Naciones Unidas recomienda a Honduras tipificar el delito de desaparición forzada

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias indicó que en Honduras, actualmente, se producen desapariciones forzadas contra residentes de barrios marginalizados, menores de edad y adultos jóvenes. Además, mencionó que en su registro existen 210 casos de desapariciones forzadas en el país, lo que constata un alto grado de impunidad en el Estado.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera

El pasado 29 de marzo, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias integrado por Aua Balde, Grazyna Baranowska y Luciano Hazan, recomendó al Estado de Honduras tipificar el delito de desaparición forzada con carácter autónomo y que se creen unidades especializadas para la búsqueda, investigación, persecución penal y enjuiciamiento de este delito. En su visita, el grupo se reunió con autoridades gubernamentales para obtener información sobre la situación de derechos humanos en Honduras en relación con las desapariciones forzadas.

Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, «desaparición forzada» se entiende por arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

En conferencia de prensa, los miembros indicaron que, actualmente, han recibido información relacionada a desapariciones forzadas a corto plazo y que estas se están produciendo actualmente en el contexto de detenciones y operativos por parte de las fuerzas del orden, «particularmente contra personas residentes en barrios marginalizados, menores de edad y adultos jóvenes, en el ambiente de la lucha al crimen organizado y el narcotráfico».

De los 210 casos de desapariciones forzadas en Honduras que contabiliza el Grupo de Trabajo, solo 80 han sido clarificados. Respecto a los 130 casos pendientes, el Grupo de Trabajo indicó que es un reflejo de la impunidad que impera en el país.

En Honduras —aseguró este Grupo de Trabajo— hubo tres fases en las cuales se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, la primera en el periodo entre 1980 y 1990, la segunda, en el contexto del Golpe de estado de 2009 y, la tercera, durante las protestas en el contexto de la crisis postelectoral en 2017. En relación con estas crisis, el Grupo de Trabajo detectó patrones vigentes en la actualidad en el país.

«Los pocos avances logrados hasta el momento se deben casi exclusivamente al compromiso y valentía de las víctimas y familiares de personas desaparecidas y de las organizaciones de la sociedad civil que les representa», indicó el Grupo de Trabajo.

En relación al marco legal actual, el Grupo de trabajo instó a que apruebe e implemente lo antes posible la reforma al Código Penal y que esta incluya los diversos modos de responsabilidad penal, incluso en relación con cualquier persona que cometa, ordene, solicite o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en ella.

En un reportaje de Contracorriente publicado en 2020, este medio reveló que, durante 12 años, más de 3,017 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en los últimos doce años según datos del Ministerio Público. Esta investigación también constata la falta de respuesta por las autoridades en los casos de desaparición forzadas, y como los familiares o seres queridos de personas desaparecidas prefieren ir a organizaciones u otras instancias que les apoyen en la búsqueda, debido a la poca o nula respuesta del Estado.

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Preocupación sobre las atribuciones de la Policía Militar en la seguridad ciudadana

En noviembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro puso en marcha un plan de seguridad para combatir la extorsión y delitos conexos, este con la finalidad de bajar los índices de criminalidad en las ciudades más importantes del país. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, se decretó un estado de excepción en los 162 «barrios más peligrosos» de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh) y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas coincidieron en que esta medida no es la más correcta debido a la suspensión de derechos de libertad personal, libertad de realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial.

Estas dos entidades recomendaron adoptar una política integral en materia de seguridad con énfasis en la prevención e investigación que aborde las causas profundas de la violencia, puesto que estos tipos de medidas pueden favorecer la comisión de violaciones de derechos humanos, incluso las desapariciones forzadas.

Miembros de la Policía Nacional resguardan la escena de un crimen durante el estado de excepción. Foto CC/Jorge Cabrera
Miembros de la Policía Nacional resguardan la escena de un crimen durante el estado de excepción. Foto CC/Jorge Cabrera

«El Grupo de Trabajo aprecia el compromiso anunciado por el Gobierno de desmilitarizar la seguridad ciudadana, aunque nota al mismo tiempo con preocupación que la policía militar continúa llevando a cabo al momento tareas de seguridad ciudadana, inclusive llevando adelante detenciones y allanamientos en distintas zonas del país», señaló el Grupo de Trabajo.

Durante el Estado de Excepción anunciado por la presidenta Xiomara Castro, fuerzas del Estado han detenido arbitrariamente a ciudadanos y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) ha cuestionado la veracidad de las cifras proporcionadas por el Gobierno, además, ha denunciado patrones de abusos policiales.

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El 31 de marzo el Gobierno anunció la Segunda Parte de este plan antiextorsión en el cual incluyeron una estrategia con 9 medidas, dentro de las cuales está implementar un protocolo policial para el problema nacional de las tomas en vías públicas internacionales y nacionales, de libre tránsito, perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh) expresó su preocupación sobre las nuevas medidas y el aislamiento del estado de excepción.

Base de datos genética y servicios legales gratuitos son otras recomendaciones del Grupo de Trabajo


Entre las recomendaciones que realizó el Grupo de Trabajo al Estado de Honduras está el desarrollo de una base de datos genética de los familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos, lo cual impactaría de manera directa en los resultados obtenidos en las investigaciones de estas personas.

«El Estado no tiene la capacidad genética con todas las familias que buscan a sus seres queridos, tampoco existe en Honduras un registro o base de datos de restos hallados no identificados, ni hay claridad sobre dónde se encontrarán resguardados», destacó el Grupo de Trabajo.

El Grupo de Trabajo recomendó al Estado la creación de una agencia especializada de búsqueda, de carácter interdisciplinario y que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para dar una respuesta a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Además, instaron al Estado a proveer servicios gratuitos para las víctimas de violaciones a derechos humanos como las desapariciones forzadas.

«Responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de la desapariciones forzadas no solo es esencial para satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia. Sino que también es clave para garantizar la no repetición de este crimen atroz», sostuvo el Grupo de Trabajo.

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