«Solución Contra el Crimen»: ¿Copia del plan de seguridad de Bukele?

A dos semanas de la aprobación de la segunda fase del «Plan Nacional de Seguridad «Solución Contra el Crimen (SCC)» que incluye la tercera ampliación del estado de excepción, se produjeron cuatro amotinamientos simultáneos en diferentes cárceles del país que actualmente están bajo el control de los privados de libertad. En ese contexto, Contracorriente organizó un Twitter Space para hablar de estos temas y cómo este plan se asemeja al plan de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador que ha reducido el poder de las pandillas a costa de la degradación de la democracia en ese país.

Texto: Virgilio Quiroz
Fotografía: Jorge Cabrera

El 31 de marzo, el gobierno de Honduras aprobó el Plan Nacional de Solución Contra el Crimen, que incluyó la ampliación del estado de excepción que abarca todo el país desde el pasado 6 de diciembre. Durante este tiempo, un conjunto de garantías constitucionales han quedado suspendidas. Dicho plan de seguridad busca reducir la violencia y otros delitos, como la extorsión y plantea una estrategia «de mano dura» tanto dentro como fuera de las cárceles que asemeja las medidas tomadas por el presidente de El Salvador.

Hace un año, Julissa Villanueva, viceministra de seguridad, sugirió revisar y adaptar el Plan de control Territorial de El Salvador, demostrando la simpatía del gobierno de Honduras con estas ideas y que ahora se intentan implementar en Honduras.

Daniel Valencia, periodista y editor en La Prensa Gráfica de El Salvador, dijo que es preocupante lo que se ve desde afuera en el país y hasta dónde puede llegar la similitud del plan de seguridad de Bukele con el Plan SCC que comienza en Honduras. «Preocupa, sobre todo porque ha sido una constante en la región, nuestros gobernantes de turno se copian políticamente. Con el tema de las pandillas, con las famosas manos duras que comenzó en Honduras luego saltó a El Salvador, que en realidad era [medidas] más propagandísticas».

La problemática en las cárceles de Honduras no es un tema reciente, lleva mucho tiempo siendo un asunto tratado por diferentes gobiernos; sin embargo, ninguno de ellos ha logrado solventarlo y, al contrario, lo que se evidencia es un historial de diversos casos de incendios, muertes y hacinamiento de privados de libertad. La suma de diversos factores a lo interno de los centros penales ha desencadenado una constante crisis en las cárceles de Honduras.

«Hay que analizar más allá de los hechos violentos que ocurrieron el fin de semana. El hacinamiento ha llevado a la ingobernabilidad en las cárceles» dijo Sandra Rodríguez, comisionada nacional del Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (Conaprev).

A pesar de que el plan SCC no es una copia exacta del plan de seguridad empleado en El Salvador, sí cumple con características parecidas. «Es evidente la utilización de la fuerza policial y de la Policía Militar para llevar operativos masivos a territorios donde por la estigmatización de que todos son delincuentes hay cateos, detenciones, capturas masivas, es muy similar al régimen de excepción en El Salvador» agregó Valencia.

Otra similitud destacable es la manera de gobernar, que apuesta por el uso de las redes sociales, algo que ha caracterizado a Bukele en la gestión presidencial. La afinidad con el gobierno de El Salvador se puede ver en la invitación que se realizó a Bukele a la toma de posesión o la visita del pasado 3 de marzo a El Salvador realizada por Manuel Zelaya, asesor presidencial y Hector Zelaya, secretario privado de la presidencia.

El gobierno de Honduras ha mostrado una cercanía total hacia el presidente Nayib Bukele. «Lo vemos desde los mensajes, desde las consignas, incluso desde la utilización de las redes sociales, para envíar mensajes muy similares como alguna vez hizo Bukele al inicio de su gestión» añadió Valencia.

Manejo de cárceles en la dirección equivocada

Con la ejecución del nuevo plan SCC se pretende sumar a las fuerzas policiales y militares al control de las cárceles a nivel nacional, en forma de apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INP) lo que significa que el manejo total de esa institución no estará en manos civiles, algo que fue ya hecho por el gobierno de Juan Orlando Hernández y que también va en contra de las recomendaciones propuestas en 2017 por Naciones Unidas (ONU).

De esta forma se violentan las disposiciones establecidas en las Reglas Mandela y Bangkok lo que significa el incumplimiento de tratados internacionales que han sido suscritos por Honduras. «Las cárceles son el reflejo de la sociedad. Hay que trabajar sobre los patrones mentales de la sociedad, el origen de la extorsión e implementar recomendaciones internacionales en los centros penales» dijo Jenny Almendares, integrante del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las victimas de la tortura y sus familiares (CPTRT).

Hasta el momento, Honduras cuenta con 18,226 hombres privados de libertad y 1,157 mujeres privadas de libertad, una población distribuida entre los 50 diferentes centros de detención según datos proporcionados por CPTRT.

Sumado a los problemas que se encuentran en cada centro penal con los privados de libertad también se ha dejado ver la carencia de apoyo al personal que labora en los centros penitenciarios.«El otro problema es la falta de personal en los centros penales. No se respetan los derechos laborales de los agentes y no reciben un salario digno» añadió Rodríguez del Conaprev y además dijo que se debe dejar a un lado el «populismo en el sistema penitenciario» ya que Honduras cuenta con una buena normativa que se debe respetar y apuntar a un verdadero sistema de reinserción.

Sin enfoque en la causa de la problemática

En El Salvador, el régimen de Bukele busca acabar con las maras y pandillas mediante el estado de excepción que suspende las garantías constitucionales con el apoyo de los entes policiales y militares.

El nuevo plan de seguridad para Honduras, se enfoca en atacar los mismos grupos criminales, pero su mayor foco es la extorsión sin contemplar un enfoque en las causas reales de la situación que ha desembocado en la profundización de la crisis carcelaria.

Por ello, Almendares comentó que se necesita trabajar primero con las necesidades que existen dentro de las cárceles como la reinserción y rehabilitación, antes de pensar en establecer políticas que atenten contra los derechos humanos.

Parte de lo que se debe realizar para el mejoramiento del sistema penitenciario y evitar una escalada en la crisis penitenciaria es mejorar las condiciones en las que se encuentra el INP. «Se fortalece el INP, tanto presupuestariamente como con las condiciones de especialización y sensibilización se capacita al personal penitenciario» recomendó Almendares.

Sobre
Virgilio Quiroz es voluntario en Contracorriente. Es periodista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cubre cultura, deporte, actualidad y crea contenido audiovisual.
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De nacionalidad nicaragüense y hondureña. Fotoperiodista con 20 años de experiencia en coberturas de contenido internacional. “El fotoperiodismo está presente en mi vida desde hace más de dos década y continúa siéndolo día tras día. “
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