Un operativo de la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO) llegó a inspeccionar las instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911, tomar declaraciones y decomisar documentación sobre el uso de fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional en el gobierno anterior.

El Congreso Nacional buscó derogar el decreto 93-2021 a media noche, sin suficiente socialización y sin explicar que eliminarlo reactivaría los artículos 28 y el 153 del Código Penal que criminalizan a la prensa y contemplan responsabilidades penales para dueños de medios de comunicación y periodistas. Algunas bancadas están de acuerdo con eliminar el decreto 93-2021 ya que efectivamente este ha servido para absolver y proteger a lavadores de activos; sin embargo, solicitan que, si se deroga, se eliminen algunos artículos del Código Penal, como es el caso de la penalización contra los medios de comunicación.

Desde diciembre de 2022 —y previo a la elección de la Corte Suprema de Justicia—, el Congreso Nacional anunció la entrega de una «subvención» a congresistas de todas las bancadas para ejecutar proyectos sociales. Esto se repitió previo al feriado de Semana Santa. En el portal de transparencia del Poder Legislativo no se encuentran las liquidaciones de estas subvenciones por parte de los congresistas tal y como se prometió.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias indicó que en Honduras, actualmente, se producen desapariciones forzadas contra residentes de barrios marginalizados, menores de edad y adultos jóvenes. Además, mencionó que en su registro existen 210 casos de desapariciones forzadas en el país, lo que constata un alto grado de impunidad en el Estado.

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró culpable al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans que se dedicaba al trabajo sexual y a la defensa de derechos humanos. Vicky fue asesinada en la noche del Golpe de Estado, el 28 de junio de 2009, por agentes policiales. Ahora, 14 años después, el Estado de Honduras está obligado a cumplir con las medidas reparatorias dictadas por la CIDH.

La propuesta de Ley predominante para regular el funcionamiento de la Junta Nominadora que seleccionará a los 45 candidatos a magistrados de la CSJ es la que fue presentada por el Poder Ejecutivo, asegura el diputado Ramón Barrios, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional. Sin embargo, esta Comisión aún está fusionando elementos de tres propuestas: la del Ejecutivo y las presentadas por los diputados Fátima Mena y Rasel Tomé.

Con la impresión del periódico gubernamental «Poder Popular», el periodista Ivis Alvarado, secretario de Prensa, aseguró que las pautas millonarias a medios comerciales desde Casa de Gobierno son cosa del pasado. Cada lunes a las 5 de la mañana la denominada «Motorizada del Partido Libre» reparte este periódico que lejos de ser un medio público es una herramienta propagandística de la presidencia.

El pasado 20 de abril, el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y otros decretos relacionados. Ahora, luego de que la presidenta Xiomara Castro sancionara estos decretos, las empresas localizadas en las ZEDE deberán de inscribirse en alguno de los regímenes especiales vigentes en Honduras con instrucciones de la Secretaría de Desarrollo, y, además, las distintas Secretarías de Estado deberán desclasificar toda la información sobre las mismas después de haber sido derogada la Ley de Secretos.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) aprobó un mecanismo que permitirá investigar y promover la rendición de cuentas del Estado de Nicaragua. El mecanismo se llevará a cabo por expertos a nivel internacional después de un monitoreo exhaustivo a la condición de crisis en la que vive el país centroamericano estos últimos tres años. Honduras, país limítrofe con Nicaragua, votó en contra de la aprobación de este instrumento.

Policías rodearon este lunes la casa del expresidente Juan Orlando Hernández después de que la Cancillería de la República informó que EE.UU. solicitó la extradición de “un político hondureño”. Diversas fuentes han confirmado que se trata del expresidente Juan Orlando Hernández. El abogado del exmandatario, Hermes Ramírez, ha confirmado que Juan Orlando Hernández sí se encuentra en su casa y que se pretende darle captura sin la orden de un Juez Natural. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, convocó de emergencia al pleno de magistrados para conocer la solicitud de extradición realizada por EE.UU.

El pasado 9 de enero Pablo Hérnandez, líder indigena y comunicador social, fue asesinado en la aldea de Tierra Colorada, municipio de San Marcos de Caiquín, Lempira. Hernández denunciaba constantemente los actos de corrupción de las autoridades del municipio; entre ellos, la venta de territorios ancestrales y la complicidad de otros líderes indígenas en esto, según fuentes confidenciales. Las autoridades pertinentes aún no presentan avances en la investigación de los autores criminales e intelectuales de su asesinato.