A pocos días de que inicie el juicio por delitos relacionados al narcotráfico contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, en Honduras se analiza cómo afecta el crimen organizado al país, y qué implican las relaciones que tuvo Estados Unidos con el expresidente y con el proceso de depuración policial. Con este propósito, Contracorriente realizó un XSpace titulado «Narcoestado en juicio», con el escritor y analista Óscar Estrada como invitado. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, se encontraba entre la audiencia y también participó.
Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Jorge Cabrera
El expresidente Juan Orlando Hérnandez fue detenido para extradición hace exactamente dos años, y ahora se encuentra a pocos días de que se inicie un juicio en su contra en la Corte de Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico. Recientemente se declararon culpables dos acusados que irían a juicio junto al exmandatario: Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, exdirector de la Policía Nacional de Honduras (PNH), y Mauricio Pineda, exoficial de la PNH y primo de Hernández.
Óscar Estrada, reconocido analista en el caso, arrojó luz sobre una realidad perturbadora: las figuras oscuras como Hernández están intrínsecamente ligadas a la debilidad institucional. «Estos personajes oscuros surgen cuando la institucionalidad está débil, cuando las instituciones que deberían protegernos como sociedad, nuestro sistema político, nuestro sistema judicial, no están cumpliendo su función», señaló.
Estrada describió un círculo vicioso en el que los líderes políticos, impulsados por un afán de poder desmedido, abusan de las leyes y las normas para mantenerse en el poder, fortalecerse y alcanzar sus objetivos. En su análisis, vinculó directamente la figura de Juan Orlando como una secuela del golpe de Estado de 2009. Además, reflexionó que, tras dos años de la extradición, el país no ha logrado avanzar por un camino que inspire confianza.
Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, quién además lideró las operaciones para capturar al Tigre Bonilla y al expresidente, dijo que «el proceso de depuración del Tigre Bonilla fue para apartar la competencia, eso hay que decirlo, fue someter a la Policía Nacional para que no actuara. ¿Hay algunas personas ligadas [al crimen organizado] en la institución policial? Claro que sí, y estamos trabajando en eso. Hemos separado 2,500 funcionarios policiales en lo que va esta administración», dijo, aunque evadió las preguntas dirigidas a saber si existe una depuración interna de la policía, cómo se está realizando, y si hay mecanismos de transparencia al respecto.
En 2016, durante el gobierno de Hernández, Honduras inició un proceso de depuración policial que tuvo el apoyo de Estados Unidos en múltiples programas. Sin embargo, la relación de Hernández con ese país fue más allá de ese apoyo. Había una vinculación directa desde una agenda ideológica y religiosa entre Juan Orlando y Donald Trump, como lo reveló Contracorriente en la investigación colaborativa Trasnacionales de la Fe. Actualmente, la defensa de Hernández plantea utilizar esa colaboración como uno de los argumentos de defensa.
Para Estrada, Estados Unidos es responsable en gran medida de hasta donde llegó Hernández, por lo que durante el juicio se verán dos narrativas radicalmente opuestas: «una en la que Juan Orlando es lo que dice la fiscalía, la joya de la corona de una estructura del narcotráfico que se fue instalando durante dos décadas; y por otro lado, Hernández es la persona que logró, a través de su relación estrecha con Estados Unidos, con Israel y con los organismos de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos, reducir la violencia en nuestro país», señaló.
Una semana antes de que se hiciera pública la solicitud de extradición, el congresista Bob Menéndez había enviado una carta al Departamento de Estado en la que pedía revocar la visa de Hernández y que se le sancionara por ser «un capo del narcotráfico en el extranjero».
Hernández respondió con un comunicado en el que recordaba que la lucha contra el narcotráfico desde Honduras «ha sido respaldada por el Gobierno de los Estados Unidos, incluyendo el senador Menéndez con quien se reunió 2013 con el objetivo de impulsar la extradición. En mayo de 2013 usted vino a Honduras y me pidió como presidente del Congreso Nacional que presionara para que Honduras hiciera las extradiciones. Nuestros resultados se celebran en Washington».
Durante su mandato, Hernández emitió en varias ocasiones conferencias de prensa, cadenas televisivas y comunicados en donde parecía alertar a Estados Unidos de que habría consecuencias si lo procesaban. Estrada añadió que una de las consecuencias directas del juicio es que Estados Unidos tendrá que replantear su relación con Latinoamérica en su lucha contra el narcotráfico. «Creo que los presidentes que han tenido financiamiento con el narcotráfico en sus campañas no van a querer seguir cooperando de la misma manera con Estados Unidos», explicó.
Consecuencias y análisis del narcoestado en juicio
Christian Sánchez, del medio de comunicación Pro-Honduras Network, de hondureños radicados en Estados Unidos, dijo que se encuentra a la espera de nuevos coconspiradores que no hayan salido antes en juicios, y «que van a que van a salir ahí y que todos los que van a estar presentes en ese juicio los van a observar en fotografías, porque eso es lo que sucede ahí», dijo. Destacó que la prensa tiene una labor muy importante, la de señalar e investigar a esos actores.
Una persona de la audiencia señaló que ahora, con un nuevo Ministerio Público, una nueva policía y una nueva Corte Suprema de Justicia, estas instituciones deberían actuar de forma inmediata: «No es posible que en las Fuerzas Armadas sigan militares que tuvieron parte y formaron parte del narcotráfico estando libres», reclamó.
El pasado 9 de febrero, el Ministerio Público anunció el envío de un grupo de fiscales hondureños a presenciar el juicio contra el expresidente, «para dar alta prioridad a nuevas investigaciones o ampliar las líneas ya existentes en torno a casos de criminalidad organizada y narcotráfico», dice el comunicado, y agrega que procederán, si el caso amerita, contra personas o empresas mencionadas en el juicio.
Sin embargo, el Ministerio Público actualmente está a cargo de un fiscal interino que fue elegido en condiciones irregulares, después de que una comisión permanente con 9 diputados propietarios, en su mayoría del partido oficialista, aprobara esa moción hasta lograr los consensos para nombrar oficialmente autoridades.
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Estrada agregó que en un contexto donde la fiscalía carece de legitimidad por la forma en que fue electa «lo que vamos a tener entonces es un ambiente de politización del sistema de persecución penal por intereses políticos, y eso es delicadísimo, no nos ayuda como sociedad esa dinámica», señaló.
Sumado a esto, en juicios anteriores no sólo han sido nombrados exfuncionarios y políticos del Partido Nacional. Recientemente, el exdiputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Rony Martínez, afirmó a través de su cuenta de X/Twitter que »podrían darse menciones de personajes hondureños durante los juicios que no tienen nada que ver con temas de narcotráfico. «JOH y compañía pretenden ensuciar a estos, por puro desquite o venganza, cuidado”, dijo.
Por su parte, Estrada advirtió que este tipo de respuestas de los políticos pueden resultar ineficaces, dada la profunda desconfianza arraigada hacia los líderes políticos. «La población hondureña está abierta a creer cualquier cosa que se les diga de los políticos hondureños», dijo, y recordó que en Honduras hemos sido testigos de cómo los políticos tienen la capacidad de manipular la verdad y mentir descaradamente.
Estrada agregó que, si bien es cierto que los doce años de gobierno del Partido Nacional fueron críticos en el surgimiento y fortalecimiento del narcotráfico, el problema no se limita únicamente al Partido Nacional, sino que afecta a todo el espectro político del país. Destacó que la sociedad hondureña enfrenta un momento crítico en el que la transparencia y la rendición de cuentas se imponen como imperativos urgentes para restaurar la confianza en todo el sistema.
Por su parte, el ministro Sánchez, ante el cuestionamiento de una ciudadanía que no confía en la Policía Nacional, de un país en estado de excepción, con serias denuncias sobre abusos a los derechos humanos, sostuvo que «el estado de decisión parcial solo afecta a los delincuentes», y señaló que durante el estado de excepción la PNH hace aprensiones, «pero todo eso es posteriormente validado por el Ministerio Público; dicen que hay muchas denuncias, sé que en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) hay quejas, pero en los tribunales y en la Fiscalía las denuncias son mínimas».
Hay que recordar que el Conadeh informó en diciembre de 2023 que desde que inició el estado de excepción han atendido un promedio de 33 quejas mensuales relacionadas a abusos de agentes de seguridad contra los derechos humanos de las personas.
Sánchez añadió que tanto desde el Ministerio Público como en la Policía Nacional están destituyendo y capturando operadores de justicia de otras instituciones, «porque el clima organizado afectó la institucionalidad del Estado, estuvimos muy cómodos (…) Hace unas semanas capturamos a diez policías, siete por un incidente y tres por otro más, y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros hemos cancelado 2,500 funcionarios policiales, lo que no hemos hecho es circo, lo que no hemos hecho es exponerlos, lo que no hemos hecho es violentar las garantías constitucionales que hasta los policías las tienen», afirmó.
Añadió que, a su criterio, la problemática de violencia y criminalidad no es una problemática policial, sino social. «Honduras tiene tres fuentes: uno, el crimen común; dos, el crimen organizado; y el tercero son los factores culturales enquistados en la sociedad», y sobre este último puso de ejemplo el caso de cuando un hombre mata a su pareja.
En ese momento, Jessica Sánchez, analista feminista, dijo que es necesario que desde la Secretaría de Seguridad se reconozcan los femicidios como tales: «En el Protocolo Latinoamericano de muertes violentas dice que mientras no se investiga, mientras está el proceso investigativo, se dirá femicidios, ¿no? O sea, toda muerte de mujer es un femicidio en primera instancia (…) no sé por qué la resistencia», señaló.
El ministro Sánchez dijo que la Policía Nacional actúa de acuerdo a la ley. «Cada vez que hay un incidente quien tipifica es el fiscal, él dice si lo analizamos como homicidio, como asesinato, como parricidio o como femicidio. (…) Desgraciadamente estamos en una sociedad machista, y se lo dice un varón, donde se asume como normal que un hombre agreda a una mujer», argumentó.
Jennifer Ávila, directora editorial de Contracorriente, recalcó que las muertes violentas y femicidios en Honduras se relacionan con la violencia del crimen organizado: «Lo que sucede es que los hombres tienen más acceso a las armas o forman parte del crimen organizado, y que también hay mujeres que están siendo utilizadas por grupos de crimen organizado, o que son parte de las estructuras. Estamos en un país que está completamente contaminado y al que le agregamos un factor fundamental, que es imposible de ignorar, que es el machismo, y la muerte y la violencia que existe contra las mujeres en general», apuntó.
Finalmente, Estrada concluyó enfatizando que la lección de este juicio va más allá de comprender la estructura del narcoestado. «¿Cómo evitamos que se siga filtrando el dinero del narcotráfico en la campaña política? ¿Que sigamos eligiendo narcoalcaldes, narcodiputados, narcopresidentes?», se preguntó. El analista advirtió que confiar únicamente en la intervención de Estados Unidos es no ver el panorama completo, especialmente porque otros problemas sociales en Honduras, como la migración y los femicidios, también están intrínsecamente relacionados con la situación que puso en juicio al expresidente Hernández: un narcoestado.
