La «mafia violenta y corrupta» de Adán Fúnez en el Bajo Aguán

Adán Fúnez mantiene el poder en el departamento de Colón tras la caída del cartel de Los Cachiros y otros aliados criminales. ¿Cómo lo hace? Sus vínculos con grupos del crimen organizado y el apoyo de los máximos líderes del Partido Libre –el partido de gobierno– podrían explicarlo y ayudar a entender los asesinatos, corrupción y precariedad que reinan en esa región.

 

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen
Edición: Jennifer Avila
Portada: Persy Cabrera

 

Algunas cosas han cambiado en Tocoa desde que el cártel de narcotráfico liderado por los hermanos Rivera Maradiaga, alias Los Cachiros, se desarticuló tras la entrega de sus cabecillas a la justicia estadounidense; por ejemplo, su presencia en el pueblo, el fin de su narcofilantropía, el poderío de algunos de sus operadores políticos. Pero no todo ha cambiado, sobre todo en la gobernanza de esta ciudad cerca de la costa caribeña de Honduras, paso obligado de la cocaína que va hacia el norte de América. 

 

A pesar de las denuncias constantes de organizaciones de derechos humanos en la zona, el personaje más inamovible de Tocoa ha logrado el poder absoluto, ya no solo en la ciudad, sino en el departamento de Colón. Hablamos de Adán Fúnez, actual alcalde de Tocoa, quien mantiene el respaldo de Manuel Zelaya Rosales, el expresidente de Honduras y máximo líder del oficialista Partido Libre.

 

Testimonios de víctimas de violencia y violaciones de derechos humanos en la zona lo vinculan con bandas del crimen organizado que han cometido múltiples crímenes contra líderes campesinos y ambientalistas. Además, documentos del registro público muestran sus relaciones comerciales con narcotraficantes y políticos señalados por corrupción, y la forma opaca en la que ha manejado sus propiedades y empresas. Fúnez también ha sido investigado por ser un actor clave en la perpetración de abusos a los derechos humanos en el conflicto minero de Guapinol. 

 

«En Tocoa, cuando llueve, la mierda flota en la calle», es una de las frases que más repitieron las personas con las que hablé en esa ciudad, ubicada en el departamento de Colón, en la costa norte hondureña. Después de algunos días, entre el calor insoportable, lluvias torrenciales y calles inundadas, ese dicho adquiere sentido. 

 

En apariencia, esta ciudad, que años atrás se ganó el sobrenombre de «Colombia chiquita» por su relación con el narcotráfico, sigue creciendo con nuevas tiendas y franquicias de comida rápida, pero las condiciones de los servicios públicos continúan siendo casi inhumanas, considerando la crisis energética que les deja a oscuras por varios días, la falta de sistemas de drenaje para las aguas lluvias y las terribles condiciones de infraestructura vial, sin alcantarillado ni sistema de tratamiento para las aguas residuales.

 

Los años pasan. Algunos cabecillas del narcotráfico que transitaban las calles de esa ciudad han sido extraditados y brindan testimonio contra el mismísimo expresidente del país, Juan Orlando Hernández, en los Estados Unidos, pero algo que sigue igual en Tocoa desde hace 18 años es la figura del alcalde Adán Fúnez, quien actualmente cumple su tercer periodo consecutivo como titular de esa municipalidad.

 

Adán Fúnez también ha sido mencionado en juicios por narcotráfico en los Estados Unidos por recibir dinero del cártel de Los Cachiros, y él mismo reconoció públicamente haber sido amigo de los hermanos Rivera Maradiaga. Además, su administración ha sido investigada por el Ministerio Público por supuestos actos de corrupción, y ha sido clave para la violencia y violaciones a derechos humanos en el conflicto agrario y la lucha por el medio ambiente.

Fúnez, alcalde de Tocoa, participó junto a la empresa EMCO en el cabildo abierto, pero no lograron los resultados que esperaban. Tocoa, diciembre de 2023. Foto CC/Fernando Destephen

Las posibles conexiones entre Adán y el narco en el Bajo Aguán

 

Tocoa es el cuarto municipio más violento del país, con 88 muertes violentas en 2023, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea. Según datos del analista Sam Woolston, la tasa nacional de homicidios cayó un 13% entre 2022 y 2023 de 35,6 homicidios por cada 100.000 personas a 30,8; pero Colón siguió siendo el departamento con mayor número de homicidios en Honduras, con una tasa de 57,0 homicidios por 100.000 habitantes. 

 

A pesar de toda esta violencia –mucha de ella consecuencia del narcotráfico–  en este lugar parece no ser suficiente que un narcotraficante confeso asegure haber pagado sobornos a un político para que este pierda su caudal y apoyo. 

 

En 2017, en el juicio por narcotráfico contra Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, un fiscal del distrito sur de Nueva York le preguntó al exjefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, sobre los políticos en el departamento de Colón que habían recibidos sobornos para facilitar el paso de la droga y obtener protección. «Oscar Nájera, Juan Gómez, Adán Fúnez y Midence Oquelí», respondió el narcotraficante.

 

Un año antes, Fúnez ya había reconocido, en el marco de un cabildo abierto, ser amigo de Javier Rivera, el otro líder del cártel de Los Cachiros. Fúnez explicó públicamente y con orgullo que «esa concesión que tiene EMCO —la empresa del matrimonio de Lenir Pérez y Ana Facussé que mantiene un conflicto socioambiental en la zona— es de Javier Rivera, amigo de ustedes y amigo mío».

 

Desde entonces, Fúnez ha ganado dos elecciones más como alcalde de Tocoa, y en 2022 fue nombrado de forma irregular por la Secretaría de Gobernación y Justicia del Gobierno de Xiomara Castro como gobernador del departamento de Colón, aunque finalmente renunció al cargo y designó en su lugar a Ixcer Barahona, uno de sus empleados de confianza en la municipalidad.

 

Otro político originario de Tocoa señalado en las declaraciones de Devis Leonel Rivera fue Ramón Lobo, exdiputado del Partido Nacional y hermano del expresidente Porfirio Lobo. Rivera acusó a Ramón Lobo de reunirse con miembros del cártel para facilitar las operaciones de tráfico de droga y ser intermediario del envío de sobornos dirigidos al expresidente.

 

Los señalamientos solo fueron una confirmación de lo que muchos ya sabían: empresarios y políticos han mantenido  una relación estrecha con las operaciones del narcotráfico desde hace mucho tiempo.

 

Pero varios años antes de estos señalamientos en común, Adán Fúnez y Ramón «Moncho» Lobo ya se habían relacionado directamente. Según documentos del Instituto de la Propiedad a los que tuvimos acceso, habían realizado una operación de compra y venta clave para el desarrollo de los negocios del alcalde.

 

En septiembre de 2006, Adán Fúnez, siendo ya alcalde, y su esposa Mirna Aleyda Ochoa constituyeron ante el registro mercantil de Trujillo, Colón, una empresa de buses interurbanos que opera en algunas ciudades del norte del país y Tegucigalpa, con el nombre de Transportes Mirna, Sociedad Anónima de Capital Variable. 

 

Luego, en junio de 2007, esta empresa compró una fracción de terreno en el municipio de Bonito Oriental, a 40 kilómetros de Tocoa, para instalar sus oficinas. La propiedad costó 250 mil lempiras y pertenecía a Ramón Lobo, quien, según los documentos, tiene múltiples propiedades tanto en Trujillo como Bonito Oriental, en algunos casos desde finales de la década de 1970. 

 

Aunque Ramón Lobo no ha sido acusado en Honduras por su supuesta relación con el narcotráfico, en 2018 fue acusado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) por los supuestos delitos de fraude y malversación de caudales públicos en el caso «La caja chica del hermano», donde se describe cómo, en complicidad con Wilfredo Cerrato, secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, desviaron más de 13 millones de lempiras del erario público hacia sus cuentas personales. 

 

Por este caso, en 2022 la fiscalía logró una sentencia para el aseguramiento definitivo de una de sus propiedades, de más de 500 manzanas de tierra, ubicada en el municipio de Trujillo, Colón, y otra en Bonito Oriental. La suma del valor catastral de ambos bienes es de más de 800,000 lempiras.

 

A pesar de haber perdido estas propiedades, Ramón Lobo fue sobreseído por la Corte Suprema de Justicia, y aunque el Ministerio Público interpuso un recurso ante esa decisión, parece que el caso quedará enterrado entre tantos otros casos de corrupción sin resolver en el país. 

 

En el caso de la fracción que vendió a Transportes Mirna, en diciembre de 2021 está fue comprada por Mirna Ochoa, esposa y socia del alcalde, por el valor de 250 mil lempiras, el mismo costo por el que fue adquirida en 2007. Cabe destacar que en el mismo año en que la empresa Transportes Mirna adquirió esa propiedad, la sociedad fue disuelta ante el registro mercantil y desde entonces es representada por una liquidadora. 

 

Luego, según un anuncio publicado en un periodico nacional en noviembre de 2012, Mirna Ochoa y Fúnez constituyeron nuevamente la empresa de transporte, pero como sociedad de responsabilidad limitada y con sede en San Pedro Sula.

 

En la última década, la empresa del alcalde y su familia no quedaron exentas de la violencia que azota la zona. Entre 2016 y 2017 suspendieron sus operaciones en dos ocasiones, en protesta por la falta de seguridad y el cobro de extorsión del que supuestamente eran víctimas. En 2015 y 2018 dos de sus unidades fueron atacadas e incendiadas. En el caso del incidente en 2018, la empresa señaló sin pruebas a activistas del ambiente en la zona que se oponían a la instalación de un proyecto minero. Los activistas, por su parte, aseguran que ese hecho fue un montaje del alcalde con la intención de criminalizarlos.

 

Los tratos entre Adán Fúnez y personas que han sido vinculadas con el narcotráfico no terminan allí. En 2012 vendió una propiedad de 1,641 metros cuadrados ubicada en Roatán, Islas de la Bahía, a la sociedad Pacific Corporation. El gerente de dicha empresa era Dionisio Mármol Chirinos, a quien a finales de 2020 el Ministerio Público acusó por el presunto delito de lavado de activos, logrando que se le aplicaran medidas cautelares. Dionisio Mármol, a su vez, estaba vinculado en otras propiedades con Fredy Donaldo Mármol, un capo de la droga que cumple condena en Estados Unidos por participar en una conspiración internacional de narcotráfico que distribuyó cocaína en Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, México y Estados Unidos.

 

Adán Fúnez vendió la propiedad a esta empresa vinculada con el lavado de activos y el narcotráfico por un monto de 1.5 millones de lempiras, aunque en 2010 la misma le había costado casi el doble: 3.2 millones de lempiras. Finalmente, desde agosto de 2021 la propiedad fue asegurada por un juzgado de letras con competencia nacional junto a otros bienes de Fredy Mármol, valorados en casi 500 millones de lempiras. 

 

En Tocoa, los opositores de Fúnez tienen claro que sus relaciones con el crimen organizado, específicamente el narcotráfico, han sido una pieza fundamental para que siga en el poder, pero también reconocen que no es el único factor.

 

Juan López, regidor del mismo Partido Libre en Tocoa, pero opositor de Fúnez, explica que la empresa privada corrupta, la cercanía con Manuel Zelaya, coordinador del partido Libre, y la relación con el crimen le han servido de protección para su continuidad en el poder.

 

Nos encontramos con Juan en un salón de la iglesia San Isidro Labrador, en el centro de la ciudad de Tocoa. Allí me contó sobre la primera vez, en 2014, cuando como miembro del consejo parroquial de esa misma iglesia le solicitó una reunión a Fúnez para pedir que no se le otorgara el permiso de operación a la empresa minera Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez, a lo que el alcalde contestó que no tenía información al respecto para procesar su solicitud.

 

Juan había trabajado en 2006 para la primera campaña política de Fúnez, cuando fue electo como alcalde por el Partido Liberal y lo consideraba un correligionario cercano, pero todo lo que pasó tras esa reunión de inicios de 2014 y las arbitrariedades del alcalde le cambiaron la vida.

 

Desde entonces, Juan formó parte de una resistencia ciudadana contra la empresa que instaló un megaproyecto minero en la zona protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras, fue acusado por la fiscalía injustamente a raíz de dicha resistencia, encarcelado por algunos días y acusado de liderar una supuesta estructura criminal. Luego, en 2021, resultó electo como regidor municipal por el Partido Libre.

 

Aunque durante la conversación estamos solos, Juan evita mencionar palabras como «narcotraficantes», «tráfico de drogas» o «crimen organizado». Recuerda que en 2021, cuando se enfrentó en las urnas contra Adán Fúnez —ambos fueron candidatos a la alcaldía por el mismo partido—, vio cómo personas allegadas al alcalde sacaban dinero de grandes bolsas y lo entregaban a las personas para comprar su voto.

 

«Para nadie es desconocido la plata que recibe de “entidades”, incluso hay testimonio de una persona que movilizó a gente de otros municipios para votar por Adán, y dicen que la logística la pagaron personas que están vinculadas al negocio más sucio; así gana él», dice.

El alcalde de Tocoa, Adán Funez, llegando al cabildo abierto, de donde se retiró a los pocos minutos al ver que la mayoría de la población rechazaba la concesión a la empresa EMCO. Tocoa, diciembre de 2023. Foto CC/Fernando Destephen

Sicarios al servicio de los intereses del alcalde

 

El 30 de octubre de 2016, Adán Fúnez ganó las elecciones internas en el Partido Libertad y Refundación (Libre) y se convirtió en candidato a la alcaldía de Tocoa para las elecciones generales de 2017. En ese entonces, su única contrincante era la lideresa campesina y ambientalista Esly Banegas, a quien en la misma mañana de las elecciones le asesinaron a uno de sus hijos afuera de una discoteca en Tocoa. 

 

Esly, coordinadora de la Plataforma Agraria, explicó que el crimen sigue impune, ya que no hubo investigación por parte de las autoridades. Ella y otros líderes del movimiento campesino señalan que todo indica que los victimarios eran parte de un grupo sicarial y paramilitar cercano a Fúnez. 

 

Al menos tres fuentes testimoniales consultadas por Contracorriente indican que, aunque Adán Fúnez no dirige las bandas criminales en el municipio, sí es un aliado de ellas.

 

Según los testimonios, Fúnez estaría ligado al menos a tres bandas que han sido identificadas y acusadas por la fiscalía por diferentes delitos, desde portación ilegal de armas y tráfico de drogas, hasta el asesinato de líderes del movimiento campesino en el Bajo Aguán, una zona de guerra que ha dejado cientos de muertes violentas desde 2010.

 

El primer grupo con el que relacionan al alcalde tocoeño es «un grupo paramilitar» que lideraba el prófugo de la justicia Céleo Bautista Rodríguez Ponce, expresidente del Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán (MUCA) y yerno de Rafael Alegría; este último actualmente ocupa el cargo de subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA).

 

Tanto la fiscalía hondureña como los líderes campesinos han mencionado en múltiples ocasiones a Rodríguez por dirigir una banda de sicarios que sería responsable de decenas de muertes violentas en la zona. Tiene una orden de captura emitida por el Ministerio Público desde 2016, por suponerlo responsable de múltiples asesinatos de campesinos en el Bajo Aguán. 

 

En octubre de ese año, Rodríguez fue señalado por familiares de víctimas en el Aguán por el asesinato de José Angel Flores, quien en ese entonces era presidente del MUCA, y de Silmer Dionisio George, otro campesino que formaba parte de la Cooperativa Camarones.

 

Aproximadamente un mes después, la fiscalía emitió un requerimiento fiscal por ese caso; sin embargo, fue contra otras dos personas identificadas como Osvin Nahúm Caballero y Wilmer Geovanny Fuentes.

 

En 2018, agentes de la Interpol en México lograron la captura de Osvin Caballero, quien en ese momento era uno de los más buscados por la Policia Nacional en el país por tener once órdenes de captura en su contra por diferentes delitos, entre ellos el asesinato de once personas. Osvin Caballero había logrado escapar con éxito de las autoridades e incluso aparecía en los registros civiles como difunto.

 

El caso fue seguido por la Unidad de Investigación de Muertes Violentas del Bajo Aguán (Umviba) del Ministerio Público. En 2021, Caballero fue encontrado culpable del delito de asesinato contra José Angel Flores y Silmer George, y recibió una pena de 40 años de cárcel.

 

En el caso de Wilmer Fuentes Caballero, en 2020 fue capturado por las autoridades en la comunidad de Las Mangas en Tocoa, por tener tres órdenes de captura pendientes; finalmente fue condenado a 16 años de prisión, en enero de 2023.

 

Miembros de la comunidad dicen que la madre de Osvin Caballero aseguró en su momento que la defensa de su hijo estaba siendo pagada por el alcalde Adán Fúnez. 

 

Además, según los testimonios de miembros del movimiento campesino en la zona, tras cometer el doble crimen en 2016, tanto Céleo Rodriguez como los dos sicarios que ahora cumplen condena se refugiaron en una casa proporcionada por el alcalde Adán Fúnez en el barrio Pedregal de Tocoa, y luego se trasladaron a la comunidad de Las Mangas, cercana a la aldea Guapinol, donde se planeaba la construcción de las primeras etapas del megaproyecto minero de Los Pinares –en ese entonces Emco Mining Company–, propiedad del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé.

 

En 2013, Los Pinares solicitó la aprobación de dos concesiones mineras en el Parque Nacional Carlos Escaleras –un defensor del ambiente asesinado por su oposición a la instalación de una planta procesadora de palma africana en la zona–, y tras una serie de maniobras irregulares, que incluyeron la reducción de la zona núcleo del área protegida, en 2014 se le otorgaron las concesiones a la empresa. 

 

Tras la aprobación de las 200 hectáreas para la explotación minera, los defensores del río Guapinol que se oponen al megaproyecto han sufrido diversas amenazas, especialmente desde que en 2018 se organizaron en un campamento que impidió durante un año el acceso a la maquinaria de la empresa Los Pinares. El resultado fue 32 procesos criminales contra los defensores y seis personas asesinadas entre 2018 y 2024.

 

Fúnez, por su parte ha demostrado con sus acciones su apoyo hacia el megaproyecto minero, y en 2018 incluso denunció a los defensores del ambiente ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. En 2023, cuando se anunció la suspensión temporal de las operaciones de la mina, aseguró en medios de comunicación que «la inversión solo va a venir y seguir en Honduras cuando se le dé garantía de que su inversión será protegida».

Los pobladores instalaron un campamento que impidió durante un año el acceso a la maquinaria de la empresa Los Pinares. Tocoa, agosto de 2018. Foto archivo CC.

Con Esly Banegas conversamos en varias ocasiones. En una de ellas explicó que para ella el trabajo paralelo entre la mina y la municipalidad ha sido evidente; por ejemplo, dice, en 2020 llegó a su casa Otoniel Flores, un exempleado de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la alcaldía, quien desde 2018 trabajaba en la empresa de Lenir Pérez. «Llegó a amenazarme para que me reuniera con Lenir Pérez y negociara la salida de los compañeros defensores de Guapinol que estaban presos», asegura.

 

Esly también recuerda mucho este episodio porque, en sustitución de esta persona en la municipalidad (Flores) colocaron a Luis Alonso Tábora, a quien también conocían en el municipio por ser parte de una banda criminal. Tábora duró poco tiempo en el cargo, pues emigró a los Estados Unidos. En septiembre de 2019, el mismo día en que fue deportado de ese país, fue asesinado en el municipio de Pimienta, Cortés.

 

Según explicó una fuente que conoce el caso, Tábora era cabecilla de la banda sicarial Los Tábora, que operaba en la aldea Ceibita y en Quebrada de Arena, y había emigrado debido a amenazas de otro grupo del crimen organizado. 

 

El último grupo con el que los testimonios relacionan al alcalde Adán Fúnez es el de Los Cachos, presuntamente liderado por Juan Carlos Lezama, señalado por la Plataforma Agraria por actos de intimidación y amenazas contra familias campesinas en el Aguán. 

 

Los Cachos han sido identificados por la Dirección Policial de Investigaciones y el Ministerio Público como autores materiales de múltiples crímenes en el departamento de Colón.

 

Según Yoni Rivas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), este grupo opera en el tráfico de drogas, amenazas y asesinatos, pero también sirve a los intereses de la empresa privada y el alcalde. Además, asegura que este grupo fue el autor del asesinato de Mauricio Esquivel, un campesino de la Cooperativa Tranvio, el 22 de diciembre de 2022.

 

«En Ceibita eran Los Tábora, en Quebrada Los Cachos, en La Confianza era el grupo de Céleo, pero al final son los mismos que cambian de nombre de acuerdo al lugar. Al final nosotros los seguimos burlando y destruyendo», asegura Yoni.

 

Yoni explica que, como líderes campesinos, el peligro ante estas bandas criminales dedicadas al sicariato es constante. A veces los ven rondar sus casas al amanecer y anochecer, y en ocasiones miembros de las comunidades les advierten que en alguna reunión le pusieron un nuevo precio a sus vidas.

 

Una fuente, que se mantendrá oculta por su seguridad, aseguró que en diciembre de 2022 Adán Fúnez llamó a un grupo de sicarios y les ofreció dinero para ejecutar el asesinato de los líderes de la junta directiva de una cooperativa campesina y la dirigencia de La Plataforma Agraria, en la que se encuentran tanto Esly Banegas como Yoni Rivas.

 

A pesar de toda la sangre que corre en el municipio de Tocoa, para Adán Fúnez no parece ser suficiente. En abril de 2022, el edil pidió autorización para el libre uso de armas en el departamento de Colón, con lo que se anularía una prohibición vigente desde 2012. «Es mejor legalizar a las personas que necesitan armas para protegerse», aseguró Fúnez.

 

La corrupción y conexiones políticas del caudillo

 

El auditorio principal del Instituto Froylán Turcios era un enjambre humano. Furioso, expectante. Eran más de las 11 de la mañana del sábado 9 de diciembre de 2023, y alrededor de dos mil personas habían esperado dos horas para el inicio de un cabildo abierto que Adán Fúnez, en su condición de alcalde, había convocado con la intención de socializar y aprobar el proyecto de generación de energía de la Planta Ecotek, del Grupo Emco, el mismo conglomerado al que pertenece Los Pinares.

 

La mayoría eran pobladores de comunidades y activistas que se oponen al nuevo proyecto de la empresa de Lenir Pérez. Las razones para oponerse van desde las repetidas vulneraciones contra los derechos humanos que las inversiones del empresario han generado en la zona, la persecución judicial hacia quienes se oponen a estos proyectos y, en este caso, la intención de la planta de utilizar petcoke para generar energía. Según el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), el petcoke es uno de los derivados del petróleo que genera más contaminación al quemarse para producir energía.

 

Finalmente, cuando Fúnez llegó al instituto, se quedó afuera del salón principal donde iba a desarrollarse el cabildo, y aseguró que no podría realizarse por los riesgos de seguridad que existían. Todo a pesar de la presencia de un contingente de la Policía Nacional, que permaneció en el lugar desde muy temprano en la mañana.

 

Fúnez apareció rodeado de sus guardaespaldas y en compañía de su pupilo y ahora gobernador de Colón, Ixcer Barahona, pero unos minutos después de anunciar la suspensión del cabildo, se fue rápido, sin que la mayoría se diera cuenta. Casi avergonzado.

 

Tras la salida del alcalde, seis regidores de los diez que tiene el municipio decidieron acompañar y seguir la reunión. Así, las organizaciones locales y la población que acudió al cabildo iniciaron una asamblea popular en la que rechazaron la instalación del proyecto de energía termoeléctrica. Sin embargo, unas semanas después, haciendo caso omiso a la decisión de los pobladores del municipio, Fúnez convocó a un nuevo cabildo abierto para insistir en la aprobación del proyecto.

Con pancartas que decían «No a la termoeléctrica» llegó la población al cabildo abierto. Tocoa, diciembre de 2023. Foto CC/Fernando Destephen

Esta no es la primera vez que Adán Fúnez busca manipular las decisiones de los pobladores del municipio. Por ejemplo, en julio de 2022 la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) anunció que estaba haciendo una investigación por el presunto delito de falsificación de documentos públicos cometido en el contexto de un cabildo que se realizó en 2016, que también tenía como objetivo la aprobación del megaproyecto minero.

 

Tuvimos acceso a una copia del documento original del acta y el documento adulterado, y al menos dos de los puntos del cabildo fueron adulterados con la intención de facilitar la instalación de la mina.

 

La secretaria de la municipalidad, Norma Agripina García, modificó el punto 8 en la certificación del acta de cabildo abierto, donde se dice que los asistentes discutieron y aprobaron «la socialización y el desarrollo de los proyectos mineros ASP, ASP2, planta de beneficio ECOTEK y su planta de energía de 50W, ubicados en el municipio de Tocoa, Colón; los ciudadanos presentes se pusieron de pie levantando la mano en señal de aceptación a la socialización y desarrollo de los proyectos». Sin embargo, el punto 8 del acta original no menciona dicha votación.

 

En ese mismo sentido, en el punto 9 del acta original se mencionan dos acuerdos relacionados con solicitudes comunitarias, mientras que el acta adulterada agrega un acuerdo más y asegura que hubo discusión y aprobación de las dos partes del proyecto minero. Además, el acta adulterada hace mención de la presencia de 101 personas de nueve comunidades de las zonas de influencia del proyecto; sin embargo, el acta original no hace ninguna mención al respecto.

 

Esta información está siendo investigada por la fiscalía hondureña a partir de una denuncia hecha en febrero de 2021 por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Estas acciones, ejecutadas por Adán Fúnez a través de la secretaria municipal Norma Agripina García, permitieron que la empresa operara libremente y consiguiera respaldos legales para los permisos ambientales y de operación.

 

Contra el poder de Fúnez y la ambición de un grupo empresarial enorme, como lo es EMCO –al que pertenece Los Pinares–, se han enfrentado los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. 

 

Una de sus integrantes, Adilia Castro, quien también forma parte de la Fundación San Alonso Rodríguez, explica en su oficina ubicada en Tocoa que Adán Fúnez se ha convertido en «una megafigura», con potestades a nivel departamental que nadie tiene en la región, todo gracias al apoyo del Partido Libre y del Gobierno de Xiomara Castro.

 

«¿Qué tiene la familia Zelaya con Adán Funes para que defiendan a una persona tan corrupta? Hay que recordar que él no tuvo problemas para hacer vínculos con el grupo que estaba anteriormente y no tendrá problema para vincularse con el que venga», apunta Adilia.  Y agrega que a Fúnez se le ha dado este poder absoluto con el objetivo de garantizar la operatividad de este megaproyecto minero, pero también el proyecto criminal en la zona.

 

«Recordemos que, después de la salida de Los Cachiros y del mismo Juan Orlando, ha habido una recomposición del Gobierno, pero también de los grupos criminales que llegan también a lo político. No hay otra explicación para la necesidad del Partido Libre de mantener a Fúnez con esos megapoderes».

 

En ese sentido, Fúnez no solo ha sido el actor principal de acciones irregulares en su gestión municipal; hay documentos públicos donde consta que se encuentra vinculado a otras figuras opacas del actual Gobierno. Por ejemplo, el negocio de Fúnez, Transportes Mirna, ha sido representado legalmente ante el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) por Edson Argueta, secretario privado de Luis Redondo en el Congreso Nacional.

 

En octubre de 2023, Contracorriente reportó que Luis Redondo y Edson Argueta habían adquirido tarjetas de crédito a nombre del Congreso Nacional, y que estas son utilizadas para costear gastos personales, como compras en servicios de entrega a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos. Ninguna de las facturas de esos gastos se encuentra en los portales de transparencia, y tampoco los estados de cuenta de las tarjetas.

 

Además, Edson Argueta aparece en el portal «Mi Empresa», en una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), como apoderado legal del oficialista Partido Libertad y Refundación, al que pertenece Fúnez.

 

Fúnez ha recibido el respaldo público y privado del máximo caudillo del partido, Manuel Zelaya Rosales. Por ejemplo, en 2019 aparecieron juntos en un cabildo abierto para tratar la problemática ambiental y social del municipio a raíz del proyecto de Inversiones Los Pinares. En esa ocasión, ante la presión de los asistentes, declararon al municipio de Tocoa libre de minería, una promesa que, por supuesto, nunca se cumplió.

 

Ahora, Adán Fúnez y Carlos Zelaya —hermano de Manuel Zelaya y Secretario del Congreso Nacional— se han vuelto inseparables, según testimonios de miembros de Libre en Tocoa. Tanto así, que Zelaya llega a la ciudad por varios días a visitar a su amigo y lo ha acompañado en reuniones clave; por ejemplo, en abril de 2022 se reunieron en un restaurante de Tegucigalpa con Belinda Martínez, directora por Honduras del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), supuestamente con el objetivo de gestionar el desarrollo de proyectos en el municipio.

 

En una entrevista con el medio salvadoreño El Faro, Fabio Lobo, condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas, aseguró que Carlos Zelaya también estuvo involucrado en operaciones del narcotráfico durante el gobierno de su hermano Manuel Zelaya Rosales, entre 2006 y 2009.

 

La protección de los Zelaya hacia Adán Fúnez ha llegado al extremo de que, previo a las elecciones internas de Libre en las que Esly Banegas enfrentó a Adán Fúnez, el coordinador del partido  tuvo una conversación con ella para que desistiera de sus aspiraciones.

 

«Con vos quería hablar –recuerda que le dijo Mel–; no te lancés a la alcaldía y mejor dejá libre a Adán, no te metás en eso porque podés ir de diputada».

 

«Nosotros tenemos procesos internos, y usted no me va a decir a mí que me lance de diputada», le contestó, a sabiendas de que muy pocos se atreven a cuestionar a Zelaya en Libre. «Ganale en las urnas», la desafió Zelaya, y Esly asegura que esa confianza se deriva del conocimiento de que Adán Fúnez es una persona «tramposa y fraudulenta».

 

Esa lealtad recíproca entre los Zelaya y Fúnez tiene una historia que data del apoyo que el alcalde tocoeño le dio a la cuarta urna, un proceso de consulta que Mel quiso instalar al final de su Gobierno y resultó en un golpe de Estado militar. Sin embargo, esta relación también ha tenido sus puntos bajos: uno de ellos fue cuando Adán Fúnez se arrodilló frente a dirigentes y simpatizantes del Partido Liberal, al que pertenecía previo a los hechos del Golpe, pidiendo perdón por haber dado apoyo al Gobierno de Zelaya.

 

En Tocoa también era bien conocida la sociedad entre Adán Fúnez y el exdiputado nacionalista Oscar Nájera, quien también ha sido mencionado en los juicios contra narcotraficantes hondureños en Estados Unidos.

 

La sociedad consistía en que Adán Fúnez pedía el voto para el congresista del Partido Nacional, y Nájera hacía lo mismo por el edil tocoeño; sin embargo, en las últimas elecciones, a última hora Fúnez decidió cambiar su apoyo hacía la abogada Ariana Banegas. Finalmente Oscar Nájera quedó fuera del Congreso, tras treinta años en el poder legislativo.

 

«Es hipócrita y cínico», asegura Yoni Rivas, quien es compañero de Esly en la Plataforma Agraria. «El personaje a quien más se parece Adán Fúnez y con quien mejor lo podríamos comparar es Juan Orlando Hernández», finaliza Yoni.

Luis Redondo, Adán Fúnez, Marco Maradiaga, Edson Argueta y Carlos Zelaya reunidos. Foto tomada de la página de Facebook de la alcaldía de Tocoa.

****

El lugar donde se encuentra la municipalidad de Tocoa es quizá un reflejo de lo peor de esa ciudad. La pintura del edificio se cae, la humedad cubre el techo, y desde lejos se observan los escombros de un intento fallido de segundo piso. A unos metros de distancia, un cúmulo de basura completa el cuadro.

 

Cuando busqué al alcalde en su oficina, una empleada de la municipalidad me explicó que no estaba, que andaba de viaje en otro municipio. También lo llamé en varias ocasiones, sin respuesta. Finalmente, logré contactarme con Marco Maradiaga, su vicealcalde, con quien hablamos por algunos minutos, pero que finalmente dejó de responder a mis solicitudes de entrevista. 

 

Esly Banegas asegura que la inoperancia del alcalde para solventar los problemas del edificio de la municipalidad y las calles inundadas con materia fecal, que originan la frase que varios mencionaron («en Tocoa, cuando llueve, la mierda flota en la calle»), son muestras de algo más profundo.

 

«Adán tiene un desprecio por todo lo que es del pueblo. Él allí ha ido solo a aprovecharse, solo la utiliza para estar robando y agenciarse recursos. Con la minera eso es lo que está ganando: la minera le financia su política, se la financió el periodo pasado. Antes de eso se la financiaban Los Cachiros. El solo está viendo la forma en como lo mantengan y seguir con su empresa», asegura.

Fachada de la municipalidad de Tocoa, diciembre de 2023. Foto CC/Fernando Destephen
  • Últimas publicaciones
Sobre
Fernando Silva, es periodista de investigación. Su trabajo se enfoca en cubrir temas de corrupción, estructuras de poder, extractivismo, desplazamiento forzado y migración. También es realizador audiovisual y ha trabajado desde hace media decada en ese ambito con organizaciones que defienden derechos humanos e instituciones de desarrollo en el país. En 2019 egresó del Curso de Periodismo de Investigación de la Universidad de Columbia y ese mismo año fue parte de Transnacionales de la Fe, que en 2020 ganó el premio Ortega y Gasset a mejor investigación periodística otorgado por diario El País de España. Es fellow de la International Women Media Foundation (IWMF).
Comparte este artículo

1 comentario en “La «mafia violenta y corrupta» de Adán Fúnez en el Bajo Aguán”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

HISTORIAS RELACIONADAS