Irene Castro, fallecido padre de la presidenta Xiomara Castro, fue una figura clave en varias sociedades del imperio agroindustrial de Miguel Facussé Barjum, conocido por acaparar tierras a costa de violentos conflictos agrarios que continúan cobrando vidas. Ahora, su hija Xiomara Castro, presidenta de Honduras y pregonera del socialismo del Siglo XXI, ha prometido desmontar los privilegios fiscales de las élites y atender la violencia en regiones como el Bajo Aguán; sin embargo, su historia, que implica poderosos intereses, contrasta con estas promesas que continúan incumplidas.
Texto: Celeste Maradiaga y Vienna Herrera
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera
Era un día lluvioso de abril en Comayagua cuando Miguel Mauricio Facussé, el heredero del imperio Dinant, recibió a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en la nueva fábrica de Yummies, sus famosos snacks. En la entrada, un enorme inflable publicitario de su producto más conocido, los «Zambos», recibía a la comitiva en la que el segundo protagonista del encuentro era Héctor Zelaya, el hijo de la presidenta, heredero del clan Zelaya Castro. Esa imagen mostró el interés del Gobierno en el éxito del sector privado que Facussé representa y evidenció el encuentro de las nuevas generaciones de dos familias que construyeron ese imperio, que hoy representa el extractivismo más conflictivo que ha vivido el país por años.
Pero aunque todo esto parece un evento familiar, no lo fue. La familia Zelaya-Castro asistió representando al Estado y además se hizo acompañar por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando.
«Para construir soberanía económica, generar empleo y darle el valor agregado a nuestras materias primas, todos debemos de cumplir los compromisos de transparencia, responsabilidad social y responsabilidad fiscal», dijo la presidenta desde un púlpito con el escudo de Honduras que transporta a todos lados, desde la inauguración de una pequeña aula en una escuela rural hasta la de una mega fábrica de un magnate en Comayagua.
Los medios de comunicación del Gobierno fueron muy elocuentes y realzaron el encuentro entre el Gobierno y un representante de la élite del país, a pesar de que anteriormente han acusado a la «élite» de evadir impuestos además de ser la causa histórico-estructural de los males del país.
Al sacerdote jesuita, Ismael Moreno, conocido como padre Melo y quién históricamente ha sido una de las voces más críticas del poder en Honduras, le parece incoherente que el gobierno de Xiomara Castro sostenga un discurso de ruptura con las élites económicas al mismo tiempo que participa de estos eventos. «Es contradictorio y ambivalente. Este tipo de acciones demuestra que mucho de lo que dice el gobierno son discursos para los medios, más que compromisos reales con sus propias políticas», afirma.
La contradicción es más evidente, dice el sacerdote, cuando se considera que uno de los pilares del Gobierno es la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, que busca reemplazar los regímenes de exoneración por un nuevo modelo enfocado en la industria nacional y la inversión extranjera. Aunque la ley está estancada en el Congreso, su defensa es constante en los discursos oficiales.
El debate sobre esta ley ha puesto bajo la lupa a las familias más poderosas del país. Según el informe Élites, redes de poder y régimen político en Honduras del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), solo en 2012 el sector agroindustrial recibió más de 1,582 millones de lempiras en exoneraciones fiscales, y una de las empresas más beneficiadas fue Corporación Dinant, propiedad de la familia Facussé. El informe también resalta cómo estas exoneraciones han sido determinantes en la consolidación del poder económico de familias como la Facussé, no solo en el agro, sino también en los sectores financiero y de exportación.
En un un foro televisivo, el vicecanciller Gerardo Torres, enumeró las diez familias con mayores activos del país — entre ellas la Facussé Saenz — vinculadas con la agroindustria y otros sectores estratégicos. Hasta 2021, las familias Facussé-Saenz y Nasser-Facussé concentraban cerca de 42 mil millones de lempiras en activos empresariales.
El abrazo entre la presidenta y Miguel Mauricio Facussé evidenció el pacto entre una de las familias más poderosas del país y el Gobierno actual y reabrió una profunda herida en el movimiento campesino, que lleva décadas exigiendo justicia.
Hace 29 años, el ambientalista y regidor municipal Carlos Escaleras fue asesinado en Tocoa, Colón, luego de alzar la voz contra un proyecto promovido por las empresas del poderoso empresario Miguel Facussé Barjum. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado en 2014, documento clave en el proceso que culminó con una sentencia de la Corte Interamericana en 2018, identificó como uno de los autores intelectuales del crimen a Irene de Jesús Castro Reyes. Castro no solo fue un socio cercano de Facussé sino también una de las figuras de mayor confianza dentro de su imperio, pues compartió más de 100 sociedades mercantiles entre 1970 y 2020 en Honduras, Panamá y Costa Rica, ocupando cargos que iban desde vocal hasta administrador y accionista.
Irene de Jesús Castro en los primeros pasos de Dinant
En 1970, antes de que Dinant se consolidara como la gran corporación que conocemos hoy, Miguel Facussé Barjúm fundó varias empresas junto a familiares y empresarios de la época, como Astro Agrícola, donde Irene de Jesús Castro Reyes fue nombrado vocal en el consejo de administración. Este fue el punto de partida de la carrera empresarial de Castro en los negocios de Facussé, quien pasó de ser un simple prestanombre a ocupar roles clave como ejecutor de acuerdos, representante legal y administrador, con poder sobre la compra y venta de inmuebles.
Un claro ejemplo de su ascenso es el caso de Químicas Dinant de Centroamérica S.A. de C.V., creada en 1982, en la cual Irene de Jesús Castro desempeñó cargos administrativos y de representación legal. Sin embargo, casi tres décadas después, en 2005, ya ostentaba dos acciones en la empresa, iniciando así su camino para ser uno de los actores clave en el conglomerado industrial.
Fragmentos de escrituras en las que Irene de Jesus Castro figura como representante o administrador de las empresas fundadas por Miguel Facussé Barjúm.
El entorno político y legal de esos años favoreció a los Facussé y a sus empresas porque justamente antes de que se consolidaran como gigantes agroindustriales, se creó en 1974 la Corporación Nacional de Inversiones (Conadi), un proyecto que prometía impulsar la industrialización y el desarrollo de la economía agraria a través de préstamos millonarios con el aval del Estado.
La Conadi, creada durante el gobierno militar de Osvaldo López Arellano, fue criticada por favorecer a empresarios al permitir la venta de las deudas de sus empresas al Estado y el acceso a préstamos millonarios. Uno de los principales beneficiarios fue Miguel Facussé Barjúm, quien utilizó parte de estos fondos para cancelar la deuda de sus empresas previas y para adquirir Mejores Alimentos Honduras, una compañía comprada a través de una subasta de la Conadi.
Facussé Barjúm recibió préstamos millonarios a través de la Conadi para invertir en sus empresas, entre ellos uno por 2.5 millones de lempiras del Bank of America y otro por 11.2 millones del Lloyds Bank International, sumando un total de 13.7 millones de lempiras (equivalentes a 6.85 millones de dólares según el tipo de cambio de la época).
Esta cantidad, considerable debido al valor del dólar en ese momento, facilitó la creación de Comercial e Inversiones Galaxia S.A. de C.V. y de Químicas Dinant de Centroamérica. En esta última, Schucry Kafie Larach, otro magnate de la industria energética y del sector lácteo, fue propietario de 710 acciones.
Facussé pagó estas deudas gracias al Estado de Honduras, que siendo aval de la Conadi, asumió la deuda de las dos primeras empresas que Facussé conformó gracias a préstamos de la banca internacional. Además, Facussé obtuvo Mejores Alimentos de Honduras gratis gracias al capital de exportación que en ese momento aportaba Facussé a la Conadi a través de sus otros negocios.
Irene de Jesús Castro también figuró como accionista de Comercial e Inversiones Galaxia, una de las empresas iniciales de Facussé Barjúm que, al igual que Químicas Dinant, fue otorgada en hipoteca a los bancos.
En 1980, Irene Castro participó como representante de Distribuciones Astro de Centroamérica en la constitución de Corporación Cressida, una de las empresas insignia de Miguel Facussé. Mientras tanto, Fredy Antonio Nasser Selman, otro de los empresarios más influyentes de Honduras en el sector energético, estaba estableciendo empresas agrícolas que eventualmente fueron absorbidas por el conglomerado de Facussé.
Una de estas sociedades fue Cultivos Palmerola, fundada en 1982 por Fredy Nasser, Godofredo Vásquez Velásquez, cercano colaborador de Facussé y creador de varias empresas bajo su nombre, y otros socios como Héctor Salinas, Rafael Arturo Pineda y Jorge Arturo Pineda. Para 1991, Cultivos Palmerola fue presidida por Miguel Facussé Barjúm y, en 1998, pasó a ser administrada por Irene Castro Reyes.
En 2003, Cultivos Palmerola y todas las sociedades vinculadas a Facussé fueron absorbidas por Corporación Cressida, que en 2006 se fusionó con Corporación Dinant. En este proceso de fusión, Irene Castro Reyes actuó como ejecutor especial de Cressida.
Irene de Jesús Castro también figura como abogado en las escrituras de las sociedades creadas por Facussé. Además, aparece como secretario de Advanced Total Marketing System, una empresa inscrita en Panamá por Facussé en 1980, que a su vez era accionista de Exportadora del Atlántico.
En 2019, Exportadora del Atlántico reportó un capital de 1,051 millones de lempiras, siendo Corporación Dinant su principal accionista con 10,409,350 acciones. Irene Castro poseía 105,145 acciones, lo que representaba el 1% de participación, porcentaje que mantuvo al menos hasta junio de ese año.
Castro Reyes desempeñó un rol clave dentro del entramado empresarial de Miguel Facussé, participando activamente en los consejos de administración y como consejero en asambleas donde se aprobaron contratos de préstamos millonarios con bancos nacionales e internacionales.
A lo largo de los años, la empresa adquirió unas 150 propiedades que abarcan más de 32,000 manzanas de tierra en los valles más fértiles de Honduras, especialmente en los departamentos de Colón, Comayagua y Atlántida. Muchas de estas tierras han sido objeto de conflictos con comunidades campesinas. Según denuncias presentadas por la Plataforma Agraria, la empresa Exportadora del Atlántico habría adquirido de forma ilegal 81 propiedades que suman un total de 20,749 hectáreas, razón por la cual cooperativas como El Chile en el Bajo Aguán, exigen el cierre de esa empresa.
Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, explicó que Facussé acaparó las tierras que inicialmente debieron ser otorgadas a campesinos gracias a la Conadi.
«Hoy tenemos constancia de parte del INA que no existieron tales constancias para desarrollar o para dar permisos para desarrollar compraventa (a favor de Corporación Dinant). En todo caso que hubiese habido venta, la primera persona para poder ocupar esa tierra eran personas que fueran sujetos a ser beneficiarios de la reforma agraria, campesinos, eso tampoco ocurrió porque los agroindustriales no cumplen con los requisitos para ocupar tierras de reforma agraria», señaló.
Además del vínculo de Irene Castro con Exportadora del Atlántico, el padre de Xiomara Castro también tuvo participación en otras sociedades panameñas vinculadas a los Facussé, como International Search Group Inc., Bristol Channel Investment Corporation y Lerwick Finance Co. Inc., todas fundadas en la década de los ochenta. En 2009, Irene Castro se desempeñó como secretario de Advanced Total Marketing, empresa vinculada a Exportadora del Atlántico y fue socio fundador de Bristol Channel Investment Corporation. En Lerwick Finance Co. Inc., actuó como representante legal.
En el caso de International Search Group Inc., Castro Reyes participó en la fusión de Alimentos del Valle con Corporación Cressida, empresa que absorbió la mayor parte de las compañías de los Facussé y en la que Irene Castro también desempeñó el rol de ejecutor especial. Finalmente, Irene Castro figura como secretario en una asamblea de la junta directiva de Cressida International Investment Corporation, otra sociedad registrada en Panamá en 1997.
Corporación Dinant dedicó un mensaje afectivo y cercano a Irene Castro al momento de su fallecimiento en agosto de 2020. En su obituario lo identificaron como consejero, amigo y protector de la corporación, y hasta ese momento fue llamado director legal de la empresa, otro cargo que se suma a la lista de ocupaciones que tuvo Castro en los 50 años que dedicó a lo que hoy es el imperio Dinant.
Contracorriente intentó obtener la postura de la Corporación Dinant sobre la participación de Irene Castro en la construcción del imperio agroindustrial, los señalamientos de la CIDH sobre el asesinato del ambientalista Carlos Escaleras y los conflictos que enfrentan a la corporación con comunidades campesinas. Escribimos a Roger Pineda, director de Relaciones Corporativas, quien respondió que no emitiría comentarios porque el tema no le corresponde y añadió que la única persona que podría abordar el asunto está fuera del país y no atenderá nuestras solicitudes.
Irene Castro y el crimen del ambientalista Carlos Escaleras
El asesinato de Carlos Escaleras en 1997 sigue siendo uno de los casos más emblemáticos de la impunidad contra ambientalistas en Honduras. Escaleras se oponía a la instalación de una planta extractora de aceite de palma africana en la ribera del río Tocoa. De acuerdo con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la lucha de Escaleras incluso influyó en la cancelación de un enorme préstamo del Banco Mundial a la empresa Cressida. «Carlos Escaleras recibió una oferta de dinero para deponer su lucha. Ante la negativa, la oferta se convirtió rápidamente en amenazas y, tiempo después, en su asesinato», señaló Cejil.
Desde la secundaria, Escaleras militó en movimientos estudiantiles como el Frente Estudiantil Revolucionario y el Movimiento Estudiantil Progresista, posteriormente, en los años ochenta, fue directivo del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) y de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
A través de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Carlos Escaleras se oponía a los daños ambientales que estaban causando las empresas de la zona y la contaminación que ocasionaban a los ríos, al ambiente y al ecosistema del Valle del Aguán. También se opuso al establecimiento de una base militar del coronel Aldo Augusto Aldana, comandante del XV Batallón de Infantería, en la cuenca de un río en Tocoa. Al momento de su asesinato, Escaleras había sido nominado como candidato para la alcaldía de Tocoa por el Partido Unificación Democrática (UD).
Irene de Jesús Castro Reyes, estrechamente vinculado a la agroindustria en el norte de Honduras, emergió como una figura clave en el entramado de intereses que condujeron al asesinato del ambientalista Carlos Escaleras. Las evidencias recogidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), revelaron indicios sólidos de su participación como autor intelectual del crimen, junto a Miguel Facussé, propietario de las empresas y líder de la red empresarial detrás de la agresiva expansión de la palma africana en la zona.
«Declaraciones de al menos cinco declarantes que señalaron que Miguel Facussé ordenó la muerte de Carlos Escaleras a través de Irene Castro y Oscar Sosa debido a que la actividad de defensa ambiental de la presunta víctima impidió la instalación de una extractora de aceite de palma africana cerca al río Tocoa», señala el informe de la CIDH, que recoge las pruebas más reveladoras del caso.
Entre las evidencias figura el testimonio de Lucas García Alfaro, el único sentenciado por el crimen quien declaró ante el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) que el 12 de noviembre de 1997, Orlando Martínez —presuntamente un sicario conocido en el Aguán, asesinado el mismo día de esa declaración— le confesó lo siguiente: Miguel Facussé habría entregado dinero a través de Irene Castro y Oscar Sosa a dos diputados liberales, Juan Ramón Salgado y Salomón Martínez. Estos diputados, según la confesión, pagaron a Orlando Martínez para que organizara el asesinato de Carlos Escaleras. A su vez, Orlando Martínez habría contratado a tres personas para ejecutar el crimen: Leodán, alias «Guatuso»; Oscar Escobar; y el propio Lucas García Alfaro.
Juan Ramón Salgado fue una figura central en el entramado político del Bajo Aguán, fue diputado liberal durante tres periodos consecutivos (1994–2006) hasta su asesinato en mayo de 2006. Su poder e influencia en la región eran tales que, según declaraciones del actual alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, Porfirio Lobo Sosa — quien en el tiempo del asesinato era presidente del Congreso —, solía consultarlo con frecuencia. Pero esa influencia no bastó para protegerlo pues Salgado fue asesinado el 2 de mayo de 2006, en un crimen que, según el medio InSight Crime, se gestó en el mundo del narcotráfico.
De acuerdo con investigaciones de InSight Crime, Salgado fue asesinado por el cártel del narcotráfico «Los Cachiros» tras una negociación fallida para poner a Midence Oquelí Martínez Turcios, excongresista liberal y primo de los narcotraficantes Devis y Javier Rivera Maradiaga, como ministro de Seguridad. A cambio de medio millón de dólares, supuestamente entregados durante la campaña presidencial de José Manuel Zelaya en 2005, los Cachiros esperaban que Martínez Turcios fuera nombrado ministro. Pero al no recibir el cargo prometido, y ante la sospecha de que el dinero nunca llegó a manos de Zelaya, los Cachiros habrían decidido castigar al intermediario, Juan Ramón Salgado, quien además integraba la comisión antidrogas del Congreso Nacional.
Años después, el medio publicó un video que muestra una reunión de 2013 entre Carlos Zelaya, hermano del expresidente Zelaya, y varios narcotraficantes negociando dinero para la campaña electoral de Libre, a la reunión asistió también el alcalde Adán Fúnez. En esa grabación, mientras esperaban la llegada de Carlos Zelaya, Devis Rivera menciona un soborno anterior: medio millón de dólares que, según él, enviaron a Mel Zelaya en 2005, pero que nunca fueron entregados. Esta versión también fue presentada por Devis bajo juramento en un juicio en Estados Unidos.
Según testigos hondureños, Salgado no solo era el enlace directo entre Manuel Zelaya y el equipo de Martínez Turcios, sino que también fue quien les comunicó que no conseguirían el puesto en el Ministerio de Seguridad. «En una reunión en Cayo Campo, el diputado Salgado nos dijo que no conseguiríamos un puesto en el Ministerio de Seguridad, sino que en PRONADER», relata el informe. En abril de 2006, habrían sido convocados a Tocoa, donde Salgado les informó que el presidente Zelaya ofrecía, en su lugar, la Dirección del Programa Nacional de Desarrollo Rural.
Para el momento de las negociaciones, previo a la elección de Manuel Zelaya como presidente de la república, ya pesaba sobre Irene Castro y Juan Ramón Salgado una acusación formal que el Ministerio Público presentó en 2001 señalandolos como autores intelectuales del asesinato de Carlos Escaleras, también se investigaba a Facussé.
Algunas de las evidencias mostradas por la Cidh en su informe, demuestran que pocos días después del asesinato de Carlos Escaleras, René Escaleras, hermano del ambientalista, fue contactado por Irma González ,quien se identificó como empleada de la empresa Lexus, una de las empresas de Facussé que Irene Castro constituyó en 1992. En el encuentro que se dio entre René Escaleras e Irma Gonzáles, también estuvo Irene Castro, quien solicitó a Escaleras que elaborara una carta en nombre de su familia para desmentir cualquier vínculo de Miguel Facussé con la muerte de su hermano, pero la familia de Escaleras se negó a escribir la carta.
En el caso se mencionaba la existencia de un cheque por 250 mil lempiras emitido por la empresa Lexus a favor del diputado Salomón Martínez, quién nunca fue investigado incluso cuando García Alfaro denunció que éste llegaba a amenazarlo a la cárcel, el cheque fue endosado a Oscar Sosa para pagar por el asesinato. Las autoridades descartaron esta prueba sin realizar peritajes que confirmaran o desestimaran su validez y también ignoraron la declaración del único condenado en el caso, que vinculaba directamente a figuras de alto poder político y económico.
Aunque la fiscalía apeló el sobreseimiento, lo único que se logró fue que, en octubre de 2003, tanto Facussé como Castro rindieran una simple declaración indagatoria. Es importante señalar que, a pesar de las pruebas, el sistema judicial hondureño mostró una clara desidia para investigar a figuras poderosas como Facussé y Castro. En octubre de 2003, poco antes de rendir su declaración indagatoria, el juzgado de Tocoa resolvió un sobreseimiento a favor de Castro y Facussé, cerrando el caso sin profundizar en las líneas de investigación que apuntaban directamente a ellos.
Recomendamos leer: La «mafia violenta y corrupta» de Adán Fúnez en el Bajo Aguán
Décadas después, ese mismo parque nacional que ahora lleva el nombre de Carlos Escaleras sigue siendo explotado por la misma familia a la que él se enfrentó, y por una estructura de poder político y económico que sigue profundamente enraizada en la región.
El vocero de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas, dijo que tenían conocimiento de un requerimiento en contra de Miguel Facussé Barjúm por el asesinato de Carlos Escaleras; sin embargo, la jueza que decidió investigar más el caso fue despedida de su cargo una semana después. «Eso solo le dice el enorme poder e influencia que tienen en los pasillos del Poder Judicial», manifestó.
La presencia de Irene Castro y su relación como uno de los hombres de confianza de Miguel Facussé Barjúm en las décadas de los 80 y 90 es algo que aún se recuerda en las comunidades. «Yo no lo veía como un alto empleado, sino casi como parte del engranaje de la corporación de Miguel Facusse», dijo una fuente que prefirió estar en el anonimato.
El informe de la Comisión, realizado después de una petición presentada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric-SJ) y CEJIL, subraya las omisiones fundamentales en la investigación y la falta de un verdadero esfuerzo por esclarecer las responsabilidades intelectuales detrás de este asesinato. En lugar de investigar a los principales involucrados, las autoridades permitieron que el caso fuera cerrado rápidamente, a pesar de los testimonios y evidencias que señalaban a Castro como parte del círculo que orquestó el asesinato.
Tras el asesinato de Carlos Escaleras, Irene Castro no solo continuó con su papel en el ámbito empresarial, sino que logró consolidar su poder dentro de las empresas de Facussé. En septiembre de 1998, casi un año después del crimen, se celebraron asambleas generales ordinarias de los nuevos socios de 14 sociedades recién adquiridas. En esas asambleas, los socios decidieron nombrar a Irene Castro como presidente de los 14 consejos de administración con lo que Castro pasó a poseer el 20% de las acciones en 10 de las 14 empresas.
Sin embargo, ese control accionario fue efímero. Para finales de 2002, las sociedades fueron absorbidas por la Corporación Cressida, lo que redujo su participación en las empresas a un 1%. A pesar de la reducción en su porcentaje accionario, la figura de Castro siguió siendo central en la estructura empresarial de Facussé.
Las últimas acciones de Irene Castro en las sociedades de Facusse ocurrieron unos meses antes de su fallecimiento, cuando el 29 de mayo de 2020 participó como secretario de la asamblea general ordinaria de accionistas. Irene Castro falleció el 8 de agosto de 2020, y en mayo de 2021, José Salvador Aguilar Villafranca tomó posesión del puesto de Irene en Corporación Dinant.
No existe registro del notario José Aguilar Villafranca en otros negocios ligados a la agroindustria antes y después de su cargo en Dinant, salvo la creación de una sociedad mercantil para la importación y exportación de bienes, Inversiones en Recursos de Honduras S. De R.L. De C.V., en 1997, y la creación de dos bufetes legales, Aguilar Villafranca & Asociados, S. de R.L. y Zacarias, Aguilar & Asociados, S. de R. L. en 2002 y 2003.
En los registros de las empresas donde Irene Castro figuró como accionista no se encontró documentación, como instrumentos públicos o actas de asambleas, que detalle el destino final de las acciones que tuvo a su nombre. Aunque en los procesos de fusión es común que los accionistas de las empresas absorbidas mantengan sus derechos y obligaciones en la nueva sociedad incorporante, en proporción a su participación original, no hay evidencia de que esto se haya cumplido en el caso de Castro. Su participación accionaria se diluye en el tiempo sin una explicación clara en los documentos oficiales.
La familia del ambientalista Carlos Escaleras, representada por su hermano Douglas Escaleras y representantes de Cejil y el Eric-SJ firmaron un acuerdo de solución amistosa con el Estado de Honduras en mayo de 2018 que entre sus garantías tiene la aprobación e implementación de un protocolo para la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos, una medida que el Estado no garantiza frecuentemente.
Contactamos a Hector, Xiomara y José Manuel Zelaya, hijos de la pareja presidencial, para obtener su versión sobre los vínculos de Irene Castro en el asesinato del ambientalista Carlos Escaleras y la participación de su abuelo en los negocios de Miguel Facussé Barjúm, sin embargo, no obtuvimos respuesta al cierre de este reportaje.
Dinant y la imparable violencia en el Aguán
Según Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, el poder que ha consolidado la familia Facussé en el Bajo Aguán va más allá del despojo y la violencia contra campesinos ya que también se manifiesta en la concentración de tierras y riqueza.
Rivas afirma que esa acumulación de capital ha limitado la circulación económica para los campesinos, obligando a muchos a abandonar la agricultura, buscar otras formas de subsistencia o incluso migrar. La violencia, además, ha sido un factor clave pues más de 200 asesinatos relacionados con conflictos agrarios desde 2010 a 2024 han sido registrados por la Plataforma Agraria. En 2014, la Oficina del Asesor de Cumplimiento (CAO, por sus siglas en inglés) auditó a la Corporación Financiera Internacional (IFC), una institución del Banco Mundial que financia a Corporación Dinant. La CAO señaló que el IFC ignoró los conflictos de tierras y ocupaciones en torno a las fincas de Dinant, incumpliendo con los requisitos sociales y ambientales previos al desembolso de financiamiento.
«El IFC era consciente de la importancia de invertir en tierras libres de disputas, pero su personal subestimó los riesgos de seguridad y los conflictos agrarios relacionados con Dinant», concluyó la auditoría.
Rivas también advierte que el poder de los Facussé no se limita al sector agroindustrial. A su juicio, también han incumplido la normativa nacional que prohíbe los latifundios y obliga al Estado a garantizar el acceso a la tierra para los campesinos.
«Tienen miles de hectáreas, violando la Constitución y el artículo 25 de la Ley de Reforma Agraria. Y aún así los vemos en los medios exigiendo respeto al Estado de derecho. ¿Qué derecho? Si ellos son los primeros en violar la ley», cuestionó el vocero campesino.
Los acuerdos entre las familias más poderosas de Honduras y el Gobierno continúan a cargo del hijo de la pareja presidencial y secretario de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya, quien no solo acompaña a Castro, sino que representa al Estado en eventos donde la élite empresarial es predominante.
Incluso antes de la toma de posesión de la presidenta, Hector Zelaya fue quien la representó en una mesa con empresarios del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para discutir el plan de gobierno de la mandataria en 2021 y, durante su gobierno, ha sido quien acompaña a la presidenta Xiomara Castro en reuniones con el sector maquilero, agroindustrial y la banca internacional.
En esto último, Hector Zelaya se reunió con ejecutivos de Citibank y del Head – Americas Export & Agency Finance en enero de este año para «impulsar el desarrollo económico en el país», y el año pasado, sostuvo reuniones enfocadas en el sector económico con la administración de Joe Biden en Washington, Estados Unidos, en las que aprovechó a promover el Ferrocarril Interoceánico, un proyecto que él preside pero que a este día no ha sido construido.
Zelaya también estuvo a cargo de la delegación de empresarios que viajó a China en 2023, cuando recién se establecieron las relaciones diplomáticas y comerciales entre ese país asiatico y Honduras, junto con un grupo de representantes del sector camaronero, bananero y cafetalero.
En agosto de 2022, en los inicios de la administración de Xiomara Castro, Hector Zelaya dijo en una entrevista que el Gobierno estaba buscando soluciones ante la conflictividad agraria creciente en el país, y que, en ese sentido, «se estaban mejorando las condiciones del país para que eso no siga sucediendo». Sin embargo, los campesinos son enfáticos y señalan que se debe hacer una redistribución de tierras en favor de ellos.
Hector Manuel Zelaya es para este Gobierno el puente entre el sector empresarial y el Estado, y el heredero de dos clanes; los Zelaya, quienes llegaron al poder gracias a un movimiento representado en su mayoría por sectores obreros de la sociedad hondureña, y los Facussé, una familia que por años ha amasado una fortuna en la industria agroalimentaria que ha estado vinculada al desplazamiento de campesinos y defensores ambientales en el Bajo Aguán en Colón.
Héctor representa la conexión entre el Gobierno y una de las familias más poderosas en Honduras, así como lo fue su abuelo, Irene de Jesus Castro Reyes, un abogado que estuvo al servicio de los Facussé durante casi cincuenta años y puso los cimientos de un pacto político-empresarial que ha permanecido en las sombras… hasta ahora.
1 comentario en “Xiomara Castro y la herencia de su padre, el silencioso arquitecto del imperio Facussé”
Cuando un articulo se fundamenta con : testimonios, fechas, involucrados,acusaciones,hubo desplazamiento de tierra y hasta muerte por sicariato (tanto el que lo ordena como el que lo ejecuta tienen igual responsabilidad) y se me viene a la mente estás palabras que dice la presidenta «prohibido olvidar».y muchos dirán porque traer a personas fallecidas al tema ,pues porque si hoy no debemos olvidar ,los eventos del pasado tampoco,así que si uno no quiere ser mencionado por generaciones que no lo conocieron ,no se involucre en actos irregulares.