Ciudad Mel Zelaya: un espejismo en el desierto

ciudad mel zelaya 2022

A lo largo de la carretera Panamericana, saliendo de Choluteca, un prado está cubierto de champas hechas de palos y lonas. Este campamento lleva el nombre de «Ciudad Mel Zelaya» en homenaje al expresidente y actual asesor de la presidenta Xiomara Castro. Desde hace más de tres meses, viven allí unas 1,600 personas, aguantando el calor y las lluvias torrenciales con la esperanza de que el nuevo Gobierno les permita vivir en este terreno cuyos dueños desconocen.


Texto: Celia Pousset
Fotografías: Jorge Cabrera

Llantas al borde de la carretera, un cartel llamativo que anuncia que, aquí, se lleva a cabo un «proyecto socialista» de recuperación de tierras. Nadie quiere hablar y pocos se atreven a saludar, hasta que Maira López Dávila, apodada «la negrita» y dueña de la pulpería «El humilde» (un armazón de palos y techo de lámina) se pone a contar mientras calienta tortillas: «Miren, este terreno era un llano, pura montaña, no había nada. Lo arreglamos y ahora aquí dormimos. Me puse a vender cafecito, pan, baleadas. No es la gran cosa. Cada quien busca su forma de vivir para ganarse sus frijoles. Hemos sufrido, pero estamos muy agradecidos con el señor que tiene la lucha aquí». El señor a quien se refiere Maira es el coordinador del proyecto Ciudad Mel Zelaya, Melvin Rodríguez.

La policía había anunciado un operativo de desalojo para el miércoles 5 de octubre, sin embargo no se llevó a cabo. Esa madrugada, una jueza acompañada de policías antimotines llegó con una orden judicial de desalojo, pero, según la gente que ocupa las tierras, la plática con el representante del movimiento fue pacífica y todos se regresaron sin haber tocado una champa. 

El subcomisionado Jorge Rodríguez Montoya, de la Comisaría de Choluteca, declaró a Contracorriente que no se pudo realizar el desalojo por «inconsistencias de los documentos de esos terrenos».

Entre el pequeño grupo que se ha formado alrededor de Maira, no se sabe muy bien del «acuerdo» al que llegaron la jueza y la directiva del proyecto, pero se escuchan palabras de alivio. Rumores corren de que los dueños no tenían los títulos originales o que pelean entre sí. ¿Quiénes son? Aquí sólo se sabe que son dos, uno de apellido Maradiaga, y no mucho más. Se dice más bien que las tierras son «del Estado» y que no se cultivaba nada en este terreno.

Madres solteras y familias enteras hacen parte de la toma de tierras que han llamado «Ciudad Mel Zelaya». Foto CC/Jorge Cabrera

«Trabajamos con machete para despejar el matorral, agarramos enormes culebras, quitamos las piedras», explica Santo Rodríguez, vendedor ambulante de fruta en Choluteca, que forma parte de la iniciativa desde los primeros días, «no es cierto que se sembraba melón, sandía y caña como lo alega el Ministerio Público», dice. El hombre de 42 años vive aquí con sus dos hijos, de 4 y 7 años, soñando con tener «un pedacito de tierra». Antes de entrar a estas tierras, rentaba un cuarto, con agua y luz, a 3500 lempiras (alrededor de 140 dólares) al mes. Un monto que ya no puede pagar por el aumento del costo de la vida en Honduras.

La mayoría de los ocupantes ilegales son inquilinos con escasos recursos, procedentes de barrios pobres de Choluteca. Ingresaron en Ciudad Mel Zelaya de dos formas: unos, después de ver en televisión que una decena de personas tomaron el terreno el 20 de junio, como Maira quien dejó su negocio de leña para vender almuerzos; los otros, o empujados por una persona de su colonia que les habló del proyecto. Para inscribirse en el movimiento pagaron entre 100 y 300 lempiras.

«Aquí hay gente que habitaba a orillas de quebradas o ríos, viviendo del día a día, gente que ha perdido su trabajo, madres solteras que no tienen cómo pagar su alquiler», sostiene Maritza Izaguirre, quien apareció montada en moto a alturas del comedor de Maira. Esta aprovecha para relatarle a Maira el suceso de la mañana: «Mira, viejita, yo te voy a decir, salí loca. Nosotros estábamos acá cuando vos te fuiste. Esa gente venía con todo, los antimotines. Si no hubiera estado el hombre, quién sabe qué habría pasado de nosotros. Él hace muy bien las cosas, no hay que andar hablando picardía de él». 

Cuando preguntamos por él, se nos informa que don Melvin no está presente ahora porque se fue a descansar a su casa.

Un hombre prepara sus alimentos en la Ciudad Mel Zelaya, más de 1,600 personas buscan instalarse en estos terrenos. Foto CC/Jorge Cabrera

Como muchos, Maritza Izaguirre votó por la candidata del Partido Libre y espera la ayuda de la presidenta. «En su campaña, Xiomara Castro prometió una respuesta a todos los pobres que no tenían viviendas –afirma Maritza–. Gozar de un techo digno es un derecho universal que todos los pueblos tenemos, y le corresponde al Estado de Honduras velar por las necesidades de la gente pobre».

Se siente orgullosa de que esa ciudad surgida de la nada hace apenas tres meses lleve el nombre de Mel Zelaya: «Para mí ha sido el mejor presidente que Honduras ha tenido, él sufrió cuando lo sacaron en pijama para Nicaragua, sufrió por la dictadura, por este sistema fallido».

Con imágenes y el nombre del expresidente Manuel Zelaya los habitantes intentan poder obtener sus terrenos. Foto CC/Jorge Cabrera

73 manzanas, muchos dueños

Es hora del almuerzo. Alguien de la comunidad ha pedido pizzas y gaseosas. Unas veinte personas se encuentran en el espacio común donde se llevan a cabo reuniones y tomas de decisiones. Comparten comida, sentados en sillas de plástico, bancos de madera o acostados en hamacas.

Brisas del sur, Cumbre Chorotega, Las colinas, Bellavista, Nueva Esperanza, El estruendo… En total, 26 barrios están representados en Ciudad Mel Zelaya. Han bautizado los condominios según el nombre de sus barrios, y cada uno de ellos cuenta con un coordinador y un subcoordinador.

Isabela Álvarez, la subcoordinadora de la colonia Inmaculada, de la cual proceden alrededor de 70 personas, indica no saber nada de los dueños del terreno y maneja poca información del proceso legal, pero se hace la vocera de la reivindicación general donde las palabras «lucha» y «luchador» resuenan fuerte: «Lo único que puedo decir es que estamos en lucha, estamos de pie. Esperamos que Xiomara, la presidenta que elegimos, nos apoye. La elegimos porque queríamos un cambio, dimos nuestro voto por ella, confiamos en ella y ojalá que ella también confíe en nosotros y no nos defraude», dice.

Una imagen general de la ciudad Mel Zelaya. Foto CC/Jorge Cabrera

Minutos después, aparece un carro marca Ford, se para en frente del espacio comunitario, y de él se baja un hombre con camisa blanca y pantalón negro. Una mujer murmura: «Ya viene Melvin. Él es el mero». El hombre saluda a la asamblea y acepta responder a nuestras preguntas. Su voz es fuerte, la de un comunicador confiado, contrastando con las voces tímidas y recelosas de los pobladores. Durante media hora, nos habla al mismo tiempo que se dirige a la gente alrededor, quien escucha muy atentamente. Se acercan, y, de pronto, son unas cuarenta personas las que asisten al discurso de Melvin, paradas y calladas, como si fuera el momento idóneo para enterarse a fondo de qué va el proyecto.

«Señores, entendamos, aquí no se sembraba ninguna planta, lo que se van a sembrar son viviendas. No estamos interrumpiendo la economía a ningún empresario, de lo contrario, una vez logremos fundar este proyecto, esto va a ser un polo de desarrollo, vamos a generar recursos», pregona.

«Estamos hablando con Gobernación. Vamos a pedir estas tierras por decreto ejecutivo. Ya estamos viendo con el topógrafo que se pueden hacer unos 1,400 lotes e iniciaremos un estudio socioeconómico para que el beneficio llegue a las personas más necesitadas», asegura, mientras algunas personas de la audiencia asienten con la cabeza al escucharlo. «Históricamente, las tierras eran del Estado, pero hoy aparecen dos dueños. Uno de ellos, Jorge Maradiaga, reclama 17 manzanas. Y el otro, Jorge Palma, un empleado del INA (Instituto Nacional Agrario), aprovechó su puesto en la institución para hacerse dueño del terreno y hoy se adjudica 32 manzanas aunque tenga solo un título supletorio».

Con plástico y madera son construidas los hogares de los habitantes de la Ciudad Mel Zelaya. Foto CC/Jorge Cabrera

Así se llaman los dueños principales, sin embargo, los documentos del Instituto de la Propiedad muestran que la atribución de tierras es todavía más compleja, ya que los propietarios fragmentaron y vendieron sus terrenos a diferentes personas. Son una decena de propietarios que compraron pedazos de tierra por un precio barato. Por ejemplo, en septiembre de 2019, Jorge Palma vendió 1,500 varas cuadradas a Jorbin Isai Castañeda Banegas por 1,000 lempiras, y en noviembre de 2021 vendió 10,000 varas cuadradas (equivalente a 6,972. 24 metros cuadrados) a Juan Carlos Vargas Rías por 5,000 lempiras.

Contracorriente tuvo acceso a algunos de los testimonios del Instituto de la Propiedad, pero la abogada Gladys Martinez, que forma parte de la comisión investigadora creada por el INA, afirma que le están llegando nuevas escrituras que atestiguan la existencia de otros dueños. 

El propietario que aparece con un título más antiguo, Jorge Maradiaga, interpuso una denuncia por usurpación de tierras contra Melvin Rodríguez de 42 años, el coordinador del movimiento que ocupa ahora esas tierras. 

Melvin cuenta que desde junio está desempleado. Trabajaba en una empresa de ventas, pero ahora se dedica totalmente al proyecto Ciudad Mel Zelaya. Dice que participó en las protestas después del golpe de Estado promoviendo el retorno de Manuel Zelaya cuando estaba en el exilio y, posteriormente, protestó en 2015 cuando el movimiento «Los Indignados» pidió la renuncia de Juan Orlando Hernández. Se autodenomina izquierdista y fue precandidato a diputado del Partido Libre en 2017 y 2021, en Choluteca. Abanderar la lucha de recuperación de tierras le da visibilidad para que el partido reconozca su liderazgo.

Según él, este era el momento para actuar: «Bajo el Gobierno anterior no se podían realizar esas acciones a causa de la brutal represión. Tuvimos contacto con el ministro de Seguridad para que no haya represión. Se manifestó, pues no se ha utilizado violencia. Si el Gobierno pone los ojos en nuestro proyecto, va a ser un ejemplo a nivel nacional».

Cuando le preguntamos si teme que el Gobierno no apruebe este tipo de iniciativas, contesta que al Partido Libre no le queda otro camino que apoyar al pueblo, pues de lo contrario corre el riesgo de hundirse políticamente.

Habitantes de Ciudad Mel Zelaya luchan por más 70 manzanas ubicadas en Choluteca. Foto CC/Jorge Cabrera

En su discurso del 17 de octubre, en el marco del Foro Mundial de Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO en inglés), la presidenta Xiomara Castro reiteró la promesa con la que fue elegida.

«Comparezco ante este Foro como primera mujer presidenta de Honduras, comprometida en superar la alta vulnerabilidad ambiental y estructural de un país endeudado, saqueado y empobrecido producto de un cruento golpe de Estado, dos sangrientos fraudes electorales y una historia de sangre y abuso que llevó al dictador del régimen anterior a ser extraditado por narcotráfico», declaró.

«Le pedimos a Xiomara Castro que nos dé una respuesta y que el Gobierno mande una comisión», exige el coordinador del proyecto. «Estamos preparados para negociar. Estamos de acuerdo para comprar el terreno, pero que no sea demasiado costoso para el pueblo. Para una familia, es razonable pagar un lote a 60,000 o 70,000 en 15 años», estima.

Es lo que espera también Juana Noriz Vásquez Hernández, quien nos permitió ingresar al interior de su champa en Ciudad Mel Zelaya, donde vive desde hace tres meses rodeada de sus gallinas, sin agua ni luz, pero con calor, zancudos e insomnio. «Aquí no va a encontrar casas bonitas, todas se parecen», dice. 

Viene del barrio Valle, tuvo nueve hijos y era empleada doméstica antes de que sus jefes decidieran despedirla. Detrás de la fe que expresa para que el proyecto se concrete, surge una inquietud: «Me quedé sin trabajo, y ahora estoy pensando que quizás me voy a quedar sin esto también», confiesa. Cuando el sol baje, irá en bus hacia una colonia vecina para que le regalen agua para lavar trastos.

Maria Ester, una habitante de la Ciudad Mel Zelaya, señala que tiene esperanza de que se les puedan brindar esas tierras para poder construir una casa más digna. Foto CC/Jorge Cabrera

Las tomas de tierra, un fenómeno que genera conflictos a nivel nacional

En los inicios de la toma, una delegación de Ciudad Mel Zelaya, liderada por Melvin Rodríguez, realizó una visita a Casa Presidencial para solicitar el apoyo del Gobierno. El asistente del coordinador general y Manuel Zelaya, asesor presidencial, les informaron que tenían que hablar con el ministro del INA, Francisco Funes. 

El 24 de octubre, viajaron al Instituto Nacional Agrario de Tegucigalpa, por segunda vez, para solicitar la emisión de una constancia sobre la naturaleza jurídica del lote de terreno que ocupan: un lote ubicado en los Balcanes, en el anillo periférico de la ciudad de Choluteca. «La razón de nuestra petición es con el objetivo de determinar si en dicha área existe tierras de naturaleza jurídica nacional, siendo relevante que ese Instituto a través del personal técnico calificado corrobore tales extremos», redactó el abogado Edwin Avilio Carias Galo.

Francisco Funez, ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), atiende una reunión junto a los miembros representantes de la Ciudad Mel Zelaya. Foto CC/Jorge Cabrera

Consultado por Contracorriente, Francisco Funes declaró que«el INA no es un instituto que tiene que desalojar a gente. No obstante, como está renaciendo, se le toma como una institución que deba mediar en situaciones conflictivas para que haya equidad y justicia en el campo. En la colonia de Choluteca, no son campesinos, pero les vamos a atender y si les podemos ayudar, les vamos a ayudar. Sin embargo, tienen que estar conscientes de que es el Instituto de la Propiedad el que regula todo el sistema de expropiación para pobladores». 

Afirmó que se instauró una mesa de diálogo con representación del ministro de Seguridad, el ministro de la Presidencia, el Instituto de la Propiedad, el INA y las organizaciones campesinas para resolver los conflictos de tierra que han brotado en todo el territorio hondureño: «El Gobierno no está simulando atacar la cuestión agraria, pero el problema es que nos quieren cobrar una factura de años de postergación del tema para desacreditar al Gobierno», dijo Funes. 

Añadió que un eje fundamental de la política de la presidenta es el respeto a los derechos humanos, en comparación con el Gobierno anterior. Tomó como ejemplo la lucha campesina que se lleva a cabo en el Bajo Aguán. Este conflicto enfrenta a unos 300,000 campesinos y tres terratenientes por el dominio de tierras fértiles desde 2008, acarreó la muerte de más de 140 campesinos y sigue sin resolverse. 

Rafael Alegría, el subdirector del INA, aboga por una reforma de la ley agraria vigente: «En 1992, se hizo una ley de modernización agrícola en el marco del neoliberalismo que terminó con toda intención de hacer reformas agrarias y convirtió al INA en una institución de trámite para constituir un mercado de tierras: ponerle valor a la tierra y que la compre él que tenga capacidad de comprarla. Eso ha ocasionado graves problemas: despojo y discriminación. Nos toca ahora, en el marco del Gobierno de Xiomara Castro, constituir una nueva política de justicia agraria para democratizar la propiedad».

En este contexto, la conflictividad surge y resurge otra vez. «Tratamos de resolver estas demandas, pero en un marco jurídico adverso, –señala Rafael Alegría–. La propiedad privada, aunque esté ociosa, inculta y abandonada, no se puede expropiar».

Alegría sostiene queel personal técnico del INA se encargará de investigar en el registro de la propiedad todos los antecedentes sobre las tierras y que «lo que cabe es la negociación con los supuestos dueños, pero hay que garantizar que son los legítimos propietarios de estas tierras. En efecto, está denunciado por la FAO que la tercera parte de las propiedades en el país no tienen tanta consistencia jurídica porque los catastros no existen o están manipulados». 

En agosto de 2022, Eduardo Facussé, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), representante de una buena parte del sector empresarial del país, pidió al Gobierno imponer la ley para proteger la propiedad privada y se refirió específicamente a las tomas de tierra en el sur del país: «La autoridad debe imponer respeto a la ley. Rechazamos las acciones de los llamados “colectivos” que utilizan la fuerza para atropellar el Estado de derecho al invadir propiedad privada. La propiedad es la piedra angular de nuestra economía y de nuestra seguridad jurídica», expresó a través de Twitter. 

El gerente de catastro e investigador sobre gestión de tierras y conflictos territoriales, Jose Luis Palma Herrera, lo afirma también, y no se extraña del surgimiento de un campamento en el sur del país. «Históricamente, todas las ciudades hondureñas han lidiado con el tema de invasores de tierras. De hecho, muchas personas que se instalaron ilegalmente en el distrito de Tegucigalpa venían de Choluteca, porque es un departamento pobre. Son migrantes internos e, incluso, pueden ser víctimas de un desplazamiento forzado. El dilema es el siguiente: ¿Se respeta el derecho a la propiedad o se da acceso a la tierra por un tema de inclusión y derecho a la vivienda?», explica. 

Pama también emite la idea de que el problema es más profundo, ya que se enraiza en la falta de planificación urbanística y la ausencia de una política de vivienda social en Honduras.

«Aquí nunca se da que un político diga: “Estas tierras van a ser destinadas a la vivienda social”. La respuesta del Estado suele ser la indemnización a los propietarios y la entrega de las tierras. Eso suma votos. Eso va a suceder en Choluteca. Si aceptan darles las tierras, se percibirá al Gobierno como un salvador», vaticina el investigador.

Juana Vázquez muestra su humilde hogar en la ciudad mel zelaya , donde muchas familias invadieron las tierras donde poder construir su nuevo hogar. Foto CC/Jorge Cabrera

Este es justamente el sueño de Maritza Izaguirre, como el de centenares de familias que viven al borde de la carretera Panamericana, donde ya se está reflexionando sobre los nombres que se pondrían a los barrios de la nueva ciudad surgida en medio del llano : Barrio Salvador Allende, Barrio Berta Cáceres, Barrio David Romero… Pero, además de pedir ayuda a la Presidenta, Maritza remite también la suerte de Ciudad Mel Zelaya entre las manos de Dios. “Si lo permite, a mediados de noviembre nosotros estamos rompiendo calles”, dice.

Sobre
Periodista recientemente graduada de la escuela de periodismo de Sciences Po Rennes ( Francia), he trabajado temas de género, justicia y desigualdad en Guatemala y El Salvador, he incursionado en el documental radiofónico en Francia sobre migración.
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De nacionalidad nicaragüense y hondureña. Fotoperiodista con 20 años de experiencia en coberturas de contenido internacional. “El fotoperiodismo está presente en mi vida desde hace más de dos década y continúa siéndolo día tras día. “
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1 comentario en “Ciudad Mel Zelaya: un espejismo en el desierto”

  1. Nelson Ponce Sierra

    Este es un tema de inmediata atención, con enfoque jurídico y social, sin abandonar el curso legal y humano y responder las necesidades, imponiendo competencias para salvaguardar derechos, pero sin desnaturalizadar las instituciones y figuras jurídicas existentes y que las rigen.
    La tierra no tiene color político, pero un aspecto es lo poblacional y otro lo agrario.
    El caso sonado es para pobladores y el nivel de conocimiento debe ser el Ministerio de gobernación, del interior, dado que siempre pobladores los peticionarios les aplica y atiende la ley de propiedad y sus disposiciones.
    Cómo son ajenos al quehacer agrario y el destino es vivienda, el incompetente la Via agraria para esta causa.
    El criterio oficial del director agrario es correcto, no así el otro,dado que hay conceptos ajenos a la realidad Jurídica y social, tal cual que a criterio propio la ley sí es útil y dà claramente el camino legal a seguir, la falta de aplicación debida es quizás a lo que se refiere, pero la disposición contiene el reglamento a ejecutar para lo que es inculto u ocioso en las tierras improductivas.
    La decisión a ejecutar la ley ha Sido la deficiencia y el abandono a la politica agraria que la misma disposición sustantiva declara, más lo dicho en el texto constitucional, cómo un dogma a seguir, es lo que acumuló lo que hoy socialmente se vive en el campo.

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