¿Avanzan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Honduras?

A más de un año de gobierno, la presidenta Xiomara Castro firmó un Decreto Ejecutivo para legalizar la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) que estuvo prohibida casi 14 años en Honduras. El mismo día, el Congreso Nacional aprobó una Ley de Prevención de Embarazo Adolescente. Contracorriente organizó un Space para hablar de estos temas junto al Grupo Estratégico por la PAE (GE-PAE).

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la presidenta Xiomara Castro anunció en Twitter que había firmado un Decreto Ejecutivo para permitir la libre circulación de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) prohibida en el país desde 2009, después del Golpe de Estado. La PAE había sido aprobada en enero de 2023 por el ministro de Salud, José Manuel Matheu sólo en casos de violencia sexual.

La publicación en La Gaceta que quita la prohibición explica que «grupos extremistas» promovieron la prohibición «como una evidente proliferación de discursos de odio o anti-ideología de género aprovechando la ruptura del orden constitucional, con el fin de promover iniciativas que violentan o restringen los derechos de las mujeres».

Jinna Rosales, integrante del Grupo Estratégico por la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (GE-PAE) dijo que esta es la restitución de un derecho que le fue quitado a las mujeres y no se trata de un regalo. «Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en este país siempre han significado como esa moneda de cambio en los diferentes gobiernos que han transitado en estas últimas décadas. Tienen también una serie de intereses, no solo religiosos como lo hace ver esta clase conservadora, sino que políticos, económicos y sociales», señaló.

El 8 de marzo del 2022, organizaciones feministas se reunieron con Xiomara Castro en Casa Presidencial y, aunque cuenta que ella era sensible y consciente de la situación de las mujeres hondureñas, dijo que era la Secretaría de Salud la que debía eliminar esa prohibición.

El ministro de salud, José Manuel Matheu, declaró el año pasado que la PAE no era un tema de su interés, que tenía que consultarlo con las iglesias y, finalmente en diciembre, anunció que se aprobaría sólo en casos de violencia sexual porque no se iba a usar para que exista un «desenfreno sexual».

«Ha sido muy lamentable que un profesional de la salud, un médico y más con la figura de ministro, haya difundido como la mala información y generando más mitos y tabú […] más que todo estigmatizando a las jóvenes, como que si las jóvenes no tuvieran como capacidad de razón o tomar buenas decisiones. Quiérase o no la opinión de él tiene ciertas implicaciones en toda una comunidad religiosa», agregó Rosales.

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Tras la liberación de la PAE, a través de medios de comunicación y redes sociales se creó una ola de discursos de odio en contra de la píldora, así como mucha desinformación. El GE-PAE dijo que hicieron monitoreo de medios y, a pesar de ese discurso, la población ha demostrado una aceptación y una opinión favorable por esta determinación.

Por su parte, Ligia Destephen del GE-PAE recalcó que ahora queda monitorear el ingreso de la PAE al país, los registros sanitarios y la venta libre en las farmacias, «hay que afianzar estos logros para que no se nos quiten estos derechos fácilmente, creo que la PAE representa una gran conquista y una de esas deudas pero también simboliza la importancia de la lucha feminista».

Aunque el protocolo está aprobado con PAE incluida, el GE-PAE opinó que aún hay retos de frente porque no hay un plan de implementación, «tenemos víctimas de abuso sexual en este momento que pueden acudir a los hospitales, pero no tienen acceso a este protocolo», agregó Rosales.

Además, el GE-PAE denunció que cuando se aprobó el protocolo solo existía una dotación de 500 kits integrales y que inicialmente dijeron que solo se distribuirían en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Los casos de violencia sexual ocurren en todo el país y quienes más lo denuncian provienen dezonas rurales.

Rosales advirtió que hay un problema general en la sociedad hondureña que dificulta la PAE y la educación sexual y es el desabastecimiento de medicamentos, la pobreza y la falta de acceso a la salud y educación que se agudiza más en las zonas rurales.

Educación en salud sexual y reproductiva

El mismo 8 de marzo que se liberó la PAE, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente. El contenido es bastante general y lo que dice es que la Secretaría de Educación será la encargada de armar la currícula correspondiente a las edades y madurez de los niños y niñas.

Contracorriente invitó al twitter space a la diputada Johanna Bermúdez del Partido Nacional para que diera sus opiniones porque su bancada se opuso a la aprobación de esta ley, pero la diputada no se conectó a la plataforma.

Para Jinna Rosales, esta ley se complementa con la liberación de la PAE y aunque el nombre dice que es prevención de embarazo adolescente en esencia debe brindar educación sexual, «no tenemos claridad de cómo se va a implementar esta ley y si no lo hacemos, entonces la Secretaría [de Educación] solo se va a enfocar en métodos anticonceptivos y sabemos que la educación sexual integral es un campo gigante de temas en las que se puede abordar de diferentes formas y de manera gradual de forma por niveles educativos».

En 2017 la Secretaría de Educación informó que tendrían guías de educación sexual dentro de la currícula Nacional Básica . En ese momento, las autoridades de la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica de Honduras expresaron estar en desacuerdo con que ese tipo de enseñanza sea impartida a los infantes, sin haber consensuado los materiales con ellos.

«Lamentablemente, las autoridades que estaban en ese momento le dieron apertura a las iglesias para que hicieran una revisión y supervisión de las guías, o sea algo tan absurdo, como que si las iglesias y los pastores, los sacerdotes, tuvieran experiencia en temas de sexualidad. A las guías las despedazaron, les quitaron el contenido específico de la educación sexual integrada y luego también hicieron una manifestación en donde las quemaron y no se logró capacitar a los docentes», añadió Rosales.

La abogada feminista Alexa Maradiaga, dijo que también habría que monitorear de qué forma se da una transparencia activa en el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y Secretaría de Derechos Humanos y velen «para que las personas que no cumplan sus funciones [de garantizar educación y salud sexual y reproductiva] buscar sancionarles de oficio, si no se cumplen las acciones establecidas».

«Sabemos que los problemas que enfrentamos las mujeres tienen varias causas, hay unas que son estructurales y que van a tomar muchos años en que pudiéramos llegar a ese ideal que tenemos donde hay un mundo de no violencia contra las mujeres y donde haya libertad para la toma de decisiones, sin embargo, pues algunas cosas que sí se pueden ir haciendo, hay decisiones que se pueden ir tomando como la PAE», finalizó Ligia Destephen.

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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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