Injupemp financió visita de comisión de Venezuela cuestionada por opacidad y corrupción

El Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) pagó hotel y alimentación por 15 días a una comisión del programa Gran Misión de Vivienda de Venezuela (GMVV), que asesorará al Injupemp para la construcción de viviendas. El programa GMVV ha sido cuestionado por corrupción, opacidad y urbanizaciones a medio construir. 

 

Texto: Vienna Herrera

Fotografía: Fernando Destephen

 

 

Una delegación del gobierno de Venezuela integrada por 14 personas  estuvo en Honduras entre el 28 de enero y el 11 de febrero, para asesorar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro en un programa habitacional que planea implementar el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp). Los gastos de la delegación fueron cubiertos por esta institución. La delegación de Venezuela también fue recibida por el Congreso Nacional.

 

Previamente, el 13 de diciembre, el director interino de Injupemp, Amable de Jesús Hernández, firmó un memorándum de entendimiento con el general Ildemaro Villarroel, ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda de Venezuela, con el fin de obtener asesoría técnica de Venezuela para la construcción de más de 8 mil viviendas en Honduras.

 

En el portal Honducompras se encuentran los documentos de los gastos que Injupemp realizó para esta visita, como el pago de habitaciones de hotel en Tegucigalpa y San Pedro Sula, cenas, desayunos y eventos privados por 15 días. Sin embargo, ninguna de las facturas se encuentra en el portal de transparencia de Injupemp. Contracorriente conoció en qué hoteles se hospedó la delegación, y tomando en cuenta que los precios de las habitaciones rondan los dos mil lempiras (unos 90 dólares) por noche, Injupemp podría haber pagado hasta 420 mil lempiras solo en hospedaje. La misma página Honducompras señala que también pagaron desayunos y cenas para la delegación. 

 

Honducompras también registró que el 31 de enero contrataron a un cantautor por tres horas, entre las 7 y las 10 de la noche, para un evento en un restaurante local, en el marco de la visita del programa. Asimismo, en esas fechas el Injupemp contrató servicios de un salón de hotel, cóctel de bienvenida, cena ejecutiva, mesas, sillas, sonido y micrófonos. Ninguno de estos contratos o pagos se ve reflejado en el portal de transparencia de la institución.

Captura de pantalla del Portal Honducompras en la que se puede leer la contratación de servicios para los eventos de la GMVV por parte de Injupemp.

El director interino de Injupemp le dijo a Contracorriente, vía WhatsApp, que a cambio de la asesoría técnica, el Estado de Honduras no le está haciendo ningún pago a la GMVV. Sin embargo, no respondió directamente sobre el pago del hospedaje, comida y eventos relacionados cuando la misión estuvo en febrero en el país; solo aseguró que el memorándum de entendimiento es para dar asistencia técnica en los diseños y estudios de viviendas. «Los proyectos se ejecutan si y solo si la CNBS [Comisión Nacional de Banca y Seguros] los aprueba y Sefin [la Secretaría de Finanzas] certifica (…) tiene que pasar por el comité de inversiones y la asamblea», señaló.

 

 

En diciembre, el director interino y el subdirector del Injupemp, Mario Suazo, viajaron a Caracas, Venezuela, como parte de una comitiva mixta que incluía a autoridades de la Cancillería para firmar acuerdos en materia de vivienda, energía, combustible, comercio agrícola, turismo, conectividad aérea, arte, educación, entre otros. Las autoridades del Injupemp asistieron para firmar el memorándum de entendimiento con la GMVV. 

 

Por su parte, la delegación del Gobierno de Venezuela que visitó Honduras estuvo conformada por la embajadora de Venezuela en Honduras, Margaud Godoy; el viceministro de Industria para Hábitat y Vivienda de Venezuela, Efraín Sánchez; la vicepresidenta del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, Viccel Montes; la directora adjunta del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, María Derjani; y la consultora jurídica, Kristy Calderón.

 

El programa habitacional de Injupemp, la institución que administra las jubilaciones de los empleados públicos, funcionará en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Santa Bárbara; en este último se encuentra el municipio de San José de Colinas, del que Amable de Jesús Hernández ha sido alcalde desde hace 26 años. Aunque Hernández resultó reelecto para un séptimo periodo como alcalde, pidió permiso para trabajar en Injupemp y nombrar en la municipalidad en su lugar al vicealcalde, Luis Perdomo. 

 

A pesar de que Hernández no está fungiendo como alcalde oficialmente, en la imagen pública no ha dejado de aparecer como un personaje de poder en su región. Los medios oficiales de la alcaldía lo muestran constantemente en eventos, y las mismas redes sociales de esa municipalidad ahora publican contenidos relacionados con el trabajo de Hernández en Injupemp.

 

En Francisco Morazán, los planes del proyecto habitacional incluyen la restauración de Ciudad Mateo, el proyecto que inició a principios de los noventa para empleados del Estado, pero fue clausurado en 1998 debido a su impacto ambiental. 

 

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De acuerdo con declaraciones en los medios que ha dado Amable de Jesús Hernández, Ciudad Mateo cuenta con 4,890 viviendas, pero tras los estudios de viabilidad del proyecto, solo restaurarán 690. El intento del gobierno de revivir el proyecto se da pese a que tanto la Fiscalía del Medio Ambiente del Ministerio Público como la Secretaría de Recursos Naturales lo prohibieron en el pasado, porque podría contaminar a la represa Los Laureles, que se encuentra muy cerca y es la que abastece al 23% de barrios y colonias de la capital. 

El proyecto habitacional Ciudad Mateo, construido en 1992, fue abandonado en 1998, por el impacto ambiental en el agua de la represa Los Laureles, que abastece parte del Distrito Central. Febrero de 2023. Foto CC/Fernando Destephen.

Un programa cuestionado en Venezuela

 

El programa Gran Misión Vivienda Venezuela comenzó en 2011, y desde entonces se han abierto cuatro investigaciones que involucran a altos funcionarios e importantes sumas de dinero: al menos dos funcionarios de Venezuela, tres empresarios y 22 empresas han sido señaladas en hechos de corrupción. 

 

El caso más reciente se trata de corrupción internacional agravada detectada en Italia. En octubre de 2021, la policía de Milán incautó 42 millones de euros de la empresa Lattonedil, a la que acusan de involucrarse en corrupción relacionada con este programa.

 

De acuerdo con publicaciones de medios Italianos, la empresa Lattonedil pagó 22 millones de euros en sobornos a individuos cercanos al gobierno venezolano para asegurar una adjudicación directa de 13,500 techos prefabricados por unos 71 millones de euros. 

 

La investigación revela que una parte significativa del dinero se canalizó a través de empresas fantasma mexicanas y se transfería a personas vinculadas al gobierno venezolano. Se señala a varios funcionarios de Lattonedil y a intermediarios como responsables de facilitar estos pagos corruptos. El esquema de corrupción se habría llevado a cabo entre 2013 y 2020.

 

La información señala como sospechosos a representantes legales y al director financiero de la empresa italiana, a ciudadanos españoles y mexicanos, y a algunos funcionarios públicos venezolanos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), quienes habrían incurrido en el delito de corrupción internacional agravada. 

 

El mismo año de la incautación en Italia, el proyecto cumplía 10 años en Venezuela, por lo que un grupo de 34 periodistas del portal digital El Pitazo y Connectas lo investigaron, y solo lograron ubicar un 5 % de las viviendas que el gobierno aseguraba haber construido. Mientras tanto, la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) encontró apenas el 8 % de las viviendas.

 

Este programa también fue cuestionado por nepotismo. Una investigación del Diario Las Américas publicada en 2015 evidenció cómo el exministro de Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina, usó su cargo entre 2014 y 2015 para nombrar a su hija, a su esposa y a otros familiares como empleados en ese ministerio.

 

La debilidad financiera de Injupemp

 

En Injupemp, la anterior directora, Martha Doblado, ganaba 267 mil lempiras mensuales. Cuando Amable de Jesús Hernández llegó al mismo cargo a finales de abril, comenzó ganando 255,912 lempiras en mayo. Un mes después redujo su salario a 178,543, el cual se mantuvo así hasta julio de 2023, cuando lo aumentó a 187,470 lempiras; luego, a partir de noviembre de 2023, lo redujo a 135 mil lempiras.

 

Una situación similar se dio con el subdirector, Mario Suazo, quien comenzó ganando 139 mil lempiras y mantuvo ese salario hasta julio de 2023, fecha en que aumentó a 146 mil. Posteriormente, en noviembre, lo redujeron a 120 mil lempiras. 

 

Aunque en ningún apartado del portal de transparencia del Injupemp aparecen facturas, liquidaciones o montos de viáticos asignados a los directivos de la institución, y aunque los sueldos se redujeron, el monto anual de viáticos nacionales e internacionales aumentó con los años. En 2022, el presupuesto anual en viáticos fue de tres millones 280 mil lempiras, pero en 2024 el monto asignado es de cinco millones 530 mil lempiras. 

 

En abril del 2022, la presidenta Castro instruyó a sus funcionarios de alto nivel del Estado para que bajaran sus salarios a una cantidad menor al salario presidencial, que era de 137,800 lempiras. El director y el subdirector del Injupemp cumplieron con esa instrucción hasta noviembre del año pasado.

 

La situación financiera en Injupemp no es óptima. El 27 de abril del 2016, esta institución compró 160 millones de lempiras en acciones al banco Banrural; actualmente, esas acciones no le generan ningún tipo de rendimiento a la institución. De acuerdo con información publicada en el portal de transparencia del Injupemp, mensualmente la tasa nominal que indica las ganancias de una inversión es de 0 %.

 

La directora del Injupemp que autorizó la compra de acciones en 2016 era Martha Doblado, quien además era secretaria de coordinación del Gobierno de Juan Orlando Hérnandez, recientemente juzgado por narcotráfico en Estados Unidos, y también era presidenta del Consejo Directivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H). En este último cargo fue llamada a declarar ante la fiscalía hondureña por el caso de los hospitales móviles, por el cual hay varios exministros procesados que actualmente guardan prisión. 

 

En septiembre de 2014, la fiscalía hondureña le dijo a Diario La Prensa que Doblado también estaba siendo investigada por «la adjudicación de varios préstamos personales al margen del reglamento interno, la contratación de personal supernumerario con jugosos salarios y el cobro de sustanciosos viáticos». De igual forma, cuando salió de la institución con el cambio de gobierno a inicios de 2022, varios medios nacionales publicaron que Doblado recibió cuatro millones de lempiras en prestaciones. 

 

Amable de Jesús Hernández aseguró en medios de comunicación, cuando llevaba pocos meses en la dirección, que si bien no considera que el Injupemp esté en una crisis económica aún, la institución debe reponerse de decisiones como la compra de acciones. «Ese dinero más bien le genera utilidades a los bancos que están usando ese dinero, gozando de esa liquidez, y el beneficio que recibe ese instituto es casi nulo (…). Si no se recuperan inversiones como Banrural, todo el tema de Ciudad Mateo, inversiones que se hicieron en el pasado que están ahí, que son activos que están muerto, el Injupemp puede tener dificultades», expresó.

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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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