 2018 en el que 32 defensores fueron criminalizados y, en la última semana, dos líderes de ese movimiento comunitario que se opuso al proyecto minero de Lenir Pérez fueron asesinados: Jairo Bonilla y Aly Dominguez, este último fue uno de los primeros ambientalistas criminalizados por defender el río de la destrucción de la empresa minera. El abogado Joaquín Mejía, experto en derechos humanos, apuntó en sus redes sociales que este asesinato también es responsabilidad del gobierno actual ya que, a pesar de las denuncias de abusos a los derechos humanos y afectaciones al medioambiente, el gobierno no ha cancelado las concesiones manteniendo el conflicto intacto.

Tras las elecciones de 2021, que resultaron en la victoria de Xiomara Castro como presidenta, las concesiones otorgadas a las empresas lideradas por Pérez fueron señaladas por funcionarios del nuevo gobierno y parte del sector empresarial. Incluso, en diciembre de 2021, la mandataria apuntó a la concesión adjudicada a la empresa Palmerola International Airport como un «contrato ilegal» por lo que anunció que sería revisado y modificado. Además, la presidenta prometió en su discurso inaugural el cese a los permisos de minas abiertas y concesiones sobre los ríos y pidió libertad para «los presos políticos de Guapinol», ocho ambientalistas que estuvieron en prisión durante casi dos años y medio a causa del conflicto medioambiental.

mel y xiomara Rio guapinol Bufete del actual ministro Tomás Vaquero representa empresas de Lenir Pérez, empresario señalado de vulneración a DDHH
Toma de posesión de la Presidenta Xiomara Castro quien es acompañada por su esposo y ex presidente, Manuel Zelaya Rosales. Foto CC/Jorge Cabrera

A pesar de una inspección realizada por el Ministerio Público en el Parque Nacional Carlos Escaleras que constató los daños al ambiente en la zona y otra inspección realizada por parte del viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), Malcom Stufkens e Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no hubo muestra concreta del cumplimiento de las advertencias de Castro, por lo que las empresas lideradas por Lenir Pérez y su esposa, Ana Facussé, siguen operando de forma normal y aumentan su capital a medida que sus actividades se expanden por toda la región centroamericana y el Caribe.

Y es que Pérez ha sabido establecer relaciones gubernamentales que protegen sus negocios; primero, con el gobierno del expresidente Hernández con diputados del Partido Nacional con quienes reconoció haber negociado la reducción de la zona núcleo del Parque Carlos Escaleras, área protegida donde opera la concesión minera y, segundo, en el caso de Palmerola para firmar un contrato con el presidente sin que sus empresas tuvieran experiencia en el rubro aeroportuario.

La Secretaría de Gobernación, que dirige Vaquero, tiene la misión de rectorar lo concerniente al gobierno departamental y municipal, convirtiéndose en el enlace directo entre gobernadores, alcaldes y la presidenta. Además, debe procurar el acceso a la justicia, la vinculación del poder ejecutivo con organizaciones de sociedad civil, y entre sus funciones también tiene «la promoción del acceso y la aplicación oportuna e imparcial de la justicia».

Los poderes de esta Secretaría sobre las municipalidades y las gobernaciones departamentales y la observancia del acceso a la justicia en el país, le podrían brindar al empresario Lenir Pérez un contacto invaluable para incidir en el poder local en las zonas en donde mantiene sus inversiones y tendría influencia en el enlace directo entre la presidenta y organizaciones de sociedad civil, que en varios casos reclaman abusos a derechos humanos en contra de las comunidades donde Pérez mantiene sus inversiones.

El 8 de marzo de 2022, las redes sociales de la Secretaría de Gobernación publicaron la foto de Tomas Vaquero juramentando como gobernador del departamento de Colón al alcalde electo de Tocoa, Adán Funez, señalado por organizaciones defensoras del ambiente de ser uno de los principales aliados de Lenir Pérez y Ana Facusse para el funcionamiento de la mina propiedad de Inversiones Los Pinares.

En un comunicado público del 11 de julio de 2022, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa apuntó que «Adán Fúnez está comprometido y corrompido por el empresario Lenir Pérez». La municipalidad de Tocoa y la empresa Ecotek, parte del grupo EMCO — que posee otra concesión en la zona de amortiguamiento del parque Carlos Escaleras — actualmente están siendo investigadas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) por la supuesta adulteración de un acta municipal de cabildo abierto con el objetivo de cumplir el requisito de socialización del proyecto.

Finalmente, ante la presión de las comunidades, Fúnez renunció al cargo de gobernador y dejó en su lugar a Icxer Barahona, quien se encontraba en una relación de subordinación con Fúnez ya que fungía como encargado de relaciones públicas en la municipalidad, y que miembros de la comunidad en Guapinol aseguran que pertenece a su círculo cercano; además, participó como candidato a diputado por la misma corriente del alcalde de Tocoa. Adán Funez sigue siendo el alcalde de Tocoa y según fuentes de la zona, es quien se reúne con altos funcionarios en privado y en el territorio de la empresa procesadora de metales propiedad de Pérez.

Funez también ha sido señalado por sus vínculos con el cartel de Los Cachiros. En 2017, Devis Leonel Rivera Maradiaga declaró en una corte de los Estados Unidos que el alcalde de Tocoa brindó asistencia al cartel a cambio de sobornos. Previo a esas declaraciones, Funez ya había admitido en uncabildo abierto que mantuvo una relación de amistad con miembros de esta familia criminal.

Lenir Pérez y sus conexiones con el gobierno de la «refundación»

Según la documentación encontrada por Contracorriente, el 1 de junio de 2020 ,Pamela Blanco recibió un «poder general para pleitos» en cinco empresas parte del Grupo Emco: Inversiones Los Pinares S.A de C.V, Alutech S.A de C.V, Constructora EMCO S.A de C.V, Empresa Aduanera de Importaciones y Exportaciones S.A de C.V y en Palmerola International Airport S.A de C.V. Además, la empresaria Ana Facusse, quien también es socia y esposa de Pérez, le otorgó ese mismo día poderes a Blanco en la empresa Xtreme Twistters S. de R.L.

Desde entonces, Pamela Blanco ha trabajado continuamente para las empresas de Lenir Pérez y, por ejemplo, fue la notaría que se encargó de la constitución de al menos cinco empresas que forman parte de este conglomerado. Las empresas constituidas con los servicios legales de Blanco fueron: EMCO Corporación S.A, TREDESA, ADIMEX, EMCO F.S Honduras S.A de C.V y EMCO Comercial Honduras S.A de C.V.

Todos estos poderes y actas notariales para la constitución de las empresas fueron firmados en una oficina ubicada en el barrio Suyapa de San Pedro Sula perteneciente al Bufete Vaquero Blanco. De 35 empresas que Contracorriente encontró registradas a nombre de Lenir Pérez, en 14 de ellas Pamela Blanco Luque ha prestado sus servicios legales desde esa oficina que comparte con el actual ministro de gobernación.

Otro vínculo entre la familia Vaquero-Blanco y Lenir Pérez está en la Corporación Candeo, una sociedad anonima que constituyó en agosto de 2012 Laura María Blanco Luque, hermana de la abogada Pamela Blanco, con el presidente de la junta directiva de inversiones Atlántida, Guillermo Bueso Anduray, quien el mismo Lenir Pérez aseguró en un discurso público que fue su enlace con la banca privada nacional para la construcción del aeropuerto internacional Palmerola. La hermana de una de sus apoderadas, esposa del ministro de gobernación, es socia en una empresa con uno de sus socios en la banca nacional.

Banco Atlántida, que dirige Guillermo Bueso, fue además el agente y estructurador de un crédito de 163.5 millones de dólares otorgado a Palmerola International Airports por AFP Atlántida, Banco de Occidente, Banco Promerica, St. Georges Bank, Banco del País y el Banco de Desarrollo Rural.

La conexión con este bufete legal tiene especial relevancia en los negocios de Lenir Pérez ya que Tomas Vaquero, además de ser uno de los funcionarios de mayor importancia en el gobierno de Xiomara Castro, es un hombre de confianza de Manuel Zelaya, coordinador del partido Libertad y Refundación y expresidente de la República. La confianza en Tomás Vaquero es tanta que diversas fuentes confirmaron a Contracorriente que él fue el encargado a nivel nacional de la recaudación de fondos para la campaña política de Xiomara Castro en 2021, además de ser el encargado de la coordinación de Libre en San Pedro Sula.

El ingeniero Roberto Mena, quien fue parte de la coordinación de la campaña política del candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, Omar Menjívar, confirmó a Contracorriente que previo a iniciar la campaña para las elecciones generales, el expresidente Zelaya presentó a Tomás Vaquero y dijo que él iba a estar apoyando en esa zona con la obtención del financiamiento para desarrollar la promoción de los candidatos en San Pedro Sula y principalmente de la entonces presidenciable Xiomara Castro; además, les aseguró que ya había trabajado con él en otras campañas políticas.

«Era el enlace de la coordinación del partido acá en Cortés, si queríamos entendernos con Mel prácticamente era a través de él porque era quien estaba manejando la campaña de la presidenta a nivel de Cortés. Él tuvo la responsabilidad de buscar financiamiento también para la campaña de Omar Menjívar, pero al final, a nosotros no nos apoyó porque había ciertas discrepancias ya que ellos tienen su lógica desde una perspectiva liberal pero nosotros hicimos nuestro planteamiento para hacer las cosas distintas, entonces había diferencias», apuntó Mena.

Además, Mena aseguró que los enlaces empresariales de Vaquero, lejos de generar desconfianza, les generaron esperanza, «pensamos que se iba a tener más acceso y más apoyo de parte de los empresarios sin necesidad de comprometer alguna promesa, pero era muy difícil», y aseguró que un día Vaquero dijo que por culpa de las promesas de la presidenta de construir en el país el «socialismo democrático» le costaba poder conseguir fondos.

Sumado a la importancia que el actual ministro tiene en la estructura del partido Libre, hasta el momento Tomas Vaquero y Pamela Blanco son la única conexión visible entre los intereses de Lenir Pérez y la oficina del fiscal general del Ministerio Público, institución que, junto a la empresa minera, se encargó de liderar un proceso de criminalización y acoso en contra de las comunidades y defensores del parque Carlos Escaleras.

Contracorriente encontró que la familia Blanco Luque mantiene un lazo de amistad con el fiscal general Oscar Chinchilla, quien es constantemente invitado a los eventos importantes de la familia y además fue jefe de la abogada Nicole Vaquero Blanco, hija de Tomas y Pamela, quien se desempeñó durante al menos 9 años como abogada asociada directa al fiscal general.

El Ministerio Público acusó y logró encarcelar a ocho ambientalistas defensores del Parque Carlos Escaleras y el Río Guapinol que eran afectados por la minera de Lenir Pérez. 

De la misma forma, el Ministerio Público ignoró peticiones internacionales para detener los abusos a derechos humanos en el caso de los presos de Guapinol, como una carta enviada por Amnistía Internacional el 11 de diciembre de 2021 a la oficina del Fiscal General Oscar Chinchilla, en la que manifestaron «su preocupación por las graves irregularidades de la investigación y el enjuiciamiento en contra de los ocho defensores de Guapinol, concluyendo que las acusaciones penales en su contra, así como su prolongada prisión preventiva, son injustificadas y constituyen un uso indebido del sistema de justicia».

Tomas Vaquero Morris es un abogado y empresario reconocido en la zona norte del país que entre 2006 y 2007 fue director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) previo a incorporarse, a inicios de 2008, al gabinete del expresidente Manuel Zelaya.

En enero de ese año, Vaquero fue nombrado titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y desde allí se encargó de firmar los contratos de operación de proyectos de generación de energía, como fue el caso delProyecto Hidroeléctrico Mezapa, ubicado en el municipio de Arizona, Atlántida, al que se hanopuesto pobladores de las comunidades circundantes y organizaciones defensoras del territorio y el ambiente.

Además, Vaquero fue promotor de la Ley General de Minería que finalmente fue aprobada en 2013 y que diversas instancias de sociedad civil han señalado que tiene que revisarse o derogarse por favorecer a un reducido grupo de empresarios y propiciar daños al ambiente. Justamente en ese tiempo, Vaquero declaró que «no hay que ahuyentar a los inversionistas, lo que sí creo es en los mecanismos de control ahora en el mundo, hay normas de calidad y exportación que permiten la regulación y la aplicación de la normativa de explotación general».

Tras el Golpe de Estado de 2009, Vaquero enfrentó una acusación de la fiscalía por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios en la que se le dictó auto de formal procesamiento, pero finalmente resultó absuelto. En ese contexto, Vaquero siguió ejerciendo como empresario y abogado en el Bufete Vaquero Blanco ubicado en el barrio Suyapa de la ciudad de San Pedro Sula, en el que lo acompaña como socia su esposa Pamela Blanco.

Fue ante ella y en la misma oficina de su bufete legal, que en abril de 2016 Vaquero acudió para la constitución de una empresa denominada Ideas 21 S. de R.L, quedando evidenciado un vínculo de negocios entre la señora Pamela Blanco y Tomas Vaquero.

Cuatro años después, el 1 de junio de 2020, en medio de la pandemia por Covid-19, Lenir Pérez en su calidad de presidente del consejo de administración de Inversiones Los Pinares otorgó un «poder general para pleitos» en favor de la abogada Pamela Blanco en el que la facultó para representar a esa empresa dueña de la concesión minera en el parque Carlos Escaleras ante «cualquier institución administrativa del Estado en cualquiera de sus dependencias, ante los tribunales de justicia de la República de Honduras y ante autoridades competentes […]». Dicho poder sigue vigente hasta la fecha de publicación de esta investigación.

Apenas dos días después, el 3 de junio, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, una organización comunitaria articulada como proceso de organización y acción social contra el despojo producido por los proyectos extractivos en la zona, emitió una carta pública en la que exigió la liberación de 8 defensores del ambiente que guardaban prisión desde septiembre de 2019, esto ante un brote de Covid-19 dado en el Centro Penal de Olanchito, Yoro, donde se encontraban detenidos los defensores.

Justamente en marzo de 2020, el equipo legal de los defensores presentó un habeas corpus solicitando su liberación tras las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria que concluyó que la detención de los defensores de Guapinol no cumplía con normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, así como por contravenir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Humanos.

En ese momento, en la carta pública emitida por el Comité Municipal se responsabilizó «en primer lugar, al Estado cuyo gobierno dirige Juan Orlando Hernández, junto a Rolando Argueta en la Corte Suprema quienes tienen pleno conocimiento de la naturaleza de estas violaciones, en segundo lugar, se responsabiliza a la empresa minera Inversiones los Pinares cuyo responsable es Lenir Pérez y Ana Facusse en Honduras por la vida e integridad de los defensores de derechos ambientales».

Rio guapinol Bufete del actual ministro Tomás Vaquero representa empresas de Lenir Pérez, empresario señalado de vulneración a DDHH
Los habitantes de Guapinol escriben mensajes que defienden la vida en las enormes rocas que hay en su río. Guapinol, Tocoa, 11 de agosto de 2022. Foto CC/Fernando Destephen.

A pesar de la exposición pública del conflicto y que seguramente Pamela Blanco estaba enterada de cada uno de los detalles del mismo, el poder legal para representar a esta empresa recayó en la oficina del bufete legal que conforma quien dos años después ocupó el cargo de secretario de Estado en el despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Rita Romero, que acompaña al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, aseguró que hay varias acciones del actual gobierno que dejan claro que hay una sociedad con las empresas de Lenir Pérez.

La abogada Romero se refirió a la construcción de la nueva academia militar de aviación que será ejecutada por la empresa Palmerola International Airports de Lenir Pérez, la cual se ubicará en la Base Aérea «José Enrique Soto Cano» junto al aeropuerto civil.

Según la información oficial, el proyecto está preliminarmente valorado en más de 91 millones de lempiras, los que serán puestos completamente por la empresa como parte del cumplimiento del compromiso de Palmerola International Airport con la Academia Militar de Aviación cuya sede original fue desplazada hace unos años por la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Palmerola. En el inicio de las obras estuvo presente el empresario Lenir Pérez y el sobrino de la presidenta José Manuel Zelaya, titular de la Secretaría de Defensa.

«No podemos negar que en noviembre y diciembre pasado [2021] fue como una gran luz de esperanza, pero a este momento esa luz de esperanza se ha trastocado en una verdad y creo que ha sido bueno el aprendizaje, y es que es ilusionista pensar que un cambio de administración gubernamental puede dar al traste con una inversión bien montada en un país para beneficiarse solo ellos y que aquí se trata de que la fuerza está en la colectividad poblacional», concluyó la abogada Romero.

Consultamos vía correo electrónico y llamada telefónica a la abogada Pamela Blanco Luque para conocer su visión con respecto a un posible conflicto de interés de parte de su esposo y socio el ministro Vaquero, debido a su relación como apoderada legal en empresas del grupo liderado por Lenir Pérez. El correo no fue respondido al cierre de esta nota y a través de una llamada telefónica la reconocida abogada y notaria nos dijo que ella era una persona «de bajo perfil» y que no daba entrevistas, menos refiriéndose al tema por el que la llamamos: su relación con el empresario Pérez.

Contactamos vía correo electrónico, vía llamada telefónica y mensajes de whatsapp al ministro Vaquero para conocer su nivel de involucramiento en los trámites legales del empresario Pérez que se firman en su despacho y su posible conflicto de interés con el caso Guapinol, pero a través de la llamada solo nos dijo que revisaría su correo para darnos respuesta, sin embargo, al cierre de esta nota, el correo no fue respondido.

También contactamos al ministro de la presidencia, Rodolfo Pastor de María para conocer la visión desde la Presidencia de la República sobre el posible conflicto de interés de un miembro de su gabinete y cómo responde éste al conflicto que sigue latente en la comunidad de Guapinol, sin embargo, el ministro nos remitió con la SERNA y la SEDH, e insistió que no podía hablar de algo que no conocía y que, según él, no le compete. 

Finalmente, escribimos al ministro de defensa, José Manuel Zelaya para consultar sobre el trato que hay entre Lenir Pérez y el gobierno para la construcción de la academia militar de aviación que ejecuta la empresa Palmerola International Airport, sin embargo, no obtuvimos respuesta.

El parque Carlos Escaleras en más peligro que nunca

Además del nombramiento de Adán Funez realizado por Tomas Vaquero, otro punto opaco en el historial de la pareja Vaquero Blanco es que, en 2005, la abogada Pamela Blanco Luque se encargó de la constitución de la empresa Distribuciones Latinas S. de R.L propiedad de Christian Jamil Suazo Sánchez, quien en noviembre de 2020 fue arrestado en Estados Unidos y en octubre de 2022 fue sentenciado en una Corte del Distrito Sur de La Florida a una pena de cinco años y nueve meses de prisión por haber sido declarado culpable de los delitos de narcotráfico y lavado de activos.

Según reportes de medios nacionales, Suazo Sánchez fue socio de Fredy Mármol, capo de la droga extraditado en octubre de 2021 hacia Estados Unidos, que se declaró culpable por los cargos de conspiración para distribuir cocaína y fue condenado a una pena de 20 años de prisión.

Los antecedentes oscuros de Adán Fúnez y Tomas Vaquero han resultado en que la comunidad y los defensores del ambiente se encuentren en una situación de indefensión y peligro latente.

Leonel George, integrante del Comité Municipal y líder comunitario, dijo a Contracorriente que como defensores contaban que con el nuevo gobierno y su discurso de defensa de los derechos humanos iba a terminar la persecución política y que las fuerzas de seguridad estatal ya no iban a cuidar a la empresa minera; sin embargo, se han enfrentado a un escenario contrario.

«Ha ido bajando la esperanza y lo que creíamos por las personas que han ido ubicando en distintas instituciones y que se sabe que sus antecedentes no han sido tan limpios ni transparentes, entonces ha bajado esa confianza por el triunfo de la presidenta», apuntó Leonel.

El defensor explicó que se presentó una oposición formal ante la Secretaría de Gobernación por el nombramiento de Fúnez, en la que justificaban que esta acción atentaba contra los defensores del ambiente en la zona y con ese cargo le daban más poder a Fúnez y los defensores se volvían más vulnerables.

«Tanto el alcalde como el nuevo gobernador continúan considerando que somos sus enemigos, simplemente porque estamos en contra de la explotación minera y ellos están a favor, eso es expresado muy claro por ellos y ese es el motivo por el que no ha sido posible establecer relaciones de diálogo ni de avanzar en conversaciones para tratar esos temas con el gobierno. La empresa sigue protegida y sigue teniendo el control absoluto», explicó Leonel.

Además, apuntó que la respuesta de las autoridades de la SERNA, liderada por el secretario de Estado Lucky Medina, y del Instituto de Conservación Forestal (ICF) liderado por Luis Soliz, es que están estudiando los expedientes de los proyectos. Sin embargo, Leonel dijo que ya es suficiente tiempo para seguir poniendo dichas excusas, y aseguró que estos retrasos le están dando ventaja a la empresa para que siga destruyendo, amenazando, criminalizando y explotando los recursos de las comunidades.

«Solo quisiéramos creer que no es un plan en el que se han puesto de acuerdo para darle ventajas o beneficios en la ilegalidad para que puedan aprovechar de los recursos y destruir la zona de este Parque Nacional», apuntó Leonel.

Finalmente, George aseguró que los defensores del ambiente ligados a este conflicto se sienten más desprotegidos y con mayor riesgo que previo al inicio del gobierno de Xiomara Castro porque «la empresa ha tenido a Fúnez como aliado aquí en Tocoa y ahora él tiene mucho más poder y eso a las comunidades y nosotros nos pone más vulnerables porque pues entendemos que si existen estos intereses de explotar no les va a importar ninguna oposición».

Bufete del actual ministro Tomás Vaquero representa empresas de Lenir Pérez, empresario señalado de vulneración a DDHH
Defensores del medio ambiente en Guapinol, Tocoa al norte de Honduras continúan exigiendo la cancelación de las concesiones mineras en su territorio. FotoCC/ Fernando Destephen

En agosto de 2022, el Comité Municipal emitió un informe técnico geológico en el que se describe el impacto ambiental de lo que ahora es el megaproyecto minero de las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotek que incluye dos concesiones mineras: ASP y ASP2 a Inversiones Los Pinares, una planta de beneficio y paletizada propiedad de Inversiones Ecotek, una planta de generación eléctrica con capacidad de 50 megavatios y una contrata de aguas nacionales sobre el Río Guapinol.

Dicho informe concluye en que «este proyecto minero, desde un principio fue mal concebido por las autoridades gubernamentales que, abusando de su autoridad, propiciaron el daño al medio ambiente. Asimismo, el clamor comunitario revela la magnitud de la inconformidad comunitaria con un megaproyecto minero que no se sabe a ciencia cierta qué intenciones tiene y que está dañando gravemente sus fuentes de agua, su bosque y sus medios de vida».

Además, la parte legal de las comunidades exigió en diferentes instancias la aplicación del principio precautorio establecido de la Declaración de Río de Janeiro citando que «cuando haya peligro de daño grave o irreversible, sin que la falta de certeza científica absoluta sea utilizada como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente», todo esto debido al peligro de daño grave o irreversible en la zona de riesgo en que dicho megaproyecto opera.

Contracorriente intentó reiteradamente contactar a través de llamadas y mensajes a Lucky Medina, titular de la SERNA, al viceministro Malcom Stufkens y a Ariel Madrid, secretario de esa institución, para consultar sobre las acciones realizadas desde esa dependencia relacionadas al conflicto en el Parque Carlos Escaleras. Sin embargo, ninguno respondió.

La abogada Rita Romero opinó que en este caso la responsabilidad que tendrán los funcionarios de la SERNA ante la destrucción que se está cometiendo en el Parque Nacional Carlos Escaleras y la afectación en los medios de vida de las comunidades es una culpa y responsabilidad por omisión.

«En SERNA no nos dicen que el proyecto debe seguir, pero no nos resuelven, no cancelan la licencia. La semana pasada ya metimos un último escrito y pedimos que cancelen la licencia de ASP y ASP2 porque hay vasta evidencia de la explotación ilegal y los daños. Evidencia sustentada en los mismos informes de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) que depende la SERNA», apuntó Romero.

Otra instancia que podría intervenir en la crisis ambiental que afecta a las comunidades de influencia del megaproyecto minero es la Comisión de Derechos Humanos del gabinete del Poder Ejecutivo, el cuál es conformado por representantes de diversas Secretarías de Estado, entre ellas, la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización. Esta instancia, creada por la actual administración, se encarga de tratar casos de forma interinstitucional; sin embargo, a pesar de la prioridad que la presidenta le dio al caso de Guapinol al iniciar su mandato, hasta el momento no se ha discutido sobre la exigencia de las comunidades de cancelar las concesiones otorgadas a las empresas de Pérez ante las irregularidades y los abusos a derechos humanos cometidos.

Guido Eguigure, viceministro de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó que en el caso de Guapinol hay cosas que sobrepasan la potestad del Ejecutivo, sobre todo porque los contratos de concesiones se ratifican y revisan en el Congreso donde el Partido Libre no tiene una mayoría absoluta.

«A veces nos topamos con que los argumentos de los fiscales coinciden casi al 100% con los argumentos de los acusadores privados en caso de defensores del territorio. Entonces igual qué podemos hacer nosotros del Ejecutivo con el Ministerio Público, no podemos hacer mucho claro, podemos hacer pronunciamientos, exigir que haya un apego al debido proceso podemos, pero más allá de eso no», explicó Eguigure.

Además, Eguigure aseguró que al menos en los altos mandos del ejecutivo ya se realizó un proceso de saneamiento por lo que cuentan con la plena confianza de que todos los titulares de las Secretarías cumplen con los parámetros de derechos humanos y legalidad que demanda el gobierno, pero explicó que, aunque el poder económico en el país es oscuro, no puede desconocerse, por lo que el gobierno tendrá que sentarse a negociar con estos empresarios conflictivos.

Bufete del actual ministro Tomás Vaquero representa empresas de Lenir Pérez, empresario señalado de vulneración a DDHH

Viceministro de la Secretaria de Derechos Humanos, Guido Eguigure en entrevista con Contracorriente. Foto CC/Fernando Destephen

Justamente, el pasado 9 de diciembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras celebró el día internacional de los derechos humanos en Tegucigalpa y tuvo como invitados a funcionarios del gobierno, entre ellos, Lucky Medina, quien en un momento tuvo que unirse a los gritos de los defensores del ambiente que exigían al unísono «¡Fuera Pinares! ¡Fuera Ecotek! ¡Fuera Lenir Pérez!».

Hasta la fecha de publicación de este reportaje no hay una respuesta concreta por parte de Lucky Medina a las exigencias de las comunidades afectadas por los proyectos extractivos de las empresas que lidera Lenir Pérez.

Lenir Pérez, el opaco paladín empresarial de Centroamérica

Esta no sería la primera ocasión en la que Lenir Pérez se favorece de negociaciones y conexiones con el sector gubernamental. Pérez pasó de ser un empresario con buenas inversiones en el sector de carga y construcción en la zona norte del país a crecer exponencialmente con la concesión para la mina en Guapinol y luego, en 2016, con la firma de un contrato con el expresidente Juan Orlando Hernández para la construcción y operación del nuevo aeropuerto de Palmerola. Dicho contrato se constituyó en condiciones especiales pues fue hecho a través de un decreto ejecutivo por orden del presidente Juan Orlando Hernández, omitiendo así cualquier posible discusión o retraso en el Congreso Nacional.

Sin experiencia en la construcción o administración de aeropuertos, el 31 de marzo de 2016, el empresario Lenir Alexander Pérez Solís y el expresidente Juan Orlando Hernández firmaron el contrato para la construcción y concesión del Aeropuerto Internacional Palmerola, uno de los contratos más grandes en la historia del país. El monto estimado por de la inversión fue de USD 163 millones, siendo la oferta más baja de todas las empresas licitantes del proyecto por lo que tuvo ventaja para ganar la concesión. Sin embargo, crecer en el sector empresarial no es tan fácil sin obtener amplias ganancias, por lo que ese negocio tendría que mejorar.

El 29 de mayo de 2019, dicho presupuesto sufrió justamente la modificación que requería la empresa gracias a una moción presentada por el diputado nacionalista Tomás Zambrano, y aprobada de manera irregular en medio de protestas al interior del Congreso Nacional.

Finalmente, el presupuesto original del aeropuerto de Palmerola se disparó en más del 80 por ciento, lo que planteó múltiples problemas al Estado para financiar esas obras adicionales. Esto fue revelado en un informe de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas publicado antes de la pandemia del Covid-19 en el que este organismo planteó el «riesgo potencial que el Concesionario no pueda terminar las obras por falta de fondos, o se creen compromisos para que estas obras sean parciales y con una calidad menor que la aprobada».

Debido a esos retrasos, el Aeropuerto Internacional Palmerola recibió otros USD 2.2 millones aprobados vía decreto ejecutivo por el Consejo de ministros en 2021 con el objetivo de acelerar las obras. El informe «Inconsistencias en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola» del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) plantea que el aeropuerto no traerá beneficios económicos al país en el corto plazo, el concesionario empezará a pagar al Estado de Honduras un canon por concepto de la tarifa de salida de pasajeros internacionales, pero con la condición de registrar anualmente 600,000 pasajeros internacionales. Según estimaciones, esto podría ocurrir pasados 10 o 15 años de los 35 que dura la concesión.

En el nuevo presupuesto del proyecto se amplió la cantidad que aportaba a la construcción el Estado de Honduras en USD 46.2 millones, resultando el presupuesto de las tres fuentes de financiamiento en fondos del concesionario (UDS 87.1 millones), fondos del Programa de Conversión de la Deuda de Honduras frente a España (USD 53.2 millones) y cofinanciamiento aportado por el concedente (Estado de Honduras) que en un principio era de USD 22.2 millones y ahora es de USD 68.4 millones. Sumado a esto, se amplió el tiempo de concesión de 30 a 35 años debido a retrasos en el inicio de las operaciones.

Ante la falta de transparencia en la aprobación de la ampliación presupuestaria, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un informe que dice que la concesión representa un riesgo para las finanzas del Estado. El informe señala que tras el inicio de las operaciones será el Estado de Honduras el responsable del mantenimiento, rehabilitación y mejora de las obras viales de acceso al aeropuerto de Palmerola, y asegura que «este hecho acarrea la imposición de mayores gastos versus los ingresos bajos y condicionados a eventos inciertos, bajo un mecanismo acomodado en favor únicamente del concesionario».

Ante estas irregularidades y tras la difusión de videos en redes sociales que mostraban las debilidades estructurales de la nueva construcción, la congresista Maribel Espinoza propuso ante el pleno del legislativo la revisión del contrato otorgado a Palmerola International Airport.

En esa comisión se encuentra el diputado del partido Libre por Francisco Morazán, Jari Dixon, quien aseguró a este medio que después de una serie de auditorías que realizaron como comisión del Congreso Nacional, ha llegado a la conclusión de que el contrato es una estafa para el pueblo hondureño.

«Se va a tener que buscar la vía judicial para declararlo un contrato leonino y que se pueda disolver, pero así a grandes rasgos ese contrato fue un contrato totalmente desventajoso para el Estado hondureño y habría que revisar si se cometió un delito para que el Ministerio Público deduzca responsabilidad tanto del corrupto como del corruptor», apuntó el congresista.

Además, Dixon aseguró que tiene sospechas de que estos negocios, que representan pérdidas para el Estado, no solo han servido para beneficiar a Lenir Pérez sino que otras figuras están ganando. Dixon, aseguró que Lenir Pérez «es testaferro» porque «me parece muy raro que una persona se vuelva multimillonaria y se fortalezca tanto y que tenga tantas cosas en tan poco tiempo».

La empresa Alutech S.A. se ha extendido por toda Centroamérica y en El Salvador donó un millón de dólares para la campaña del Partido GANA que en 2019 llevó a la presidencia a Nayib Bukele en El Salvador. Un año después, esta empresa obtuvo la adjudicación para operar y administrar la terminal de cargas del aeropuerto de ese país.Alutech S.A. fue beneficiada con la adjudicación de la primera asociación público privada en El Salvador después de una licitación internacional pública. Según noticias de medios en ese país, Alutech fue la única concursante que presentó propuesta técnica y económica, a pesar de que otras 33 empresas compraron los TDR para aplicar. Esta alianza público privada es un proyecto que tuvo participación del gobierno estadounidense a través de su programa FOMILENIO II, parte del Millenium Challenge Corporation (MCC).

La inversión inicial de esta alianza público privada es de 13 millones de dólares en su primera etapa y en la segunda será de 44 millones de dólares en la que el grupo EMCO hace alianza con Aeropuertos de Munich, tal como lo hizo en la concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola en Honduras. A pesar de los conflictos que rodean este consorcio empresarial, estos empresarios han podido atraer a fuertes colaboradores como Aeropuertos de Munich o, por ejemplo, la productora de acero más grande de los Estados Unidos, la Corporación Nucor, la cual tuvieron de socia durante cuatro años para construir una mina y una planta procesadora a pesar de fuertes indicios de irregularidades y una presunta persecución de campesinos y ambientalistas que viven en los alrededores de la mina.

En 2020, Alutech emitió certificados de inversión en la Bolsa de Valores de El Salvador por $60,000,000. Según el Pacific Credit Rating (PCR), la empresa Alutech está categorizada como AAA por su alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados sin verse afectada por la industria. El PCR establece que «Alutech Honduras, quien funge como casa matriz, es la empresa líder en techos y materiales para la construcción en Honduras, al registrar una participación de mercado de 63%. Asimismo, Alutech El Salvador, que funciona como una sucursal para comercializar los productos de Alutech Honduras, presenta una participación más conservadora del 14% y se posiciona como la segunda compañía más fuerte en el mercado de El Salvador».

En el 2018, Alutech, S.A. de C.V., Honduras, se convirtió en el accionista mayoritario de Alutech, S.A. de C.V. El Salvador, Alutech, S.A. de C.V. Guatemala y Alutech, S.A. de C.V. Nicaragua, mediante la capitalización de las cuentas por cobrar. En el 2016, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, aprobó la fusión por absorción de las Compañías Inversiones EMCO, S.A. de C.V. y Honduras Business Import & Export, S.A. de C.V., con Alutech, S.A. de C.V.

En 2020, el grupo Emco amarró otro contrato multimillonario en la región, en este caso en Guatemala, donde en noviembre de ese año se le adjudicó el proyecto del aerómetro en Ciudad de Guatemala, valorado en un total de 156 millones de dólares, según información publicada por el sitioPrensa Comunitaria.

De esta manera, Lenir Perez junto a su esposa Ana Facusse y todo el conglomerado de empresas del Grupo Emco conectan diversas alianzas públicas en la región para mantener sus negocios y lograr la expectativa que el mismo Pérez anunció en su momento: lograr volúmenes de ventas que lleguen a los mil millones de dólares anuales.

Contracorriente contactó vía whatsapp y llamada telefónica al abogado Erick Spears, director legal de grupo Emco con el objetivo de solicitar una entrevista con el empresario Lenir Pérez y cuestionar sobre su relación con la abogada Pamela Blanco Luque y los posibles beneficios que pudo haber obtenido de esa cercanía con el ministro de Gobernación y Justicia; sin embargo, sólo contestó que estaba esperando la autorización del equipo de relaciones públicas para confirmar si la entrevista se realizaría. Hasta el momento de la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

¿Cuál es el futuro de las concesiones propiedad de Lenir Pérez?

En abril de 2013, la empresa Inversiones Los Pinares solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva, según información del Instituto Nacional de Geología y Minas de Honduras (INGEOMIN). En diciembre de 2013, el Congreso Nacional, mediante Decreto 252-2013, modificó la delimitación del parque para reducir 217 hectáreas de su zona núcleo y convertirlas en zona de amortiguamiento. El decreto no lo decía, pero con ese cambio la minera podía operar porque la ley hondureña sí permite actividades como la minería no metálica en las zonas de amortiguamiento.

Pérez Solís admitió en 2020 haber organizado reuniones con representantes del gobierno para que los funcionarios replantearan los límites del área núcleo del parque.

Ese decreto, que redujo la zona núcleo del parque, fue presentado ante el Congreso Nacional por el exdiputado suplente Ricardo Antonio Díaz Aceituno del Partido Nacional (2010-2014). Ricardo Antonio Díaz Aceituno fue acusado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en junio de 2022 por sus vínculos a operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional en colusión con organizaciones no gubernamentales. La Uferco acusó a Díaz Aceituno junto a tres ex diputados (uno de ellos, el diputado Oswaldo Ramos Soto del que Díaz Aceituno era suplente) y el actual diputado Alberto Chedrani, del desvío de unos 773 mil dólares.

La junta directiva del Congreso Nacional que aprobó ese decreto la conformaban los diputados nacionalistas Mauricio Oliva Herrera, como presidente; Rigoberto Chang Castillo, como secretario y Gladys Aurora López, como secretaria. Ésta última estuvo involucrada en las investigaciones de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción por malversación de fondos públicos (MACCIH). 

Chang Castillo fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2016), el mismo puesto que ahora ocupa Tomas Vaquero y según los medios de comunicación se constituyó como uno de los hombres de confianza del ex presidente Hernández desde que éste fungía como presidente del Congreso Nacional. 

Chang Castillo es dueño de la empresa Concretos Argos Honduras, que fue la encargada de preveer 30 mil toneladas de cemento para la construcción del Aeropuerto Internacional Palmerola. Chang Castillo es el padre de Catherine Yamileth Chang Carías, esposa del fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, amigo cercano de Vaquero y Blanco Luque.

En 2014, el ICF declaró «no factible» el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque al dictaminar que su impacto sobre la flora y la fauna sería severo, ya que es una mina a cielo abierto y, aún con la reforma, la concesión está muy cerca del núcleo del parque. El reporte además determinó que 32 hectáreas de bosques latifoliados (tropicales de maderas más duras) y un río a cien metros del proyecto que abastece de agua a la comunidad Corozales podrían verse afectados por la mina.

Tras esa reforma legal, pocos meses después les fueron otorgadas a EMCO Mining Company (ahora bajo el nombre de Inversiones Los Pinares) las concesiones ASP y ASP2, de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro. Y a pesar del informe del ICF, la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto.

El pasado 30 de noviembre, Leonel George junto a Rosa Aquino, del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, escribieron a mano una carta y la entregaron ante el despacho del secretario privado de la Presidencia que preside Héctor Zelaya. En dicha carta manifestaban la necesidad de que se nombre a un director ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) para dar cumplimiento a una solicitud que realizaron en mayo de 2022 pidiendo que se cancelaran «los derechos mineros otorgados a favor de Inversiones Los Pinares en la zona protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras».

Sin embargo, hasta la fecha de publicación de este texto, la presidenta no ha dado ni una comunicación de respuesta ante dicha solicitud.

Del otro lado, quien sí parece mantenerse tranquilo mientras sus inversiones aumentan es Lenir Perez y el grupo Emco, acompañados por su equipo legal que incluye a Pamela Blanco Luque. Y es que hasta 2022, Blanco permaneció involucrada en las operaciones del grupo empresarial mientras su esposo, el actual ministro Tomas Vaquero Blanco se encarga de dirigir la Secretaría de Gobernación y Justicia.

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