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“El proceso de privatización está abierto, pero es silencioso”: Daniel Sponda, dirigente magisterial

El Congreso Nacional aprobó dos dictámenes de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Educación y Salud la semana pasada, lo hizo entre movilizaciones y paros laborales del sector salud y educación que se oponía a la ley porque aseguraban que buscaba la privatización de ambos sectores.

Lunes y martes de esta semana las calles de Tegucigalpa fueron escenario de manifestaciones que fueron reprimidas por el gobierno, ante esta presión el Congreso Nacional decidió no ratificar la ley que permitía modificar los presupuestos de salud y educación, para contratar médicos y maestros e invertir en infraestructura, pero que según las dirigencias del Colegio Médico de Honduras (CMH) esta también permitía despidos masivos y compras sin transparencia.

A pesar de esto, grupos de los gremios del sector salud y educación aseguran que la lucha no terminará hasta que se deroguen los decretos que colocan en emergencia estos rubros. Desde la aprobación de la Ley Marco de Protección Social en 2015, el proceso de descentralización de hospitales y escuelas se aceleró, un proyecto que impulsó el presidente Juan Orlando Hernández después del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Contracorriente (CC) entrevistó a Daniel Sponda (DS) dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH) sobre cómo fue la crisis de estas semanas, cuál es el proceso de privatización que aseguran ya se está dando y qué acciones tienen planeado emprender en los próximos días.

CC: ¿Cómo inicia esta crisis y el proceso de privatización en salud y educación?

DS: Se genera a raíz de varios elementos, pero el magisterio viene siendo atacado por el régimen desde 2011 por la lucha contra el golpe de Estado, en el 2011 se aprobó un Decreto Ejecutivo de emergencia para el sector educación: el PCM016-2011, pero en 2013 se emitió otro: el PCM018 que prohíbe reuniones y tomas de centros educativos.  Lo último es el PCM26 y 27 para el sector salud donde nuevamente declara emergencia al sistema educativo y de salud, crea comisiones.

El problema es que son bestias pero sin dentadura, elevan las comisiones a rango de ley con decretos. Un jueves antes de semana santa los congresistas someten a votación eso a espaldas de las mesas de concertación y quieren aprobar ese proyecto decreto, que por cierto en la comisión no hay nadie de la oposición. Libre hace una protesta dentro del CN y suspende la discusión.

El martes después de Semana Santa comienzan las acciones,las protestas a nivel nacional, se movilizan las bases del magisterio y los empleados del sector salud también, esta lucha es una lucha de los trabajadores, de la educación y del sector salud, no solo médicos y docentes sino todos los trabajadores de la Secretaría de Salud que no son médicos o enfermeras, aunque hay algunas organizaciones gremiales que sus dirigentes no han dado la cara pero las bases están con nosotros en la calle. Entonces la primera respuesta del ejecutivo es retroceder.

Fotografía: Martín Cálix

¿Cómo quedó el decreto en el Congreso Nacional? Porque hay especulaciones de que puedan reanudar después.

DS: No existen esos decretos, fueron sometidos a
votación y se eliminaron de acta, no hay posibilidad de que pase eso. Ahora nosotros estamos exigiendo al consejo de ministros que deroguen todos los PCM16-2011 y el PCM26 y PCM27 del 2018 y exhortamos al Congreso Nacional a que derogue la Ley Fundamental de Educación y la Ley Marco de Protección Social.

CC: ¿Qué significa decretar emergencia en salud y educación?

DS: Estas comisiones están integradas por siete personas y coordinadas por el ministro de cada rama, esos decretos solo están denotando la debilidad institucional que tiene el Estado de Honduras porque esas
comisiones están al margen de la ley y no tienen asidero legal, esta es una nueva violación a la Constitución y a las leyes del sector educación y de salud.

En segundo lugar, estas comisiones tendrían  potestades para hacer contrataciones y despido de personal sin pasar por los procedimientos que la ley establece. Un tercer elemento es que  podrían hacer compras directas sin licitación, es decir, abrirle nuevamente las puertas a la corrupción en el nombramiento de personal y  generar nuevamente espacios donde estas comisiones puedan comprar de manera directa lo que a todas luces es una gran oportunidad con el latrocinio de Honduras.

Fotografía: Martín Cálix

CC: ¿Cómo se daría este proceso de privatización?

DS: El proceso de privatización ya está abierto pero es silencioso, creo que ese elemento es fundamental comprenderlo porque la gente piensa que el gobierno va a emitir boletas de pago de mensualidades en los centros educativos pero hay una privatización silenciosa en el sector salud y educación. Si usted va a traer boleta de calificaciones de sus hijos los padres o profesores pusieron dinero para imprimir esas boletas, si usted va a un centro de salud y no hay jeringas, así que le toca comprarlas eso es un claro proceso de privatización pero silencioso. Esto quiere decir que el Estado el único compromiso que tiene con la Secretaría de Salud y Educación en este momento, prácticamente, es el pago de salarios y ojo, que eso es a medias porque en algunos casos hay deudas históricas con estos sectores o con estos nuevos sistemas de contratación al margen de la ley y sin beneficios, pero esta etapa abriría la posibilidad de la privatización total del sistema. En salud hay muestras más fuertes que en educación como el Hospital de San Lorenzo entregado a AgroLíbano que administra el lugar y hace cobros.

CC: Las comisiones de salud y educación podrían hacer compras sin transparencia, recordando el desfalco al IHSS ¿Cómo ven el tema?

DS: La transparencia se genera cumpliendo la ley, si el Estado respetara el Estatuto del Médico y del Docente que ya tenemos, quitando
la Ley Fundamental de Educación y la Ley Marco de Protección Social, no
necesita crear nuevas leyes. Aquí la corrupción se va a abolir respetando la ley y el tema de los aspectos democráticos es que Honduras carece de un Estado de derecho y por eso aparecen estos PCM con comisiones que duplican las funciones del ministro o ministra.

En educación la situación es grave porque hay una ex ministra de educación y una viceministra que estuvo dos periodos, si hay una crisis en el sistema educativo estas dos señoras ayudaron a hacer esas crisis ¿cómo es que hoy, siendo culpables, van a venir a arreglar la crisis?  Y por otro lado, la educación es laica y vemos que hay un pastor de la iglesia evangélica en esa comisión, una cosa fuera de lugar y por otro lado, representantes de la cooperación internacional que está bien que ayuden y colaboren, pero bajo los mecanismos que plantee el Estado de Honduras y aquí la cooperación aporta un mínimo pero incide mucho en las políticas educativas y eso no puede ser.

CC: ¿Qué papel cree que libró esta crisis dentro de la crisis constante en el país?

Yo creo que lo más importante de esta crisis es que han aparecido  liderazgos que no están dispuestos ni a negociar ni a tranzar con el régimen y que bajo métodos obreros de organización y lucha hemos arrancado un primer triunfo y creo yo que eso le ha dado una lección al pueblo de cuál es el camino a seguir para retornar al orden constitucional.

Fotografía: Martín Cálix

CC: ¿Y cómo vieron la represión en respuesta a las manifestaciones que se dieron los últimos días?

DS: Lógicamente este es un Estado sumamente represivo, pero pienso que ahí es donde hablamos de los métodos obreros si la huelga y la movilización es bien organizada y los dirigentes tienen claro cuál es el camino a seguir y no están dispuestos a tranzar. Ni el sector salud ni educación se sentó en la mesa a negociar decretos, nuestra posición fue clara: vamos a eliminar los decretos y eso fue lo que hicimos.

CC: Algunos sindicatos y organizaciones se reunieron con Mauricio Olivia en el Congreso Nacional ¿cómo lo vieron?

DS: El sector educación, sobre todo, y algunos del sector salud fuimos engañados por burócratas que le ayudan al régimen, a nosotros se nos dijo que el gobierno nos convocaba para explicar, al llegar nos damos cuenta que quien pidió la reunión fue Daniel Durón y no negociamos nada, planteamos claramente por qué no íbamos a trabajar con ese decreto y por qué no lo negociaríamos-.

CC: ¿Qué otras acciones planean, qué sigue?

DS: El siguiente paso es llamar a un Encuentro Nacional de Luchadores la próxima semana, para definir una hoja de ruta para luchar contra la ley de minería, las que concesionaron los ríos, la ley de empleo por hora, luchar por el bosque, de los territorios de los pueblos indígenas y autóctonos, nuevamente buscar la reforma agraria, rescatar el derecho a la educación y salud pública, el Código del Trabajo, limpiar la corrupción del país y que paguen los saqueadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social pero no solo los presos sino que los autores intelectuales del latrocinio, devolverle a Honduras la democracia que tanto se olvida. 

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