Kersy y Elías tuvieron que salir de sus casas y comunidades huyendo de la violencia que agobia a Honduras. Sin protección y atención por parte del Estado, Kersy y Elías siguen en el país buscando recuperar su vida y la libertad de caminar sin esconderse. Ellos forman parte de una legión de desplazados internos que alcanza las 250, 000 personas según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR). Una ley aparece ahora en el horizonte para dar respuesta a este fenómeno invisibilizado y no atendido.
Texto: Allan Bu
Fotografía: Jorge Cabrera
En una pequeña habitación en algún lugar del norte de Honduras hay solo una cama, y en ella una bocina portátil, una tablet y ropa. Las persianas están cerradas y la puerta que da a la calle también, con llave. Ahí vive Elías desde hace dos meses, lo llamaremos así para proteger su identidad. Elías pasa encerrado la mayor parte del día, se esconde como lo ha hecho desde hace seis años luego de haber recibido ocho disparos que lo dejaron en una silla de ruedas.
Los doctores le dijeron que estar vivo después del ataque era un milagro. Elías recuerda que aquel día de 2015 dormía en el cuarto de una casa de adobe propiedad de su patrón cuando sujetos armados ingresaron y dispararon a mansalva contra todos los que descansaban en esa pequeña pieza. La tierra de las paredes esparcida por impactos de las balas se introdujo en sus heridas y en el hospital le tuvieron que extraer parcialmente las vísceras para limpiarlas. El día que atentaron contra su vida murieron dos adolescentes, de 15 y 16 años. Elías tenía 14.
Los tres muchachos vivían en una colonia violenta, «era chiquito, pero peligroso», dijo Elías sin mencionar el nombre de la comunidad y describió que el lugar donde vivía estaba bajo el control de una pandilla y que en la colonia vecina dominaba otra estructura criminal. Estaban en medio de una guerra que no era de ellos, pero igual eran sus víctimas. Elías tuvo que dejar la escuela en el quinto grado porque a los niños de su barrio no les permitían pasar al otro barrio donde estaba la escuela. Dijo que «solo por ser joven» recibió ese ataque porque «ninguno de nosotros tenía que ver con las pandillas».
Y desde aquel día, que recuerda entre palabras atragantadas, aunque salvó su vida, Elías ha tenido que huir y esconderse. Teme que aquellos que intentaron matarlo lo encuentren. Así pasó a ser parte de la legión de desplazados internos en el país.
En Honduras, según estimaciones gubernamentales, hay más 250,000 personas desplazadas internamente. Algunos dejaron atrás su hogar por el cambio climático o por disputas territoriales, y otros, como Elías, lo hicieron por la violencia endémica que cubre con un manto de miedo a toda Honduras.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indicó en un informe que en 2021, 942 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado y 1587 estaban en riesgo de caer en esa condición. Según el reporte hubo denuncias por amenazas de muerte (56,1 %), asesinatos de familiares (14,4 %), extorsión (10,6 %), tentativa de homicidio (5,9 %), violencia de género (4,3 %) y el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes por bandas del crimen organizado (2,7 %).
La Pastoral de Movilidad Humana, un brazo de la Iglesia Católica, que acompaña a personas en situación de movilidad, emitió un informe el viernes 25 de febrero del 2021 en el que, según sus registros de atención, el departamento con más casos de desplazados es Cortés con 37%, seguido de Francisco Morazán con un 24%, después aparece Yoro con 13% y Atlántida con 5%. Esas son las zonas con más personas desplazadas.
Elías intentó no mencionar las palabras mara y pandilla, pero describió situaciones similares a las que han pasado en sectores de San Pedro Sula o Tegucigalpa donde la Mara MS-13 o la pandilla Barrio 18 se disputan territorios. «Los grupos empezaron a matarse entre ellos y salimos embarrados todos; de donde vivía habían por lo menos unas 60 familias y se salieron todas, esa colonia quedó vacía» recordó.
En su relato, Elías mencionó que los criminales se mataban entre ellos y para defender su territorio desconfiaban de todos, pero más de los jóvenes, a quienes por su edad les colocaban la etiqueta del grupo contrario, «la tomaban contra nosotros solo por ser jóvenes, es que creían que solo por serlo uno estaba involucrado y mataron montón de chavalos, de mis amigos mataron unos 10, todos de 13 o 14 años. Esa guerra duró como dos años».
A la colonia donde Elías vivía llegó la batalla entre la MS-13 y el Barrio 18 que comenzó en Los Ángeles, California, en la década de los 90, cuando jóvenes hondureños que pertenecían a esas pandillas en Estados Unidos fueron deportados. Eran tiempos en que estos grupos se reunían en las esquinas a fumar, bailar y pedir algunos lempiras. La rivalidad creció hasta alcanzar niveles insospechados y esos muchachos terminaron formando gobiernos invisibles que aún dominan grandes sectores de ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ese dominio lo defendían – y lo defienden – con sangre. La violencia se fue extendiendo a otras ciudades como Choloma, El Progreso, Puerto Cortés y Tela en el norte del país. Y sigue expandiéndose prácticamente sin control. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en 2022 Honduras alcanzó una tasa de 35 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Hay otras historias que sustentan la percepción de que la criminalidad sigue ganando terreno. En otro rincón del país, muy distante del lugar donde Elías casi perdió la vida, la violencia tocó la puerta de la casa de Kersy y su esposo, quienes habían logrado establecer un modesto negocio de venta de autos en una ciudad de Honduras. Estaban bien. Esperaban que el negocio floreciera para mejorar el bienestar de sus tres hijos. Tenían una familia y una casa. Un día, apareció en el negocio de su marido un joven delgado y desaliñado con un mensaje: tenían que pagar «renta» (extorsión) a un grupo criminal para seguir operando. Kersy recordó que su esposo le contó de la visita, pero pensaba que era broma, «no le puso atención, vio que era bien cipote».
Llegó un segundo mensaje, esta vez fue más claro. Tenían que pagar cierta cantidad de dinero para tener el negocio ahí. El esposo de Kersy se molestó y respondió que no iba a pagar. ¿Por qué tendría que hacerlo? Él trabajaba y no podía regalar su dinero pagándole a maleantes, pero en esta ocasión las características del emisario lo dejaron con temor. «Ya quedamos alertados porque es algo muy feo. De repente nos dimos cuenta que ya empezaban a andar cerca de la casa de mi mamá y pasaban carros de lujo».
Hubo un tercer mensaje: pagaban o debían atenerse a las consecuencias.
Estaba asustado, pero también firme en no compartir el fruto de su trabajo con los extorsionadores. El esposo de Kersy cerró su negocio y decidió irse a los Estados Unidos. Pagó a un traficante de personas, más conocidos como coyotes, y llegó a su destino, pero fue atrapado por las autoridades estadounidenses. Estuvo encarcelado por ocho meses. «Mire, esos ocho meses me tocó ver cómo me las arreglaba porque estábamos con ese pendiente [las amenazas y la extorsión] y yo no tenía trabajo, no teníamos nada», recordó Kersy.
Pasado el tiempo, el esposo de Kersy fue deportado a Honduras. Tuvo que regresar a la comunidad donde estaba amenazado. Ellos pensaron que el problema había quedado en el olvido, pero una semana después de haber regresado, en una reunión de la iglesia que frecuentaban, uno de los «hermanos» les contó que a él le habían dado un consejo de vida o muerte: no relacionarse con el esposo de Kersy porque lo buscaban para matarlo.
La suegra de Kersy hipotecó la casa para que su hijo saliera del país nuevamente, «Yo te quiero vivo», le dijo. Pero el hombre había estado ocho meses en prisión en Estados Unidos y si volvían a apresarlo entraría en prisión nuevamente. Decidió tomar un vuelo a Colombia, pero no pudo entrar al país debido a una alerta migratoria, «entonces le tocó venir al país, pero él ya no podría regresar a nuestra ciudad», explicó Kersy.
El esposo de Kersy no podía volver, así que se fue a Guatemala, pero su familia se quedó en Honduras. A Kersy la sorprendió el día que llegaron a su casa preguntando por su esposo, cuando no había transcurrido ni una semana de haber retornado de Colombia. «Dame el teléfono, lo voy a llamar», aseguró Kersy que le dijo una persona que tiene parentesco con los extorsionadores.
Kersy se percató que el carro en el que llegaron a preguntar por su esposo había pasado ya por su casa y sintió que la estaban vigilando. Tuvo miedo y se fue, «entonces me decidí a ir y me reuní con él en Guatemala, me tocó irme sola con mis hijos, dejamos prácticamente todo lo que teníamos».
Pero en Guatemala se encontraron con una situación económica precaria. En ese país centroamericano no es abundante el empleo al igual que en Honduras. «No teníamos cómo sobrevivir, no teníamos documentación para tener trabajo, pero como él es soldador hacía trabajos aislados».
La desesperación los llevó a un nuevo intento por llegar a Estados Unidos. Kersy recordó que, mientras estaban en Guatemala, tuvieron que vender algunas de las cosas que habían dejado en Honduras para poder sobrevivir. Cuando ella se fue rumbo al norte, tuvo que dejar en casa de un hermano a sus dos hijos mayores. Se fue con su esposo y su hija menor. «Fue duro, no tenía dinero para irme con todos mis hijos», recordó.
Llegaron a Estados Unidos, pero nuevamente fueron deportados. Tuvieron que regresar a Honduras. Se refugiaron en una ciudad del norte del país que también es azotada por las pandillas. Se mudaron a la zona porque hay familiares que viven en esa comunidad, pero el contexto de inseguridad los absorbe y ahora viven sin empleo permanente y escondiéndose. Tienen miedo.
La familia no podía regresar a su casa porque estaban amenazados. «A estas personas ya todos los conocen y para matar a alguien es lo de menos, solo se escucha decir “mataron a alguien en un negocio tal” así que quedan esas muertes», dijo Kersy.
Honduras entró en estado de excepción el 6 de diciembre del 2022. “El crimen organizado ha tenido un incremento relacionado con el tráfico de drogas y armas, asesinatos, extorsión y robos” fue la principal justificación utilizada por el Gobierno para suspender las garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69,78, 81, 84, 93 y 99. La medida entró en vigencia inicialmente en 162 barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero el 21 de febrero de 2023 fue extendida por 45 días más, ahora en 123 municipios de los 298 que hay en el país. Bajo este régimen las autoridades anunciaban a la fecha de la segunda prórroga la captura de 4.233 personas por varios delitos y 415 pandilleros. No obstante, en San Pedro Sula distintas rutas de transporte han paralizado labores por horas o días debido a las amenazas de extorsión.
Jerson Medina, quien laboró para la Fundación Cristosal y es experto en temas de desplazamiento forzado interno, mencionó que en Honduras no existen albergues ni casas de refugio administradas por el Estado para recibir a los desplazados internamente, esto refleja la necesidad de impulsar estrategias gubernamentales para atender a esa población desde un enfoque basado en derechos humanos, «no desde el asistencialismo sino decir usted tiene estos derechos y que el Estado debe garantizarlos».
Laura Díez Ron, coordinadora de Incidencia y Comunicaciones del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), expresó que la situación de las personas desplazadas en Honduras preocupa porque su vulnerabilidad es creciente debido a que no existe un sistema de monitoreo que recabe datos y dé evidencia de la dimensión real del fenómeno de desplazamiento interno en el país. «Se desconocen las cifras reales, los lugares específicos donde se ubica la población, no se puede realizar un análisis de sus necesidades y con ello, se limita la capacidad para dar una respuesta humanitaria y de protección efectiva a esta situación», lamentó Díez Ron.
Protección y desconfianza
«¿Cómo voy a buscar a la gente que está apoyando a las personas que dañan? Nunca hice una denuncia ni hice nada. Estuvieron dándome asistencia en el Hospital [custodiando su cuarto] durante dos semanas, pero yo más bien tenía miedo, pensaba que me iban a llevar», respondió Elías al preguntarle por qué razón no acudió a las autoridades para que le apoyaran en su caso.
La respuesta de Kersy no es diferente a la anterior: «Mire, lo mejor que nosotros pudimos hacer es no poner una denuncia. Cuando pasa esto, las organizaciones [criminales] trabajan con la policía. Poner una denuncia es como decirle al maleante “mira que fue fulano de tal te denunció”».
Los testimonios anteriores tienen fundamentos innegables. Hay imágenes de hechos acaecidos en 2022 en Tegucigalpa y San Pedro Sula en las que se observa a gente que salió huyendo de sus hogares por amenazas de los grupos criminales que controlaban la colonia; mientras las personas se iban, elementos de la Policía Nacional los resguardaban. Esa es una señal de que las autoridades han perdido el control de muchas zonas y de que la gente no tiene confianza en el Estado.
César Ramos, coordinador del programa de atención al migrante de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), informó que en una ocasión recibió la llamada de un comisionado de la Policía Nacional asignado en el sector Rivera Hernández. «Era las 9 de la noche de un 1 de mayo, me preguntó que si nosotros como organización podíamos auxiliar a un muchacho que la Policía lo había rescatado de manos de la mara que lo estaban golpeando y lo iban a matar, entonces yo les dije que quienes tenían mayor responsabilidad de garantizar protección eran ellos. Yo no podía ir un 1 de mayo a las 9 de la noche a esa hora, también corro peligro», dijo.
Esa llamada demostró que el muchacho rescatado no estaba seguro ni siquiera en la Estación de Policía y que las autoridades no tenían el control de la zona. Por otro lado, ese hecho expone que desde el Estado no hay prácticas establecidas para la salvaguardar la vida de las personas que son desplazadas por la violencia estructural del país. Recientemente se elaboró una ley sobre desplazamiento que está a la espera de ser sancionada en Casa Presidencial para entrar en vigencia.
En Honduras hay más razones por las que la gente desconfía. En 2016, la Policía Nacional inició una depuración en la que fueron expulsados de la institución unos 6,500 policías. Hay expolicías extraditados a Estados Unidos para ser juzgados por sus nexos con el narcotráfico. El caso más mediático fue el de Juan Carlos Bonilla, exjefe de la Policía durante el mandato de Juan Orlando Hernández, también extraditado en el 2022.
La investigación criminal y la aplicación de justicia tampoco inspira confianza. De acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el 95% de las muertes violentas en Honduras quedan en impunidad. Solamente en cada cinco de 100 homicidios el culpable es castigado por la justicia hondureña.
Kersy tiene más razones para desconfiar. Ella sufrió violencia doméstica con una pareja anterior y después de la separación se sintió perseguida y acosada por su expareja. Entonces puso la denuncia ante la Policía pero nunca obtuvo respuesta, «lo mejor que hice fue seguir con vida», se resignó y se preguntó después «¿Cómo confiar en las autoridades si tampoco hacen que se cumplan las leyes?»
Elías vive ahora encerrado porque el Estado en el que no confía tampoco tiene la capacidad para protegerlo. «Uno ya no queda igual, ya sea que es la psicología [trauma] de uno o porque se tiene razón, pero uno siempre va a andar así. Uno desconfía hasta de las mismas autoridades que supuestamente están para proteger. Uno no confía en nadie».
Antes del día en que recibió ocho disparos, Elías dijo que elementos de la Policía Nacional llegaban a su comunidad y golpeaban a los jóvenes porque pensaban que estaban involucrados con las pandillas. «Nos decían que éramos mareros. No protegen a nadie», dijo.
Jerson Medina informó que una investigación realizada por Cristosal en San Pedro Sula, Tegucigalpa y siete ciudades más reveló que el 89% de la población entrevistada no confía en la institucionalidad.
El Estado de Honduras no genera confianza ni protege a los desplazados. Elías ha permanecido escondido y sin respuestas durante casi siete años. «Mi mamá me ha apoyado bastante, con lo que ha podido. Gracias a Dios me he topado con gente que es buena», dijo. En esa «gente buena» que mencionó Elías incluyó al Consejo Noruego para Refugiados, Cristosal, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y CASM que realizan esfuerzos– algunas veces aislados– para atender a las miles de personas desplazadas por violencia y el cambio climático.
«Yo no he tenido ninguna clase de ayuda [del Estado], será que tal vez no he buscado bien, o simplemente hay pero no las dan», nos dijo Elías sentado en una silla de ruedas que le fue donada por la fundación Teletón.
Aunque los disparos recibidos tocaron su columna vertebral, Elías tiene la posibilidad y esperanzas de volver a caminar según el diagnóstico médico. Le indicaron que debía operarse dos años después del atentado, pero ya han pasado casi siete. «Necesito una cirugía, no tengo dinero para hacer las vueltas. Desde que salí del hospital me dijeron que tenía que ir a Teletón y mi familia creo que no estaba muy interesada. Empecé a ir después de dos años y me dijeron que había pasado mucho tiempo, pero yo ahora siento más reacción en mis piernas, ocupo la cirugía», dijo. Ahora él estudia diseño gráfico y espera conseguir un empleo.
Jerson Medina dijo que el Estado debe proveer de atención psicosocial a las personas desplazadas , que no es lo mismo que un abordaje psicológico, pues el enfoque integral debe dar a los individuos o familias víctimas un nuevo empleo, vivienda, ayudar con la salud mental y física, sin descuidar la protección y la asesoría legal; incluso se debe ayudar a las familias con la integración a una nueva comunidad.
En Honduras no pasa nada de eso. Las víctimas de desplazamientos deambulan por el país sin ningún apoyo del Estado, pese a que este, en el 2013, reconoció el desplazamiento forzado como una emergencia. Sin respuestas en el país, casi el 100% de los desplazados intentan huir al extranjero; muchos lo logran, pero otros fallan en el intento, como Kersy, que ahora vive en el norte del país a la deriva.
«Si nos ponemos desde el punto del Gobierno, estamos desprotegidos. No puedo decir como desplazada que haya una organización gubernamental que nos apoye», dijo cuando nos reunimos en un centro comercial.
«Si nos ponemos desde el punto del Gobierno, estamos desprotegidos, no puedo decir como desplazada que haya una organización gubernamental que nos apoye», Kersy, desplazada por violencia.
Kersy es maestra de educación primaria y estudia pedagogía. Tuvo problemas con su título, pero en la Fundación Cristosal le ayudaron a recuperarlo. Trabajó de forma interina con el Gobierno en el año 2017, pero todavía le deben algunos pagos; ahora, después que le tocó abandonarlo todo y no pudo salir del país, está intentando conseguir una plaza en la Secretaría de Educación.
Hasta ahora no lo ha logrado, «aquí colocan políticamente a la gente, a ellos no les importa los problemas de uno, les interesa colocar a la gente que les ayudó a llegar al poder. No importa tanto la capacidad tenga, importa el que más cuello tenga. Desde el año pasado que vine en enero no he tenido ningún apoyo».
Sin empleo y con muchas carencias, Kersy no pide la caridad del Gobierno, quiere la posibilidad de recuperar un poco de la vida que tenía antes del 2020, «Yo no pido que me den dinero, lo que pido es un trabajo estable. Es bien duro estar de un lado a otro, más cuando se tiene hijos, ¿Cómo se cuida a los hijos así?».
Una ley aprobada pero no vigente
El 22 de diciembre del 2022, el Congreso Nacional aprobó la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente con la finalidad de proporcionar una respuesta integral a este fenómeno. Esta norma todavía no ha sido sancionada en Casa Presidencial y por ende no ha sido publicada en el Diario Oficial La Gaceta, así que no está en vigencia.
En su artículo 1, la ley enfatiza que tiene «la finalidad de prevenir el desplazamiento interno, atender, proteger y brindar asistencia humanitaria a las víctimas del desplazamiento causado por la violencia generalizada y por violaciones de derechos humanos, así como aquellas en riesgo de serlo, antes, durante y después del desplazamiento. También de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas forzadamente a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte».
Tal como está redactada la norma no contempla a los desplazados por el cambio climático, que son la mayoría, pues los desplazados por violencia, según los registro de organizaciones como Cristosal, abarcan un 15% del total de personas desplazadas internamente.
Para efectos de esta Ley, dice el artículo 6 que se considerará «personas desplazadas forzadamente» a las «personas o grupos asentadas en el territorio nacional, que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertades individuales han sido vulnerados o se encuentran directamente amenazadas en particular, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada».
La ley está armonizada con los principios rectores de Naciones Unidas en los casos de desplazamientos internos y responde las recomendaciones de organizaciones que han trabajado y apoyado a los desplazados.
El artículo 4 contempla 18 principios rectores de la ley. Por ejemplo, manda que las personas desplazadas deben tener un acceso gradual y preferente a los programas sociales destinados a la asistencia, protección, retorno, reintegración y restablecimiento socioeconómico.
También contempla que toda labor y resoluciones derivadas de la ley en mención tienen por fundamento básico la buena fe. Es decir que el Estado deberá asumir o creer en la buena fe de las personas solicitantes o víctimas de desplazamiento. Se asegura la confidencialidad en la información relativa a la medidas de atención y protección y es necesario el consentimiento de las víctimas para brindar la asistencia y protección ofrecida.
La ley asegura igualdad y no discriminación. Indica, además, que las personas desplazadas participarán en las decisiones que les afectan y contarán con la información, asesoría y acompañamiento necesario. Las autoridades a nivel local, departamental y nacional tienen la obligación y responsabilidad de proporcionar protección y asistencia humanitaria a las personas desplazadas que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción.
La asistencia y protección del Estado debe tener sostenibilidad. Se deben implementar medidas para la financiación de una respuesta continuada, progresiva, efectiva y viable. La respuesta, sostiene el último principio contemplado por la Ley, a una situación de desplazamiento forzado debe ser resuelta por la autoridad más cercana a la población afectada.
Para velar por el cumplimiento de la ley se ordena la creación del Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado Internamente (SINARDEFI), que estará integrado por más de 30 organizaciones gubernamentales, incluidos los tres poderes del Estado, y organizaciones de sociedad civil. El SINARDEFI estará encargado de coordinar las comisiones y mecanismos independientes del Estado como la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICECST) y la Comisión Nacional de Prevención contra la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (CONAPREV).
El SINARDEFI funcionará a través de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Forzosamente (CIPPDEF), la Secretaría de Derechos Humanos y las Unidades Municipales para la Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente (UMAPPDEF).
Al preguntar sobre la atención del Estado a los desplazados, Laura Díez Ron del NRC, consideró que en cualquier caso la respuesta del Estado siempre debería estar orientada a la garantía de derechos asegurando la protección de las personas desplazadas, evitando su revictimización y brindando respuestas diferenciadas según perfiles, que respondan de verdad a las necesidades de cada grupo. «Las instituciones del Estado, y todos los actores involucrados, deberían entender que la atención a esta población salva vidas, por lo que la respuesta debe ser oportuna y ágil», respondió vía correo eléctronico.
Agregó que las organizaciones humanitarias, siguiendo el mandato y principios humanitarios, estarán acompañando esta respuesta del Estado para coadyuvar a que esta población desplazada vea satisfechos sus derechos y avance en el logro de soluciones duraderas.
Para Díez Ron, los logros más importantes de la ley – aún no sancionada – son la creación del SINARDEFI, la creación de un fondo para personas desplazadas que podría ser de 150 millones de lempiras y la creación de las unidades municipales de atención a los desplazados. «Y por último, algo de índole más intangible, y es que esta ley es el reconocimiento explícito de la existencia de este fenómeno y la manifestación de la voluntad de seguir avanzando para dar respuesta a las personas con necesidades de protección en Honduras», afirmó.
César Ramos, es coordinador del programa de atención al migrante del CASM, y dijo que la ley es necesaria porque el Estado de Honduras «hace ratos dejó de hacer la misión de garantizar los derechos y en este caso [desplazamiento] hasta la vida de las personas», pero es necesaria la aplicación de la misma, enfatizó.
«En este país creo que tenemos bastantes leyes, hay una protección de hondureño migrante y su familia, pero muchas de estas leyes se quedan en puros papeles y si las entidades que les corresponde la aplicación de esta ley no lo hacen, pues de nada sirve tener una simple ley», sentenció.
Jerson Medina dijo que la ley necesitará un presupuesto de al menos 300 millones de lempiras para atender el fenómeno, pues hay casos en los que se debe hacer una evacuación inmediata, como el caso de Kersy, que tuvo que salir de su casa y comunidad por amenazas de muerte. «Ojalá que se cumpla y que nos apoyen con trabajo, creo que todos los que nos vamos por extorsión u otro tipo de cosas, también tenemos derechos. No pedimos dinero, sino un empleo» dijo Kersy.
