Miembro de la Junta Nominadora revela que candidatos con tachas avanzaron porque eran «funcionales» a intereses de sectores que los apoyaron

Nota aclaratoria: En su primera publicación, este artículo tenía como titular: "Miembro de la Junta Nominadora revela que hubo negociaciones para seleccionar a candidatos no idóneos". Ante la solicitud de aclaración del señor Tomás Andino, suplente de sociedad civil en la Junta Nominadora, hemos cambiado el titular ya que el término negociaciones no fue dicho por él sino que fue una interpretación del periodista que firma la publicación partiendo de la siguiente cita: «son de la preferencia de otros sectores que los apoyaron y que ven cualidades en ellos porque a sus intereses son funcionales». Enmendamos el error, por lo que la publicación tiene una modificación realizada al mediodía del 31 de enero, cuatro horas después de publicarse en su primera versión.


Texto: María Celeste Maradiaga y Leonardo Aguilar
Fotografía: Fernando Destephen 

Tomás Andino, miembro representante de la sociedad civil en la Junta Nominadora, afirmó a Contracorriente que, en este momento, los partidos políticos deberían dar un ejemplo y colocar a los candidatos y candidatas mejor calificados en sus listas para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), después de que en la sesión del pasado 25 de enero fue suspendida a media noche tras no existir consensos sobre nómina de 15 candidatos a magistrados para ocupar la Corte presentada por el partido Libre. 

Sobre algunos candidatos que obtuvieron baja calificación por la Junta Nominadora, Andino explicó que «esto es porque detrás de cada calificación menor hay un hallazgo de algo que es inconveniente para el país, hay un hallazgo de una debilidad de ese candidato o candidata que lo hace menos idóneo para llegar a ejercer el cargo de alta magistratura», y mencionó que, por el contrario, los abogados notarios que ocupan los primeros lugares de la lista es porque se identificaron hallazgos positivos en cuanto a independencia judicial, conocimientos y ética profesional.

Miembros de la Junta nominadora presentan la lista de los 45 abogados de los cuales 15 serán elegidos para formar parte de la nueva corte suprema de justicia .Foto CC /Fernando Destephen

Respecto a la lista de los 45 mejores candidatos y candidatas entregada por la Junta Nominadora al Congreso Nacional, Andino aseguró que, desde la sociedad civil, no quedaron del todo satisfechos con la conformación de ese listado, y que existen personas que quedaron incluidas «porque son de la preferencia de otros sectores que los apoyaron y que ven cualidades en ellos porque a sus intereses son funcionales».

Sobre la resolución de las tachas, Tomás Andino aclaró que estas se resolvieron mediante votación, y que desde la sociedad civil observaron que hubo candidatos a los cuales el resto de los sectores que integran la Junta votaron por que se les quitaran las tachas; sin embargo, Andino afirmó que, aunque ellos mantuvieran la posición de sostener las tachas, esos candidatos quedaron en la lista final.

«Respecto a eso no tenemos un visto bueno, pero aceptamos la realidad del juego y la realidad del juego es lo que la mayoría decidiera y así se fue, pero nosotros no apoyamos a algunos y es de público conocimiento, y pues creemos que eso deberían de revisarlo pero eso ya es decisión de los partidos» apuntó Tomás.

En el caso de los candidatos y candidatas a magistradas que han sido cuestionados y que figuraron en la lista presentada por el Partido Libre el pasado 25 de enero, Andino opinó que es un error por parte de los partidos políticos que se incluyan a personas cuestionadas, y que si esto no se corrige, la ciudadanía podría pagarlo caro durante 7 años, período de duración de las máximas autoridades del Poder Judicial.

Entre los candidatos con más tachas y denuncias presentadas están Anny Belinda Ochoa (nacionalista), Daniel Arturo Sibrián Bueso (liberal), Gaudy Alejandra Bustillo Martínez (nacionalista), Milton Jimenez Puerto (de la vieja guardia del Partido Liberal y cercano al Partido Libre) y Edin Yobany de la O Ramos (nacionalista). La mayoría de estos figuró en la nómina fallida presentada por el partido de Gobierno el pasado 25 de enero.

Al consultarle al diputado Ramón Barrios, miembro de la bancada de Libre y presidente de la comisión de asuntos constitucionales, qué piensa sobre negociaciones dentro de la Junta Nominadora en donde resultaron candidatos no idóneos, expuso que «mal haríamos nosotros en hacer especulaciones de la Junta Nominadora». 

El congresista Barrios afirmó que «la ley [Constitución de la República] le da la potestad al Congreso Nacional de escoger de entre esos 45 miembros enviados por la Junta Nominadora. Hay un consenso general de que la Junta Nominadora hizo un gran trabajo. Si nosotros ponemos en duda los 45 miembros que nos ha mandado la Junta, después de ese gran trabajo, sería no apoyar». 

Barrios agregó que, para la bancada de Libre, la calificación dada por la Junta a los candidatos es solamente «una referencia, pero pedagógicamente no estamos vinculados a decidir sobre los primeros 15, porque si no, no tendría sentido».

«Estamos negociando, platicando, consensuando; este es un parlamento, no debe de extrañar que estemos dialogando, esto no solo pasa en Honduras, pasa en Estados Unidos. Creo que aquí más bien es bastante democrático el hecho de que la Junta Nominadora haya nominado a 45 personas, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, el Presidente nombra a los candidatos y el Senado solo los confirma. Así que me parece que nuestro proceso es mucho más democrático y mucho más cualitativo», expuso el congresista de Libre.

El diputado Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, tiene la misma postura de Ramón Barrios en cuanto a los candidatos tachados y señalados de representar a sectores que buscan instrumentalizarlos una vez lleguen a la Corte Suprema de Justicia.

«Es un tema constitucional. La Constitución no dice que hay que escogerlos de acuerdo a la nota en que fueron evaluados, en el Congreso empieza todo el mundo de cero. Eso queda bien claro y de acuerdo a la ley no se establece que la elección deba hacerse de acuerdo a los porcentajes», expresó Segura, al tiempo que dijo que «hay que rescatar que Libre tiene una pretensión de 7, y ya no de 8 [magistrados] Nosotros hemos hecho una propuesta de que sean 5 de Libre, 5 del Partido Nacional y 4 del Partido Liberal, eso nos daría un balance en la Corte Suprema», expuso Segura, quien no mencionó nada sobre el voto restante.

En la sesión llevada a cabo el 25 de enero, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, dijo que todos los candidatos que figuran en la lista de 45 «valen lo mismo» en el proceso de elección de los próximos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin mencionar la relevancia de los y las candidatas mejor calificados por la Junta Nominadora, entre ellos, Ana Pineda y Roy Pineda, este último integrado en la moción nominal del Partido Libre.

En la lista proporcionada por la Junta Nominadora están Ana Pineda, con 93.22 %, siendo la candidata mejor puntuada entre las candidatas mujeres. Roy Pineda, con 92.95 %, fue el mejor evaluado entre los candidatos hombres.

La Junta Nominadora, que se declaró disuelta el pasado 23 de enero cuando entregó la nómina de 45 candidatos, estuvo conformada por Olban Valladares y Helui Castillo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); Waldo Rivera y Julissa Aguilar del Claustro de Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; Mario Urquía y Reina Nájera del Colegio de Abogados de Honduras (CAH); María Elena Sabillón y Joel Almendarez de la Conferderación de Trabajadores; Josue Padilla y Daysi Rodriguez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Martha Dubón y Tomás Andino de la sociedad civil. La secretaría técnica de la Junta Nominadora estuvo encabezada por Gustavo Solorzano, miembro del Cohep junto a Ariel Díaz y Karol Bobadilla, Karla Alegría en la secretaría técnica adjunta y Rafael Jeréz, asesor de la secretaría.

Después de que el Partido Libre presentó una moción nominativa con 15 candidatos y candidatas a magistrados – algunos cuestionados por acciones arbitrarias en el pasado y otros por vínculos familiares – no se han conocido avances en las negociaciones entre las distintas bancadas para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sobre esto, Mateo Yibrin, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) opinó que, aunque las negociaciones políticas dentro del hemiciclo Legislativo son naturales, no es aceptable que se esté negociando impunidad para casos populares o negociando personas que van a ir a la Corte a defender intereses particulares de políticos.

«Nosotros esperamos que sí se tome en cuenta la calificación de la Junta Nominadora a los candidatos y que, por lo menos, la mujer que tuvo la calificación más alta y el hombre que tuvo la calificación más alta deberían de estar en la lista» expresó Yibrin a Contracorriente.

Yibrín aseguró que él sí espera que, conforme a la Ley, se elija a los próximos magistrados y magistradas dentro del listado de los 45 entregado por la Junta Nominadora, y apuntó que dentro de ese listado «hay hombres y mujeres decentes que nos pueden dar un mejor futuro dentro de la Corte Suprema de Justicia».

Sobre esto, Martha Dubón, representante de sociedad civil en la Junta Nominadora, aseguró a Contracorriente en una nota anterior de finales de octubre de 2022, que existía «el peligro de caer en negociaciones políticas [dentro de la Junta Nominadora] si cada uno de estos sectores quiere tener en juego a sus candidatos», y mencionó que los votos de la Junta estarían seccionados en bloques, un bloque de cuatro sectores contra uno conformado por tres sectores.

Y es que hubo dos bloques bien marcados en esta Junta Nominadora, el primero aglutinó a cuatro sectores más conservadores: el Claustro de Docentes, la Corte Suprema, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh); mientras que, por otro lado, estuvo el bloque más cercano al partido de Gobierno: Sociedad Civil, el Colegio de Abogados y las Centrales Obreras.

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Organigrama tomado del portal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) referente a la Junta Nominadora Para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2023-2030.

Jefes de bancada en el Congreso convocados para negociar la CSJ

El Congreso Nacional envió la convocatoria para que este martes a las 6:00 p.m. se reúnan los jefes de bancada de los diversos partidos en el Congreso Nacional, para discutir varios puntos, entre estos, la aprobación de la nueva Corte Suprema de Justicia.

El diputado Ramón Barrios dijo a Contracorriente que, desde que quedó en suspenso la reunión del 25 de enero, los jefes de bancada y los miembros de comisiones especiales han mantenido una serie de reuniones buscando lograr el consenso de una planilla de 15 candidatos para presentarla ante el pleno del Legislativo.

Sobre la consulta de si este martes se puede estar eligiendo la CSJ, Barrios respondió «Yo diría que es más factible, si va a pasar algo esta semana, que sea entre miércoles y jueves. El ideal es que sea una elección en donde se pueda elegir en una sola planilla. De no ser así pues vamos a tener que ir al método que ya señala la Constitución de ir a uno por uno. Estamos buscando acuerdos».

Barrios afirmó que la Junta Directiva del Congreso está buscando que se presente una sola nómina con 15 candidatos a magistrados. 

«Las pláticas están llevadas para que haya una sola planilla, porque en realidad no queremos que pase lo de la vez pasada. Por eso estamos tomando el tiempo suficiente para llegar a una sola planilla y a una sola votación. Eso es lo ideal. De no llegar a una primera votación, se hará tantas votaciones como magistrados falten», sostuvo el congresista.

Por su parte, Mario Segura aseguró a Contracorriente que no han sostenido ninguna reunión con otras bancadas y «quizá mañana» se puedan tratar temas que tenemos pendientes en el Congreso.

«Todavía no hay consenso dentro del Partido Liberal ni hay consenso con las demás fuerzas políticas, sobre todo de cuánto va a ser la composición de los magistrados, según los partidos», expuso el jefe de la bancada liberal.

Al consultarle a Mario Segura por las declaraciones de Ramón Barrios – quien afirmó que ya cuentan con 10 magistrados consensuados – expuso que seguramente es porque entre Libre y el Partido Nacional ya existe un acuerdo.

Johana Bermudez, diputada del Partido Nacional, aseguró que, como bancada, los nacionalistas buscan una Corte que represente la voluntad del pueblo hondureño y que los próximos magistrados y magistradas sean transparentes y no representen a ningún grupo específico.

«La Junta Nominadora ha hecho un trabajo extraordinario, y lo menos que esperamos es que en Libre sean coherentes con su discurso y que de ninguna manera tomen el control absoluto de la Corte», afirmó Bermudez.

La diputada nacionalista agregó que dentro de los candidatos y candidatas que tienen el apoyo de su partido están hombres y mujeres que estan de acuerdo con su forma de pensar y con los «principios de respetar la vida, la familia, la paz y la democracia, que no tengan nexos con partidos politicos, económicos y con nigún grupo oscuro».

Bermúdez reiteró que, más que el puntaje de cada candidato o candidata y sus vínculos con los distintos partidos políticos o sus cuestionamientos en el pasado, pesa más que los posibles magistrados y magistradas estén en consonancia con los ideales del Partido Nacional. 

«Yo creo que es importante hacer un llamado a todos los sectores de la población para que estén pendiente de todos los procesos [de la elección de la CSJ] y asegurar que el Partido Libre, que tiene un ADN vinculado con la violencia, con el temor y con la constituyente, de ninguna manera pueda controlar la Corte Suprema de Justicia» , manifestó Bermudez.

La diputada de Libre, Silvia Ayala, afirmó a Contracorriente que han delegado a varios miembros de la bancada para que continúen los diálogos con otras bancadas representadas en el Congreso Nacional y expuso que espera que se presente un informe en la reunión de bancada de Libre este martes a la 1:00 p.m. en el Congreso Nacional.

Al consultarle si van a mantener a los mismos candidatos que presentaron en el listado inicial, Silvia Ayala dijo que «ese fue un primer intento de buscar nombres de personas destacadas que cumplen todos los requisitos constitucionales evaluados por la Junta Nominadora, o sea que, al estar evaluados por el listado de 45 cualquiera de estos colegas puede ostentar ese cargo. Se hizo una propuesta para cumplir con el mandato constitucional el día 25 de enero, si nosotros estuviéramos cerrados a esa propuesta pues no tendría sentido que se siguiera buscando diálogos, así que existe la más franca apertura para buscar consensos».

Sobre el escenario que pone a Jorge Cálix y los disidentes de la bancada de Libre en una nueva insurrección dentro del Partido Libre que termine con cambiar totalmente el panorama, Silvia Ayala manifestó que los diputados encabezados por Cálix han prometido internamente que apoyarán la línea del partido.

«Se realizó una reunión de bancada con el coordinador del partido, Mel Zelaya, en la cual los 50 diputados y diputadas de Libre asumimos el compromiso de buscar cualquier tipo de acuerdos que nos permitan cumplir con la obligación de elegir a los próximos magistrados de la CSJ garantizando los 50 votos y en esa sesión estuvo presente el diputado Jorge Cálix al igual que los otros diputados a los que usted hace referencia, y expresaron su compromiso en seguir las directrices del partido», expuso la congresista.

Por otra parte, Tomás Ramírez, jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) manifestó que la razón por la cual ese partido no está siendo considerado en las negociaciones de las otras fuerzas políticas es porque es la única bancada que en sus candidatos y candidatas tiene a los mejores calificados según la lista proporcionada por la Junta Nominadora.

«No ha habido un llamado por parte de las bancadas para considerar al Partido Salvador de Honduras» -dijo Ramirez en referencia con las negociaciones y a una posible nueva moción nominal de candidatos a magistrados. «Si fuese este el caso [si esa postura continúa] estaríamos retrocediendo en la elección de la CSJ, porque al menos el PSH le está apostando a los mejores magistrados y magistradas que tengan la idoneidad y se pongan la camisa de Honduras, no la camisa de un partido político, ni de poderes fácticos», dijo Ramírez.

Tomás Ramírez señaló que en el PSH ya tienen el listado de las y los mejores candidatos a magistrados, y que en la próxima reunión de esta bancada determinarán si la presentan como una moción nominal en el Congreso Nacional, «aunque estamos claros que los [candidatos y candidatas] que presente el PSH no van a ser tomados en cuenta», afirmó Ramírez.

Para el diputado del PSH, lo justo sería que, de no poder elegirse a los y las mejores candidatos calificados según la lista que proporcionó la Junta Nominadora, se escojan a los y las próximas magistradas conforme a la proporción de las cuatro bancadas de los partidos políticos, es decir, seis magistrados del Partido Libre, cinco del Partido Nacional al ser la fuerza política con mayor cantidad de congresistas (50 en total), dos del Partido Liberal 2 y uno del PSH.

El PSH emitió un listado de 11 candidatos a magistrados que consideran que no cumplen con los requisitos de idoneidad.

Ramírez afirmó que lo más probable para la elección de la CSJ es que el Partido Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal lleguen a un consenso dejando afuera al PSH.

El escenario que planteó Ramírez es que el Partido Libre con 50 diputados, el Partido Liberal con 22, el Partido Salvador de Honduras con 10 y los tres votos del los únicos congresistas del Partido Democracia Cristiana (DC), Partido Anticorrupción (PAC) y el diputado independiente Rolando Barahona sean quienes unan fuerzas para escoge a la nueva CSJ, pero, que aun así, se necesita 1 voto para alcanzar los 86.

Además, Ramirez consideró que, con tal de elegir a las y los mejores candidatos a la Corte Suprema de Justicia, vale la pena esperar hasta el 11 de febrero, día en que culmina el período de mandato de las autoridades actuales del Poder Judicial.

Diputados participan de la sesión del congreso nacional. Foto CC/ Fernando Destephen

Por su parte, Rolando Barahona, diputado independiente expulsado de la bancada del Partido Nacional, mencionó que ha preferido mantenerse al margen de todos los partidos políticos y no ha participado en ninguna de las negociaciones para la elección de los nuevos magistrados y magistradas.

«Mi postura y la posición que he mantenido es que ningún partido político debería de tener injerencia en el proceso de elección de la Corte, ni siquiera debería de pasar por los partidos políticos o por los diputados», indicó Barahona, quien además opinó que ningún partido político debería de tener el control absoluto de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo al Partido Libre.

Sobre la moción nominal presentada por el Partido Libre, el diputado manifestó que no está de acuerdo con que en esta no estén incluidos las y los candidatos mejor puntuados, pero que esto es una muestra del interés que persiguen los partidos políticos en la elección de la Corte.

«Si bien es cierto, hoy el tilin tilin de la Corte Suprema no es dinero, hoy tenemos que entender que el tilin tilin de la Corte es protección, y los partidos políticos lo que buscan es protección. Al final no les interesa quien es el más capacitado, ni el mejor profesional en sus capacidades, a ellos les va a importar quien va a ser afín a ellos y quién los va proteger más», subrayó Rolando Barahona.

Una Corte que responda a la consolidación del Estado de Derecho

Mateo Yibrín, presidente del Cohep, aseguró que la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) no debe de obedecer a la justicia tardía ni engorrosa, ni tampoco a la conveniencia política.

«Hoy un ciudadano común y corriente que hace un reclamo laboral a una empresa, por ejemplo, puede estar hasta 3 años esperando la resolución de su caso ¿Cree que es justo que ese ciudadano o que la empresa tengan que estar erogando gastos legales y honorarios durante tres años? Eso le resta competitividad a Honduras y le resta confianza, necesitamos exigir resultados desde el primer día a los próximos magistrados», manifestó Yibrin.

El diputado Barrios dijo que están eligiendo la Corte Suprema pero no olvidan que pronto tendrán que escoger también al Fiscal General. 

»En la comisión que presido, de legislación y asuntos constitucionales, hay dos proyectos para la elección de altos funcionarios. A mí me parece que el Congreso Nacional va a entrarle al dictamen de dos proyectos para tener una ley que pueda mejorar la elección de altos funcionarios, en este caso del Fiscal General y los magistrados del TSC», consideró Barrios.

Recientemente fue denunciado que, a pocos días de elegirse una nueva Corte, el Poder Judicial, a través del pleno de la CSJ que preside Rolando Argueta Pérez, está nombrando y designando a jueces de instancias inferiores.

«Al no haber Consejo de la Judicatura, pues las funciones administrativas las tiene el presidente de la CSJ, estamos preocupados por los nombramientos que se han hecho en los últimos 15 días. Tengo información de que algunos nombramientos sí son correctos, pero en su gran mayoría no obedecen a órdenes de meritocracia, sino que se está dejando una estructura para generar impunidad», consideró Barrios.

Al consultarle a Barrios sobre la petición del fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, de abrogar el decreto 116-2019 que activaría varios casos de corrupción que involucran a varios diputados del Congreso Nacional, el diputado de Libre dijo «Esa es la ley del fondo departamental y es una ley que debe ser derogada y modificada. Hay consenso en la bancada de Libre que debe ser derogada o reformada, en que en estos hay un conflicto de intereses en elegir una Corte Suprema de Justicia cuando varios diputados han estado involucrados en procesos judiciales cuando fueron beneficiados en la Corte Anterior y pueden ser beneficiados en la actual Corte».

Es preciso señalar que para la llegada de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) se ha solicitado la abrogación del decreto 116-2019 y la aprobación de otras normativas, como la Ley de Colaboración Eficaz y también otras reformas que tienen que ver con que la comisión tenga mayores facultades que la que tuvo la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

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Reportera de Actualidad en Contracorriente. Cubre temas de género, estructuras de poder, extractivismo y medioambiente, derechos sexuales y reproductivos, violencia y juventud, derechos humanos y migración. Cada día más empática gracias al periodismo que desempeña.
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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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