Honduras ronda ya los 6000 casos confirmados de personas que se han contagiado de COVID-19 en los últimos tres meses. Los datos no son certeros, hay un retraso de quince a veinte días en la entrega de resultados. No se conoce cuántas de esas personas siguen enfermas pero los hospitales destinados para la atención están colapsados. El presupuesto ejecutado hasta el momento aumenta a 4 100 millones de HNL (167 millones USD). Los hospitales móviles se han retrasado, las compras de equipo médico y de bioseguridad no han seguido los lineamientos adecuados y las mejoras a los hospitales no se completaron. Mientras tanto, varios centros hospitalarios denuncian que aún no reciben el apoyo de las autoridades para atender la pandemia.
«Nosotros también somos víctimas de cómo se ha trabajado en esta pandemia. Nuestra obligación es denunciar, no crear falsas expectativas de la población porque no las hay», dice la doctora Suyapa Sosa, presidenta de la Asociación de Médicos del Instituto Cardiopulmonar —también conocido como El Tórax—, en Tegucigalpa, durante una conferencia que ofreció a medios de comunicación.
Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), habían presentado entre sus proyecciones que el pico más alto de la pandemia se daría en junio. Esto se considera la etapa cinco de la pandemia, cuando hay una alta incidencia de casos que sobrepasa la capacidad instalada.
La emergencia por la pandemia del COVID-19 en Honduras, no solo ha dado lugar a múltiples quejas de parte del sector salud que atiende en primera línea a las personas contagiadas, sino también a denuncias e investigaciones de posibles actos de corrupción en las compras realizadas durante la pandemia. En algunos casos, las denuncias vinieron de parte de la ciudadanía a través de medios de comunicación o redes sociales, otras en auditorías e informes producidos por organizaciones de sociedad civil.
La información actualizada hasta el 22 de mayo en el portal de la Secretaría de Finanzas (Sefin), señala que la ejecución del presupuesto de 167 millones USD se utilizó para la contratación de personal de salud, compra de equipo médico, equipo de protección, kit de pruebas de laboratorio, medicamentos, mejoras de infraestructura, hospitales móviles y entrega de alimentos a través del saco y la bolsa solidaria.
El presupuesto de Trabajo y Seguridad Social comprende 5 millones HNL para las personas afiliadas al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), y 353 millones para los empleados del sector maquilas. Mientras que el programa Código Verde, utilizó 65 millones destinados para la contratación de personal asistencial en los centros de atención hospitalaria en el país, a través del programa Chamba Comunitaria.
Hasta el momento, Invest-h es la institución que más presupuesto ha recibido para atender a la pandemia en Honduras, con un total de 2000 millones HNL (84 millones USD), del total del presupuesto. Esto fue utilizado, entre otras cosas, para la compra de los hospitales móviles por un monto de 1174 millones HNL (46 millones USD). Se esperaba que los hospitales comenzaran a llegar a partir de junio, sin embargo, el director de Invest-H, Marco Bográn, anunció en un medio televisivo que llegarán hasta julio: «se está retrasando la producción en Turquía y el transporte internacional está colapsado a nivel mundial, pero aún así estamos recibiendo algunos insumos que ya están entrando para el equipamiento de los hospitales».
A pesar de que las órdenes de compra de los hospitales se hicieron en marzo, a mediados de mayo, la Cruz Roja Hondureña, quien se había dicho que sería la institución encargada de manejarlos, decidió terminar el contrato que mantenía con Invest-h debido a que no se le dio las especificaciones técnicas a tiempo y no se pudo preparar y capacitar al personal. Hasta el momento solo se conoce que quienes manejarán los hospitales móviles serán gestores descentralizados de la Secretaría de Salud.
Además de esto, Invest-h también se encargó de la compra de medicamentos para la Secretaría de Salud. Los medicamentos adquiridos forman parte del esquema de tratamiento denominado CATRACHO y el otro denominado MAIZ, que están utilizando para pacientes con COVID-19 en tercera y primera etapa respectivamente. CATRACHO utiliza: colchicina, antiinflamatorio, toz tocilizumab, ivermectina, anticoagulante, hidroxicloroquina, oxígeno de alto flujo y pronación. Mientras que MAIZ utiliza microdacyn, azitromicina, ivermectina y zinc, este último aplicado a pacientes que no se encuentran graves.
Invest-h compró 1 500 000 pastillas de hidroxicloroquina, a un monto de 13 700 000 HNL (548 000 USD) y 7000 bidones de 5 litros de la solución antiséptica microdacyn a 6 millones HNL (245 000 USD). También, en su página web aseguran estar entregando a la Secretaría de Salud un lote de 18 000 tabletas de ivermectina, pero este medicamento no aparece en la página de Sefin, dentro de las compras realizadas. En el caso de la hidroxicloroquina, a pesar de que no existen suficientes estudios rigurosos que hayan demostrado la efectividad del medicamento para tratar o prevenir el COVID-19, el pasado 24 de abril, Donald Trump sostuvo una llamada con Juan Orlando Hernández, en la que, según Trump, Hernández le reportó que el uso de hidroxicloroquina ha tenido «resultados increíbles» en Honduras.
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Sin embargo, el doctor Osmín Tovar, director del Hospital Escuela Universitario (HEU), durante una conferencia de prensa dijo haberle enviado una carta a la Secretaría de Salud para denunciar que están utilizando medicamentos sin los controles de investigación y médicos adecuados. Tovar señaló sentirse preocupado de que la hoja de consentimiento que firman los pacientes asegura que los medicamentos son efectivos y que no se está informando sobre los riesgos.
La situación de los hospitales y su abastecimiento
La Secretaría de Salud ha ejecutado un presupuesto de 527 500 000 HNL para la compra de medicamentos y equipo de bioseguridad. Tres meses después de que inició el estado de emergencia por el COVID-19, las condiciones no parecen haber mejorado.
Tovar del HEU dice que no tienen las condiciones para atender a más pacientes, tanto en personal como en equipo. Mientras tanto, Suyapa Sosa, del Tórax, señaló esta misma situación y además apuntó en su comunicado que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), institución encargada de la emergencia con todo y sus recursos, no ha llegado al centro hospitalario. «No podemos cargar con culpas ajenas, no podemos seguirle mintiendo a la población hondureña (…) no es justo que sigamos siendo víctimas los que estamos trabajando y los demás se estén robando el dinero y no estén dando la cara o una respuesta» expresó.
Lisandro Rosales, comisionado de la presidencia para la atención al COVID-19, negó en medios de comunicación que la capacidad del Tórax esté a punto de colapsar. También señaló que el Centro de Atención en el polideportivo de la Unah se habilitaría cuando los hospitales estén a un 85% de ocupación. Sin embargo, Sinager ya trasladó a veinte pacientes con síntomas leves de COVID-19 a las ciento treinta camas preparadas en esa instalación.
Después de que se conocieron los primeros dos casos en el país, el Congreso Nacional aprobó en abril, vía decreto ejecutivo 033-2020, la autorización a realizar contrataciones directas desde varias instituciones del Estado. Para el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), las contrataciones directas «se han convertido en una herramienta utilizada por los promotores y ejecutores de la corrupción para apropiarse y obtener ventaja en las negociaciones que realiza el Estado con terceros».
Una de las primeras contrataciones que se hizo fue la mejora y remodelación del Tórax, para esto la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) desembolsó 4 millones de HNL a la empresa JF Construcciones. «Queda acreditado que estos fondos fueron derrochados en obras inconclusas y de mala calidad», dice un informe presentado a finales de abril, por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una organización que se dedicó a auditar independientemente las compras que hicieron varias instituciones estatales.
El informe del CNA, detalla que las mejoras realizadas al centro asistencial consistieron en camas con estructuras básicas que no son recomendables para pacientes hospitalarios, construcciones sobre zonas con agrietamientos, falta de rejillas para las lluvias y falta de pavimentación de concreto hidráulico para la acera donde se trasladarían las camillas con pacientes. Además, señalan que no se construyó una sala de triaje como se tenía estipulado en el contrato.
El mismo informe detalla que 450 ventiladores Breas Vivo 65, que se compraron al iniciar la emergencia, no contaban con las especificaciones técnicas requeridas para atender a los pacientes en estado grave. Fueron entregados al Tórax, 10 ventiladores, de forma incompleta, «actualmente se encuentran almacenados en su bodega sin poder ser usados por los médicos», menciona el documento. Esta situación fue confirmada por la doctora Sosa, quien manifestó que a varios meses de haber recibido el equipo aún están intentando conseguir las piezas que les faltan para funcionar, y que así puedan ser utilizados en pacientes que no están en un estado tan grave.
En otro informe presentado a finales de abril, el CNA reveló una supuesta sobrevaloración de 57,7 millones HNL (2 millones USD), en la compra de mascarillas N95 y descartables, adquiridas por Invest-h, contraparte nacional de la Cuenta del Milenio, a las sociedades Dicohonsa, Grupo GYT y Access Telecom, por un valor total de 126 millones HNL (5 millones USD).
El CNA identificó un sobreprecio de un 46% del monto adjudicado a las tres sociedades, semanas después del informe se canceló la compra con dos de los proveedores, aparentemente derivado de la veeduría sobre el proceso. «Respetamos y compartimos el punto de vista del Grupo GYT, en el sentido de que no se puede llevar adelante un proceso de contratación tan injustamente cuestionado, que ha llevado a los detractores del mismo, incluso a incurrir en informes públicos difamatorios que serán respondidos oportunamente», señalan en el comunicado que publicó Invest-h, para dar a conocer la cancelación de la compra.
De esas empresas únicamente quedó vigente la compra a Access Telecom, una empresa ubicada en Estados Unidos con rubro principal en venta de celulares y accesorios electrónicos. Una investigación de Contracorriente, reveló que Arturo Maduro, sobrino del expresidente Ricardo Maduro, ha estado vinculado con la empresa Access Telecom, y según denuncias de empresarios nacionales habría sobrevalorado el precio de los implementos de bioseguridad hasta por un 100%.
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Para el magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Roy Pineda, Invest-h no ha tomado las decisiones correctas en las compras para la emergencia, «no ha habido una planificación de las compras o de las necesidades biomédicas, en ese sentido, se ha comprado más hospitales a precios altísimos que pasarían al abandono», dijo el funcionario.
Mientras tanto, de manera oficial, la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), trabajó auditorías sociales a las compras realizadas por Invest-h, en cinco procesos de compras de equipo de bioseguridad, 290 ventiladores mecánicos pulmonares, 7 7 hospitales móviles de aislamiento y 7 plantas de tratamiento de desechos médicos, 450 ventiladores mecánicos pulmonares y 250 000 kits de pruebas COVID-19. De las últimas dos ya presentó informes públicamente.
«Aún en tiempos de emergencia, el Estado debe cumplir ciertos pasos mínimos, incluyendo la documentación de consultas con los expertos de Sesal y otra necesaria para asegurar que se están adquiriendo los productos adecuados» señalan ambos informes de auditoría. Si bien en ambas compras encontraron que tanto la calidad como los precios y tiempos de entrega eran buenos, no existen pruebas de que las autoridades hayan hecho análisis previos para saber si los productos eran los indicados para la crisis, antes de proceder a la compra.
«No está claro quién ni cómo se decidió la compra de estas pruebas, a este precio y con esta empresa, las decisiones fueron tomadas en cuatro días» añade la auditoría sobre los kits de pruebas, en este caso a la compra le faltaron los reactivos que necesita el equipo de laboratorio para poder realizar las pruebas.
En la evaluación señalan que el país no tiene capacidad para realizar 3000 pruebas diarias, número ideal para enfrentar la pandemia y dar uso a los productos adquiridos. Actualmente se realizan entre quinientas y seiscientas diarias y el tiempo de procesamiento de resultados es de 20 días. «Estamos demandando que debe de haber una planificación adecuada. Cuando presentamos el primer informe la excusa era que no se podía planear, está bien, pero han pasado varias semanas», señaló Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ.
Problemas con transparencia de las compras
El IAIP realizó una evaluación de transparencia durante la pandemia. De 305 instituciones evaluadas, 165 obtuvieron calificaciones malas y deficientes. La institución peor evaluada fue Copeco, que solo logró una calificación de 55 % de transparencia «no tiene ningún tipo de evidencias de liquidación ni de presupuesto», señalaron los comisionados del Iaip.
En ese mismo informen señalan que la mayoría de los organismos tuvieron problemas para cumplir la ley, sobre todo en las partes de planeación, compras y contrataciones. Además, denunciaron que en el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas la información no está publicada bajo los lineamientos del Iaip. Otra de las observaciones que realiza el Iaip en su informe es que Invest-h publicó mucha información que no se encuentra en el idioma español, sino que únicamente en inglés y esto de alguna forma impide el acceso a la ciudadanía.
«Lastimosamente las facturas proforma lo envían con el idioma de origen, no hemos tenido la oportunidad de hacer la traducción», explicó Marco Bográn, director de Invest-h, en declaraciones a medios. Los proveedores de los hospitales se conoce que son de origen estadounidense, aunque la fabricación se está dando en Turquía. Mientras que la mayoría de insumo médico se compró a Estados Unidos y las pruebas para detectar COVID-19 a Corea.
Julio Raudales, expresidente del colegio de economistas, señala que la forma en que se ha presentado la información en la página de la Secretaría de Finanzas genera desconfianza en su uso «Sí, se han llevado a cabo (las compras) porque se ha visto una atención al problema de la pandemia. Pero la verdad es que cuando uno entra a la página de Finanzas no se está cumpliendo con lo que está establecido en la Ley del acceso a la información pública, que obliga a que todos estos procesos se hagan con la mayor transparencia, evidentemente esto levanta mucha suspicacia».
La semana pasada el diputado por el Partido Libertad y Refundación, Jorge Cálix, pidió en una sesión virtual del Congreso Nacional que se conformara una comisión para investigar las compras realizadas por Copeco e Invest-h, en el marco de la emergencia sanitaria. Sin embargo, la junta directiva se negó a aprobar la moción.
Honduras Solidaria: el segundo rubro con más presupuesto
El gobierno inició a finales de marzo la operación Honduras Solidaria, con la que, supuestamente, llevarían 800 000 raciones de alimentos a 3,2 millones de personas en el país. Sin embargo, durante su implementación surgieron denuncias acerca del producto distribuido.
Para Honduras solidaria se utilizaron fondos provenientes de la medidas aprobadas en el decreto ejecutivo PCM-020-2020, publicado el 16 de marzo en La Gaceta, que detalla austeridad y contención del gasto en todas las instituciones del sector público. Esas medidas incluyen la reducción de todos los presupuestos que no pertenecen a salud, educación, energía, seguridad y defensa para obtener el 2 % del total aprobado para 2020.
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El total utilizado fue de 912 200 000 HNL, ejecutado a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, que utilizó 642 millones (25 millones USD) y la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), que utilizó 269 millones HNL (10 millones USD).
La Secretaría en Gobernación, Justicia y Descentralización ejecutó fondos para Honduras Solidaria en fase I y II. En total aseguran que dieron 1 237 816 de bolsas, a un precio unitario de 500 HNL. En la primera etapa le entregaron a 292 municipios y en la segunda, se disminuyó el número a 227.
Choloma, San Pedro Sula y Tegucigalpa, junto a tres municipios más, forman parte de la modalidad centralizada de la operación Honduras Solidaria. La entrega estuvo a cargo de Banasupro y comprendía una ración alimenticia y un kit de higiene. Sin embargo, no especificaron la cantidad de raciones entregadas ni el precio individual de cada una.
Un informe del Plan de Acción para el Acompañamiento y Fiscalización de los Recursos Públicos que el TSC está ejecutando en los procesos de compras y contrataciones durante la emergencia, señala que el Consejo Directivo de Banasupro no aprobó el presupuesto de gastos ejecutado para la elaboración de sacos y bolsas solidarias en la primera etapa.
El informe del TSC, añadió que las órdenes de compra no eran firmadas por los proveedores, ni existieron contratos firmados para el personal que integra la operación Honduras Solidaria, además de que no se disponía de un presupuesto asignado. De igual manera, señalaron que en la verificación que realizaron a los productos de la bolsa solidaria, en algunos casos, no se cumplía con el peso establecido en los granos del frijol, en 2 o 3 bolsas no tenían la manteca o la bolsa de espaguetis. Además, señalaron que en las actas de entrega de bolsas a las Fuerzas Armadas solo se escribía la cantidad en número y no en letras, situación que no garantiza suficiente transparencia.
La situación económica y el presupuesto para 2021
Para el economista Julio Raudales, el problema con el manejo en las compras durante la pandemia inició cuando la Secretaría de Finanzas no realizó un nuevo presupuesto para aprobación al Congreso Nacional. «El presupuesto que estaba vigente no es realista, las condiciones han cambiado muchísimo. Se debió hacer y aprobar un nuevo presupuesto, primero para tener una planificación adecuada y segundo para que haya una mejor transparencia», añadió.
Estimaciones del Fosdeh detallan que después de los 1200 millones USD, en los que Honduras se endeudó durante la pandemia, hará que el pago de la deuda ya no sea del 27 % del presupuesto anual, sino que estará entre un 30-35 % en 2021.
El economista Hugo Noé Pino, señaló durante un webinar realizado por la iniciativa Congreso Primero, que la deuda impactará en la economía los próximos años: «es importante que la ciudadanía ponga un elemento de atención porque después de que pase esta emergencia sanitaria, que espero pase con las menores consecuencias negativas para Honduras, viene el problema de la deuda que vamos a enfrentar en los próximos años», añadió Hugo Noé Pino.
Para la ASJ, todas las compras debieron partir de una estrategia documentada, un documento que se ajuste semana a semana a las condiciones nacionales que se analice a diario con expertos en todos los rubros. El informe de la ASJ señalaba que al país aún le quedaban uno o dos meses antes de registrar el pico más alto de contagio, lo que da tiempo a crear una estrategia integral.
Sin embargo, la situación que han reportado varios de los principales centros hospitalarios de Tegucigalpa no es tan alentadora. Esta semana el HEU, denunció ya no tener capacidad para recibir pacientes con COVID-19 y que, de no recibir una respuesta de las autoridades encargadas, deberán atender a pacientes en condiciones no adecuadas.
En ese centro asistencial se conoce que hay al menos 26 contagios por COVID-19 en el personal y el fallecimiento de un microbiólogo con sospechas y cuya prueba parece haberse perdido, según denuncias de familiares. El doctor Osmín Tovar, director del HEU, señaló que el fin de semana pasado recibieron 50 casos y hubo 6 defunciones en la sala COVID-19, «la planificación es buena pero hay momentos para planificar y momentos para actuar, y nosotros estamos atrasados para actuar, si no tomamos acciones vamos a seguir viendo muertos» sentenció Tovar.
Mientras tanto, las posibilidades de investigación y sanción sobre las compras durante la pandemia son inciertas. El Ministerio Público solo se pronunció en abril, cuando dijo que investigaría las compras realizadas por la Comisión Permanente de Contingencias. A esto se le suma que a finales de mayo el Congreso Nacional aprobó la interpretación de tres artículos del nuevo Código Penal que limita la capacidad de confiscar documentos y emprender acciones para la lucha anticorrupción. Esto se suma a las otras leyes aprobadas el último año que limitan a un Ministerio Público que aún no termina de investigar y sancionar el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social, que se dio a conocer hace seis años.
