—El día que pasamos nosotros todo bien, íbamos alegres porque creíamos que ya la habíamos hecho, ya íbamos cruzando, ya estábamos en México.
Narra con cierto desencanto un joven de 25 años que viajaba en la caravana migrante del 15 de enero, su nombre es Edwin. Luego de tres días en Tecún Umán esperando el mejor momento para poder cruzar, Edwin y el grupo con el que atravesó el río Suchiate que divide Guatemala y México, decidieron subir varios kilómetros hasta encontrar un punto ciego que les permitiera llegar a territorio mexicano. Ahí no había policías, no había agentes de migración, y pudieron avanzar tres horas cuando fueron interceptados y retenidos. La Policía Federal mexicana, explica Edwin, los apresó, incluso utilizando gas pimienta y después les engañó: los llevó hasta un punto migratorio para que firmaran unos documentos que les decían, posibilitaría obtener un permiso de tránsito por México; esto nunca se dio, finalmente fueron montados a un bus y enviados de regreso a Honduras.
Un grupo de personas que se unieron a la segunda caravana migrante de enero, descansa en la Terminal Metropolitana de Buses. San Pedro Sula, 30 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.Madres y sus hijas e hijos, toman un breve descanso, al inicio del camino, en la salida al occidente del país. San Pedro Sula, 31 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
Es la noche del 31 de enero, 15 días después este joven originario de San Esteban en el departamento de Olancho, está nuevamente donde empezó, retornado, y ve acumularse poco a poco a quienes han atendido la convocatoria de una nueva caravana: «la caravana del diablo», se presumía le habían nombrado a través de redes sociales.
Pero «la caravana del diablo» no sumaba ni 200 personas.
Edwin —como muchos— tomó la decisión de unirse a la caravana anterior por la falta de empleo, para este soldador no hay más trabajo en el pueblo de San Esteban, y alimentar a su familia, tres hijos y su esposa, se ha vuelto una tarea difícil. «Es complicado mirar que tenés hijos y los días van pasando y estás desempleado, lo que hace uno es agarrar esos caminos, arriesgar la vida», reflexiona.
—¿Te sentís derrotado?
—No, porque estamos con vida y con fuerzas para seguir adelante, vamos a tratar de regresar, vamos a tratar de regresar, pero ya con algo distinto.
Ese «algo distinto» del que habla Edwin es la visa mexicana, esta vez ya no en caravana.
Con una bandera de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras, dos jóvenes encabezan un grupo que no superaba las 200 personas y que salió en la madrugada desde la Terminal Metropolitana de Buses de San Pedro Sula. 31 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
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La noche del 31 de enero la Casa del Migrante en Ocotepeque estaba llena, había 60 personas que hacían turnos para comer un plato de frijoles con huevo y tortilla, café, bañarse y descansar. En el parque, del grupo que se dispersó para pasar la noche a la intemperie, dos chicas sentadas en una banca frente a los puestecitos de comida callejera se preguntan cómo le harán para convencer a las autoridades mexicanas de que ellas lo único que quieren es trabajar para poder sacar adelante a sus hijas. «Tenemos un problemita», dice una, «ella y yo somos pareja», explica. Se van porque el trabajo de cocina en un comedor solo les da 3 mil lempiras al mes (unos 120 dólares), pero también se van porque se han comprometido, quieren casarse y en Honduras no solo no se puede, sino que esconden su relación por miedo a que algo les pase. «Hay hombres que violan a mujeres como nosotras», explican.
Se enamoraron, vivieron un tiempo juntas, lejos de sus familias haciéndose pasar por amigas nada más, pero poco a poco el rumor de que son lesbianas, que son pareja, comienza a esparcirse entre sus círculos personales, y también el temor de ser separadas por sus padres. Prefieren no decir sus nombres y bromean con su anonimato, un poco para evadir la pregunta de cómo se llaman, un poco para intentar calmar la ansiedad que sienten porque al día siguiente retomarán camino, y la frontera de Tecún Umán —por donde han dicho van a intentar cruzar hacia México— estará más cerca.
Para el mediodía del 1 de febrero el grupo había pasado por Esquipulas, y del grupo más rezagado solo quedaban cerca de 20, hombres jóvenes todos, que se van porque no hay trabajo para ellos en Honduras, explican algunos, los pocos que hablan porque al ser un grupo pequeño se sienten expuestos y desprotegidos.
Dos jóvenes revisan la ruta que deben seguir en su camino hacia el norte en un mapa de la Casa del Migrante. Esquipulas, 1 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.Un cubículo para que puedan pasar la noche y descansar quienes llegan a la Casa del Migrante José. Esquipulas, 1 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.Santos, de 22 años, toma sus alimentos durante el almuerzo, este día descansa junto a su primo Lenin de 19 años en la Casa del Migrante José. Los dos primos han decidido migrar porque en Siguatepeque el desempleo no les permite tener mejores condiciones de vida. Esquipulas, 1 de febrero 2020. Foto: Martín Cálix.
En este grupo viajan Santos de 22 años y su primo Lenin de 19 años, dos jóvenes originarios de Siguatepeque en el departamento de Comayagua. Los dos primos han trabajado toda su vida en las plantaciones de café donde apenas ganaban entre 100 y 120 lempiras diarios. Lenin ahorró su última corta de café para poder hacer este viaje, parte de lo que ganó se lo dejó a su hija de 2 años y a la madre de esta, y con el resto tomó camino hacia el norte.
Para Santos hubo una oportunidad, una pequeña oportunidad fuera de las plantaciones de café: trabajó durante unos meses de cocinero en un restaurante, donde ganaba 3 mil lempiras al mes, eso significó un cambio para este chico que dice trabajar desde los 5 años en las plantaciones de café, pero aunque alejado de la explotación que viven los corteros de café su trabajo de cocinero no representaba abrir la puerta de una vida más digna, esa, espera encontrarla en Estados Unidos. Para alcanzar esta meta los dos primos piensan que trabajar en México durante un tiempo será lo mejor, y luego seguir al norte, tan al norte como puedan.
Santos y su primo Lenin solo pudieron asistir a la primaria, sus condiciones de postergación, como la de todos los jóvenes del área rural, en donde estudiar significa en muchos casos andar a pie durante horas para llegar al centro educativo más cercano, son parte de las condiciones que finalmente han orillado a los dos primos a emprender juntos el camino de la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Atendieron el llamado, son dos de cerca de 200 personas, que ahora caminan con sus esperanzas de una vida mejor lejos de Honduras.
La tarde previa al día de salida de la caravana migrante, dos jóvenes se arreglan mutuamente el pelo con una gillette. San Pedro Sula, 30 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
Este grupo que salió de la Terminal Metropolitana de Buses de la ciudad de San Pedro Sula en la madrugada del 31 de enero, en su mayoría, eran jóvenes y niños. De este grupo 8 menores que viajaban solos fueron retenidos por Migración y el Dinaf en Agua Caliente, 7 de ellos escaparon a la retención y seguramente avanzaron por puntos ciegos, un agente de la Policía Nacional y dos trabajadores del Dinaf fueron incapaces de mantener en retención a los adolescentes.
—¿Por qué te querés ir?
—Para ver si encuentro una vida mejor. —Con resignación y cabizbajo, responde Axel.
Axel tiene 15 años, es el menor de 7 hijos, su madre es madre soltera y para Axel, la aldea de Dos Caminos en Villanueva, Cortés, es un lugar aburrido y feo, donde lo único que hacía era aprender el oficio de soldadura en un taller. Axel es el único de los 8 adolescentes que no pudo escapar del cautiverio en el punto fronterizo de Agua Caliente, y mientras explica un poco su historia con desdén, enrola un cigarrillo de mentira con el papel aluminio que cubría el plato de comida que la Dinaf le ha dado para que almuerce.
—Y tu madre, ¿sabe que te ibas?
—Sí…
—¿Qué te dijo?
—Que tuviera cuidado, pero ya voy pa´ bajo.
A Axel, la Dinaf lo va a enviar a Centro Belén en San Pedro Sula, donde contactarán a su madre para que vaya por él, pero antes de entregárselo a la madre de Axel le espera una amonestación verbal por parte de la institución, y si Axel reincide en migrar solo antes de que cumpla los 18 años y es interceptado, entonces será separado de su madre y sus hermanos, para ser enviado a una casa hogar. Por ahora, el sueño de Axel por llegar a los Estados Unidos tendrá que esperar.
Las casas del migrante
Un voluntario de la Casa del Migrante José, muestra en su mano un boleto que entrega la casa a cada migrante, lo que les da derecho al menos a 3 noches de hospedaje, un desayuno, un almuerzo, una cena y una refacción (una merienda). Esquipulas, 1 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.
—Es algo que no podemos percibir: si van a seguir o no van a seguir. —Explica Judith de la Casa del Migrante José en Esquipulas, quienes la noche del 31 de enero recibieron a 45 personas de los casi 200 que salieron desde San Pedro Sula.
Judith Ramírez es la coordinadora del equipo de voluntarios en la Casa del Migrante José de Esquipulas. Desde hace 3 años trabajan por darle una atención digna a las personas que pasan por Esquipulas en su andar hacia el norte. En un principio ni siquiera tenían un terreno propio, atendían en la calle, luego pudieron alquilar un espacio para poder atender al «hermano migrante», explica Judith, una laica comprometida de la iglesia católica, y para ella las casas del migrante solo son posible desde el milagro del amor a los migrantes.
Ninguna casa del migrante ha recibido apoyo del gobierno guatemalteco, se sostienen por el apoyo incansable de la feligresía de las parroquias. Pero si el Gobierno de Guatemala le preguntara a Judith cuánto necesita para atender a los migrantes que recibe todos los días en Esquipulas, ella respondería que unos 4 mil dólares mensuales. En Honduras con la casa del migrante en Ocotepeque sucede los mismo, se sostiene desde el apoyo de la iglesia. Las personas que llegan a las casas del migrante, explica Judith, no han perdido la esperanza, son personas que salen de sus países buscando un futuro que no encuentran. Y para los caminantes de la ruta migratoria las casas del migrante se convierten en los oasis del camino: se detienen para bañarse y comer algo, pasar la noche bajo un techo, desayunar y luego poder seguir. Adelante hay otra casa refugio a donde llegar.
Judith Ramírez, coordinadora del equipo de voluntarios que atiende la Casa del Migrante José. Esquipulas, 1 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.
—En la primera caravana atendimos a 5 mil personas, les dimos dos platos de comida.
Para Judith esto solo puede ser explicado desde el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, y es que en las casas del migrante deben hacer que todo se multiplique. «No solo es el camino, va más allá, estar lejos de tu familia en un lugar donde no te quieren ni te valoran», cuenta desde su experiencia. Judith estuvo 5 años en los Estados Unidos, al volver no pudo sino ayudar a quienes pasan por Esquipulass con la esperanza —que explica ella, no puede quitársele a los migrantes— de una vida mejor, distinta, a la que dejan atrás.
Los retornados: «el que es deportado o es retornado es un fracasado»
Una familia se abraza en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, luego de horas de espera por su familiar. La Lima, 3 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.
En el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de la ciudad de La Lima, Vicky de 24 años, espera a Olman de 26 años. Vicky y Olman tienen un hijo de 8 años.
Esta capitalina de la colonia El Pedregal lleva muchas horas esperando que su expareja salga del chequeo migratorio, y para entretenerse pela mangos verdes con el cuchillo que un vendedor de frutas le ha prestado. Olman decidió migrar luego de que asesinaran a sus dos hermanos, a uno por el impuesto de guerra y al otro porque salió corriendo luego de que lo detuvieran en una colonia de Tegucigalpa para preguntarle por los tatuajes de su cuerpo. Los tres hermanos trabajaban como choferes de unidades de transporte público, y Olman decidió migrar para pedir asilo político, pero el acuerdo firmado por Estados Unidos con los países de Centroamérica no le permitió acceder al asilo. Después de 7 meses esperando la respuesta a su solicitud, Olman debe volver a Honduras. Vicky cree que si el padre de su hijo continúa trabajando en el transporte público terminará muerto como sus hermanos, y reniega del gobierno y de sus programas que dicen mejorar la vida de los más pobres de Honduras.
Para el cierre de 2019, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) primero Fuerza Nacional Antiextorsión, creada por Juan Orlando Hernández, reportaba alrededor de 2 mil denuncias por extorsión en el país.
—La Honduras donde yo vivo cada vez está peor.
—¿Cómo podrías describir la Honduras donde vos vivís?
—Pues te voy a contar que la vez pasada iba para mi trabajo y ¿qué me dijo un ladrón? Vos hija de la tarantantarán, dame el celular sino te voy a pegar un tiro, y eso es cada día en la mañana, hasta madrugan los ladrones. —Cuenta, y dice que ha sido asaltada dos veces en el último año y la Policía jamás ha hecho algo.
Vicky de 24 años y vestida con camisa rosa, carga en brazos a una bebé mientras espera que su expareja y padre de su hijo de 8 años, salga del chequeo migratorio en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales. La Lima, 3 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.
En el barrio donde vive Vicky la Policía Nacional está ausente, el barrio es controlado por una de las maras o pandillas que controlan los barrios de la periferia de la ciudad. Y está bien para esta joven, «porque por lo menos ahí no asaltan», dice. Se sienten más seguros con la mara cuidando el barrio.
A veces, Vicky llama para decir que no va poder llegar a trabajar en la tienda donde labora desde 2014 en el centro de la ciudad. A veces no tiene dinero y se arriesga a perder el único trabajo que ha podido conseguir y con el que ha podido alimentar a su hijo y enviarlo a la escuela, la única entrada de dinero que ha tenido en los últimos 7 meses. El asilo político que se le negó a Olman era la única oportunidad que estos jóvenes tenían para ofrecerle a su hijo un futuro lejos de la violencia hondureña. Olman es uno de los más de 5 mil hondureños retornados que, según el Instituto Nacional de Migración, en su mayoría lo hacen de forma voluntaria. Pero a Olman lo detuvieron en Texas, y luego de 7 meses de cautiverio no pudo obtener el ansiado asilo que significaría para él y los suyos alejarse de la violencia que ya cobró dos vidas en su familia.
Según un post de Facebook en la página del Instituto Nacional de Migración de Honduras, todos los días Estados Unidos deporta más de 200 hondureños, los que llegan al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de La Lima, a 15 minutos de San Pedro Sula. —Hay estigma de que el que es deportado o es retornado es un fracasado. —Explica César Ramos, miembro del equipo técnico del programa de apoyo a migrantes retornados de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM).
Gustavo Sánchez de 28 años, deportado desde Atlanta, Georgia, es originario de Baracoa, Cortés, vivía en Estados Unidos desde el año 2007 donde trabajaba en una llantera. Él es parte del grupo de deportados que llega al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales. Gustavo dice que volverá a irse. La Lima, 3 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.
La organización CASM desde 2014 ha trabajado con los migrantes retornados a raíz de la emergencia que se decretó por la cantidad de menores no acompañados que fueron retornados en ese año, en ese momento se conformó junto a organizaciones estatales y de sociedad civil la atención de los retornados.
En total, 10,450 menores fueron retornados en 2014 según el Informe Estadístico de las Personas Repatriadas / Retornadas a Honduras Periodo Enero a Diez de Diciembre de 2014, un informe realizado por el Gobierno de Honduras. El retornado —explica César Ramos— necesita ayuda psicológica prioritaria, porque los migrantes cuando regresan son personas que no tienen nada, han perdido lo que tenían para apostarle al viaje hacia Estados Unidos y al volver no tienen nada, solo hambre. Regresan a sus entornos de violencia y desempleo.
El programa de atención a los retornados que la Comisión de Acción Social Menonita ayuda a los retornados que acceden a él para que puedan reincorporarse al país, algunos toman talleres de oficios y se les ayuda buscando empleo, aunque —reconoce, Ramos— a veces esto último resulta complicado si las empresas no pueden contratar a quienes en un primer instante se fueron del país por la falta de empleo, también alimentos, debido a que cuando regresan no tienen nada. —El gobierno en algún momento decidió sacarnos de estos centros de recibimiento de estos migrantes, el CAM-R en Omoa, el CAM-R en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, y en el Centro Belén, donde llegan los niños. —Explica César Ramos.
Antes de que las autoridades hondureñas sacaran a las organizaciones de sociedad civil que atendían a los migrantes retornados, daban toda su atención en los centros de recibimiento, ahora lo hacen desde la Terminal Metropolitana de Buses en San Pedro Sula. La atención que siempre ha estado a cargo de las organizaciones como Comisión de Acción Social Menonita y de Casa Alianza, fue solicitada por el gobierno de Honduras como requisito para continuar atendiendo a los retornados en las instalaciones del Estado.
—¿Hubo una justificación para expulsarlos de los centros?
—Creo que tiene que ver con la crítica de parte de las organizaciones de sociedad civil de que el gobierno no está haciendo lo suficiente para dar respuesta a esta población cuando retorna.
El enfoque, explica Ramos, que el gobierno de Honduras tiene con respecto «a la migración irregular» viene en línea con las políticas anti migratorias de los Estados Unidos. Para CASM, la situación de los migrantes retornados es doblemente difícil «uno, la misma situación política, económica, y social del país, más difícil cada año, y dos, estas personas que se fueron tal vez empeñaron hasta su terreno, su casa, sacaron préstamos o tal vez si tenían su pequeño ahorro lo gastaron en este viaje», explica Ramos.
Los migrantes que retornan tienen una cosa en común: todos quieren volver a intentarlo. Edwin, el joven soldador de 25 años de San Esteban, Olancho, lo volverá a intentar porque no tiene empleo en su pueblo, Vicky está consciente que si Olman no lo intenta nuevamente en Tegucigalpa solo le espera la muerte, Axel de 15 años, el niño de la aldea Dos Caminos —una aldea controlada por las maras y las pandillas y por el capital de enclave de las maquilas— ni siquiera esperará a ser adulto para volver a intentarlo. Es lo único que ha quedado para quienes retornaron, volver a intentarlo cuantas veces necesiten hacerlo, a pesar de todo lo que la ruta migratoria implique, migrarán nuevamente.
Dos mujeres se abrazan y lloran durante su reencuentro en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales. La Lima, 3 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.
El coronavirus 2019-nCoV aún no ha llegado a Honduras, al menos oficialmente, pero ¿es esta pandemia la mayor amenaza que tiene Honduras en materia de salud? La respuesta es relativa: Sí una amenaza, pero no la peor. Veamos.
La experiencia indica que los virus de este tipo no generan en Honduras un impacto tan catastrófico debido a que no se originan aquí. Los primeros países en ser afectados son los países desarrollados de occidente y oriente, tales como Estados Unidos, Europa y China, donde los procesos de control epidemiológicos son muy avanzados y el problema es controlado incluso antes de que se encuentre una vacuna.
«Si la historia se repitiera, tomaría meses o incluso años antes de que una vacuna estuviera disponible para tratar a los enfermos. En el caso del Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), la vacuna fue elaborada tras 20 meses y nunca se ha utilizado porque la epidemia ya se había erradicado. El MERS, el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que apareció en 2012 y que ha desaparecido casi por completo, todavía no tiene vacuna». Cuando estas enfermedades desaparecen o cuando la vacuna aparece, los países de la periferia como Honduras se benefician de no sufrir la peor parte de las pandemias.
Valga como comparación lo que ocurrió con el virus de la Influenza que sigue un patrón similar al del coronavirus, por tratarse de un tipo de gripe muy grave. En 2018, cuando no se había encontrado una vacuna, la epidemia de la Influenza infectó a 456 personas en Honduras, de las cuales murieron 22, con una mortalidad de 4.82% de los pacientes. Pero en 2019, cuando fue descubierta la vacuna, el número de casos se redujo a 165 (hasta septiembre) y solo había fallecido un paciente . Algo similar pasó con el SRAS y MERS que ni siquiera llegaron a Honduras.
En el caso del coronavirus 2019-nCOV las posibilidades de encontrar una vacuna aumentan tanto por la similitud molecular entre este y su antecesor, el MERS, porque la tecnología y la cooperación científica es mucho mayor ahora que a principios de siglo. De manera que, a menos que surja un problema inesperado, es poco probable que esta pandemia sea el principal azote de salud en Honduras.
Supongamos que la vacuna tarda demasiado y la enfermedad llega y se expande en Honduras. Por supuesto, sería terrible. Sus principales víctimas serían las hondureñas y hondureños más vulnerables, o sea aquellas personas que por su edad o su condición de salud previa, son frágiles a las infecciones como la neumonía, como por ejemplo, los desnutridos. Por tanto, sería catastrófico, en especial para la niñez, en un país donde el 77% de nuestros niños y niñas sufren de desnutrición (UNICEF), y donde las infecciones respiratorias agudas (IRA) son la principal causa de muerte infantil.
Asumiendo que en un pico de la enfermedad se contagian, digamos, unas 200,000 personas, si asumimos que la mortalidad del coronavirus 2019-nCoV es del 3%, habría alrededor de 6,000 fallecidos. Terrible ¿no? Pues sí, pero no tanto si se le compara con los males que ya están causando estragos en nuestro país, a los cuales nos hemos acostumbrado y la prensa no dedica similar difusión que en el caso del coronavirus.
Las cifras hablan: En 2016 murieron 26,200 hondureños y hondureñas por enfermedades no transmisibles, según la siguiente distribución: El 25% por enfermedades cardiovasculares, el 14% por diferentes tipos de cáncer, 14%por afecciones transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales, el 4% por enfermedades respiratorias crónicas, y el 2% por diabetes. En el caso de las Enfermedades Transmisibles la situación no es mejor. Por ejemplo, hoy en día más de 23,000 hondureños padecen VIH y el 40% no lo sabe, de los cuales la gran mayoría van a fallecer. Todas estas son enfermedades que con la inversión de recursos y educación son prevenibles.
El siguiente gráfico indica las principales causas de decesos en Honduras, según estadísticas de la OPS.
Fuente; OPS, “Salud en las Américas 2017”.
Como puede verse, el 47% de las causas de muertes tienen como causas afecciones perinatales (es decir, que afectan a bebés), enfermedades del sistema circulatorio y respiratorio. Básico ¿no?
¿Y qué decir de la violencia social? El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), aseguró que «desde enero del año 2010 al 2018, se registran 26,403 muertes violentas de la niñez y juventud».
¿Para qué seguir?, ¿de qué emergencia estamos hablando si Honduras está en emergencia desde hace décadas? Sobre todo desde que la azota el peor de las plagas que ha sufrido nuestro país: el capitalismo neoliberal y la narco dictadura.
EL SISTEMA DE SALUD: VÍCTIMA DEL VIRUS DEL NEOLIBERALISMO
Un reciente estudio de CESPAD, sobre las condiciones del sistema de salud muestra que Honduras está en harapos en cuanto a infraestructura y logística sanitaria para atender a la población. «El país cuenta con un total de 6, 590 camas disponibles en el sistema hospitalario: 5, 059 pertenecen a la SESAL, 916 al IHSS, 40 al Hospital Militar y 575 al sector privado. Estos datos representan un número de 9.5 camas hospitalarias por cada 10,000 habitantes. A nivel hospitalario existe una cobertura de 0.4 Hospitales por 100,000 habitantes, lo que ubica a Honduras en el penúltimo lugar en Centro América, solo superado por Guatemala». Y más adelante dice: «Ninguno de los 18 departamentos cumple con el indicador mínimo establecido por la meta regional de recursos humanos, que es de 25 médicos por cada 10,000 habitantes. En contrataste con el promedio de la región, persiste una brecha desigual ya que se establecen 20.8 médicos por 10,000 habitantes. Mientras, con las enfermeras, la cobertura es 2 por cada 10,000 habitantes, y ocho auxiliares de enfermería por cada 10,000 habitantes. Este es un indicador de los más bajos en comparación con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 50 enfermeras por cada 10.000 habitantes».
Como lo han demostrado las revelaciones de la Plataforma de Defensa de Salud y Educación, y del Consejo Nacional Anticorrupción, la causa de esta situación se debe a la terrible corrupción que azota al país, y de la cual el sistema de salud y seguridad social han sido sus víctimas preferidas. Solo en las últimas dos décadas de este siglo, el latrocinio en salud alcanza la estratosférica cifra de Lps. 700 mil millones (aproximadamente US$ 26,400 millones de dólares). De no ser por esos robos, Honduras tendría un sistema de salud del primer mundo. ¿Exageración? Una muestra de cómo la narco dictadura gestiona los problemas de salud del pueblo la vimos claramente en el caso de la reciente epidemia del dengue.
EL CASO DEL DENGUE
En 2019 la epidemia del Dengue afectó a un poco más de 3 millones de personas en Latinoamérica. De Centroamérica, el país con el mayor número de infectados fue Nicaragua, con 186,173 casos (2.87% respecto a la población), seguido de Honduras con 112,708 casos.
POBLACIÓN INFECTADA Y FALLECIDA POR DENGUE EN CENTROAMÉRICA (año 2019)
De la estadística disponible se ve claramente que el país con el mayor número absoluto y relativo de fallecidos de Centroamérica fue Honduras con 180 casos (0.16% respecto a su población infectada), ocupando el tercer lugar en Latinoamérica en porcentaje de decesos por causa de la epidemia, después de República Dominicana (0.26%) y Perú (0.22%).
En comparación, Guatemala con una población casi el doble de Honduras e igualmente empobrecido, tuvo 66 fallecimientos por esa causa (0.13%), tres veces menos que en nuestro país; y Nicaragua, donde hubo mayor número de infectados, tuvo una mortalidad de apenas 30 personas (0.02%), o sea, seis veces menos que en Honduras; sin hablar de Costa Rica y Belice, países igualmente tropicales donde el número de infectados fue de 9,400 y 8,302 respectivamente, con cero mortalidades. Pero esto no para ahí. En una reciente entrevista dada a la agencia EFE por el viceministro de salud de Honduras, Roberto Cosenza, reconoció que el país puede afrontar «una epidemia más grande que la de 2019». Esto significa que en 2020 la plaga del dengue azotará con más fuerza el país y que el número de fallecidos podría ser mucho mayor. De hecho, en el primer mes de este año ya han sido reportados 3,232 casos de dengue en Honduras.
Los números demuestran que Honduras es el país en mayor riesgo de mortalidad en el caso del dengue en Centroamérica y el tercero en Latinoamérica. Lo más grave es que las principales víctimas fueron niños y niñas en un 57% de los casos. Adicional a la pobre infraestructura y la corrupción, existe además un gobierno de ineptos que fueron incapaces de prevenir la epidemia cuando esta se veía venir el año pasado.
No podemos caer en la trampa mediática que nos quiere ocultar los verdaderos problemas de Honduras. La peor epidemia que padecemos es el gobierno de corruptos e ineptos que se ha entronizado en el poder y que nos está robando nuestro derecho a atención de salud pública. De manera que, si queremos sobrevivir, el verdadero virus que debemos erradicar de nuestro territorio no es el coronavirus sino la narco dictadura y su modelo neoliberal de subdesarrollo.
Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva
responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de
Contracorriente.
Era 2019 cuando me reincorporé a mi trabajo de maestra después de estar afuera, por motivos personales, durante dos años. Para ese entonces habían cambiado muchas cosas en mi vida y en mi entorno laboral, y muchos de mis antiguos compañeros, por diferentes motivos, ya no eran parte de la institución educativa que compartimos durante muchos años. Era tan nuevo todo que me costó conectarme otra vez.
En ese proceso conocí a Vanessa, quien llegó a cubrir una vacante temporal. Vanessa era una mujer con una hermosa y potente presencia, con una mirada fuerte y penetrante, con un impresionante don para enseñar matemáticas. Los jóvenes la recibían a diario con mucha algarabía, a la que ella respondía con mucha emoción y dulzura. Había desarrollado con sus estudiantes una empatía única en el salón de clases.
Vanessa era una mujer de pensamiento libertario, amante del fútbol, mamá de dos niñas, su esposo había migrado; así comencé a conocerla. Un día me contó cómo su historia de amor fue interrumpida por la precariedad de trabajos y la falta de oportunidades: con el dolor a cuestas de una separación forzada, su esposo tuvo que irse al país del norte, Estados Unidos. A partir de ese momento comenzaron los procesos para que Vanessa y sus hijas decidieran atravesar el camino de irse «mojadas» a Estados Unidos, el cual se vio frustrado porque no lograron llegar a su destino.
Para ese entonces, Vanessa apenas comenzaba a estudiar su licenciatura en matemáticas en la universidad, pero la necesidad de tener mejores condiciones de vida la obligó a interrumpir su sueño de tener una formación académica de nivel superior. Intentó emprender una vez más su viaje, acompañada de sus pequeñas hijas que a edades tan cortas (once y siete años) se dieron cuenta lo que significa salir de este país, y peor aun lo que significa transitar el camino de la discriminación, de la desesperación y la angustia. Ese segundo intento tampoco tuvo los frutos esperados y una vez más tuvieron que regresar a Honduras.
Durante su último año en la institución, ella llevaba muchos casos de jóvenes que tenían dificultades en matemáticas y siempre la escuché animando a sus estudiantes, y a padres y madres de familia, pese a la situación de inestabilidad que ella vivía. De vez en cuando platicaba de sus sueños, hablaba de su esposo ausente y de su anhelo por tener un trabajo permanente para el cual estaba preparada ella, mas no el sistema.
Un día de octubre del 2019, Vanessa dejó de llegar al trabajo. Al sentirse despojada de sus sueños y anhelos, emprendió por tercera vez su viaje hacia Estados Unidos, con ella se fueron, también, las ilusiones de sus hijas de crecer en un país que las merezca y que les brinde las oportunidades que aquí les fueron negadas, aunque eso sea una falacia. Vanessa es la representación de la mujer soñadora, trabajadora y profesional, pero que se encuentra inmersa en la desigualdad social que nos cobija.
Vanessa volvió después de estar con sus hijas en diferentes albergues de México, y pasar un sinfín de experiencias no gratas. Las autoridades migratorias le dijeron que tenía que regresar a su país, ella trató de explicar las razones de su viaje y de convencerlos para que la dejaran quedarse, sin embargo, la respuesta fue cruda y tajante: «a este lugar no perteneces».
Hasta hoy continúa desempleada, a pesar de las cualidades profesionales que posee. Todavía conserva su sonrisa y escrudiña cada día una oportunidad, por efímera que sea, y mientras tanto intenta tomar fuerzas de nuevo para volver a intentar cruzar hacia el lugar donde no pertenece. Miles de mujeres emprenden la huida y muchas veces pensamos que el no tener una profesión las hace vulnerables, pero creo y siento que vulnerables estamos todas: profesionales y no profesionales.
Ante un gobierno que no nos brinda oportunidades y se roba nuestros sueños de crecer y vivir dignamente. Muchas prefieren emprender el camino hacia el norte, a pesar de saber muy bien todo lo que esto puede implicar.
«Hemos implementado una acción sin precedentes que abordará la urgente crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur. Este enfoque humanitario ayudará a poner fin a la explotación de nuestras generosas leyes de inmigración. Los Protocolos de Protección de Migrantes representan un enfoque metódico de sentido común, que ejerce una autoridad legal de larga data para ayudar a abordar la crisis en nuestra frontera sur» (Secretario de Seguridad Nacional Kirstjen M. Nielsen).
Según la página web de Homeland Security, los protocolos de protección a migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) son parte de una acción del gobierno estadounidense, para que ciertas personas extranjeras que ingresan de manera ilegal o solicitan la admisión sin la documentación adecuada a los EEUU desde México, sean devueltas a México y esperen desde allí sus procedimientos de inmigración. México les proporcionará todas las protecciones humanitarias apropiadas durante la duración de su estadía.
Las caravanas que han salido de Honduras este año se enfrentaron a la brutalidad del gobierno mexicano que intentó contener la marea de refugiados que huye de Centroamérica. Los que huyen no han recibido protección humanitaria y son desechados por estos países del norte.
Tuve mi primera menstruación a los trece años. Siempre dolió mucho. Mes a mes, la hemorragia era cada vez más fuerte y lo que para todo el mundo era «normal», en mí se traducía en llanto y mucha sangre. Mientras me desmoronaba por dolor, tuve que escuchar frases como: «no seas exagerada» o «a mí me dolía más, pero tampoco me hacía la víctima».
¿Se imaginan crecer y pensar que sentir cuchilladas en el vientre, espalda, piernas y estómago, todos los meses, era normal? Intenté, por años, acostumbrarme a mi vida adolorida. En mi mente me repetía: «Fátima, así es la regla, ya se te pasará». En esos años comprendí que cuando las personas no se identifican con tu dolor, tu sufrimiento siempre es inoportuno, cansado y exagerado.
Una noche de mayo de 2017, sentí que iba a morir. Aún recuerdo ese frío temeroso que invadió mi cuerpo desde los pies hasta mi vientre. El estómago se me encogió de dolor y yo no podía siquiera hablar para pedir ayuda. Cada gota de sangre significó una tortura. Esa noche, junto a mi cama, me hinqué en posición fetal. Mi corazón galopó tan fuerte que lloré hasta agotar mis lágrimas. El dolor era insoportable. Por suerte, mi cuerpo inmerso en el cansancio, encontró un poco de sueño y descanso.
A lo largo de mi enfermedad nadie (o casi nadie) ha comprendido mi dolor, excepto mujeres que han pasado por esto. Aunque no lo crean, te llega dolor por todo: por el periodo, porque estás ovulando, porque hay frío o por cosas tan simples como tomar café. Sin embargo, con todo esto encima tu vida cotidiana te exige simplemente soportar.
Cuando mi cuerpo no pudo más, tuve que correr a pedir respuestas. Decenas de pruebas médicas, como endoscopias y ultrasonografías pélvicas, indicaban que me encontraba en perfecto estado. «El estómago le duele por estrés», dijo un gastroenterólogo. Ninguno de los cuatro médicos que me atendió (gastroenterólogos y ginecólogos) sospechó que podía padecer de endometriosis. Según los especialistas, esta es una enfermedad que tarda alrededor de siete años en ser diagnosticada, aproximadamente el tiempo que tardó en mi caso. Mientras yo sentía que mi vida se acababa, mis únicos amigos fueron analgésicos tales como el tramadol. Ya no recuerdo cuántas veces corrí a la farmacia a comprarlos o hice que mis amigos desviaran sus caminos para traer a mí un poco de alivio.
Mi diagnóstico llegó luego de un peculiar episodio que me obligó a insistirles a los médicos que mi dolor no era normal. Fue en septiembre de 2017, cuando en una cena con mis amigos descubrí que un chorro gigante de sangre se paseaba por mis piernas, hasta llegar a mis pies. Estábamos en un restaurante muy concurrido y en una sociedad donde la menstruación es un tabú, no podés ponerte de pie con un pantalón lleno de sangre sin que decenas de miradas te ataquen. Me pasó, me aterré e insistí que eso no era normal.
Siete días después, por medio de una ultrasonografía, la ginecóloga encontró un tumor de 9.6 centímetros en mi ovario. Sin saber qué era lo que tenía, entré al quirófano cinco días más tarde. El diagnóstico fue endometriosis severa.
La endometriosis es una enfermedad que afecta a una de cada diez mujeres. Este padecimiento hace que el tejido que normalmente reviste el interior del útero, crezca fuera del él. La endometriosis te lastima mucho de manera emocional y física. Lloré mucho y aún sigo llorando.
Luego de la cirugía, me sometí por dos años a un tratamiento que logró que a mis veinticinco años mi cuerpo tuviera la menopausia de manera temporal. No menstrué por veinticuatro meses. En ese proceso, nadie me explicó que mi peso subiría descontroladamente y que tendría un estado de ánimo depresivo. Tardé mucho tiempo en desintoxicar mi cuerpo, incluso, a veces creo que todavía no lo he logrado.
La enfermedad no tiene cura y solo se anida en tu cuerpo en edad fértil, para formar muros en el lugar donde se sienta más cómoda. En el 2020 todavía se desconocen las causas de este padecimiento. Lo que se sabe es que causa infertilidad en el 50% de mujeres que la poseen, origina problemas en los intestinos y vejiga, y lo único que aparentemente puede ayudar es comer alimentos que estén libres de hormonas y pesticidas.
Luego de tres años de haber sido diagnosticada, me he informado mucho acerca de la enfermedad y he hablado con mujeres maravillosas que todos los días luchan por salir adelante. Mujeres que inmersas en el internet, charlas y libros han logrado encontrar la cura (su cura) de este «cáncer benigno». Siempre digo que la endometriosis es la enfermedad de las mujeres solas, mujeres que transitan por una batalla que cuenta con muy poca información y con pocos ginecólogos que se dediquen al estudio profundo de la misma. Siempre me pregunto, ¿si esta enfermedad afectara a los hombres, ya habría cura? No lo sé. Pero sí sé que como las mujeres «soportamos todo», los estudios siguen estancados.
Estemos atentas, porque el dolor no es normal. Lo normal es estar bien y que tu periodo llegue mes a mes sin complicaciones. Las enfermedades ginecólogas son muchas y vale la pena chequearse y buscar respuestas hasta encontrarlas.
Mi batalla no termina. Mi batalla es diaria. Siempre agradezco encontrar luz en personas como mi esposo, familia y amigas más cercanas, que sin duda luchan a mi lado. Pero siempre hay algo que debemos recordar: no estamos solas, nos tenemos a nosotras, siempre.
Los representantes de los tres poderes del Estado – Rolando Argueta (presidente de la Corte Suprema de Justicia), Juan Orlando Hernández (presidente del Poder Ejecutivo) y Mauricio Oliva (presidente del Congreso Nacional) – asistieron a la instalación de la Tercera Legislatura del periodo 2018 – 2022 en el Congreso Nacional la semana pasada, para exponer los logros y avances alcanzados hasta la fecha.
Los discursos hacen mención de «acciones históricas», apuntando a Honduras como referente en la región. Sin embargo, la situación del país no coincide con las desmesuradas afirmaciones sobre los resultados que se atribuyen.
(CLICK EN + PARA SABER QUÉ DICEN LOS DATOS)
1. Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia
«En el marco de la mora judicial, habiendo recibido un poco más de 182 mil expedientes en todas las materias, a través de la implementación de un Plan Nacional de erradicación de la mora judicial con 25 actividades, hemos logrado reducir esa mora judicial de ese grupo de expedientes en un 70.8%, que representan 132 mil expedientes. Teniendo un pendiente de 54 mil expedientes que encontramos en esa categoría de mora judicial»
Verdad a medias: La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras publicado en agosto del 2019, asegura que a pesar del desarrollo de ese Plan Nacional, se les informó que los juicios de primera instancia no han agilizado sus procesos de manera significativa, durando aproximadamente veinte meses.
Asimismo, se menciona que los procedimientos de Habeas Corpus ante la Corte Suprema de Justicia los resuelven en un promedio de cuarenta y cinco días, lo cual, según CIDH «resulta dilatorio para un procedimiento concebido de emergencia y limita la eficacia de este recurso en la protección pronta y efectiva de derechos vulnerados».
A mediados de noviembre del año pasado, un grupo de personas de La Paz que laboran en los juzgados de esa ciudad, se tomaron las instalaciones en protesta a la mora judicial de la institución por no contar con suficiente personal para resolver los casos. Aseguraban que tenían un total de 850 expedientes pendientes y solo dos jueces para llevar a cabo las resoluciones. Por lo que los resultados mencionados en el discurso no se ven reflejados en el desarrollo de los procesos según lo publicado por la CIDH, ni en la situación de mora en el último semestre del año en el departamento de La Paz. Además que carecen de un punto de referencia.
2. «Nosotros hemos resuelto solo el año pasado 1,148 casos en materia penal, civil de violencia doméstica, que se agregan a los otros miles de casos resueltos entre el 2016 y 2019».
Una joven durante un plantón de protesta contra la violencia hacia la mujer, Tegucigalpa, 25 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Esto significa que solo se resolvió un promedio del 5.5% de los casos que fueron denunciados. Además, CDM también asegura que de las resoluciones de la Corte, sólo el 22% quedan en «denuncias con lugar», que son las que les proporcionan los mecanismos de protección a quienes denuncian, el otro porcentaje son las resoluciones «sin lugar», que son las caducadas y otras situaciones diferentes a las anteriormente mencionadas. Por lo tanto, no existe un verdadero avance en cuanto a las denuncias referentes a violencia doméstica en el país.
3. «En el marco del combate a la corrupción y la transparencia, el poder judicial se ha apuntado y sigue apuntando, en el despliegue de acciones que tienen que ver el combate a la corrupción y la impunidad»
Verdad a medias: La tasa de impunidad en el país sobrepasa el 90%, las fases de enjuiciamiento llegan solamente 1 de cada 4 acusaciones, y el 75% de estas acusaciones son desestimadas o cerradas durante la etapa preliminar de las audiencias.
Dentro del mismo informe del CIDH, la comisión afirma que la sociedad civil les comunicó sobre una selectividad de los casos dentro de los organismos de justicia en el país, mencionando que «por un lado se actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra parte, actúa favoreciendo en algunos casos los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial».
Además de esto, la finalización de la MACCIH trajo consigo la eliminación de la Unidad Fiscal Especial Contra Impunidad y la Corrupción (UFECIC), que investigaba -con la contribución y el apoyo de los expertos de la Misión- casos en los que estaban involucrados funcionarios públicos y diputados del Congreso Nacional. La salida de esta unidad y la creación de la UFERCO, instaurada hace una semana por el Ministerio Público, podría significar la limitación investigativa de casos de corrupción, lo que vendría a aumentar la impunidad en el país, ya que según Luis Javier Santos, actual jefe de la UFERCO y exfiscal de la UFECIC, están mucho más debilitados, por lo que se les dificultaría luchar contra la corrupción.
Verdad a medias: La tasa de impunidad en el país sobrepasa el 90%, las fases de enjuiciamiento llegan solamente 1 de cada 4 acusaciones, y el 75% de estas acusaciones son desestimadas o cerradas durante la etapa preliminar de las audiencias.
Dentro del mismo informe del CIDH, la comisión afirma que la sociedad civil les comunicó sobre una selectividad de los casos dentro de los organismos de justicia en el país, mencionando que «por un lado se actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra parte, actúa favoreciendo en algunos casos los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial».
Además de esto, la finalización de la MACCIH trajo consigo la eliminación de la Unidad Fiscal Especial Contra Impunidad y la Corrupción (UFECIC), que investigaba -con la contribución y el apoyo de los expertos de la Misión- casos en los que estaban involucrados funcionarios públicos y diputados del Congreso Nacional. La salida de esta unidad y la creación de la UFERCO, instaurada hace una semana por el Ministerio Público, podría significar la limitación investigativa de casos de corrupción, lo que vendría a aumentar la impunidad en el país, ya que según Luis Javier Santos, actual jefe de la UFERCO y exfiscal de la UFECIC, están mucho más debilitados, por lo que se les dificultaría luchar contra la corrupción.
4. Juan Orlando Hernández, presidente de la República
«Si hemos logrado que Honduras dejara de ser el país más violento del mundo, reduciendo a la mitad las muertes por cada 100 mil habitantes, si hemos llegado a sacar a San Pedro Sula y Tegucigalpa de la lista de ciudades más peligrosas del mundo, yo sé, yo creo que somos capaces de alcanzar cualquier meta y darle a nuestra gente la calidad de vida que se merece».
Engañoso: A pesar de las reducciones generales de la tasa de homicidios en los últimos seis años, se siguen superando los 40 asesinatos por cada mil habitantes, dejando a Honduras, según las Oficinas de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en su estudio Global de Homicidios 2019, como uno de los países con la tasa de homicidios más alta.
El presidente Hernández tomó posesión en su primer mandato en 2014, recibiendo al país con una tasa de homicidios de 83 por cada 100 mil habitantes, ese año se redujo a 68 por cada cien mil. En 2015 la reducción fue a 60 y en 2016 a 59.1, en 2017 a 43.6 y en 2018 bajó a 41.4, lo que representaría la mitad de la tasa con la que recibió el país, sin embargo en 2019 volvió a subir a 42.8. Aunque casi habría llegado a la mitad en 2019 (41.5 por cada cien mil habitantes), la tendencia parece haberse revertido. Sin embargo, el enunciado es cuestionable porque la fórmula que se aplica para la determinación de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes necesita un dato actualizado de la población total del país, y en Honduras no se ha realizado un censo desde 2001.
Durante el 2019, aumentó en comparación al 2018, llegando a alcanzar los 3,996 asesinatos según el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL). Lo mismo sucedió con el número de masacres, totalizando 71 eventos violentos –28 masacres más que en 2018- con 285 víctimas de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
Esto evidencia que el Plan Estratégico Interinstitucional de Seguridad 2018-2022 del gobierno hondureño, no ha cumplido la reducción propuesta de disminuir 8 puntos por cada año, lo que proyectaría la reducción de 11 homicidios para 2021.
La primera mentira dicha por Hernández es que la reducción de violencia se basa en la disminución de homicidios. No es absoluta la correlación entre el descenso de los homicidios y el aumento de la calidad de vida de las personas cuando persiste una diversidad de formas de violencia que no acaban la vida de las personas, pero denigran su calidad de vida, por ejemplo, la violencia en el país, la que no se cuenta por no ser homicida, empeora las condiciones de vida de la población, que se ven forzados a desplazarse para huir de las amenazas que enfrentan. La Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV) suma un total de 247,090 personas desplazadas en el interior del país -entre el 2004 y el 2018– afirmando que estas familias no reciben asistencia ni protección.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Migración de México retornó alrededor de 2,303 personas hondureñas después de que estas intentaran llegar a EEUU en la caravana migrante que salió de San Pedro Sula hace poco más de una semana.
5. «Con Ana, con un equipo muy sensible, construimos el programa social más grande y ambicioso que ha tenido Honduras: Vida Mejor. Es por primera vez una respuesta a esas miles de familias en todos los departamentos y ahora han podido mejorar poco a poco su condición de vida»
Engañoso: Contracorriente investigó el programa durante el 2018, hablando con personas que testifican que no se les daba el pago por sus servicios como «guías de familia», los cuales recibían solo un ingreso de 4,000 lempiras por el trabajo. Además, se presenta el caso de una de las beneficiadas que explica que consiguió ser parte del proyecto «por ser nacionalista y asistir a las marchas» explicando que su casa, así como la de todos en Bella Vista –lugar en donde vive- fue reconstruida en dos periodos de tiempo: una parte antes de las últimas elecciones y la otra después de que estas se desarrollaran.
En el reportaje se hace mención del estudio Hacia una nueva estrategia de reducción de la pobreza, publicado por el Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), el cual explica que, del total de bonos que se entregan en el programa, el 34.1% de las personas beneficiadas no lo reciben por completo. Además sostiene que más del 58% de quienes están involucrados en el proyecto no salen de la pobreza, por lo que no habría tal mejoramiento de condiciones mencionado por el presidente.
Desmesurado: Según la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV) en su estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno por violencia en Honduras 2004 – 2018, publicado el año pasado, la causa principal del desplazamiento de los hogares son las amenazas directas, siendo casi la mitad de los casos –en un 48%- provenientes de las maras y pandillas, a las que también se les vincula con los asesinatos, restricciones a la movilidad y las extorsiones.
Considerando los datos, no hay resultados significativos o efectivos en estos años referentes a la reducción de riesgos por amenazas de maras y pandillas.
Por otro lado, en octubre del año pasado, Tony Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable por tráfico de drogas –junto con otros tres cargos- en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Durante las declaraciones de los testigos en el caso, Amílcar Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso y narcotraficante confeso, afirmó que financió la campaña electoral de Juan Orlando Hernández con dinero proveniente de la narcoactividad en las elecciones del 2014.
La Asociación para una Sociedad más justa (ASJ), se pronunció ante las acusaciones al presidente, exigiendo que se creara una comisión especial encargada de investigar el financiamiento de todas las campañas presidenciales desde el 2004 hasta el 2017, sin embargo, hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna acción investigativa referente al tema.
En el comunicado de prensa de la ASJ aseguran que «la ausencia de una ética pública y la falta de voluntad y compromiso político, han facilitado la infiltración del dinero proveniente del narcotráfico, crimen organizado y corrupción en los gobiernos y en sus decisiones».
7. Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional
«Hermanos hondureños, gran parte de nuestro tiempo y nuestras energías han estado enfocados en consolidar la gobernabilidad, el Estado de Derecho, la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, las reforma del Estado y la modernización de nuestras instituciones y en todas esas acciones, el hilo conductor ha sido nuestra infinita paciencia para escuchar, para concertar y para incluir a todos los hondureños en la edificación del futuro por medio de leyes discutidas ampliamente y con el consenso de todos los sectores».
Miembros de OFRANEH y el COPINH protestan por la aprobación de la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, o lo que ellos llaman «la Ley Nájera», en alusión al diputado nacionalista Óscar Nájera, presidente de la comisión que ahora socializa la ley aprobada por el Congreso Nacional. Las organizaciones populares indígenas y garífunas cuestionan que no se les consultó para la realización de esta ley, Tegucigalpa, 23 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
Engañoso: Se han generado conflictos sociales por no priorizar desde la etapa inicial de los proyectos de ley la opinión de la ciudadanía y los sectores directamente involucrados en las decisiones.
El Congreso Nacional nunca concretó el desarrollo de las propuestas de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), la cual sugería la creación de la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación de la Ley de Secretos oficiales, por el contrario, se creó una Comisión Evaluadora que recomendó que no se extendiera el periodo de mandato de la Misión en el país, a pesar que la mayoría de los ciudadanos preferían la permanencia del mismo en Honduras, basado en encuesta del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS).
En el 2019 se produjo una crisis en el sector Salud y Educación, luego que el Congreso Nacional aprobara la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Educación y Salud, ocasionando protestas en las calles donde se exigía la derogación de los decretos PCM 026 Y PCM 027.
Asimismo, el Colegio de Periodistas de Honduras, solicitó en agosto del año pasado que se eliminaran artículos del nuevo código penal por restringir la libertad de expresión y provocar la censura en los medios de comunicación.
Además, el Congreso Nacional, hace un par de años, presentó en el Diario Oficial la Gaceta una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, en el que no se leyó el texto completo que se publicaría en el momento de su aprobación. Tal reforma beneficiaría a varios involucrados en el caso de «Red de diputados» investigados por la MACCIH-UFECIC. Tras lo ocurrido, la Unidad Fiscal y la Misión denunciaron el intento como un «pacto de Impunidad». Actualmente los diputados Antonio Rivera, Román Aguilar, Tomás Zambrano y Sara Medina -quienes estuvieron involucrados en el proceso de investigación– forman parte de la nueva junta directiva del Congreso Nacional.
Otra ley que está en proceso de socialización y no ha logrado consenso de todos los sectores es la Ley de Consulta Previa Libre e Informada que el diputado nacionalista Oscar Nájera lidera en una comisión. Grupos indígenas organizados, incluyendo el Consejo Nacional de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH), fundado por Berta Cáceres quien fue asesinada por un conflicto relacionado a la consulta previa por proyectos extractivos, no avalan esta ley.
Con ello, la transparencia de los procesos legislativos queda imprecisa frente a la afirmación que las leyes son «discutidas ampliamente y con el consenso de todos los sectores».
8. «Logramos levantar nuevas instituciones para que diseñen, administren y supervisen los procesos electorales, que son medulares en nuestro sistema democrático».
El Congreso Nacional aprobó un presupuesto general en el que se le brindan pocos recursos al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ambas nuevas instituciones que tienen como objetivo reemplazar y mejorar el trabajo de lo que fue el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Considerando que el actual año es preelectoral, al CNE se le proporcionó menos que lo establecido para TSE en el año previo a las últimas elecciones del 2017. Del mismo modo, el comisionado presidente del TSE, en una de las entrevistas proporcionadas para ContraCorriente, manifestó que no se les dio ni la mitad de lo solicitado para funcionar con los recursos necesarios, solo se les concedió 35 millones de los 90 millones requeridos.
A tan solo ocho días desde que se dio a conocer la no extensión del mandato de la la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en el país, el Ministerio Público (MP) presentó, a través de un comunicado de prensa, la creación de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO); institución que vendría a reemplazar a la UFECIC, la fiscalía que trabajaba con la ahora extinta Misión y que para algunos todavía tenía vigencia al ser una unidad independiente.
La Secretaría de los Estados Americanos aseguró que no existió consenso debido a la imposibilidad de la MACCIH de continuar acompañando y colaborando activamente a través de los equipos MACCIH-UFECIC.
En 2015, miles de hondureños salieron a las calles en diferentes partes del país exigiendo una Comisión Internacional contra la Impunidad, parecida a la CICIG en Guatemala, se llamaron popularmente “marcha de las antorchas del movimiento indignado”; la cual surgió después de que se diera a conocer el uso de 3.6 millones de lempiras provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para financiar la campaña del presidente Juan Orlando Hernández en las elecciones del 2013.
Tras semanas de protestas continuas, el gobierno hondureño accedió ante la presión ciudadana y la comunidad internacional, firmando un acuerdo en enero del 2016 con la Organización de los Estados Americanos (OEA) dando inicio a la instalación de la MACCIH; creando con ello la primera misión en la historia de esta organización que trabajaría con el objetivo de apoyar el combate a la corrupción en un Estado miembro.
Después de 4 años de la firma de ese convenio, tras el apoyo continuo a UFECIC en la investigación de 13 casos – en los que están involucrados funcionarios públicos y se ha identificado la apropiación de 460 millones de lempiras provenientes de fondos del Estado – la MACCIH ha finalizado su mandato en el país y el futuro de la nueva fiscalía, siempre al mando de Luis Javier Santos, el fiscal que encabezó las investigaciones de la UFECIC, es incierto.
Diversos sectores de la sociedad hondureña se han expresado en contra de la salida de la MACCIH del país, entre ellos el representante del sector privado de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, quien expresó en medios de comunicación nacionales que: “…el gobierno de la República de Honduras ha demostrado que no está comprometido con eliminar la corrupción y la impunidad en nuestro país”, y además consideró que con acciones como está solo se ahuyenta la inversión extranjera en Honduras.
Protestas fueron convocadas a las calles esta semana, sin embargo la respuesta no ha sido masiva, y una campaña del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de colocar cintas negras en los vehículos para demostrar el descontento por la salida de la MACCIH, son muestras de un panorama desolador.
Un anciano marcha con una bandera nacional durante una movilización en favor de la Maccih, Tegucigalpa, 19 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
Juan Jiménez Mayor, quien ejercía como vocero de la Misión cuando se creó la UFECIC, mencionó en una entrevista realizada por un medio internacional de noticias, que estas negociaciones no demostraron interés por parte de la OEA de continuar en Honduras, puesto que no hubo insistencia de la Organización para lograr la permanencia en el país, ni claridad en lo que se habló durante las reuniones.
“No sería la primera vez que hay estas consideraciones de intervención entre la Secretaría General y el gobierno de Honduras (…) fue precisamente la crisis que provocó nuestra salida” aseguró el ex vocero, quien renunció a su cargo en febrero del 2018.
El abogado Raúl Pineda, durante la entrevista para Contracorriente en su despacho, Tegucigalpa, 23 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
El analista político Raúl Pineda, quien fue diputado en tres ocasiones por el Partido Nacional y ahora se dedica al litigio privado, considera que existieron intereses en las negociaciones, pero inclinadas a lo que Estados Unidos podría obtener del gobierno de Juan Orlando Hernández.
“La OEA es una expresión del poder político de los norteamericanos (…) toleraron la destrucción de la MACCIH, juegan en base a sus intereses; en este momento están enfocados en el tema migratorio y el tráfico de drogas. Si se les da eso, ellos hacen concesiones y parte de ellas son limitar su inconformidad con la disolución de la MACCIH a un simple comunicado”, explicó Pineda.
Además descarta la posibilidad que le den continuidad al trabajo de la UFECIC, que también se vio condicionado a las decisiones políticas del Fiscal General, algo que no cambiaría con la nueva UFERCO que será dependiente totalmente del Fiscal General.
Uno de los casos con mayor cantidad líneas de investigación a desprender es el «Caso Pandora» que llega hasta la primera dama, por su asociación con una de las organizaciones involucradas. Por este caso, el acusado Fernando Suárez, operador de organizaciones sin fines de lucro que sirvieron para drenar fondos de proyectos sociales probados en el Congreso Nacional, se encuentra con medidas cautelares, y un año y medio después de su entrega solo se ha presentado un caso más relacionado a esta investigación.
Con el fin de fundamentar las acusaciones, Suárez entregó miles de documentos, incluyendo cheques, recibos, estados de cuenta bancarios y más, relacionados con una red de organizaciones sin fines de lucro que, según él, se utilizaron en la malversación de fondos, principalmente del Fondo de Desarrollo Departamental, el programa 449 y Vida Mejor.
Oswaldo Ramos Soto, diputado al Congreso Nacional por el Partido Nacional, conversa con Jorge Cálix, diputado al Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación (Libre), durante la sesión legislativa del 23 de enero. El Congreso Nacional fue donde inicialmente se definió el final de la Maccih. Tegucigalpa, 23 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
Mientras se acercaba la fecha estipulada para la finalización de la primera etapa de la MACCIH en el país – 19 de enero -, el Congreso Nacional, a través de una Comisión Evaluadora integrada en su mayoría por miembros del Partido Nacional, presentó un informe en diciembre del año pasado, donde se le propuso al Poder Ejecutivo darle fin al convenio.
Para Fátima Mena, quien fue miembro del Frente Parlamentario de Apoyo y de la Coalición para la Renovación de la MACCIH, este informe presentado por el CN carecía de legalidad y sirvió para disminuirle la responsabilidad al presidente de la República de posicionarse públicamente ante la renovación o no renovación del convenio.
“La ilegalidad de esta recomendación viene de la Ley Orgánica del Congreso, que establece que los diputados deberán de abstenerse; es decir, no podrán votar ni decidir cuando exista un conflicto de interés (…) ¿Qué más conflicto de interés que las investigaciones presentadas por la UFECIC?” afirma Mena.
Entre los 13 casos presentados e investigados por la MACCIH-UFECIC, están mencionados exdiputados y diputados actuales, a los que se les involucra en malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno.
Después de presentarse estos casos, comenzaron a surgir una serie de leyes y reformas que frenaban el trabajo de las investigaciones, ocasionando el debilitamiento de la Unidad Fiscal y el apoyo que la MACCIH le estaba proporcionando.
Es el caso del intento de reforma a la Ley del Presupuesto, la cual se desarrolló luego que se denunciara la “Red de Diputados”, donde se desviaron 8.3 millones de lempiras a través de ONGs. La reforma consistió en la modificación de artículos de esa ley para que no fueran investigados los recursos invertidos en proyectos sociales durante dos periodos de gobierno, en los que no se les podría involucrar a ninguna acción judicial; el llamado “Pacto de Impunidad” también denunciado por la MACCIH.
Una manifestante sostiene una pancarta durante un plantón en apoyo a la continuidad de la Maccih frente al edificio que sirvió de sede para la misión internacional, Tegucigalpa 19 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix
A pesar de este intento fallido, se hizo una reforma a la Ley del Congreso Nacional, donde los diputados quedan inmunes ante posibles acusaciones por las legislaciones que hagan en la actualidad; esto a consecuencia de la denuncia que hizo la MACCIH por abuso de autoridad al intentar Reformar la ya mencionada Ley de Presupuesto; además lograron reactivar el Fondo Departamental y reformar la ley del Tribunal Superior de Cuentas, las cuáles limitan el conocimiento del uso de los fondos públicos.
Por el contrario, las propuestas dadas por la MACCIH, como la creación de la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación de la Ley de Secretos Oficiales nunca se concretaron.
Para Lester Ramírez, director de Investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), estos cambios en las leyes fueron esfuerzos para limitar las acciones investigativas contra los miembros del mismo congreso, a los que no les convenía una renovación de convenio.
“Estos sectores corruptos se encontraron con una verdadera respuesta anticorrupción inesperada, (…) los diputados del Partido Nacional fueron los más amenazados por la MACCIH, por los procesos que se iniciaron contra ellos. Quienes realmente tomaron la decisión final, fueron los diputados” manifestó.
El pasado miércoles, 22 de enero, se realizó la primera sesión legislativa en el Congreso Nacional, donde varios diputados de oposición se manifestaron contra la decisión de no renovar el convenio, mientras los demás miembros definían la nueva Junta Directiva para el periodo 2020 – 2022, la cual terminó siendo integrada por varias personas involucradas en los casos de “Pacto de Impunidad” – Antonio Rivera, Román Aguilar, Tomás Zambrano, Sara Medina – y “Arca Abierta” – Gladis López – todos mencionados por la MACCIH.
El diputado por el partido Libertad y Refundación Fabricio Sandoval, aseguró en la sesión, que desde el Congreso Nacional no se podría hacer nada ante la crisis de corrupción ya que “en su mayoría está integrado por delincuentes”.
Una mujer porta dos pancartas durante una manifestación en apoyo a la Maccih realizada en el bulevar Morazán de la ciudad capital. Las protestas y expresiones en descontento por la no renovación de la MACCIH han sido diversas, sin embargo no han logrado hacer el eco de las manifestaciones de 2015. Tegucigalpa, 22 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
Renace el FONAC frente a la UFERCO y el CNA
El 26 de diciembre del año pasado, en las semanas previas a la finalización de la MACCIH, se reactivó el Foro Nacional de Convergencias (FONAC), que según la Presidencia de la República vendría a “darle seguimiento al Plan de Nación y Visión de País, y ayudará a crear nuevos sistemas de transparencia y anticorrupción”.
Para Fátima Mena este resurgimiento del Foro levanta sospechas sobre las intenciones con las que reaparece la institución, ya que considera que lo que se busca con ello es debilitar a los demás entes que han denunciado casos de corrupción como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
“La reactivación del FONAC únicamente responde a la intención manifiesta de querer eliminar al CNA (…) entendemos que este es el próximo blanco que tendría la élite política corrupta del país, después de eliminar a la MACCIH” asegura la ex diputada del PAC.
Mena explicó que el Consejo nació a través de un decreto legislativo, por lo tanto los diputados tienen la capacidad de hacer cualquier tipo de reformas a la ley del CNA. “Por esa autoridad que ellos tienen (…) podrían atacar al CNA y justificar con un nuevo mecanismo – anticorrupción – al que se le estaría delegando algunas de las atribuciones que ejercita el CNA, apoyado desde el gobierno como organización de sociedad civil.
Oswaldo Canales, líder de la Confraternidad Evangélica de Honduras, durante la entrevista otorgada a Contracorriente en el lobby de uno de los hoteles más lujosos de la capital hondureña, Tegucigalpa, 23 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
Por su parte, Oswaldo Canales, Presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, quien fue coordinador del CNA y forma parte de los 22 miembros que integran el actual FONAC, aseguró en entrevista con este medio que no se está buscando debilitar a las instituciones de justicia, sin embargo considera que éstas deben fortalecerse.
El desenlace de la MACCIH frente al panorama de corrupción en Honduras
La MACCIH aumentó la percepción de la ciudadanía sobre la realidad de corrupción que afecta el país, y el descontento se volvió manifiesto tras la explicación de cada caso presentado. Según la encuesta realizada el mes pasado a nuestra audiencia, la mayoría de personas afirmaron (90.36%) que la Misión era necesaria por la grave corrupción en el país.
Pineda asegura que esta escala va más allá de lo que se publica o aparece en los medios de comunicación y que está vinculada a los altos niveles de poder.
“El sistema está diseñado precisamente para permitir la corrupción; la Corte Suprema de Justicia es electa por políticos del Congreso, el Fiscal también, igual el Tribunal Superior de Cuentas (…) estos funcionarios tienen compromiso político con los que los eligieron” aseguró el analista político.
En Honduras, la percepción de Corrupción ha empeorado según Transparency International, subiendo de la posición 132 en el 2018, a la 146 el año pasado – mientras más cerca de la posición 180 se esté, más corrupto es considerado el país – colocándose dentro de la lista de lugares altamente corruptos.
Teniendo este panorama, el apoyo y acompañamiento de la Misión al MP representaba una amenaza a las redes de corrupción en el país, sin embargo para el abogado Pineda, la MACCIH estaba limitada por el Fiscal General Oscar Chinchilla; por lo que según él, la Misión pudo haber hecho más en el país .
“Yo creo que la MACCIH cometió un error, y fue no darle a la culebra en la cabeza. Un abogado dijo en un programa de televisión que UFECIC hizo un requerimiento contra el Presidente de la República. ¿Por qué no lo presentaron? – cuestionó – a la MACCIH no la sacan por lo que hizo, sino por lo que pudo haber hecho”, finalizó.
Muchas y muchos tendremos memorias de visitar el mercado junto a nuestras madres, abuelas o tías. Entre ruidos, olores y colores aprendimos cómo comprar, qué cosas comprar, distinguir entre lo vital y el lujo, aprendimos que allí se construyen comunidades donde el sentido y respeto por la preservación de la vida son una expresión de amor. Los mercados son espacios de apropiación e identidad cultural que cohesionan a pobladores, son espacios con realidades dolorosas, espacios cargados de tradiciones e historias que permanecen.
El año pasado, el Colectivo Culturas Vivas, un equipo de graffiteros – muralistas de Tegucigalpa, intervino artísticamente en diferentes espacios en uno de los mercados urbanos más populares de Comayagüela: el «Mercado Mama Chepa».
Los murales retratan a las matriarcas en los mercados y la mirada de la niñez en estos espacios. El arte público construye un lenguaje en lugares donde lo que fue una pared en blanco, ahora representa la cotidianidad de nuestra gente en los mercados. El Colectivo Culturas Vivas reivindica a través del arte público los derechos ciudadanos y el cese a las represiones violentas, el hostigamiento y la incautación de bienes por parte de los entes de seguridad, todo en vías de crear espacios generosos para el trabajo digno de las y los comerciantes en los mercados.
Miles de mujeres hondureñas se despiertan desde las primeras horas del día, se preparan, ajustan su delantal a la altura de su cintura y salen de su vivienda con una sola finalidad: llegar al mercado y comercializar diferentes productos en búsqueda del sustento económico para ellas y su familia.
La mayoría de ellas empezaron como comerciantes en los mercados desde su infancia, algunas llegaron en su adolescencia, y existen otras que han llegado como comerciantes ambulantes en su adultez. Ya en el mercado, enfrentan los desafíos de Comayagüela: la sofocación por un espacio de trabajo en un lugar sobrepoblado y reducido que iguala a la lucha diaria por el sostenimiento de una vivienda, diversas agresiones con un rango elevado de violencia en todos los sentidos por parte de los transeúntes y demás vendedores. Estas mujeres son víctimas del olvido por parte del Estado hondureño ya que no existen políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de los comerciantes en los mercados. Estas mujeres, en gran medida, tienen que enfrentarse solas a diferentes peligros y sobre todo a la tremenda carga que llevan sobre sus cestos: sobrevivir cada día.
La economía de nuestros mercados está en manos de mujeres, cuyos saberes pasan de madres y padres a hijas, hijos y allegados, provenientes de familias de aldeas y pueblos del interior del país, barrios urbanos de Tegucigalpa y Comayagüela. A pesar de la resistencia, tanto individual como colectiva, de las mujeres, de los hombres, de los niños y niñas de los mercados, no se puede subestimar el sufrimiento humano que deja como experiencia el empobrecimiento y la violencia económica.
En esta ocasión uno de los murales lleva el rostro de Doña Julieta, la antigua propietaria del Mercado Mamachepa. Según datos históricos adquirió este espacio entre los años 1940 y 1950. Muy poco se conoce de la historia de este espacio, fue construido en los años veinte del siglo pasado y remodelado hace unos pocos meses. En los murales, como simbología general, se empleó una fusión entre las popularmente conocidas «Flores de muerto» y los girasoles, como una representación del contraste de las realidades: nacer, florecer y morir.
Otro de los murales destaca el rol materno de las mujeres comerciantes que trabajan en los mercados, mujeres en condiciones de baja escolaridad, juventudes sin ningún conocimiento de educación sexual y por ende con dependencias económicas. En muchos casos, lamentablemente, son madres adolescentes, son mujeres que retan las normas sociales, los estereotipos de la maternidad y el trabajo, las desigualdades que estructuralmente e institucionalmente las han mantenido marginadas, son mujeres generadoras de su propio empleo, vendiendo en los espacios públicos a pesar de la exclusión social y discriminación que viven a diario. Especialmente se dedicó un mural en representación de todas las madres que luchan día a día en los mercados, por esas madres que desde estos contextos nos enseñan a ser con los otros, a luchar por un mundo más equitativo.
Las niñas y niños se ven obligados a trabajar en ocupaciones altamente peligrosas para su salud física y psicológica, estando en una situación de desprotección absoluta, todo esto ligado especialmente con el empobrecimiento en ascenso en los hogares de nuestro país.
«Pintando en el mercado, compartimos espacios de diálogo y pintura con los niños y niñas (hijos e hijas de vendedoras), niños que se dedican a la venta callejera. Los primeros acercamientos fueron momentos de inseguridad para ellos, luego de compartir saberes y pinturas, derribamos esa inseguridad de los primeros momentos, comenzaron a pintar con mayor confianza y entusiasmo. Las madres, los niños y algunos transeúntes nos comunicaron que hasta ese punto de vida no habían tenido interacción alguna con el arte. Algunas de las madres vendedoras deseaban obtener referencias de instituciones públicas en las que los niños y las niñas puedan asistir y ser educados a través del arte, y nuestra referencia más cercana fue Piloto 7/14, organización dedicada a la promoción artística educativa, cerca del teatro Manuel Bonilla», Colectivo Culturas Vivas.
El Colectivo artístico reivindica la exigencia y promoción de los derechos educacionales y culturales que el Estado hondureño ha mutilado a través de los años en nuestras realidades. La niñez es el grupo principal en la transmisión oral de la cultura popular. Estamos llamados a fomentar la comunicación y la relación entre ellos.
¿Te gusta contar historias a través de audio? En Contracorriente amamos dar voz a nuestra audiencia, pero también a esas historias que escribimos, es por eso que decidimos abrir la primera convocatoria para presentar podcast para nuestra plataforma.
La forma de hacerlo es sencilla, básicamente deben descargar los TDR de abajo y enviar una propuesta vía correo electrónico a info@contracorriente.red de acuerdo a nuestras líneas de investigación: migración y DDHH, violencia y juventud, derechos sexuales y reproductivos, estructuras de poder, medio ambiente y extractivismo.
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Objetivo General Contratar a profesional en producción de audio para la realización de podcast de acuerdo a nuestra línea editorial.
Objetivos específicos 1. Coordinar conjuntamente con el equipo editorial, los posibles temas a producir en audio. 2. Presentar una propuesta 3. Entregar un plan de trabajo para la cobertura. 4. Entrega de audio en editable y editado para formato WEB y WhatsApp.
Metodología
Presenta una propuesta vía correo electrónico a info@contracorriente.red de acuerdo a nuestras líneas de investigación: migración y DDHH, violencia y juventud, derechos sexuales y reproductivos, estructuras de poder, medio ambiente y extractivismo. Para esta consultoría en específico se ha planteado la siguiente ruta de trabajo: 1. Envío de hoja de vida junto portafolio o material producido. 2. Enviar una carta de intención del porqué te interesa colaborar en la producción de podcast.
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El 14 de enero de 2020, Alejandro Giammattei, médico de 63 años de edad, se convirtió en el presidente número 51 de Guatemala y en el séptimo presidente electo después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Llegó a la presidencia en medio de la crisis que dejó Jimmy Morales, considerado como uno de los peores presidentes del continente, pero que logró uno de sus principales objetivos, evitar la renovación del acuerdo para la continuidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, (CICIG) y desmantelar muchos de los avances logrados en materia de investigación criminal y reformas políticas para luchar contra la corrupción.
No considero apropiado hacer el juego de las predicciones que tanto gusta a los analistas, sobre todo cuando se trata de una de las instituciones más visibles, pero que está lejos ser la única que determina la vida política de nuestros países, aunque ese sea su mandato: la presidencia de la república. En el mundo ideal de la teoría política, la presidencia del organismo Ejecutivo tiene el control de la política de gobierno de acuerdo al bien común plasmado en la Constitución Política de la República y demás normas nacionales e internacionales. Su gestión responde a políticas de Estado y es independiente de cualquier influencia guiada por intereses privados o sectoriales. Se apega a los principios democráticos de transparencia, respeto a la independencia de los órganos del Estado, Derechos Humanos y promueve un modelo económico que supere el lastre de pobreza y desigualdad que caracteriza a muchos de los países de la región.
Todo eso no ocurre en países como Guatemala y con seguridad en muchos de América Latina. Los presidentes son figuras públicas que representan intereses de financistas que rehúsan la transparencia, dependen de sectores poderosos como empresarios, militares e iglesias y se encargan de ser la cara pública de una maquinaria de poder y clientelismo que controla al Estado. La corrupción es solo el medio a través del cual se logra el objetivo de preservar un sistema político patrimonial, es decir, que compite por el acceso y control de lo público para el beneficio privado. Eso abarca desde élites económicas hasta grupos criminales. Cada cuatro años -a veces más en otros países- cambia el nombre del presidente, es decir, el nombre público de una institución política que garantiza la continuidad de un modelo de sociedad.
Por esas razones, las predicciones son ejercicios bastante inútiles, si no se toma en cuenta que la dinámica política de nuestros países requiere ver más allá del presidente y entender un sistema político que resiste fuertemente cualquier intento de reforma. Y las elecciones no son reformas, son actos formales, procedimientos de ese sistema, por eso, cuando todo cambia para que todo siga igual, la predicción pierde sentido.
Giammattei llegó a la presidencia con niveles bastante bajos de legitimidad. Consiguió 614 mil votos de los más de 5 millones votos válidos de las elecciones. Ese 14% hizo posible que pasara a la segunda vuelta frente a Sandra Torres, a quien venció con 1,907,767 votos de un padrón de casi ocho millones de votantes.
No fue su carrera política lo que hizo posible ganar las elecciones. La candidatura de Sandra Torres fue duramente confrontada por una campaña anti-Sandra, varios candidatos fueron inhabilitados junto con sus partidos por vínculos corruptos y el país se encontraba al borde de finalizar el nefasto período de Jimmy Morales.
Desde las elecciones de 2007, Giammattei buscó la presidencia del país. También trató de ser alcalde la Ciudad de Guatemala en dos ocasiones. Su carrera como candidato de elección popular fue siempre marginal, uno de esos candidatos que se consideran en los análisis políticos como el relleno de los partidos políticos, esos que acumulan unos votos en la primera vuelta electoral para negociar alianzas con los que pasan a segunda vuelta a cambio de puestos menores en la administración pública. Candidatos y partidos que sobreviven del clientelismo político.
En nuestros países se vota por descarte, por el «menos peor» y son esos los candidatos que en los últimos meses del proceso electoral obtienen repentinamente el apoyo de grupos poderosos porque carecen de fuerza propia, de proyecto político. Son ideales para preservar el procedimiento democrático y la continuidad de los grupos de poder. Eso ocurrió con Jimmy Morales, pero desde siempre en Guatemala y más visiblemente desde Otto Pérez Molina, que renunció a la presidencia en medio de las investigaciones de corrupción de la CICIG y el Ministerio Público, los presidentes han hecho ajustes a la maquinaria institucional del Estado sin cambiar su función patrimonial, sino al contrario, la aseguran más. Jimmy Morales llevó al extremo esa función de representar intereses corruptos y mafiosos al bloquear la trayectoria de reformas iniciada desde el 2010 con la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG.
La lucha contra la corrupción generó problemas en Guatemala para los grupos más poderosos del país. Desenmascarar los mecanismos de políticos corruptos -incluido el presidente, vicepresidenta y varios ministros- está bien, aunque molesta, igual, otros llegarán a retomar la función. Pero, desenmascarar la participación, complicidad y beneficios que la corrupción genera para prominentes empresarios del país ya es peligroso. Otto Pérez Molina era ex militar y como sabemos, se puede dejar de estar activo en la institución, pero nunca se deja de ser militar, miembro leal de la corporación. A pesar de eso, los militares sabían que a su hermano en armas había que dejarlo caer, que no era posible defender nada sin comprometer seriamente a la gloriosa institución militar. Pero cuando dos ministros de defensa y otros funcionarios ex militares fueron encarcelados, las cosas cambiaron. Igual pasó con las iglesias, especialmente las evangélicas. Cuando se inició la investigación contra Cash Luna, venerado pastor evangélico, por su vínculo con la corrupción, las alertas ya estaban encendidas para los tres poderes del país: empresarios, militares e iglesias.
Como cuando se rompe una cañería y se empieza a inundar un edificio, Jimmy Morales se encargó de remendar los daños causados por la lucha contra la corrupción ¿podemos argumentar que Giammattei llega ahora a reparar la tubería para que siga fluyendo el vital líquido de la corrupción?
Gimmattei ganó notoriedad en 2006, cuando se hizo la Operación Pavo Real, una acción armada realizada en la Granja de Rehabilitación Penal Pavón en la que participaron más de tres mil policías y militares y en la que un escuadrón de hombres armados (no policías ni militares, sino un cuerpo ilegal paralelo) y con rostros cubiertos y una «lista negra», ejecutaron extrajudicialmente a siete reos. La operación fue organizada y coordinada por el entonces Ministro de Gobernación Carlos Vielman y el jefe de la Policía Nacional, Erwin Sperisen. Vielman fue juzgado en España y dejado en libertad, pero Sperisen, quien usando su doble nacionalidad, se instaló en Suiza buscando impunidad luego de dejar el cargo, fue encontrado culpable por su complicidad en la ejecución extrajudicial de los reos. Fue sentenciado originalmente a cadena perpetua, la cual fue reducida a 15 años de prisión en Suiza.
Giammatei era el Director del Sistema Penitenciario del país y apareció en la escena de la operación horas después para relatar a los medios de comunicación la versión oficial del hecho: un fuerte enfrentamiento armado con los reos que dio lugar a la muerte de siete de ellos. La investigación que llevó al exjefe de la Policía a prisión en Suiza y la que llevó a cabo la CICIG, demostraron que no hubo tales enfrentamientos y que la operación no tuvo el objetivo de retomar el control del centro penal sino la estricta ejecución extrajudicial de los reos. Esa investigación condujo a que Giammattei pasara 10 meses en prisión y luego quedara en libertad por falta de pruebas.
La falta de pruebas no es sinónimo de inocencia, menos cuando algo así ocurre en la institución que la persona dirige. Demuestra, en todo caso, que su función en el hecho fue poner la cara ante la opinión pública y defender la versión oficial de los hechos, lo cual no lo incriminaba penalmente. Sin embargo -y para fines de este análisis- lo ocurrido en Pavón durante su gestión demuestra su función en el sistema político. Como les sucede a muchos funcionarios, puede ser que era conveniente que él ni supiera de la operación, sino hasta el momento indicado con el guion elaborado. Ya en medio de la poza, lo mejor es seguir nadando para no hundirse… diez meses de nado forzado.
La mecánica del patrimonialismo -o de la corrupción en términos más llanos- es que, desde el presidente hasta muchos funcionarios en puestos de dirección de instituciones menores, saben que predomina un pacto, una regla informal: los funcionarios dejan hacer a cambio de algo, por lo regular beneficios producto de la corrupción, pero en otros casos a cambio de no ser entregados al escrutinio público por su incompetencia o por acciones indebidas en el pasado. Algunos incluso llegan a afirmar que para poder hacer algo hay que dejar hacer mucho. En todo caso, cuando la corrupción es el patrón que domina la gestión pública, toda persona en un puesto de dirección técnica o política sabe que hay cosas que no se pueden tocar si quiere permanecer en el puesto, en el mejor de los casos, o ser encarcelado y hasta asesinado, en el peor de ellos.
A diferencia de Jimmy Morales, que parece haber pasado cuatro años en estado de ebriedad -en serio-, Giammattei es iracundo, habla y grita fuerte, es claramente autoritario y no escatima adjetivos para referirse a la necesidad urgente que tiene Guatemala de retomar las riendas (¿cuáles?) con la firmeza de un hombre recio y duro, que conoce la muerte de cerca (así lo dijo en su discurso de toma de posesión), que es portador de los valores más sagrados de la sociedad (Dios, por supuesto, no la Constitución Política, sobre la cual no hizo el juramento presidencial sino sobre una Biblia de edición gruesa y llamativa, algo que fue aclamado por las principales iglesias evangélicas del país).
Más allá de su personalidad, Giammattei ha dejado claro en sus primeros días de gobierno a quién referirse con solemnidad. En su discurso de toma de posesión, anunció que presentará una iniciativa de ley al Congreso de la República para declarar a las pandillas terroristas (eufórico aplauso en el auditorio) y que disolverá la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad, SAAS, encargada de la seguridad del presidente para encargar dicha tarea a los militares, además de anunciar planes de reactivación económica y toda la retórica de rigor sobre el combate a la pobreza y demás males aparentemente menores ya que las pandillas fueron el primer punto de su discurso. También anunció la creación de una comisión para el combate contra la corrupción, integrada, entre otros, por la actual fiscal general, María Consuelo Porras, quien por su inactividad ha sido clave en el proceso de desmantelar los avances en la lucha contra la corrupción.
Lo de las pandillas recuerda a Otto Pérez Molina quien en su campaña electoral en 2011 ofreció «mano dura» y al final no pasó nada. Recurrir a las pandillas como el mal mayor de los países ha sido una estrategia usada también en Honduras y El Salvador -y con Trump en Estados Unidos. Está de más recordar que en los tres países ese discurso ha sido útil para alimentar el pánico social y posicionar a los mandatarios como una especie de súper héroes. En ninguno de los países, sin embargo, eso ha dado los resultados anunciados. El Salvador es el mejor ejemplo ya que en ese país el término terrorismo ha sido usado contra las pandillas en las leyes, en la política de seguridad y hasta en la declaración de guerra que hizo el anterior presidente Sánchez Cerén. Al final, las pandillas continúan y crecen al margen de ese tipo de política. Es en otro tipo de política, la informal, en donde se encuentran de mejor manera funcionarios y pandillas. Además, como otros problemas de estos países, las pandillas son la expresión de la desigualdad, la violencia como recurso para todo y, sobre todo, son resultado de un sistema político que, al contrario, depende de su existencia ¿qué harían estos presidentes sin ellas para tener a quien culpar de todos los males de los países?
La retórica del terrorismo para tratar un tema que mas bien tiene raíces sociales se hace aún más preocupante en términos democráticos cuando se acompaña de una serie de expresiones y acciones que demuestran el reposicionamiento formal de los militares en el Estado.
La cada vez más explícita dependencia de los gobiernos de posguerra en la institución armada va en detrimento de las expectativas que el proceso de democratización despertó en las sociedades centroamericanas. En El Salvador en 1992 y en Guatemala en 1996 se firmaron acuerdos de paz que incluyeron la reforma militar como un pilar fundamental de la democracia y la paz. En Honduras no hubo proceso de paz ni reforma militar sustancial, hubo cambios, pero no en las proporciones necesarias para garantizar el ajuste del sistema político a la ola de democratización en la que estaba embarcada la región.
Esas reformas incluyeron la reducción del presupuesto militar y de la cantidad de efectivos, además del desmantelamiento o limitación de una serie de estructuras institucionales de control (estados mayores, inteligencia militar) así como la reducción de prerrogativas que gozaban los miembros de las instituciones armadas (bancos, institutos de previsión militar, comisariatos, etc.).
Hubo avances significativos en ese proceso y las fuerzas militares en El Salvador y Guatemala apuntaban, al menos formalmente, a una transformación necesaria en términos democráticos. Sin embargo, paralelamente les fueron asignadas tareas que se alejaban no solo de los comprometido en los acuerdos de paz sino también de la función que una institución militar debe cumplir en una sociedad democrática, especialmente en países que no tienen amenazas bélicas externas que requieran el despliegue de fuerza militar. Los militares compensaron las reducciones producidas por la reforma militar con una creciente participación en la seguridad pública, en la protección de industrias extractivas y, más recientemente, en la reducción de la migración. Han logrado así justificar su existencia -y ahora su crecimiento- abarcando ámbitos que deberían ser competencia de otras instituciones, civiles y democráticas.
Lo anterior en el plano formal. Informalmente, la continuidad de lo militar en el sistema político ha ocurrido a través de los ex militares que participan de diversas formas en la política. En el caso de Guatemala, Otto Pérez Molina es la máxima representación de esa situación. No le fue bien. Con Jimmy Morales, numerosos exmilitares formaron parte del partido político que lo llevó a la presidencia, fueron diputados y asesores de diferentes instituciones. Y con Giammattei, los exmilitares vuelven a ocupar puestos importantes dentro de la administración pública o están emparentados con personas que ocupan dichos cargos.
El Ministro de Gobernación de la nueva administración es Edgar Godoy, militar compañero de promoción de Otto Pérez Molina y allegado al General Ortega Menaldo, un nombre que produce eco en los corredores tenebrosos de la historia de Guatemala. Godoy tuvo cargos que dentro de la dinámica militar y política del país fueron clave: subdirector de inteligencia militar durante el primero gobierno democrático en la transición, el de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991); fue sub jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Serrano Elías (el presidente del «auto golpe» en 1993). Ambos cargos fueron fundamentales en la lógica de la democracia tutelada: el gobierno de Cerezo Arévalo fue parte de una transición controlada por un ejército que se encontraba aún en guerra y el quiebre institucional de Serrano Elías estuvo fuertemente influenciado por las dinámicas internas del ejército en aquel entonces.
Godoy ha sido crítico de los procesos de democratización y reforma del Estado, especialmente en lo relacionado con la reforma militar. En sus columnas de opinión criticó fuertemente a la CICIG y antes de ocupar el cargo, fue contratista de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala dirigida por Álvaro Arzú, un férreo antagonista de la misma comisión.
Al frente del gabinete de seguridad e inteligencia está el general retirado Roy Dedet Casprowitz, un militar que ha estado presente en varios gobiernos desde la transición a la democracia como parte de una red, la de Ortega Menaldo, que representa la sección de más extrema derecha de los militares en el país y que se insertan en el partido político que más convenga para asegurar su permanencia en la administración del Estado.
La lista de exmilitares es larga en el gabinete de Giammattei y todos tienen algunos rasgos en común: fueron parte de la inteligencia militar, estuvieron en el Estado Mayor Presidencial, han sido vinculados a casos de corrupción y algunos fueron parte de intentos de golpes de Estado al primer gobierno de la fase democrática de este tiempo, otros han sido asesores de varios políticos antidemocráticos y hasta consultores para defender a Efraín Ríos Montt durante el juicio por genocidio. Joyas de la corona autoritaria y antidemocrática del país.
De esas redes hay muchas y fueron la razón por la que originalmente se luchó por la CICIG que, en su versión original, debía investigar los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad (CICIACS). Sin embargo, en el 2006, cuando se creó la CICIG, esas redes estaban más preocupadas por las violaciones a los derechos humanos que por la corrupción, de la cual siempre se sintieron -y de hecho lo son- impunes. Su labor siempre fue doble: controlar el Estado y garantizar la corrupción. De lo primero había que rendir cuentas en materia de derechos humanos. Lo segundo siempre ocurrió en el subsuelo y especialmente durante la nueva democracia, que tenía a los civiles para ser la cara pública de las instituciones.
El 2015 fue el quiebre, cuando se demostró que esa impunidad, la de la corrupción, tal vez no podía ser absoluta. Los militares activos, los del Ministerio de la Defensa, acuerparon públicamente a Jimmy Morales en su lucha contra los que estaban en contra de la corrupción. Jimmy Morales estuvo rodeado -alcoholizado y bien pagado- por militares y exmilitares de tenebroso pasado y presente. Al salir de la presidencia se acabó la protección militar de Jimmy Morales pero le aseguraron el último beneficio de impunidad, el Parlacen. Giammattei está también rodeado, pero más explícitamente, del mismo tipo de militares y exmilitares. Su apuesta por ese apoyo es un avance en el retroceso de la tan accidentada democratización institucional del país.
En su discurso de toma de mando como Comandante General del Ejército, el pasado 16 de enero en las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería «Mariscal Zabala» -lugar que fue utilizado como prisión de políticos y empresarios por casos de corrupción y en donde él estuvo diez meses privado de su libertad- Giammattei dijo que «Hoy mi compromiso con el Ejército es reforzarlo» y aludió a su plan de aumento del pie de fuerza, provisión de equipo y asesoría técnica por parte de las fuerzas militares de Colombia, país con una institución militar de más de 350,000 efectivos y una larga historia de conflictos y violencia política no resuelta. Las coincidencias con ese país van más allá de la función de sus ejércitos.
Al siguiente día, Giammattei anunció que dos municipios del departamento de Guatemala entraban en estado de emergencia y desplegó un fuerte contingente de militares y policías para combatir a las pandillas y el crimen organizado. San Juan Sacatepequez, uno de los municipios que junto con Mixco entraron en estado de emergencia, es ampliamente conocido por los conflictos derivados de la explotación de recursos naturales por parte de industrias extractivas, acciones de grupos de vigilantismo vinculados a militares y relacionados con esas industrias, altos niveles de pobreza e inseguridad. Y también pandillas. El mismo día anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de su embajada, algo que ya se había iniciado con Jimmy Morales.
Guatemala vivió un momento en el que se despertaron expectativas, cuando las investigaciones sobre corrupción lograron tocar los tres poderes reales del Estado: empresarios, militares y evangélicos y, por supuesto, a sus operadores, los políticos presidentes, ministros, directores y otros funcionarios.
Hacer predicciones sobre el nuevo presidente es un despropósito cuando toda la maquinaria patrimonial está en marcha, aceitada por el autoritarismo y el revestimiento de una democracia formal, incapaz de mejorarse con más democracia. Giammattei llega a la presidencia cuando la reparación de las fugas en las tuberías de ese sistema ya había iniciado y da los mensajes propios de un fontanero acreditado para permitir que los principales interesados hagan su trabajo. Honduras hace lo mismo al negar la continuidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH, que aunque con menos capacidades que la CICIG, logró demostrar que la impunidad es posible combatirla. En Colombia, los acuerdos de paz no han logrado generar cambios que indiquen una dirección diferente a la ya conocida. Iván Duque, presidente de Colombia y Juan Orlando Hernández fueron gratamente saludados por el entrante presidente Giammattei en su discurso inaugural.
Hay países insignia en la sofisticación del modelo patrimonial del sistema político en Latinoamérica. Un país aprende del otro y de eso se pueden extraer señales claras del presente que vivimos: los avances democráticos tuvieron su límite al tocar el fondo de las instituciones políticas que sostienen el modelo de acumulación de muchos países de la región y la complementariedad de intereses de los poderes más tradicionales. Militares, empresarios, iglesias y políticos, recuerdan la fortaleza de su vínculo histórico, ese que formó estos estados y que resiste su transformación.
¿Trae Giammattei algo diferente al país? Tenemos cuatro años para saberlo.
Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Contracorriente.
El éxodo migratorio que inició su camino el miércoles 15 de enero de 2020 ya se encuentra en la frontera entre Guatemala y México. El primer grupo de aproximadamente 500 personas llegó este viernes y durmió en las aceras de la ciudad de Tecún Umán, en el departamento de San Marcos. El sábado despertaron frente una reja de incertidumbres, forjada entre las promesas de empleo que esta semana dio el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y los acuerdos de “País Seguro” que el mismo México, Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron el año pasado con el gobierno de Donald Trump para disminuir el flujo de migrantes que llegan a Estados Unidos.
Ante la espera de que llegue todo el grupo, las miles de personas que salieron de Honduras en los últimos cuatro días y transitaron más de 500 kilómetros para llegar hasta este punto fronterizo dejan atrás un país que parece quebrarse entre la violencia y la corrupción de un gobierno cada vez más impune.
Anita ayuda a dar de comer a un bebé que acaba de conocer mientras espera junto a su madre que salga la Caravana Migrante en dirección a la frontera de Agua Caliente, San Pedro Sula, 14 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva.
Un camino recurrente
El martes por la tarde; mujeres, hombres, familias enteras y menores no acompañados de todo el país empezaron a llegar a la Terminal Metropolitana de Buses en San Pedro Sula, el punto de reunión de todas las caravanas que han salido de Honduras desde octubre de 2018. Las aceras comenzaron a llenarse, los jóvenes llegaron con banderas sobre sus espaldas y las cámaras de los medios de comunicación nacionales e internacionales atiborraron la terminal.
Entre todos esos rostros estaba el de Ever Aceituno de 23 años, originario de Tegucigalpa, acompañado por su esposa Sandra de 35 años que tiene tres meses de embarazo, ambos huyen de la violencia. Ever trabajaba de ayudante de buses en la ruta Cerro Grande – Kennedy en la capital del país, un rubro que, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), en 2019 contabilizó más de 100 trabajadores asesinados a causa del cobro de la extorsión que ejercen las pandillas.
Ever y Sandra se casaron hace algunos meses, se conocieron después de que él fue deportado de Estados Unidos cuando se fue en la primer Caravana Migrante de octubre de 2018 y ahora harán la ruta juntos, San Pedro Sula, 14 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva
“Tengo miedo de estar aquí, hace cinco meses me intentaron matar cuando seis jóvenes se subieron al bus, sacaron machetes y me golpearon a mi y al chofer”, cuenta Ever mientras señala la cicatriz que dejó uno de los golpes que le dieron en la cabeza. A su hermano lo mataron hace ocho años en un incidente también causado por la extorsión.
Esta no es la primera vez que emprende la ruta migratoria en un éxodo masivo; en 2018 estuvo sobre el puente que cruza el río Suchiate cuando la Policía Federal Mexicana lanzó gases lacrimógenos a los más de 3 mil centroamericanos que conformaron esa caravana que representó el inicio de una nueva forma de migración en la región. En esa ocasión logró llegar hasta Estados Unidos pero fue deportado, después de ser detenido mientras cenaba en un restaurante de Houston, Texas. Después de estar retenido en un centro de detención durante ocho meses fue deportado a Honduras con la seguridad de que no podría quedarse por mucho tiempo.
Según un informe del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras solo entre 2017 y 2019, la cantidad de deportaciones han aumentado en un 56.7 por ciento. Esta situación se da en el marco de la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández, el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y los acuerdos que ese gobierno ha firmado con los países de origen de la migración en Centroamérica.
Ahora Ever no está solo, después de su retorno conoció a Sandra, quien la noche del 14 de enero lo acompaña para esperar la salida pactada en las redes sociales para las 5 de la mañana del día siguiente.
Las largas distancias se hicieron en base de pedir aventones a camiones pequeños y grandes que pudiesen trasladar a grupos completos de la Caravana Migrante, Santa Rosa de Copán, 15 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva.
La caravana de las dos rutas
Ante la formación de una nueva Caravana Migrante, el ministro de seguridad, Julián Pacheco Tinoco, lamentó la decisión de los hondureños y hondureñas de salir del país y expresó su esperanza de que “antes de llegar a Corinto o Agua Caliente se arrepientan y regresen a nuestro país”.
Estas declaraciones no fueron atendidas por las casi mil personas que la noche del martes esperaban la salida de la primera caravana de 2020, aunque muchos no sabían exactamente que rumbo tomaría. Las opciones eran tomar un nuevo camino hacia la frontera de Corinto en Puerto Cortes, o la ruta ya conocida por la frontera de Agua Caliente en el occidente del país.
Después de un día largo de viaje, jóvenes migrantes descansan en el auditorio del Parque Central de Ocotepeque que esa noche alberga a unas 600 personas que saldrán por la frontera de Agua Caliente, Ocotepeque, 15 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva.
Un grupo de amigos que emprendió el camino juntos en la Caravana Migrante se abrazan antes de salir del parque Central de Ocotepeque en dirección a la frontera de Agua Caliente para cruzar hacia Guatemala, Ocotepeque, 15 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva
Esa discusión por la ruta que tomarían causó un enfrentamiento entre un grupo de supuestos migrantes, que propusieron viajar por Corinto, y Bartolo Fuentes, el exdiputado del partido Libertad y Refundación (LIBRE) acusado de promover la caravana de octubre de 2018.
Al escuchar la propuesta de este grupo de irse por la frontera de Corinto, Bartolo junto a un periodista de UNE TV, un reconocido canal de televisión de oposición, señalaron a estas personas de ser traficantes de personas, los migrantes respondieron que ya no querían políticos en la caravana. Los gritos e insultos estuvieron a poca distancia de convertirse en golpes.
Dos horas después de ese confuso incidente, un grupo de 300 migrantes inició una primer vertiente de esta caravana hacia la frontera de Corinto, el grupo que quedó partió a las cuatro de la mañana rumbo al occidente, algunos salieron a pie y otros directamente en autobús.
En ese camino iba Luis Fernando Osorto originario del sector López Arellano, una de las zonas más peligrosas del norte del país ubicado en Choloma, Cortés.
“He recibido insultos, maltratos, me han querido hasta matar; por eso yo decidí viajar y ahorita voy confiando en Dios, le pido fuerzas, que me abra puertas y mi deseo es llegar aunque sea hasta México”, dice Luis Fernando, un hombre gay que ha sufrido todas las formas posibles de discriminación en un país con la tasa más alta de crímenes de odio en la región, según el informe “El prejuicio no conoce fronteras” de la organización Diakonia.
La realidad para Luis Fernando continuará siendo peligrosa al llegar a México. En promedio, en ese país anualmente son asesinadas 79 personas de la comunidad LGTBI; sin embargo, será mucho más seguro. En enero de 2019 Luis Fernando también había salido con la caravana a causa de las cartas que la pandilla dejaba en su casa advirtiéndole que si no se iba del barrio lo iban a matar.
Luis Fernando huye de la violencia y la discriminación, dice que no entiende porque hay tanto odio y ahora solo piensa en no volver a Honduras, solo espera “trabajar, echarle ganas a la vida, apoyar a mi madre, y si es posible quedarme mucho tiempo fuera”, San Pedro Sula, 14 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva
Para este hombre de 34 años la única opción para vivir tranquilo es irse del país, ya que el gobierno no se interesa por su población, las políticas públicas están lejos de volverse inclusivas, no ha logrado conseguir trabajo en mucho tiempo y el acceso a derechos como el matrimonio igualitario parece casi imposible en una sociedad en la que el poder político es sustentado por el poder religioso.
“Ya no quiero volver a Honduras”, dice Luis Fernando quien llegó con el primer grupo de la caravana a la frontera de Agua Caliente y cruzó el mismo 15 de enero al municipio de Esquipulas en Guatemala.
Detrás de él quedo otro grupo de al menos 800 personas que durmió en el parque de la ciudad de Ocotepeque y salió el siguiente día a las 4 de la mañana después de orar y cantar el Himno Nacional a todo pulmón. Salieron en la oscuridad y llegaron a la frontera cuatro horas después con la bandera y sin hacer ningún registro, nadie pudo impedir su paso.
Países cárcel
Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración entre el 15 y 16 de enero ingresaron a Guatemala un total de 3543 personas como parte de la caravana a través de las fronteras de Corinto y Agua Caliente. Los centroamericanos continuaron su camino a pesar de la advertencia del presidente guatemalteco entrante, Alejandro Giammattei, quien en una conferencia de prensa señaló que aunque los migrantes podrían cruzar el país sin problemas al contar con la documentación necesaria, en la frontera con México se toparían con un muro impenetrable.
Además, el pasado viernes el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, envió un mensaje en tono amenazante a través de las redes sociales, en donde advertía a los migrantes centroamericanos que “las autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos han reforzado sus controles fronterizos, usted será detenido y retornado (…) no arriesgue su vida y la de sus parientes.”
Estas amenazas fueron de cierta manera diluidas por la hospitalidad que la caravana migrante recibió desde la aduana guatemalteca de Agua Caliente hasta su llegada a la ciudad de Tecún Umán en las diversas casas de migrantes en las que descansaron, recibieron atención médica y comida.
El director de la Casa del Migrante de Guatemala, el padre scalabriniano Mauro Verzeletti, aseguró que “la situación del norte de Centroamérica es demasiado compleja y prácticamente son narcoestados en los que las personas no tienen sus derechos, ellos siempre nos mencionan como principal causa de su desplazamiento la corrupción que se ha instaurado en Honduras y también que es un gobierno que esta tomado por el crimen organizado y no está interesado en la población”.
Lea nuestro editorial tras el anuncio de no renovación de la MACCIH: Se cerró la rendija
Para Verzeletti ser nombrado “País seguro” es fácil en el papel pero en la práctica no solucionará el problema al ser una imposición de Estados Unidos.
En Honduras los acuerdos migratorios firmados en septiembre de 2019 son inciertos de manera oficial pero según un recurso de amparo presentado por integrantes de Comités de Familiares Desaparecidos implicarían deportaciones exprés desde Estados Unidos, intercambio de información biométrica y convertirse en un país de retención para migrantes de otros países que se dirigen hacia el norte.
La Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala acondicionó un espacio en donde albergó la noche del jueves a casi mil personas que viajaban como parte de la Caravana Migrante. Allí recibieron un lugar para descansar, comida y atención médica, Ciudad de Guatemala, 16 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva.
Una semana antes de que la caravana partiera de Honduras arribó al país Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, con el objetivo de definir la implementación de los acuerdos que permitirán que Honduras se convierta en un país de espera para los solicitantes de asilo en Estados Unidos. La ironía rebasa los límites cuando se habla con alguno de los migrantes que pasó la noche en el refugio que habilitó la Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala, durmiendo bajo una carpa casi uno encima del otro por falta de capacidad, algunos dentro de una bolsa plástica para pasar el frío de la madrugada, todos concuerdan que en Honduras es imposible vivir.
El penúltimo tramo
Desde su salida la caravana que avanzó por la frontera de Agua Caliente se dividió en tres grupos que avanzaban uno detrás del otro, de la misma forma salieron de Ciudad de Guatemala hacia el paso de fronterizo entre Tecún Umán y Ciudad Hidalgo.
Si tienen suerte, y avanzan a través de aventones, a cada grupo le toma aproximadamente 15 horas poder llegar desde la capital guatemalteca hasta la frontera con México.
Algunos se quedan rezagados en el camino y se unen para pedir un aventón o ayuda para ajustar el pasaje del bus que los lleve hasta el destino. Ese es el caso de Kenia Cáceres, madre de dos adolescentes y originaria de Tocoa, Colón; quien lidera un grupo de 9 jóvenes que esperan un aventón en una gasolinera a 100 kilómetros de la frontera.
Kenia regresó a Honduras cuando se anunció la Caravana de Migrantes después de vivir varios meses en Tapachula con Andrea, su hija de 17 años; la razón del regreso fue su hija menor de 14 años quien fue secuestrada durante dos semanas y abusada sexualmente por miembros de una pandilla.
Kenia, sus dos hijas y un grupo de jóvenes que les acompañan, siguen el camino rumbo a Tecún Umán después de haber logrado que un bus llevara a dos de sus compañeros junto con las maletas del grupo, Guatemala, 17 de enero de 2020. Foto Fernando Silva
Cuando Kenia presentó su caso ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) le dijeron que sí podían otorgarle el refugio pero tenía que regresar por su hija. Después de cuatro días de camino se sienten cada vez más seguras al alejarse de Honduras.
Finalmente el grupo logra que un bus les haga el favor de llevar sus maletas hasta Tecún Umán y que dos de los jóvenes también puedan irse. Kenia organiza rápidamente al grupo y elige quienes se irán, les recuerda que no olviden la maleta que lleva el nebulizador de Andrea y ayudan a subir todo al bus. El resto de los migrantes, liderados por Kenia, comienzan a caminar haciendo bromas y pidiendo que alguien más los lleve.
En los alrededores de la aduana guatemalteca de Tecún Umán duermen alrededor de 500 migrantes que esperan al grupo que viene desde Ciudad de Guatemala para cruzar la frontera mexicana que conecta con Ciudad Hidalgo, Tecún Umán, 17 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva.
Los mismos engaños de siempre
El viernes por la noche llegaron Ever y Luis Fernando a Tecún Umán, cada uno ha cursado su propio camino y sorteado diversas dificultades.
Ever llegó en calcetines ya que los zapatos que llevaba se le rompieron en el camino, una parte del tramo lo hizo descalzo y hasta ahora que llega a la ciudad logra conseguir unas sandalias. Sentado junto a Sandra en una banca del parque municipal cuenta que le duele una muela y que no tiene dinero para nada, ni para una bolsa con agua. Unos minutos después una policía llega con refrescos y comida para ambos. En este trayecto no se ha registrado ninguna hostilidad por parte de las autoridades guatemaltecas.
Por otro lado Luis Fernando es acompañado por un grupo de migrantes de la diversidad sexual que se han encontrado en el camino y ahora en grupo piden seguridad al gobierno Mexicano ante la violencia en Honduras.
Ninguno de los dos quiso participar en el grupo de migrantes que la mañana del sábado intentó cruzar la frontera y forcejeó con elementos de la Guardia Nacional mexicana para poder pasar sin hacer registro migratorio y continuar su camino hacia Estados Unidos. En el forcejeo los elementos de seguridad rociaron con gas pimienta a los migrantes, incluidos a los menores que eran cargados por sus madres.
El sábado por la mañana un grupo de aproximadamente 300 migrantes intentó cruzar sin registro la frontera mexicana, en el forcejeo los elementos de seguridad rosearon con gas pimienta a los migrantes y cerraron los portones de ingreso, Tecún Umán, 18 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva.
Del lado de Ciudad Hidalgo, la Marina Mexicana vigila que ningún migrante de la caravana cruce por el río Suchiate, 18 de enero, Tecún Umán. Foto: Fernando Silva
Este enfrentamiento resultó en el cierre del paso y la autorización de un cruce “controlado” de grupos de 20 personas según las instrucciones del Instituto Nacional de Migración.
Ahora la Caravana Migrante espera la llegada de todos sus integrantes para pasar juntos este lunes 20 de enero y seguir hacia Estados Unidos.
Honduras ha demostrado tener un Estado fuerte y servil para intereses extranjeros, de explotación de recursos ya sea para la industria extractiva o para la economía ilegal del narcotráfico. Una institucionalidad fuerte para servir a estos intereses y débil para generar bienestar para la población, inútil para combatir la corrupción. Sin embargo, el gobierno actual se cobija en los principios democráticos de separación de poderes y soberanía para no renovar el convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) que a dos días de cumplirse su plazo de trabajo en Honduras, fue liquidada por la falta de consenso con la OEA, principalmente por su apoyo a la Unidad Fiscal Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC).
En 2015, miles de hondureños salieron a las calles a exigir una Comisión contra la impunidad parecida a la Cicig en Guatemala, liderada por la Organización de Naciones Unidas y que llegara con el fin de investigar el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social, saqueado para financiar la primera campaña del actual presidente de la república. En 2016 se instaló la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (MACCIH) liderada por la Organización de Estados Americanos (OEA). En 4 años la Maccih presentó 14 casos que en total suman a 133 imputados entre diputados, otros funcionarios públicos y familiares acusados de malversar casi 400 millones de lempiras en diferentes actos de corrupción: desvío de fondos desde ong’s o despachos de gobierno, irregularidades en concesiones, lavado de activos del narcotráfico para financiar campañas políticas, sobrevaloraciones en equipo médico o contratos con el Estado, así como la denuncia del Pacto de Impunidad que intentó frenar las investigaciones contra diputados.
Los resultados de esta misión no fueron nunca suficientes, pero eran una especie de rendija, para ver a través de la puerta de la impunidad, cómo se estructuraba la red de corrupción en Honduras. La ciudadanía se cuestiona aún qué tanto poder tenía esta misión y qué tanta posibilidades había de que los culpables terminaran en la cárcel, pero de alguna manera generaba esperanza. Con el tiempo, la esperanza se ha ido apagando, las antorchas no iluminaron más y miles han salido juntos a las calles, pero para huir en caravana hacia Estados Unidos.
La MACCIH chocó, desde el principio, con la institucionalidad cooptada que investigó, porque esta misma es la que le permitía seguir en el país. La gente que huye pidiendo asilo en el norte, ha chocado siempre con esa institucionalidad que no la protege y que le ha quitado toda esperanza.
Los que legislan fueron acusados y los tres poderes del Estado, al unísono expresaron que la Maccih violaba la independencia de poderes, imponía un sistema de justicia punitivo y hasta denunciaron atropellos contra los acusados. Diferentes organizaciones de sociedad civil, congresistas norteamericanos y organizaciones internacionales pidieron y sugirieron al gobierno renovar la Maccih, la última palabra siempre la tuvieron quienes se sintieron perseguidos por ella.
La Maccih fue poco a poco debilitada hasta llegar a este punto de su terminación. El Congreso Nacional, que insistió hasta el último momento que la ratificación del convenio corría por su cuenta, aprobó una ley que le quita facultades al Ministerio Público para investigar la corrupción, dejándolo en manos del Tribunal Superior de Cuentas, bajo la concepción de que la corrupción es una falta administrativa y no debe ser evacuada vía penal. Los diputados se garantizaron inmunidad legislativa y los casos de la MACCIH que rozan a la familia presidencial están detenidos porque la Fiscalía no avanza en la investigación y no se presentan requerimientos fiscales contra los personajes de más alto nivel.
La MACCIH, sin duda, dio la oportunidad a los periodistas y la ciudadanía de tener información para explicar las redes de corrupción, abrió la caja de pandora, supuso una oportunidad que ahora puede dejar a ciegas al país entero, la puerta podría quedar totalmente cerrada.
Tras un año sumergido en numerosas crisis sociales, el 2019 finalizó con la publicación del Presupuesto General de la República para el año actual, aprobando la suma de 282,335 millones 553,855 lempiras destinados a los diferentes gabinetes sectoriales de la nación. Suma que presenta un aumento en comparación con la estipulada para el 2019, pero que por las condiciones de su distribución, no refleja cambios significativos en la inversión social.
Al aprobarse oficialmente el proyecto en el Congreso Nacional, la ministra de la Secretaría de Finanzas, Rocío Tábora, aseguró que el aumento del presupuesto es sostenible y que su estrategia está orientada principalmente a mantener la consolidación fiscal; sin embargo, según Ricardo Castañeda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Honduras cuenta con un índice de deuda del 49.4%, lo que lo convierte en un país insostenible; además asegura que la consolidación fiscal busca aumentar los ingresos y reducir los gastos del país a costa de recortes en áreas importantes.
Es el caso del sector salud y educación. A pesar de haber un aumento de inversión en el Gabinete Social, que es donde pertenecen ambas instituciones, al sector salud no se le proporcionó el incremento que la Secretaría solicitó a Finanzas, el cual era equivalente a 4,300 millones, según declaraciones dadas por el viceministro de Salud, Nery Cerrato a un medio digital. Por otro lado, Educación también tiene un leve aumento, pero se le disminuyó la cantidad proveniente del Tesoro Nacional, que es la inversión procedente únicamente de los ingresos del Estado.
El panorama salud: aumento de presupuesto pero no de verdadera inversión
A la Secretaría de Salud se le destinó 15,880 millones 193,416 lempiras, representando un aumento del 7.72% en comparación al 2019; a pesar de esto, no hay nada que garantice que estos recursos sean utilizados en su totalidad. La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, destaca que existen presupuestos que no son ejecutados dentro del Ministerio de Salud.
“La crisis ha sido casi continua, en los centros asistenciales no ha habido un crecimiento del personal de salud con respecto al crecimiento vegetativo de la población; se han cerrado centros asistenciales, tenemos un ministerio de salud que devuelve 300 millones de lempiras no ejecutados, habiendo tantas carencias por falta de insumos y atención oportuna” afirmó Figueroa, conocida además por liderar la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación durante las protestas de ambos sectores el año pasado.
Suyapa Figueroa, Presidenta del Colegio Médico de Honduras, durante la entrevista para Contracorriente, Tegucigalpa, 8 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
Para Figueroa, una de las problemáticas que define cómo se encuentra actualmente el sistema de salud, es el alarmante número de casos por dengue; que según la Secretaría de Salud llegó a los 113,175 el año pasado, causando un total de 180 muertes.
Hemos estado como un barco a la deriva (…), no hemos podido tener un programa preventivo en tiempo y forma” manifestó.
La presidenta del CMH vincula esta deficiencia con la fragmentación del presupuesto a través de las redes prestadoras de servicios de salud privada, ya que al no ser la secretaría quien maneje por completo todos los recursos, no se pueden conocer los indicadores de resultados o de impacto que definan si se está invirtiendo bien el dinero.
El Reto en Educación
Por otro lado, el aumento en la cantidad del presupuesto en el sector educación proviene de los recursos propios del sector y las fuentes externas – que son la deuda y las donaciones extranjeras – el recorte se encuentra dentro del Tesoro Nacional, donde se observa una disminución de alrededor de 124 millones en comparación al 2019.
A Ricardo Castañeda, del ICEFI, le preocupa el manejo de la actual inversión presupuestaria para el sector educativo y las bajas tasas netas de matrícula.
“El recorte de la Secretaría de Educación contrasta con la gran cantidad de niños y niñas adolescentes que están afuera de las escuelas (…) las propias estimaciones de la Secretaría muestran que para 2018 casi 900 mil niños estaban fuera del sistema; la lógica diría que el presupuesto público debería de priorizar eso, pero no prioriza la educación” afirma el economista.
Una niña juega con un libro de sopa de letras en una de las salas destinadas a atender la emergencia del dengue en el Hospital Escuela Universitario (HEU). En el momento de esta fotografía tres salas destinadas a atender la emergencia se encontraban colapsadas, Tegucigalpa, 24 de julio de 2019. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.
Honduras se encuentra dentro de los países con índice de desarrollo humano medio; la comparación de este porcentaje entre los datos publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2019, muestra que ha sufrido ligeras disminuciones en comparación con el año 2016 (0.625 en 2016, 0.623 en 2019) con un porcentaje más bajo en el 2018 (0.617); sin embargo no hay cambios porcentuales significativos. Para el PNUD la educación “es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible” por lo que la inversión en educación sí debería estar entre las prioridades.
Pocos recursos para instituciones electorales
Actualmente Honduras se encuentra en un periodo preelectoral; la crisis del sistema democrático vivido durante las últimas elecciones, nos coloca en un panorama con retos concernientes a la renovación y fiscalización de un nuevo mecanismo electoral, que funcione de forma transparente e íntegra. Las nuevas instituciones electorales: El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) – que serán las encargadas de reemplazar las funciones de lo que fue el TSE – ya se visualizan dentro de los entes que a los que se asignará una suma del presupuesto.
Al CNE se le otorgó una cantidad cercana a los 113,400 millones de lempiras; mismo monto que se le proporcionaba al Tribunal Supremo Electoral antes de su desaparición. Si se comparan estas cifras con las que el TSE obtenía durante el 2016, también año previo a las elecciones, se encontrará una diferencia mayor a los 116 millones, siendo el año actual el que cuenta con menos recursos.
Fachada principal del Tribunal Supremo Electoral, Tegucigalpa, 7 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
Por otra parte al TJE se le estipuló un ingreso de 35 millones de lempiras, menos de la mitad de los 90 millones que habían solicitado para la institución.
“Primero se nos había dicho que solo se nos iba a dar 25 millones, hicimos algunas gestiones en el congreso para advertirles que con eso no íbamos a lograr funcionar y de alguna forma nos extendieron a 35”, explica Eduardo Enrique Reina, presidente del TJE.
Esta no es la primera vez que les disminuyen recursos al ente electoral. El artículo 43 de la “Ley Especial para la Selección y el nombramiento de autoridades electorales, atribuciones, competencias y prohibiciones”, establece que la asignación presupuestaria para los gastos iniciales del TJE al crearse, debió ser de 10 millones de lempiras, sin embargo, Reina comenta que solo se les proporcionó 7 millones para esto.
El Presidente del Tribunal, asegura que la institución queda extremadamente limitada con lo que se les está entregando, por lo que buscarán resolver a través de una solicitud de ampliación del presupuesto o pedir apoyo a la cooperación internacional.
Eduardo Enrique Reina, Comisionado Presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Tegucigalpa, 7 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
La inversión en seguridad y defensa
Agentes de la Policía Nacional de Honduras durante un enfrentamiento en el Casco Histórico de Tegucigalpa, en las jornadas de protestas del sector salud y educación, Tegucigalpa, 30 de abril de 2019. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.
Al menos en los últimos siete años, los fondos públicos destinados a la Secretaría de Despacho de Defensa – Fuerzas Armadas – han ido aumentando significativamente.
Este despacho, junto con el de Seguridad – Policía Nacional – reciben el 79.9% del presupuesto destinado al Gabinete de Prevención, seguridad y Defensa (Juntos suman un total de más de 150 mil millones); dejando muy por debajo a instituciones como el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social que solo cuentan con alrededor de 8 millones de lempiras.
Según Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), esto sucede porque existe una tendencia a priorizar la inversión en el control y represión del delito, dejando de lado la prevención y la rehabilitación del privado de libertad.
A pesar de los incrementos anuales presupuestarios en este sector, la realidad nacional en cuanto a asuntos de seguridad ciudadana, no muestra resultados positivos. El 2019 finalizó con una tasa de homicidios que superó la del 2018 con un total de 3,996 casos contabilizados por el departamento de estadísticas de la SEPOL; además se perpetraron 28 masacres más que el 2018 – sumando un total de 71 con 285 víctimas, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
El director del CEDOH cree que actualmente es imposible tener el control y el conocimiento de la distribución del presupuesto militar.
El analista político, experto en temas de seguridad, Víctor Meza, retratado en las oficinas del Centro de Documentación de Honduras, Tegucigalpa, 8 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
El desconocimiento del uso de los fondos en materia de seguridad está respaldado por la “Ley de Secretos Oficiales”, aprobada en el Congreso Nacional en el 2014, la cual limita el acceso a la información de más de 20 instituciones del Estado, así mismo la “Ley de Seguridad de Tasa Poblacional” aprobada en el 2011 y con vigencia hasta el 2023.
A pesar que los efectos o resultados de estos fondos no se pueden medir por su confidencialidad, lo que sí es observable es la presencia militar que se ha apropiado de espacios en diferentes sectores; Juan Orlando Hernández desplegó en las calles a la Policía Militar de Orden Público, colocó el sistema penitenciario del país bajo el mando de las Fuerzas Armadas tras declarar estado de emergencia a final de año y además les cedió la administración para el Programa de Desarrollo Agrícola valorado en 4 mil millones de lempiras.
Sobre este último punto, Ricardo Castañeda afirmó que la cantidad destinada para este proyecto no se tomó en cuenta en la discusión del presupuesto, ya que aun no se había definido la realización del Programa; no obstante, al ser un fondo multianual, muchos de los recursos van a ser ejecutados en este 2020.
Un presupuesto discrecional para el Gobierno
En Honduras, los análisis previos que se realizan para establecer las condiciones económicas del país, y así, posteriormente, crear un proyecto de presupuesto de acuerdo a las circunstancias establecidas, podrían estar siendo desarrolladas con intereses de por medio.
El ICEFI ha identificado que se subestima el monto de recaudación tributaria en los porcentajes establecidos para los proyectos de presupuesto sin justificación. Para el presupuesto actual, se estableció que hubo una recaudación del 16.6%, cifra que está muy por debajo del 18% esperado para el cierre del 2019.
Esta reducción no tiene ninguna explicación o evidencia que demuestre que hubo un deterioro en esa recaudación, llega incluso a contradecirse con lo definido en la Estrategia Fiscal de mediano plazo de la Secretaría de Finanzas.
“De acuerdo al marco legal vigente, si se obtiene más recaudación de la que se había pronosticado, esa recaudación adicional no necesita tener un destino especifico aprobado por el Congreso Nacional, sino que como Presidencia de la República se puede utilizar de manera discrecional esos recursos” explicó Castañeda.
La fotografías de esta galería —ubicadas por orden de publicación— intentan ser el testimonio de un año que ha estado lleno de vaivenes: comenzó con una caravana de migrantes que a su llegada a territorio mexicano la vimos perderse en el horizonte, contamos algunas de sus historias y contamos también la historia de los que volvieron de ella con la mirada de quien vuelve de la derrota al hastío, o de quien se queda, confiando que a sus familiares no les suceda nada en la ruta migratoria.
2019 fue un año marcado por el juicio en Nueva York a Tony Hernández, las protestas del sector salud y educación, los gases lacrimógenos y la bala viva como métodos de represión a los estudiantes universitarios y sus bombas molotov, el aumento en los crímenes de odio y los femicidios, la corrupción de quienes gobiernan y el programa militar Guardianes de la Patria, los asesinatos de jóvenes que protestan contra el gobierno, la violencia en los barrios controlados por la pandilla y la mara, los desaparecidos en la ruta migratoria.
Esta galería, a manera de resumen, es un breve vistazo fotográfico a algunas de las historias que en Contracorriente contamos en 2019.
Enero: La caravana migrante a su llegada al municipio guatemalteco de Ayutla con el objetivo de cruzar la frontera de Tecún Umán y entrar a territorio mexicano. Luego de cruzar el último punto migratorio entre Centroamérica y México, la caravana migrante llegó a superar las 5 mil personas. Ayutla, Guatemala, 17 de enero de 2019. Foto: Martín Cálix.Febrero: En un condominio rodeado de guardaespaldas, el ex presidente Porfirio Lobo Sosa pasa sus días entre diligencias legales por los casos contra sus familiares y entrevistas de periodistas. En esta fotografía, Lobo muestra las transferencias SIAFI como supuesta prueba para mostrar que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) recibe dinero del gobierno y que, por lo tanto, está parcializado. Contracorriente lo entrevistó sobre los casos de corrupción en los que se le involucra a él y a su familia, la renovación de cuadros dentro del Partido Nacional y la gestión del gobierno de Juan Orlando Hernández. Tegucigalpa, Honduras, 16 de febrero de 2019. Foto: Martín Cálix.Marzo: Doña Blanca corta cebollas y zanahorias, sentada frente a la vitrina que mantiene caliente las carnes en su comedor. Esta foto forma parte de la galería «Las Dolores», publicada el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tegucigalpa, Honduras, 1 de marzo de 2019. Foto: Martín Cálix.Abril: Los jóvenes del Club Deportivo Olimpia de la Liga Federico Fortín de Tercera División celebran la conquista del campeonato y el pase a la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol. La Liga Federico Fortín juega en la cancha de El Birichiche, cancha que entraba dentro del proyecto Semilleros del Futuro. En 2005 las autoridades del fútbol hondureño firmaron un acuerdo para empezar el proyecto Semilleros del Futuro que vendría a mejorar las condiciones del fútbol menor con canchas, uniformes y capacitaciones, un proyecto que fracasó por el mal manejo de los fondos, entre irregularidades en la contratación de empresas hasta pago por obras que nunca se realizaron y equipo que nunca fue entregado, Tegucigalpa, Honduras, 6 de abril de 2019. Foto: Martín Cálix. Mayo: Un manifestante apila neumáticos para que se incendien frente a la entrada principal de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa. Al menos unas 700 personas llegaron a la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa luego de ser dispersadas de un grupo mayor en la represión policial y militar, lo que desató la ira de los manifestantes que decidieron quemar la entrada principal de la sede diplomática. Tegucigalpa, Honduras, 31 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.Junio: Radiografía del brazo de un estudiante universitario con la esquirla de una bala luego de la represión del 24 de junio de 2019 donde el Ejército y la Policía Militar del Orden Público violentaron la autonomía universitaria al ingresar y reprimir a los estudiantes universitarios con gases lacrimógenos y bala viva. Tegucigalpa, Honduras, 27 de junio de 2019. Foto: Martín Cálix.Julio: Un niño con fiebre, producto de haber sido infectado con dengue, permanece conectado a una de las máquinas de medición de líquidos en la sala para cuidados de pacientes con dengue del Hospital Escuela Universitario (HEU) de la ciudad de Tegucigalpa. Esta sala con capacidad para 18 personas, es una de 3 salas que el HEU ha habilitado para atender la emergencia, al momento de esta fotografía estaban colapsadas y los pacientes continuaban llegando. Tegucigalpa, Honduras, 24 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix. Agosto: Una mujer quema una bengala de humo durante la Marcha del Orgullo en la 3ra Avenida de San Pedro Sula. En el momento de esta fotografía Honduras registraba 27 crímenes de odio en 2019. Al cierre de la década (2009-2019) el país registra una cifra de 336 asesinatos y 1 desaparición de personas LGTBIQ, según datos del Observatorio de muertes violentas de personas LGBTTI de la organización Cattrachas. San Pedro Sula, Honduras 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix. Septiembre: Sentada y con el retrato de Wilfredo en sus manos, doña Doris cuenta que esa era la cama donde dormía su hijo. Wilfredo Moncada era un muchacho de 17 años, líder en las protestas del único grupo que nunca dejó de tomarse las calles protestando por la ilegítima reelección de Juan Orlando Hernández en Honduras, en una zona empobrecida del país, sin acceso permanente a agua y a energía. El sur, sin embargo es ahora una de las zonas con mayor cantidad de proyectos de energía fotovoltaica del país. Los ingredientes de la crisis en el sur son comunes en muchas comunidades desde que se ha concesionado el territorio nacional para proyectos extractivos: confusión por falta de consulta y luego la división de las familias, violencia desatada y desplazamiento forzado. Choluteca, Honduras, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.Octubre: Un agente de la Policía Nacional de Honduras lanza una bomba de gas lacrimógeno durante un enfrentamiento con manifestantes que exigían la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández luego del resultado del juicio por delitos de narcotráfico que enfrentaba su hermano, y también ex diputado del Congreso Nacional, Juan Antonio «Tony» Hernández, Tegucigalpa, Honduras, 24 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix. Noviembre: Niños son transportados en un camión del Ejército hondureño, esto sucede durante los actos de inauguración del periodo 2019 del programa Guardianes de la Patria de las Fuerzas Armadas de Honduras. Cada año, desde 2010, el programa Guardianes de la Patria, gradúa 28 mil niños y niñas. Tegucigalpa, Honduras, 15 de febrero de 2019. Foto: Fernando Silva.Diciembre: Catalina, al centro, sostiene el retrato de su hija Julia Oneyda Velásquez, desaparecida en la ruta migratoria mientras intentaba llegar a los Estados Unidos, le acompañan en esta foto, sus dos nietos Wilmer y Génesis, a quienes Julia dejó al cuidado de su madre, Tegucigalpa, Honduras, 13 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Conviven con la violencia, abuso, pobreza, abandono gubernamental, dolor y soledad. Conviven y resisten, todo por no perder la esperanza de que un día dejarán de abrazar las fotografías enmarcadas y personalmente podrán volver a sentir la piel y escuchar la voz de sus desaparecidos.
Un informe de la Unión Nacional de Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Honduras registra desde la década de los 90, al menos 740 migrantes que han desaparecido después de emprender la ruta migratoria. El número sigue aumentando ya que según otros datos de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, mensualmente, en promedio, son cinco migrantes que dejan de comunicarse con sus familias después de salir del país.
Entre todas esas historias, hay tres familias en tres barrios controlados por las pandillas en Tegucigalpa, la capital de Honduras, que también han puesto una pausa en la felicidad desde la última vez que hablaron con sus desaparecidos. Es diciembre cuando son entrevistados, pero ellos no piensan en las festividades de la temporada, ya no existe música ni árbol navideño, solo piensan en seguir buscando hasta el último día de sus vidas.
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Catalina, al centro, sostiene el retrato de su hija Julia Oneyda Velásquez, desaparecida en la ruta migratoria mientras intentaba llegar a los Estados Unidos, le acompañan en esta foto, sus dos nietos Wilmer y Genesis, a quienes Julia dejó al cuidado de su madre, Tegucigalpa, 13 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
«No me gusta recordar el pasado», dice doña Catalina mientras habla en la pequeña sala de su casa en la colonia Obrera «porque hay que acostumbrarse a perder y ganar porque la vida así es».
Hace 8 años que doña Catalina no sabe nada de su hija, Julia Oneida Velásquez, quien en 2008 huyó en dirección a Estados Unidos a causa de las amenazas de muerte a las que se enfrentaba luego de que su compañero de hogar asesinó a un vecino. En venganza, la familia del joven amenazó con matar a Julia junto con sus dos hijas e hijo. Génesis, hija de Julia y fruto de otra relación previa, tiene 20 años y también cuenta que este mismo hombre golpeaba brutalmente a su madre y la amenazaba de muerte a ella cuando tenía solo ocho años.
Según datos del Ministerio Público, al año, son más de 9 mil mujeres las que denuncian violencia doméstica en sus hogares. «Yo así chiquita me decía: “¿sabes qué? yo no te mato ni a vos ni a tu papá porque no valen nada, no me pagan las balas”», recuerda Génesis a pesar del tiempo. Después de muchos años de violencia y ante las amenazas causadas por las acciones de este hombre, Julia encontró la ruta de supervivencia en la migración hacia el norte. Llegó hasta Monterrey en México y vivió allí durante casi cuatro años, se casó con un ciudadano mexicano, envió dinero tres o cuatros veces y mantuvo comunicación con su familia hasta el 17 de agosto de 2012.
Ese día Maribel, hermana de Julia, encontró a su hijo Jeffry Abel Velásquez de 23 años, decapitado y dentro de un saco. Desde ese episodio de terror, la familia dice que ella no es la misma, que tiene problemas mentales. Maribel merodea el patio exterior de la casa, pero cuando escucha que están comentando la historia del asesinato de su hijo ingresa a la sala y muestra una foto enmarcada de Jeffrey, quien luce casi como una copia de ella misma, y explica que la pandilla lo dejó irreconocible.
Cuando Julia decidió andar el camino a Estados Unidos, Génesis apenas tenía 8 años, ahora con 20 años y dos hijos, busca a su madre desaparecida hace 8 años, Tegucigalpa, 13 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
La colonia Obrera fue declarada inhabitable por la Alcaldía Municipal en 2010 a causa de las lluvias que levantaron techos de casas, inundaron por completo las habitaciones y partieron la calle en dos. Sin embargo, la vulnerabilidad estructural de este barrio de Tegucigalpa no es la única razón por la que podría calificarse como inhabitable. El control de las pandillas y el tráfico de drogas alcanza con violencia a una gran parte de las familias que se han establecido en estos lugares, viven allí porque el dinero no les alcanza para vivir en barrios medianamente seguros. Estos barrios repletos de violencia también están llenos de familias que tienen uno o varios migrantes.
El 17 de agosto Génesis llamó a Monterrey para avisar del terrible hallazgo, pero el hombre con el que su mamá se había casado en México le dijo que ella no estaba porque había tenido que ir a un turno de trabajo. «Le volví a llamar el siguiente día, le seguí llamando y nunca me volvieron a contestar. No volvimos a saber nada de ella desde hace 8 años», cuenta Génesis mientras abraza a su pequeña hija de seis años e intenta limpiarse las lágrimas que ya rodaron por sus mejillas.
Después de haber perdido comunicación con Julia, toda la familia tuvo que salir del barrio y dejar su casa porque estaban amenazándoles de muerte. Regresaron hace cuatro años cuando los pandilleros que les amenazaban también murieron. Convivir con la ausencia en este contexto también ha significado recordar a diario la violencia que impulsó a Julia a emprender la ruta.
Catalina se tuvo que hacer cargo de sus nietos cuando su hija decidió migrar hacia los Estados Unidos hace 12 años, hoy no puede nombrarla sin que su voz se le quiebre y las lágrimas comiencen a surgir, Tegucigalpa, 13 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
En 2018, el entonces Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó a los jueces de inmigración desestimar los pedidos de asilo por violencia doméstica y pandillas, causando el rechazo de diversas organizaciones de derechos humanos. El Centro de Estudios de Género y Refugiados y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentaron una demanda ante la orden, logrando que un juez de Distrito de EE.UU. dictaminara que la administración no podía imponer dicha prohibición y que las personas que alegan ser víctimas de violencia doméstica deben tener una oportunidad para poder solicitar asilo. Sin embargo, a pesar de esa decisión, hasta que no se revoque la decisión de Sessions, miles de mujeres que son víctimas de violencia doméstica se enfrentan a mayores dificultades para poder obtener asilo.
Génesis mira a su mamá en cada testimonio de las mujeres que han emprendido la ruta migratoria, los testimonios de violencia que cuentan en el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Honduras «Amor y Fe», la aterrorizan. Hace ocho años que no sabe de ella, pensar en lo que puede estarle pasando solo la impulsa a seguir buscando a su mamá. En noviembre estaba lista para acompañar a las integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas que viajan hasta la frontera sur en México para buscar durante quince días a sus familiares desaparecidos en la ruta hacia Estados Unidos, pero su papá no la dejó ir.
Valeria, la hija mayor de Génesis, y nieta de Julia, juega con un juguete de pony, Valeria y su hermano menor, Abdiel, no conocieron a su abuela, Tegucigalpa, 13 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Génesis actualmente cursa el penúltimo año de secundaria y aunque ha buscado incansablemente trabajo, no ha logrado encontrarlo. El único sustento económico de ella y sus hijos es su padre, quien le prohíbe participar de cualquier actividad que pueda ayudar a encontrar a Julia. La única forma de buscarla es con la complicidad de doña Catalina quien la cubre cuando hay actividades en el Comité. «Cuando vivíamos con ella se hacían cosas para las navidades, ahora nos hemos hecho poquitos», en ese momento se rompe en llanto y habla con mucha dificultad, «la ausencia de una madre nos afecta mucho en la adolescencia y luego en la maternidad porque yo tuve mis dos hijos y no estaba una madre conmigo», finaliza.
Mientras va a sus clases en el colegio o asiste a las actividades del Comité, es la abuela de Génesis quien también se encarga de cuidar a los pequeños que saltan y juegan por toda la casa junto a un gato de color blanco y gris al que le asignaron el nombre de Don Toño. Julia no sabe que ellos existen. «Me hace falta para todo, para darle un abrazo a las doce de la noche en noche buena, para un consejo. La amamos mucho y la esperamos, yo siempre la voy a esperar», dice Génesis entre lágrimas, y termina asegurando que, en esa casa, desde hace 8 años, ya no existe la navidad.
«En este país hay mucho dolor, mucha muerte», finaliza doña Catalina.
II
Miguel Caballero, padre de Miguel de Jesús, quien despareció hace 8 años cuando intentaba cruzar hacia los Estados Unidos, Tegucigalpa, 13 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Don Miguel es un hombre robusto de 55 años, trabaja desde hace quince años en el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) ubicado en la colonia Divanna, un barrio controlado por las pandillas en Tegucigalpa, y vive en la colonia Buenas Nuevas, también controlada por pandillas. La comunidad acude a él cada vez que hay un problema con el servicio de administración de agua, situación que es constante desde hace mucho tiempo en Tegucigalpa. Su liderazgo y carácter parece firme, pero también es notable su profunda amabilidad.
«Para mí no hay alegría», dice don Miguel cuando nos recibe en su casa e intenta controlar el llanto que comenzó al recordar a su hijo Miguel de Jesús Caballero, quien emprendió la ruta migratoria hace ocho años y del que no sabe nada desde ese entonces. Don Miguel cuenta que desde que sus dos hijos, Miguel de Jesús y Antonio eran unos niños, se esforzó por suplir al menos sus necesidades básicas, pero con el pasar de los años esta tarea se fue complicando ante la temprana paternidad de ambos, con lo que ellos empezaron a buscar opciones para darle un futuro mejor a sus propias familias.
“Abuelo” consuela a su amo cuando lo ve triste y llora al recordar sus hijos, Tegucigalpa, 13 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Miguel de Jesús trabajaba en todo lo que le generara algún ingreso para suplir a su familia. Apenas había cursado la secundaria, pero no se dejaba vencer ante las pocas oportunidades de empleo en el país. Trabajó descargando camiones, bolsas de cemento, halando bloques, arena y grava, pero de todo ese esfuerzo apenas obtenía algunos lempiras. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de Población Económicamente Activa que trabaja más de ocho horas diarias sin recibir al menos el salario mínimo es de 48.6%, la cifra más alta en toda Latinoamérica.
En ese contexto, Miguel de Jesús le comentó a su padre que tenía las intenciones de irse a vivir a otro país, pero don Miguel tenía un mal presentimiento. «Yo le dije que no, que esa ruta es muy peligrosa, aquí no le hacía falta un bocado de comida y tenía lo básico, con lo poquito que se le podía comprar a la hija que tuvo. Pero él quería tenerla en mejores condiciones», don Miguel intentó convencerle, pero finalmente el 2 de agosto de 2011 partió rumbo a Estados Unidos. Diez días después de que su hijo saliera de Honduras, don Miguel no tenía ninguna información sobre él, temió lo peor y decidió salir en su búsqueda para llevarlo de vuelta a Honduras. Pidió permiso en su trabajo y viajó desde la colonia Buenas Nuevas en Tegucigalpa hasta la ciudad de Tecún Umán, fronteriza entre Guatemala y México.
Miguel sostiene en sus manos una foto de sus tres hijos, Tegucigalpa, 13 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
En el camino visitó Casas de Migrantes, pegó afiches por todos lados, acudió a la morgue en Guatemala y verificó en decenas de cadáveres. En el municipio de Esquipulas algunas personas de la comunidad le aseguraron haberlo visto dormir debajo de una iglesia, don Miguel pasó día y noche esperándolo hasta que llegó un joven muy parecido a su hijo. Finalmente, no logró obtener ninguna pista de su paradero. Después de quince días tuvo que regresar a Honduras porque tenía que reincorporarse a su trabajo. Semanas después recibió noticias de su hijo a través de una supuesta llamada de Los Zetas, uno de los carteles criminales más peligrosos de México, quienes aseguraron que tenían secuestrado a Miguel de Jesús.
Don Miguel cuenta que le pidieron 200 mil lempiras, una cifra inalcanzable para él por lo que les explicó que pudo recolectar 100 mil lempiras que le prestaron en su trabajo, ellos aceptaron, pero la única condición del padre era poder hablar con su hijo antes de enviarles el dinero. El hombre de acento mexicano que se comunicó con él, prometió llamarlo el día siguiente para que hablaran. El 15 de septiembre de 2011 fue el día más largo de su vida esperando esa llamada, pero nunca volvieron a comunicarse con él. Don Miguel piensa que quizá eran personas que habían visto los afiches que pegó y quisieron aprovecharse de su desgracia.
Desde ese día, la vida le ha golpeado en reiteradas ocasiones, su hijo menor que quedaba en Honduras murió en un accidente automovilístico en 2013, su madre murió en 2017 y su esposa migró a España hace tres meses en búsqueda de oportunidades a las que no podría acceder en Honduras. A raíz de estas situaciones, don Miguel ha recibido tratamiento psiquiátrico y toma medicamentos para la depresión y ansiedad.
A Miguel le sobrevive únicamente su hija luego de que Antonio muriera en un accidente y Miguel de Jesús desapareciera en la ruta migratoria, Tegucigalpa, 13 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
«Recuerdo su sonrisa, su amor, su cariño», se rompe en llanto mientras uno de los perros de su casa se le acerca para intentar consolarlo, «y la verdad es que no tengo nada que reprocharle», además recuerda que este 22 de diciembre Miguel de Jesús cumplió 27 años y lo que antes era una navidad llena de felicidad ahora no existe. El día de la entrevista don Miguel soñó con sus hijos como cuando eran unos niños, se despertó llorando y se arrodilló para pedirle algo que le pide a Dios todos los días desde hace ocho años: saber dónde está Miguel de Jesús, vivo o muerto.
III
Yohana sostiene dos retratos de Jeffrey, desaparecido en México, Tegucigalpa, 13 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
«Mi mayor ilusión es que mi hijo esté vivo y que no le hayan hecho nada, uno tiene que aceptar las dos cosas: que esté vivo o muerto», dice Yohana García de 40 años quien busca a su hijo Jeffry Adonis desde hace quince meses. Jeffry es el hijo de en medio entre los seis que tuvo esta madre soltera que se dedica a moler maíz, vender tortillas y atender una pequeña pulpería en la colonia Villa Cristina de Tegucigalpa.
La presencia de las pandillas en este barrio es fuerte y alcanza una gran parte de los adolescentes, aun en contra de su voluntad. Ese fue el caso de Jeffry a quien le pidieron que se uniera para recoger el pago de extorsión en las pulperías de la zona, al negarse lo golpearon y amenazaron. Según los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) hasta agosto de 2019 han sido detenidos 19,696 menores no acompañados, dos mil niños y niñas más en comparación con la crisis de menores migrantes no acompañados de 2014. Un gran porcentaje de ellos están huyendo de la violencia en sus comunidades.
La familia de Jeffrey guarda su ropa, pero la camiseta con la que jugaba fútbol es especial para su hermano menor, Estiven la guarda y su madre lamenta no tener una fotografía que le recuerde a su hijo vestido de algo que a él le gustaba mucho, 13 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
El día siguiente a la golpiza, Jeffry pasó encerrado en su cuarto llorando con la cara inflamada, cuando salió pidió llamar a su papá que vivía en la frontera entre México y Estados Unidos para que le ayudara a escapar de la muerte a la que se exponía en su barrio. El papá de Jeffry vivía en Nuevo Laredo, México y se encargaba de cruzar personas desde la frontera hasta la ciudad de San Antonio en Texas.
Yohana cuenta que «era tanta la desconfianza que yo lo fui a dejar a Guatemala, pero cuando íbamos en el bus yo sentía aquello feo y le pregunté si de verdad quería irse», ante esa preocupación Jeffry se molestó y le pidió que no llorara, que no le diera mala suerte. Jeffry llegó a Nuevo Laredo el 12 de mayo del 2018 y fue recibido por un tío paterno, lo llevaron a comer y le tomaron fotos para enviarle a Yohana. Desde un cuarto en el que lo colocó su papá, mantuvo comunicación constante con Yohana durante tres meses, en uno de los mensajes le prometió que al llegar a Estados Unidos iba a trabajar para mantenerla como una reina.
Las lágrimas no se contienen en Yohana al recordar al mayor de sus hijos desaparecido en la ruta migratoria, mientras intentaba llegar a los Estados Unidos, 13 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
El 4 de agosto Jeffry escribió que se sentía con fiebre, dolor de cabeza y estómago; además, contó que en el lugar donde estaba llegaba gente extraña a drogarse, que no podía dormir. Tres días después Yohana recibió la llamada de otro familiar en la zona para contarle que su hijo había sido golpeado hasta dejarlo inconsciente, y que luego lo habían llevado en la parte de atrás de un carro. «Solo me dijo que fueron los del Golfo que son los que cuidan el río, seguramente tenían algún problema con el papá», cuenta Yohana y recuerda que el 10 de agosto también reportaron la desaparición del padre de Jeffry.
Desde que esto ocurrió acudieron a la Cancillería, Interpol, Secretaría de Derechos Humanos y todas las instancias que creyó podían ayudarle a encontrar a su hijo, pero nadie se solidarizó con ella. La única atención que recibió fue del Cónsul de Honduras en México que la llamaba cada cierto tiempo para preguntarle si ya había encontrado a su hijo, dice Yohana que lo que ella quería es que la ayudaran a buscarlo y no que le preguntaran sobre su propia búsqueda. «Ya ha pasado un año y las autoridades nunca se han preocupado por mi caso, aquí en este país cada quien mira por su pellejo», asegura.
Una retrateraa hecha en la escuela por Estiven, está habitada por una fotografía de su hermano mayor, Jeffrey desapareció en México intentando escapar de la violencia de su barrio, 13 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Yohana no se siente igual desde la desaparición, dice que este proceso la está matando lentamente, sus hijas mayores ya no quieren visitarla porque dicen que llora todo el tiempo, pero ella dice que no entienden su dolor y nunca podrán entenderlo. Yohana se encarga de limpiar constantemente el cuarto donde dormía su hijo, aunque sea un ritual profundamente doloroso, allí aguardan su regreso las camisas, gorras y un uniforme de futbol color rojo y blanco que usaba los fines de semana para jugar en la cancha del barrio.
«Tengo muchos sueños con él y yo lo miro delgado, mojado, que anda desnudo. La otra vez lo soñé que venía renqueando, desnudo, delgado y me dijo: “sí mami, soy yo, pero lléveme para la casa que no aguanto el frío”», algo le dice a Yohana que el niño bromista y juguetón que le pedía dinero para un jugo todas las mañanas sigue esperando que lo encuentren. La única esperanza que recibió durante estos meses ha sido del Comité Amor y Fe quienes le ayudaron a viajar en noviembre en la Caravana de Madres Centroamericanas para buscar a su hijo, aunque no logró obtener pistas de su ubicación en parte porque las autoridades mexicanas no les dejaron entrar a Nuevo Laredo por el peligro que representa esa zona.
Estiven guarda las gorras que usaba Jeffrey, las protege como el último lugar donde puede encontrar a su hermano, 13 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
«Para mí la navidad ya no existe porque en esta fecha era cuando mi hijo se emocionaba», dice Yohana y recuerda la insistencia de su hijo para que le comprara ropa, las torrejas que le encantaban y las risas que compartía con sus hermanos y hermanas.
Para Jeffrey migrar no era una posibilidad hasta que la pandilla quiso utilizarlo, pero Yohana dice que este es un problema del país, que hay una crisis política en la que les interesa más el poder que el pueblo, y señala hacia las gradas que conectan desde su casa con la calle principal del barrio. «Solo allí han matado a 31 personas», aseguró.
¿Qué nos dejó el año viejo? Aquí el equipo de Contracorriente les cuentan cómo lo vivieron contando Honduras.
Se estima que la cosecha hondureña de café 2018-2019 sea de 10 millones de quintales, lo que se traduciría en $1,500 millones para los productores de café —los dueños de las fincas de mejor calidad que tasan su producto en mercados europeos y asiáticos—, explica la Agencia EFE, en un artículo publicado en junio de 2019. El café es el segundo rubro de la economía según el PIB hondureño, solo superada por la industria textil (maquilas), dejando en 2017 1,17 mil millones de dólares, según the Observatory of Economic Complexity. A pesar que el café se ha convertido en el principal producto de exportación con cifras que han ido en ascenso en los últimos diez años, las mujeres que trabajan en las fincas de café en Honduras apenas ganan 1 lempira por cada libra de café en uva que cortan —es decir, la fruta del café—, lo que se traduce en un rango que ronda entre los 80 y 100 lempiras diarios. Los éxitos económicos de la gran industria del café no significan mayor cosa en las pobres economías familiares de las mujeres que se dedican a cosecharlo durante la temporada de la corte.
Los éxitos económicos de la gran industria del café no significan mayor cosa en las pobres economías familiares de las mujeres que se dedican a cosecharlo durante la temporada de la corte.
Cuando se suele preguntar de dónde proviene el mejor café de Honduras, parece que hay cierto consenso —a veces más, a veces menos—, el café de mejor calidad se produce en el departamento de La Paz, y ahí, el mejor café lo cortan las mujeres de Chinacla —un municipio a 15 o 20 minutos del centro de Marcala, una de las principales ciudades del departamento de La Paz.
La Paz, en un país como Honduras, es una mentira a medias. La Policía Nacional reportó en su servicio de estadísticas 49 homicidios en 2018, desde 2015 una cifra en ascenso en este lugar que ha dejado de ser pacífico. No se puede comparar con las ciudades más violentas: San Pedro Sula y Tegucigalpa, pero la violencia ocurre a puerta cerrada y a veces se desangra en la calle. El 13 de diciembre ingresaba a la morgue de Tegucigalpa Johana Lizet Guitiérrez de 17 años, asesinada en una finca de café en Tutule, departamento de La Paz. Johana, originaria de la comunidad de El Zancudo en Nahuaterique, se convirtió en el femicidio 358 de 2019. Murió luego de que atacaran la finca donde trabajaba con su familia- Además de su muerte, dos de sus hermanas resultaron heridas y le sobrevive a Johana una hija de 4 años.
Dentro de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Marcala, una mujer reza frente al altar. Esta iglesia fue construida entre los años 1886 y 1889, 11 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Fidelina Ávila, de la Red Contra la Violencia, explica que las mujeres del departamento de La Paz trabajan en las fincas de café porque suele ser la única opción para muchas de ellas, otras buscan trabajar en los supermercados, o hacen pan, o tamales, o cualquier cosa que les sirva para subsistir.
Mientras el café es nuevo en la economía del país, el modelo de trabajo con el que ha alcanzado ese lugar es, al contrario, antiguo, y muy conocido por haber condenado a otros países a la pobreza en las regiones en donde se produce el mejor café de exportación.
Fidelina insiste en el hecho de que no hay más opciones. Entonces, cuando las opciones se agotan o cuando las mujeres se agotan de esas opciones, cuando el lugar se hace invivible, migran.
Mientras las mujeres de la corta en las fincas de café ganan 1 lempira por libra cortada, las mujeres que trabajan en la selección del café para exportación en la plantas procesadoras, pueden llegar a ganar entre 170 y 200 lempiras diarios en jornadas de 12 horas, Chinacla 9 de de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.Una taza de café capuchino en Marcala cuesta 40 lempiras, en Tegucigalpa, ese mismo café puede llegar a los 60 lempiras, lo que equivale a medio jornal de trabajo de una cortadora de café de las fincas del departamento de La Paz. 11 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
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Belkis emigró desde las montañas del departamento de La Paz. Cuenta que de niña vivía en una casa pequeña con toda su familia, pero cuando tenía 24 años decidió buscar mejores opciones de vida, en Marcala no las iba a encontrar y solo después de muchas gestiones una cooperativa le otorgó un préstamo con el que pudo viajar a España. Necesitó 90 mil lempiras que tuvo que pagar —más intereses por préstamo— en un año. La falta de oportunidades de empleo, de educación, las pocas posibilidades de tener una mejor vida con lo poco que entonces hacía su familia son los detonantes para que decidiera migrar.
Se fue con un objetivo: el de quedarse en España únicamente tres años. Belkis tenía claro que ese tiempo era suficiente para mejorar sus condiciones. En España trabajó al cuidado de una anciana, que la trató bien, cuenta Belkis, que incluso le tomó cariño. Con lo que ganaba cuidando a esa otra mujer que no era su madre, pero que tenía la edad para serlo, le sirvió para poder comprar un terreno donde construir su casa, primero hizo eso, después pudo comprar algo de tierras donde ahora siembra maíz, café y tiene una vaca.
Belkis, retratada en su casa de la comunidad de La Flor, Planes de Marcala, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Belkis es la cuarta de seis hermanos, y a pesar de ser dueña de la finca que trabaja con su esposo —con quien ahora tiene un hijo—, no le garantiza más que la subsistencia. Los intermediarios no pagan mucho por el café que produce en la montaña, apenas alcanza para la gasolina y para echar andar la nueva cosecha.
Ella se refiere a la montaña como suya: «mi montaña», dice cuando habla del porqué regresó de Europa. Hace énfasis en la familia, en lo cercana que es con su gente, arriba en la montaña donde desaparece la señal telefónica y el frío entra hasta los huesos.
En la cocina de su casa, Belkis sirve un vaso de limonada. La casa fue lo primero que pudo construir con lo que ganada en España, Planes de Marcala, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
En Europa a Belkis le tocó ver el sufrimiento de otras mujeres que como ella buscaron tener algo más que ilusiones, y que al hacerlo dejaron atrás a sus hijos, la lejanía las entristecía, dice.
«¿Por qué uno deja su país? Porque aquí el gobierno no se preocupa por la juventud», concluye, luego de enumerar las razones, ahora tiene 30 años, y se pregunta dónde va a estudiar su hijo porque en las montañas de La Paz las posibilidades de estudio son escasas.
Belkis revisa una planta de café de su finca que aún no ha madurado, Planes de Marcala, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
En las montañas, la pobreza es todo lo que conocen las mujeres desde que nacen. Fidelina explica que «las niñas viven en pobreza en sus hogares, además de eso están expuestas a que las mañoseen en el mismo hogar, a veces también por el lugar donde están durmiendo, hay hogares donde están durmiendo siempre todos juntos, en hacinamiento».
En el año 2017 el departamento de La Paz reportó 595 partos en adolescentes, según el informe «Violencia sexual en Honduras» del Centro de Derechos de la Mujer. En 2018, según los datos del Ministerio Público, el departamento de La Paz reportó 67 casos de delitos sexuales, 31 de estos son menores de 15 años.
Una joven carga a su hija en brazos mientras descansa en una banca frente a la iglesia católica de San Miguel Arcángel de Marcala. El departamento de La Paz tuvo una incidencia de embarazo adolescente de 595 en 2017, la cifra a nivel nacional para 2018 fue de 20, 516 partos en menos entre los 10 y 18 años de edad según datos del CDM, Marcala, 11 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
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En su primer intento, Erly solo pudo llegar hasta Chiapas. Aquella primera vez viajaba con cuatro jóvenes, y al atravesar un bosque —cuenta ella— los asaltaron. Esto la desmotivó de continuar su viaje hacia Estados Unidos. Luego de una semana en una casa decidió volver. En su segundo intento, Erly se acompañó de una cuñada, «nos fuimos a la deriva», explica. No tenían claro cómo llegar, qué rutas tomar, hacia dónde ir primero para comenzar a subir, aún así, las dos llegaron hasta Tenosique, aquí, el miedo a subirse en el tren que los migrantes llaman “la bestia” las detuvo, y buscaron ayuda en familiares que vivían en los Estados Unidos.
«Les llamamos, les pedimos que nos pusieran un coyote», explica. En 2005 logró cruzar la frontera sur, esquivando las embestidas de la migra y atravesando con sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico por el Río Grande. Para poder irse, Erly vendió lo que tenía, una finca de café.
Erly, retratada en su casa, Chinacla, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
La razón por la que Erly decidió tomar la ruta migratoria fue porque sus seis hijos ya estaban en edad escolar y ella quería ofrecerles un mejor futuro, uno que ella no había tenido, aunque para eso, tuvo que dejarlos al cuidado de la abuela —la madre de Erly— durante un tiempo. Sus hijos tuvieron que asumir que se había ido, y como pudieron se cuidaron. Como su madre, Erly también fue madre soltera, su pareja los abandonó a los siete: a Erly y sus seis hijos.
De niña, cuenta, le tocó caminar hasta dos horas desde Chinacla hasta Marcala para poder estudiar la primaria y la secundaria, ella y sus hermanos. A los 10 años cortaba café en las plantaciones durante la temporada de corta y en Estados Unidos, Erly, hizo trabajos de limpieza en casas y universidades, con el tiempo pagó coyote para dos de sus hijos.
Erly, su hija Madeline y su esposo, trabajan en la empresa familiar, una tostadora, trilladora y empacadora de café que han instalado en casa de Erly, Chinacla, 10 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Volvió en 2009: «no fue que me deportaron ni nada, sino que me vine voluntariamente porque mis niñas estaban grandes, ya eran señoritas y tenía que venirlas a cuidar».
Ahora habla de volverse a ir, que necesita trabajar, en Estados Unidos, sus hijos allá, le insisten que no se vaya, que para eso ellos le ayudan pero la respuesta de Erly sigue siendo la misma, desea volver a Estados Unidos para por segunda vez, intentar tener una vida mejor.
Erly ahora tiene 54 años y trabaja en su empresa familiar, una tostadora y empacadora de café que ha puesto solo porque pudo acceder a un préstamo. Cada mes, ella y su familia, pagan cerca de 20 mil lempiras al banco que les hizo el préstamo, una cifra que pagaran por cinco años.
Madeline es hija de Erly, y las dos trabajan en su empresa de tostado y empacado de café. Para poder montar esta empresa la familia se ha endeudado con un préstamo bancario por el que pagan aproximadamente 20 mil lempiras mensuales, durante 5 años, Chinacla, 10 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Fidelina explica que la razón por la que las mujeres se van del departamento de La Paz es por la falta de oportunidades, dice que «tienen que salir del municipio, jovencitas, salen para otro lugar, emigran para Tegucigalpa, para San Pedro (Sula), para Siguatepeque, y también se van hacia Estados Unidos, España también, porque no hay trabajo, algunas se gradúan y ahí siguen, tal vez de trabajadoras domésticas, entonces no es fácil el empleo en estos lados, es bien difícil el empleo para las mujeres, entonces por eso están migrando hacia otros países y también en el mismo Honduras».
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), para 2018 en el país la pobreza era del 61.85%, y la población rural era de 4 millones 97 mil 796. En 2017, el Índice de Desarrollo Humano en La Paz era equivalente al de Pakistán (0.567).
Una familia baja de la cosecha de café y se dirige a su hogar cargando trozos de leña seca para la hornilla, Chinacla, 10 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
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Más de 318 mil desplazados internos entre Honduras y El Salvador en 2019, reportó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. En las plantaciones de café de Chinacla en el Departamento de La Paz —un departamento fronterizo con El Salvador—, hay mujeres que se han desplazado hasta ahí para poder trabajar y ganar 1 lempira por cada libra de café que cortan. La libra de café de esa región ya comercializado puede llegar a costar hasta 250 lempiras. Según la organización El Paraíso Café aproximadamente 90% de todo el café hondureño es comercializado a través de intermediarios independientes y agentes de casas exportadoras, 10% se comercializa directamente o a través de cooperativas.
July nació en el sur hondureño, es la mayor de diez hermanos, hijos de una madre soltera. Allá hacía casi de todo: trabajó siempre, desde los diez años haciendo de niñera de sus primos a cambio de ayuda para sus estudios, con el tiempo hizo trabajos secretariales, fue voluntaria de la Cruz Roja, trabajó en las camaroneras, y en el estudio fotográfico de un tío suyo ayudando a hacer restauraciones y las fotos de graduación de los chicos de secundaria. Cuando quiso comprar su propia cámara, le tocó la difícil elección: gastarse 20 mil lempiras en lo que podría haber sido su instrumento de trabajo o ayudar con ese dinero a su madre y hermanos. Optó por lo segundo.
July es originaria de Valle, luego de que conociera a su esposo, los dos se mudaron a Chinacla, su hijo ahora tiene 3 años de edad. 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Hace cinco años —narra con el acento pausado del sur— conoció a su esposo mientras colaboraba con la Cruz Roja en los proyectos de microempresas, «al principio me caía mal», dice y se ríe. Ahora tienen un hijo de tres años que juega a su lado mientras ella corta café en una plantación en el municipio Chinacla.
Para July, mudarse significó dejar atrás el calor de Valle y a su familia, hace dos años se mudó para vivir en medio del frío y construir su propia familia. Allá, como acá, también lucha contra las dificultades que implica tener una vida con pocas oportunidades laborales. Las mujeres tienen pocas posibilidades de adquirir independencia económica cortando café.
En promedio, July, puede llegar a cortar entre 50 y 80 libras de café, lo que significa para ella apenas entre 50 y 80 lempiras diarios. Su trabajo en la plantación lo intercala con el trabajo doméstico y el cuidado de su hijo. Chinacla, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Cuando no está cortando café, July ofrece sus servicios secretariales en casa a estudiantes que buscan transcribir sus tareas y enseña matemáticas de forma gratuita. Por vocación, explica, aunque no está interesada en ser maestra, se preocupa por los niños que la buscan. Hace diseños de tarjetas, de bodas y cumpleaños, explica. En el sur pudo sacar la secundaria y dejó una carrera universitaria por terminar, desde que se mudó busca, cuando puede, sacar algún curso por internet.
El trabajo en esta finca de café, donde July trabaja junto a sus cuñadas, comienza a las 8 de la mañana, pero para July, el trabajo comienza dos horas antes, debe levantarse muy temprano para hacer el desayuno para su hijo y para esposo que trabaja en una empresa coreana de instalación de energía renovable, y para uno de sus hermanos que se ha mudado con ella, y que trabaja también cortando café. Al medio día, hará una pausa para hacer el almuerzo para ella, su hermano, su hijo y su esposo. En la tarde noche, la escena se repite en la cocina, en los quehaceres domésticos.
Las manos de Tránsito cortan cuidadosamente el café, esta joven originaria de Ocotepeque puede cortar en promedio 150 libras de café en uva, lo que significa 150 lempiras diarios. Chinacla, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.Tránsito, originaria del departamento de Ocotepeque, ahora vive y trabaja en Chinacla. A sus 27 años, cuenta que ha trabajado cortando café desde niña, ahora tiene un hija. Chinacla, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
July —como todas las mujeres en las fincas de café— no puede descuidar el trabajo de la casa por el trabajo en la finca de café. Hace los dos. Se encarga —como lo hacen las mujeres de La Paz— de hacer que la maquinaria del hogar no pare. «El mayor reto es ser ama de casa porque no me gusta», explica, y aún así hará todo eso aunque no le guste.
Sobre su futuro solo sabe que es incierto. Ahora que su esposo está finalizando el contrato con la empresa con la que trabaja y que la corta de café termine, July valora la posibilidad de emigrar hacia los Estados Unidos. El café que enorgullece a Honduras, el que se exporta también a Estados Unidos es de segunda importancia, las personas que expulsa Honduras, al final son las que sostienen la economía nacional cuando están lejos de su tierra.
Vista de las montañas de la sierra de Vallecillos, Planes de Marcala, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Por: José Antonio Silva, coordinador de proyecto de MSF en Tegucigalpa
El acuerdo entre Estados Unidos y Honduras, que obliga a este último a retener a los migrantes referidos, va en contra de los derechos de las personas vulneradas. Hablar de seguridad en un país como Honduras es una contradicción.
La idea del “Acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de la República de Honduras para la Cooperación en el Examen de las Reclamaciones de Protección” es una estrategia para reclutar gobiernos en la región a que asuman las responsabilidades de asilo y protección de los Estados Unidos. Este documento, en pocas palabras, busca retener en un país -que en 2018 tuvo un promedio diario de 10,05 homicidios, según la SEPOL – a migrantes procedentes de Cuba, Nicaragua, Sudamérica y otros países trasatlánticos.
Resulta absurdo preguntarse ¿cómo garantizarles la vida a migrantes en un lugar que en 2010 fue considerado como el país sin guerra más violento del mundo1? Si bien, la tasa de homicidios ha mostrado algunas disminuciones en los últimos años, esta cifra aún duplica la tasa regional y quintuplica el promedio mundial.
Es precisamente esta situación de violencia la que enmarca las actividades de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Honduras, que desde 2011 desarrolla un proyecto de atención humanitaria para dar atención médica, de salud mental y trabajo social a la población víctima de la violencia y sobreviviente de violencia sexual en la ciudad de Tegucigalpa.
Entre 2016 hasta mediados de 2019, los equipos de MSF atendieron a 2.048 pacientes víctimas de violencia sexual. De estas personas, el 70% son sobrevivientes de violación y de este porcentaje, el 51% son menores de edad. En este mismo periodo, MSF realizó un total de 10.309 consultas de salud mental a 4.942 pacientes que han sufrido violencia sexual u otras situaciones de violencia. Sus principales diagnósticos se asocian al estrés post-traumático (25.6%), la depresión (23.5%) y la ansiedad (16.7%).
Es evidente que el país centroamericano no tiene la capacidad de garantizarles seguridad física, salud y alimentación a los migrantes, teniendo en cuenta que difícilmente lo puede hacer con sus propios ciudadanos. Tampoco tiene la capacidad económica ni las condiciones físicas para albergar y atender por tiempo indefinido a extranjeros que ingresen a su país en su ruta hacia EEUU.
Precisamente por su extrema violencia y debilidad institucional, Honduras ha sido un país expulsor. La situación ha empuja a miles de personas a movilizarse de manera forzada dentro y fuera de Honduras. Según OCHA-RELAC, entre 2014 y 2017 el incremento de personas que se desplazaron a causa de la violencia fue casi siete veces más. De un registro de 29.000 (2014) pasó a uno de 190.000 (2017).
El fenómeno de las caravanas demuestra que las personas buscan salir de Honduras como sea. Según la encuesta de ACNUR, entre 12.000 y 14.000 migraron en las caravanas de octubre de 2018 hacia Estados Unidos. Aproximadamente el 75% eran de nacionalidad hondureña (otras de El Salvador y Guatemala). Y del total de estas, el 63% afirmó que su motivación para migrar estuvo relacionada con situaciones de violencia directa (amenazas, reclutamiento forzado, asesinato de familiares, entre otras).
El desplazamiento interno no se queda atrás. Entre 2004 y 2019, un aproximado de 247.000 personas tuvieron que movilizarse de manera forzada por causas asociadas a la violencia, según la Caracterización del desplazamiento interno en Honduras (2015) realizado por la Comisión interinstitucional para la protección de personas desplazadas por la violencia, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadistica – INE, ACNUR, Joint IDP ProfilingService – JIPS y la Compañía de Jesús. Este fenómeno se ha agudizado en los últimos cinco años, según la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia4 .
En este contexto de violencia estructural, un acuerdo como el que propuso Estados Unidos viola los derechos de las víctimas de la violencia y las expone de nuevo a situaciones de peligros que podrían costarles la vida. Honduras, en definitiva, no es un lugar seguro para alguien que busca protección.
Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva
responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de
Contracorriente.
Los periodistas somos seres humanos. Sentimos, tenemos creencias, los códigos con los que crecimos quedan plasmados en lo que escribimos; en nuestro trabajo hacemos llamados a la acción, implícitos o explícitos. Los hacemos. Y sí, es verdad, tenemos contradicciones, debates internos, crisis existenciales, tenemos posiciones políticas e individualmente nos ponemos etiquetas, nos asumimos como actores políticos, pero ¿podés ser periodista y activista al mismo tiempo?, ¿qué nos suena mal en la pregunta?
En Contracorriente somos un equipo pequeño y diverso, individualmente cada quien se asume como quiere y participa en actividades fuera del horario laboral que refuerzan el compromiso que ha adquirido, siempre y cuando no transgredan los principios éticos. Sin embargo, como medio contamos con una política de conflicto de interés, cada quien lo sabe y aunque debatimos enfoques, posiciones y análisis sobre lo que reporteamos, lidiamos con esas contradicciones cuestionándonos y aferrándonos al mandato principal de nuestro oficio: verificar, apegarse a los hechos, cuestionar.
Comenzamos este texto con esta reflexión por las recientes acusaciones contra Martín Rodríguez Pellecer, director del periódico digital Nómada de Guatemala, un medio con el que hemos compartido espacios de periodismo independiente y también temas comunes. Además de condenar las acciones de acoso que denunciaron colegas en contra de Rodríguez en una investigación de la escritora Catalina Ruiz Navarro, editora de la revista Volcánica, esto nos hace interpelar nuestro papel como periodistas independientes con una agenda muy comprometida con los derechos humanos, sobre todo con los derechos de las mujeres y la población LGTBI.
Los testimonios recogidos por Ruiz Navarro indican acciones graves contra mujeres que no solo eran colegas sino, en algunos casos empleadas o exempleadas de Rodríguez. Siendo el respeto a los derechos de las mujeres un principio ético de Nómada, la falta a este representa lo que en otros medios, por ejemplo, sería romper la regla de no recibir dádivas de funcionarios, negociar con la noticia o falsear información. Sin embargo, este caso va más allá, porque el periódico fue fundado como feminista por el director, Martín Rodríguez, quien se proclama como tal.
Si ya ha causado molestias que los hombres que están en un proceso de construcción de nuevas relaciones interpersonales, conscientes de sus privilegios patriarcales, se asuman feministas o aliados, de alguna manera también causa molestia que los periodistas pretendan apropiarse de ese papel solamente porque se coloca en un plan de cobertura una cuota de género o porque le da una imagen fresca al medio, open mind.
En 2014, Martín Rodríguez en una entrevista con la DW, en el marco de una conferencia llamada «Informantes, activistas, periodistas: ¿es el periodismo de apología el periodismo de la era digital?», habló de cómo había salido de su antiguo trabajo como director del periódico digital Plaza Pública de la Universidad Rafael Landívar y estaba creando un nuevo medio (Nómada) con el gran reto de demostrar que aún se puede hacer periodismo con rigor «nosotros que somos explícitos sobre nuestra ideología».
«El periodismo a pesar de ser explícito con sus visiones de mundo, debe diferenciar del activismo en las cuestiones básicas del oficio, el periodismo es escéptico y quiere contar la vida y la sociedad. El activismo es cambiar el mundo y ambos deben estar separados aunque se necesiten el uno al otro», dijo entre otras cosas.
Nómada fue anunciado en su web como: «Y somos feministas, pues activamos por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres».
Ese mismo año, Emma Watson, nombrada embajadora de buena voluntad para ONU Mujeres, hacía famosa la campaña #HeForShe, que empoderaba a los hombres a tener un discurso y acciones de igualdad con las mujeres, a pensarse también como víctimas del patriarcado y buscar una reconstrucción de sus actitudes de vida machistas. Sin duda, esto generó una especie de moda en la que muchos hombres se asumieron feministas sin cambiar sus actitudes, pero perfeccionando un discurso que los acercaba cada vez más a puestos de poder, incluso en espacios por los cuales las mujeres han peleado toda la vida. Hombres apropiándose de la lucha feminista y aprovechándose de sus privilegios, depredando. La caricatura que surgió poco después: Nacho progre, satiriza perfectamente esta situación.
El periódico Nómada está formado por un equipo de periodistas talentosos, hombres y mujeres que han investigado la violencia sexual y que han revelado corrupción en el Estado, que han hecho un periodismo necesario para el país y la región. Pero ahora, con estas acusaciones, no es solo Martín Rodríguez el que paga, también el medio entero por el hecho de haberlo construido sobre una base de activismo que simplemente resultó ser un trampolín para captar audiencias y entrar en la dinámica de campaña que organismos internacionales apoyan incondicionalmente, algo que se centralizó en la figura de su director, como principal representante del medio, su cara pública más reconocida y su principal activista.
La incoherencia del director terminó golpeando al medio porque el medio se asumió institucionalmente como estandarte de ese activismo. Martín Rodríguez podía haberse declarado activista, no el medio, también pudo haberse declarado feminista y, sin aprovecharse de su privilegio, haber hecho lo que la carta abierta a los hombres feministas publicada en Pikara Magazine dice: «Parar, Retroceder, Callar, Hablar con otros hombres. Ser coherente».
En una consulta a través del Consultorio ético de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, la periodista Mónica Gonzáles, defensora del lector del periódico digital El Faro de El Salvador, respondía a la pregunta sobre qué tan ético es ser activista y periodista diciendo que:
«Las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos en nuestros países son tan masivas y dramáticas, que se hace difícil mantener la debida distancia que debemos establecer como periodistas frente a hechos de esa naturaleza y magnitud. Más complejo aún mantener a raya nuestras emociones. No obstante, y precisamente por la enorme tarea que implica mostrar a los ojos de todos a los responsables de esas violaciones y cómo se expresa en el plano humano el balance de muerte y destrucción que dejan en las personas, es imprescindible hacer un esfuerzo mayor y chequear esas informaciones con una cuota doble de rigor… Distinto es lo que cada periodista podrá hacer como individuo, en el plano estrictamente personal o cuando expresa su opinión en una columna en que queda meridianamente claro que lo que allí se expresa es su opinión personal».
Los periodistas que vivimos en los países que reporteamos, sin duda somos golpeados emocionalmente por lo que cubrimos. Las mujeres periodistas que además reporteamos en medio del acoso de nuestras propias fuentes, colegas, compañeros de redacción, jefes o subalternos, funcionarios públicos, policías y militares, nos podemos llenar de ira, pero buscamos mecanismos para sacarla y seguir haciendo el trabajo porque ese es nuestro aporte. Las personas que se dedican al activismo son una fuente muy importante para quienes hacemos periodismo con una agenda de derechos humanos, los buscamos, los entrevistamos y hasta los cuestionamos, y respetamos su trabajo, su apuesta de vida, ¿por qué querríamos suplantarlos?
En Contracorriente publicamos un reportaje sobre violencia sexual en organizaciones de derechos humanos el mes pasado, pero meses anteriores hicimos también lo mismo con la Policía Nacional. A nosotros nos toca revelar esto esperando que sirva para la reflexión, para crear políticas y protocolos, esperamos eso porque sí, tenemos deseos, pero no nos toca más que revelarlo. No somos protagonistas, no queremos ser el Yo en una crónica periodística, ni los personajes de una historia que solo nos toca escribir, contar, ¿vale la pena poner en riesgo nuestro oficio por ese protagonismo?
Texto: Vienna Herrera
Encuesta: Jennifer Avila
Fotografía: Martín Cálix
La mesa evaluadora de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (MACCIH) constituida por el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó prorrogar el convenio de la MACCIH que vence el 19 de enero. Días atrás el Congreso Nacional (CN) manifestó al Ejecutivo que no debe renovar el convenio al aprobar un informe que una comisión de diputados realizaron en 5 días para evaluar su desempeño. El futuro de la misión en el país ahora sólo espera la decisión final del presidente, Juan Orlando Hernández.
Hace un mes, el Poder Ejecutivo instaló una mesa de evaluación de la MACCIH constituida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la OEA. Hernández dijo que esperaba la resolución del informe para tomar una decisión sobre la renovación, a la vez que señaló que el Congreso Nacional podía opinar abiertamente debido a su función contralora.
La MACCIH se crea en el país luego de manifestaciones semanales en septiembre de 2015, exigiendo la renuncia del presidente y la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), similar a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) después de que se conociera que Juan Orlando Hernández admitió haber utilizado 3.6 millones de lempiras ($147 mil dólares) del dinero malversado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para financiar su campaña electoral en 2014.
La MACCIH impulsó la creación de una Unidad Fiscal Contra la Corrupción de la Impunidad (UFECIC) del Ministerio Público y en conjunto han presentado 11 casos judicializados, tres aseguramientos de bienes con 112 personas procesadas, de los cuales 80 son funcionarios públicos y 44 son particulares. Además, detectó un daño al patrimonio del Estado por un valor de casi 310 millones de lempiras ($12,891 millones de dólares) en diferentes actos de corrupción: desvío de fondos desde ong’s o despachos de gobierno, irregularidades en concesiones, sobrevaloraciones en equipo médico o contratos con el Estado, así como un Pacto de Impunidad que intentó frenar las investigaciones contra diputados.
El convenio establece que su permanencia en el país será de cuatro años y cumplido ese plazo la extensión de su mandato podrá prorrogarse mediante el canje de notas entre la OEA y el gobierno hondureño. Sin embargo, si deciden hacer cambios en el convenio se deberá regresar al Congreso Nacional para su aprobación en donde 71 de los 128 diputados votaron en respaldo a un informe que solicita la no renovación del convenio.
La comisión del CN que evaluó el informe se nombró 5 días antes de presentarlo y entre las conclusiones denuncian que la UFECIC filtró información a medios de comunicación internacionales, señalando directamente a UNIVISIÓN. Ante esta situación, Jeff Ernst, periodista que publicó el trabajo mencionado en el informe, dijo que la MACCIH-UFECIC no fue la fuente de la información, sino que los documentos forman parte de expedientes públicos de los casos de corrupción judicializados: “Por ser juicio oral y público, cualquier persona puede acceder a dichos expedientes. El gobierno lo sabe porque se lo dijimos. Hay pruebas” mencionó en un tweet.
Durante una de las sesiones, el diputado del Partido Innovación y Unidad (PINU) Luis Redondo, presentó un documento con las refutaciones a cada aseveración hecha por el informe del CN y consiguió 34 firmas (30 de Libertad y Refundación, 4 de PINU) para que el CN solicite la continuidad de la MACCIH.
El informe del CN denunciaba que la MACCIH dio conferencias de prensa sobre los casos incluso mencionando personas que estaban en proceso de investigación en el que ponen de ejemplo cuando el primer vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor dijo que estaban investigando al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Oliva declaró antes de que se conociera el informe del Congreso Nacional que la MACCIH “es un matrimonio con el Poder Ejecutivo, si deciden seguir casados, que me lo envíen al Congreso Nacional y aquí decido si lo santifico o no”, una vez publicado el informe del CN, Oliva declaró estar de acuerdo con el resultado.
“Si alguien cree que esto puede traer consecuencias políticas, sociales o legales para mi persona o para cualquier otra, démosle para delante ¿cuál es el problema?” Oliva añadió que el informe no va dirigido al convenio sino a la ejecución de este “todo mundo cree que tiene el derecho de decir lo que quiera y piensa al Congreso Nacional, con libre opinión. Pero tener libre opinión a tener la razón, hay una enorme distancia, mucho menos que venga un organismo internacional a decirle al Congreso lo que tiene que hacer” añadió Oliva.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, es actualmente el candidato oficial para la reelección en el puesto de secretario general que en 2020 se elegirá en la OEA. En twitter ha agradecido a la comisión evaluadora por tomar en cuenta sus observaciones en la evaluación de la MACCIH.
Reformas y leyes aprobadas para debilitar a la MACCIH
El informe realizado entre la OEA y el gobierno de Honduras señala que el Congreso Nacional ha modificado ciertos aspectos de las leyes presentadas de un modo que la MACCIH considera que podrían afectar los esfuerzos del combate a la corrupción. Además de presentar proyectos de ley como el de Colaboración Eficaz y la derogación y reforma de la Ley de Secretos Oficiales, no se ha tenido respuesta desde el Congreso Nacional.
El informe además denuncia que el Congreso Nacional aprobó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos cambiando la propuesta técnica de la MACCIH acerca de la estructura de la unidad fiscalizadora. Después de una reunión, el Congreso aceptó las diferencias y publicó una fe de erratas. Esta situación no fue única, en 2018 el CN aprobó una reforma a la Ley del Presupuesto sin discutirla públicamente, los diputados involucrados dijeron que todo se trató de un error y presentaron otra fe de erratas.
La reforma señalaba que el Tribunal Superior de Cuentas tenía tres años para realizar auditorías en recursos invertidos en proyectos sociales y mientras se realizaban “no se procederá a ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal”. La reforma se aprobó después de conocer el primer caso de la MACCIH denominado Red de Diputados en el que se acusó a cinco exdiputados acusados de desviar 8.3 millones de lempiras ($340,000 dólares) a través de ONG’s.
La Corte Suprema de Justicia terminó archivando el caso, pero el Pacto de Impunidad generó una crisis interna en la MACCIH que culminó con la renuncia de Jiménez Mayor, el fiscal Julio Arbizu y el juez Daniel Urrutia denunciando que habían recibido amenazas, que no se sentían respaldados por la OEA y que había irregularidades dentro de la misma institución.
En enero, la Sala de lo Constitucional declaró como inconstitucionales las reformas realizadas a la Ley del Presupuesto. Por la aprobación de esta ley sin discusión previa en el pleno, la MACCIH presentó el caso Pacto de Impunidad en el que denunció a Antonio Rivera Callejas, secretario del Congreso Nacional así como a los diputados nacionalistas Sara Medina y Román Villeda.
Rivera Callejas fue absuelto de los cargos, a Medina y a Villeda se le dictó auto de formal procesamiento por el delito de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad. Medina intentó conciliar, pero no fue aceptada y aún se espera saber si la causa se eleva a juicio oral y público, mientras que a Villeda ya se le decretó auto de apertura al juicio y se espera por la fecha.
Debido a los procesos judiciales que enfrentaron los diputados con el “Pacto de Impunidad”, el Congreso Nacional aprobó en noviembre durante una sesión legislativa nocturna una modificación a la Ley Orgánica del Congreso Nacional para conceder inmunidad a los diputados mientras estén en el ejercicio legislativo.
“La función legislativa es inviolable e indelegable, consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma, no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados que participan en dicho proceso parlamentario” dice la reforma.
En esa misma sesión, el Congreso Nacional aprobó una ley que reactiva la cuestionada partida del Fondo Departamental que, por su mal manejo, la MACCIH ha presentado tres casos contra diputados acusados por malversación de fondos. La nueva ley permite liquidar proyectos pasados, además de negociar en casos donde se encuentren irregularidades permitiendo la devolución de los fondos más el 2% de intereses.
La MACCIH denunció que estas acciones del Congreso Nacional “no demuestran un firme compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad” y que, con esa reforma, afectaría a los tres casos de corrupción que tienen procesos judiciales contra más de 20 diputados están acusados de malversar 309 millones de lempiras para usarlos en campañas políticas y gastos personales.
Lester Ramírez, director de Gobernanza y Estudios Aplicados de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), manifiesta que el Fondo Departamental es utilizado para hacer proselitismo. “Los diputados lo han reconocido y volvemos a caer en el problema central que tiene este país que es cómo se financia la política y la manera histórica en Honduras es comprando votos de los pobres y para eso van a ocupar ese dinero”.
El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH), además señaló que el manejo de fondos públicos no está entre las 12 atribuciones que tiene el CN en la Constitución de la República y por lo tanto, denuncian que es un mecanismo con fines clientelistas para asegurar la vigencia de quienes están en el CN.
Además, el Ministerio Público interpuso un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra este decreto que reactiva el fondo departamental, denuncian que la ley imposibilita la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios. Aún se espera la resolución a este recurso.
Lester Ramírez, dice que esta resolución puede estar esperando la decisión del Poder Ejecutivo sobre el convenio de la MACCIH “uno de los posibles escenarios es si Juan Orlando acuerda intercambiar notas para renovar el convenio lo que hacen es que aprueban las leyes, salen los recursos de inconstitucionalidad en la CSJ favoreciendo al CN y de esa manera se blindan,” añadió.
El Congreso Nacional también aprobó hace menos de un mes un paquete de reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en la que señalan que los auditores no podrán entregar información a otras instancias que no sea el TSC y eso excluye a otros operadores de justicia como el MP-UFECIC que ahora dependerán de los informes del TSC.
Las reformas además establecen en el artículo 77 que solo los órganos jurisdiccionales, previo procedimiento legal (orden judicial), podrán tener acceso a los registros del TSC lo que afecta directamente la independencia del Ministerio Público de solicitar información, acceder a auditorías, declaraciones patrimoniales y pliegos de responsabilidades.
Ante esta última reforma, el magistrado del TSC, Roy Pineda, dijo que considera absolutamente innecesaria la reforma al artículo 77 del TSC porque ya existe una coordinación que funciona con el Ministerio Público y esta reforma limita el accionar de las instituciones para combatir la corrupción.
Sumado a esto, el Congreso Nacional aprobó ayer una reforma a la ley para que los auditores internos puedan ser “licenciados en contaduría, bachilleres en administración y contaduría, técnicos universitarios con previa capacitación del TSC” en la sesión se cuestionó si una persona con grado de bachillerato tenía la capacidad de realizar auditorías en el sistema público, de igual manera la reforma fue aprobada.
Para Fátima Mena, el Congreso Nacional ha ido respondiendo a los casos de corrupción que ha presentado la MACCIH. “Este es un Congreso de contrarreforma, es como la fábrica personalizada que tienen los grupos de poder de este país corrupto para poder generar sus herramientas de blindaje,” añadió.
La MACCIH evaluada por la población
Lester Ramírez, de la ASJ, señaló que uno de los mayores problemas del informe del Congreso Nacional fue que no hubo consulta a la población sobre el tema. “Está sesgado, le pregunta a las instituciones públicas especialmente que tienen una vinculación política muy fuerte con el sector del gobierno, el informe no le pregunta a la población y como representantes del pueblo deben de preguntarle. Muy carente de democracia” añadió.
De acuerdo con una encuesta de percepción ciudadana realizada por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) señala que un 65% de la población encuestada apoya la extensión de la MACCIH. Mientras tanto, que una consulta realizada por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras https://blogs.unah.edu.hn/assets/Uploads/Pronunciamiento-MACCIH-IUDPAS-20112019.pdf señala que el 75% de la ciudadanía opina que la MACCIH debe seguir trabajando en el país.
En Contracorriente también encuestamos a nuestra audiencia que en un 46% evaluó el trabajo de la MACCIH como satisfactorio, mientras que casi un 20% lo considera deficiente. Entre los aspectos que la ciudadanía destaca de los logros de la MACCIH es la creación de la UFECIC y el aspecto que destacan con menor puntaje es la apertura ante denuncias ciudadanas.
Dentro del convenio, uno de los objetivos de la MACCIH es la recepción de denuncias (sean públicas, anónimas o confidenciales) por medio de las instancias gubernamentales competentes, sin embargo, la ciudadanía encuestada calificó con mayor porcentaje la afirmación de que la MACCIH debe abrir un espacio para recibir denuncias ciudadanas, esto podría explicar el débil respaldo ciudadano que la Misión ha tenido en su tiempo en Honduras y podría interpretarse como una falta de confianza a la institucionalidad hondureña ya que la MACCIH recibe denucnias pero a través de instancias gubernamentales.
Uno de las mayores críticas que recibió la MACCIH estos años, es no tener investigaciones contra el presidente a pesar de que se han dado a conocer públicamente varias irregularidades. Cuando el primer vocero de la misión renunció, denunció que intentaron investigar al presidente Hernández y a la primera dama y eso los frenó.
Los encuestados por Contracorriente señalaron que la MACCIH debe priorizar investigaciones a las ONG’s y empresas cercanas al presidente y el caso de narco política. Esto, a pesar de que la MACCIH llegó al país por el caso del IHSS, lo que muestra que los casos que la MACCIH presentó en línea con corrupción en ONG’s tuvieron un impacto en la percepción de la ciudadanía con respecto a los casos de corrupción en el país que se conocían anteriormente.
Los encuestados además creen que de no renovarse se envía un mensaje claro en contra de la lucha contra la corrupción debido al miedo que hay por parte de las autoridades a ser investigadas sumado un poco con el desinterés de la ciudadanía sobre el tema. Señalaron que de no renovarse la MACCIH la mayoría opina que el presidente no quiere que lo investiguen y que el Congreso Nacional tampoco.
Mauricio Villeda, diputado liberal, señaló durante una sesión legislativa que una de sus mayores críticas hacia la misión es no haber investigado la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que permitió una resolución de la CSJ para darle paso a la reelección de Hernández y que ese debía ser el primer caso que debió investigar la MACCIH.
Para Andrés Pérez, doctor en Derechos Humanos, en el caso de que la MACCIH sea renovada aún le queda por fortalecer a la UFECIC y los tribunales anticorrupción. “Eso implica que se siga vigilando que la selección del personal sea siempre por concurso, que haya vigilancias externas y segundo debe concentrarse también la MACCIH ahora en esta agenda legislativa que permita que los nuevos órganos anticorrupción tengan los instrumentos necesarios para realizar su trabajo”.
Pérez señala que la MACCIH debe impulsar la Ley de Colaboración Eficaz pero también revisar el procedimiento de enjuiciamiento de los altos funcionarios, además de la rebaja de penas en el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en 2020, también presionar por la revisión de la Ley de Secretos Oficiales y una serie de medidas como la revisión de la regulación del enriquecimiento ilícito y el rol que tiene el Tribunal Superior de Cuentas.
“Pienso que la UFECIC ha sido capaz de realizar la labor que ha realizado hasta el momento por que ha tenido el respaldo de una misión internacional, incluso creo que el fiscal General se siente respaldado ante las presiones que tiene de otros órganos del gobierno a apoyar a UFECIC. Si la MACCIH sale quedaría muy débil la institucionalidad” añadió Pérez.
El nueve de diciembre la Embajada de Estados Unidos publicó un comunicado solicitando la renovación de la MACCIH ya que “ha fortalecido a las instituciones hondureñas, afrontando la corrupción que socava la seguridad y prosperidad que todos los hondureños anhelan”.
Al día siguiente, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional manifestó este martes que la renovación o no del convenio de la MACCIH es una facultad soberana del gobierno y que esto dependerá de los resultados de la evaluación. Además, calificó como “innecesarias e inconvenientes” las manifestaciones públicas en el tema.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, expresó que “nos sentimos contentos por el avance que hemos tenido y nos falta mucho por recorrer la respuesta judicial a tiempo, la calidad en las resoluciones, la objetividad e independencia temas que son de todos los días en lo que nosotros consideramos que hemos avanzado sustancialmente, nos falta camino por recorrer” finalizó diciendo que si la Maccih no se renueva “nosotros caminamos solos perfectamente”.
Hasta el momento aún se espera la decisión que tomará el Ejecutivo sobre la renovación del convenio en donde la mesa evaluadora de la OEA y el gobierno piden la extensión del convenio y el Congreso Nacional exige que no se renueve. Mientras tanto, ni la MACCIH ni la UFECIC han dado declaraciones al respecto.
Para Lester Ramírez, la posibilidad de que el ejecutivo renueve el convenio está relacionada con que el presidente Hernández tenga una forma de blindarse de investigaciones una vez que salga del gobierno. “Me parece que él quiere mantener a ese sector del Partido Nacional contento y además como todo político hondureño histórico quiere continuar en el poder y no necesariamente quedándose como presidente, sino que puede tener sus tentáculos de poder a través de diputados, de magistrados en la CSJ”. Ramírez agregó que renovar el convenio podría confrontarlo con su propio partido político, un partido que ya dijo a través del Congreso Nacional que no quería una renovación.
Texto: Catalina Ruiz-Navarro
Este reportaje fue publicado originalmente en la revista Medium
El 13 de noviembre a las 3:55 de la tarde, una cuenta anónima (@metooguatemala) publicó una grave acusación contra el reconocido periodista guatemalteco, Martín Rodríguez Pellecer, de 36 años, fundador y director de Nómada, un medio digital independiente que ha sido reconocido por su trabajo a favor de los derechos humanos y en contra de la corrupción.
El tuit decía lo siguiente:
“A propósito del Foro de la @IniciativaIDEA que se está llevando hoy en Antigua, sería bueno mencionar que Martín Rodríguez ha acosado sexualmente a varias de las participante en distintos países, ofreciéndoles tragos en su cuarto de hotel, alejándose del grupo. (½)” y un segundo tuit que dice: “valiéndose de su reputación de ‘aliado’, aprovechando que está en otro país en actividades de periodismo, derechos sexuales, etc. Ojo ahí @revolufashion que todas hablamos entre nosotras y esto ya es un secreto a voces. #MeTooGuatemala #Metoo #PremioIdea”.
El “Foro Idea” es un espacio para celebrar y motivar la innovación en las estrategias para el avance de los derechos sexuales y reproductivos en la región, y en ese momento transcurría en Antigua, Guatemala. Este espacio ha reunido a varias periodistas feministas de la región, publicistas feministas e innovadoras en temas de tecnología y derechos sexuales y reproductivos. Fui invitada al Foro como ponente este año y estuve también en su primera edición, en Quito, Ecuador, en noviembre de 2017. También fui la moderadora del panel de apertura del Foro, en el que Rodríguez Pellecer era panelista, y cuando lo llamé a pasar a la tarima lo presenté como “mi jefe”, porque técnicamente lo es.
En noviembre de 2017 Rodríguez Pellecer me convocó para que lo ayudara a crear una revista feminista para Nómada, así que nos reunimos junto con Andrea Gómez y Loren Giordano, del equipo de Nómada, para crear Volcánica, una revista digital, feminista y latinoamericana, en donde hemos publicado a feministas diversas (periodistas, escritoras, activistas) que pertenecen al abanico multicolor de los feminismos de la región (afrofeminismo, feminismo indígena, transfeminismo) y temas como feminismo y discapacidad, trabajo sexual, economía, maternidad, entre muchos otros. Comencé como editora general de la revista y este mes pasé a asumirme como directora, luego de buscar a una editora y community manager para armar un pequeño equipo editorial y poder dedicarme a buscarle financiación a la revista y hacerla sostenible. Todo esto fue acordado de forma verbal y sin contrato. Volcánica es un proyecto del que he aprendido muchísimo y del que estoy muy orgullosa y, por transparencia, me parece muy importante contar quién soy y cuáles son mis vínculos profesionales con Rodríguez Pellecer y Nómada.
Fue debido a esos vínculos profesionales que unas horas luego de que se publicó el tuit busqué personalmente a Rodríguez Pellecer para pedirle explicaciones. Estaba reunido con varias publicistas en uno de los restaurantes del hotel, aislado de la conferencia. Le pedí que habláramos en la terraza, alejados de las demás y, al sentarnos, él tomó mi celular, lo apago y lo puso en su asiento. Me dijo que el tuit se debía a una “campaña en su contra”, y que estaban aprovechando su visibilidad en el Foro (Nómada participó además como co-organizador del evento) para atacarlo.
Le pregunté si había alguna situación que pudiera entenderse como acoso sexual y me contestó que hace unos meses se había armado un chisme que lo acusaba de haber acosado a M., una ex-periodista de Nómada. Rodríguez Pellecer me explicó que M. había salido “en malos términos” de Nómada y que meses después, cuando a él le llegó este “chisme” la buscó y la sentó frente a una periodista muy reputada de Guatemala para confrontarla y que M. lo había negado. Luego Rodríguez Pellecer me dijo que citó al Comité Anti-Acoso al interior de Nómada para que hablaran con ella, y que el resultado de esa conversación fue un audio en el que M. negaba todo. Me dijo que citaría de nuevo al Comité Anti-Acoso para investigar el tuit y me invitó a hacer parte del comité. Yo contesté que prefería hacer una investigación independiente y que por eso cortaríamos comunicación.
He documentado cientos de casos de acoso en los últimos 14 años de mi trabajo y por eso considero que investigar estas acusaciones, y hacer públicos mis hallazgos si estos llegan a ser de interés público, es mi responsabilidad como feminista y como periodista.
Lo que presento en este texto son los resultados de dicha investigación: los testimonios de cinco periodistas jóvenes que han sido acosadas en diferentes niveles de gravedad por Rodríguez Pellecer en los últimos dos años (2017-2019), durante eventos feministas y de periodismo internacionales a los que él fue invitado como aliado. Los casos incluyen incómodas conversaciones con insinuaciones sexuales, invitaciones a su cuarto, lo que en inglés se conoce como “sexual misconduct” o malas prácticas sexuales y en uno de los casos se rompe de manera explícita la barrera del consentimiento y por eso puede ser considerado abuso.
Los testimonios han sido editados en este reportaje para garantizar legibilidad, pero son el resultado de entrevistas directas y cuentan con grabaciones de soporte que están protegidas por el derecho profesional. Los nombres de las víctimas han sido cambiados para respetar su privacidad y evitar represalias, y acogen sus identidades a la protección de fuentes.
Más allá de la discusión sobre si estas conductas son punibles, es clarísimo que no son éticas, y mucho menos ético es recibir dinero y prestigio por decirse aliado feminista y luego usar ese mismo prestigio para acosar a las periodistas feministas latinoamericanas de la nueva generación.
M.
Martin era muy coqueto y él siempre decía que éramos amigos, pero era una amistad incómoda. De repente bailaba mucho contigo, e incomodaba porque bailando, se pegaba tanto que uno le sentía el pene, pero pensás: “es mi amigo”.
Y cuando fuimos a Colombia, en octubre de 2018, él siempre estaba hablando de sexo. Es incómodo, vas sola con él en un avión y va hablando de cómo se cogió a alguien en un avión, y luego te pregunta si con tu novio tienes la regla de que “fuera del país puede pasar algo con otra persona”. Ya estando en Medellín me dijo que él conocía un lugar que era súper alegre, fuimos solos los dos y cuando llegamos era un centro cultural y no había fiesta, así que nos fuimos a otro bar. Yo no tenía wifi y tuvimos que regresar en taxi. Martín me dijo que él conocía Medellín y el taxi se metió por unas calles que según él eran muy feas, -yo no sé porque no conozco Medellín-, pero cuando pasamos por ahí me agarró la mano y yo pensé “bueno, debe ser que tiene miedo o cree que yo tengo miedo”. Y no me la soltó el resto del camino.
Llegamos a su hotel porque yo había dejado la mochila en su cuarto, me dijo que tomáramos otro Gin, y yo le dije que no, que tenía cosas que hacer. Entonces me dijo “¿no te quieres quedar a dormir acá?” y yo le dije “no, porque solo hay una cama” y me dijo “bueno, ponemos almohadas en el medio, ¿o te incomoda?” Y le dije “sí, me incomoda”. Además yo había pagado un Airbnb que quedaba muy cerca. Y me fui.
Honestamente no sentí que la relación entre nosotros haya cambiado después, pero sí es verdad que nos peleábamos más. Luego yo renuncié a Nómada porque la relación estaba desgastada. Hablamos después porque él me pedía productos que yo no había podido entregar. Y luego en mayo quedamos en tomar un café. Ese día me dijo que la reunión iba a ser hasta el siguiente día y a otra hora, en Capistrano en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, y que le había pedido a Ana Carolina, que fuera testigo de la conversación. Todo esto me pareció muy raro.
Cuando llegamos me dice: “Este era un café amigable, pero eso fue antes de enterarme de algunas cosas, entonces necesito que me expliques, por qué estás diciendo que te acosé sexualmente cuando tú sabes que es una mentira y no sé cómo puedes mandarme mensajes en redes sociales de los lindos que están mis hijos, cuando estás haciendo todo lo posible para destruirme. ¿Cómo puedes querer destruir Nómada si te formaste ahí? Te voy a demandar por difamación». Yo le contesté que no había dicho nada, y era verdad, yo no le había contado a nadie sobre lo que pasó en Medellín, porque yo ni siquiera pensaba que eso había sido acoso.
Me pareció raro lo que pasó en Medellín, pero pensé “Martín es raro”. Es como ese amigo raro que siempre va a intentar y siempre lo vas a batear. Yo, el día de la confrontación lloraba, porque pensaba que alguien me estaba usando para atacar a Martín. Luego fui a la psicóloga y ella me hizo caer en cuenta de que esa reunión con Martín y Ana Carolina era una amenaza, él no me preguntó si me sentía incómoda, llegó con los tacos por delante a dañar mi reputación.
Esto fue el miércoles, el viernes en la mañana me llamó Javier, de Nómada, y me preguntó si era verdad. Yo le dije que yo no había dicho nada y que además no sabía si esto que había hecho Martín era acoso. Yo no sentí que mi trabajo estuviera en peligro, no pensé que me fuera a violar, solo me pareció que sus preguntas eran incómodas y como indecentes. A la semana siguiente le dije al comité contra el acoso que yo nunca había dicho que Martín me hubiera acosado y esto quedó registrado en una grabación. Me prometieron que esto era lo último que yo iba a saber de él.
Ana Carolina Alpírez
La reunión sí ocurrió. Fue en Capistrano, nos juntamos ahí los tres. Martín le dijo a M. que ella había comenzado una campaña en su contra y que eso no era cierto y que si ella lo había dicho, porque según Martín dos personas habían asegurado que M. lo había dicho. M. dijo que no. Y la reacción de M. fue muy auténtica también, le dijo: “las dos persona que usted menciona, sí he hablado con ellas, pero no de estos temas». Él dijo que iba a romper toda comunicación con M.
M. dice que ella nunca inició un rumor de acoso en contra de Rodríguez Pellecer, pues ella ni siquiera había caído en cuenta de que esa invitación inapropiada a subir a su habitación podía entenderse como acoso. A juzgar por los testimonios quien creyó que sí era acoso fue Rodríguez Pellecer, y por eso asumió que M. había iniciado el rumor, pero parece que hizo mal sus cálculos y terminó por intimidar a la víctima equivocada. En este testimonio también es notable como Rodríguez Pellecer intimida a la periodista con una demanda por difamación e intenta crearle una mala reputación.
C.
La primera vez fue en un país en Suramérica, en 2017. Fue para un foro de derechos sexuales y reproductivos en donde yo gané en una de las categorías y él fue jurado de los premios. La cosa es que estábamos en una fiesta y yo no tenía datos en el celular, entonces él ofreció llevarme a su hotel y hacerme un masaje tántrico. Eso me lo ofreció después de la premiación, cuando fuimos a bailar. Tú estabas.
Yo llegué tarde al bar de salsa porque estaba en una cena, llegué con maleta porque en unas horas me iba al aeropuerto. Antes de ir al aeropuerto tenía que dejar a mi amigo Roberto en su hotel, y Martín venía con nosotros. Luego de dejar a Martín le dije a Roberto, “este wey me acaba de ofrecer un masaje tántrico”.
En ese momento yo no lo registré como acoso, él ya no era mi jefe, pero había sido jurado del premio que yo acababa de ganar, estábamos bailando y se me acercó y me dijo que acababa de aprender unos cursos de masaje tántrico y que si yo quería uno. Yo creo que ya estaba peda, acababa de ganar 15 mil dólares, claro que estaba peda. Todavía lo pensé un par de veces pero dije “¡no, si Martín es mi amigo!”. Es más: Martín me llevó a buscar retrovirales después de una fiesta de Nómada que sufrí un abuso y él me llevó a tres hospitales y a poner la denuncia, obviamente iba a confiar cien por ciento en que Martín no me iba a hacer daño.
En 2018, en junio, en Brasil, estaba en una fiesta de un encuentro de periodismo y tecnología [organizado por una red feminista] y Martín estaba ahí. Yo no hablo portugués y tampoco tenía datos, entonces unas chicas de Ecuador dijeron “¡vamos a bailar!”, y Martín dijo “¡yo!”. Y yo dije, bueno ese wey habla portugués, ya ha estado acá antes, sabe a dónde ir a bailar, ¡vamos todas con él! Martín pidió un Uber, me abrió la puerta, me subo y él se sube y cierra la puerta tras de sí, y yo le digo “pero, ¿y ellas no van?” Y me dijo “no te preocupes, les voy a mandar la ubicación y se van en otro Uber. Además, yo quiero que nos vayamos solos porque te quería pedir perdón, por no valorar el trabajo que tú hiciste en Nómada, yo pensé que iba poder reemplazarte con facilidad, pero han pasado años y no he encontrado a alguien que pueda llenar tus zapatos”.
Llegamos al lugar pero estaba lleno. Estuvimos dizque bailando, hasta que me aburrí, porque yo no bailo y yo dije “¡ya vamonos!”, y no tenía cómo pedir un Uber, me acuerdo que traté de pedirle internet a una persona en la calle, pero yo no sabía portugués, así que me monté en un taxi con Martín, y otra vez me volvió a ofrecer el masaje tántrico. Entonces yo dije “este wey no va a parar”. Fuimos a su hotel para conectarme a internet y así pedir un Uber para mí. Al llegar al hotel me decía “¡sube, sube!”.
Finamente yo subí. Me imagino que podrás intuir pero esta parte es la que me cuesta.
Subimos al cuarto de hotel y me dió el masaje tántrico. Después de eso le pedí que me pidiera un Uber a mi hotel y regresé asqueada y avergonzada. Y al día siguiente me dice: “lo mejor de esto es que yo sé que tú no vas a decir nada».
Luego en 2019 me enteré del caso de M. porque ella me llamó a contarme que Martín la había amenazado con demandarla. Y le dije “¿pero tu no te acuerdas de lo que me pasó con Martín?” Y me dijo que no, y entonces me di cuenta de que a M. no le había contado nada.
Roberto Buendía
Fue la noche de la premiación, habíamos quedado de encontrarnos en este lugar para bailar, inclusive estabas vos ahí, y cuando llegamos él empezó a bailar bastante pegado a ella, y ella como que se opuso en varias ocasiones, pero el maje estaba como necio. Después ella y él se tenían que ir al aeropuerto porque salían muy temprano, ella se tenía que ir más temprano con él, ella lo que hizo fue decirme Roberto no me dejés sola, acompañame hasta donde podás, y yo fui con ella al hotel de él como para que él sacara sus maletas y yo pedir mi carro ahí desde el hotel, y de esa manera ella no se tenía que bajar a acompañarlo. Durante la noche como que el maje le ofreció masaje tántrico. Nosotros nos bajamos al lobby, y en el lobby el maje le volvió a decir que subiera con él, y ella me agarró, inclusive mentimos, le dijimos que éramos novios para que el maje no siguiera jodiendo.
El caso de C. puede ser catalogado como “sexual misconduct”, lo cual en sí mismo es una gran falla ética, un gran abuso de confianza, si tienes que insistir tanto y usar tantas artimañas para que alguien tenga algún tipo de intimidad sexual contigo, quizás no deberías estar intimando. Pero además de esto hay que señalar que el primero de estos avances se dio luego de que la periodista ganara un premio en el que Rodríguez Pellecer fue jurado, y que seis meses después y en otro país su insistencia para tener intimidad sexual continuaba. Ser jurado de dicho premio, estar en una ciudad desconocida que él dice conocer bien, tener datos en el celular cuando las periodistas no, son factores que ponen siempre a Rodríguez Pellecer en una posición de control de la situación que él parece -dada su reincidencia- buscar de forma deliberada.
Al testimonio de C. a mi me gustaría añadir dos cosas: primero, que como cuentan C. y Roberto Buendía, yo estaba en efecto en el mismo bar de salsa en Ecuador, cuando ocurrieron estos hechos, que en ese entonces para mí pasaron desapercibidos; y que durante una visita de Rodríguez Pellecer a CDMX en 2018 -no recuerdo el mes- también me contó a mí que había aprendido a hacer masajes tántricos, no me lo ofreció, solo me dijo que había aprendido a hacerlos, algo que a mí me pareció inapropiado pero a lo que no le vi malas intenciones por la misma razón que las periodistas que han aportado estos testimonios: era mi amigo. Lo cuento porque me parece que el detalle del “masaje tántrico” es algo muy específico. También porque esto muestra claramente cómo las diferencias de poder en materia de acoso sí importan, cuando como yo, una mujer está en una situación más balanceada de poder, puede rechazar los avances sin problema, pero a medida que la brecha de poder se agranda esa desigualdad permite el acoso o el abuso, como ocurre en el testimonio aportado por una periodista, década y media menor que él.
A.
Fue en una ciudad fuera de Latinoamérica en una conferencia de periodismo. F. y yo estábamos ahí y nos lo encontramos en una fiesta que hubo en el primer día de la conferencia. Fue en 2019. Yo no lo conocía. Llegó a saludar, nos dijo que sabía quiénes éramos y mencionó los proyectos de periodismo en los que trabajamos. Dijo que nos admiraba un montón, que votó por nosotras cuando fue jurado de un concurso. Y nada, terminó esa fiesta y todos los latinos querían seguir la fiesta. Él se fue a comprar vino, cerveza, todo, y nos fuimos todos los latinos, argentinos, mexicanos, estuvimos tomando y él pasó como toda la noche con nosotras, con F. y conmigo. De repente decía cosas raras, no sé, le encantaba hablar de que la ciudad en la que estábamos le gustaba porque hay muchos lugares para hacer nudismo y yo mencioné que a mí no me gusta eso porque las mujeres en ese país son muy delgadas y no tienen mucho pecho, y yo dije que eso me incomodaba, y me dijo “¿por qué? ¿tenés miedo de que alguien se enamore de ti?”
Todo el mundo estaba muy borracho, pero ya todos se querían ir menos F., Martín y yo, que queríamos seguir bailando y pusimos reggaetón en su celular. A F. le habían dado todo un piso en el hotel, un cuarto en el que cabían como cuatro personas y ella nos invitó a seguir allá la fiesta. Nos fuimos caminando, pero era todo muy amistoso, así que no pensé nada, cuando llegamos al cuarto él dijo: “bueno hay que jugar algo”, y lo que quería jugar era “verdad o reto”. La primera que jugó fue F. y eligió verdad. Martín le pregunto cuál era su fantasía sexual. Pero luego de contestar salió corriendo al baño a vomitar, y nos quedamos solos un buen rato Martín y yo. Me dijo: “bueno, te toca a vos”, y dije “reto”, y entonces me dijo “¡bailemos bachata!”, y empezamos a bailar muy pegado, y sí, la bachata se baila pegado, pero estaba metiéndome la rodilla entre las piernas, y sí, pues sentí… no precisamente como una erección, pero sí su pene ahí. Luego F. salió del baño y dijo que se sentía muy mal, “ya no juguemos, ya no puedo”.
Había dos camas extra, y yo dije “bueno, voy a dormir en la otra cama, así que yo me puse una camiseta grande de F. y me metí en la otra cama. Martin también se metió en la cama, y ahí me empezó a tocar la espalda, porque yo duermo boca abajo. Me dijo “¿está bien que haga esto? ¿te puedo tocar así?” Y yo le dije “ok”. Luego me dijo “¿te puedo besar?”, y yo le dije “no”. Y entonces se empezó a reír y me dijo, “¡no puedo no puedo creer que esté acá con A., y que te conocí y ahora estoy durmiendo al lado tuyo!” Luego F. se despertó y nos dijo que nos fuéramos, a mí me susurró al oído “por favor no dejes que Martín se quede solo conmigo”. Martín me dijo que su hotel quedaba al otro lado de la ciudad y el taxi era muy caro, así que nos fuimos a mi cuarto.
Mi cuarto no era tan grande como el de F., mi cama era muy pequeña. Yo sé que me acosté y me hice como muy pequeña a la orilla de la cama y ahí me siguió tocando y tocando, sé que en algún punto yo le dije a Martín que sentía el anillo, y le dije “Martín estás casado, ni te estás quitando el anillo para estarme tocando”, y me dijo no que “el matrimonio es una institución súper patriarcal”, que “hay un súper documental de Netflix con Vox sobre eso”, y yo le dije “ya lo vi, pero no quiere decir que esté de acuerdo”, y le pregunté: “bueno, ¿tu tienes una relación abierta?”, y me dijo que justo antes de ese viaje le había propuesto a su esposa que tuvieran una relación abierta y que él, de tonto, no lo había concretado. Luego, no sé si me lo dijo en broma, pero me dijo “¡emancípate!”, y me puse a reír y le dije que “era lo más feministo que me habían dicho en la vida”. Le dije que otras personas podrían sentirse mal por esto y me dijo: “por eso no se van a enterar».
Por la noche me estuvo tocando, yo sé que le di la espalda mucho tiempo. En la madrugada me levanté a vomitar, no sé si de la borrachera o del asco. Me tiraba cumplidos todo el tiempo, “me encanta tu pelo”, “me encanta como olés”, “me encanta la ropa que traes puesta”, me encanta todo, yo decía algo y me decía “¡me encanta!”. Otra cosa importante es que yo me sentía muy culpable, pero me daba mucho miedo caerle mal. Yo no quería caerle mal porque él fue jurado de ese premio, es el director de Nómada… En algún punto le dije “no quiero, pero no quiero caerte mal”, y en un punto no me acuerdo si lloré o no lloré y él me dijo: “no, no tenés que sentirte mal, nunca me vas a caer mal, para nada”.
Ahí no nos besamos, porque yo no quería besarlo, sentía que si lo besaba eso lo hacía real, pero si solo me estaba tocando la espalda no era real del todo. A la mañana siguiente dije “bueno, ¡ya todo se fue a la mierda!” y lo besé, pero me dio mucho asco porque sentía que me estaba comiendo la cara. A la mañana siguiente pasó más. Y sí, fui más activa, algunas cosas sí se sintieron bien. Pero yo le dije: “no me toques debajo de la ropa interior”, yo se lo repetía cuando veía que se estaba acercando, y en un momento solo metió la mano en mi calzón. Me asusté, me fui para atrás y le dije “¿que nos sos feminista? ¡Te dije que no!”. Pero a él no le pareció grave evidentemente y me dijo “los seres humanos estamos llenos de contradicciones”.
En el testimonio de A. se puede observar coincidencias: usar la adulación y el trago, una insistencia en hablar de sexo y de ponerse en situaciones cargadas sexualmente, la ruptura del espacio personal (a nadie se le debe sentir el pito cuando está bailando si no hay consentimiento de pareja de baile), la insistencia reiterada en sus avances sexuales a pesar de negativas gestuales, y verbales, tácitas y explícitas, el abuso del poder que le da su prestigio (en el caso de A. ella teme rechazarlo, intimidada por su prestigio profesional), y la manipulación emocional para mantener en secreto sus actos. Debido a que en varias ocasiones Rodríguez Pellecer infringe varias negativas explícitas a sus avances este testimonio puede ser catalogado como abuso.
D.
Me fuí de Nómada porque estaba sufriendo del famoso “burnout”, era demasiado trabajo y por razones de mi salud mental dije: no puedo. Me ofrecieron un aumento de sueldo y yo dije que no quería dinero, quería un equipo para hacer el trabajo, y me dijeron que no. Cuando me fuí me dijeron que yo tenía la puerta abierta en Nómada y podía asistir a todas las fiestas. Fuí a una de las fiestas de Halloween, se llamaba “Hotel Siniestro”, me topé con ex compañeros de trabajo, estuvimos platicando, bailando bebiendo y ahí pasó un incidente extraño con Martín que yo considero fuera de lugar. Estábamos bailando, era perreo, obviamente eso significa que uno baja y sube, baja y sube, y él empezó a pasar su mano de mi tobillo a la rodilla y me dijo en tono amable “lo único bueno de que no trabajes para mí es que ahora puedo hacer esto”.
R.
En dos ocasiones me ofreció masajes tántricos. En 2017, cuando acababa de regresar de un viaje de Brasil me ofreció un masaje tántrico. Lo que pasa es que en ese momento, sí recuerdo la sensación de incomodidad, aunque entonces ya no era mi jefe yo tenía una buena relación con él. Me invitó a cenar, estábamos solos, y me estaba contando de su viaje a Brasil, me contó que había descubierto el tantra y que me lo recomendaba, que si no quería practicar para “mejorar su técnica”. Recuerdo que me lo dijo y asumí que era porque él es muy entusiasta con las cosas que le gustan, y yo dije: “bueno, igual no está dimensionando lo que eso significa”. Yo en esa época no sabía en realidad qué era un masaje tántrico, no lo había practicado, hoy sí, pero entonces no sabía realmente lo que me estaba ofreciendo. La segunda vez fui de visita a la oficina de Nómada, bajé por un cigarro y me dijo “si querés te acompaño” y eso me pareció raro porque él no soporta a la gente que fuma. Bajamos y volvió con el tema del masaje. Las dos veces me sentí super violentada porque era una persona con la que no quería nada sexual, pero tenía una relación, ya no laboral, pero hacía cosas para Nómada y he tenido una buena relación con él, al punto que hace unos meses pensé en pasar a decirle, en buena onda, que eso no estaba bien y que era incómodo.
El Comité-Anti Acoso
En el panel de apertura del Foro Idea le pregunté a Rodríguez Pellecer cómo era que un medio podía asumirse feminista cuando tenía en su cabeza a un hombre. Rodríguez Pellecer contó que hubo un caso de acoso en Nómada y que en ese momento me llamaron a mí para pedir asesoría y se activó un Comité Anti-Acoso que se había creado al interior de Nómada y explicó que él no hacía parte del comité pues es la persona que más poder tiene en Nómada. Efectivamente, Rodríguez Pellecer es dueño del 51% de las acciones, es el director y el editor general.
Al día siguiente, cuando confronté a Rodríguez Pellecer por la acusación anónima, me contó un segundo caso que llevó el Comité, el caso de M. y me dijo que él tenía la grabación en la que M. niega haberlo acusado de acoso. ¿Cómo llegó a conocer y obtuvo Rodríguez Pellecer esta grabación? ¿Cómo se guardan y registran las investigaciones del Comité Anti-Acoso? ¿Qué alcance y dientes tiene este Comité cuando el investigado es la persona con más poder en Nómada?
El miércoles 4 de diciembre tuve una entrevista con el Comité para hacer estas preguntas. Hoy el comité está conformado por Lucía Menéndez, Clara Manosalva, Javier Estrada, Andrea Ponce y Diego Orellana. Al comenzar la entrevista me contaron que el 3 de diciembre decidieron frenar la investigación porque varias de las mujeres contactadas durante la investigación decidieron no dar sus testimonios porque les preocupaba que todos los y las integrantes fueran empleadas de Rodríguez Pellecer. El Comité me comunicó, entonces, que habiendo agotado el conducto regular interno, buscarían a una entidad externa para hacer la investigación. A continuación presento nuestra conversación:
¿Cuándo se formó y cómo está conformado el Comité?
El comité se formó en septiembre de 2018, está conformado por cinco personas, seleccionadas por la anterior directora institucional, quien es la persona encargada de velar por la línea feminista y de derechos humanos de Nómada. Se buscó que cada persona fuera de un área diferente, con edades y experiencia profesional diferentes, y mayoría de mujeres. Desde que empezó el Comité dos integrantes se han ido de Nómada entonces han cambiado dos personas.
Yo fui asesora de un caso que llevó el Comité que terminó en un despido, ¿cómo fue ese caso?
Hubo un caso de acoso, el Comité investigó, impuso unas medidas de reparación, no se cumplieron y como se incumplieron se tomaron medidas, en este caso un despido. No podemos dar más detalles para salvaguardar la confidencialidad.
¿Por qué dice Rodríguez Pellecer que tiene una grabación de M. exculpando?
Nunca se le ha dado acceso a un audio del comité y no sabemos por qué dijo eso.
Pero por lo menos tuvo que tener conocimiento de que el audio existía…
No sabemos cómo tuvo conocimiento porque no se le dijo.
¿Por qué decidieron que el Comité no puede hacer esta investigación?
Porque en este caso identificamos que por ser personas que dependemos laboralmente de la persona denunciada, y esta persona tiene una situación de poder sobre nosotros también. Aunque nos comprometimos a trabajar de forma independiente y profesional, entendemos que desde afuera se perciba como que hay un conflicto de interés entonces decidimos que no somos las personas para realizar esta investigación.
Martín Rodríguez Pellecer
El miércoles 4 de diciembre a las 4:00 pm me comuniqué vía Whatsapp con Martín Rodríguez Pellecer, le informé de esta investigación y que sería publicada a las 9:00 pm del mismo día (5 horas después). Rodríguez Pellecer dijo que tenía reuniones de trabajo hasta las 7:00 pm, a las 7:11 pm le envié las preguntas por escrito y él me envió sus respuestas a las 8:26 pm. Las reproduzco a continuación sin edición:
“Catalina: Quisiera agradecer porque me hayas dado al menos una hora para responder a estas preguntas para tu texto. Desconozco al momento de responder cuales son las acusaciones que publicarás.
En primer lugar quisiera pedirte que no me cites como director de Nómada, pues he comunicado por escrito al Consejo de Administración que me retiro del cargo de director de Nómada mientras dure la investigación externa, que contratarán a solicitud del Comité Anti Acoso de Nómada.
Aquí están mis respuestas por número.
¿Le has hecho, de manera reiterada, invitaciones inapropiadas y con connotaciones sexuales a colegas o subalternas en espacios laborales o conferencias, foros o encuentros de trabajo?
No.
¿Has ofrecido en repetidas ocasiones a diversas mujeres “masajes tántricos” y has seguido insistiendo a pesar de sus negativas?
Todas mis relaciones y sus detalles han sido consensuados.
¿Has tenido acceso a los procesos de deliberación del Comité Anti-Acoso, a los resultados o a los materiales y testimonios que han recopilado anteriormente?
No. No he tenido acceso a los procesos de deliberación, entrevistas o materiales del Comité Anti Acoso de Nómada.
¿Por qué me dijiste a mí el 13 de noviembre que conocías una grabación en la que una ex empleada niega haberte acusado de acoso?
No es cierto que te dijera el 13 de noviembre que había tenido acceso a un audio del Comité Anti Acoso. Ese día me pediste hablar tras el tuit en mi contra y tú me dijiste que en chats de whatsapp estaban diciendo que tú me protegías. Me preguntaste que de dónde creía yo que venía este tuit y te respondí que yo tenía conocimiento que hace unos seis meses el Comité Anti Acoso de Nómada había tenido una reunión con una extrabajadora ante unos rumores de que se había ido por acoso, y que en grabación -como es el protocolo del Comité- ella lo había negado. Me lo informaron después del procedimiento cuando lo comunicamos a un donante. No he tenido acceso a ningún documento ni deliberación del Comité Anti Acoso de Nómada. La única comunicación desde el 14 de noviembre ha sido por escrito y cuando me citaron, que está grabado también. No he tenido acceso a ningún documento.
¿Has roto la barrera del consentimiento con alguna mujer? ¿Has tocado a alguna mujer de una manera en la que ella explícitamente te ha dicho que no quiere que la toques?
Nunca he roto la barrera de consentimiento. Todas mis relaciones han sido consensuadas.
¿Has utilizado tu posición de poder como director de Nómada o tu posición como reconocido aliado feminista para realizar avances sexuales a periodistas jóvenes, en espacios de trabajo que deberían ser seguros?
Nunca lo he hecho.
A partir de estos testimonios, y desde mi experiencia como periodista, feminista y mujer, hago la siguiente valoración:
Es por su -falsa- etiqueta de “aliado” que Rodríguez Pellecer conoce de sobra y a fondo la conversación sobre acoso sexual y las olas de denuncias públicas e informales que se han dado en los últimos años en Latinoamérica. Conoce los tecnicismos de cómo definimos el consentimiento, ningún avance sexual se puede hacer sin antes pedir permiso, pero también entiende el punto más profundo de estas denuncias: que es violento forzar la voluntad de otra persona y más aún si para hacerlo se echa mano del poder, status social y/o profesional o los privilegios que uno tiene.
“Avances sexuales que no son bienvenidos, pedido de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual que afectan de manera implícita o explícita la condición laboral de una persona, o interfiere con su rendimiento laboral o crea un clima laboral intimidante u hostil”, esta es la definición que hace la Equal Employment Opportunity Commission de Estados Unidos. Según la Academia Nacional de Ciencias hay tres tipos de acoso sexual: El acoso por género, es decir, acosar a una trabajadora por ser mujer; la atención sexual no pedida, avances o invitaciones sexuales por medios físicos o verbales, incluyendo el abuso sexual) y la coerción sexual, cuando se ofrece un tratamiento favorable, en el campo educativo o profesional, condicionado a la actividad sexual. Los casos que se narran en este artículo se ubican en la segunda categoría.
Los manuales corporativos para atender casos de acoso sexual también hacen una taxonomía de las estrategias de los acosadores, algunas de las cuales se pueden observar claramente en estas historias: Está el “acosador serial” quien “cuidadosamente construyen una imagen tal que a las personas les cueste trabajo creer que sea capaz de hacerle daño a alguien”. Planean su acercamiento con cuidado y actúan en privado, usualmente contra un o una subordinada. Está también el “iniciador pasivo” quien “pone especial atención a la persona subordinada con comentarios halagadores” y luego acusan a su víctima de haber tomado la iniciativa (aunque el agresor perfectamente puede declinarla). Otra estrategia consiste en “cambiar el entorno para minimizar los efectos inhibidores de los espacios de trabajo o institución educativa, como por ejemplo reuniones privadas, salidas de campo o conferencias, Un empleador o profesor que saca provecho de las salidas en grupo a otra ciudad es un ejemplo clásico”. Otros acosadores “comparten experiencias íntimas de su vida e invitan a él o la subalterna a hacer lo mismo, y de esta forma, y aparentemente por mutuo acuerdo, la relación se mueve a un plano íntimo.”
Otra estrategia de acoso que es de interés particular para estos casos la del “activista sexual” quien “racionaliza el acoso y lo presenta como una forma de empoderamiento sexual”. Por otro lado, las investigadoras Kathryn J. Holland y Lilia M. Cortina en el artículo When sexism and Feminism Collide: The Sexual Harassment of Feminist Working Women (Cuando el sexismo y el feminismo chocan: el acoso sexual a trabajadoras feministas), encuentran que “las mujeres que se identifican como feministas viven menos acoso por su género” pero que si hacen, además, activismo feminista “el acoso por género y el acoso sexual aumentan”, aunque “el activismo sirve como atenuante para algunas de las consecuencias negativas del acoso”.
Los testimonios presentados en este artículo muestran coincidencias en el estilo de Rodríguez Pellecer: aprovechar los encuentros feministas internacionales para llevar -con la excusa de bailar salsa- a jóvenes periodistas a situaciones en donde quedan incomunicadas y apartadas del grupo y han tomado grandes cantidades de alcohol. Luego les insiste para subir al cuarto de hotel (suyo o de ellas) para hacer avances sexuales. En algunos casos las periodistas han podido decir que no, en otros Rodríguez Pellecer logra, insistiendo incluso a pesar de las negativas, que acepten sus avances a regañadientes, y confundidas por su discurso feminista. Esto es lo que en inglés se llama “sexual misconduct” (mala conducta sexual). En uno de los casos Rodríguez Pellecer ignora de manera reiterada las negativas de una periodista década y media menor que él, quien se siente intimidada por su prestigio, y la toca de formas a las que ella se ha negado de forma explícita.
Este patrón evidencia dos cosas importantes: primero que no se trata de coqueteos ocasionales, ni de enamoramientos repentinos, o una química sexual “irresistible” con otra persona, sino de un comportamiento reiterado y en ambientes laborales en donde Rodríguez Pellecer tiene más poder por su reputación como periodista. La segunda es que Rodríguez Pellecer usa los espacios seguros de eventos feministas internacionales para hacerle avances sexuales y acosar a jóvenes periodistas, ocultando sus intenciones en la ambigüedad de su discurso, que sigue a pie juntillas el lenguaje feminista, a pesar de que sus acciones lo muestran siguiendo un patrón de predador recurrente.
Si esta conducta reiterada estuviese motivada por “ganas de coger”, habría sido más fácil para Rodríguez Pellecer abrirse un Tinder y buscar un encuentro consentido con alguna mujer que no perteneciera al cerrado gremio del periodismo latinoamericano. Pero es que hay una gran diferencia: para las mujeres de Tinder, en un país ajeno, Rodríguez Pellecer es un cualquiera, pero para las jóvenes periodistas es un referente reconocido por su trabajo contra la corrupción en Guatemala y por la excelente labor que todo el equipo de Nómada ha hecho por la libertad de expresión y por el derecho a la información en temas de derechos sexuales y reproductivos. El acoso siempre es un abuso de poder.
Lastimosamente, comportamiento predatorio, sistemático, y poco ético de Martín Rodríguez Pellecer, afecta, primero a las periodistas que han sido acosadas, y luego a quienes hemos trabajado con él y con Nómada, en donde muchas personas éticas y talentosas han hecho muy buen periodismo. Esto nos lleva a hacer unas preguntas urgentes para otros medios independientes latinoamericanos: ¿Qué pasa cuando el medio gira en torno a una persona que es su fundador, director, editor general y accionista mayoritario? ¿Cómo garantizar que los organismos internos para investigar el acoso puedan ser realmente independientes de una figura con tanto poder? ¿Cómo garantizar que estas investigaciones sean justas para las víctimas y no se usen para encubrir a los acosadores? ¿Cómo garantizar un balance de poder al interior de los medios, de manera que las fallas éticas individuales no afecten el trabajo de todo el equipo? ¿Qué debe cambiar en los contextos laborales de medios y periodismo para que no se den patrones de acoso sistemáticos y para evitar su escalamiento?
El acoso, incluso cuando no hay contacto físico, tiene un impacto en las vidas y las carreras profesionales de las mujeres (especialmente), y tiene más impacto cuando somos más jóvenes. La nueva generación de periodistas latinoamericanas merece espacios seguros, en donde puedan trabajar, aliarse, y aprender de sus colegas sin tener que estar esquivando propuestas insistentes y sexualmente cargadas por parte de quienes deberían ser sus mentores. Crear estos espacios seguros es responsabildiad de todas las personas que conformamos el gremio.
Por otro lado, tendremos que problematizar -de nuevo- qué es lo que pasa cuando un hombre se nombra aliado feminista como si fuera una etiqueta vitalicia o un cheque en blanco. Ser un aliado es una acción constante, —verbo, no sustantivo, como dice otro célebre guatemalteco. ¡Qué coincidencia! Ese también autonombraba paladín de las mujeres y terminó siendo un agresor. Pero es que quizás, más que aliados hombres, ávidos de reconocimiento y aplausos, lo que neceistamos es hombres dispuestos a perder, una y otra vez, a morder la mano que les da de comer, a ser traidores permanentes del patriarcado.
La unión «Dios y Patria» en Honduras se materializa en el programa Guardianes de la Patria. En los últimos 20 años, los gobiernos nacionalistas impulsaron la incursión de las Fuerzas Armadas en el manejo de la seguridad pública, primero como elemento disuasivo de la criminalidad y, con el paso de los años, en tareas de ataque al crimen organizado y prevención de violencia en barrios conflictivos. De verlos resguardando buses públicos pasamos a verlos en tareas como la formación cívica y ética de niños y niñas. En 2010 estas acciones se oficializaron a través de un programa llamado Guardianes de la Patria, en el que por 4 años llevaron a los niños de las escuelas a los batallones para darles clases cívico religiosas. De 2014 a 2019 el programa ha tenido algunos cambios y ahora, a través de enlaces civiles, Guardianes de la patria funciona en escuelas públicas a nivel nacional. A lo largo de 17 años, el programa ha abarcado aproximadamente el 12% de la población infantil de Honduras. De la sociedad civil quienes más acompañan son las iglesias, cabe mencionar que la Confraternidad Evangélica de Honduras es una de sus socias principales. Las Fuerzas Armadas de Honduras han logrado garantizar su existencia y su poder limpiando sus acciones violentas en la crisis política de los últimos 15 años, las iglesias, por su lado, han logrado intervenir directamente en el sistema educativo, mientras las comunidades continúan sumergidas en la violencia. Lo que esto le cuesta al Estado es reservado.
El 15 de febrero de 2019, cientos de niños y niñas con camisetas del Programa Guardianes de la Patria llegan en buses y camiones militares al Campo de Parada Marte, un «Megaparque para una Vida Mejor» inaugurado por el gobierno de Juan Orlando Hernández en 2017. Al entrar, lo primero que ven estos pequeños es un submarino azul que fue incautado en 2011 con 7.5 toneladas de cocaína y que ahora se exhibe como trofeo de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Antes de empezar los actos de inauguración, mientras los niños y niñas esperan impacientes, hace su entrada el Jefe del Estado Mayor Conjunto, René Orlando Ponce Fonseca. Con una sonrisa saluda a cada niño o niña que se encuentra, a uno de ellos que lleva la gorra hacia atrás se la coloca de frente y le dice que así es la forma correcta de usarla. Los pequeños no saben quién es, pero hay respeto, temor ante el hombre de armas. Estos actos de inauguración dan paso a un primer periodo de tres meses en el que niños, niñas y adolescentes de casi 50 escuelas a nivel nacional estarán recibiendo clases enfocadas en valores cívicos y morales, arte, deportes y formación religiosa.La formación espiritual o religiosa es el tema principal en la currícula del programa, por eso es que el pastor Oswaldo Canales, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), también asiste a la inauguración y da un discurso en el que destaca la importancia de trabajar para no dejar que los antivalores se apoderen de la sociedad.
Ante las críticas al programa que lo responsabilizan de fomentar la cultura de las armas en niños y niñas, el pastor Canales asegura que «están equivocados, el ejército tiene valores y eso es esencial. Es una responsabilidad de la casa, pero si en la casa no se hace, entonces otras organizaciones tienen que venir a hacerlo».
Según información de la página web de la Secretaría de Defensa Nacional, en junio de 2018 se firmó un convenio de cooperación con la organización internacional Christian Broadcasting Network (CBN), con el objetivo de «fortalecer los principios bíblicos en los niños para difundir un mensaje de fe y esperanza para las nuevas generaciones». Según una solicitud de información hecha por Contracorriente en julio del presente año, el convenio finalizó y no hubo renovación del mismo.
El pastor evangélico Oswaldo Canales y Orlando Ponce Fonseca, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, oran durante los actos de clausura del programa Guardianes de la Patria, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Una oración es lo primero en la inauguración donde los altos mandos de las Fuerzas Armadas presencian un acto de exhibición y agradecimiento con Dios, la patria y el presidente. En las camisas de los niños se puede leer un versículo de la Biblia: Proverbios 22:6 «Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él»».
Según datos del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) el 54.5% de las muertes violentas en Honduras son niños, niñas y jóvenes.
En una entrevista dada a Contracorriente el pastor Canales confirmó que existe un acuerdo de cooperación entre las Fuerzas Armadas y la CEH ya que ambas instituciones «tienen un compromiso social en el que se preocupan por los niños y niñas».
Las iglesias evangélicas y las fuerzas militares han establecido alianzas cada vez más fuertes en los últimos años. Para el caso, el apoyo mutuo que mostraron ante el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Honduras e Israel, en donde las Fuerzas Armadas de Honduras firmaron un acuerdo por un total aproximado de 5 mil millones de lempiras ($206 millones) dirigido a «potenciar las capacidades de defensa y seguridad», mientras que la CEH se sentó a negociar el apoyo de esta institución con el embajador de Israel en Guatemala, concurrente para Honduras y Nicaragua, ofreciendo becas de estudio universitario y teológico para pastores.
Un niño es observado por sus compañeros mientras el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Orlando Ponce Fonseca, le ubica la gorra con la visera hacia enfrente, Tegucigalpa, 15 de febrero de 2019. Foto: Fernando Silva.
En ese mismo evento también se encuentra doña Reyna, madre de familia de la Escuela Álvaro Contreras del municipio de Sabana Grande al sur de Tegucigalpa, quien está feliz con el programa pues dice que han recibido donaciones que han servido para arreglar las escuelas, además de proveerles transporte y alimentación. Aunque doña Reyna confiesa que ella y otros padres de familia tenían miedo de dejar que sus hijos asistieran al Programa, dice que le gustaría que David, su hijo de trece años, decida ser militar para ayudar a la patria. «Es lo primero que nos dicen, que los niños conozcan del sistema y si les gusta les dicen que tal vez algún día ellos quieran venir y formar parte de los militares», finaliza.
Según datos del Latinobarómetro de 2018, Honduras está entre los países de América Latina con menos confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas (35%), mientras que se encuentra entre los países que más confianza tiene en las iglesias (75%). Esa falta de confianza en las Fuerzas Armadas ha intentado resolverse con el respaldo que, al menos, 149 instituciones y organizaciones de sociedad civil le han otorgado al Programa en el 2019.
Judith Matamoros es estudiante de pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), una de las instituciones que están apoyando al Programa, y dice que dan gracias porque en este proyecto se abre el espacio a estudiantes universitarios para que los puedan acompañar en escuelas en zonas de riesgo. Escuelas a las que no tienen acceso normalmente. «Es bueno que se vayan incluyendo los militares en las escuelas en zonas de riesgo, es importante que acompañen a los niños. Aquí la vida es muy compleja y los hondureños vamos aprendiendo poco a poco con la sabiduría divina», afirma Judith.
En los actos de inauguración del primer periodo de Guardianes de la Patria, destaca una demostración de la disciplina aprendida en la que un pequeño de ocho años da órdenes de trotar, hacer sentadillas y pechadas a diez niños y niñas. Cada niño grita «presente» cuando el pequeño líder menciona los valores aprendidos: honor, honradez, orden, patriotismo, puntualidad y respeto. Cada niño grita y alza su puño al aire en señal de batalla.
Cada año, el programa Guardianes de la Patria, gradúa 28 mil niños y niñas, la más reciente generación clausuró su año escolar como miembros del programa en el Campo de Parada Marte, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Una justificación para seguir existiendo
Las Fuerzas Armadas en Honduras, tras la transición de la época de golpes de Estado militares, vivieron un momento de sombras. En el gobierno de Carlos Roberto Reina, en 1994, cuando se abolió el servicio militar obligatorio, los militares volvieron a sus cuarteles y es en 2002 cuando salen de nuevo a las calles.
La periodista Thelma Mejía, en su artículo «Desmilitarización del Estado», del libro Conducción civil de la defensa en Honduras: retos y desafíos del Centro de Estudios y Documentación de Honduras (CEDOH), explica esta transición: «Las reformas impulsadas por el gobierno del expresidente Reina, fueron parte de una fuerte proclama ciudadana que pedía cambios en las relaciones cívico militares, en particular lo vinculado a los reclutamientos forzosos de jóvenes para ejercer el servicio militar. A la presión interna ciudadana se suma el reacomodo de fuerzas internacionales como parte del fin de la guerra fría y la doctrina de seguridad nacional, dejando atrás los conflictos político ideológicos este-oeste. América Central, a su vez, había entrado a la ruta de los acuerdos de paz que dieron fin a las guerras internas en varios de sus países. Comenzaba así la época de la desmilitarización en Honduras, un país con raíces fuertemente autoritarias. Los registros de la época indican que el proceso de desmilitarización del Estado y de la sociedad no fue fácil. El régimen de Reina eliminó también el otrora poderoso Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y en 1998 se elimina el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, mismo que recayó en la Presidencia de la República».
La coordinadora del CEDOH y analista en temas de defensa y seguridad, Leticia Salomón, asegura, por su parte, que el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro es el que da impulso a las Fuerzas Armadas para tomar de nuevo el poder, el golpe de Estado solo lo acelera más.
Maduro recibe a Honduras con las consecuencias que dejó la catástrofe del huracán Mitch y la miseria en la que proliferaron las maras y pandillas. La mano dura era la mejor campaña.
Juan Orlando Hernández, conversa con el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, durante los actos de conmemoración del día del soldado, Tegucigalpa, 29 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
«Se va produciendo una división del trabajo, los militares dedicados al combate al narcotráfico y la policía a la delincuencia común. En esta división se dan cuenta que la delincuencia desborda a la policía y crean iniciativas gubernamentales como la de Ricardo Maduro del programa «Honduras Segura» en donde mete a los militares en su papel de disuasión, pone un militar en la entrada de un autobús y en la salida. Era intimidante para un ladronzuelo, pero ineficiente e insuficiente porque sacar a los militares a las calles también fue siempre una cosa muy onerosa para el Estado. Cada vez que sale un militar a las calles, le cobran cantidades increíbles al gobierno por salir, porque esas no son sus funciones. Cuando aparecieron las maras y pandillas, los policías trataban de entrar a una zona y al rato venían corriendo porque los mareros estaban organizados y los perseguían, se demostraron incapaces de combatir las maras y pandillas entonces los militares llegaron a proteger a los policías mientras hacían lo suyo, no era directa la intervención. Esta situación también llegó a desbordar cuando aumentaba la delincuencia y el narcotráfico, Los militares preferían estar en el combate al narcotráfico porque les daba más ganancia, además el militar rechaza que lo vean como policía porque los ven de menos», explica Salomón.
Juan Orlando Hernández, sin embargo, tiene un interés mayor en las Fuerzas Armadas, él mismo estudió en el Liceo Militar y uno de sus hermanos, José Amílcar Hernández, actual asesor de seguridad, es un coronel retirado que participó activamente en el golpe de Estado. Hernández intentó en su primer mandato elevar la Policía Militar del Orden Público a rango constitucional, violando los artículos de la Constitución que hablan sobre las funciones de las Fuerzas Armadas, entre las cuales no está incluida la seguridad pública. La reforma no pasó pero la Policía Militar y otras fuerzas especiales militarizadas tienen control de la seguridad en Honduras.
Poner a los militares en tareas de seguridad pública no le dio buenas calificaciones a Honduras ante las organizaciones de Derechos Humanos en el mundo. En 2016, la entonces Viceministra de Derechos Humanos, Karla Cuevas, en la ciudad de Ginebra, Suiza, anunció ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que Honduras retiraría los militares de las calles. Esto no sucedió, pero demostró que el gobierno estaba perdiendo algunos apoyos económicos.
«Hernández desde que era presidente del Congreso Nacional conducía el tema de seguridad desde el Congreso, son 10 años de militarización. Juan Orlando estaba claro en que a los militares nunca les iban a dar presupuesto para tareas de seguridad, por eso ese invento de la tasa de seguridad, es el tema de inteligencia e investigación, cuerpos especializados dependen de este fondo y este fondo depende del presidente. Entonces, por ellos (las FFAA) que este presidente siga 50 años, la posibilidad que se desbarate la estructura militar en apoyo al presidente está muy difícil», agrega Salomón.
Costa Rica no tiene ejército y es el país con la tasa más baja de homicidios en la región y las tasas más altas de desarrollo humano. Desde hace más de cien años no hay conflictos bélicos significativos entre los países centroamericanos (el enfrentamiento armado entre Honduras y El Salvador en 1969 y el conflicto por el Golfo de Fonseca no justifican hoy acciones bélicas de gran escala). Si ya terminaron los conflictos territoriales o marítimos con otros países ¿para qué tenemos Fuerzas Armadas? Dice Salomón que las Fuerzas Armadas aplican el dicho: «mejor tenerlas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas».
Un soldado permanece formado en su pelotón durante los actos de celebración del día del soldado hondureño, Tegucigalpa, 29 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Renacer como Fuerzas Armadas
Bajo el entendido de que si un niño se interviene muy pequeño, en 10 o 15 años no será pandillero, las Fuerzas Armadas han unido esfuerzos con iglesias tanto evangélicas como católicas, maestros, líderes comunitarios y organizaciones de sociedad civil para graduar cada año 25 mil niños y niñas del programa Guardianes de la Patria, su lema: «Líderes con valores».
Desde 2011, Guardianes de la Patria graduó 191,105 niños y niñas, según lo que dijeron los encargados en la ceremonia de clausura. Los datos que solicitamos a la Secretaría de Defensa son incompletos, se cuentan 172,605 solo en los años 2011 y de 2014 a 2019. De 2012 y 2013 no hay datos. De 2002 a 2011 tampoco hay datos, el coronel Saúl Coca, encargado en ese momento, dice que al menos 10 mil niños era el promedio de graduados en esos años.
En Honduras, para 2017, la población infantil superaba el 39% de la población total, unos 3,493,181. Si tomamos como promedio la meta de graduados (25,000) de 2002 a 2019, Guardianes de la Patria habría graduado 425 mil niños y niñas, el 12% de la población infantil del país. Pero esto no lo sabemos a ciencia cierta y la Secretaría de Defensa, tras varios intentos, sigue sin darnos información precisa. De los datos que tenemos, desde 2014 hasta la fecha, la cantidad de niños graduados supera la meta, sin embargo, el dato es exactamente igual de 2016 a 2019.
En marzo de 2019, Contracorriente solicitó a la Secretaría de Defensa la currícula completa, el manual de contenidos y el listado de escuelas intervenidas por el programa. Después de solicitar prórroga, la Secretaría resolvió brindarnos información parcial en la que se estipula que las clases que se dan son: Formación espiritual (11 horas) y el resto de horas distribuida una por una en temas de: familia, habilidades para la vida, prevención de violencia, prevención de VIH/SIDA y ETS, arte, cultura y deporte, nomofobia, tolerancia, primeros auxilios escolares, acoso virtual, pánico escénico, medioambiente, la valentía, el bullying, la dignidad, creatividad, civismo, higiene bucal, autoestima, derechos de los niños. Sin embargo, no enviaron el manual de contenidos solicitado.
Realizamos dos intentos más en el año, cuando solicitamos el presupuesto del programa, la currícula, el manual, el listado de organizaciones de sociedad civil socias y el listado de las escuelas intervenidas. Contestaron a todo, menos al presupuesto sin justificar si es reservado o no. Después de dos prórrogas seguimos sin respuesta oficial, aunque el jefe de las Fuerzas Armadas, el general René Orlando Ponce Fonseca, nos dijo que la información es abierta al público, que siempre nos atienden como medio y que la volvamos a pedir. Ni la tercera petición fue la vencida.
«Donde come un soldado come un niño», contestó el coronel en retiro Saúl Coca, creador del programa en 2002, cuando le preguntamos sobre esta reserva de información. Y agregó que era como la multiplicación de los peces y panes de Jesucristo «el programa se sostiene por gracia de Dios». Sin embargo, la gracia de Dios se legisla en el Congreso Nacional.
En el análisis del presupuesto 2020 que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) realizó el mes pasado, se apunta que dentro de las reducciones por el plan de ajuste de contracción del gasto público, se destacan significativamente las disminuciones a las transferencias a instituciones sin fines de lucro que reportan una contracción del 60.0%. Las transferencias a las universidades públicas se reducen en 23.1% (adicionalmente se reducen 20.6% las transferencias de capital), las asignaciones a becas nacionales disminuyen un 27.5% y las becas externas un 37.5%.
En general, esta dinámica se presenta en muchos de los rubros destinados al apoyo social, los cuales presentan fuertes contracciones en las asignaciones para 2020. En los gastos de capital o de inversión en activos, se reducen las asignaciones en 33.5% para bienes capitalizables, 38.5% para maquinaria y equipo y 34.6% en construcciones. En sentido contrario, en este rubro, destaca el aumento del 39.6% en inversión para equipo militar y de seguridad.
Orlando Ponce Fonseca, Jefe del Estado Mayor Conjunto, juega con los niños del programa Guardianes de la Patria, custodiado de jóvenes militares fuertemente armados, Tegucigalpa, 15 de febrero de 2019. Foto: Fernando Silva.
El dinero del programa sale del presupuesto general de la república destinado a la Secretaría de Defensa, que cada año aumenta en detrimento de los programas de atención a sectores vulnerables de la población y al sector educación.
Según las solicitudes de acceso a la información pública que sí fueron resueltas por la Secretaría de Defensa, se puede observar que las iglesias no son el único acompañante del proyecto. Son 149 instituciones y organizaciones de sociedad civil que integran la red de apoyo al programa Guardianes de la Patria en las diferentes zonas del país, entre las que se encuentran diversas iglesias evangélicas y parroquias católicas, universidades públicas y privadas, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), la Cruz Roja Hondureña y hasta una organización que en la lista aparece como «Casa Magnolia, Honorable Diputada Gladys Aurora López».
El programa Guardianes de la Patria se divide en el año en tres periodos de tres meses cada uno, en el último periodo de 2019 llegaron a 48 escuelas, centros de educación básica y colegios en 17 departamentos del país donde los instructores impartieron charlas educativas y religiosas a más de 28 mil niños, niñas y adolescentes. El departamento de mayor incidencia del programa en ese periodo fue Francisco Morazán, en el que se intervinieron 15 centros educativos del área rural y urbana con casi 3 mil menores que el 23 de noviembre se graduaron de Guardianes de la Patria. Según datos del ONV-UNAH, Francisco Morazán ocupó el segundo lugar de muertes violentas registradas en 2018.
Zonas de influencia del programa en 2019
Guardianes de la Patria es un programa que funciona los sábados de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía, en 2019 funcionó en escuelas donde juntan niños y niñas de comunidades aledañas. Para iniciar hay una hora de oración, luego se divide en charlas que normalmente realizan estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de las carreras de Psicología, Pedagogía y Trabajo Social. Los militares con sus uniformes del programa merodean el lugar, resguardan la escuela y vigilan las aulas.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras aporta al programa con estudiantes de las carreras de psicología, pedagogía y trabajo social, esto a través de su proyecto de vinculación universidad-sociedad. Cuando quisimos consultar a los coordinadores de las carreras de psicología y pedagogía sobre las implicaciones de esta participación, no quisieron dar declaraciones y solo mencionaron que no están plenamente informados de todas las actividades en que cada docente involucra a sus estudiantes. En el Centro Básico José Trinidad Cabañas, la directora Blanca Nolasco cuenta que desde hace tres años participan como escuela en el programa Guardianes de la Patria, varios de sus alumnos se ganaron beca para seguir estudiando la secundaria por parte del Grupo Intur, empresa de comidas rápidas de Honduras. Nolasco cuenta que cada año se va descuidando el Programa, que hay más deserción porque aunque el Programa es bueno, la creatividad no es su fuerte y ahora a los niños y niñas se les debe incentivar para que lleguen. Un problema que afecta la asistencia al programa, según Nolasco, es que los sábados hay algunas familias que se dedican a trabajar y llevan a los niños, ya sea en la agricultura o en la venta de alimentos.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), muestran que en 2019 más de 40 mil niños entre 5 y 17 años trabajan en Honduras. «La mayoría de niños aquí son pobres, sus padres viven de siembras y las madres trabajan de lavar ropa o asear. Vienen bastantes alumnos de la zona baja donde siembran culantro, y el año pasado tuvimos un caso de trabajo infantil en el que el niño era obligado a vender tajaditas. Nosotros conocemos varios casos de familias que eran papá y mamá que ahora están separados por infidelidades entonces los niños tienen problemas también», explica la maestra de esta escuela rural a 5 kilómetros de Tegucigalpa. Otra razón por la que podría estarse dando la deserción, según la maestra, es que la desconfianza hacia las Fuerzas Armadas ha aumentado desde la crisis política que vive el país.
José Antonio Molina de 11 años, es el niño con mejor índice académico del programa Guardianes de la Patria, por lo que el programa lo ha becado de por vida. José y su familia viven en la Col. Australia y asiste a la Escuela Doctor David Corea Sánchez, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Según la Directora, esa no es una escuela donde el riesgo mayor sea que un niño entre en pandillas, sin embargo, la pobreza ha hecho que algunos jóvenes se involucren en delincuencia común. «Hemos aprendido sobre la honestidad y la tolerancia y sobre la nomofobia (miedo irracional a salir de casa sin el celular)», dicen cinco niños que nos rodean para hablar del programa Guardianes de la patria. Hablan tímidamente y en pocas palabras dicen que les gusta ir al Programa para aprender.
Luego es el turno de las niñas, la maestra Nolasco ha organizado que el grupo hable del Programa y nos cuenta que ya varios han dado entrevistas al programa televisivo de las Fuerzas Armadas. Las niñas también hablan de la nomofobia, que el celular es una especie de amenaza que quiebra las familias. Son casi doce sábados que han estado en el Programa, pronto se van a graduar y aseguran que se han divertido, pero que quizá sería mejor estar más tiempo y dicen que las charlas son repetitivas, que podrían tener charlas más diversas y que les gustaría hablar sobre los suicidios. «Donde yo vivo sí hubo un suicidio, se mató porque se había peleado con su familia. Deberíamos hablar de esto porque no hablamos mucho con los padres de lo que nos pasa en la adolescencia. Los militares son formales y educados, ellos nos dan mucha seguridad aquí, ellos dicen que hace poco hubo mareros aquí entonces nos dan seguridad», dicen dos niñas de esta aldea, ambas sueñan con seguir estudiando y poder tener una oportunidad de trabajo al salir del colegio.
Anthony de 10 años, reside en la Col. El Durazno y va a la Escuela José Trinidad Cabañas, quiere ser cantante cuando sea grande, Anthony es uno de los 28 mil niños que las Fuerzas Armadas de Honduras graduaron en 2019 como parte del programa Guardianes de la Patria, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
En la ciudad, en el barrio El Guanabano, en las faldas del crematorio municipal, dos jóvenes a quienes llamaremos Kevin y Josué, de 17 y 14 años, nos cuentan que se graduaron de Guardianes de la Patria el trimestre pasado. Los jóvenes nos esperan en una esquina de su barrio, calles angostas de tierra y piedras, perros callejeros y miradas desconfiadas. Allí hay otros jóvenes más, en la esquina pasando un sábado bajo el sol como mirando hacia la nada, o mejor dicho, hacia el botadero del que vive la mayoría de familias, de su comunidad. De la basura de la ciudad comen varias comunidades que rodean el sector, que además es controlado por la mara.
En la escuela de esta comunidad estudian alrededor de 200 jóvenes dice Kevin, y recuerda que en el programa Guardianes de la Patria les hablaron de las drogas y les ayudaron a sembrar árboles. En esta comunidad los militares sí dieron las clases, cuentan los jóvenes que eran ellos quienes les hablaban de valores y de Dios. «Nos preguntaban cómo vivíamos y yo les decía que normal», cuenta Kevin mientras Josué solo sonríe, se ve distraído, desde la esquina nos escuchan, hablan cada vez más bajo. «Yo tenía pensado en meterme a la policía, pero no sé, hay que pasar el examen de admisión», cuenta Kevin. A su barrio no llega ni la Policía Nacional ni la Policía Militar para patrullar y una pequeña posta con dos policías es inútil. «Si vuelven sería bueno porque los jóvenes usan mucho las drogas y quizá con esto, los jóvenes aprendan lo que es bueno y lo que es malo». Kevin ha visto a varios jóvenes de su barrio irse, huyendo de la pobreza en su comunidad, su hermano tiene tres meses de estar buscando trabajo y no lo logra, él cree que en la policía habrá trabajo fijo.
La analista Leticia Salomón asegura que este programa tiene una falla de origen y esto no parece ser evaluado dentro de las Fuerzas Armadas. «Les dan charlas, intervienen iglesias les meten a los niños que no vayan a ser ladrones, mareros, etc, pero después de esas horas esos niños vuelven al mismo medio en donde viven llenos de privaciones, exclusión social, padres ausentes, se quedan encerrados en casa, esos seis días y medio destruyen lo que en ese día del programa hacen. Es el medio el que condiciona que un niño se meta a delincuente, no los inhibe que un militar o un pastor les diga que robar es malo. La propia debilidad de la sociedad civil hace que los militares hagan estas barbaridades y que nadie proteste. Hay en el fondo y sobre todo en las comunidades de escasos recursos esa idea de que los niños lo que ocupan es mano dura, la gente dice: “yo no sé porqué quitaron el servicio militar, yo hubiera puesto a estos cipotes allí para que se compongan”. Esa visión hace que muchas personas aplaudan ese tipo de iniciativas y que sean precisamente los padres de familia los que aplaudan y lleven a sus niños al programa Guardianes de la patria para que los disciplinen», concluye.
Niños son transportados en un camión de las Fuerzas Armadas de Honduras, Tegucigalpa, 15 de febrero de 2019. Foto: Fernando Silva.
En la colonia Kennedy de Tegucigalpa, existen ocho centros educativos públicos, entre ellos la escuela Roberto Sosa, donde casi toda la matrícula es de niños y niñas que no viven en la zona. Todas las mañanas las aulas de clase se llenan con menores originarios de colonias controladas por pandillas como la Villanueva, Los Pinos y Las Palmas. Esta escuela representa una zona neutral para el acceso del Programa Guardianes de la Patria.
Desde octubre de este año, 200 niños y niñas de esta escuela recibieron clases en valores cívicos y formación espiritual de parte de instructores militares. Según Jenny Álvarez, quien es la subdirectora de este centro educativo, no hubo enlaces civiles en este lugar mientras duró el programa. «Siento que es un proyecto productivo para los centros educativos, como tienen esa disciplina de militares son muy atentos a asistirnos en la colaboración que les solicitamos», dice Álvarez cuando nos recibe en su oficina. Durante los tres meses que el programa se mantuvo en la escuela, recibieron donaciones de piñatas para la celebración del día del niño y la clausura de clases.
Muchos de los niños y niñas que asisten a esta escuela vienen de hogares en los que pueden pasar un día completo sin comer, por eso la merienda que los militares llevaron cada sábado fue esencial para ganarse a docentes, padres de familia y alumnos. «Los niños de quinto y sexto grado estuvieron interesados en poder ser militares en el futuro por la admiración que les tienen, si usted pregunta en un aula de clases ¿qué quiere ser cuando sea grande?, algunos le van a contestar que quieren ser policía o militar», asegura Álvarez.
Una niña espera junto a sus compañeras que inicien los actos de clausura del Programa Guardianes de la Patria en el Campo de Parada Marte, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Rosa es madre de una de las niñas que participó del Programa en la escuela Roberto Sosa. Viven en la colonia Villanueva, una zona de la capital que hasta 2017, el último registro estadístico del ONV-UNAH, se encontraba entre los 10 barrios y colonias con mayor incidencia de homicidios en la capital. Rosa dice que no tienen miedo de los militares y que hay respeto mutuo; además, asegura que la presencia de las Fuerzas Armadas es constante, especialmente los fines de semana cuando patrullan en los alrededores de la colonia y preguntan a las personas en la calle si han visto algo sospechoso. «Nosotros averiguamos primero lo que les van a enseñar y depende de eso nosotros los mandamos», dice Rosa quien es madre soltera y mientras nos responde intenta controlar a un pequeño de tres años que también es su hijo. Ante la posibilidad de que en este programa se les de entrenamiento militar, dice que si el niño está dispuesto a esforzarse a ella le parece bien. Además, piensa que cuando estos niños y niñas crezcan es mejor que ingresen a la academia militar y no que «se pierdan o terminen muertos».
En esta escuela no solo los niños se interesaron en las actividades militares, la Subdirectora cuenta que algunos docentes preguntaron a los militares sobre un diplomado de seis meses en las Fuerzas Armadas que les permite egresar con un rango de subteniente. El interés en este tipo de programas por parte de docentes y alumnos se vuelve una solución a sus necesidades, porque al salir pueden obtener un trabajo permanente dentro de la estructura militar.
Al otro lado de la ciudad, en la colonia Divino Paraíso, en la premiación de los niños y niñas de excelencia académica de la escuela República de Honduras, un militar encargado del Programa Guardianes de la Patria comparte la mesa principal con las autoridades de la escuela. Gracias al apoyo económico del programa se está desarrollando esta premiación por primera vez en la historia del centro educativo y se le está entregando una medalla a los estudiantes. Los militares cargan con sus armas de reglamento mientras reparten arroz con pollo a los asistentes del evento. Ante la petición de una entrevista mencionan que no tienen autorización para concederla. Sin embargo, durante el desarrollo de la premiación, una joven militar se dirige a los menores para motivarlos a seguir esforzándose, pero antes que todo, recordarles el temor a Dios que se les ha enseñado durante tres meses de clases sabatinas.
«Creo que el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas a través de estos programas ayudan mucho a los niños y les va sembrando esa semilla de querer ser como ellos», dice la profesora Mayra Sosa, directora de la escuela, quien también asegura que muchos niños y niñas de su escuela sueñan con la academia militar. Esta es la segunda ocasión que Guardianes de la Patria interviene en la escuela República de Honduras, y su directora espera que en 2020 vuelvan a apoyarles. «Mejor que estén en el ejército siendo productivos, ayudando al país, en lugar de que los recluten las maras o el narcotráfico», finaliza.
Como invitados de honor, dos militares del US Army, asistieron a la ceremonia de clausura del programa Guardianes de la Patria en Campo de Parada Marte, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Un programa criticado
Un informe de investigación sobre el Programa Guardianes de la Patria elaborado en 2014 por el licenciado Carlos Del Cid, en ese entonces coordinador del Programa Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), señalaba que no es una tarea constitucional de las Fuerzas Armadas la formación de menores de edad en principios y valores, tampoco la formación de líderes comunitarios ni mucho menos el rescate de menores en riesgo social.
En este informe, Del Cid apuntaba que desde septiembre de 2010 niños, niñas y jóvenes identificados por estar en peligro «de desviar sus vidas», asistían semanalmente a las unidades militares para recibir charlas de fortalecimiento de valores. La cifra aproximada de menores participantes llegó hasta 10 mil en 17 unidades militares hasta septiembre de 2011, según una nota de diario La Prensa citada en el informe. Para poder evaluar los resultados del Programa en la ejecución de su periodo entre 2011 y 2013, Del Cid solicitó al coronel Gustavo Amador, quien era coordinador del Programa, una serie de informes, presupuestos y listado de instructores civiles y militares que impartían las charlas. Dicha solicitud no fue resuelta hasta la fecha de entrega del informe en mayo de 2014. Después de esta primer fase, que arroja más dudas que datos concretos en su ejecución, el 29 de marzo de 2014, el presidente Juan Orlando Hernández hizo el relanzamiento del Programa en el Campo de Parada Marte en la ciudad de Tegucigalpa. A partir de ese año Guardianes de la Patria quedaría completamente institucionalizado.
Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes y sus Derechos (COIPRODEN), dice que «una vez que vieron que el programa podía ser efectivo entonces le dieron mayor publicidad y más a partir del momento en que entra Juan Orlando a la presidencia, que es cuando cobraron mayor fuerza porque contaron con mayores recursos logísticos y financieros».
La red COIPRODEN, y su aglutinación de más de 30 organizaciones que trabajan con niñez y juventud en todo el país, fue consultada en el informe elaborado por Del Cid en 2014 donde demandó al presidente «girar instrucciones al Secretario de Defensa y al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras para que suspendan, de inmediato, la implementación y expansión del programa “Guardianes de la Patria”».
Algunas de las preocupaciones que expresa el informe son la exposición a la cultura de las armas y la guerra a una edad en la que sus mentes no están lo suficientemente maduras para entenderlo. Además, se expone el enfoque excluyente del proyecto que solo incluye a niños, niñas y jóvenes de zonas en riesgo exponiéndose a consecuencias o represalias de maras y pandillas. En el informe también se describe como una fortaleza del programa que «para la población adolescente de 15 a 18 años que vive en poblaciones marginadas, conocer las oportunidades de formación, capacitación y hasta empleo que ofrecen las FFAA es un poderoso atractivo para querer superarse a través de las mismas».
«Honduras necesita de programas de prevención como “Guardianes de la Patria”, solo que con un nombre diferente y con un ejecutor a la cabeza que no sean las FFAA», concluye el informe.
Un grupo de niños y de niñas, durante la inauguración del programa Guardianes de la Patria en Campo de Parada Marte, Tegucigalpa, 15 de febrero de 2019. Foto: Fernando Silva.
De esto, el CONADEH hizo una pequeña mención en su informe anual y cuando solicitamos a esta instancia el informe realizado por Del Cid, la respuesta era que lo único que había con respecto al Programa era esa mención en el informe publicado en su página web que dice: «En relación con la situación del programa “Guardianes de la Patria”, en todas las condiciones relativas a los servicios que ofrece, debe prevalecer el interés superior del niño y las leyes vigentes que garanticen su cuidado y protección. El CONADEH siempre ha mantenido invitación abierta a buscar arreglos para mejorar beneficios, pues las condiciones de descuido de nuestra niñez requiere el concurso de todos. Su bienestar depende de lo que hagamos los adultos, conforme a la normativa que obliga a sujetarse a lo que indican las leyes vigentes. De acuerdo a la edad de niños y adolescentes que participan en el programa se debe cumplir con su educación formal, desde el preescolar hasta el noveno grado de manera obligatoria y gratuita, y tener acceso a los servicios de salud previstos así como al resto de sus derechos. Ya que la base legal de las Fuerzas Armadas no contempla expresamente el trabajo con niños que se encuentran en lo que antes se conocía como situación de “riesgo social”: debería en todo caso, asegurarse que no se violenten normas, se respeten e integren apoyos con la participación formal de la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud y de otras instancias, para que sean intervenciones conjuntas y no solamente del personal militar. En la práctica se dan estas colaboraciones pero no de manera formal. En relación con lo anterior, el 13 de octubre de 2014, el CONADEH reiteró sus recomendaciones al Gobierno de promover un diálogo con instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil concernidas por la situación de la niñez en Honduras, y que mientras ello ocurría, que la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social aseguren el acompañamiento y seguimiento de dicho Programa, sin perjuicio de la supervisión que efectúa el CONADEH».
Por su parte, UNICEF, en su informe de situación sobre derechos de la niñez y adolescencia en Honduras alertó sobre el programa Guardianes de la Patria, «en el que se da adiestramiento a niños, niñas y adolescentes de comunidades marginadas, 25,000 niños, niñas y adolescentes con fusiles y toda la indumentaria militar». Este programa, según los informantes que UNICEF consultó, existe desde hace más de diez años y su justificación es que la niñez en riesgo social debe incorporar a su vida los valores de las Fuerzas Armadas, sustituyendo en alguna medida las acciones que ejecutan las escuelas, las ONG y la iglesia.
Origen y camino a la institucionalización
Saúl Orlando Coca, General en condición de retiro, fundador del programa Guardianes de la Patria, recibe un reconocimiento del Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Orlando Ponce Fonseca, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Según la página web oficial de la Secretaría de Defensa Nacional, el Programa inicia en el año 2002 en las instalaciones del Cuarto Grupo Logístico (G.R.L.) de Naco, Cortés, como un proyecto piloto por iniciativa del Coronel en materia de guerra, Saúl Orlando Coca Cantarero. El coronel Coca, ahora director nacional de Intervención Social y coordinador de Recreo Vías a nivel nacional, asegura que el Programa «funcionaba bien porque había sociedad con las iglesias y se recogía a los niños en la mañana en los camiones militares para trasladarlos a los batallones donde las iglesias trabajaban con ellos». Explica que desde ese entonces se les daba desayuno, merienda y almuerzo a los niños y niñas que asistían; jugaban y se regresaban a sus casas en la tarde. Habían voluntarios, padres de familia y pastores trabajando en el proyecto.
«Lo que hicimos fue diseñar un programa que nos diera respuesta a la incidencia de menores siendo reclutados por maras y pandillas en barrios donde encontrábamos a niños de 13 o 14 años con una metralleta en la mano. Entonces diseñamos un programa con pilares donde están el arte, deporte, valores y fortalecimiento espiritual», dice el coronel Coca y recuerda que la primera lección de la Biblia que se les enseña es el temor a Dios.
Es hasta el año 2011, cuando el programa se traslada a Tegucigalpa en las instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas de Honduras (CALFFAA) y la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (IMFFAA) beneficiando, según datos brindados por la Oficina de Acceso a la Información Pública, a más de 10 mil niños, niñas y adolescentes hasta 2014.
A partir de 2011, el programa empieza un proceso de institucionalización asignando al departamento que maneja todo el programa a nivel nacional, el presidente Juan Orlando Hernández asigna un presupuesto al Ministerio de Defensa y envían la orden a comandantes de fuerza y unidades de graduar una nueva promoción de Guardianes de la Patria cada tres meses.
Sobre los señalamientos de militarizar a la niñez que ha recibido el programa, el Coronel Coca responde que «hay un manual para el programa hecho por pedagogos, así que tratamos de que aquellos que no hacen nada y lo único que saben es señalar porque nunca han hecho nada por el país, vengan y vean el manual para ver dónde dice que estamos militarizando. Las Fuerzas Armadas no necesitan militarizar a esos niños, porque la oferta de trabajo hoy le permite tener todos sus cuadros llenos», enfatiza el Coronel Coca. Contracorriente quiso acceder a dicho manual, pero la solicitud de información no obtuvo respuesta y se limitaron a enviar un cuadro con la carga académica de las clases sabatinas.
Linzi de 8 años y su madre, Nelsy, posan para la foto durante los actos de clausura del programa Guardianes de la Patria en Campo de Parada Marte. Linzi asiste a la Escuela Rómulo Durón de la Aldea Mateo, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Wilmer Vásquez, director ejecutivo de COIPRODEN, manifiesta que este programa surge en su trasfondo justamente como una estrategia de las Fuerzas Armadas después de que se eliminó el servicio militar obligatorio en el país, y que también justifica la entrada de más presupuesto a la institución. «Nos preocupa no solo por lo riesgoso que es que los militares estén formando a los niños y jóvenes, sino también nos preocupa porque las Fuerzas Armadas no tienen dentro de sus funciones la formación en valores, esto quiere decir que están sustituyendo la responsabilidad que tienen otras instituciones del Estado», apunta Vásquez.
También dice que la justificación principal de las Fuerzas Armadas ha radicado en el incremento en el número de miembros de las pandillas supuestamente provocado por la ausencia del servicio militar obligatorio que habría generado mayor simpatía de la niñez y juventud en el crimen organizado.
El Servicio Militar Obligatorio fue abolido el 18 de mayo de 1994, durante la presidencia de Carlos Roberto Reina, como resultado de una lucha emprendida por organizaciones de derechos humanos y la instalación de una huelga de hambre para lograr la aprobación del servicio voluntario. Sin embargo, el 22 de noviembre de 2019 en una sesión del Congreso Nacional, el diputado nacionalista David Chávez presentó una moción para que se apruebe el retorno al servicio obligatorio. En ese sentido, el abogado Fernando Anduray, exprecandidato presidencial y activista del Partido Nacional, señala que hay una «cortina histórica» que separa a la juventud que tenía que prestar servicio obligatorio y las generaciones posteriores que asegura «han venido perdiendo valores cívicos y han permitido la aparición de las pandillas».
«Se perdió el control del proceso de formación de jóvenes», apunta Anduray y dice que si se asocia con el resultado del concurso nacional docente realizado por la Secretaría de Educación hace algunas semanas, se puede diagnosticar que los maestros «tienen muy poca capacidad transformadora y formadora de jóvenes». A partir del concurso docente se esperaba cubrir más de 5 mil plazas para maestros en el sistema público nacional; sin embargo, de 22 mil aplicantes apenas 2400 aprobaron el examen con la nota mínima de 75 por ciento. «Y si tampoco tenemos servicio militar obligatorio y hay fuertes procesos políticos de la izquierda internacional para tratar de destruir los valores de formación de la conciencia de los hondureños en materia religiosa, tenemos una sociedad con una juventud que puede ser una bomba a punto de explotar», finaliza Anduray.
Por otro lado, para Wilmer Vásquez no es cierto que los niños, adolescentes y jóvenes son los responsables de la violencia en el país sino que «es el Estado que ha generado las condiciones y los verdaderos responsables del control que ejercen maras y pandillas han sido altos oficiales del ejército y algunos políticos en el país». Según los datos de COIPRODEN, la incidencia de menores infractores no ha aumentado ni se ha reducido porque se esté implementando este programa, y actualmente hay más de un millón de niñas y niños entre 5 y 17 años fuera del sistema educativo nacional, más de 500 mil menores trabajando, y más del 55% de muertes violentas en Honduras son adolescentes y jóvenes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró, en sus observaciones preliminares dadas en la visita que realizó en agosto de 2018, su preocupación por este programa, donde apuntan que «no es adecuado a los objetivos que debe perseguir la educación, ya que impulsa una cultura castrense y contraria a la paz, además de estigmatizar y poner en riesgo a los niños y las niñas de determinados sectores sociales». Para el Coronel Saúl Orlando Coca, el problema de los que critican el programa es que «son capaces de ver un punto negro en una pizarra blanca. El programa ha tenido críticas a lo largo de su existencia, lo llevaron a Naciones Unidas y lo colocaron en informes de derechos humanos pero el programa sigue porque nosotros los hondureños estamos claros que necesitamos que más instituciones se sumen a este proceso», finaliza el Coronel en condición de retiro.
Warren Ochoa, psicólogo y catedrático de la facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, 22 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Warren Ochoa, psicólogo y docente de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la UNAH, apunta que una de las mayores implicaciones de este programa en la mente de los niños y niñas que participan, es el fenómeno de la maduración cognitiva. «Las personas que son beneficiarias de este programa no tienen ni las capacidades cognitivas, ni las estructuras cerebrales ni el desarrollo de capacidades mentales superiores que le permitan tener un juicio adecuado de qué es lo que se le están enseñando», apunta Ochoa y recuerda que, según la corriente psicológica del conductismo, se dice que se puede moldear a un niño para convertirlo en una buena persona o un criminal.
Sobre la alianza entre la religión y este programa, Ochoa menciona que es la fórmula perfecta para fomentar la violencia ya que es en esta clase de pensamientos donde se ve marcado el estilo de establecer un pensamiento único o modelo de persona, el que es diferente se vuelve parte del «exogrupo», causando división que luego pasa a ser polarización en la sociedad. Este psicólogo asegura que la mejor forma de control social es imponer un discurso en la mente de las personas a través de la educación. Las autoridades del Programa Guardianes de la Patria lo habrían entendido bien.
«Guardianes de la Patria es lo mismo que las juventudes formadas en las guerras. Es una doctrina fundamentada en valores, religión, cultura militarista que está fundamentada en el no pensar porque van a programar qué es lo que tiene que pensar, sentir o hacer», concluye.
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Suena música variada, Black Eyed Peas y algún regueatón de moda. El Parque de Parada Marte está decorado con banners de Guardianes de la Patria. Frente a frente, los niños beneficiarios y los miembros distinguidos de las Fuerzas Armadas, un par de soldados del US Army de invitados especiales, secretarios de Estado y el director de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Oswaldo Canales. Hay bajo la carpa un grupo de madres y padres que esperan que comiencen los actos o al menos que les den desayuno a sus hijos que llevan un par de horas en las graderías, jugueteando, esperando que empiece todo.
Un joven soldado toma a una niña de los hombros, la suspende y la coloca en su lugar, hace calor y los niños ya desesperados comienzan a desobedecer. El himno nacional ejecutado por la Banda Sinfónica de las Fuerzas Armadas de Honduras da la pauta de que todo ha comenzado y lo que sigue es una oración. Dan gracias a Dios y al presidente Juan Orlando Hernández. El Campo de Parada Marte se ha convertido en un espacio de congregación y un parque de diversiones, para muchos de estos niños de comunidades empobrecidas, esto es un sueño.
«Al sacar estos jóvenes de sus barrios y acompañarlos entre las FFAA, las escuelas, varias instituciones, los padres de familia, les damos la oportunidad de salir de estas dinámicas de conflicto que hay allí y contrarrestarlas con enseñanzas de ética, identidad de patria, identidad de familia. Algunos ya han tenido la oportunidad de ir a academias militares, escuelas técnicas. Este es un programa que tiene el apoyo de la casa de gobierno y de Grupo Intur. Las Fuerzas Armadas dan acompañamiento, pero son muchas las organizaciones que participan», da una entrevista el portavoz de las Fuerzas Armadas, capitán de navío, José Domingo Meza.
Actos de clausura del programa Guardianes de la Patria en Campo de Parada Marte, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Los actos de graduación transcurren entre bailes folklóricos en los que la Sopa de Caracol emociona al público, mezcla de orgullo patrio y ritmo pegajoso. Tres adolescentes freestylers que con música underground le dicen a las Fuerzas Armadas que son su refugio, la presentación de un niño de al menos 9 años, corte militar y oratoria de pastor evangélico explicando las bondades del Programa, la plegaria de una madre de familia pidiendo protección divina para el presidente Juan Orlando Hernández y las palabras del pastor Oswaldo Canales, el Ministro de Defensa, general Freddy Díaz Zelaya y el Ministro de Educación Arnaldo Bueso.
Entre los niños presentes destacan los estudiantes internos de la Villa de los niños, una escuela católica que beca durante la secundaria a alrededor de 500 niños de escasos recursos. La Fundación Aloysius de Guatemala y registrada en Honduras por religiosa Jum Soon Chung de origen coreano, ha llevado a sus alumnos al programa Guardianes de la Patria por 3 años consecutivos. Los niños de la Villa hacen presentación de Taekwon- Do y un pequeño concierto con su banda musical, las presentaciones son precisas, los niños se mueven a un mismo tiempo. Mientras la gente rodea la banda musical que toca música de los Ángeles Azules, la hermana Aracely explica que en el programa Guardianes los niños suplementan los valores de la patria y así pueden entender los riesgos que hay en la sociedad. «Ellos pueden ver a niños en riesgo social, así ellos practican sus valores y ven las consecuencias que hay porque estos niños están internos todo el año con nosotras», explica. Para los niños, Guardianes es su polo a tierra, el programa que llevan con las religiosas es permanente.
Un grupo de niños del centro de internado la Villa de los Niños, realiza una demostración de artes marciales durante los actos de clausura del programa Guardianes de la Patria, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.Informe de Fundación Aloysius ante Secretaría de Gobernación y Justicia.
Guardianes de la patria seguirá en 2020, las Fuerzas Armadas estarán próximas a cumplir veinte años de intervenir niños y niñas en Honduras. El general René Orlando Ponce Fonseca a pocos días de dejar su cargo e irse al retiro, da gracias a Dios por ver el desborde de talento de los niños graduándose del programa. «Es un momento importante para dedicar el trabajo que hacemos a Dios y seguir creyendo que una institución como la nuestra va a seguir trabajando para la sociedad, el presupuesto es de los recursos que como Fuerzas Armadas tenemos, pero lo importante es el amor, el cariño, la dedicación de nuestros soldados junto a otro grupo de otros profesionales que se han sumado, que a través de los programas que el presidente de la república tiene vamos a seguir trabajando. En una sociedad se puede ver el bien y el mal, mientras hay unos que se dedican a la apología del odio habemos otros que estamos del lado del bien contribuyendo en principios y valores, no nos van a hacer cambiar de mentalidad».«En lo que va del año van alrededor de 61 masacres, general»- interrumpe un periodista de televisión.
«Desafortunadamente lo lamentamos, pero los responsables somos toda la sociedad, por eso sigamos creyendo que al reforzar valores vamos a construir un mejor país. El programa seguirá mejorando, esto servirá para contestar esta pregunta, fortaleciendo los valores, implementando becas, vamos a evitar que estos niños estén metidos en maras o pandillas u otras organizaciones que nada más traen luto y dolor. Los resultados no serían 61 masacres sino 500 si no hubiera voluntad para trabajar todos juntos». El general Ponce Fonseca termina de hablar diciendo que esto es bíblico, que Dios ha dicho que instruir a un niño es como ver el futuro, y cierra diciendo: «”Dejad que los niños vengan a mí”, dijo nuestro señor Jesucristo en su filosofía cuando estuvo predicando en los desiertos, hoy pregonemos lo mismo».
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Fotografía de portada: Pixabay.com
En 1998, hace exactamente 21 años, a Honduras la devastó el fenómeno natural de mayor impacto en la historia reciente del país, las cifras oficiales, aunque no estemos acostumbrados a creer en ellas, son irremediablemente frías: 5.657 muertos, 8.058 desaparecidos, 12.272 heridos, 1,5 millones de damnificados, 285.000 personas que perdieron sus viviendas tuvieron que refugiarse en más de 1375 albergues temporales. El Mitch arrastró a Honduras hacia un panorama de incertidumbre absoluta.
El Mitch marcó el punto de partida de nuevas emergencias en el país, un país que ya venía mostrando signos de deterioro en los tejidos sociales. La migración hacia los Estados Unidos se profundizó porque quienes sobrevivieron al huracán en su mayoría no tenían hogares a los cuales retornar, en muchos casos, fueron barrios enteros los que el huracán hizo desparecer.
Esta es la historia de un barrio de refugiados que terminaron huyendo a otro país para refugiarse de una consecuencia mayor.
El sistema democrático hondureño se desmorona. Desde hace más de una década, el pueblo hondureño ha vivido un proceso progresivo de penetración de la corrupción y el crimen organizado en la institucionalidad pública, que ha afectado a todos los poderes del Estado.
Los escasos contrapesos con que contaba el sistema han ido cayendo uno tras otro hasta configurarse el actual estado de las cosas. El trabajo realizado por UFECIC/MACCIH es la última barrera que los corruptos deben franquear para lograr garantizar su total impunidad. En los próximos días se decidirá la permanencia en el país de la MACCIH y con ella la propia supervivencia de la UFECIC.
El actual régimen se cimienta en un esquema de concentración del poder en la figura presidencial, que no es posible entender sin examinar el proceso de degradación de la vida parlamentaria hondureña. En este contexto, se puede decir que en los últimos años se ha producido una fuerte cooptación de la vida parlamentaria por diferentes redes de corrupción, en la que los conflictos de intereses, la malversación de fondos públicos, el transfuguismo y la penetración del narcotráfico han marcado el devenir del Congreso Nacional.
En los últimos años, se cuentan por decenas los diputados vinculados con actos de corrupción. Según declaraciones de Juan Jiménez Mayor, ex vocero de la MACCIH, en 2018 existía en Honduras una red de diputados corruptos que podría haber alcanzado a 140 miembros del Congreso Nacional (el total de miembros del congreso son 128 titulares y 128 suplentes). Esto supondría hablar de la mayor parte de los miembros del Congreso. Por otra parte, la penetración del crimen organizado en el Congreso Nacional es también evidente. La condena del exdiputado Tony Hernández, el pasado octubre en Nueva York, reveló los vínculos de numerosos miembros del Congreso con el narcotráfico. Esta investigación ha identificado que solo en las filas del gobernante Partido Nacional y entre miembros actuales del Congreso Nacional hay 11 diputados relacionados con el crimen organizado. Entre ellos destacan prominentes operadores políticos del partido como el propio Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional, David Chávez, Mario Pérez, Juan Carlos Valenzuela, Oscar Ramon Nájera, Milton Puerto y Rodolfo Irias Navas.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo y la figura del Presidente del Congreso
Los graves obstáculos para una labor legislativa transparente y democrática comienzan con la deficiente regulación del propio Congreso. Fue hasta el 2014 cuando se aprobó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ley que se caracteriza por sus múltiples lagunas y deficiencias. Esta ley dota al Presidente del Congreso de una serie de facultades que impiden el desarrollo democrático de la actividad legislativa. Entre otras cosas el Presidente del Congreso decide el orden del día de todas las sesiones parlamentarias.
Según Fátima Mena, excongresista del Partido Anticorrupción «esto supone que cualquier proyecto de ley o contrato presentado al Congreso solo será discutido y votado si el presidente así lo decide», de esta forma, un solo diputado cuenta con una capacidad total para bloquear iniciativas políticas. El presidente también tiene la potestad de nombrar a los miembros de las comisiones del Congreso, decidir sobre la asignación de fondos materiales y locales para el ejercicio de la labor parlamentaria, incluso puede decidir qué diputado suplente puede votar ante la ausencia de un titular. Según Gerardo Torres, miembro del Partido Libertad y Refundación, esta arbitrariedad coloca en una posición muy ventajosa al presidente del Congreso, ya que le otorga una herramienta de presión política antidemocrática que puede ser utilizada para condicionar el sentido del voto de los diputados.
La importancia política de la figura del presidente del Congreso fue evidenciada en el juicio por narcotráfico contra Tony Hernández. En este proceso judicial, el exalcalde y narcotraficante Alexander Ardón, admitió haber sobornado en 2010, y por encargo de Juan Orlando Hernández, a 3 diputados de Copán para que votaran a favor de la candidatura del actual presidente de la república a la presidencia del Congreso. De esta forma y en una fecha tan cercana al golpe de Estado de 2009, se daba lanzamiento a un proceso de degradación de la vida parlamentaria en el que de forma progresiva se fue fortaleciendo el control autoritario y antidemocrático del Poder Legislativo.
«Pacto de Gobernabilidad»
Durante la legislatura de 2010-2014 se fueron poniendo los cimientos para un nuevo ciclo político caracterizado por el ejercicio hegemónico del poder por parte del Partido Nacional y de Juan Orlando Hernández. Uno de los pasos fundamentales para afianzar este nuevo orden fue el establecimiento de un «pacto de gobernabilidad» entre las bancadas nacionalista y liberal. Dicho pacto, se produjo a inicios de 2014 y fue escenificado a través del nombramiento de Mauricio Oliva como presidente del Congreso.
Según el excandidato presidencial por el Partido Liberal Luis Zelaya, este nombramiento se produjo «en contra de lo acordado el 18 de enero de 2014, en una reunión de alcaldes liberales en el Lago de Yojoa, en el que participaron miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y el excandidato presidencial Mauricio Villeda». En esa reunión se decidió que el Partido Liberal propondría un candidato para presidir el Congreso Nacional, que contaría con el apoyo de los partidos emergentes LIBRE y PAC, con los que sumaban mayoría. Sin embargo y según Luis Zelaya, «el expresidente Carlos Flores Facussé intervino en un momento posterior para evitar el nombramiento de un liberal como presidente del Congreso». Finalmente, el 25 de enero de 2014 Mauricio Oliva fue nombrado en el cargo con los votos de la bancada liberal.
Las razones que llevaron al Partido Liberal a declinar la presidencia del Congreso son desconocidas. Lo que sí sabemos hoy es que, por esas fechas, destacados miembros del Partido Liberal recibieron fondos públicos del gobierno nacionalista en el marco del Caso Pandora. Según la investigación presentada por MACCIH/UFECIC, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal recibió 100 millones de lempiras de fondos sustraídos a la Secretaría de Agricultura para financiar su campaña electoral de 2013. Además, también se acusó de haber recibido fondos a destacados líderes del partido como Elvin Santos o el entonces candidato presidencial Mauricio Villeda. De manera reciente se ha conocido que el diputado liberal Fredy Nájera (preso en Estados Unidos por narcotráfico) afirmó en una conversación telefónica interceptada por la DEA que Mauricio Oliva entregó 60 millones de lempiras a diputados liberales para que votaran por él como nuevo presidente del Congreso Nacional.
La Diarrea Legislativa
Una vez que el Congreso quedó bajo el control del oficialismo, la degradación de la vida parlamentaria fue en aumento. Días después del nombramiento de Oliva, en enero de 2014 el bipartidismo aprobó en el Congreso Nacional 80 decretos y 20 leyes. Con esta acción inaudita, el Congreso Nacional superó toda la producción legislativa de los años 2012 y 2013 en cuestión de días, aprobando una serie de medidas que sin duda no fueron discutidas y probablemente ni siquiera votadas en el hemiciclo.
Esta monumental ilegalidad, conocida popularmente como la «diarrea legislativa», sobre la cual varios diputados presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, denominándola como el «robo parlamentario del siglo», fue clave para introducir un nuevo patrón en la vida parlamentaria, basado en la falta de transparencia, los conflictos de intereses y el tráfico de favores entre miembros del Congreso.
Entre las normas aprobadas se incluye la conocida Ley de Secretos, que en adelante cerraría los principales mecanismos ciudadanos para exigir cuentas al estado. Además, se aprobó una nueva Ley de la ENEE, a la que se endosó la aprobación de decenas de licencias de explotación de recursos naturales que vinieron a agravar la agónica situación que atravesaba la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entre las empresas beneficiadas destaca la sociedad «Inversiones La Aurora», mencionada en 50 ocasiones en el decreto de aprobación de la Ley de la ENEE. Esta empresa está controlada por la actual vicepresidenta del Congreso Gladis Aurora Lopez (su esposo es el representante legal), con lo cual se patenta la ilegalidad de la actuación del Congreso ya que los diputados no pueden ser contratistas del Estado.
La elección de una nueva Corte Suprema de Justicia en 2016
En los años siguientes continuaron sucediéndose los escándalos en el Congreso Nacional. El más sonado de todos fue el proceso de nombramiento de nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia a inicios de 2016. En aquel proceso, el oficialismo presentó una propuesta de 15 magistrados, pactados entre nacionalistas y liberales, que eligieron a 8 y 7 magistrados respectivamente. Esta propuesta fue votada el 26 de enero, sin alcanzar el mínimo de votos favorables para su aprobación. En un sistema democrático lo lógico hubiese sido la apertura de un proceso de negociación con el resto de fuerzas políticas para alcanzar un consenso. No fue el caso.
En las siguientes semanas la misma nómina de candidatos fue presentada en sucesivas ocasiones hasta que se logró su aprobación. En el proceso, 8 diputados de LIBRE y 4 del PAC acabaron cambiando el sentido de su voto y terminaron apoyando la nómina propuesta, desobedeciendo las instrucciones de la dirección de ambos partidos, y generando una fuerte crisis interna en ambas instituciones políticas. De esta forma, el presidente Juan Orlando Hernández lograba su principal objetivo de la legislatura: nombrar una Corte Suprema a su medida, que diese vía libre a su reelección en 2017.
Para lograr los votos necesarios, desde la presidencia del Congreso se aprovecharon las lagunas existentes en la Ley de la Corte Suprema de Justicia. Así, se reglamentó que el voto de los diputados iba a ser secreto, con el objetivo de impedir que se conociera la identidad de los diputados que votarían en contra de la disciplina de partido. Sin embargo, la llamada a realizar un voto público por parte de las autoridades de LIBRE y PAC permitió identificar a los diputados que cambiaron su parecer y acabaron votando por los candidatos propuestos por el Partido Nacional.
Según Gerardo Torres, en este proceso «se fue ofreciendo a los diputados de LIBRE, cada vez más dinero por cambiar su voto. En los primeros días pagaron 5 millones a cada diputado, pero a los últimos en cambiar su voto les pagaron 20 millones de lempiras». Torres afirma que LIBRE tiene pruebas de estos hechos y que en su momento el partido presentó una denuncia en el Ministerio Público que a la fecha sigue engavetada. En el caso del PAC, la crisis desatada tras esta votación tuvo consecuencias mucho más graves, pues acabó provocando que el partido se dividiera y terminara en manos de un sector disidente encabezado por Marlene Alvarenga. Esta líder arrebató el control del partido a Salvador Nasralla a través de un polémico proceso de primarias en el que solo participó ella, y que fue avalado por la justicia electoral oficialista. Según Fátima Mena, el Partido Nacional logró el voto disidente de 4 diputados de su partido a través de acciones de chantaje, como por ejemplo, en el caso de la entonces diputada Marlene Alvarenga, que fue chantajeada por ser esposa de un expolicía depurado con vínculos con el cartel de los Cachiros.
En otros casos como el de Ana Joselina Fortín, su voto podría haber ido acompañado de promesas de participación política que posteriormente se verían materializadas en su candidatura (infructuosa) a una diputación por el Partido Nacional en las elecciones de 2017.
En la actualidad, y gracias a la presentación de los casos «Red de diputados» y «Arca abierta» por MACCIH/UFECIC, sabemos que en los meses anteriores al nombramiento de la Corte Suprema en 2016, diputados oficialistas y opositores tuvieron acceso a fondos públicos aprobados desde la presidencia de la república. Dichos fondos provenían al menos de dos fuentes: el Fondo de Desarrollo Departamental y la Institución 449.
Según Fátima Mena, en aquel contexto «el Fondo de Desarrollo Departamental fue utilizado como uno de los mecanismos de compra de votos de diputados de la oposición». Gracias al caso «Arca abierta» hoy sabemos que fondos originados en la Institución 449 fueron entregados a varios diputados del Partido Nacional, Unificación Democrática y LIBRE con la aprobación del presidente de la república Juan Orlando Hernández, presuntamente estos diputados se apropiaron de los recursos públicos.
La Institución 449 es un fondo manejado por la presidencia de la república con escasa supervisión y como se puede comprobar, con un alto potencial para ser utilizado como moneda de cambio para favores políticos. Creado en 2002, en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, su presupuesto pasó de 200 millones de lempiras en 2014 a 11,450 millones de lempiras en 2018. Según diversas investigaciones, existe todo un entramado de ONG´s dirigidas por diputados, que son utilizadas para sustraer fondos públicos provenientes del Estado. La entrega de fondos a estas organizaciones ha puesto en la mira de MACCIH/UFECIC a diputados de todos los partidos, incluyendo al propio Mauricio Oliva.
El panorama dentro del Congreso Nacional es desalentador. El marcado aumento del transfuguismo, las sospechas generalizadas de compra de votos de congresistas, los conflictos de intereses manifiestos de los miembros del congreso y el tráfico de influencias denotan un escenario en el que un gran número de miembros del Poder Legislativo no representan opciones políticas genuinas independientemente del partido al que representen, sino intereses particulares. En este contexto, existe una estrategia permanente desde hace más de 4 años para garantizar la impunidad por los actos de corrupción cometidos por miembros del Poder Legislativo.
Abundan las acciones en el marco de esta estrategia, como la aprobación de la inmunidad parlamentaria y la reactivación del fondo de desarrollo departamental el pasado octubre. Ambos decretos van dirigidos a sostener un sistema que facilita el intercambio de favores, el conflicto de intereses y la impunidad en el Congreso Nacional. Y no constituyen un hecho aislado, ya que son la continuación de los esfuerzos de un amplio sector de diputados por enriquecerse y blindarse frente a acciones penales por delitos que hayan podido cometer.
Entre los antecedentes a esta acción se puede mencionar la publicación de un texto adulterado de la Ley de Presupuesto de 2017, que permitió la liberación de los acusados en el caso «Red de diputados», la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el convenio de la MACCIH y la aprobación de un nuevo código penal con penas reducidas para los delitos de corrupción. En los últimos días, las bancadas del Partido Nacional han aprobado una reforma a la Ley de Tribunal Superior Cuentas, que no es más que el enésimo intento de bloquear todas las investigaciones de corrupción en curso.
En este contexto, el trabajo de MACCIH/UFECIC ha sido fundamental para revelar la existencia de la dinámica descrita en esta investigación. Es evidente que, co mo consecuencia de su labor, existe una fuerte presión desde el Legislativo para no renovar el mandato de la MACCIH, que podría abandonar el país en enero de 2020. En los próximos días el ejecutivo de Juan Orlando Hernández decidirá si renueva la misión, la transforma en otra cosa o la cierra. La presión ciudadana y de la comunidad internacional al respecto será clave para lograr su mantenimiento.
Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Contracorriente.
La comunidad de Vallecito, considerada el último santuario garífuna, es también pensada como el primer territorio libre de un pueblo que debe enfrentarse todos los días a las amenazas que implica coexistir en una zona fértil para el monocultivo de palma aceitera y el narcotráfico.
Ubicada en el municipio de Limón, este territorio ancestral garífuna fue ocupado durante un tiempo por Reinaldo Villalobos, un terrateniente que había construido la finca «El Dorado» donde una pista de aterrizaje, que según pobladores de la zona, era usada para el narcotráfico. Hoy, esa pista es la plantación de cocos y yuca de la comunidad. Villalobos, —cuenta Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)— murió mientras iba a recoger un cargamento de droga a mar abierto, su embarcación naufragó y del susto murió de un paro cardíaco, y no fue hasta después de su muerte que llegaron los militares a dinamitar la pista del narco.
En 1991 se reinicia el proceso de ocupación, y no es hasta 1994 que la comunidad conquista la titulación de sus tierras. En aquel primer momento, Miriam Miranda fue la única mujer del grupo que volvía a este territorio, con el tiempo, otras mujeres siguieron su ejemplo, en la actualidad se construyen viviendas para más de 50 familias y son las mujeres las beneficiarias directas de este proyecto, son ellas a quienes la comunidad les adjudica las casas. Vallecito es la comunidad donde muchos garífunas —y algunos mestizos y algunos indígenas— tienen un lugar donde vivir.
Vallecito se ha construido desde la solidaridad, pero sobre todo desde la sororidad de sus mujeres. Sus habitantes, hoy sueñan con proyectos necesarios, urgentes, tanto como los que hicieron de Vallecito una comunidad fuerte, proyectos como el acceso a la salud integral, una que tenga un vínculo estrecho y respeto de los conocimientos ancestrales de la medicina garífuna, también sueña este pueblo con una universidad garífuna, donde la educación no esté regida por «preconcepciones eurocentristas» pero que construya un vínculo con otros saberes y formas de pensamiento.
Como una especie de verso que rima con el anterior, a Miriam Miranda, quien en la actualidad es el rostro visible del pueblo garífuna, se le ha otorgado el Premio de Derechos Humanos de la Fundación Friedrich Ebert 2019 en Alemania, la comparación con el Premio Goldman a Berta Cáceres quizá se vuelva imposible de evitar, ambas se consideraban hermanas, y a Miranda se le quiebra la voz cada que habla de ella.
Miriam es custodiada por cuatro militares, cuatro jóvenes que no superan los 20 años pero que visten de militar y cargan armas de grueso calibre para resguardar a una mujer que solo sueña con el día en que su vida y la de su pueblo no corra el peligro que corre en la actualidad. En 2014, a Miriam la secuestró un grupo de hombres armados en medio de la disputa con narcotraficantes, ahora esos grupos criminales no acechan de cerca Vallecito pero Honduras es un país controlado por carteles de narcotráfico, solo en lo que va de 2019 al menos 6 líderes garífunas han sido asesinados, muertes que si bien se vinculan a la defensa de sus territorios ancestrales, tienen que ver con la violencia del contexto. Miranda prefiere no decir un dato exacto de esta situación que agrava aún más las ya precarias condiciones en las que vive el pueblo garífuna.
La danza es vital para la comunidad de Vallecito, es uno de los elementos culturales más fuertes de la vida cotidiana de las comunidades garífunas, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Dos hombres pasan en motocicleta frente al Centro comunitario de Vallecito, 20 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Un hombre trabaja en el vivero de cocos que la comunidad de Vallecito ha elaborado, luego los cocos son transplantados, 20 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix. Un grupo de niños junto a su maestra de la escuela primaria de la comunidad de Vallecito, siembran cocos en tierras que antes fueron una narco pista, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Con la leyenda «Universidad Garífuna Faya» escrita en su puerta, la universidad garífuna aún es un sueño, el edificio aún no se utiliza para la educación superior que sueña la comunidad garífuna de Vallecito, 20 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Un niño toma apuntes de la pizarra en la escuela primaria de Vallecito, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Aurelia Arzú «Patrona» una de las líderes de la comunidad de Vallecito, revisa su teléfono celular en el porche de una casa construida en el primer asentamiento de la comunidad, 20 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Una mujer camina frente a los baños comunitarios de la comunidad de Vallecito, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Un grupo de mujeres camina por una calle en medio de la comunidad de Vallecito, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Miriam Miranda, coordinadora general de la OFRANEH, canta, baila y danza frente a dos jóvenes que tocan los tambores, Vallecito, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Una mujer se sienta en medio de una calle que atraviesa una plantación de palma aceitera, la tierra donde está la palma africana es una tierra que la comunidad de Vallecito aún tiene que defender de una cooperativa que ha invadido el territorio colectivo de los habitantes de la comunidad, 22 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Una joven cuida el fuego encendido encima del horno donde la comunidad cocina el pan de coco para la cena, Vallecito, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Cocina comunitaria de la comunidad de Vallecito, 20 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Una joven atiza el fuego de una hornilla de barro en la cocina comunitaria de Vallecito, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Miriam Miranda camina de regreso de la playa de Vallecito luego de dar una caminata matutina, por razones de seguridad, la líder garífuna explica que es algo que hace muy poco, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Junto a uno de sus cuatro custodios militares y hombres de la comunidad, Miriam Miranda, atraviesa en una balsa la laguna que separa la playa de la comunidad, Vallecito 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Un grupo de mujeres escucha atentas mientras Miriam Miranda habla para ellas, Vallecito, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Patrona, retratada en el interior de su casa en la comunidad de Vallecito, 22 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.En el campo de fútbol de la comunidad de Vallecito, un niño corre tras el balón con los últimos rayos de luz del día, 20 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Atardecer en la comunidad garífuna de Vallecito, 20 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
En la casa, en su trabajo, en la policía, en los juzgados, en organizaciones de Derechos Humanos.
Las mujeres han denunciado hostigamiento y violencia sexual en todos los espacios, las cifras señalan que la mayoría de los agresores conocen a sus víctimas. Menos de la mitad de las denuncias que llegan al Ministerio Público en Honduras entran a un proceso judicial, y de las que sí lo hacen, apenas la mitad recibe sentencia condenatoria. En ese contexto en que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia de género, no hay espacio seguro. Incluso las organizaciones de derechos humanos, esas que deberían velar cuando el Estado falla, no están exentas de esto.
En mayo de 2019, Wilfredo Méndez, director por ocho años del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), fue denunciado públicamente por nueve instituciones defensoras de mujeres y de derechos humanos por acosar laboral y sexualmente a empleadas de la organización.
Las organizaciones hicieron la aparición pública en una conferencia de prensa después de que Méndez elaborara y enviara una carta al director regional de la organización sueca DIAKONIA interponiendo una denuncia: «Contra la representación de DIAKONIA Honduras, por atentar contra la oficina que represento y por impulsar una campaña de desprestigio en mi contra, que tengo una larga y respetable trayectoria como defensor de derechos humanos». En la carta, Méndez denunciaba a Reina Rivera Joya por «utilizar sus influencias para impulsar múltiples acciones para destruir mi imagen y atentar contra la estabilidad de nuestra oficina», Méndez hizo la acción pública a través del programa En la Plaza, de Radio Globo.
Durante la conferencia de prensa la directora del Movimiento Visitación Padilla, Merly Eguigure, señaló: «Si esto lo sacamos a la luz pública es porque hoy Wilfredo Méndez empezó a ponerlo en el escenario público», añadió que en su organización tienen dos denuncias y afirmó que su carta solo refleja «desesperación por tapar las denuncias en su contra».
Berta Oliva, del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), dijo que el país se enfrentaba a uno de los peores momentos desde el Golpe de Estado: «Tenemos la información, inclusive cómo han venido trabajando desde inteligencia militar para ir socavando las agencias de cooperación, y teníamos también nombres de las agencias de cooperación que eran y son blancos. Esto no es casualidad porque el fondo es exhibir y demandar que se vaya una agencia que ha hecho historia en el tema de Derechos Humanos como es DIAKONIA».
Por su parte, el secretario general de DIAKONIA, Georg Andrén, firmó una aclaración pública en la que rechazaban las declaraciones y acusaciones; señaló que «el acompañamiento de las denuncias sobre acoso y violencia sexual se ha realizado desde la posición de Reina Rivera Joya como asambleísta de CIPRODEH y no como representante de DIAKONIA».
Meses después de que este caso se publicara y ya cuando los debates han ido pasando al ámbito más privado, Jessica Sánchez del Grupo de Sociedad Civil (GSC), nos recibió en su oficina para una entrevista. Ella fue la primera en recibir las denuncias de los empleados de CIPRODEH, dijo haber recibido amenazas de querellas por dar acompañamiento: «Uno lo espera de un militar, de la policía, pero de un defensor de derechos humanos, nunca», añade.
En ese momento ya se hablaba de querellas, entonces el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tabora, ofreció su apoyo legal al considerar que se trataba de un tema de libertad de expresión: «Porque hemos escuchado a Wilfredo decir que va a proceder legalmente y lo que podemos hacer es acompañar estos casos contra la libertad de expresión y creo que es un reto muy importante para las organizaciones fortalecer los mecanismos internos para darle trámite a las denuncias».
En su declaraciones a medios, Méndez dijo que todo se trataba de una campaña de desprestigio y una persecución política, que demandaría a quien tuviera que demandar: «Yo ahora tengo que replantearme muchísimo, estoy replanteándome porque siempre he sido abanderado del feminismo».
Sánchez cuenta que cuando una de las empleadas de la organización, que Méndez lideraba, le confesó que fue víctima de violencia sexual, ella recordó un encuentro que tuvo con él en un espacio: «Cuando yo lo confronto y le digo que es un misógino y un violador de Derechos Humanos me dijo “eso conmigo no va a funcionar porque a mí las feministas me aman”, entonces era un tipo que era aceptado en ciertos círculos de organizaciones feministas».
Las víctimas le comentaron a Sánchez que por esa razón acudían a ella y no a una organización de mujeres porque Méndez les había dicho que tenía pactos con ellas. Sánchez, tiempo después, fue a comprobar la información y estas le respondieron que no era así: «El tipo armó una red, de tal manera que ellas desconfiaban de todo el mundo, de las organizaciones de mujeres y de las sociales, entonces fue una cosa bien construida, es literalmente como una araña chiquitita que van tejiendo redes y envuelven a mucha gente».
Pero esto no es un caso aisaldo. Sánchez comenzó a recibir más denuncias. Si en Honduras no ha estallado aún un #MeToo, esto podía desatarlo.
El patrón: los agresores cuentan con una red de cómplices dentro de sus organizaciones. «Hay un patrón. Algunos casos fueron en el marco de un viaje de equipo, él llevaba dos personas que custodiaban y justifican diciendo que a ella le gustaba o quería pasar una noche».
De acuerdo con estudios de diferentes universidades estadounidenses publicados en el New York Times, este tipo de conductas no son extrañas entre abusadores: «Pueden asociarse con otros que también cometen abuso sexual. Por lo general niegan que han violado mujeres, incluso a pesar de admitir que se trató de sexo no consensuado».
Las investigaciones señalan que generalmente hay una desconexión para entender la violación. «Al preguntarles a los agresores si las habían penetrado sin su consentimiento los individuos respondían que sí. Al preguntarles si habían cometido un acto “parecido a una violación”, la respuesta era casi siempre negativa». Los expertos además revelaron que algunas características que comparten los hombres que han violado es que ellos no creen ser el problema, tener grupos de amigos que utilizan lenguaje hostil para describir a las mujeres, la presión social para tener sexo y los mitos de violación como la idea de que «no» significa «sí».
Wilfredo Méndez salió de CIPRODEH a finales de mayo y no tuvo repercusiones dentro de la organización por las denuncias.
La información oficial del Ministerio Público señala que existe una denuncia por violencia sexual en los últimos 10 años donde el agresor es una persona de una organización no gubernamental defensora de Derechos Humanos, la denuncia fue ingresada en 2019 y aún se encuentra en proceso de investigación.
Encuesta
Con el objetivo de generar información sobre las acciones asociadas a la violencia sexual, y basada en género, en las organizaciones sociales especializadas en derechos humanos en Honduras, Contracorriente realizó una encuesta, para que sumado a las entrevistas y testimonios, se revelen no solo situaciones relacionadas a la violencia sexual en estos espacios, sino también las respuestas formales e informales por parte de las organizaciones a tales situaciones. El análisis de los datos se hace desde una perspectiva de género que abarca, además de las expresiones violentas, una amplia gama de prácticas e imaginarios que reproducen y justifican relaciones sociales basadas en la inequidad, desigualdad, discriminación, injusticia y estigmatización por razones de género. En el centro de ese análisis están las relaciones de poder que tienen, entre otras, una expresión a través de la violencia sexual.
El universo de la encuesta es la sociedad civil hondureña. Se utiliza aquí un concepto limitado de sociedad civil en el que se incluye a las expresiones organizadas de la misma. Se excluye de esta definición a las expresiones de la sociedad civil no organizadas o informales.
De ese universo, la investigación se centra en una población de personas que laboraban (independientemente del tipo de contratación) en una organización de sociedad civil formal en el momento en que la encuesta se realizó.
Todas las preguntas del cuestionario indagan sobre información que es, o debería de ser, pública. Las personas fueron contactadas a título personal y se obtuvo su consentimiento para aplicar el instrumento. Los datos de identificación de las personas encuestadas son confidenciales así como los datos sobre las organizaciones seleccionadas. No se consultó sobre personas beneficiarias de las organizaciones como se puede ver en el cuestionario utilizado. La selección de organizaciones se hizo de acuerdo a una serie de criterios que incluyen el carácter formal de la organización, su acción pública en materia de derechos humanos y el tiempo de existencia como organización formal. Para seleccionar a las personas de cada organización se usó un criterio de proporcionalidad de género (50-50% hombres y mujeres) y se buscó abarcar la mayoría de opiniones de acuerdo a la estructura estándar de las organizaciones que abarca desde puestos de dirección hasta puestos de servicio y apoyo técnico.
Los resultados tienen un alcance delimitado y no pretenden dar cuenta de tendencias ni generalizaciones. Son indicios de situaciones que podrían dar lugar a más preguntas e investigación.
Se escogieron 17 organizaciones de las cuales se encuestaron un máximo de 8 personas y un mínimo de 4, según el tamaño de la organización y tomando en cuenta que el 50% de la muestra debía ser femenino y 50% masculino
Tres organizaciones de las seleccionadas solicitaron que el personal de Recursos Humanos viera el instrumento primero, y que dicho departamento eligiera quienes llenarían la encuesta. En esos casos, la encuesta no fue realizada dado que un condicionamiento de ese tipo rompe el principio de anonimato y condiciona los resultados ya que desde ese departamento se deriva la evaluación del personal y podría implicar consecuencias laborales para los encuestados. Eso impidió que se realizara la encuesta en una organización en su totalidad y, en las otras dos, a los miembros de la dirección. De esta manera la muestra se vio reducida.
Casa Alianza se encontraba en la muestra inicial. De las tres organizaciones fue la única que dio respuesta de manera institucional a la petición y explicación enviada por correo electrónico en la que se le indicaba que al no aceptar la encuesta podía brindar una entrevista para aclarar la respuesta negativa. La organización no permitió hacer la encuesta porque sus protocolos internos dicen que el personal de recursos humanos debe revisar el instrumento «con el propósito de que no se vaya a someter al personal, de manera innecesaria, a estrés».
El método de aplicación de la encuesta considera el anonimato como un principio fundamental en este tipo de recursos de investigación. En ese sentido, cualquier condicionamiento proveniente de las organizaciones encuestadas (selección de las personas por parte de algún directivo o personal administrativo) distorsiona los resultados y la calidad del estudio, además que expone a la persona y condiciona sus respuestas.
Eso implica que una selección hecha por el personal de Recursos Humanos que solicitó Casa Alianza introduciría un sesgo inevitable por el hecho de que es de ahí de donde proviene la evaluación de desempeño que sustenta la contratación de las personas. Casa Alianza señaló en una entrevista sí tener una política de género, pero que están conscientes que debe ser actualizada debido a que fue concebida desde una perspectiva de mayor acceso a trabajos y oportunidades, pero no incluye igualdad y equidad en información, toma de decisiones, de protección, promoción de la igualdad.
En el caso del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y el Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) que solicitaron una carta de parte del medio, vía correo electrónico, al cierre de este texto, seguían sin enviar su respuesta.
Se les preguntó a las encuestadas y los encuestados sobre las políticas y protocolos con los que su organización cuenta para la prevención y tratamiento de la violencia basada en género. Las mujeres, en su mayoría, dijeron conocer la política de género, a diferencia de los hombres. Los hombres que dijeron sí conocerla apuntaron haberlo hecho a través de inducción al trabajo. Las mujeres, en su mayoría dijeron haber conocido la política porque participaron en su elaboración. La participación desigual de hombres y mujeres afecta la vigencia de la política de género, partiendo de que por ser política debe ser pública y bien conocida por las personas impactadas por ella, en este caso las empleadas y empleados de la organización.
En este punto las mujeres dijeron conocer sobre un reglamento de aplicación de la política de género, a diferencia de los hombres, de los cuales más del 50% respondió no saber sobre un reglamento. Sin embargo, una tercera parte de las mujeres contestó que la política de su organización no cuenta con reglamento, lo que denota un vacío en la forma de aplicar la política.
EL 90% de las personas que contestaron no conocer la política de género dijeron que sí es necesaria y apuntaron que las razones por las cuales debería haber una política de género son:
1. Porque hay muchas cosas que pasan en la organización que se resolverían con una política de género.
2. Porque es una vergüenza no tener política de género siendo organización de derechos humanos
En esta sección de la encuesta se leyó una serie de afirmaciones con las cuales las personas podían estar o no de acuerdo. En las afirmaciones que se refieren a la utilidad de la política de género los números entre hombres y mujeres no varían, es claro que las personas encuestadas hablan desde su posición en la organización, sin embargo cuando se habla de conductas, comportamientos y dinámicas sociales, las respuestas varían y va poco a poco desmenuzando la realidad que el discurso suele rodear.
«Los hombres debemos de tener el valor de enfrentar a otros hombres y señalar qué es lo que estamos haciendo mal, no es suficiente con quedarnos callados y decir: «Yo no digo esto, no cuento chistes homofóbicos». No, tenemos que dar el paso y decirlo».
Mejía señala que en las organizaciones, para que los protocolos funcionen deben ser políticas institucionales que vayan a la par de un proceso de formación y concientización hacia los hombres: «Creo que es sumamente fundamental entender que lo personal es político porque no podemos exigir la democratización del país si en lo privado somos unos pequeños dictadores en el hogar, en las relaciones laborales y en las organizaciones, y eso implica renunciar a privilegios»
Jessica Sánchez, Grupo de Sociedad civil.
«Sabemos que el sistema judicial no va a estar de nuestra parte, sabemos que es una lucha desigual, pero vamos a seguir. Estamos ante un monstruo que no solo es el sistema, es el patriarcado porque tienen pactos entre ellos. Sabemos que estas cosas se dan en las organizaciones y todo el mundo las calla, todo el mundo las piensa mejor. Esto debe aceptarse, tiene que parar y debemos tener protocolos».
Jessica Sánchez dice que estas políticas no deben ser únicamente requisitos solicitados por la cooperación: «Estos tipos que hacen acoso, violencia sexual, que tienen relaciones con sus empleadas (que no debería ser porque es una cuestión de poder), son muy apoyados por algún tipo de cooperación. Yo no sé si saben, pero sí creo que los cooperantes deben tener un código de ética sobre acoso y violencia sexual para que las organizaciones que trabajen con ello y reciban sus fondos se comprometan a no hacer ciertas cosas».
Aunque la mayoría de las personas encuestadas sabía de una política de género en su organización, en el caso de una política específica contra el acoso sexual, la mitad dijo saber y la otra mitad no saberlo, sin distinción de género. Cuando hablamos del tema de acoso sexual, desde la percepción hasta conocimiento de casos, frecuencia y probabilidad de que ocurra en la organización, los hombres se mostraron más renuentes a hablar sobre acoso y las mujeres más abiertas para hacerlo.
En esta sección de la encuesta se leyó una serie de afirmaciones con las cuales las personas podían estar o no de acuerdo. En las afirmaciones que se refieren a la aceptación del acoso sexual como algo normal y quizá ahora tomado de manera «exagerada», los hombres manifestaron estar de acuerdo, a diferencia de las mujeres que se mostraron intolerantes a cualquier justificación para el acoso sexual.
Para abordar el tema de acoso sexual se preguntó sobre conocimiento de casos, frecuencia en que estos suelen suceder dentro de la organización y acciones que se realizan institucionalmente o que se adoptan como colectivo para enfrentar la situación.
Las personas encuestadas, en su mayoría dijeron no conocer sobre casos de acoso en su organización, sin embargo, el número que dijo que sí, en su mayoría mujeres, apuntaron que sucedía tanto en el cumplimiento de labores, como en los espacios fuera del ambiente laboral y contra personas que son externas a la organización. Aunque la mayoría se apegó a la coherencia entre el discurso basado en políticas de género o conocimiento del tema que se ha dado en la organización, cuando se preguntó si hubo acoso y cómo se abordó, la mayoría dijo que tanto los victimarios como las víctimas no quisieron hablar del tema, que «no se supo». Un porcentaje que marcó «otro» y especificó que no hubo casos, esto fue solo el 15%, el 85% dijo que no se supo, en un porcentaje menor que se aplicó la política y en otro que se llevó a los tribunales el caso.
Cuando se preguntó sobre las relaciones de poder entre victimarios y víctimas, la mayoría se abstuvo de contestar, sin embargo el segundo porcentaje mayor dijo que el victimario tenía un puesto de poder. Esto se cruza con el hecho de que la mayoría dijo de que ante un caso de acoso no hay acciones para resolverlo y se intenta, al contrario, esconder el hecho.
Cuando a las personas se les coloca frente una serie de argumentos sobre si el acoso ocurre en la organización y que esto responde a relaciones de poder desiguales, responden negando que eso sea así, aislando los casos de un comportamiento institucional.
La percepción general de las personas encuestadas, sin embargo, es que las mujeres son en su mayoría las víctimas de acoso y los hombres, los acosadores. Aceptando un patrón social que va más allá de lo institucional
Las personas encuestadas, en su mayoría dijeron no conocer sobre casos de violación sexual en su organización, sin embargo el número que dijo que sí, en su mayoría mujeres, apuntaron que sucedía entre personas que no trabajan juntas. Aunque la mayoría se apegó a la coherencia entre el discurso basado en políticas de género o conocimiento del tema que se ha dado en la organización, cuando se preguntó si hubo violación y cómo se abordó, la mayoría dijo que no ocurrió nada y que tanto los victimarios como las víctimas no quisieron hablar del tema, que «no se supo».
Cuando se preguntó sobre las relaciones de poder entre victimarios y víctimas, la mayoría dijo que no tenían relación de trabajo, sin embargo el segundo porcentaje mayor dijo que el victimario tenía un puesto de poder.
Cuando a las personas se les coloca frente a una serie de afirmaciones (técnica de afirmaciones hipotéticas) sobre si la violación ocurre en la organización y que esto responde a relaciones de poder desiguales, responden negando que eso sea así, aislando los casos de un comportamiento institucional.
Cuando preguntamos de violación sexual y la percepción sobre víctimas y victimarios, las mujeres respondieron que las mujeres no suelen ser víctimas de violación y los hombres, al contrario, las ubican como potenciales víctimas. La negación de las mujeres ante esto refuerza su respuesta con respecto al conocimiento de casos. Los hombres admiten más conocer casos y que esto es probable, frecuente, las mujeres no.
LUISA Luisa llevaba años trabajando en una organización de derechos humanos, había normalizado muchas cosas: trabajar todo el día y los fines de semana, los pleitos por protagonismo e incluso los malos tratos. Pero algo le incomodaba constantemente, sentía que su jefe en varias ocasiones la besaba muy cerca de la boca o le tocaba los pechos. Luisa llora al contar su historia, dice no entender por qué no pudo controlar la situación «uno debe pasar y decirle “bueno y a usted ¿qué le pasa?” se lo dije a una compañera una vez y ella me dijo que había sentido algo similar» cuenta Luisa.
«Fue una cosa en la que uno misma trata de pensar que no es así, que de repente es cariñoso o que tal vez malentendió las cosas porque una es cariñosa» Luisa cuenta que sus intenciones quedaron claras cuando él comenzó a enviarle mensajes diciendo que ella no había entendido que la quería de otra forma y le pedía verla a solas para hablar. Aunque ella le respondió recordándole que él era su jefe, él insistía.
Desde ese entonces la vida laboral de Luisa cambió para siempre «lo que hacía era nunca estar a sola, nunca encontrármelo a solas y como siempre he sido en mis trabajos: trataba de no convivir mucho más que como jefe-empleada». Luisa llegó a sentirse acosada constantemente, incluso cuando su jefe buscaba verla a sola en viajes de trabajo.
Luisa dice que cuando su jefe comprendió que no iba a acceder, comenzó a ejercer acoso laboral en su contra. En ese momento ella se preguntaba por qué después de tantos años para él ya no era buena empleada, ya no hacía bien su trabajo, «él percibía que no me estaba dejando, no me gustaba, lo estaba repeliendo y siempre que podía en espacios públicos hablaba duramente sobre el hostigamiento sexual» toda la situación le produjo ansiedad y ahora tiene que vivir dependiente de medicamentos. Aunque Luisa amaba y necesitaba su trabajo, decidió renunciar.
Aunque Luisa quisiera hablarlo públicamente, la detiene ver las respuestas que han tenido contra las mujeres que han hecho sus casos más públicos, no quiere que cuestionen por qué no habló en su momento. Luisa perdió su celular hace poco con las pruebas del acoso, «ahora siento que tengo nada más que mi palabra» sentencia.
***
ANA
Ana comenzó a trabajar en una organización de derechos humanos al hacer entrevista y ganar un concurso. Al poco tiempo de estar en la organización fue víctima de abuso sexual por una persona con un puesto jerárquicamente mayor al de ella. Ana pasó en negación durante mucho tiempo y siguió su trabajo, sin contarle a nadie.
Con el paso del tiempo su vida laboral se fue volviendo cada vez más difícil. Su agresor se acercaba a ella y cuando podía le recordaba: «Todo lo que usted diga puede hacer crecer o destruir su carrera». Ana dice que vivió años de humillación, hostigamiento, silencio y dolor.
«Fue terrible porque ni siquiera recordaba lo que había hecho, eso había quedado guardado en mi subconsciente y salía cuando menos lo esperaba». Ana al principio se sentía culpable, se cuidaba mucho de no quedarse sola con él y cuando no pudo con la carga decidió contarle a una de sus compañeras de trabajo, pero ella le comentó a su agresor, entonces los ataques directos empezaron.
Ana dice el ambiente laboral se volvió muy difícil, otros compañeros se enteraron y comenzaron a tener represalias. «Probablemente se sintieron aludidos o cayeron en el nivel de manipulación que tiene, él decía que yo hacía esto para destruir a la institución y no porque yo tenía necesidad».
«Sé que no es fácil ahora y no va a ser fácil la cuestión es que no solo son compañeros que están en las organizaciones, sino que son otros directores de sociedad civil que se han apoyado entre sí. Son como grupos de machos que realizan estas prácticas de abusar de personas y ellos siguen operando, tienen contactos en todas partes y son como una pequeña red de corrupción».
Ana tuvo que renunciar a su trabajo, dice que durante el tiempo que intentó mantenerse en la organización le era difícil hacer su trabajo, concentrarse y sentirse bien con sus compañeros. «Sigo cargando con todo esto mientras mi agresor sigue por ahí intentando limpiar su cara. Sé que muchas otras mujeres en la misma organización han pasado por situaciones similares o peores, pero que no se atreven a denunciar porque también denunciar a un tipo como este significa que te bloqueen por completo en la sociedad civil».
A las personas se les preguntó qué tan probable es la violación sexual, el acoso sexual, el hostigamiento por denunciar o el apoyo por denunciar. Si tomamos los extremos, «nada» como referencia a cero probabilidad y «poco», «algo» y «mucho» como la probabilidad de que las cosas sucedan en diferente escala de percepción, tenemos un 60% de probabilidad que estos hechos ocurran. En ese sentido, la respuesta institucional debe ser tal que genere una percepción de ser fuerte, intolerante, sin embargo, las encuestadas y encuestados mostraron puntos en los que los protocolos se pueden ajustar para brindar mejor respuesta y leves problemas de coherencia sobre la cultura machista arraigada a pesar del discurso de defensa de derechos de las mujeres.
La encuesta permitió observar que muros culturales, políticos e ideológicos y miedos generados por relaciones de poder en el ámbito laboral persisten incluso en espacios en donde eso está llamado a ser superado. Si bien hay porcentajes que denotan la existencia de procedimientos formales (políticas), hay también porcentajes que denotan sus fracturas y que estas son, en algunos casos, minimizadas ante la prioridad otorgada a la acción política, al discurso o a una cultura generalizada que no otorga importancia a estos hechos. Así como los derechos humanos son dicotómicos (se cumple o no, sin términos medios) la coherencia respecto del discurso y las prácticas en materia de violencia basada en género también debería serlo. La encuesta en su totalidad denota que esto aún es un campo con márgenes borrosos en donde existe la probabilidad de ocurrencia de la violencia basada en género y la revictimización, por lo tanto, es posible.
Betty Vásquez coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS)
«Aún queda esa gran deuda sobre el respeto de nuestros cuerpos, a pesar de que se llamen compañeros, siempre están pensando en que las mujeres debemos aceptar piropos y no exigir respeto, que las mujeres deben someterse o sentirse halagadas por hombres mayores, aunque a quienes estén halagando, que en realidad es acoso, sean menores».
La coordinadora del MAS asegura que además el patriarcado es algo que alimenta al sistema capitalista por el que luchan los movimientos y las organizaciones. «El patriarcado es una cosa que al sistema capitalista le conviene mantenerlo y el machismo es un ingrediente fundamental para la opresión, represión y manipulación, no solamente de nuestras conciencias sino para la manipulación del acceso y la toma de decisiones para el poder».
Helen Ocampo, Centro de Derechos de la Mujer (CDM)
«Por eso es importante que dentro de las organizaciones existan políticas y reglamentos internos funcionales que aborden la desigualdad, que puede ser desde salarios, acceso a puestos de trabajo porque normalmente las mujeres no suelen ser recomendadas para altos puestos de trabajo por el machismo¿cómo podemos tratar de defender eso a lo externo de la organización si no lo hacemos a lo interno?».
Ocampo añade que no importa el cargo que ostente el agresor o agresora sexual, «tienen que tomarse cartas en el asunto y tomar la denuncia y acompañar a la sobreviviente de violencia sexual de la forma en que requiera porque cada caso es distinto».
«No tengo más que mi palabra»
Romper el silencio tiene consecuencias negativas para quienes denuncian, las víctimas a las que Contracorriente tuvo acceso aseguraron que lo que las detiene de denunciar o hablar públicamente es el estigma que recae sobre ellas. Las mujeres, incluso si deciden someterse a un proceso judicial, son juzgadas en el proceso y fuera de él sobre si son ciertas sus historias o si ellas permitieron que sucedieran.
De acuerdo con un estudio publicado por la revista de Ciencias Forenses en Honduras, la revictimización en las instituciones es una causa del silencio de las víctimas. «En la mayoría de casos por agresión sexual, indirectamente conlleva a que la víctima sea revictimizada por los operadores jurídicos, exponiéndose a sufrir un mayor daño que el proporcionado por el delito en sí», manifiesta el documento.
A las víctimas el sistema judicial, policial y hasta el de defensores de derechos humanos parece condenarlas al silencio, la vergüenza y a la impunidad de sus agresores. La legislación no contempla los procesos de las víctimas y cómo a muchas les cuesta años entender que lo que les sucedió fue una violación. Tampoco parece que el sistema se esté enfocando en desarrollar métodos investigativos para comprobar las violaciones y hostigamiento sexual que en la mayoría de los casos se dan sin testigos presenciales.
El panorama judicial para las víctimas de hostigamiento o violencia sexual luce más desolador, el nuevo Código Penal reduce las penas. Los casos de hostigamiento sexual serán penados entre 1 a 2 años de reclusión, un año menos que antes, la pena sigue siendo conmutable y los agresores pueden seguir en libertad.
La mayoría de los casos de hostigamiento sexual no llegan a juicio, de acuerdo con la base de datos del Ministerio Público del 2016 a 2018 recibieron 415 denuncias por hostigamiento sexual de las cuales apenas cinco ingresaron a la Corte Suprema de Justicia y solo cuatro tuvieron resolución, tres sentencias condenatorias y un sobreseimiento.
En los casos de violencia sexual el Ministerio Público registró que entre 2016 y 2018 se registraron 2952 denuncias mientras que en la Corte Suprema de Justicia solo ingresaron 890, ni siquiera la mitad de los casos. De estos casos el 50% de los casos fueron resoluciones absolutorias.
En los casos de violencia sexual la situación ha sido denunciada en muchas ocasiones. El nuevo Código Penal rebaja las penas a los violadores al no especificar agravantes y encerrar a todos en penas de 9 a 13 años, la única excepción es si la víctima es menor a 14 años. El antiguo Código Penal contemplaba una pena mayor para quien «intencionalmente drogue o embriague a una persona con el fin de violarla». Mientras la nueva legislación no especifica el uso de drogas o estupefacientes, deja un margen más amplio en el tema y no añade años de reclusión.
La situación procesal y judicial para las víctimas es difícil, pero las consecuencias que tiene en salud mental incluso si no denuncian son graves, según Médicos Sin Fronteras (MSF). En los últimos tres años en MSF atendieron a 2,048 pacientes que presentaron diferentes afecciones psicológicas: trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, estrés agudo, más de la mitad de las sobrevivientes de violencia sexual asistieron después de las 72 horas, en un 28% fue por desconocimiento de un tratamiento y un 22% por afectación emocional.
Edgar Boquín, psicólogo y gestor de salud mental en Médicos Sin Fronteras (MSF), dice que en los casos de violencia sexual se debe buscar un tratamiento integral que evite la revictimización «que es cuando hablan en diferentes momentos, en diferentes lugares, con diferentes personas sobre lo mismo que les pasó y expone mucho a las personas a evidenciar nuevamente los traumas, a sentirse juzgadas cada vez que lo cuentan».
El estudio publicado por la revista de Ciencias Forenses en Honduras dice que los profesionales encargados de recibir las denuncias de estos delitos «no asumen la mejor actitud hacia la víctima siendo indiferentes a su dolor, no demostrando consideración alguna por el sufrimiento en el que estas se encuentran, al parecer, se han sistematizado a tal punto, de llegar a la deshumanización».
Boquín señala que el estigma impide a las víctimas buscar apoyo porque genera estigma el hacerle creer a las víctimas que ellas se expusieron a que esto les sucediera: «Creo que somos conscientes de que nadie anda en la calle buscando que alguien le asalte o agreda sexualmente, es una situación que ya depende del momento de quien agrede y su condición emocional y de salud mental». Además asegura que la revictimización genera consecuencias graves en la salud mental de las sobrevivientes: «El estigma también genera mucha sensación de tristeza y de separación de los vínculos de confianza en los pacientes que no sienten la facilidad para contarlo con alguien, ni siquiera en su círculo de confianza, por el temor a ser juzgados, estigmatizados frente a esta situación y que esto se vuelva algo público, del comentario boca a boca de que lo que le paso a la persona».
Dalila Flores del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla señala que en su organización reciben al menos un caso cada dos meses por hostigamiento sexual. «Han llegado muchos casos y pocos han podido llevarse a juicio porque no hay suficientes elementos de prueba. La prueba cae en quien denuncia, es quien se tiene que preparar para demostrar que efectivamente lo que está diciendo es verdad», además asegura tener denuncias registradas contra personas de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Entre los casos que involucran a organizaciones de derechos humanos, a los que Contracorriente tuvo acceso, las víctimas señalaban tener miedo del cuestionamiento público que se les haría y el tener que confrontar a sus agresores, personas que tienen muchos seguidores. Es su palabra contra la palabra de sus agresores, admirados y escuchados por sus propuestas de cambio social. La coherencia de las organizaciones que defienden derechos humanos parte de la premisa de que los derechos son innegociables y no tienen matices, en esto incluido los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a vivir en un espacio libre de acoso y violencia, si esta no existe en las organizaciones que señalan un sistema, cuyos datos nos dicen, es revictimizante. ¿Quién defiende a las víctimas de violencia sexual y quien defiende a las que defienden?
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El 1 de septiembre de 2019, el presidente Juan Orlando Hernández posó ante las cámaras, sonriente, en la apertura de la Oficina de Comercio y Cooperación de Honduras en Jerusalén. A su lado también sonreía uno de sus aliados políticos y militares más importantes en los últimos años, Benjamín Netanyahu, Primer Ministro de Israel. Detrás de cámaras, una pequeña comitiva de periodistas hondureños registraba todo para enviar informes a algunos de los medios de comunicación con mayor cercanía al discurso oficial en el país.
Según información otorgada a Contracorriente por la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP) de Casa Presidencial, el Poder Ejecutivo gastó 366 mil lempiras (15 mil dólares) en viáticos para miembros de la Oficina de Estrategia del Gobierno y periodistas de diversos medios de comunicación que acompañaron a Juan Orlando Hernández en la apertura de la extensión de su embajada en Tel-Aviv, paso previo de su traslado definitivo a Jerusalén.
Un video que se hizo viral en redes sociales mostraba a periodistas de La Prensa, Hable como Habla, Televicentro, Televisión Nacional de Honduras, HRN y prensa oficial de Casa Presidencial en un bus ejecutivo cantando y celebrando el cumpleaños de uno de los periodistas que viajó para cubrir el evento oficial del gobierno.
Contracorriente solicitó el listado íntegro de la comitiva e invitados del gobierno hondureño a la apertura de la Oficina de Comercio; sin embargo, no obtuvimos respuesta a dicha información por lo que no se puede confirmar el número exacto de periodistas que viajaron a Jerusalén para la cobertura. Según los videos difundidos por los mismos periodistas y medios, serían al menos diez comunicadores.
Casa Presidencial pagó pasajes aéreos, transporte y alimentación a los asignados de cada medio que cubrió el evento, según confirmó uno de los mismos periodistas que viajó a Israel. El pasaje aéreo individual en vuelo comercial en clase económica cuesta alrededor de 46 mil lempiras (1900 dólares); por lo que en total habrían gastado un aproximado de 465 mil lempiras (19 mil dólares) solamente en vuelos, cantidad que no coincide con la información proporcionada por la OIAP de Casa Presidencial. Esto quiere decir que la información es incorrecta o incompleta.
En el caso de diario La Prensa la asignada para este viaje fue la periodista Lisseth García, quien además es presidenta del Colegio de Periodistas de Honduras en el capítulo norte. La cobertura que dio este diario a la apertura de la Oficina Comercial, fue enfocada en las opciones de cooperación que podrían derivarse de la apertura de esta oficina. En especial destacaron las intenciones de Juan Orlando Hernández de potenciar el sector agrícola en Honduras a través de la experiencia de Israel en el rubro.
Una de las notas realizadas por La Prensa recoge una de las declaraciones de Hernández en la que asegura que «tenemos que aprender mucho de Israel, más hoy que se nos acaba el agua en muchas regiones del país, pero que cae estrepitosamente en muchos meses del año».
Según la nota se estaba gestionando una propuesta orientada a financiar la preparación académica para que los jóvenes tengan la oportunidad estudiar temas vinculados con la tecnología agrícola en Israel.
A pesar de estas declaraciones, cuatro días después, el 5 de septiembre se aprobó un decreto ejecutivo en el que se oficializa el nacimiento del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras adscrito a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), que contará con un financiamiento de casi 4 mil millones de lempiras (163 millones de dólares) provenientes en parte del Fideicomiso del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema.
La Prensa también enfocó su cobertura en la agenda de reuniones y visitas turísticas que tuvo el presidente en Israel, destacando sus encuentros en temáticas de ciberseguridad, tecnología e innovación.
La periodista Lisseth García, mencionó que es común que los presidentes paguen viajes a los medios de comunicación, “todos los presidentes han tenido eso, ¿es el primero que lleva prensa pues?, por eso a mi me extraña”, dice cuando se le pregunta sobre esta cobertura en Jerusalén.
Por su parte, Hable Como Habla (HCH), uno de los canales de televisión con mayor recepción entre la población del país, envió a Ariela Cáceres que en 2018 ganó el premio Froylan Turcios otorgado por el Congreso Nacional que reconoce la trayectoria de los periodistas en Honduras desde un poder del Estado.
Este medio de comunicación, con cobertura a nivel nacional, anunció una “Cobertura Especial desde Israel” a sus televidentes. En uno de los últimos enlaces que la periodista emitió desde Israel aseguró que la “misión se cumplió” y dijo que en septiembre se instalaría una Oficina Comercial de Israel en el Centro Cívico Gubernamental de Tegucigalpa. Dicha representación diplomática no ha llegado al país hasta la fecha de publicación de esta nota.
En otro de los videos que se difundió, se observa que entre la comitiva de periodistas nacionales que cubrieron la apertura de la Oficina de Comercio se encontraba Mayra Navarro, quien se describe en su página web como “periodista internacional y ganadora de un Premio Emmy”, sus informes noticiosos registrados en su propia página web indican que copió los tweets de las cuentas del presidente y la primera dama para una de sus notas, y en otra copió el contenido íntegro de las notas de prensa emitidas por la Oficina de Comunicaciones de Casa Presidencial.
Toda la información positiva sobre la apertura de esta representación diplomática aparentemente no dio espacio para que los periodistas también informaran que, según The Time of Israel, el inmueble donde se ubicarían las oficinas reales no estaban listas a tiempo para la ceremonia de inauguración y tuvieron que utilizarse las de un despacho de abogados. Los letreros en la puerta del bufete de abogados fueron reemplazados con rótulos de la Cámara de Comercio de Honduras y luego todo regresó a la normalidad.
Sin acceso real a la información
El 8 de octubre Contracorriente solicitó a la Oficina de Acceso a la Información de Casa Presidencial una copia del listado de la comitiva e invitados del gobierno hondureño a la apertura de la Oficina de Comercio y Cooperación de Honduras en Jerusalén, copia de viáticos y gastos de viaje asignados por persona y copia íntegra del programa cumplido por representantes del gobierno en su visita a Israel; de estas tres preguntas ninguna fue resuelta a cabalidad y dicha oficina se limitó a enviar un correo con los supuestos gastos generales en los que incurrió cada comitiva.
Según dicho correo además de los supuestos 366 mil lempiras en viáticos que gastó por la prensa invitada y la oficina de Estrategia Presidencial y Comunicaciones de Gobierno; la comitiva de Despacho Presidencial gastó 34 mil lempiras.
Esta comitiva fue integrada por el presidente, Ana García de Hernández, el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz; de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Lisandro Rosales; y de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo.
El hotel en que se hospedó esta comitiva fue el David Citadel Hotel en el que cada noche en habitación básica para dos personas cuesta alrededor de 14 mil lempiras (570 dólares); según el registro de vuelo del avión privado presidencial fueron cuatro noches en Jerusalén por lo que en total habrían gastado 56 mil lempiras (2 mil dólares) solo en la pareja presidencial. A menos que los costos de viaje hayan sido pagados por el gobierno de Israel, la información proporcionada por la OAIP es incorrecta.
Ante esta inexactitud y falta de información de acuerdo a la solicitud realizada, Contracorriente ingresó un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para que la información se complete.
Esta no es la primera vez que la Oficina de Acceso a la Información de Casa Presidencial no completa o evade información solicitada por Contracorriente; el 25 de junio de 2019 se solicitó la agenda desarrollada en la reunión que el 15 de marzo sostuvieron el Consejo de Secretarios de Estado con el pastor Miguel Muñoz de la organización religiosa internacional Capitol Ministries, dicha instancia de información contestó, después de haber interpuesto un recurso de revisión, que no tenían registros de actividades con Capitol Ministries.
Sin embargo, una publicación en Facebook de la primera dama, Ana García, confirma la existencia de la reunión.
Relaciones entre poderes
El pastor evangélico Miguel Muñoz es el representante en Honduras de Capitol Ministries y desde septiembre es director de la Oficina de Comercio y Cooperación de Honduras en Jerusalén. Foto tomada de Diario La Prensa.
Además de los periodistas y miembros del gabinete que acompañaron a Juan Orlando Hernández, también hubo una comitiva de al menos quince pastores evangélicos que viajaron para presenciar la apertura de la Oficina de Comercio y Cooperación de Honduras en Jerusalén. Entre esos pastores estaba Miguel Muñoz, representante de Capitol Ministries en Honduras.
Capitol Ministries es una organización religiosa fundamentalista que se dedica a impartir estudios bíblicos en congresos y capitolios de 60 países en el mundo, incluido Honduras; teniendo su principal sede y patrocinio en la Casa Blanca. Allí, su fundador el pastor Ralph Drollinger imparte sus enseñanzas bíblicas a figuras del alto gobierno estadounidense, como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo. Miguel Muñoz fue elegido por Drollinger como representante de la organización en Honduras después de las elecciones de 2017, las mismas que dieron como resultado la reelección inconstitucional del actual presidente Juan Orlando Hernández.
La influencia que ha tenido la relación entre organizaciones religiosas cercanas a Casa Blanca y el presidente de Estados Unidos Donald Trump fueron claves para la apertura de la oficina comercial y gracias a esas mismas conexiones Miguel Muñoz ahora es director de la Oficina de Comercio y Cooperación de Honduras en Jerusalén.
Muñoz también fue director ejecutivo de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), institución que entre enero y febrero de este año mantuvo reuniones con una delegación del Consejo Nacional Palestino y con el embajador de Israel en Guatemala concurrente para Honduras y Nicaragua quienes llegaron a sus oficinas para negociar su apoyo, según el propio testimonio de Miguel Muñoz, ofreciendo becas de estudio universitario y teológico para pastores.
La cobertura de los periodistas a los que se les pagaron viáticos también incluyó a Miguel Muñoz como una de las fuentes importantes al representar el apoyo ante esta decisión de la iglesia evangélica hondureña, uno de los sustentos más importantes del actual gobierno.
En una declaración a diario La Prensa, Muñoz aseguró que la apertura de dicha oficina “traspasa el conocimiento teológico y bíblico hasta la experiencia social de ver por nuestro pueblo, crecer y desarrollarse”.
La vida de las mujeres en Honduras no es ajena al negocio de drogas y crimen organizado que gobierna el país: forman parte de la dinámica como objetos de satisfacción del narco, como fuerza de trabajo indispensable para sostenerlo y expandirlo al asumir las tareas del hogar para que el narco trabaje e incluso resistiendo las violencias de género que derivan del crimen organizado. Este análisis realizado por el colectivo feminista Luchemos, se da después de que se conociera la culpabilidad del hermano del presidente de Honduras, Antonio “Tony” Hernández, por cuatro delitos, entre ellos el de conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos.
Los personajes involucrados en el narcotráfico incluyen a funcionarios públicos, políticos y expolicías acusados en Estados Unidos, pero también hablan de una relación con la policía y los militares. En sus declaraciones, Emil Bove, fiscal del caso, menciona que “a partir del 2010 el presidente de Honduras desplegó a los militares en la frontera de Guatemala para proteger el tráfico de drogas” además de que obtenían información de los radares militares, así como de las bases y movimientos con el fin de cuidar los cargamentos de drogas.
Aunque la relación de los militares en el narcotráfico fue cuestionada durante el juicio, un mes antes el presidente Hernández había aprobado mediante decreto ejecutivo un Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras que será administrado por las Fuerzas Armadas de Honduras, esto significaría que los militares estarán encargados de administrar no sólo la seguridad pública como el mismo presidente lo determinó al crear fuerzas policiales militarizadas, sino también la seguridad alimentaria.
El programa tendrá un presupuesto de 4 mil millones de lempiras (163 millones dólares) que se ejecutarán entre 2019 y 2025, acción que para diversos sectores viene a fortalecer la militarización del país. La organización «Luchemos» tuvo acceso al plan agrícola y han denunciado que tiene como foco los departamentos donde hay más conflictos territoriales por proyectos extractivos, también territorios para la ruta del narcotráfico.
Contracorriente (CC) habló con Andrea Nuila (AN), miembro del colectivo feminista Luchemos, sobre la situación de violencia en los conflictos territoriales, incluyendo el narcotráfico, y cómo esto recrudece la violencia contra las mujeres.
CC: ¿Cómo ven la situación de violencia contra la mujer en Honduras? AN: Los femicidios han subido, la violencia doméstica e intrafamiliar es una situación que permanece y no ha mejorado porque tiene que ver con situaciones estructurales que van más allá de hacer políticas públicas superficiales que solo pretenden que van dirigidas a responder el problema de la violencia o del sexismo pero que en realidad no responden a las realidades de la mayor parte de las mujeres. Nosotras estamos interesadas en entender cómo una violencia generalizada, que es parte de la producción de la droga en este país está, está relacionada también con la vida de las mujeres.
CC: Según los análisis que han hecho como organización ¿Qué relación encuentran entre la violencia contra las mujeres y el narcotráfico? AN: Las compañeras mexicanas que han tenido más tiempo para poder analizar de una forma conceptual lo que está pasando y cómo afecta a las mujeres el narcotráfico usan diferentes categorías, no es para designar el rol moral que cumplen las mujeres sino para entender cómo estamos en ese sistema.
Hablan sobre las mujeres como parte de la producción de la droga, así como pasa en el narcotráfico pasa en cualquier ámbito de la economía, las mujeres toman los trabajos menos pagados, más peligrosos, el trabajo está altamente sexualizado, tiene que ver con el género y cómo a las mujeres se les impone que tienen que utilizar su cuerpo de cierta forma para que la producción y la acumulación del narco siga existiendo. En términos más conservadores: es el narco utilizando los cuerpos de las mujeres para acumular capital.
Por otra parte, las mujeres como víctimas de la violencia: víctimas de trata, las que viven en ese entorno donde la resolución de conflictos pasa por las armas, eso significa generalmente que las mujeres están en una posición de vulnerabilidad porque se utilizan también como trofeo. Todo esto fue interesante para entender lo que está pasando en Honduras que es como un inframundo, porque no hay datos.
CC: ¿Qué análisis hay detrás de cómo los narcotraficantes se refieren a las mujeres? AN: En medio del juicio de Tony Hernández tanto los periódicos, los analistas invitados a los programas, las personas que estaban escribiendo sobre esto eran hombres: el análisis siempre desde su mirada, desde la política de los hombres, el problema pero también la solución. Nosotras somos parte de la oposición y nos sentimos bastante alarmadas de ver que la solución también sin que la agenda feminista se viera como una contribución. A lo largo del juicio la única referencia a cómo afecta a las mujeres el narcotráfico la hizo el mismo acusado, ni siquiera en el juicio, sino en el vídeo que se hizo viral cuando la DEA lo interroga y él hace alusión a las mujeres que están en las fiestas como diciendo “las cosas, los accesorios” y nos volvimos como un accesorio no sólo de esa escena sino de la discusión en general y por eso nuestra apuesta fue entrar a la discusión otra vez.
Plantón de las organizaciones feministas contra la militarización del país frente a Casa Presidencial, Tegucigalpa, 1 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
CC: En el caso del movimiento social ¿creen que el tema de los derechos de las mujeres es una segunda agenda? AN: Sí, yo creo que eso ha sido una lucha del movimiento feminista en general y no solo en Honduras. A nivel de organizaciones mixtas siempre es un reto que las mujeres tengan estos puestos de liderazgo, que las mujeres participen en la elaboración de estrategias políticas, que las mujeres estén al frente de las organizaciones. Es difícil por muchas razones y aún más es difícil que en los partidos u organizaciones que le apuestan a este poder institucional, para las mujeres poder combatir esta doble moral que existe en la sociedad en general ¿cómo una mujer llega a ser diputada? tiene que combatir no solo las políticas machistas y sexistas de su propio partido, sino que cuando sale a combatir las estructuras de este país también tiene que ser atacada o está expuesta a ser atacada, no por sus convicciones políticas, sino por cómo se ve y lo que hace en términos privados.
CC: ¿Cuál sería una posible solución a estas situaciones? AN: Entonces entendemos que ese es un reto real y es una relación complicada, pero no creemos que la solución sea optar por el éxodo, salir de la política sino seguir luchando desde adentro, desde todas las organizaciones para poder combatir y contrarrestar estos estereotipos e ir repensando formas distintas de hacer política, un poco para interrumpir esa dicotomía entre que las feministas somos enemigas de nuestros compañeros hombres cuando se trata de poner la agenda y la cosa es que hay que transformar la agenda completa, no es solo de añadir una colita, una perspectiva de género sino transformar toda la agenda política.
CC: Los análisis que han hecho señalan que las cifras de violencia hacia las mujeres eran más altas en los tiempos en que Los Cachiros tuvieron su mayor espacio de actividad violenta ¿Cómo lo relacionan? AN: Nos pareció interesante ver que en este plazo en que se estaba consolidando el narco en estos lugares para apoyar la candidatura de Juan Orlando, justo en ese momento es cuando tenemos un aumento de femicidios de manera significativa. Pero ¿cómo se mide esto para poder decir con seguridad que está relacionado al narcotráfico? Es difícil, pero por lo mismo tenemos que ver el contexto en general y para nosotras es más que evidente que en esos lugares donde más violencia hay y en ese momento donde los femicidios escalan, tienen que ver por una lucha por territorio.
Pero es solo una superficie de lo que realmente podríamos encontrar si al Estado le importara indagar un poco más, si existieran los recursos para poder hacerlo, si existiera el acceso.
Andrea Nuila Herrmannsdorfer, durante la entrevista para Contracorriente, Tegucigalpa, 14 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
CC: ¿Qué relación encuentran entre este plan agrícola y los lugares del país con mayores proyectos extractivos? que, según su información, son puntos de foco del plan AN: Obtuvimos información sobre los departamentos donde se están haciendo preparaciones, no porque hay un documento público que nos permitió acceder a eso, sino que tuvimos acceso a un plan oficial de parte de las personas que estaban participando en la elaboración. Nos pareció que es claro que en Choluteca donde se están pensando hacer las Ciudades Modelo es uno de los lugares donde están priorizando militarizar la producción agroalimentaria, es complicado pensar que los militares están yendo a Colón (por ejemplo) a emprender procesos de formación con las organizaciones campesinas sin pensar que bajo eso también están ejerciendo tipo de control con las organizaciones sobre las dinámicas, estrategias, objetivos políticos que puedan tener y eso es altamente sospechoso.
CC: Mencionaban también que la aprobación viene con un mensaje de instrumentalización de la mujer para justificar el plan agrícola, ¿cómo es la realidad de las mujeres agrícolas según conocen ustedes y en qué debería enfocarse el Estado? AN: Considerando la lucha que las compañeras campesinas han emprendido en el país, entiendo que CREDIMUJER hace 5 años fue aprobado y todavía no es ejecutado. Sin embargo, deciden otorgar 4 mil millones al Estado Mayor Conjunto para que sean ellos los que administren la agricultura, la lucha de territorios ¿qué rol juegan las mujeres en ese espacio? ¿qué relación tienen los militares en los territorios donde ellas están produciendo? En la fundamentación del decreto ejecutivo para la creación del plan agrícola está fortalecer los planes o políticas públicas inclinadas a asegurar la equidad de género en el campo y la soberanía alimentaria y me parece interesante porque las mujeres que están en los territorios de conflictos sufren una violencia de género distinta a la de los hombres, sobre todo cuando son agredidas por militares.
Las personas que nos involucramos después del Golpe de Estado en la investigación de casos, tuvimos conocimiento de que muchas de las mujeres atacadas por militares eran violadas o les introducían objetos a sus vaginas y hay militares que fueron juzgados por eso, me atrevo a decir y no creo que ellas se sientan más seguras con la presencia de los militares ahí y tampoco creo que necesitan hombres con armas para poder producir y emprender sus proyectos, lo que necesitan es que el Estado asuma la responsabilidad que le toca, ejecute los fondos que prometió y que cumpla con las demandas del movimiento campesino: acceso a tierras, redistribución de los recursos, todo el trabajo que hacen las mujeres que no es reconocido y no es valorado que sea remunerado. Sería ideal pensar en vez de utilizar a las Fuerzas Armadas como una vía para canalizar fondos, pensar de qué forma se le puede asegurar la vida a estas mujeres que hacen trabajo en el campo pero que no tienen acceso a crédito, a las titulaciones de tierras, pero que todos los días se levantan a las 4 de la mañana para que el trabajador salga al campo o hacer el trabajo necesario en la casa para que los hijos y las hijas salgan al campo, pero eso no es una prioridad.
CC: ¿Qué significa para las mujeres mayor militarización? AN: Para mí simplemente poder o control, no creo que las mujeres tengamos una buena relación con las Fuerzas Armadas en este país, la historia lo dice y no veo cómo eso puede ser una herramienta de emancipación para nuestra condición.
Imaginen a un presidente que dice ser ungido por Dios y que controla todo el poder del Estado (de los tres organismos que supuestamente son independientes). Un presidente que ha dado a las Fuerzas Armadas acceso, potestad y presupuesto para desarrollar proyectos sociales en el sistema educativo y en la producción agrícola (además de la seguridad pública, lo que es inconstitucional, y de obras permanentes de infraestructura en momentos de crisis). Un poder, que bajo bendición, le ha dado a los militares para tener control del campo, donde se pueden detener el descontento de la mayor parte de la población en un país eminentemente rural, donde se puede generar una reserva que le permita tener relevos, una base que pelee para defender el orden establecido.
«Fusiles y frijoles» se llamó en Guatemala en 1982, quizá a ustedes que se lo imaginaron les pareció muy local y actual. Este programa de control social fue implementado por el dictador Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio en Guatemala, como estrategia contrainsurgente. Los militares y el Ministerio de Defensa, manejaban los fondos agrícolas, porque el hambre también puede conducir a muchos a defender un gobierno ilegítimo. Esta es una lección cercana que aprendió el actual gobierno hondureño o tal vez, sin saberlo, emuló.
El decreto ejecutivo número PCM 052-2019 que el periódico de circulación nacional, El Heraldo, dio a conocer esta semana, donde manda a crear el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) adscrito a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), ha generado debate sobre el poder de las Fuerzas Armadas en el contexto de inestabilidad que vive Honduras actualmente. El juicio de Nueva York, los casos por corrupción de funcionarios públicos, las huelgas policiales, las especulaciones sobre golpe de Estado o intervención militar ante una posible interrupción del mandato presidencial, han generado una crisis política que se arregla como todo en ese medio: más dinero para mitigar la mayor amenaza, la que representa tener al aliado más poderoso de tu lado. Un PCM es la mejor manera de hacerlo en un orden de cosas: la legislación desde el presidente, las decisiones unilaterales, la voz del mandamás.
Que las Fuerzas Armadas manejen fondos para alimentación ha generado escándalo en las voces opositoras, aunque no sería algo muy nuevo que los militares hagan no solo las tareas para las cuales son entrenados. Desde hace ya casi 10 años, las Fuerzas Armadas manejan fondos de manera secreta para un programa social llamado Guardianes de la patria, que se ha infiltrado en el sistema educativo y que es imposible de auditar, ya que tanto su currícula como su presupuesto es información reservada*. Un programa educativo determinado como información reservada contradice todo principio democrático.
Cada año son 25 mil niños beneficiarios de este programa que bien podría funcionar desde la Universidad Nacional, porque son voluntarios de esta universidad quienes dan las charlas, o desde la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia porque se trata de niñas y niños en «riesgo social», o desde la Secretaría de Educación porque se realiza en los centros de educación pública. Sin embargo, lo manejan las Fuerzas Armadas, y para 2020 el presupuesto nacional de la república ha reducido en el gasto público las transferencias a las instituciones que arriba mencionamos para engrosar el presupuesto de gastos militares.
Hace 10 años, cuando ocurrió el golpe de Estado, se aceleró el proceso de militarización del país, y no hablamos solo de los militares en las calles, reprimiendo protestas, realizando acciones policiales, dirigiendo fuerzas de seguridad contra el crimen organizado, sino que también hablamos de los militares involucrados en lo más cotidiano: realizando jornadas de oración, haciendo trabajos sociales que les permite limpiar su imagen ante la ciudadanía y sobre todo que a nivel internacional no se hable de una dictadura militar, que se diga que Honduras es siempre democrática y hasta cristiana y con valores, aunque todo indique lo contrario. Aunque ya el país no retenga a su gente. Aunque el terror diario impere. Aunque los fusiles y los frijoles se junten para tutelar una democracia enferma y mantener a la sociedad controlada, en la ficción de que aprende a volar dentro de una jaula.
*Al cierre de este editorial, esperamos respuesta del recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública sobre las razones de la reserva de información solicitada.
El Congreso Nacional aprobó una ley que reactiva el Fondo Departamental, una partida que ha sido cuestionada en múltiples ocasiones y por su mal manejo existen tres casos presentados por la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción (MACCIH) en la que diputados están acusados por malversación de fondos. En esa misma sesión nocturna, también modificó la Ley Orgánica del Congreso Nacional para que le conceda inmunidad a los diputados mientras estén en el ejercicio legislativo.
La Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de los Fondos Públicos para Proyectos Sociales, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta la semana pasada y permite liquidar proyectos pasados, además de negociar en casos donde se encuentren irregularidades para permitir la devolución de los fondos más el 2% de intereses.
La Maccih manifestó que estas leyes afectarán los casos que han presentado: Pandora, Arca Abierta y Red de diputados donde más de 20 diputados están acusados de malversar 309 millones de lempiras. La MACCIH está a tres meses de que venza su convenio firmado por tres años y denuncian que estas acciones del Congreso Nacional «no demuestran un firme compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad».
Por su parte, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH), ha emitido un documento en el que cuestiona la publicación de esta ley explicando que revivir el fondo departamental, responde a un mecanismo de instrumentalización o proselitismo político con fines clientelistas.
«Entre las 12 funciones que la Constitución de la República de Honduras le atribuye al Congreso nacional en el artículo No. 205, no existe la atribución del manejo de fondos públicos por parte de los Diputados. Por tanto, manifestamos que el resurgimiento de este nuevo “Fondo” está principalmente orientado a financiar actividades proselitistas partidarias para asegurar la vigencia de quienes están sentados actualmente en el Congreso Nacional».
El Ministerio Público interpuso un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el decreto que reactiva el fondo departamental, en un comunicado señalan que esta ley le imposibilita en «el ejercicio de la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios».
De igual manera, la bancada del Partido Innovación y Unidad (PINU) presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma que concede inmunidad legislativa.
De los 128 diputados que tiene el Congreso Nacional, 60 fueron reelectos en las últimas elecciones, entre ellos se encuentra Doris Gutiérrez, diputada del PINU, quien tiene 13 años de ser diputada. Contracorriente (CC) habló con Gutiérrez sobre qué significa la aprobación del Fondo Departamental, la inmunidad legislativa y el futuro de la MACCIH en Honduras.
CC: ¿En qué consiste la Ley Especial para la Rendición de Cuentas de los Fondos Públicos aprobada recientemente en el Congreso Nacional? DG: Esta Ley está orientada a reactivar el Fondo Departamental que se había cancelado en el pasado en vista de que muchos diputados habían mal utilizado dichos fondos, o sea que ese fondo ya existía porque se creó más o menos en 2008. Sin embargo, muchos hicieron mal uso de los fondos y por esa razón fueron requeridos para el caso Pandora y Arca Abierta.
Entonces ese fondo fue reactivado y nosotros nos opusimos porque los diputados no tenemos que ejecutar proyectos, sino que nuestra función principal es legislar. Lo malo de es que esa ley es que le quita funciones al Ministerio Público para investigar el uso de estos y se los pasa al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
CC: ¿Cómo ha sido el trabajo del Tribunal Superior de Cuentas hasta ahora y por qué esto podría retrasar otras investigaciones? DG: Creemos nosotros que lamentablemente es un tribunal politizado, las personas ahí son nombradas por negociaciones entre partidos y también lamentar que ellos lo que van a hacer es proteger a los militantes de su partido, si el TSC hubiera sido bueno y hubiera cumplido su función no habría sido necesario llamar a la MACCIH. Además, muchos casos que tienen se quedan resguardados y engavetados para proteger a ciertos personajes.
Lamentablemente, si se llamó a la MACCIH es porque no hay institucionalidad aquí y en la falta de institucionalidad entran todos los organismos contralores entre ellos el TSC.
CC: Ante esta nueva legislación ¿cómo quedaría los casos de la MACCIH que involucran a los diputados en desvío de fondos a través de organizaciones no gubernamentales? DG: Francamente los casos que están todavía en proceso judicial prácticamente no les van a hacer nada, van a quedar libres porque son leyes en materia penal y tienen efecto retroactivo cuando favorecen al reo entonces prácticamente con la aprobación de estas leyes estas personas quedan completamente exentas de cualquier responsabilidad.
CC: Ese mismo día también se aprobó la inmunidad parlamentaria ¿en qué consiste? DG: También existía la impunidad parlamentaria anteriormente en la Constitución de la República, pero fue derogada precisamente en vista de los excesos que se hacen en el uso de esta inmunidad. Inclusive algunos diputados hasta agredían personas, se habló de alguno que hasta le quitó la vida a otra y no le hicieron nada por la inmunidad parlamentaria. Ahora como la MACCIH los está investigando nuevamente se está reactivando, pero sobre todo es la desesperación y temor de que puedan ser requeridos por la MACCIH y la UFECIC.
Como bancada de PINU nos hicimos presentes a la Corte Suprema de Justicia y presentamos un recurso de inconstitucionalidad porque es un privilegio y todos somos iguales ante la ley.
CC: Estas leyes ya están publicadas en La Gaceta ¿qué se puede hacer al respecto? DG: Nosotros presentamos un recurso de inconstitucionalidad, esperamos que la Sala de lo Constitucional le dé el trámite correspondiente y que se puedan declarar nulos porque es violatorio a la Constitución de la República y algunas leyes secundarias.
CC: ¿Por qué cree que se reactiva este fondo, tiene alguna relación con que se aproximan las campañas electorales? DG: Por supuesto, ese fondo es más de 4 millones de lempiras por diputado entonces definitivamente ellos están viendo no solamente protegerse de cualquier requerimiento, sino que también conseguir dinero para ser reelectos lo cual consideramos que es un clientelismo abierto e inmoral.
CC: ¿Cómo ha sido el manejo del fondo departamental? ¿Qué ha visto usted dentro del Congreso Nacional? DG: Eso se creó desde 2008, los cheques no salían a nombre de los diputados sino de las comunidades. En el periodo anterior fueron trasladados a ciertas ONG’s que se convirtieron en cómplices de lavado de dinero y de poder manejar fondos que no les correspondían. Nosotros votamos en contra de este y esperamos que nuestro recurso sea admitido y resuelto favorablemente porque el dinero que está utilizado ahí es suyo, mío y de todos, no es un dinero privado, sino que obtenido por los impuestos de todos.
CC: Esta inmunidad también se aprueba dos días antes del veredicto del juicio al hermano del presidente, Tony Hernández, en un contexto donde además hemos escuchado nombres de diputados y exdiputados en las declaraciones de ese juicio ¿En qué posición deja al Congreso Nacional todo lo que ha sucedido? DG: Esto coloca al CN como un ente que se presta para proteger la impunidad, para proteger la corrupción, para blindar a aquellas personas que han sido señaladas y están vinculadas a un mal uso de fondos públicos entonces definitivamente el mensaje que se manda es negativo. En vez de que el Congreso Nacional legisle para beneficiar a las mayorías, entonces legisla a favor de unos pocos que lamentablemente no han cumplido su función para la cual han sido nombrados.
CC: ¿Cómo analiza usted que se encuentra la posible o no renovación del convenio de la MACCIH? DG: La MACCIH se puede renovar sin necesidad de que vaya al Congreso Nacional con un simple intercambio de cartas entre el Poder Ejecutivo y la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, vemos que se está creando desfavorable para que ese convenio no sea aprobado y definitivamente lamentamos que la clase política, alguna agrupada con los corruptos, pueda apoyar iniciativas que contribuyen a que no haya cumplimiento de la ley y sobre todo a que las personas queden totalmente protegidas para que no vayan a los juzgados ni puedan deducirse responsabilidades.
El estallido de la crisis social en el país que lideró el crecimiento económico de América Latina durante 14 años, tiene perplejo al mundo. Pensiones, salud, educación y salarios son las fisuras en un sistema que concentra la riqueza y que ha convertido a Chile en referente de uno de los problemas estructurales de la región: la inequidad.
Los vagones del metro están calcinados. También los tres cajeros automáticos de la estación donde se detuvieron. Los rieles de la línea férrea subterránea destruidos. Todo ahí abajo está completamente cubierto de cenizas. El olor a humo y fierro quemado es penetrante y a ratos cuesta respirar sin toser.
Afuera de la estación, un grupo de jóvenes militares armados impide que ingresen los transeúntes. Dentro se encuentran familias y vecinos del sector de Lo Prado, en la zona poniente de Santiago, la capital chilena. Son unas cincuenta personas que, con palas y sacos, limpian lo que quedó de la estación San Pablo, la última de la línea 1 que cruza la ciudad conectando oriente y poniente.
LA ESTACIÓN DE METRO SAN PABLO ES UNA DE 20 QUE FUERON INCENDIADAS DURANTE LAS PROTESTAS MASIVAS EN CHILE. FAMILIAS ENTERAS LLEGARON VOLUNTARIAMENTE A LIMPIAR PARA INTENTAR ACELERAR EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE TRANSPORTE QUE MOVILIZA, A DIARIO, MÁS DE 2 MILLONES DE PERSONAS.
Rosa Pinto llega temprano con su suegra y sus nietos. Quieren acelerar el proceso de reconstrucción de la estación que fue quemada el sábado 19 de octubre de 2019, en medio de las protestas sociales que estallaron de forma masiva en el país con mejores índices de desarrollo humano de América Latina, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
Junto a ellos, con guantes gruesos, un delantal azul y el pelo recogido, Gladys Zúñiga, una mujer de 53 años nacida y criada en la comuna, barre indignada el hollín de la estación. Cada cierto rato interrumpe sus quehaceres, mira fijo a la cámara y despotrica, con las manos alzadas, en contra de las razones que la han mantenido por años inconforme y que hoy, en un escenario calcinado, la tienen furiosa. A 12 kilómetros de ahí, Patricia Aravena escucha un helicóptero sobrevolar su casa y recuerda el miedo que sintió de niña cuando los militares también recorrían las calles de su barrio.
Sus relatos dan claves para comprender la rabia que ha estallado en Chile.
Las protestas en el país sudamericano estallaron luego de que el presidente Sebastián Piñera -aconsejado por un consejo técnico de expertos- anunciara un alza en el pasaje del metro de 4 centavos de dólar, quedando el precio en 1,17 dólares. Chile ya estaba en el noveno lugar en la lista de 56 países de la OCDE, con el sistema de transporte público más caro.
En rechazo a la medida, los escolares compartieron información y memes en redes sociales, y se organizaron para llamar a una evasión masiva del pago del pasaje. Cientos, algunos usando el uniforme de sus liceos, comenzaron a saltar los torniquetes del tren subterráneo.
Según una minuta reservada del Ministerio del Interior, elaborada con información entregada por Carabineros de Chile, el jueves 17 de octubre una turba de 400 personas rompió los torniquetes de la estación de metro San Joaquín. Al día siguiente, siete estaciones de metro fueron incendiadas. En una, el fuego lo alimentó un televisor plasma, lanzado con furia a los rieles.
“SOY COMERCIANTE DE LA FERIA. YO SOY CRIADA Y NACIDA AQUÍ. YO VI CUANDO EL METRO SE HIZO, YO VIVÍ TODO ESTO. TENGO 53 AÑOS, SOY LOPRADINA DE TODA UNA VIDA Y MIRA, ESTO ES TRISTE, ES TRISTE, ¿PERO SABES POR QUÉ ESO PASA O NO? PORQUE ESTOS INFELICES NO DEJAN QUE LA GENTE HABLE Y TIENEN QUE PASAR ESTAS WEAS PARA QUE ESTOS HIJOS DE PERRA ABRAN LOS OJOS DE QUE CHILE NO ESTÁ DORMIDO; ESTAMOS DESPIERTOS SIEMPRE, PERO ELLOS SON LOS LADRONES Y SINVERGÜENZAS”.
Ese viernes el metro cerró progresivamente las 136 estaciones que conectan sus 7 líneas de trenes subterráneos, por las cuales se transportan a diario más de 2,6 millones de personas.
Patricia Aravena es técnica en Enfermería y trabaja en un centro médico en Las Condes, un sector acomodado de Santiago. Por los desmanes, estuvo detenida 45 minutos en un tren del Metro sin poder acceder a la estación. Cuando pudo salir a la calle, no sabía bien dónde estaba ni cómo llegar a su casa.
Eran las 5 de la tarde y hordas de santiaguinos colapsaban las calles.
“Me empecé a angustiar, cuando a una la sacan de su ruta habitual se desconcierta, no sabía qué hacer”, cuenta Patricia, quien vive en Recoleta, al norte de la capital.
Las micros iban repletas y había un desconcierto generalizado en medio del caos. Sin la posibilidad de tomar buses, taxis o servicio de Uber, la gente empezó a caminar. Hubo quienes tardaron ocho horas en llegar a su casa, atravesando a pie una ciudad de 7 millones de habitantes.
Un taxista que manejaba con su mujer y su bebé, vio a Patricia parada en la avenida y le ofreció acercarla a su casa. Cuando llegó, su barrio no se veía igual que por la mañana. El supermercado y la farmacia serían saqueados y la estación de metro a dos cuadras de su casa, incendiada.
Esa noche, el edificio corporativo de la empresa multinacional Enel, que produce y distribuye energía eléctrica y gas, también fue incendiado. Testigos llamaron a las radios contando que escucharon una explosión y luego el fuego subió por las escaleras del inmueble de 19 pisos, ubicado en pleno centro de Santiago.
Mientras miles de personas intentaban llegar a sus casas en medio de las manifestaciones, el Presidente Piñera fue a comer a una pizzería en un barrio acomodado para celebrar el cumpleaños de su nieto. Alguien que comía ahí también lo fotografió, subió la imagen a redes sociales y así Patricia y Gladys lo vieron en sus teléfonos móviles.
El presidente Sebastián Piñera en un restaurante la noche que estallaron las protestas Crédito: Imagen de redes sociales.
La indignación se hizo sentir en las calles y de regreso al palacio de Gobierno, el Presidente Piñera decretó estado de Emergencia Constitucional – que implica reducción de libertades de tránsito y reunión -, dejando al General Iturrieta a cargo de mantener el orden público. Él determinó que Santiago tendría toque de queda; el primero desde el retorno a la democracia dictado por protestas sociales y no por una catástrofe natural.
Gladys lo vio por televisión. A una estación del metro San Pablo, en Pudahuel, un supermercado Líder, propiedad de la empresa transnacional Walmart, era saqueado e incendiado. Corriendo por los pasillos -incluso cuando comenzaron las llamas- adultos, adolescentes y algunos niños y niñas, sacaban mercadería, lavadoras, refrigeradores, televisores plasmas y otros bienes de consumo.
MÁS DE 100 SUPERMERCADOS HAN SIDO OBJETO DE INCENDIOS Y SAQUEOS EN TODO CHILE.
Ya va una semana de protestas en Chile, y en sus 16 regiones se concentra gente cada día en la calle haciendo sonar cacerolas para reclamar cambios a un sistema económico que tiene al país tercero en el índice de desigualdad de ingresos de la OCDE de este año. Las bajas pensiones, el alto costo de salud y educación, y los bajos salarios respecto al costo de la vida, son las principales grietas de un modelo que parece haber agotado la paciencia de los chilenos.
Diez regiones están con toque de queda nocturno. En Santiago, veinte estaciones de Metro fueron incendiadas, 24 buses calcinados y en el país cientos de supermercados y farmacias saqueadas.
A Patricia le da tristeza decirlo, pero cree que son los mismos vecinos los que asaltaron los negocios de su barrio. “Como que quisieron empoderarse de algo”, dice, y “se empoderaron de lo primero que tuvieron a mano”. Es que “fue de la rabia de ese minuto, no lo pensaron más allá y actuaron no más”, intenta explicar.
En algunos sectores, vecinos y vecinas usando chaquetas amarillas se organizaron en la noche para impedir que se vandalizaran sus barrios. Eso no ocurrió donde vive Patricia. “La convivencia se perdió un poco porque estamos divididos por lo malo que se hizo. Porque nuestros mismos vecinos se tomaron estas cosas; y ver todo lo perjudicado que quedamos, lo solos que quedamos en este minuto”, lamenta.
Francotiradores posicionados en el techo de la Escuela Militar buscaban intimidar, apuntando sus armas a manifestantes que llegaron por primera vez a protestar a ese sector acomodado de la capital, revelando la transversalidad del descontento ciudadano entre sectores de distintos ingresos.
Hasta el jueves, el Colegio Médico contabilizaba 3.500 personas heridas en manifestaciones y 45 de ellas habían perdido la visión en alguno de sus ojos por el impacto de un perdigón, un balín o una bomba lacrimógena. 18 personas habían muerto, tres de ellas por impacto de bala de funcionarios militares. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 245 personas habían sido heridas por armas de fuego. El Ministerio del Interior registraba más de 5.300 personas detenidas y 626 funcionarios policiales y militares lesionados. 297 menores de edad habían sido arrestados y el INDH había presentado 59 acciones judiciales; 45 de ellas por apremios ilegítimos o torturas, 9 por violencia sexual y 5 por homicidios de personas que habrían muerto por causa de agentes del Estado. 20 personas estaban hospitalizadas con riesgo vital.
Policía lanza bombas lacrimógenas a manifestantes en Providencia
“Una mierda la salud aquí en Chile, les roban a los profesores, les roban a todos, estos weones sinvergüenza”, dice Gladys con rabia. “La AFP son los ladrones más grandes, y eso lo hizo el hermanito del señor Piñera. ¿Por qué no viene el ladrón a dar la cara a todos los chilenos? Despertó Chile, Piñera, despertó, estábamos cansados de dormir y hacer tuto, despertamos, despertamos weón”, reclama. Su descontento, es el reflejo de muchos que en su vida cotidiana no han sentido que viven en uno de los países más prósperos de Latinoamérica.
“ESTÁBAMOS CANSADOS DE HACER TUTO”: “Una mierda la salud aquí en Chile, les roban a los profesores, les roban a todos, estos weones sinvergüenza. La AFP son los ladrones más grandes, y eso lo hizo el hermanito del señor Piñera, por qué no viene el ladrón a dar la cara a todos los chilenos… Despertó Chile Piñera, despertó, estábamos cansados de dormir y hacer tuto, despertamos, despertamos weón”.
La rabia de Gladys tiene sus orígenes en la inequidad producida por un sistema económico implementado bajo la dictadura de Pinochet en los años 80. El llamado “milagro” de su sistema económico, comenzó cuando un grupo de economistas chilenos que había estudiado en la “Chicago School of Economics” con Milton Friedman, el llamado padre del neoliberalismo, asesoró al dictador Pinochet en la creación e implementación de políticas que permitieron instaurar una economía de libre mercado, privatizar la salud, la educación, el agua, la jubilación y los recursos naturales.
Juan Andrés Fontaine fue uno de los llamados “Chicago Boys”, hoy ministro de Economía. Días antes de que las protestas paralizaran la ciudad, y haciendo frente al descontento ciudadano por el alza del pasaje, dijo a la prensa que, para evitar pagar más, la gente podía madrugar y tomar el tren a las 7 de la mañana.
“Un señor dijo que había que levantarse a las 4 de la mañana, para que el metro fuera más barato, qué idiota; oye, han matado a niños por un cigarro, han matado a jovencitas; ¿se tienen que levantar tan temprano para que la tarifa del metro y la micro les salga más barata? Por favor, no estamos, no sé po, en Las Condes, estamos en pueblo de nadie”, reclama Gladys.
“Y ÉL A QUÉ HORA SE LEVANTA EL VIEJO DESGRACIADO? ÉL ANDA EN AUTITO CON CHOFER Y NOSOTROS LOS CHILENOS A PATITA. ESTO ES NUESTRO TRANSPORTE. ESTO”.
El modelo económico que Chile instauró, generó un desarrollo que ha sido admirado en América Latina por lograr uno de los crecimientos más rápidos de la región; aunque ello no derivó en mayor igualdad.
Hasta hoy, sólo algunos concentran los privilegios que trae la bonanza económica. En 2017, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD examinó la brecha social del país. Casi la mitad de los encuestados de sectores socioeconómicos bajos afirmó que con su salario apenas lograba sobrevivir. El estudio concluyó que el 33 por ciento del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1 por ciento más rico de la población.
Postales de la semana de protestas que remecen al país sudamericano
Fotos: Alberto Arellano
“Vamos a tener que ceder nuestros privilegios y compartir con los demás”, dijo nerviosa Cecilia Morel, la Primera Dama chilena, en un mensaje privado de voz que envió luego de que estallaran las protestas sociales masivas. Estas le produjeron un desconcierto tan grande que las comparó con una “invasión alienígena”.
Patricia también estaba acongojada, aunque su preocupación no era por perder privilegios.
“A mí me asusta porque se ve el comienzo, pero no se ve el fin que esto vaya a tener. Balazos múltiples, el helicóptero que está arriba de mi casa permanentemente, los milicos que pasan a cada rato; nos quedamos sin supermercados, sin farmacia, sin locomoción, sin metro. En este minuto nos sentimos aislados, como en una isla, y sentimos que la propia gente nos está traicionando por decirlo de alguna manera”, cuenta.
Sentada en el patio de su casa, en Lo Prado, Gladys recuerda los años de niña en los que cerca de su calle, las aceras eran chacras donde cosechaba papas, lechugas y tomates. No eran épocas de abundancia, pero nunca faltó el carretón de verduras y el puesto de la feria para vender hortalizas nunca estuvo vacío. Gladys es vendedora informal, una categoría que en la estadísticas oficiales la ubica como empresaria independiente. Su economía depende de las empanadas y pasteles de choclos que es capaz de vender al día en la feria de su barrio. Aquella que se instala muy cerca del metro chamuscado.
Gladys dice que pensó que al volver la democracia en los años 90 su vida iba a ser mucho mejor. “Pero fue peor”, lamenta. “Empezaron las alzas, vamos subiendo las cosas”, alega.
Gladys Zúñiga con su hijo cuando terminó la educación primaria. Crédito: Archivo personal de Gladys Zuñiga.
En un país en que un parlamentario gana mensualmente hasta 13.000 dólares – 31 veces el sueldo mínimo-, cuando Gladys vende 30 empanadas, anda feliz. Pero el entusiasmo dura poco. El ingreso se diluye rápido detrás de facturas de agua, gas y electricidad, que sólo este año ha tenido un alza en la tarifa de un 19 por ciento.
El sueldo mínimo en Chile es de 423 dólares y la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 562 dólares al mes. Es un monto alto para la región, pero el costo de la vida es más caro y el dinero “no alcanza”, dice Gladys. El arroz, las papas, el pan, el aceite y los huevos, son más caros en Chile que en cualquier otro país de Latinoamérica, al igual que el alquiler, afirma un artículo de este mes publicado por la BBC Mundo.
“Si en la feria la gente pudiera pagar con tarjeta, acá se comprarían hasta la última papa”, dice.
En Chile, las tarjetas de crédito de bancos y casas comerciales son la forma en que las personas pueden acceder a una vida que no siempre pueden financiar. “La gente ya no tiene dinero en los bolsillos, andan todos con las tarjetas”, asegura Gladys. Ella tiene la tarjeta de la casa comercial “Corona” y gracias a eso su hijo pudo comprar en cuotas su teléfono móvil.
El año pasado, las deudas de las familias chilenas llegaron a su máximo histórico y el FMI catalogó, en 2017, al país como aquel con los hogares más endeudados de América Latina.
Estudiar ha sido, por décadas, una de las deudas más pesadas.
Gladys vive con su hija y sus dos nietas. Le gustaría algún día verlas estudiar en la universidad, dice. Doctora, ingeniera. Pero el sueño es ambicioso. Quizás, si alcanza, sea para una de las niñas y piensa en cómo podría su hija elegir cuál. “No se puede”, dice.
FOTO “GLADYS CON SUS NIETAS”
Pie de foto: Gladys con sus nietas Lia (10 años) y Mily (3).
Crédito: María José Díaz.
En 2015, Chile era el cuarto país con los aranceles universitarios más caros del mundo, según datos de la consultora inglesa Expert Market. Las familias gastaban en promedio 73% de su sueldo en financiar una carrera universitaria, dicen las cifras del estudio citado internacionalmente.
Aún la universidad debe pagarse, incluso en un establecimiento público, ya que este debe autofinanciarse. La educación superior había sido gratuita en el país hasta 1981, cuando Pinochet flexibilizó los requisitos para crear universidades privadas, estas se multiplicaron y fijaron sus propios aranceles.
Fueron las movilizaciones estudiantiles de 2011 las que pusieron en la agenda el acceso a una educación pública gratuita y de calidad como un derecho y no un bien de consumo. Hoy, con la “gratuidad” aprobada, sólo pueden estudiar gratis quienes pertenezcan a familias del 60 por ciento de menores ingresos de la población y hayan ingresado a las instituciones que están adscritas a ese beneficio.
Chile es uno de los países más prósperos y desiguales de la región
#CHILE #SANTIAGO Miles de personas han salido a las calles desde el domingo hasta el día de hoy martes 22 de octubre en las jornada de protestas en Santiago de Chile y otras ciudades del país. Las concentraciones más grande han tenido lugar en la emblemática plaza Italia (plaza Baquedano), donde la gran mayoría de los manifestantes marcharon de forma pacífica hasta ser reprimidos por la policía . Foto: Víctor Ruiz Caballero/ Ruta 35Foto: Lito Modigliani/ Ruta 35Foto: Daniel Barahona/ Colectivo fotográfico KintuFoto: Víctor Ruiz Caballero/ Ruta 35Foto: Víctor Ruiz Caballero/ Ruta 35Foto: Víctor Ruiz Caballero/ Ruta 35
El país tiene también uno de los sistemas de educación escolar más segregados del mundo. 9 de los 10 colegios con mejores puntajes en la prueba de selección universitaria del año 2018 son particular pagados. Sólo uno es municipal y gratuito. Para estudiar en alguno de esos nueve establecimientos durante un año, una familia deberá desembolsar más de 3,400 dólares si quiere inscribir a un hijo en el más barato, y más de 17,600 dólares para incorporarlo al más caro.
Las nietas de Gladys, asegura, jamás podrían asistir a uno de estos establecimientos pagados.
Las condiciones en muchos de los establecimientos públicos no son óptimas. En 2013, cuando Chile crecía al 4,1 por ciento y el presidente Piñera ejercía su primer gobierno, más de mil establecimientos no tenían agua potable de forma constante, y más de 70 tenían sólo letrinas y no baños. Cinco años después, en julio de 2018, los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados insistían en acceder a recursos para mantener y arreglar su infraestructura.
El entonces ministro de Educación, Gerardo Varela, dijo: “Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera, o una sala de clases que tiene el piso malo… Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio?… La gente no se hace cargo de sus problemas, sino que quiere que el resto lo haga”.
Para Gladys, quien antes de ser feriante trabajó en la construcción, limpió departamentos y sacó escombros, los dichos de Varela reflejan la enorme desconexión de la clase política con la ciudadanía.
“SABEN QUÉ, USTEDES LOS POLÍTICOS SON UNA FRASE DE PURA PORQUERÍA. USTEDES, IZQUIERDA Y DERECHISTA SON LA MISMA MIERDA. POR USTEDES YO NO VOTO. NI IZQUIERDA NI DERECHA PORQUE USTEDES NO VALEN NADA. USTEDES NO MÁS SE ARREGLAN LOS BOLSILLOS. MIREN NOSOTROS AQUÍ LIMPIANDO, LIMPIANDO. SABEN POR QUÉ? PORQUE ESTO NOS SIRVE”.
En las masivas protestas que continúan a lo largo del país no se ven pancartas ni banderas de partidos políticos. A Gladys tampoco le interesa nada de eso. En sus cinco décadas dice haber visto todos los colores, todos los discursos, todas las promesas desfilar delante de ella. Nunca el resultado fue lo que esperaba. Ni en los 23 años de gobierno de la centroizquierda, ni en los 6 años de la derecha.
Gladys es diabética y sus controles médicos los hace a través del sistema de seguro de salud público, el Fondo Nacional de Salud, Fonasa. A veces, imagina que sería bueno vincularse a una Isapre, Institución de Salud Previsional del sistema privado, y así, tal vez, podría acceder de manera más barata a una clínica, también privada, y acortar los tiempos de espera. Si se rompiera una cadera, podría operarse inmediatamente y no pasar por los 469 días de espera promedio que toma una cirugía traumatológica, según datos del Ministerio de Salud. El 42 por ciento de los pacientes de Fonasa que van a ser operados de alguna patología, espera al menos un año para ser tratado. En el sistema público no hay suficientes camas, ni médicos.
En julio de este año, el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se refirió a las enormes filas en los centros asistenciales de salud, en que la gente llega de madrugada para ser atendida por un médico y debe esperar horas. “Siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social”, dijo. Esto le costó el puesto.
Pero Gladys sabe que tener Isapre tampoco es la mejor opción. Sabe que también aquellos que pagan por el sistema privado han salido a la calle a hacer sonar sus cacerolas. Por el alza de precios en los planes de salud, por la baja cobertura, por las preexistencias, por el acceso restringido a centros de salud.
Como sea, en cualquiera de los dos casos, privado o público, si Gladys compra medicamentos de marca en una farmacia, deberá pagar por ellos más de lo que gastaría en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú o en México.
Le angustia pensar en su vejez, ajustada de maneras que no logra imaginar, a una pensión que, en promedio, alcanza los 266 dólares mensuales para las mujeres.
El sistema previsional chileno fue creado en 1980 por José Piñera, hermano del Presidente, y es uno de capitalización individual obligatoria. Esto significa que una persona que percibe una remuneración debe depositar cada mes el 10 por ciento de ella en una cuenta personal que maneja una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). Estas AFP son privadas y cobran un porcentaje por gestionar la cuenta, independientemente de la rentabilidad o pérdida que tengan.
El sistema ha sido altamente beneficioso para los grupos económicos chilenos. Un estudio de la Fundación Sol concluyó que el 58 por ciento de los dineros de los futuros pensionados, más de 124.336 millones de dólares, es invertido en empresas de los grupos Luksic, Said, Yarur, Saieh, Matte y Solari.
Gladys lo sabe bien y tiene una opinión al respecto: “La AFP (administradoras de pensiones) le está robando a todo el mundo nuestro dinero, y ellos se la trabajan para el bolsillo de ellos, todos esos ladrones ricos, que mandan el país de Chile”
La pensión que reciba cada persona al jubilar dependerá del monto que alcanzó a reunir en su cuenta, de la cantidad de años en que cotizó y de la buena o mala inversión que hizo la AFP con el dinero que el trabajador aportó. Los hombres, por ejemplo, reciben 445 dólares mensuales en promedio.
“Por eso los viejos están enfermos. Se enferman de estrés”, dice Gladys.
Los mayores de 80 años tienen la tasa más alta de suicidios con 17,7 casos por cada 100 mil habitantes, según un estudio realizado por Ana Paula Vieira, académica de Gerontología de la U. Católica y presidenta de la Fundación Míranos. Solo entre los años 2010 y 2015, 935 personas mayores de 70 años se suicidaron en el país.
Es martes en la noche, han sido cinco días de intensas protestas. Luego de pedir perdón por la “falta de visión” de los problemas del país, el Presidente Piñera anuncia las reformas con las que busca responder al estallido social y mitigar la tensión: un aumento del 20 por ciento a la pensión básica solidaria, la creación de un seguro de enfermedades catastróficas para poner “un techo al gasto de salud de las familias”, un ingreso mínimo garantizado de 480 dólares para los trabajadores de jornada completa, un 5 por ciento más de impuestos para las rentas superiores a 11.000 dólares, bajar la dieta parlamentaria, entre otros.
Si el Presidente Piñera hubiese anunciado esos cambios antes del 18 de octubre, quizás hubiese sorprendido a los chilenos; pero ahora, en realidad, Patricia no sabe cómo determinar si eso es un buen punto de inicio. Le molesta que se hable de cambios que esperan en el Congreso hace cinco años, como la rebaja del sueldo parlamentario, que cuando fue propuesta por diputados de un nuevo frente político, estos recibieron burlas de diputados y senadores.
“Hay muchos jóvenes que tienen mucha rabia, que están decididos a todo, a dar la pelea, versus los viejos que estamos esperando que pase no sé qué”, dice Patricia. Aunque está asustada, cree que se necesita tener una nueva Constitución, hacer asambleas libres y consultas ciudadanas reales. “Que hubiera gente que realmente nos represente en los partidos, en el Senado, pero yo veo que en este minuto nadie nos representa… ni por la educación, ni por la salud, ni por los viejos. Nos sentimos como a la deriva”, lamenta.
*Colaboración audiovisual de María José Díaz.
«Má, ya vuelvo», fue lo último que Carlos Rivera dijo al salir de su casa en la Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua, antes de migrar rumbo a Estados Unidos. Nunca llegó a su destino.
Carlos Rivera, Mauricio Sosa, Enrique Velásquez y Heber Gonzales eran un grupo de amigos que se reunían por las tardes a platicar. Un día se dieron cuenta que con poco acceso a la salud y educación, sin agua potable y escasas oportunidades de trabajo, la comunidad no le daba a sus familias la oportunidad de vivir dignamente. La situación tenía que mejorar y la única salida era migrar hacia Estados Unidos.
A finales de abril de 2012, algunos de ellos sin decirle a nadie que se iban, emprendieron el camino. Los rumores de que este grupo de amigos había dejado la Villa de San Antonio no tardaron en llegar a sus familias. No había nada que hacer más que apoyarlos. Durante los días siguientes se comunicaron con sus madres, hermanas e hijos, y el 5 de mayo fue la última vez que llamaron desde México.
Dos niños de la comunidad Los Coquitos regresan a su hogar luego de su jornada laboral, Villa de San Antonio, 16 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
El 13 de mayo, en una carretera de Cadereyta, Nuevo León, encontraron los cuerpos decapitados y desmembrados de 49 personas. Ocho de ellos eran hondureños y cuatro eran los amigos de la Villa de San Antonio, un lugar que en 2021 albergará un aeropuerto de donde saldrán los aviones hacia todo el mundo, las autoridades aseguran que se convertirá en el «Centro Logístico de las Américas».
Las madres y hermanas de los migrantes asesinados no saben si el anuncio del nuevo aeropuerto representará mejoría para sus familias, pero de lo que sí están seguras es que si hace siete años las condiciones de vida en su comunidad hubiesen sido mejores, la tragedia de Cadereyta nunca las hubiera alcanzado.
La Zona de Desarrollo Económico Palmerola
Una bandera nacional con el color turquesa original ondea frente al edificio de la alcaldía municipal de Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Para viajar entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes de Honduras, hay que recorrer gran parte de la carretera CA-5, una vía terrestre que atraviesa el país de norte a sur y que, aunque fue construida por el Estado, tiene una concesión para su administración que se otorgó en 2014 a la Concesionaria Vial de Honduras (COVI) para que se encargue de su reparación y mantenimiento a cambio del cobro de peaje.
Casi a la mitad de esa carretera, en el Valle de Comayagua, hay otra concesión para el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Esta obra se realiza en los predios de la Base Aérea Soto Cano donde también está instalada una base militar de Estados Unidos desde los años 80, en aquel entonces con el objetivo de coordinar las acciones de contrarrevolución en Centroamérica, y que ahora compartirá espacio con un aeropuerto civil que representa el proyecto de infraestructura más ambicioso para el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández.
Esta concesión fue adjudicada en diciembre de 2015 a favor de la Empresa Inversiones EMCO S.A. de C.V., quienes constituyeron la Sociedad Mercantil de Propósito Especial denominada Palmerola International Airport para la ejecución del contrato de concesión. Ambas empresas relacionadas con Lenir Pérez, empresario hondureño y yerno del fallecido Miguel Facussé, un empresario muy influyente en Honduras.
Entrada principal hacia la comunidad de Los Coquitos, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Al lado de la carretera, frente a la construcción del nuevo aeropuerto, está instalado un rótulo en el que se puede leer: «Palmerola International Airport – Centro de las Américas». La proyección del gobierno es que la zona de influencia del proyecto se convierta en una base de uso agro industrial, logístico-tecnológico y de exportación para la región. Para que se cumpla el desarrollo que el gobierno ha proyectado se construyó el Plan Maestro de Palmerola, donde han definido que las municipalidades de Comayagua y la Villa de San Antonio formarán parte de la Zona de Desarrollo Económico de Palmerola. La primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) del país.
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) fueron aprobadas en 2013 cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional. La Delegación Investigativa del Gremio Nacional de Abogados con oficina en Estados Unidos, concluyó en un informe que «son enclaves favorables a los inversionistas, gobernados por sus propias leyes, tribunales y sistemas de impuestos».
Sin embargo, el ingeniero José Reyes, coordinador del plan maestro de Palmerola en la Dirección Ejecutiva de Plan de Nación aclara que «no es una ZEDE, sino un territorio de los dos municipios. Las industrias siempre van a tener que pagar bienes inmuebles y lo que se hace es que se fortalece las áreas de catastro de las municipalidades para que en esta nueva zona se defina qué uso del suelo es permitido».
Según el documento de diagnóstico del Plan Maestro de Palmerola, en Comayagua y la Villa de San Antonio actualmente hay una gran demanda de terrenos por parte de empresarios locales y extranjeros, incluso se ha mencionado que la compañía de comercio electrónico Amazon estaría interesada en comprar 100 hectáreas de tierra en la zona aledaña a la Villa de San Antonio.
Una familia camina por el parque central de Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
«Palmerola pasa a ser una infraestructura de competencia internacional, muchos en Centroamérica quedaron sin estas zonas de desarrollo económico y quedaron limitados, pero la tecnología que va a tener Palmerola será de última generación y tendrá ventaja sobre otros aeropuertos en la región. Algunas de las empresas de exportación van a elegir Palmerola sobre otros aeropuertos», asegura Reyes.
En el límite sur de la construcción de este aeropuerto, en el casco urbano de la Villa de San Antonio, la esperanza de mejores condiciones de vida se han despertado gracias al proyecto. Erick Macías, jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario de la alcaldía de la Villa de San Antonio, asegura que «va a ser de mucha ayuda, habrá bastante trabajo, generará desarrollo y tendremos más demanda de productos. Hasta el momento creo que nos estamos preparando porque ya estamos trabajando en el plan de ordenamiento territorial para organizar hacia donde crecerán las comunidades».
La zona de Palmerola, en donde se encuentra la Villa de San Antonio, actualmente tiene índices de desarrollo decadentes. Según los datos del diagnóstico del Plan Maestro de Palmerola, en los doce municipios que comprenden la región de influencia del proyecto, el 85% de la población mayor de 15 años es analfabeta, además, la cantidad de maestros resulta insuficiente para la población estudiantil existente. En promedio cada maestro imparte clases a 97 alumnos.
En relación al acceso a la salud en la zona, este mismo diagnóstico indica que la Villa de San Antonio no cuenta con un hospital público y los habitantes aseguran que los cuatro centros de salud en la zona no tienen los medicamentos y atención necesaria.
En la Villa de San Antonio ninguna autoridad del gobierno preguntó si la población permitiría la llegada de un aeropuerto internacional que cambiaría la forma en que viven e incluso la cantidad de habitantes que hay en su comunidad, pero ahora que están construyendo las instalaciones y no hay vuelta atrás, la mayoría espera que al convertirse en uno de los focos económicos más importantes del país, el olvido al que se han enfrentado termine y las condiciones de vida mejoren.
Dos religiosas de la orden de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada caminan por el parque central de Villa de San Antonio, 16 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Una de las voces más escépticas sobre las posibles mejoras en la comunidad es la del sacerdote católico Germán Cálix, responsable de la parroquia de San Antonio y director de Cáritas en Honduras. Para el padre Cálix, quizá podrán beneficiarse de algunos impuestos del aeropuerto y algunas fábricas cercanas, pero la expectativa que está generando el gobierno ante el proyecto es sobredimensionada y asegura que «no será el centro de las Américas, aquí solo tendremos seis mangas de acceso en comparación a las ochenta del aeropuerto en Panamá».
«Es una necesidad el aeropuerto, pero las obras de infraestructura son instrumentos que le pueden servir a un país para el desarrollo, y un aeropuerto con una población circundante enferma es un fracaso», dice el padre Cálix, quien también asegura que no es cierto el discurso del gobierno de que Honduras sea un país que está atrayendo inversiones. «Hay más inversión en el país por las remesas de los hondureños que por las inversiones que están haciendo los extranjeros», finaliza.
Según datos del Banco Central de Honduras las remesas doblan los ingresos por exportación de mercancías superando los 3 mil millones de dólares y representan el 18% del Producto Interno Bruto del país.
Buscando el sueño de oportunidades
Ana Dolores Carvajal Velásquez, posa junto al retrato de su esposo, Mauricio Francisco Suazo, quien fue asesinado junto a sus amigos en la masacre de Cadereyta, Nuevo León, mientras intentaba atravesar la ruta migratoria en 2012 hacia Estados Unidos, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
«Negra, casémonos por la iglesia», y Ana Carvajal soltó una carcajada fuerte porque pensó que su esposo estaba bromeando como siempre, pero Mauricio hablaba en serio, aunque legalmente ya eran un matrimonio, quería formalizar su compromiso ante la iglesia. Se casaron un 27 de diciembre en un evento de bodas grupales. Ana recuerda que lo conoció porque unas vecinas eran primas de él y la invitaban a bailar en La Paz, un departamento cercano a la Villa de San Antonio, entre esas invitaciones se conocieron, se hicieron novios y se casaron. Este año estarían cumpliendo 15 años de matrimonio civil.
«Me invitaba a comer cuando cumplíamos años de boda», recuerda. Mauricio tenía 40 años y ya había migrado hacia Estados Unidos, pero después de cinco años trabajando y enviando remesas a su familia, lo deportaron. Al regresar a la Villa de San Antonio abrió una barbería que en un principio le funcionó, pero poco a poco fue decayendo ante la apertura de más negocios de este tipo en la zona.
Un día antes de emprender el viaje junto a los otros tres jóvenes, Mauricio le dijo a Ana que iba a dormir en la barbería. El día siguiente por la mañana, Ana fue con su hijo de 6 años para ver si ya había despertado, al llegar tocaron la puerta en repetidas ocasiones pero nadie abrió. Ana pensó que como él era originario de La Paz había decidido ir a visitar a su mamá.
Cuando una vecina le dijo que su esposo se había ido junto al grupo de amigos en dirección a Estados Unidos, entró en pánico y pensó en el día antes cuando Mauricio pasó toda la tarde corriendo y jugando con su hijo, ahora entendía que ese juego era una despedida. «Él se fue porque quería una mejor vida, como todo migrante llevaba un sueño, por eso le dicen el sueño americano y bueno, nunca llegó a los Estados», dice Ana con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Cuando en octubre del 2018 miles de hondureños salieron en caravana escapando de la violencia, corrupción y pobreza que gobierna en el país, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quienes integraban ese mar de personas eran «delincuentes y desconocidos de Oriente Medio».
Ante esas afirmaciones, doña Adela, mamá de Enrique Velásquez, cada vez que puede le recuerda a las personas que su hijo no era un delincuente ni desocupado. «Todos los que se fueron en ese grupo de amigos eran profesionales. Mi hijo era maestro y había estudiado en Bellas Artes», afirma. Doña Adela cree que como a su hijo le gustaba leer, había logrado interpretar lo que se venía para el magisterio, por eso en una ocasión le dijo que en Honduras ya no habían condiciones para ser docente.
Adela Zelaya y su hija Carla Ninoska Zelaya, posan junto al retrato de José Enrique Velásquez. Las mujeres se han organizado en un comité que ayuda a otras personas que han perdido a sus familiares en la ruta migratoria, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Según estimaciones del Ministerio de Educación actualmente hay más de 28 mil docentes desempleados a nivel nacional, ante esta situación el gobierno recientemente ha anunciado concurso público solo para 5 mil plazas en el sistema educativo público nacional.
En mayo de este año el gremio magisterial junto al Colegio Médico de Honduras salieron a las calles para exigir la derogación de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Educación y Salud, aprobada mediante decreto ejecutivo. Esta ley facultaba a los ministros de cada secretaría para poder realizar despidos masivos. El país fue paralizado por diversos sectores de la sociedad hondureña y los decretos fueron eliminados.
«Por eso la gente se va a otro lado, porque no tiene oportunidades aquí de un empleo o de mejores oportunidades, él quería darle mejor vida a sus hijos y esposa», dice doña Adela. Enrique vivía con su esposa, hijo e hija, pero tampoco les dijo que había decidido irse a Estados Unidos. Nadie en la familia quería creer que realmente se había ido sin despedirse hasta que él mismo les llamó en el camino. «Le dijo a la niña que se iba porque quería celebrarle unos quince años muy preciosos», dice doña Adela mientras su voz fuerte se quiebra y lágrimas empiezan a brotar de sus ojos. «El año pasado cumplió quince años la niña», y termina de quebrarse.
Base militar y expulsión en Coquito
Los helicópteros de la base militar estadounidense de Palmerola sobre vuelan los techos de la comunidad de Los Coquitos por su cercanía con la base, Villa de San Antonio, 16 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
En la Base Aérea José Enrique Soto Cano se instaló desde 1983 la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, una misión de militares estadounidenses enviados durante el gobierno de Ronald Reagan en tiempos de la guerra fría, para funcionar como base de operaciones e inteligencia de la contrarrevolución centroamericana ante lo que Estados Unidos apuntó como «la amenaza comunista» en la región.
Mirta, ha vivido toda su vida en la Villa de San Antonio y recuerda cómo la instalación de la base militar de Estados Unidos al norte de su pueblo le cambió la vida a todos. «Al inicio en el municipio no aceptábamos, pero como fue impuesto no había de otra», dice Mirta quien trabaja en el casco urbano en una fábrica de rosquillas fundada por su madre de 85 años, y agrega que «todo mundo estaba fascinado porque no habíamos visto gringos y las chicas iban a buscarlos hasta la base».
Keith A. McKinley, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, escribió en la revista oficial del Comando Sur de los Estados Unidos que el trabajo de esta misión «es promover la cooperación y la seguridad regional en Centroamérica», y apuntó que las actividades de esta fuerza se basan en cuatro principios: derechos humanos, integración de género, profesionalización de suboficiales y operaciones conjuntas.
Ninguno de esos principios es recordado o mencionado por Mirta, pero sí tiene claro el impacto más grande que dejó la llegada de esta misión a la Villa de San Antonio. «La contaminación de las enfermedades venéreas, eso fue lo más grande que nos vinieron a dejar con la base militar. Cuando hablaron de sida nadie sabía qué era el sida», finaliza.
Sumado a las enfermedades, hace 36 años cuando se instalaron al norte de la Villa de San Antonio, varias personas fueron reubicadas sin que les dieran oportunidad de elegir hacia donde querían irse. Mirta recuerda que a sus conocidos de la zona les dijeron: «aquí habrá una base y se tiene que ir. Vamos a darles el predio, la construcción de su casa y ya». No los dejaron opinar, se tenían que ir.
Maricela enciende el horno para cocinar en él rosquillas y tustacas. En la rosquillería Abuela Chepita han intentado contratar hombres para el trabajo —que consideran estas mujeres es pesado— de hornear, las bandejas llenas de producto y mantener el horno en su punto de cocción es un trabajo que también hacen estas mujeres, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix. Dulce María —nieta de doña Chepita— pone dulce de rapadura a las tustacas, luego de eso irán al horno, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
osefa Bonilla «doña Chepita», nació en el lejano 1932, en la comunidad de Lemaní de Comayagua. Cumplirá 87 años el 7 de octubre, y a su edad continúa trabajando en la rosquillería que fundó para criar a sus hijos. Rosquillería Abuela Chepita es una micro empresa sostenida por las mujeres que trabajan en ella, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Al pasar de los años, los militares estadounidenses que habitan esta base militar han realizado diversas actividades en la zona como la celebración anual del Día del Niño, la Independencia de Honduras y brigadas médicas. Estas actividades han hecho que algunas de las personas de la Villa de San Antonio ya no sientan el miedo y ansiedad que les generaba escuchar los helicópteros sobrevolando su pueblo y tener fuerzas militares extranjeras en la vecindad.
Pero en la aldea de Coquito, unos kilómetros al norte del casco urbano, el miedo parece seguir intacto. «Se habla de guerras entre los países y eso nos da temor. Sumado al descontrol que tiene el país, y así como está el presidente ahorita que hablan de que se va a hacer reuniones a otros países y que tiene alianzas con el presidente de Estados Unidos, todo eso lo pone a pensar a uno», dice Elsa Marina, presidenta del patronato de Coquito. Elsa se refiere a la relación que tiene el gobierno de Juan Orlando Hernández con el de Donald Trump, firmando acuerdos para ser parte de su frontera, aun cuando en Estados Unidos una corte del Distrito Sur de Nueva York haya mencionado que el Estado de Honduras patrocina el narcotráfico. Lo del juicio, lo del tratado, lo del espaldarazo del gobierno estadounidense al de Hernández, se escucha de lejos en El Coquito.
En Coquito, no hay fuentes de agua, ni para consumo humano ni agrícola, no hay red de alcantarillado, la calle de tierra que atraviesa la aldea no es arreglada desde la década de los 80, hay una sola escuela en la que tres maestras se encargan de dar clases a seis grados y no hay centros de salud. «Estas comunidades que rodean la base son comunidades pobres y nadie nos ha traído beneficios. La carencia que hay en la región es terrible, por eso el gobierno debería preocuparse en solucionarnos y no traer un aeropuerto», afirma Elsa.
Un grupo de vacas camina por la calle principal de la comunidad Los Coquitos, los habitantes de la comunidad han estado gestionando la pavimentación de esta calle desde el gobierno de Roberto Suazo Córdoba en 1982, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
La situación en Coquito es mucho más crítica que en el casco urbano, aunque se encuentra casi en la frontera del Aeropuerto Internacional Palmerola. Aun así, parece que va a empeorar para todas estas familias a las que desde ya planean desplazar de la zona para ampliar el aeropuerto que no ha sido finalizado en su primera etapa. La Zona de Desarrollo Económico de Palmerola comprende una zona de reserva para logística y expansión del aeropuerto que, según el diagnóstico del Plan Maestro, consta de un kilómetro desde el muro. Dentro de esa zona se encuentra la aldea El Coquito, habitada por decenas de familias que desconocen totalmente su futuro.
German Cálix, sacerdote católico, párroco de la Iglesia San Antonio de Padua y director nacional de Cáritas, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
El padre Cálix se siente preocupado por la situación y dice que en la medida en que crezcan los servicios del aeropuerto y que la zona se convierta en una zona urbana e industrial, puede ser que se les vaya comprando los terrenos que tienen, «pero no lo van a hacer a la fuerza, puede que hayan engaños y que el gobierno no les de lo que corresponde», finaliza.
En julio de este año el alcalde de la Villa de San Antonio, Nestor Mendoza, les dijo que próximamente les iba a avisar si van a ser desplazados o no, pero según la información del ingeniero Rafael Valladares, consultor de ordenamiento territorial en el municipio, hay una probabilidad muy alta de que El Coquito sea reubicada entre 2025 y 2027. «Aunque nos paguen no sé qué beneficio vamos a tener, a saber dónde nos llevarían. Nosotros de pobres no tendremos beneficio del aeropuerto», dice Elsa, y recuerda que hay familias desplazadas de cuando se instaló la base militar que todavía están esperando el pago por las tierras. «El gobierno debería pensar mejor las cosas para el pobre. Con eso de la vida mejor no nos soluciona nada».
Ampliación irregular del presupuesto y negocios de Lenir Pérez
La construcción de el nuevo aeropuerto de Palmerola en Comayagua se prevé esté concluida para el 2021, Comayagua, 16 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
El Aeropuerto Internacional Palmerola es un proyecto anunciado oficialmente por el gobierno en 2012 cuando se emitieron las bases para la licitación y concesión de la construcción del área civil dentro de la base aérea militar. En ese momento fue adjudicada a la empresa hondureña Servicios Aeroportuarios Integrados S.A. (Saisa), del Grupo Terra, quien presentó su oferta luego de haber sido precalificada junto con el consorcio de origen colombiano Concay.
Finalmente el consorcio colombiano no presentó la oferta y Saisa quedó como único oferente y ganador de la licitación por un monto de $107 millones de dólares, un 50% menos de lo que actualmente se está pagando por la construcción del aeropuerto. En 2014 el contrato de concesión fue anulado, supuestamente por un cambio en las condiciones de seguridad del nuevo aeropuerto. El nuevo proceso de alianza público-privada fue abierto y finalmente adjudicado a la empresa EMCO y la operadora Munich-Franz Joset Strauss, del aeropuerto de Munich en Alemania.
La compañía alemana se encargará del asesoramiento en la construcción y operación del aeropuerto y según Miguel Mencías, técnico de la Unidad de Coordinación y Seguimiento del proyecto de Palmerola en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), “lo apoya desde la planificación del aeropuerto hasta la operación y brindando las capacitaciones al personal local para que posteriormente puede retirarse o continuar con el operador pero esa es una decisión de negocios”. El monto por el que Emco contrató a la operadora alemana no es de conocimiento público.
El 31 de marzo de 2016 cuando el empresario Lenir Pérez y el presidente Juan Orlando Hernández firmaron el contrato para la construcción y concesión del Aeropuerto Internacional Palmerola, el monto estimado de la inversión era de $163 millones de dólares y el concesionario aportaba a la inversión $12 millones de dólares más que el concedente.
El 29 de mayo de este año dicho presupuesto sufrió una modificación mediante una moción presentada por el diputado nacionalista Tomás Zambrano y aprobada de manera irregular en medio de protestas al interior del Congreso Nacional por parte de los diputados de oposición. En el nuevo presupuesto se amplía la cantidad que aporta a la construcción el Estado de Honduras en $46.2 millones de dólares. Este proyecto se está pagando mediante tres fuentes de financiamiento: fondos del concesionario (USD $87.1 millones), fondos del Programa de Conversión de la Deuda de Honduras frente a España ( USD $53.2 millones) y cofinanciamiento aportado por el concedente que en un principio era de $22.2 millones de dólares y ahora es de $68.4 millones de dólares.
Según Miguel Mencías, técnico de la Unidad de Coordinación y Seguimiento del proyecto de Palmerola en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), la ampliación del presupuesto para el proyecto no fue una decisión legislativa sino una necesidad de cumplimiento contractual. «Al tener una investigación de detalle y para cumplir con las especificaciones de acuerdo a contrato, se determina que los fondos no iban a ser suficientes para cumplir con todas las obras que el contrato le asigna al Estado. No son obras adicionales, son fondos adicionales para las mismas obras», asegura Mencías.
Ante la falta de transparencia en el proceso de aprobación de esta ampliación presupuestaria el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) anunció un proceso de investigación hacia el proyecto. En ese sentido, al cuestionar al licenciado Alfredo Cantarero, comisionado presidencial de transparencia, sobre el proceso que se llevó para la aprobación de dicha ampliación del presupuesto, se limitó a decir que no pueden opinar sobre la forma en que el Congreso Nacional procede. En la Villa de San Antonio, el padre Cálix asegura que «es ridículo, en otros lugares nunca se hace eso, usted tiene el presupuesto y sabe que con eso va a concluir la obra porque si no entonces uno se pregunta qué tipo de contratistas hicieron las estimaciones». Las condiciones en que se hicieron los préstamos y se creó la empresa son otros aspectos dudosos para el religioso.
Para llevar a cabo este proyecto se fundó en enero de 2016 la Sociedad Mercantil de Propósito Especial denominada Palmerola International Airport (PIA), concesionaria de la terminal, la cual fue constituida con menos de un millón de dólares por EMCO Inversiones y el empresario Lenir Pérez. Según el acta de constitución de PIA, Lenir Pérez solo tiene el 1% de las acciones mientras que EMCO cuenta con el 99%. Lenir Pérez también tiene un gran porcentaje de las acciones en EMCO Inversiones y es el actual presidente ejecutivo de la empresa.
Lenir Pérez es un empresario hondureño conocido por ser el yerno del fallecido Miguel Facussé, uno de los hombres con mayor poder económico en la historia de Honduras, terrateniente productor de palma africana involucrado en el conflicto agrario del Aguán. Pérez también es presidente de Alutech, empresa de venta y distribución de láminas y techos, y presidente de la junta directiva de Inversiones Los Pinares, una empresa minera que tiene una concesión en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras. Este parque fue declarado área protegida en 2012 pero el año siguiente el Congreso Nacional redujo su zona núcleo permitiendo que las hectáreas pasaran a la concesión otorgada a la empresa de Lenir Pérez.
Las comunidades aledañas al Parque Nacional Carlos Escaleras han mantenido una lucha en defensa del río Guapinol y San Pedro, fuentes de agua que serían afectadas con el proyecto. Este conflicto generó que siete personas fueran acusadas de robo, incendio agravado, asociación ilícita y privación injusta de la libertad en perjuicio del Estado y de la empresa; ahora estos defensores del territorio están recluidos ilegalmente en La Tolva desde hace casi cuatros meses, una cárcel de máxima seguridad inaugurada por el gobierno de Hernández, a pesar de que la juez dictó que la prisión preventiva la cumplirían en la Centro Penal de Olanchito, Yoro.
La repatriación de los cuerpos
María Cristina Rivera Valladres hermana de Carlos Ruiz Rivera, posa junto al retrato de su hermano, asesinado en 2012 en la masacre de Cadereyta, Nuevo León, mientras intentaba llegar a Estados Unidos haciendo la ruta migratoria por territorio mexicano, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
El 11 de mayo de 2012, María Rivera, hermana de Carlos Rivera, se dio cuenta que en las noticias internacionales estaban anunciando el hallazgo de 49 cuerpos decapitados y desmembrados en Nuevo León, México, y existían posibilidades que fueran de migrantes centroamericanos.
En los días posteriores a la noticia, las familias del resto de los migrantes empezaron a buscar ayuda para saber si los cuerpos encontrados en la orilla de la carretera en Cadereyta pertenecían a sus esposos, hijos y hermanos. Todas las familias estaban en la búsqueda, menos la familia de Carlos que se resistía a creer que ya no volverían a verlo y que además había sufrido una muerte tan dolorosa.
En el proceso de identificación de los cuerpos, las familias acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores donde les dijeron que «iban a ver» si podían hacerles los exámenes y que en todo caso, la repatriación del cuerpo les costaría entre 40 mil y 50 mil lempiras (USD $2 mil). «El gobierno hondureño no nos ayudó en nada, en nada», lamenta doña Adela, además, Carla, su hija y hermana de Enrique, recuerdan que fueron un grupo de antropólogas argentinas quienes les ayudaron a identificar los cuerpos y para la repatriación fue la Fundación para la Justicia del Estado Democrático de México quien facilitó el proceso.
Después de dos años de lucha para que sus familiares regresaran a Honduras para una sepultura digna, las familias lograron que Enrique, Mauricio, Heber y Carlos fueran repatriados. Incluso, a pesar de la negación inicial, la familia de Carlos decidió hacer el examen de ADN y fue el mismo día que entregaron los cuerpos en Honduras que se les notificó el parentesco.María dice que «en el momento de la entrega de nuestros familiares, cuando estábamos en la morgue, querían entregarlos como que eran vacas como que eran unos animales, querían meterlos en unos camiones», y recuerda cómo Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras, solo llegó a tomarse fotos.
Finalmente una organización de derechos humanos les ayudó a trasladar los cuerpos a la Villa de San Antonio, y aunque todavía esperaban solidaridad de parte del gobierno de Honduras, nunca llegó.
Ante el abandono, los sentimientos de tristeza y dolor se convirtieron en enojo el día que repatriaron los cuerpos. Doña Adela recuerda que «Cancillería dijo que no tenía dinero y lo que dio fueron tres mil lempiras a cada madre».
Para Carla, el único responsable de lo que vivieron es el gobierno al no brindar seguridad ni fuentes de trabajo a las personas que viven en Honduras. «El gobierno es el autor intelectual de la migración, es algo ilógico que Honduras haya firmado el acuerdo de tercer país seguro», asegura.
Este grupo de mujeres ahora forma parte de un comité en La Paz con las demás familias que sufrieron una pérdida en esa tragedia. El Comité de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH) que surgió del dolor de las familias y el apoyo del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO). Actualmente están trabajando para ayudar a otras familias que viven la misma situación que un día ellas atravesaron. Porque todos los días se escucha en el pueblo que alguien salió rumbo al sueño de la libertad en el norte. Familias enteras están huyendo del olvido en la Villa de San Antonio.
Sobre la esperanza que el gobierno ha proyectado en el Aeropuerto Internacional Palmerola, María dice que «se supone que va a venir más empleo y fuentes de trabajo pero esas personas que vienen a trabajar ya están, seguramente. Como comunidad es un desarrollo pero nosotros como familias no aspiramos a que un familiar pueda trabajar allí», concluye.
Con 23 años, Torcido vive atado a una piedra que arrastra, cual Sísifo, sin llegar a destino alguno. Desplazado interno por la violencia, inmigrante en Estados Unidos, retornado a Honduras. Vive en La Esperanza, un municipio pacífico que registra la tasa de recepción de deportados más alta del país desde 2015. La seguridad en la que vive no evita que languidezca atrapado en el deseo de morir. Su libertad no se parece a un derecho que ejercer y todo gobierno y plan fracasan en su intento de ayudarle.
POR: Elsa Cabria y Ximena Villagrán / El Intercambio FOTOGRAFÍA Y VÍDEO: Oliver de Ros / El Intercambio EDICIÓN DE VÍDEO: Gerardo del Valle / El Intercambio EDICIÓN: Alberto Arce / El Intercambio
EL AMOR
—¿Torcido?
—Torcido.
“Estoy trabajando cuando de repente veo los tombos [policías] ahí adentro. ‘¡Diablo!, pero ¿ahora qué pasó?’, digo yo. Y ya me empiezan a hacer preguntas y me piden mi teléfono. ‘¿Y para qué les voy a dar mi teléfono yo? Acaso que ustedes me lo compraron’, les dije. Lo primerito que me quedaron viendo fue esto: los tatuajes, los tatuajes… Me quitaron el teléfono. Entonces me pidieron clave, se la tuve que dar. No tenía nada que esconder. Nada más que es caro. Entonces, se llevaron el teléfono. Se fueron. Y luego regresaron, me dijeron que ya no me querían ver en ese sitio. Las once del día eran”.
La vida de Torcido es como un poema de Miguel Hernández: Las tres heridas. La del amor, la de la muerte y la de la vida. Platica en marzo de 2019. Cuando ya pasó más de un año desde que se quedara sin aquel celular. Este hondureño de 23 años, atlético y de mirada desafiante, recuerda la última vez que tuvo que rodar de nuevo cuesta abajo arrastrado por su piedra, como Sísifo en el eterno retorno. Porque sus violentas heridas de amor le quebraron hasta llevarle de regreso desde el país en el que no fue capaz de quedarse al país que odia. Una infidelidad derivó en su deportación de Estados Unidos. No supo dejarse ayudar por una ex novia devota que incluso le pagaba el abogado. Y su madre, ausente como testigo en su juicio de deportación, insertó el último clavo en su féretro mental.
Pero eso lo contará luego. Ahora está sentado sobre la moto de su tío, frente a la casa de concreto de sus abuelos en La Esperanza, en el departamento de Intibucá, en Honduras. Habla como si fuera a encender el motor e irse. Muy lejos. De regreso a Lawrence, , Kansas, donde vivió seis años. A 4,023 kilómetros de distancia en moto. Si es que pudiera irse en moto. Que no puede. Torcido vive ahora en una entre un puñado de casas de una planta rodeadas de amarillos campos de pasto para vacas. Su barrio difiere mucho de la colorida postal turística del casco antiguo que ofrece como reclamo una iglesia enclavada en una montaña, dejando para las afueras la paleta del gris.
La Esperanza es el lugar donde fue asesinada en 2016 Berta Cáceres, líder por los derechos lencas y activista medioambiental hondureña.
El departamento de Intibucá está entre los cinco menos homicidas del país: 65 asesinatos en 2018. Uno cada 6 días. Eso, en Honduras, significa paz. Pura ensoñación enclavada en un país ultra violento. En el mismo centro del pueblo, algunas pintas en las paredes recuerdan que acá fue asesinada la activista ambiental Berta Cáceres. Y para sorpresa de las autoridades locales y muchos vecinos, es un lugar cuyo perfil sociológico está sometido a una transformación profunda: es el municipio hondureño que más deportados recibió desde Estados Unidos en los últimos cuatro años. Torcido es uno de esos deportados que habita La Esperanza.
En 2018 hubo 2 homicidios en La Esperanza.
Para cortar el ciclo migración-deportación-migración y así evitar que centroamericanos, como Torcido, trataran de llegar a Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama ideó en 2015 un plan de inversión económica que fracasó. Lo denominó Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN). El gasto fluyó a través de agencias y contratistas estadounidenses. Pero los gobiernos de la región nunca se implicaron. Hubo un compromiso de Honduras, Guatemala y El Salvador de invertir 5,400 millones de dólares. Pero no trajo consigo un aumento presupuestario, sólo cambios en los nombres de los programas. El PAPTN fue cancelado en 2019 por el gobierno de Donald Trump. Ni redujo la migración ni mejoró las condiciones de vida de los centroamericanos. En la Esperanza, Intibucá, el plan no propició cambios sociales.
Es una sociedad que muta. Las autoridades no tienen en cuenta que en numerosas colonias de las afueras de la Esperanza viven cada vez más personas huidas a lo largo de los últimos veinte años de otras zonas del país: Del sur del departamento de Intibucá y del norte de Honduras. Los del paupérrimo sur se mudaron a la cabecera gracias a las remesas enviadas por sus familiares migrantes en Estados Unidos, que les han permitido comprar parcelas. Al tiempo también llegaron vecinos del norte del país. Torcido —al que apodamos así por su seguridad— no es oriundo del pueblo. Como no lo son tampoco las . tres lágrimas negras tatuadas que bordean su pómulo derecho. Como tampoco lo es el resto de la familia. Dejaron el norteño Yoro buscando refugio en una tranquila cabecera departamental donde en marzo el viento corre frío y el sol aplasta. Desplazados internos por la violencia estructural, él salió rumbo a Estados Unidos, ellos, recalaron directamente en La Esperanza. La familia que el destino separó vuelve a estar unida.
A Torcido le irrita revivir el momento en que la policía irrumpió en su puesto de trabajo y le quitó el celular y lo llevó a la comisaría. El momento que marca el comienzo de su viaje de regreso forzado a Honduras. Sentado sobre la moto, no mira apenas a los ojos, clava la vista en el infinito y la cabeza sobre sus codos. Habla con desconcertada rabia. Recuerda que ese día se fue a casa sin trabajo, sin celular y sin entender nada. Al entrar al apartamento no quiso besar a su novia, como hacía cada día al regresar del empleo temporal en la construcción que tuviera. Se metió, bravo, en su cuarto. Su pareja le pidió que le explicara. Le dijo que regresara por el teléfono a la comisaría. “Por el maldito teléfono”. El celular escondía algo sobre ella. “Tenía videos estúpidos”. Sexuales.
Regresó y en ese regreso cayó preso. En la corte federal, uno de los policías dijo que Torcido tenía relaciones virtuales con una menor estadounidense de 17 años. Se habían conocido por Facebook. Si hubieran tenido relaciones sexuales, hubiera sido violación. Él no piensa en esas cosas. Admite la relación, pero está enojado con cómo fue todo a partir de ese día. Hasta llegar donde está. Era un hondureño sin permiso de residencia en Estados Unidos.
Sus heridas se habían abierto mucho antes.
En 2012, se fue a EEUU. Tenía 16 años y una buena razón para que su mamá —que vivía en New Jersey— le pagase un coyote de emergencia. De la razón hablará después. Pero le enoja recordar a esa mujer que lo dejó con su abuela cuando él tenía 7 años. Al llegar a EEUU, convivió con su mamá menos de seis meses. Sentía que le trataba mal. El desencadenante para dejar de hablarle, cuando le pidió que testificara en su juicio de deportación. New Jersey y Lawrence están a 46 kilómetros. Pero a ella le dio miedo ir a un tribunal por si también acababa deportada. Así que no fue. “Yo esperaba a mi mamá […] Yo se lo he dicho a mi viejita [abuela], que CITA: “por esa mujer el día que se muera, pues que se muera, una cita>lágrima por ella yo no la boto. `Por usted sí la puedo botar’, le digo yo…”.
Toña, la abuela, no entiende tanto coraje hacía la mujer que lo mantuvo en la distancia. Sentada en su oscura cocina de rojas paredes, serena, como si no acabara de preparar pollo con arroz para diez personas, no comprende a su nieto.
“Todo el tiempo yo les decía: su mamá se fue por salir adelante con ustedes. Desde el momento que ella los mandó a traer [a él y a su hermano] era para darle un futuro a ellos, también después de dárselos aquí con todo porque ella en ropa, en comida, nunca se ha quedado atrás […] Pero él no quiere entender, no sé qué es lo que le pasa a este niño”.
Toña, la abuela de Torcido, es la encargada —todos los días— de preparar la comida para su familia.
Torcido dice que su mamá le golpeaba a él y a sus tres hermanos, que no supo quererlos. Por eso, llama mamá a su abuela. Aunque su abuela y su abuelo también le pegaban. “No les voy a mentir, a mí me gustaba agarrar lo ajeno cuando yo estaba chamaquito, pero se daban cuenta en la casa. Me metían las manos al fuego y después me daban pija con una vara de tamarindo y el tamarindo es fino y ¡puta madre!, cuando me sacaban los brazos del fuego, todos quemados”. Hay violencias aceptadas. Tan similares a las que se rechazan que al violentado le resultan distintas. Para algunos, la vida consiste sólo en elegir el infierno en el que arder.
Torcido es un niño infeliz. Desde la moto amenaza a su sobrino de tres años con golpearle con una hierba seca que ha recogido del piso. Lo hace todo el tiempo. O cuando se aburre, que es muchas veces. “Sáquese la pija de acá”, le dice para que deje de rondarle. Luego se ríe. El niño llora. Ambos buscan atención. Recuerda sus últimos meses en EEUU y el apoyo de su novia, que era la dueña del apartamento donde vivía. Ella resistió la relación tóxica y le pagó un abogado aunque sabía que le era infiel. Él no es consciente del machismo que descargan muchas de sus palabras sobre la única persona que le visitó en la cárcel.
“Yo nunca en mi puta vida había llorado por una mujer, pero yo estaba enamorado de esa mujer, yo solo la miraba y se me hacía un nudo que ni hablar podía… […] Todos los días le ponía visita yo. Ya después me cansé, cogía mucho estrés, botaba hasta el pelo en la cárcel del estrés, cuando uno se levanta de ese pedazo de metal que le dan a uno ahí, la cama esa, un colchón… ¿Como así?, ¡n’hombre!, ni dormir puede uno. Ya después dejé de ponerle tanta visita, porque eso me estaba matando, me metía mucha mierda en la cabeza, a veces con ganas de matarme ahí adentro…”.
Él ya no le habla. Más soledad.
Es ansioso, pero se ha quedado clavado en un momento de su vida del que no logra salir. Y esa energía que no consume, lo consume a él. En casi tres horas no se baja de la moto. Saluda vigilante, levantando la mirada bajo su gorra plana a los adolescentes que pasan por la calle de tierra donde está la casa de sus abuelos. Ha integrado las supuestas reglas de lo que significa ser hombre. Y aquí, en Honduras, eso pasa por estar siempre vigilante. Se hace el interesante para contar algunas cosas. Dice que está viéndose con una vecina casada de 38 años. “Es que las mujeres mayores son más macizas, más tuanis, lo atienden bien a uno, lo cuidan a uno […] Hay mucha gente que piensa que es para que lo mantengan a uno, pero no…”. En los últimos meses, también estuvo viéndose con una de 12, pero la madre le amenazó con denunciarlo. Torcido, dice su abuela Toña, necesitaría un psicólogo.
Las afueras de La Esperanza son calles de tierra, casas de block y techos de lámina. Es ahí donde viven los desplazados internos.
Antes de ser detenido en Lawrence, Kansas, Torcido y la adolescente estadounidense de 17 años llevaban tres días mandándose fotos por Facebook Messenger y llamándose. La madre de la joven lo había descubierto. Y lo había denunciado. “Uno es tan hijo de la gran puta, tan estúpido, después de estar bien… ¡Imagínese ahora como estoy! […] Tenía diecisiete años, pero allá usted sabe que las mujeres desarrollan de volada, la güirra [niña] parecía que tenía como veinte años. Por eso, se miraba tremenda yegua y teniendo mujer yo…”.
LA MUERTE
—Quisiera que la calaca me llevara; estar vivo vale pija, mejor estar abajo. Torcido prefiere estar abajo. Enterrado con 23 años. Desafía en cada acto la posibilidad del amor. Y esa soledad que siente le hace hablar como un anciano harto de todo. Cuando fue deportado, en marzo de 2018, su abuela lo recogió entre lágrimas en el aeropuerto de San Pedro Sula y lo llevó a un lugar que no existía para él. Torcido llegó a La Esperanza, pero antes de huir a New Jersey y luego a Lawrence, ya había vivido en San Pedro Sula, en Yoro y en El Progreso, en el norte de Honduras. En cuál de todos los lugares por los que pasó se perdió, no lo sabe ni él. Por eso está desubicado en este pueblo de interior.
Un portón oxidado y olvidado resguarda un terreno baldío en uno de los barrios de La Esperanza.
Primero tenemos que visitar la Unidad Municipal de Atención Al Retornado (Umar) de La Esperanza, abierta en 2018 con fondos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), y gestionada por el gobierno de Honduras. La Umar se resume en una mujer encargada, en una mesa, en una oficina compartida, en la Casa de Cultura. Ella tiene acceso a la Ficha Integral del Migrante Retornado que llenan los hondureños deportados una vez que atraviesan una de las fronteras y aeropuertos que los encierran de nuevo en su país. En 2018, la edad media de esos deportados, en La Esperanza, era de 21 años. Revisando las fichas de los retornados de esa edad aparece Torcido, en el barrio con más deportados de La Esperanza y había puesto el teléfono de su tía en el formulario. Explicarle cómo dimos con él, nos devuelve su mirada más confusa. No entiende porqué su historia es importante.
Accede a platicar cuando le preguntamos si alguna vez ha hablado sobre cómo se siente. Asiente y nos mira. Torcido es desconfiado. Sobre todo se siente solo. Dos fotos en su casa ahondan en esa soledad. Una es de su de tío Selvin. La otra de su tío Juanito. Ambos eran pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) en San Pedro. Fueron asesinados: Selvin por pretender salirse de la pandilla y Juanito, con quien convivió toda su preadolescencia, por hurtar a espaldas de la pandilla.
Con Juanito pasaba el tiempo robando. Delinquieron muchas veces. Presenció, sentado a su lado, su muerte. Solo le quedó huir, escondiéndose durante semanas hasta salir de Honduras. La herida de esta muerte es transversal al desarraigo en el que vive. Torcido quisiera estar muerto también. Pero recuerda lo que le dice su abuela: el que desea la muerte, nunca se muere. “Mejor no desearla para morirse rápido”, le suele responde él.
Aunque su familia es de Yoro, el departamento más homicida del país en 2018, él vivió mucho tiempo en San Pedro Sula, la ciudad más violenta del mundo en 2015. La abuela —la viejita, le dice el nieto rebelde— le crió hasta la adolescencia y ahora, simbólicamente, vuelve a criarlo. Torcido no era pandillero. De niño, con Juanito como referente, le encantaba el ambiente, la ropa, los tatuajes. Sobre todo los tatuajes de lágrimas, que pueden significar haber matado o tener familiares muertos. “A mí siempre me han gustado, siempre he alucinado estas lágrimas y también alucino con los ojos, de repente me los tatúo. Mire, yo hice muchas estupideces aquí, sí que anduve [con la pandilla], pero solo con el chamaco [Juanito] que era pandillero, nunca me llamaba la atención de brincarme aquí”.
En Yoro, en 2018 asesinaron a 58 personas de cada 100 mil habitantes.
Brincarse a la MS13 significa recibir una paliza de 13 segundos para incorporarse a sus filas. La misma pandilla que admiraba, que mató a sus tíos y le obligó a dejar su país para no ser asesinado, le convenció de brincarse al cruzar la frontera. Fue en New Jersey, —no en Honduras—, donde se unió a la MS13. Al preguntarle con insistencia por qué se unió a quienes querían matarlo, revela cómo la violencia sustituye su idea deforme del amor: “El diablo en vivo es ahí, es que eso es bueno. Mire, es mejor tener a la familia de pandilleros que tener a familia así; los pandilleros, eso si es familia para uno, que dan la vida por uno”, dice sentado en el bosque de pinos que queda encima de la famosa Gruta, una iglesia enclavada en una roca.
PIE DE FOTO: El rosario de Torcido cuelga de una planta en la entrada de su casa (arriba izq), Torcido esconde su identidad bajo la gran visera de su gorra (arriba dcha.), Torcido saluda desde lejos ondeando su gorra (abajo izq.), Con una cerveza en una mano y un encendedor en la otra, enciende un cigarrillo en un desierto parque para niños cerca de su barrio (abajo dcha.)
Por pobreza, hambre o muerte, tres tragedias que son una, cientos de miles de centroamericanos como Torcido huyen a EEUU, un país que sólo el último año ha detenido a casi un millón de personas, muchas de ellas centroamericanas, tratando de cruzar ilegalmente su frontera. El problema dista de ser nuevo. Desde los sesenta, con Kennedy, ha habido muchos planes para el progreso de Centroamérica. El PAPTN era el enésimo. El penúltimo de una larga lista que continuará creciendo.
La palabra Prosperidad es un eufemismo por no admitir que el objetivo siempre ha sido evitar que los migrantes huyan a Estados Unidos. El plan fue suspendido por Gobierno de Donald Trump en 2019. El dinero estadounidense no llegó a los gobiernos centroamericanos. Los tres países se comprometieron a gastar dinero de sus presupuestos. Pero solo cambiaron el nombre a programas ya existentes para hacerlos parte del acuerdo.
En 2017, la Secretaría de Finanzas de Honduras, eligió ocho departamentos para ejecutar el primer presupuesto del PAPTN. Sólo valoró que tuvieran una tasa de homicidios más alta de la media, que estuvieran cerca de una carretera principal o zona franca y menor empleabilidad que el promedio nacional. Torcido no cabía en ninguna de las categorías.
En 2018, el plan llegó all departamento de Intibucá, del que es cabecera el pueblo donde vive Torcido ahora. El foco se puso en las Secretarías departamentales de Educación y Salud. Pero solo sobre el papel. El presupuesto no aumentó. Se puso una etiqueta del PAPTN en gastos que ya existían en anteriores presupuestos. Lo confirman en entrevista los secretarios de ambas instituciones y los presupuestos detallados de los últimos dos años.
Pero entonces, Estados Unidos convirtió a México en su frontera sur. Externalizó la contención del flujo migratorio centroamericano y abandonó un PAPTN fracasado. El siguiente plan aún no tiene nombre. Sólo se ha anunciado que, el foco pasa de lo regional a lo bilateral. México, que contiene y gestiona, será quien reciba dinero ahora. Diferente frontera, mismo muro.
El Gobierno de Trump no cambió la realidad de Torcido ni sus ganas de regresar a Estados Unidos. Torcido no vio nada, no oyó de ningún plan. Sólo vive obsesionado con que la piedra que carga, le caiga encima. Es un Sísifo suicida.
—Después de todo esto, ¿cómo te sientes?
—¿Cómo me siento yo? Con ganas de morirme, esa es la respuesta que les doy yo. Pero, pues, de tanto que deseo la muerte, la calaca se me aleja más bien. Yo sufrí mucho y si yo me metiera a pedos [problemas] y en contarles toda mi fucking historia y… ¿Me entienden? … No terminamos hoy… ¿ya?
LA VIDA
—Y ahora mil quinientos pesos que le debes a la jura [policía] para recuperar tu moto. —Mil quinientos, vale pija.
Torcido está en un billar del centro histórico de La Esperanza, pero no juega. Suele pasar el tiempo en este lugar amplio y maloliente. Se sienta. Bebe cerveza, fuma. Nos presenta a un amigo que recién conoció. Es de San Pedro Sula y huyó a La Esperanza cuando lo empezaron a extorsionar. Cuenta que él extorsionaba también, que era colaborador de la pandilla Barrio 18, la enemiga de la MS13. Sus relaciones sociales, parece, se limitan a problemas. Torcido no habla con él, prefiere platicarnos a nosotras. No tiene casi amigos en La Esperanza. Pasa dos horas sentado, con su letanía de la muerte. La herida que no cierra es la de su vida inerte. A las 8 de la noche nos vamos, él se queda solo, en medio de una hilera de sillas contra la pared, con la compañía de su quinta cerveza. Nos vemos mañana para almorzar en su casa, nos recuerda.
“Hola. Me kitaron la moto”. Es un mensaje de la una de la madrugada. Luego dos llamadas perdidas. Cuando le llamamos por la mañana, tiene el celular apagado. Probamos con su joven tía: Torcido no llegó a dormir. No tenía casi gasolina para la moto, pero no quiso irse del billar. Llega cerca de las dos de la tarde a casa, con cara de sueño. Parece que iba borracho, la policía le detuvo y le quitó la moto. Se quedó sin trabajo esta noche. Ya no vende tambos de gas y debe 1,500 lempiras (US$60) a la dueña del negocio, que pagó la multa de la policía. No dice dónde durmió. Torcido no da explicaciones.
No hay prosperidad para Torcido. Entre muchas razones, porque el modelo del Gobierno hondureño cuando hablaba de aquella Prosperidad en mayúsculas, la de su impulso al capital humano, incluyó la creación de la Unidad de Atención al Retornado (Umar), una institución vacía. En La Esperanza tuvo que ser un organismo externo, internacional, la Organización Internacional de las Migraciones, la que detectara el aumento de deportados y la que pagara una oficina local para que el Gobierno delegue en una sola persona la responsabilidad de buscar soluciones de futuro para los que retornan.
Eso explica en parte que la institución sea una desconocida en el municipio. En 2014, La Esperanza recibió 307 deportados: dos de cada 100 personas de La Esperanza estaban en Estados Unidos o en tránsito hacia allá. Que esas 307 personas sean deportadas significa que dejan de enviar remesas desde Estados Unidos o tienen deudas que pagar por el viaje que no completaron para llegar al Norte. Pero a Torcido ninguna cifra le importa.
A ninguna tragedia con nombre propio le importa ser parte de un indicador mayúsculo. La Esperanza tiene casi catorce mil habitantes,169 de ellos fueron deportados en 2018. El hombre de las tres lágrimas es uno de esos 169. La cifra no suena impactante si Honduras, ese año, recibió 21,993 deportados. En relación con su número de habitantes, La Esperanza es quien se lleva la peor parte.
Torcido se sacude la grama de la ropa y se levanta a observar la panorámica de La Esperanza desde encima de la Gruta. El día es fresco y azul. Mira con perspectiva el pueblo donde no quiere estar. A Torcido la Unidad de Atención no le suena de nada. No le importa que hace un año el gobierno abriera la oficina de la Umar como parte del PAPTN. La responsable de la Umar carece de fondos para poder ayudar a los 17 de cada 1,000 habitantes del lugar que han sido deportados desde Estados Unidos. Apenas ha podido apoyar a una docena, dice, gracias a empresarios locales que necesitaban contratar gente.
Torcido, ni sabiendo de la existencia de una oficina piensa ir a pedir ayuda para conseguir trabajo o para que la encargada le informe de si existe algún programa para retirar tatuajes, ahora que dice que no es pandillero. Como si él pudiera decidir por sí solo. Como si no resultara mortalmente complicado salir de una pandilla. Para no parecer lo que es, le gustaría quitarse las tres lágrimas de la cara. Pero, como si fuera su castigo, es la marca eterna de este Sísifo centroamericano.
Dice que solo se atrevería a viajar a buscar un centro para quitarse el tatuaje si es con su abuela, porque cree que lo matarían en el camino. Pero en Honduras, no existen centros gratuitos para eliminar tatuajes, espacios que sí había hace años, cuando el antepenúltimo plan financió a un contratista que disponía de la máquina y tenía fondos para pagar al empleado que sabía usarla. En alguno de los informes de alguno de los programas y alguna reformulación de planes se eliminó el borrado de tatuajes. Eso sí, la prensa internacional la filmó al menos tantas veces como tatuajes pudo borrar.
Torcido miente a veces. Pero avisa cuando lo hace. Tras decirnos que sus tres lágrimas son por la muerte de tres familiares, le preguntamos que quién es el tercero, después de sus tíos Selvin y Juanito. “No, la verdad les voy a decir una cosa, no es de familiares, son cosas de la vieja escuela”. No aclara si son asesinatos cometidos por él.
Se queja de vivir en La Esperanza. Pero no tiene donde ir y lo sabe. Quiere regresar a Estados Unidos, el país que no lo quiere a él. Qué hace en este tranquilo municipio, se pregunta, vestido con la ropa fancy de pandillero que compró en Estados Unidos. Todos los días tiene que madrugar, obligado por el ritmo familiar. Muy a su disgusto, se levanta en la misma habitación que sus dos sobrinos pequeños, para luego desayunar tortillas, huevos y frijoles. Todas las semanas, ayuda a su abuelo campesino a pasear a sus quince vacas. Ya nada de marihuana o alcohol bueno, comida rápida, ropa cara, o lentes de contacto azules, como antes. Torcido no se adapta. Pero difícilmente será por esta lista de carencias materiales.
—Una última pregunta y es una en concreto.
—Me cago en el diablo, ¡coño!
El presente equivale al vacío. No hay Estado para Torcido. Este deportado de 23 años dice que ya no quiere pelear. Pero su familia lo ha maltratado y él actúa con los mismos códigos. Torcido se violenta a sí mismo. Nadie le va a ayudar a buscar un psicólogo, aunque en teoría la Unidad de Atención al Retornado debería brindarle ese servicio. Al menos ese. Le pedimos que se imagine un futuro. Elije la idea de una descendencia que le redima de sus tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida. Quizá, piensa, pueda volver a empezar.
Una vez los deportados de La Esperanza regresan a Honduras, provenientes de Estados Unidos, son trasladados hasta la central de buses de Intibucá desde San Pedro Sula.
“Yo lo que quiero es buscarme una mujer y aunque sea pegarle un hijo, para que el día de mañana cuando muera que quede la pinta ahí, porque, imagínese, se muere uno y sin tener hijos. Ando sobre dos mujeres yo, una tiene 31 y la otra, 32. Los maridos están en Estados Unidos. Una tiene dos hijos y la otra tiene tres. Pero me vale pija [no importa]. Como dice el dicho: quién quiere la gallina, también tiene que querer los pollitos ¿no? “.
Este reportaje forma parte del proyecto periodístico Retorno elaborado por la productora El Intercambio y financiado por Seattle International Foundation. Para verlo completo puedes ingresar a www.elintercamb.io/retorno
Luego de que el jurado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York declarara culpable de los cuatro delitos que se le acusaba a Juan Antonio «Tony» Hernández, exdiputado y hermano del presidente Juan Orlando Hernández, al mediodía de este 18 de octubre, la dirigencia del Partido Libertad y Refundación en conferencia de prensa, convocó a manifestación permanente y como primer punto de encuentro, Manuel Zelaya —coordinador general de Libre—, llamó a las inmediaciones de la antigua Casa Presidencial a la altura del bulevar Juan Pablo II de Tegucigalpa.
«Nadie puede hacer pausa en este momento de lucha», es la frase con la que cerró la conferencia en la sede de Libre.
Esta primera jornada, acuerpada en su mayoría por estudiantes universitarios, terminó en enfrentamiento con la Policía Militar, quienes respondieron con gases lacrimógenos a los discursos de Zelaya y su hija, quienes llegaron para agitar la exigencia de que Juan Orlando Hernández debe renunciar de manera inmediata de su cargo de presidente de Honduras y se debe llamar a elecciones extraordinarias.
Durante la noche de este 18 de octubre se reportan tomas en distintos puntos de la ciudad capital, y en otros municipios del país. En Tegucigalpa los saqueos y la quema de un camión militar a la altura del Hospital Escuela Universitario son parte del saldo que comienza a dejar las protestas contra el gobierno de Hernández.
Un Policía Militar ajusta las cadenas que amarran la valla metálica para cerrar el acceso a la antigua Casa Presidencial a la altura del bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix. Quema de llantas durante la primera jornada de protestas convocada por Libre en las inmediaciones de la antigua Casa Presidencial, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Dos manifestantes se abrazan durante el inicio de la primera jornada de protestas convocada por Libre a la altura del bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix. El ex presidente Manuel Zelaya durante el motín en las inmediaciones de la antigua Casa Presidencial, donde Libre convocó para exigir la renuncia de Juan Orlando Hernández, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Una joven sostiene un rótulo con la leyenda «¡Culpable!» En alusión al juicio de Tony Hernández en Nueva York, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Un manifestante devuelve una bomba lacrimógena durante el enfrentamiento en el bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Un manifestante patea una bomba lacrimógena durante el enfrentamiento entre la Policía Militar y simpatizantes de Libre en el bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Un grupo de jóvenes se resguardan detrás de barriles de basura durante el enfrentamiento con la Policía Militar a la altura del bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.La Policía Militar detrás de la valla metálica que separó en todo momento a los manifestantes del acceso a la antigua Casa Presidencial a la altura del bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Un manifestante atiza el fuego de una llanta en llamas durante la primera jornada de protesta tras el resultado del juicio de Juan Antonio Hernández en Nueva York, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix. Manifestantes cierran el paso en el bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix. Un manifestante encapuchado pasa frente a una quema de una valla y restos de madera durante la primera jornada de protestas luego del resultado del juicio por narcotráfico a Juan Antonio Hernández, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Un vendedor de algodón de azúcar pasa junto al fuego de una valla incendiada en el bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
A pesar de que muchos en Honduras lo dijeron, el exasesor de la lucha contra el narcotráfico Alfredo Landaverde, el capitán de las Fuerzas Armadas Santos Orellana, los jóvenes que llenaron de grafiti muros y calles con la palabra compuesta: narcodictadura. Lo dijeron muchos, por años, Landaverde fue asesinado, el capitán dado de baja, muchos jóvenes asesinados en la crisis postelectoral, otros encarcelados, otros decidieron irse en caravanas. Lo dijeron muchos, pero parecía no importar, lo tenía que decir Estados Unidos.
Cuatro fueron los delitos por los que un jurado de Nueva York declaró culpable al hermano del presidente de Honduras y también exdiputado del Partido Nacional, Juan Antonio «Tony» Hernández. Cuatro eran también los años extra que Juan Orlando Hernández pedía estar en el poder, durante su campaña política de 2017. Lo logró…gracias a que transgredió la Constitución y gracias al financiamiento proveniente del narcotráfico.
La fiscalía estadounidense pudo comprobar ante un jurado que Tony Hernández hizo millones de dólares provenientes del narcotráfico y que canalizó varios millones de estos a las campañas del Partido Nacional para influir en las elecciones presidenciales en 2009, 2013 y 2017. Entre 2010 y hasta 2013 al menos, uno de los co-conspiradores principales de Hernández fue el jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera alias «El Chapo». El líder del cartel que sigue poniendo de rodillas no solo a la sociedad mexicana, sino a su gobierno, le dio 1 millón de dólares a Tony para la campaña del actual presidente de Honduras.
A pesar de lo anterior, Honduras ha sido un aliado destacado por el gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, y su apoyo para la reducción de violencia ha sido evidente en la inyección de dinero para la Policía Nacional y las FFAA de Honduras, ambas instituciones exhibidas en este juicio por estar coludidas y ser utilizadas como instrumentos al servicio del crimen organizado para perpetrar asesinatos y proteger cargamento de drogas y armas.
Se ha hablado de «narco estado» desde que comenzaron los juicios de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y en este juicio contra Hernández el fiscal lo dijo: «Tráfico de drogas patrocinado por el Estado». El gobierno, el mismo Juan Orlando Hernández, el canciller y el secretario de Estado, han solicitado al Departamento de Estado de Estados Unidos que se aclare que la condena no es contra el Estado de Honduras, ni contra su gobierno, sino contra un individuo. Se le pasa por alto a un presidente que ha concentrado todo el poder del Estado en sus manos, que en Estados Unidos el Departamento de Estado no tendrá nada que decirle al fiscal de una corte del distrito sur de Nueva York sobre sus conclusiones en un juicio.
La agente especial de la DEA, Charge Wendy C. Woolcock, dijo: «Esta declaración sirve como una advertencia para todos aquellos que trafican drogas ilegales a nuestro país con total desprecio por la vida humana. Estados Unidos no tolerará a ningún individuo u organización que busque obtener ganancias a través de la violencia y la corrupción. La DEA continuará apoyando a sus socios para buscar justicia independientemente de su estatus social. Nadie está exento de rendir cuentas por actividades delictivas depredadoras».
En el Congreso de Estados Unidos algunas voces ya comienzan a pedir que Trump retire el apoyo militar a Honduras por las evidencias que mostró este juicio de la utilización de estas como escudo para el narcotráfico.
Los Representantes Jan Schakowsky, Hank Johnson, Pramila Jayapal y Mark Pocan declararon: «La Administración Trump debe poner fin a su apoyo al represivo y corrupto régimen hondureño de Juan Orlando Hernández. Un prominente narcotraficante testificó que Tony Hernández sobornó al actual Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, quien supervisa a la policía. Otro testificó que pagó sobornos para asegurarse de que un presunto miembro del escuadrón de la muerte, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, fuera colocado en un alto cargo bajo los presidentes Lobo y Hernández a petición de Hernández y describió un asesinato que Bonilla cometió a petición de éstos. A pesar de las pruebas de que era un líder documentado del escuadrón de la muerte, la Embajada de los Estados Unidos trabajó en estrecha colaboración con Bonilla durante todo su mandato. La Administración Trump debe dejar de financiar inmediatamente instituciones policiales y militares hondureñas y dejar de celebrar al presidente Hernández como un aliado amistoso y socio en la guerra contra las drogas».
Pero los mensajes en las redes sociales y en las manifestaciones de protestas en Honduras, parecen provenir de una relación tóxica entre Estados Unidos y Honduras. En las protestas contra la reelección de Juan Orlando Hernández, más de una vez, los manifestantes quemaron la bandera de Estados Unidos en rechazo al espaldarazo que este gobierno le daba a Hernández. Hoy muchos piden intervención estadounidense porque están «limpiando» la institucionalidad hondureña desde Nueva York.
La líder de la Plataforma en defensa de la salud y educación, Suyapa Figueroa, decía en su twitter hoy: «que venga el portaviones y se los lleve a todos». Y se espera, sin duda, la transición negociada y pacífica que pueda empujarse desde la Embajada de Estados Unidos si Juan Orlando Hernández se pone a disposición de la justicia estadounidense y nos quedamos sin presidente en el país.
Honduras, geográficamente, es un paso para la droga que se produce en el sur de América y es consumida por millones de personas en los Estados Unidos. Honduras ha sido el portaviones de Estados Unidos para aplacar insurgencias y para controlar las democracias que nunca dejaron de ser un feto enfermo en el vientre de la precariedad y el autoritarismo. Honduras -se dice del país- es un narcoestado, y quizá eso suene ahora en todos los rincones, aunque no entendamos el concepto ni cómo llegamos a ser clasificados así. Si el juicio contra Tony es suficiente para determinarlo y si en el mundo hay otros como nosotros o si se nos dice así para sentar un precedente.
Mientras tanto, en Honduras la gente solo intenta sobrevivir, o quizá intenta tomar la decisión clave de su vida: «¿me voy para Estados Unidos a buscar una mejor vida o me quedo aquí para luchar o morir?». De no cambiar las cosas en este país, y de llegar el portaviones que la doctora Suyapa clama, regresaría a Estados Unidos no con políticos involucrados en el narcotráfico sino con millones de hondureños desesperados.
Foto de portada: Juan Orlando Hernández durante su discurso luego de que una movilización en apoyo suyo llegara a Casa Presidencial, Tegucigalpa, 9 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
El juicio contra el ex diputado del Partido Nacional Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha exhibido la forma en que la política está ligada al crimen organizado en este país. Hernández fue acusado por traficar cocaína y armas en gran escala a EEUU y está siendo enjuiciado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York (una corte federal estadounidense) ante la mirada de los medios internacionales, pero también de los migrantes que huyeron de Honduras por la violencia y la corrupción. En Honduras la población está expectante, lo que se dice en la Corte de Nueva York podría tener impacto en el gobierno de Hernández, en crisis de legitimidad.
Los crímenes
Según los documentos del juicio de una corte federal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, desde el 2004, Tony Hernández ha estado involucrado en producir y distribuir toneladas de cocaína. Usaba aviones, lanchas y, por lo menos en una ocasión, un submarino. Tenía acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia. A veces proveía seguridad fuertemente armada a los narcotraficantes, la misma que, en repetidas ocasiones, era brindada por policías hondureños.
Ese mismo año, cuando el gobierno federal estadounidense dice que el negocio ilícito de Tony iba tomando impulso, el presidente de Honduras era el nacionalista Ricardo Maduro, quien implementó la política de «mano dura» contra la delincuencia. Bajo su misma administración se creó la reforma al Código Penal que dio paso a la llamada Ley Antimaras que legitimó la encarcelación de miles de hombres jóvenes de los barrios marginales a lo largo de todos estos años.
Tony no era una figura conocida, lo que le permitió permanecer libre en ese período y hacer sobornos a la seguridad estatal para facilitar el paso de las drogas, según los documentos del juicio. Pero a través de los años llegó a ser tan importante en el bajo mundo, que también recibió sobornos grandes de narcotraficantes, como fue el caso del millón de dólares que el Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa de México, que de manera personal presuntamente le entregó para la campaña de Juan Orlando Hernández, su hermano, quien en ese momento era diputado en el Congreso Nacional y cuadro del Partido Nacional para ser presidente de Honduras.
Tony Hernández y su hermano Juan Orlando han negado todas las acusaciones. El presidente respondió que lo que se ha dicho en el tribunal es venganza por parte de delincuentes dolidos por la guerra contra las drogas que ha emprendido su administración con el apoyo de ciertas partes del gobierno estadounidense.
Juan Orlando Hernández durante su discurso luego de que una movilización en apoyo suyo llegara a Casa Presidencial, Tegucigalpa, 9 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Otra parte del gobierno estadounidense (la fiscalía de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York) argumenta que un momento clave para la consolidación del poder de esta supuesta red élite criminal fue el año 2009 con el golpe de Estado en Honduras. El expresidente, derrocado en ese golpe, Manuel Zelaya Rosales, indicó que en ese momento, el narcotráfico permeó la institucionalidad hondureña, vulnerada y quebrada.
A partir de ese momento, se instaló en el Estado un grupo de personas que, de manera posterior, serían investigadas por el narcotráfico y el lavado de dinero proveniente de la importación de la cocaína a los EEUU, nos referimos a Juan Orlando Hernández e Hilda Hernández, Ebal Díaz quien es el actual secretario de la presidencia, varios miembros de una familia de la élite empresarial hondureña, la familia Rosenthal, y el militar y actual ministro de Defensa Julián Pacheco Tinoco. Según los documentos de la corte federal estadounidense, la investigación de esas personas que comenzó en 2013, sigue activa y ha desembocado en el juicio actual, entre otros, como los juicios en los que se condenaron en la corte neoyorquina a la familia Rosenthal, a los carteles Cachiros y Valle Valle, y a la operación narco de Fabio Lobo, hijo de Porfirio Lobo Sosa, expresidente de Honduras, tras el golpe de Estado.
Anécdotas macabras han salido de esa Corte estos días.
Para septiembre de 2009, según los documentos del juicio, Tony y el cartel Valle Valle iban a vender la cocaína que habían producido en el laboratorio de Colombia controlado por Tony y un socio, al cartel Mexicano que iba a importar la droga a los EEUU. Pero en el tránsito, cerca de la frontera de Guatemala con México, el hombre encargado de transportarlo fue asaltado por una banda guatemalteca. El hombre, ahora un testigo criteriado por la corte federal a quien solo se conoce como CW-2, dijo que una semana después Tony y un representante de los Valle se reunieron con él. Tony le dijo al ahora criteriado, que le daría un mes para pagarle la deuda de lo que había perdido, también le dijo que él mismo iba a averiguar quién les había robado. La investigación que se realizó reveló a ocho personas implicadas, incluido un policía de Guatemala. Parte del reembolso que le terminó haciendo el criteriado a Tony fue de 300,000 dólares para pagar a un sicario y matarlos, lo cual se cumplió.
Este fue solo uno de, por lo menos, dos actos más de asesinato planificados en los cuales estuvo involucrado Tony, según el testimonio del exalcalde Alexander Ardón, también miembro del Partido Nacional.
En el 2011, Tony llamó al jefe policial de Copán de ese entonces, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, para ordenar el asesinato del narcotraficante guatemalteco Franklin Arita Mata, lo cual el jefe policial cumplió, según Ardón.
Y cuando en el 2013, la policía hondureña arrestó a «Chino», un trabajador de seguridad del cartel de los Cachiros, el hermano del presidente dijo que había que asesinarlo porque «era el único que sabía todo sobre los helicópteros» de Tony, según Ardón. Ese asesinato también se cumplió.
Licencias para portar armas registradas a Tony que incautaron el dia de arrestarlo.Presentadas como prueba por parte de los fiscales EEUU.
La información de los helicópteros fue particularmente vital, según su testimonio, porque fue la estrategia de autoprotección de Tony. En el 2012, Tony le dijo a Ardón que se iba a postular para ser diputado en el Congreso y que su hermano Juan Orlando iba para la presidencia, y que a partir de ese momento, para no ser extraditado a los EEUU, iba a dejar cualquier cosa que lo involucrara en el narcotráfico más allá de prestar dos servicios: el alquiler de sus helicópteros para mover los cargamentos y la seguridad para el transporte de los mismos. El alquiler de los helicópteros incluía los pilotos, y también, como Tony tenía acceso a los radares que tiene el gobierno hondureño para la lucha antinarco, le aseguró que habría vigilancia durante los vuelos para que no fueran interceptados. Cada vuelo tenía un costo de 50,000 dólares, según Ardón.
También en el 2012, el entonces presidente Porfirio Lobo Sosa mandó dos camiones de soldados para proteger la frontera de un narco guatemalteco, a petición del Chapo Guzmán. Según Ardón, el Chapo temía que el guatemalteco les quitara el control de la frontera, pero con el apoyo de aproximadamente ciento veinte soldados hondureños, quienes se quedaron durante dos meses, lograron afianzar dicho control.
La especialista en temas de seguridad en el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Leticia Salomón, asegura que ha sido y siempre será nefasto que se involucren a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, el deterioro de la imagen del Ejército que eso supuso en México por estar involucrada la alta jerarquía con el narcotráfico es un claro ejemplo.
Leticia Salomón, socióloga y analista política, durante la entrevista para Contracorriente en las oficinas del Centro de Documentación, Tegucigalpa, 7 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
«Es indudable que las Fuerzas Armadas con el control que tienen del territorio nacional tienen que saber lo que está pasando en el territorio, dónde están las pistas clandestinas, a quién pertenecen los aviones, y quién da la orden para que los aviones aterricen y salgan. En ese sentido, esa estructura puede ser que se filtre en el futuro inmediato, yo tengo la esperanza que saldrán nombres de altos oficiales de las Fuerzas Armadas involucrados como cómplices o jefes de cualquier tipo de actividad de narcotráfico,» dijo en entrevista con Contra Corriente. «Las Fuerzas Armadas no son monolíticas, hay sectores preocupados por la senda donde los ha conducido este presidente.»
Pero hasta ahora los posibles detractores dentro de las Fuerzas Armadas permanecen en silencio. Así ha sido durante años, por muy descarado que haya sido el comportamiento supuesto de elementos del liderazgo nacional, incluyendo a los hermanos Hernández.
Hacia el arresto
En su discurso, Juan Orlando Hernández, volvió a resaltar los logros de su gobierno en materia de combate al narcotráfico, en un plantón político frente a Casa Presidencial, mientras en Nueva York, su hermano, Tony Hernández está siendo juzgado por delitos relacionados con el narcotráfico, Tegucigalpa, 9 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
El año después de que las tropas hondureñas fueron asignadas a luchar contra el narcotráfico, en 2013, hubo dos reuniones claves, según el testimonio de Ardón: por un lado, un encuentro con Juan Orlando Hernández, y por otro, con el Chapo Guzmán, en conjunto con el cartel Valle Valle y Tony Hernández.
En ese entonces, Juan Orlando Hernández era el presidente del Congreso Nacional y Ardón el alcalde de Copán. El congresista le pidió una reunión al alcalde para decirle de que no se relanzara porque ya era demasiado conocido como narco, y si lo hacía, ya no le iba a proteger su narcoactividad. Pero que si Ardón le financiaba el departamento de Copán con sobornos, Juan Orlando nombraría a su hermano Hugo Ardón, también narcotraficante pero aun no señalado públicamente como tal, a la coordinación de la campaña electoral. El alcalde no se relanzó y terminó dando 1.6 millones de dólares en sobornos de dinero proveniente del narcotráfico, testificó.
Más tarde ese año, hubo una reunión con El Chapo en una finca de los Valle en El Espíritu, Copán, testificó Ardón. El estuvo presente junto con su hermano Hugo, Tony Hernández, Mario Cálix, y dos hermanos guatemaltecos. En esa reunión, el Chapo le pidió a Tony que diera seguridad a sus cargamentos de cocaína cuando iban pasando por Honduras. Tony le contestó que si su hermano Juan Orlando ganaba las elecciones el Chapo tendría su seguridad. El Chapo también pidió protección para los Valle y Ardón, que no fueran ni judicializados en Honduras ni extraditados a los EEUU, a lo que Tony le contestó de nuevo que si ganaba Juan Orlando lo tenía garantizado. Fue en ese momento que el Chapo le ofreció 1 millón de dólares para la campaña presidencial de Juan Orlando y, según Ardón, Tony dijo que lo pensaría. Tres días después, Tony dijo a Ardón que Juan Orlando había autorizado el soborno y, en una segunda reunión, el Chapo entregó de manera personal el dinero a Tony.
Ese supuesto pacto entre narcos y políticos pasó a un contexto nacional sangriento. En noviembre de 2011, el exasesor de la lucha contra el narcotráfico en la Secretaría de Seguridad, Alfredo Landaverde, dijo en un medio de comunicación de Honduras que el director de la Policía Nacional, en ese entonces Ricardo Ramírez Del Cid, sabía de estas estructuras criminales, que los asesores y hasta la gente común sabían quién era el jefe del narcotráfico en su ciudad, y que los políticos y narcos se reunían en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Tocoa, que todos estos compraban policías y a las Fuerzas Armadas, que el dinero del narcotráfico infiltró políticos, el sistema de justicia y la empresa privada. Landaverde fue asesinado un mes después de esas declaraciones y su crimen sigue aún en la impunidad, sin embargo, en la Corte de Nueva York se están presentando las evidencias de lo que él dijo sobre las reuniones que se dieron en esos años.
En el 2012, la cifra de homicidios en Honduras fue la más alta del mundo, allí obtuvo el apellido de «país más violento del mundo» en los medios de comunicación, hoy sustituido por «narcoestado». La violencia se mantuvo tan omnipresente en los siguientes años que se desató una ola de migrantes menores de edad, que viajaban sin acompañamiento de sus padres, hacia los EEUU, un acto desesperado en búsqueda de la sobrevivencia en un país donde entre los años 2000 y 2014 fueron asesinados alrededor de tres mil niños menores de diecisiete años, según cifras de la ONG Casa Alianza.
Mientras los niños llegaban en masa a los EEUU, donde fueron interceptados por centros de detención y cortes hacinados, en Honduras Tony estaba desviando fondos públicos a las manos de narcotraficantes. En febrero del 2014, según los fiscales estadounidenses, se reunió con Devis Leonel Rivera Maradiaga, del cartel de los Cachiros e hicieron un arreglo: Tony iba a presionar a las agencias del Estado que debían dinero a las empresas fachadas de los Cachiros, y Rivera Maradiaga le iba a pagar a Tony aproximadamente 50,000 dólares. Lo que no sabía Tony era que la DEA había convencido al Cachiro para hacer grabaciones y recolectar información que pudiera ayudar en sus investigaciones, por lo que estuvo grabando la reunión, incluso el momento cuando entrega los millones al hermano del presidente.
Pero aunque una parte del gobierno federal estadounidense estaba investigando lo que estaba haciendo en la oscuridad, otra parte estaba muy contenta con las políticas que estaba pasando la administración Hernández a la luz del día.
Los pasos más fuertes que tomó la administración fueron bajo las banderas de la lucha anticrimen y antinarco, y para frenar la ola de migración irregular. Creó unidades élite de la policía y la fiscalía, gracias a dinero y capacitación estadounidense. Depuró la policía y fortaleció al Ministerio Público.
Estudiantes encapuchados durante el enfrentamiento con la Policía Nacional en Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, 7 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Un grupo de mujeres gritan consignas en apoyo a Juan Orlando Hernández durante una movilización en apoyo al presidente hondureño y su gobierno durante el desarrollo en Estados Unidos del juicio de Antonio Hernández, ex diputado y también hermano del mandatario, Tegucigalpa, 9 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Lisa Kubiske fue embajadora de los EEUU en Honduras entre 2011 y 2014. Kubiske, dijo en entrevista con Contra Corriente que la colaboración entre los gobiernos se debía a algunos valores compartidos entre la administración Obama y Hernández. También aseguró que no sabía que parte de su mismo gobierno estaba investigando al presidente del país en el cual estaba destacada, y que eso es normal.
«Cuando estuve yo, Juan Orlando tenía unas políticas que tenían muchos aspectos muy compatibles con lo que los Estados Unidos esperaba que Honduras lograra. ¿Sabía yo en general que la DEA estaba persiguiendo a gente involucrada en el narcotráfico? Sí, lo sabía en términos generales. ¿Necesitaba saber todos los detalles? No, no necesitaba saberlos», dijo. «Quizá me van a mostrar equivocada, pero si hubiera habido mucha información oscura y concreta sobre el presidente Hernández, quizá alguien me hubiera dicho: “ten cuidado”».
Kubiske agregó que aunque sea importante saber más sobre las acusaciones que involucran a Juan Orlando Hernández, el juicio actual no se trata de él. «No es un juicio para saber si aceptó el dinero del Chapo, aunque sería importante saberlo», dijo la exembajadora. «Este juicio es sobre cargos en contra de Tony Hernández».
Pero en la Corte Federal en Nueva York, el nombre de Juan Orlando suena con casi tanta frecuencia como el nombre de Tony.
Según el testimonio de Ardón, en 2015 el exalcalde se reunió con Roberto Ordóñez, el arquitecto de la campaña política del Partido Nacional y en ese entonces el ministro de la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica). Ordóñez le tenía un mensaje de Juan Orlando: Hugo Ardón, el hermano del exalcalde y el entonces director del Fondo Vial, necesitaba dejar el puesto porque los medios andaban revelando que era narcotraficante, a pesar de que Juan Orlando le había regalado a Hugo la dirección del Fondo a cambio de sobornos millonarios, según el testimonio de su hermano, Alexander Ardón. Pero ya que era pública la afiliación criminal de los hermanos era necesario que dejaran por completo el escenario público.
Si los Ardón le ganaban el departamento de Copán para Juan Orlando — lo cual se entendió que iba a ser a través de dar sobornos a los alcaldes locales — el presidente seguiría protegiendo a su negocio de narcotráfico, según el testimonio de Ardón. Entonces el narco gastó más millones para mantener a Juan Orlando en el poder.
Durante todos estos años, cada vez que Ardón expresaba preocupación a Tony por el alto nivel de crímenes en los cuales estuvieron metidos, Tony le aseguraba que no le iba a pasar nada – ni sería investigado por la Fiscalía hondureña ni extraditado a los EEUU – mientras el Partido Nacional estuviera en el poder, testificó Ardón.
La lista de crímenes alegados en los documentos del juicio parece interminable. En estos años, Tony también vendió armamento al cartel de los Valle, y ellos las mandaron a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), según los documentos. También vendió armamento a un tercero, identificado en los documentos del juicio como «CW-5», quien las vendió después al cartel Sinaloa.
En octubre del 2016, el capitán de las FFAA, Santos Rodríguez Orellana, señaló de manera pública a Tony Hernández con publicar la foto de uno de sus helicópteros en el que transportaba drogas. Ese mismo mes, la DEA le informó al presidente que le estaban investigando a su hermano, por lo que Tony se presentó de manera voluntaria en Washington para dar una entrevista. Esa vez lo dejaron ir.
Durante todo ese tiempo, Juan Orlando seguía viajando a los EEUU, y disfrutaba de una legitimidad con la administración Obama y una bienvenida muy calurosa por parte de la administration Trump. El 15 de junio del 2017, el vicepresidente Mike Pence tuiteó una foto en la que sonriente acompaña a Juan Orlando Hernández en una reunión sobre desarrollo en negocio y economía.
Pero los que no disfrutaban del poder sufrían por la violencia y la corrupción. En octubre del 2018, salió de Honduras la primera caravana migrante. Iban hacia los EEUU, a solicitar asilo. El Presidente Trump los describió como «una invasión a nuestro país» por parte de «muchos pandilleros» y «gente desconocida del medio oriente». La administración Hernández salió en desbandada para complacer a los EEUU, a frenar a la gente antes de que se escapara del país en llamas.
Mientras tanto, otra parte del gobierno federal estadounidense quería evitar que se escapara un hombre en particular.
El 22 de noviembre de 2018, un agente de la DEA, Sandalio González, tomó un vuelo para Miami. Iba detrás de Tony Hernandez.
La mañana del siguiente día, el viernes 23 de noviembre, el agente González se encontró en el aeropuerto de Miami con varios agentes más de las autoridades federales estadounidenses. El Distrito Sur de Nueva York ya había acusado de manera formal a Tony por el tráfico de drogas y armas a gran escala, entonces necesitaban cumplir con la orden de arresto. Sabían que esa mañana Tony había salido en el vuelo American Airlines 1347, de Houston con rumbo a Tegucigalpa y con escala aquí en Miami.
Se instalaron en el Vestíbulo D, Puerta de Embarque 2, a esperarlo. Los agentes lo vieron cuando salió del puente de desembarque acompañado de su socio, Marlon Pacheco Morales, con quien había viajado a Nebraska para revisar un pickup Ford a la venta, y después a Houston para conocer a la familia de un mexicano a quien también acababan de conocer, cuyo apellido no sabía, explicaría Tony a la DEA unas horas más tarde.
Los agentes vieron cuando Tony notó su presencia. Lo vieron entrar al baño. Se tardó. El agente González entró a buscarlo. Al ver entrar al agente, Tony salió y se encontró con los compañeros de González, unos agentes de la Patrulla Fronteriza. Esa misma fuerza que ha arrestado a miles de hondureños en su huida. Y así fue como «la migra» arrestó a Tony Hernández.
La entrevista
Kilo de cocaina con las iniciales TH. presentado como prueba el dia 3 de octubre, por parte de los fiscales en EEUU.
El agente González y sus compañeros llevaron a Tony a su oficina para entrevistarlo de nuevo. González tenía puesta una gorra de béisbol y una camisa negra manga larga. Tony también portaba una gorra de beisbol marca Under Armour, pero la dejó sobre la mesa. Tenía puesta una camisa polo azul y una sonrisa leve, con el codo del brazo derecho colocado sobre la mesa y su bicep saliente de la manga. Quizá estuvo nervioso pero queriendo aparentar tranquilidad. Habló con la voz áspera como la de alguien que se madrugó y que tenía claro que ese no iba a ser un buen día.
El agente González le preguntó a Tony cuánto tiempo tenía de ser narcotraficante. Tony le respondió que no lo es, que sí conoce a varios, incluso algunos de sus mejores amigos que por desgracia se perdieron por el mal camino, pero tampoco los juzga. Que sí, supo que por ahí andaban unos rumores que él estaba metido en el negocio, pero que esos fueron puros inventos por parte de los narcos, enojados con él porque su hermano, el presidente, estuvo cooperando de manera tan eficaz con el gobierno estadounidense en la lucha antinarco.
«Quiero mostrarte algo», le dijo el agente González a Tony Hernandez. Con la pantalla de su celular, le mostró una foto de un ladrillo blanco que lleva las iniciales TH. Al mirar, el rostro de Tony no cambió. Quedó en silencio un momento.
-«Es un T y una H», dijo.
-Respondió tranquilo el agente: «Mju. ¿De qué?»
-Tony sonrió: «Supuestamente es Tony Hernandez»
-«¿Supuestamente?» preguntó el agente.
Se incomodó Tony, se movió en la silla y le brotó una risa nerviosa. Tartamudeó. Después logró preguntar que cómo pueden pensar que estamparía sus propias iniciales en algo tan delicado.
Pero nadie había dicho qué era el ladrillo blanco. Y ese detalle le llamó la atención al agente González.
-«¿Pero qué es esto?», le preguntó.
De nuevo Tony tartamudeó: «Supuesta droga», por fin contestó.
El análisis
Un estudiante encapuchado descansa junto a una valla del bulevar Suyapa frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, 7 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
El agente González y los fiscales del Distrito Sur de Nueva York representan el mismo gobierno estadounidense que ha colaborado de manera muy estrecha con la administración de Juan Orlando Hernández. Puede ser confuso. Pero hay gente que se dedica a estudiar la relación entre estos países y tiene suposiciones.
Christopher Sabatini, un profesor estadounidense de la Columbia University y fundador de Global Americans, una organización de investigación sobre latinoamérica, dice que parece ser parte de una paradoja histórica: «Imagina un presidente quien antes era un socio cercano de los EEUU, involucrado con el narcotráfico y que después se robó una elección, ¿de quién estoy hablando?», preguntó Sabatini: no estaba hablando de Hernández, sino del ex general y dictador panameño Manuel Noriega, aliado de los EEUU durante años hasta perder su apoyo, y los EEUU lo derrocó. «Noriega cayó porque vivía en un tiempo cuando la democracia iba avanzando, y eso fue su perdición. Pero ya no es así. La democracia ya no importa tanto», dice Sabatini.
Y hay literatura que ha abierto el debate sobre el declive de las democracias, por ejemplo, Steven Levitzki y Daniel Ziblatt en su libro «Cómo mueren las democracias» inician con la idea de que «las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder». Esto podría suscribirse íntegro con lo que pasó en Honduras en el 2009 o lo que sucedió en el 2017 tras ser declarada inconstitucional la misma Constitución de la República para permitir la reelección de Juan Orlando Hernández. Sabatini dice de manera simple que un presidente que se robó las elecciones, pero los procedimientos democráticos que usó Hernández vuelven más complejo incluso llamar dictadura, al gobierno de Hernández.
«JOH se hace el “policía bueno”, aunque no lo sea», dice Sabatini. Y cita textualmente una frase histórica entre los círculos políticos estadounidenses: «Quizá sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta», refiriéndose a lo que dijo el presidente Roosevelt sobre el General Somoza en Nicaragua, y una postura que está entre las pocas explicaciones que pueden dar sentido a la bipolaridad del gobierno estadounidense actual, según lo expone Sabatini.
Por otra parte, el apoyo para la administración Hernández que perdura entre algunos republicanos congresistas estadounidenses tiene raíz en la tendencia a ver todo a través del lente de Venezuela, dice Sabatini. «En 2009, con el golpe, cuando Mel Zelaya fue derrocado, los republicanos y los conservadores en particular redoblaron el apoyo para el Partido Nacional. Presentaron el asunto como blanco y negro, Zelaya malo, socio de narcotraficantes. Partido Nacional bueno, anti Chávista», dice Sabatini. «Pero el Departamento del Estado estaba monitoreando los narcoaviones con la llegada de Micheletti. Y ellos lo tenían claro, pero por ser un asunto percibido como pro Chávez vs. anti Chávez, ignoraron todo».
En Honduras, Leticia Salomón complementa este análisis. «Todo esto que está ocurriendo es una especie de papa caliente para el Poder Ejecutivo y la embajada de los EEUU,» dijo. «Sin embargo, ellos funcionan en condición de socios y ellos han tenido socios de todo tipo, los dictadores más feroces han sido socios de los EEUU. El discurso del presidente Hernández, bien asesorado, es que en todo tipo de protesta él saca que son los comunistas, los aliados de Maduro en Venezuela los que están sacando estos elementos para exhibirlo a él por ser el adalid de la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica», explicó.
La contradicción central para los EEUU es el hecho que una parte del gobierno está actualmente argumentando que Honduras está en manos de una red violenta de corrupción que utiliza los componentes del Estado, como la fiscalía y la policía, para fortalecer el narcotráfico. Mientras otra parte ha argumentado en reiteradas ocasiones, a través de varias políticas migratorias, que los migrantes hondureños no califican para el asilo en los EEUU, que no vienen buscando el refugio tras huir de un agresor real.
Al final quizá no importa la incoherencia, porque la prioridad estadounidense actual parece ser la migración, según una fuente del congreso EEUU quien pidió anonimato: «Si JOH detiene la migración, eso es todo lo que Trump quiere. También aquí se suma el hecho de que Trump admira a los dictadores. De los presidentes del Triángulo Norte, Juan Orlando es por mucho el más apto y disponible para hacer lo que Trump quiere, que es colocar a los militares y disparar a quien intente salir del país con rumbo a los Estados Unidos.»
Los testigos
Gustavo Armijo, sostiene y ondea una bandera del Partido Nacional, él ha llegado hasta el bulevar Kuwait para sumarse a la movilización en apoyo a Juan Orlando Hernández, dice que ha llegado en agradecimiento por haberle dado trabajo en el gobierno, Tegucigalpa, 9 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.Un policía sostiene una bomba lacrimógena durante el enfrentamiento entre estudiantes universitarios y Policía Nacional en Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, 7 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
El jueves 10 de octubre en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Tony Hernández escucha mientras alguien más responde a preguntas de las autoridades estadounidenses: el exsubdirector de operaciones de la Policía Nacional Civil, Giovani Rodriguez, condenado ya por tráfico de drogas y encarcelado en Manhattan. Hoy es testigo en el juicio actual, y declara que trabajaba con Tony a través de un tercero, Mauricio Hernández, quien daba protección y seguridad para los cargamentos de droga del Victor Hugo Diaz Morales, alias «Rojo». Ambos operaban bajo la protección de Tony, dice el exagente.
Como Ramírez tenía acceso a información sobre los operativos y retenes de la policía, la filtraba a sus socios narcos. En el 2009, casi le agarraron, dice: fue arrestado por robar drogas, pero los dos abogados que le representaron eran socios suyos del narcotráfico y se anuló la sentencia cuando el agente soborno al juez.
«Al salir, volvió a traficar la cocaína?» le pregunta el fiscal.
«Sí», responde el expolicía.
«¿Qué tan rápido?»
«Inmediatamente».
Ya no quedan asientos en el tribunal y hay más público que quisiera entrar, entre ellos migrantes hondureños que huyeron de la violencia y la corrupción, y que han esperado estas verdades durante mucho tiempo. Pero los trabajos alcanzables para la mayoría de los migrantes hondureños no dejan que uno pida una semana entera para asistir a un juicio. Entonces al llegar corriendo después de la jornada, la opción que les queda es el cuarto de rebalse que es el espacio acondicionado con una pantalla para ver lo que sucede en la sala de juicios.
En ese cuarto hay un ingeniero de mediana edad que partió de Honduras hace menos de un año, cuando le robaron el carro. La banda delincuencial que le atacó trabajaba con la policía, entonces al poner la denuncia comenzó a recibir amenazas y tuvo que salir del país, dejando atrás la familia entera. Lleva una cara agobiada después de escuchar a un exlíder policial explicar con detalle cómo la seguridad pública sirve la voluntad de los narcotraficantes. «Vivimos en el salvajismo», dice.
Entre los migrantes presentes también hay un graduado de la academia militar y otro que tiene un sobrino que en la actualidad es teniente destacado en La Mosquitia hondureña. Ambos están decepcionados y preocupados por lo que se está revelando sobre la manera en la que la élite política manda al ejército a servir los intereses de los narcotraficantes. Aunque se sabía como secreto a voces desde antes, es otra cosa escucharlo de la boca de los narcotraficantes en una corte federal estadounidense. «Yo solo le digo que tenga cuidado», dice el señor sobre su sobrino teniente. Es lo único que puede hacer.
Un adolescente alto y flaco aparece a diario poco después de las 2:00 p.m. porque en su trabajo como bicimensajero le toca entrar de madrugada, entonces sale pasadito al mediodía. Tiene tres años viviendo en Nueva York, ciudad que le acogió después de que asesinaron a su hermano mayor quien era estudiante de medicina y vivía en San Pedro Sula. Una tarde cuando iban caminando juntos, los interceptaron unos asaltantes que querían la computadora de su hermano, pero de manera violenta, terminaron también llevándose su vida. Como testigo de la muerte, el joven se tuvo que ir de inmediato, y ya que ahora vive en esta ciudad no dudó en asistir al juicio, aunque lo vea apenas como el primer paso hacia otro fin: «Al pueblo lo que en realidad le interesa es que caiga Juan Orlando Hernández», dijo.
El viernes 11 de octubre, le toca testificar a Devis Leonel Maradiaga alias «Cachiro», encarcelado en los EEUU por ser líder de un cartel. Dice en la corte que dio un soborno de 50,000 dólares a Tony Hernández, para que hiciera que el Estado le pagara una deuda a su empresa fachada. Que dio un soborno de 250,000 dólares a Juan Orlando Hernández y que cuando le aseguró que no existía un complot para matarlo de parte de su cartel, le recordó que más bien le apoyaron para llegar a la presidencia a través de diputados y alcaldes de su partido en varios departamentos del país.
«Primero le dije hola a Juan Orlando. Y dije primero: “Juan Orlando, ¿cómo estás?. Líder, le llamo para aclarar esta situación sobre algunos rumores y chismes”. Le dije que no cayera en eso que la gente anda diciendo porque mi hermano y yo no hemos intentado planificar matarlo».
«¿Dijo algo más durante esa llamada?»
«Sí, señor»
«¿Qué dijo?»
«Yo dije: “ líder, a pesar de eso, mi hermano Javier Rivera y yo hemos estado apoyándolo en convertirse en presidente a través de Milton Puerto en Olanchito, a través, en Yoro de Arnaldo Urbina, el alcalde, en Cortés a través de Ekonomo, en Atlántida a través de Carmen Rivera Muñoz y en Colón a través de Oscar Nájera. Líder, no crea esos chismes y rumores de que nosotros hemos intentado asesinarlo”» .
Se exige el silencio en la corte, pero entre el público, de repente se escapan soplidos sobre las respuestas descaradamente honestas de parte del Cachiro y los otros testigos. Esta información es como una telenovela, una película tragicómica sobre porqué tanta gente se ve forzada irse de Honduras y ahora se ve proyectada en este cuarto extra. Lo que ven es la historia que no pueden dejar atrás aunque ya no vivan en su país.
De hecho, la historia es tan abrumadora que provoca mucha risa. Como cuando el abogado de Tony le dice al Cachiro que, dado el recorrido de su vida se nota que no respeta la autoridad, y este le responde: «Tanto el que soborna como el que agarra son corruptos, señor». También hay risas cuando el abogado de Tony pregunta qué hizo con los millones de dólares que ganó a través del narcotráfico, y el Cachiro responde, «Ya le dije, señor, invertimos ese dinero en sobornar al acusado (Tony), y a Juan Orlando Hernández, y al ejército, y a Tinoco Pacheco, también le sobornamos a él, señor», este último refiriéndose al actual ministro de defensa, Julián Pacheco Tinoco.
Hay risas cuando el Cachiro explica al abogado de Tony cómo logró sacar su dinero de su cuenta bancaria cuando el gobierno estadounidense lo puso en una lista de terroristas y bandas de crimen organizado, la lista OFAC, una designación que exige el congelamiento inmediato de las cuentas de los designados. «El presidente del Banco Continental me avisó que me iban a congelar las cuentas», dijo el Cachiro. «Lo retiré en cash porque yo era gran amigo del presidente del banco, Jaime Rosenthal, y él me dio el efectivo».
Pero a medida de que va creciendo la lista de alegaciones del Cachiro, se comienza a callar esa risa aliviante. Sale uno que otro «guau» incontenible, hay movimiento de cabezas asintiendo o negando, silencio de asombro, de susto.
El Cachiro se suma a la lista de personas que al terminar el juicio, habrán declarado bajo juramento, que en Honduras, el presidente pide sobornos millonarios de personas que sabe que son narcotraficantes. Promete proteger sus negocios y no judicializarles. Que Honduras es un país donde la élite política interfiere en las elecciones democráticas y regala cargos públicos a miembros del crimen organizado. Donde se utiliza los cuerpos de seguridad estatales para proteger a los narcos mientras la gente sufre, huye. Que Honduras es un país atrapado en un tiempo de crímenes.
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Un estudiante universitario devuelve una bomba lacrimógena lanzada por la Policía Nacional durante un enfrentamiento en Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, 7 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Siete meses antes del arranque del juicio, el 1 de marzo de 2019, salió un tweet desde la sede de la DEA con unas fotos de Juan Orlando Hernández en una visita a Washington. Los tweets celebraron la «relación continua» entre la agencia y el presidente hondureño, a través de la cual trabajan «en conjunto para combatir al narcotráfico».
Entre la lluvia de respuestas incrédulas — «¿Es broma?», «¡Este es un universo paralelo!», «Ahí nomás lo hubieran enchachado» — un usuario contestó: «Típico trabajo de la DEA, trabajar con narcos para capturar a otros. Pero tarde o temprano caerá este».
Al cerrar la segunda semana del juicio, en las gradas frente a la Corte, se despide el adolescente sampedrano que huyó a Nueva York después de ver el asesinato de su hermano. Gesticula hacia la corte y dice: «Nos vemos aquí de nuevo cuando traigan a Juan Orlando».
Main photograph: Juan Orlando Hernández giving a speech after a demostration in the street in his support, Tegucigalpa, october 9, 2019. Photo by: Martín Cálix.
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Tony Hernández is a former congressman from Honduras’ ruling National Party and the brother of the sitting president. Since 2004, Tony Hernández has also helped produce and distribute 220 tons of cocaine headed for the United States, according to U.S. federal prosecutors in the Southern District of New York. To do so, he used planes and helicopters, boats and a submarine. He used cocaine laboratories in Honduras and Colombia. He provided security to cartels in the form of men, often Honduran police, armed with M-16s, AK-47s and Bazookas. Sometimes Tony provided security using his government’s radar technology, which is supposed to intercept drug planes, but which Tony used for the opposite purpose: to observe the helicopters he rented to cartels as they flew their illicit cargo, to ensure no one interfered.
On Friday October 18, 2019, Tony Hernández was found guilty of large-scale drug and weapons trafficking. Years of corruption led to the trial. Some of the powerful people who allegedly enabled and collaborated with him remain in office — including, according to court testimony, his brother, President Juan Orlando Hernández.
Both Hernández brothers have denied all accusations. According to President Hernández, what was said in his brother’s trial is an act of vengeance by criminals, people quashed in the drug war his administration has conducted alongside the U.S. government.
But U.S. federal prosecutors arrested Tony, in part, because they are investigating Juan Orlando. Since 2013, the Southern District of New York has dug into a ring of people who consolidated power after a 2009 coup and may have trafficked drugs and laundered money. The investigation remains active, and, while some have been prosecuted, the others remain at the helm of the Honduran government. They include Juan Orlando and his late sister Hilda Hernández; the current Secretary of State, Ebal Díaz; and the current Minister of Defense, Julián Pacheco Tinoco. Also on the list were various members of the Rosenthal family, who owned a conglomerate called Grupo Continental, but they have been prosecuted and are now incarcerated in the U.S.
The Crimes
In September 2009, according to court documents, a shipment of Tony’s cocaine was stolen while en route to the buyer, a Mexican cartel. The cocaine was made in one of Tony’s labs in Colombia, and the shipment was in collaboration with a Honduran cartel, the Valle Valles. But a band of eight Guatemalan thieves hijacked the load as it neared the border. Tony uncovered their identities and hired a hitman to murder them.
Tony participated in at least two additional planned murders, according to trial testimony from former mayor and narcotrafficker Alexander Ardón, who turned himself in to U.S. authorities in March and is currently incarcerated. As mayor, Ardón represented the Honduran department of Copán and the same political party as the Hernández brothers, the National Party.
In his testimony, Ardón said that in 2011, Tony called the police chief of Copán, an infamous official named Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, to order the murder of a Guatemalan narco. The police chief dutifully committed the murder, Ardón said.
In 2013, when the Honduran police arrested «Chino,» a security worker with the Cachiros cartel, Tony said that he must be killed because he was «the only one who knew everything about the helicopters» that belonged to Tony, said Ardón. He was also murdered.
The helicopter information was vital because it was Tony’s self-protection strategy. In 2012, Tony told Ardón he would run for congress and his brother Juan Orlando would try for the presidency, Ardón said in court. Tony said he would leave all involvement in narcotrafficking, with two exceptions: he’d rent out his helicopters to cartels so they could move drug shipments, and he’d provide security for those shipments. He also supplied the pilots. And since Tony had access to the Honduran government’s drug war radar technology, he provided oversight during the flights to ensure no one intercepted his helicopters. Tony charged cartels $50,000 per flight, according to Ardón.
Juan Orlando Hernández giving a speech after a demostration in the street in his support, Tegucigalpa, october 9, 2019. Photo by: Martín Cálix.
That same year, El Chapo Guzmán shows up in the story. Ardón testified that El Chapo, the former leader of the Mexican Sinaloa cartel, asked a favor Porfirio Lobo, who was then the president of Honduras: Help in protecting the border between Honduras and Guatemala from a narco competitor. President Lobo sent two trucks of soldiers, approximately 120 men total, and they stayed for two months. They won back the border for El Chapo, Ardón said.
The following year, Ardón testified, two remarkable meetings took place. One involved Juan Orlando Hernández; the other was between El Chapo Guzmán, the Valle cartel and Tony Hernández.
At that time, Juan Orlando was congressional president and Ardón was mayor of Copán. Rumors that Ardón was a narco had evolved into news articles. Hernández met with Ardón and told him not to run for Office again. He warned him he would no longer protect him against narcotrafficking accusations. But if Ardón would «finance» the department of Copán in the next elections, bribing whoever he must, then Hernández would name Ardón’s brother Hugo as campaign coordinator. (Hugo was also a narco but wasn’t yet publicacly known for it.) In his testimony, Ardón said he did what Hernández asked: He did not run again, and he spent $1.6 million in bribes with his drug money.
Later that year, Ardón and his brother attended a group meeting with El Chapo on an estate owned by the Valle cartel in El Espíritu, Copán. Tony was also there, Ardón testified, along with another narco-mayor named Mario José Cálix and two Guatemalan brothers who worked with El Chapo.
That day, according to Ardón, El Chapo asked Tony to provide security for his cocaine shipments as they passed through Honduras. Tony responded that if his brother Juan Orlando won the presidential elections, El Chapo would have his security. El Chapo also requested a guarantee that Ardón and the Valles would not be extradited to the U.S. or prosecuted in Honduras, to which Tony responded again that he could guarantee it if Juan Orlando won.
This was the moment when El Chapo offered one million dollars for Juan Orlando’s campaign, according to Ardón. Tony said he’d consider the offer. Three days later, Tony told Ardón that Juan Orlando had authorized the bribe. In the next meeting, El Chapo handed Tony the money, partitioned into plastic-wrapped bundles of $50,000 and $100,000.
Licencias para portar armas registradas a Tony que incautaron el dia de arrestarlo.Presentadas como prueba or parte de los fiscales EEUU
Such pacts between narcos and politicians led to bloody days in Honduras.
In 2012, the country’s homicide rate was the highest in the world. A wave of children left for the United States alone and on foot, in desperate search of survival. They fled a country where nearly 3,000 kids under 17 years old were murdered between 2000 and 2014, according to the organization Casa Alianza. The children arrived to the U.S. en masse, where detention centers and courts swelled to contain them.
Meanwhile in Honduras, Tony was diverting public money into the coffers of narcotraffickers, U.S. federal prosecutors allege.
In February 2014, he met at a Denny’s restaurant with Devis Leonel Rivera Maradiaga, a leader of the Cachiros cartel, and they made a deal: Tony would pressure state agencies to pay debts to Cachiro front companies, which the cartel used to launder money, and Maradiaga would pay Tony about $50,000.
What Tony didn’t know was that the DEA had flipped Maradiaga. He covertly recorded the meeting with a wristwatch camera.
But despite the dark acts in which Tony was engaged — allegedly with the help of his brother, the president — the U.S. government remained close with the Hernández administration. Hernández pursued above-board policies that the U.S. favored, particularly anti-crime and anti-narco programs, and attempts to curb immigration. He created elite units in the police and public prosecutor’s offices with U.S. money. His administration purged the police, trained the Attorney General and conducted rural poverty reduction programs.
Those steps demonstrated values that the Obama administration shared, says Lisa Kubiske, the U.S. Ambassador to Honduras from 2011 to 2014. In an interview with Contra Corriente, Kubiske also said that she was unaware that her own government was investigating Hernández, and that this is normal.
«Juan Orlando had policies while I was there that had many aspects that were very compatible with what the U.S. hoped Honduras would achieve,» she said. «Did I know the DEA was pursuing anyone involved in narcotrafficking in general? Yes, I knew in general. Did I need to know all of the details? No,» Kubiske said. «Maybe I’ll be proven wrong, but if there had been a lot of concrete dirt on President Hernández, somebody may have said, ‘Be careful.'»
Kubiske added that although more should be known about the accusations involving the president, the current trial is not about him. «It’s not a trial about whether he accepted the money from El Chapo, although it would be important to know that. This trial is about charging Tony Hernández.»
But in the federal court in New York, Juan Orlando’s name was spoken almost as frequently as Tony’s.
Ardón testified that at least once more, in 2015, Juan Orlando summoned him to solicit campaign bribes for himself and the National Party. He promised continued protection for Ardón’s narcotrafficking.
Throughout the years, every time Ardón expressed concern to Tony about the high-level crimes in which they were engaged, Tony assured him they would not be investigated by Honduran authorities nor extradited to the United States as long as the National Party was in power.
They committed a long list of crimes behind that shield.
Tony sold weapons to the Valle cartel, and they sent them to the FARC guerrillas in Colombia, according to court documents. He also sold weapons to a witness identified only as «CW-5,» who then sold them to the Sinaloa cartel.
In October 2016, a Honduran Air Force captain named Santos Rodriguez Orellana publicacly called out Tony by publishing a photo of one of his helicopters. That same month, the DEA informed Juan Orlando that they were investigating his brother, after which Tony showed up voluntarily in Washington to give an interview. That time, the DEA let him go.
The Arrest
In his speech, Juan Orlando Hernández, once again highlighted the achievements of his government in the fight against drug trafficking, in a political plant in front of the Presidential House, while in New York, his brother, Tony Hernández is being tried for related crimes with drug trafficking, Tegucigalpa, October 9, 2019. Photo: Martín Cálix.
President Hernández enjoyed legitimacy with the Obama administration and a warm welcome by the Trump administration. On June 15, 2017, Vice President Mike Pence tweeted a photo of him smiling next to Hernández in a meeting about business and economic development.
But people isolated from the trappings of power were drowning in violence and corruption. In October 2018, the first migrant caravan left Honduras.
They walked toward the United States to solicit asylum. President Trump described them as «an invasion of our country» by «Many Gang Members» and «unknown Middle Easterners.» The Hernández administration scrambled to please the U.S., to stop migrants before they could escape their burning homeland.
In this context, the Southern District of New York issued formal charges against Tony, including an arrest warrant. On Friday, November 23, 2018 a DEA agent named Sandalio González met up with a group of U.S. agents in the Miami airport. They knew Tony had flown out of Houston that morning on American Airlines flight 1347 — a Tegucigalpa destination with a Miami layover. They settled into Terminal D, Gate 2. They waited.
They saw him walk out of the jetbridge accompanied by a colleague, with whom he had traveled to Nebraska to check out a Ford pickup for sale, and then to Houston to meet the family of a Mexican man they’d just met and whose last name he couldn’t remember, Tony would tell the DEA a few hours later.
The agents saw Tony note their presence. They saw him disappear into the bathroom. He didn’t come out, so González went in after him. Tony walked out and was approached by González’s fellow federal agents, who were from Border Patrol — the very agency that has arrested thousands of Hondurans fleeing the conditions created by people like Tony.
And that is how La Migra arrested Tony Hernández.
Hooded students during the confrontation with the National Police in Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, October 7, 2019. Photo: Martín Cálix.A group of women shout slogans in support of Juan Orlando Hernández during a mobilization in support of the Honduran president and his government during the development in the United States of the trial of Antonio Hernández, former deputy and also brother of the president, Tegucigalpa, October 9, 2019 Photo: Martín Cálix.
The interview
A couple of hours later, Agent González sat across from Tony at a small table. González wore a baseball cap and a longsleeve black shirt. Tony, in a blue polo shirt, spoke with the gravely voice of someone who woke up early and was having a bad day.
González asked Tony how long he had been a drug trafficker. Tony responded that he is not one; that yes, he knows some of them, and even some of his best friends had unfortunately fallen from the high road, but he doesn’t judge them. Yes, he said, he heard there were rumors that he was in the business, but those were pure fantasies by narcos angry with him because his brother, the president, was cooperating so effectively with the U.S. government in the drug war.
«I want to show you something,» González said to Tony.
On his cell phone screen, he pulled up a photo of a white brick inscribed with the letters, «TH.»
Tony peered at it. His face didn’t change. He remained silent for a moment. Then he responded: «It’s a ‘T’ and an ‘H.'»
«Yeah, for what?» González asked calmly.
Tony smiled. «Supposedly it’s ‘Tony Hernandez.'»
«Supposedly?» the agent asked.
Tony shifted in his chair and let out a small laugh. He stuttered. Then he asked how they could think he would stamp his own initials on something so delicate.
But no one had said what the white brick was. And that detail caught González’s attention. «But what is this?» he asked.
Once again, Tony stuttered. «Supposedly, drugs,» he finally said.
The Analysis
A hooded student rests next to a fence on Suyapa Boulevard in front of the National Autonomous University of Honduras, Tegucigalpa, October 7, 2019. Photo: Martín Cálix.
Agent González and the prosecutors of the Southern District of New York represent the same U.S. government that has closely collaborated with the administration of Juan Orlando Hernández. The oddity begs an explanation.
Christopher Sabatini is a lecturer at the School of International and Public Affairs at Columbia University and the founder of Global Americans, a Latin America research organization. He diagnoses this as a cyclical paradox. «Imagine a president who used to be a close associate of the U.S., who was involved with narcotrafficking and then stole an election. Who am I talking about?» Sabatini asked. He wasn’t speaking of Hernández, but instead of the Panamenian dictator Manuel Noriega, who was a U.S. ally for years until the U.S. deposed him. «Noriega fell because he lived in a time when democracy was on the march, and that was his downfall. But that’s no longer the context. Democracy doesn’t matter as much,» Sabatini said.
Steven Levitzki and Daniel Ziblatt, in their book How Democracies Die, opened a debate also applicable to Honduras. «Many government efforts to subvert democracy are ‘legal,’ in the sense that they are approved by the legislature or accepted by the courts,» they wrote. «The tragic paradox of the electoral route to authoritarianism is that democracy’s assasins use the very institutions of democracy — gradually, subtly, and even legally — to kill it.» This might as faithfully describe what happened in Honduras during the coup in 2009 as the electoral crisis of 2017, in which President Hernández declared the constitution unconstitutional to enable himself to run for a second term, and was named victor after an internationally-questioned election.
But Hernández’s flagrant defiance of democracy has not eroded the legitimacy he holds in some U.S. circles, Sabatini pointed out. «JOH plays the good cop, even though he’s not,» he said. He added that the specific support from some congressional Republicans is rooted in a tendency to view everything through the lens of Venezuela. «In 2009 with the coup, Republicans and conservatives in particular doubled down on the National Party. They presented this as a black-and-white issue: Zelaya bad, in bed with narcotrafffickers, and National Party good, anti-Chavistas,» said Sabatini. «But the State Department was tracking drug flights with the arrival of Micheletti [the leader of the coup government.] They knew it, but this was such an ideological issue of pro-Chavez vs. anti-Chavez that they ignored it.»
Hernández appears to know how to pander to those Republicans. His «well-advised discourse has been that any and all protest is by ‘communists’ and ‘allies of Maduro in Venezuela,'» said Honduran security analyst Leticia Salomón, an investigator at the Centro de Documentación de Honduras (CEDOH).
For the U.S., a central contradiction is this: part of the government just proved Honduras to be under the control of narcos. Another part is supporting the ruling administration, while arguing that the Honduran immigrants who are fleeing do not qualify for asylum in the United States.
It’s an incoherence that may not matter. The priority of the Trump administration when it comes to Central America is clear, according to a U.S. congressional source not authorized to speak on the record. «If Juan Orlando promises to stop immigration, that’s all Trump wants,» the source said. «It’s also the case that Donald Trump admires dictators. Juan Orlando, of the three presidents in the Northern Triangle, is by far the most likely to do what Trump wants, which is to set up the military and shoot anyone who wants to try to leave.»
The witnesses
Gustavo Armijo, holding and waving a flag of the National Party, he has reached the Kuwait Boulevard to join the mobilization in support of Juan Orlando Hernández, says he has arrived in gratitude for giving him work in the government, Tegucigalpa, October 9 of 2019. Photo: Martín Cálix.A policeman holds a tear pump during the confrontation between university students and the National Police in Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, October 7, 2019. Photo: Martín Cálix.
On October 10, 2019, in the courtroom in the Southern District of New York, Tony Hernández listens while someone else answers questions from U.S. authorities: the former Director of Operations of the Honduran police, Giovani Rodriguez, currently incarcerated in Manhattan for drug trafficking. Rodriguez is a witness in this trial, and he declares that he worked with other narcos and they all were protected by Tony.
There are no seats left in the courtroom and there are people outside who want to come in. Among them are Honduran immigrants who fled violence and corruption and have awaited truths like these for a long time. But they are recent immigrants in the United States; if they’re lucky enough to have jobs, they certainly can’t ask for an entire week off to be a spectator at a trial. So they rush here after work, and the only open seats are in the overflow room — an empty courtroom with a screen at the front that projects what’s happening in the trial, a few doors down.
Sitting in the overflow room is a middle-aged engineer who left Honduras less than one year ago, when his car was stolen by a criminal group. It turned out the robbers worked with the police, so he began to receive death threats after reporting the theft and had to escape, leaving his wife and children. He looked overwhelmed after hearing a former police official explain in detail how public security serves the will of criminal organizations. «We live in savagery,» he said.
Another immigrant witnessing the testimonies is a man whose nephew is a lieutenant assigned to the remote Mosquitia region of Honduras, a hot zone drug corridor. A friend sits beside him, a graduate of the Honduran military academy. Both are concerned by the revelations about the political elite sending the army to do narcos’ bidding. They had heard rumors, but it’s different to hear it from the mouth of cartel leaders in a U.S. courtroom. Thinking about his lieutenant nephew, the man said, «I just tell him to be careful.»
Every afternoon at around 2:00 p.m., a tall, thin teenager appears after finishing his shift as a bicycle deliveryman. One afternoon three years ago in his hometown, San Pedro Sula, he witnessed his older brother’s murder. Thieves killed his brother while trying to take the laptop he used as a medical student. The young man was standing beside his brother at the time and thus witnessed the killing, so he had to flee Honduras immediately. He is attending the trial although he sees it as a mere step toward another end. «What’s really best for the people is for Juan Orlando Hernández to fall,» he said.
On Friday, October 11, the immigrants witnessed the testimony of Devis Leonel Maradiaga. Imprisoned in the U.S. for leading the Cachiro cartel, Maradiaga took the stand and told the story of the $50,000 bribe to Tony Hernández that he filmed in Denny’s on his spy watch. He also said he bribed Juan Orlando with $250,000, and that his cartel financially supported Hernández’s campaign and the National Party.
The spectators in the court are supposed to be quiet, but sometimes they can’t contain their gasps. In the overflow room, what they’re watching on the screen is like a soap opera, a tragicomic movie about why so many people emigrate. It is the story they cannot leave behind no matter how far they flee.
It is so mind-boggling, in fact, that people in the crowd are laughing.
They laugh when Tony’s lawyer tells Maradiaga it’s obvious he has no respect for authority, and Maradiaga responds: «Both the one who offers the bribe and the one who accepts it are corrupt, sir.»
They laugh when Tony’s lawyer asks Maradiaga what he did with the millions of dollars he made through narcotrafficking, and he responds: «I already told you, sir, we invested that money in bribing the defendant [Tony], and Juan Orlando Hernández, and the army, and Tinoco Pacheco — we also bribed him, sir.» The last name referred to the sitting Minister of Security, Julián Pacheco Tinoco, and it was information that had not yet been introduced to the court, information Tony’s lawyer perhaps did not mean to introduce.
They laugh when Maradiaga explains to Tony’s lawyer how he withdrew money from his bank account when the U.S. government put him on a list of terrorists and organized criminal groups, the OFAC list, which demands immediate freezing of all accounts. «The president of Banco Continental warned me that they were going to freeze my accounts,» said Maradiaga. «I withdrew it all in cash because I was a great friend of the bank president, Jaime Rosenthal, and he gave me the cash.»
But as Maradiaga’s accusations continue, laughter fades. There is an occasional whispered, «Wow.» People slowly shake their heads. Silence rolls over the spectators like fog.
Maradiaga is just one more witness who, by the end of the trial, will have declared under oath that Honduras is a place where presidents solicit millionaire bribes from narcotraffickers and promise not to prosecute them. That Honduras is a place where the political elite perverts democracy and sends the police and army to shield narcos and execute their rivals. That Honduras is trapped in a criminal age.
A university student returns a tear gas bomb launched by the National Police during a confrontation in Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, October 7, 2019. Photo: Martín Cálix.
Post Script
Seven months before the trial began, on March 1, 2019, the DEA tweeted photos of one of President Hernández’s visits to Washington. It celebrated the «continued partnership» between the agency and the president, through which they «work jointly to combat drug trafficking.»
There was a cascade of incredulous responses: «Is this a joke?» «This is a parallel universe!» «You should have captured him then and there.» Then, this observation: «Typical work by the DEA, working with some narcos to capture others. But sooner or later this one will fall.»
On the last day of the second week of the trial against Tony Hernández, when proceedings had ended and the crowd had exited, the teenager from San Pedro Sula stood outside the Southern District of New York. He waved goodbye, gestured toward the courthouse and said, «See you again when they bring Juan Orlando.»
Para Gloria pensar que puede hablar sobre «eso» es un gran avance. Cuando dice «eso» se refiere a lo que dirá muchas veces más adelante: «eso que me pasó», pero que en realidad quiere decir eso que le hicieron. Eso a lo que todavía no puede poner nombre sin romperse de nuevo.
Hablar frente a una grabadora, frente a otra persona además de la psicóloga Mayner Rodríguez a quien ha visitado 4 veces en el último mes, es un acto de valentía que la superará, pero significa haber salido de las profundidades del dolor. Aunque esté equivocada y todavía no sea hora de hablarlo con nadie más.
Gloria ya no quiere suicidarse. El tratamiento psicológico que le brinda Médicos Sin Fronteras —y no el propio Estado hondureño— está funcionando.
Gloria empieza a hablar y deja ver una sonrisa rápida, una mueca ladeada que parece un espasmo de su mejilla, mientras va ajustando su postura en el sofá, clavando las escápulas en el respaldo acolchado, en busca del hueco con la forma de su espalda. El mismo que ha ocupado cada vez que viene a terapia psicológica a este centro de atención para supervivientes de violencia sexual en Tegucigalpa.
Centro de Atención Prioritaria de Médicos Sin Fronteras (C.A.P.), Tegucigalpa. Ilustración por German Andino.
Se siente mejor, dice, y lo agradece ofreciendo otro gesto rápido, una mirada fugaz, a su terapeuta. Intercambian sonrisas: abrazos cálidos sin contacto. Son cómplices. Hay cosas que solo se dirán la una a la otra.
Antes —hace unas semanas—, dice Gloria, no sabía qué hacer. No sabía si «eso» había sido su culpa, ni por qué le sucedió a ella, o si habría podido hacer más para evitarlo.
—Es increíble que esas cosas le pasen a uno, ¿verdad? Parece mentira, como de telenovela, dice. Sujetando con ambas manos un pañuelo de papel que sacó de su cartera. Para las mujeres hondureñas, las telenovelas son más que el entretenimiento matutino, para Gloria, el espejo de sus propias tragedias.
—No puedo creer lo que me pasó. Me sentía dentro de una pesadilla. Quería morirme, matarme yo, porque no hallaba qué hacer, no sé. Me gustaría vivir como antes, sentirme como antes.
Despacho de la psicóloga Mayner Rodríguez, C.A.P. Ilustración German Andino.
Treinta segundos más tarde, sin dar detalles de lo sucedido, Gloria intenta sin éxito contener las lágrimas con el pañuelo. Dice que no entiende cómo eso puede estar sucediendo a diario a tantas mujeres. Y a niñas.
Los números son genuinamente difíciles de contextualizar: En Tegucigalpa, durante el año 2018, Médicos Sin Fronteras atendió a 878 personas por situaciones de diversas violencias, de las cuales el 76% son mujeres. 592 fueron casos de violencia sexual. 420 de esos son casos de violaciones.
Números que dan para una y a veces dos violaciones por día durante un año. Hablamos de una sola ciudad de un país que tiene más de 400.
Hablamos de las supervivientes que se atrevieron y llegaron a verbalizar que han sufrido violencia de este tipo a pesar de las posibles represalias de sus victimarios.
—Sigo pensando en eso que me hicieron. No sé si vuelva a sentirme normal. Es muy difícil. Dice Gloria.
En plural. Hombres. Gloria. Sola.
Ella y varios agresores ejerciendo su poder destructivo en el terreno de lo íntimo, lo sexual: el poder que confiere la sociedad hondureña a los hombres, incluso desde antes de nacer. De forma tan natural como que el azul es de niños y el rosa es de niñas.
—¡No podía dejar de pensar en eso! No podía dormir. Creo que las actividades que hacía antes no las podía hacer. No podía dormir, no podía comer… Uno ni puede estar con la gente que uno quiere porque está pensando en ese momento.
La psicóloga le acerca la caja de pañuelos y un vasito de papel con agua. Marca con un gesto el final de la entrevista.
Gloria no está lista para recordar «eso». Hoy ha vuelto a la oscuridad a la que la psicóloga Rodríguez llama «recuerdos intrusivos».
Si bien no hay un dato exacto sobre la cantidad de violaciones sexuales en el país, según el registro estadístico de Medicina Forense, las denuncias en los últimos diez años aumentaron a un poco más del doble: durante 2008 se contabilizaban 1241 mujeres violadas mientras que para 2017 se contabilizaron 2761.
Todas estas cifras alarmantes de violencia sexual hacia las mujeres en Honduras se dan en un contexto donde no existe un protócolo de atención a víctimas por violencia sexual y las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE) tienen una prohibición en su uso, venta y distribución desde 2009, hace casi 10 años.
Y Honduras es también un país con altos índices de femicidios. Según el Observatorio de derechos humanos de las mujeres, un total de 4,742 mujeres y niñas murieron de manera violenta en los últimos 10 años en Honduras, mujeres con edades entre 20 a 29 años en su mayoría. Mientras que en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) solo en 2018 se recibieron 2200 denuncias de mujeres sobrevivientes de violencia doméstica que en su mayoría acuden a esta instancia porque no han recibido respuesta de las demás autoridades.
Para Irene las violaciones empezaban al llegar la oscuridad. Ahora se reconoce a sí misma fuera del dolor y la angustia, de las torturas. De la violencia sexual. Un estado posterior al de Gloria en el proceso de tratamiento psicológico.
Quizá, porque sabe hasta qué punto va a sumergirse en su memoria —y lo que va a encontrar ahí— Irene busca un asidero: sus manos atenazan los reposabrazos metálicos de su silla y da gracias a Dios por todo cada poco tiempo.
Desde hace dos años viene con la esperanza de conseguir atención en salud mental al Centro de Atención Prioritaria de Médicos Sin Fronteras en la colonia Nueva Capital, en Comayagüela, la que llaman la ciudad gemela de Tegucigalpa. Viene Irene y también trae a una de sus hijas de seis años.
A pesar del ambiente reluciente y aséptico del despacho del centro de atención, a Irene no le cuesta demasiado evocar cuando estaba sumergida en aquellas tinieblas: relata aquella parte de su infancia con el rictus vacío, como el de las personas ciegas que escuchan algo con atención; los ojos negrísimos, abiertos como platos, intentando encontrar el brillo que entraba por las resquebraduras de las ventanas del cuarto que compartía con su madre. Con 11 años, la pequeña Irene buscaba algo que pusiera al descubierto la silueta del músico sigiloso de 19 años que la violó.
—En mi casa vivían muchos… mi papi era músico, en la casa pasaban un montón de hombres. Al principio no sabía quién me tocaba.
Colonia Nueva Capital. Julio, 2019. Ilustración por German Andino.
Con muy poca edad Irene fue llevada por su madre a casa de su padre en la aldea Jutiquile, tierra de vacas, de maíz, café, frijol, arroz y tomate. Ubicada en medio de montañas en el departamento más grande de Honduras: Olancho, donde las actividades económicas principales son la ganadería, la agricultura y el narcotráfico. Por esta última, entre otras razones, Olancho está en el top ten de los departamentos más violentos del país. Irene ha sufrido una de esas otras, de las razones que también dejan muchas muertas: la violencia machista. Un problema regional. De países. Institucional. Y vivir en una aldea en el interior de Honduras no le supuso mucha diferencia a vivir en la capital.
El sector cinco de La Nueva Capital, donde ahora vive Irene con su hija, está a media hora de cuesta empinada del centro de atención y tiene el mismo aire bucólico de Jutiquile, pero sin huertas y menos vacas. En verano el paisaje aquí es marrón, de cerros secos; las casas se cubren de polvo. Pero en temporada de lluvia las callejuelas se transforman en ríos, vuelve el verde, como en la aldea de su infancia.
La esperanza de «La Nueva Capital» llegó después del huracán Mitch a finales de 1998, cuando las personas damnificadas por el desastre, invadieron terrenos ejidales y construyeron aquí sus chozas, sus nuevos hogares endebles: el cerro donde se impuso la Nueva Capital tenía viruela de colores. Las casitas crecían forradas con plásticos de tonos llamativos, con madera, cartón o lo que fuera. «La Nueva Capital» en los márgenes de Comayagüela, en una parte de la ciudad considerada de alto riesgo debido a los desastres naturales. Y actualmente, también por la violencia.
Despacho de la psicóloga Sharon Jiménez, C.A.P. Colonia Nueva Capital. Ilustración German Andino.
Con intensidad muy variable, sin llegar nunca a parar por completo, la violencia en Honduras lo sacude todo. En la superficie de la sociedad la violencia —en todas sus manifestaciones— es un temblor general, leve, soportable. El cadáver bajo una caja de cartón, el autobús en llamas por no pagar a tiempo el cuasi institucional “impuesto de guerra”, el asalto, las violaciones, los feminicidios, la violencia policial, institucional, el marido o novio maltratador, el plano de los niños jugando alrededor de la cinta amarilla en la escena del crimen… Ya son clásicos de los documentales que exhiben a uno de los países más violentos y pobres del mundo. Esta última descripción —la que convierte a Honduras en un escenario trepidante, una guerra de trincheras y bombas y no una guerra de baja intensidad, una tortura a cuenta gotas— casi es obligatoria actualmente para captar la atención del lector ávido de tweets, al que hay que situar en un escenario de Hollywood para que preste atención y entienda que merece la pena leer lo que viene.
Aquí la superficie y las honduras se sacuden a diario por la violencia, colisionando con una sociedad que parece soportar casi de todo y seguir adelante pese al reguero de sangre y el malestar general. Es eso o la locura.
Honduras es un equilibrio latinoamericano, hermoso y macabro.
Poco a poco la violencia se vuelve específica —aquí es donde el temblor sacude los cimientos, te desconecta y te deja en la profunda oscuridad del miedo, del dolor—, se cierra sobre las personas. La violencia busca y, finalmente, encuentra con sus propios criterios de discriminación. Mujer, hombre, joven, mayor, migrante, deportado, de izquierdas, de derechas, estudiante, maestro, homosexual, transexual, niño, niña… Tiene un criterio de búsqueda para todas las personas.
Eventualmente llega la oscuridad. Y en Honduras tiene más formas de encontrarte si sos mujer. A Gloria e Irene les encontró en forma de violencia sexual, entre otras.
—Ella me deja cita hecha aquí(la psicóloga que acompaña a Irene en la entrevista), pero hay veces que vengo dos veces a la semana o también viene mi hija mayor. Entonces me ha servido de mucho. Siento que cuando me he sentido mal, pues… Aquí estoy. —Cuénteme de qué forma se ha ido sintiendo mejor usted en todo este proceso. — En tomar mejor las decisiones. Creo que he pensado más. —¿Qué cosas ha pensado más? —En tratar de cambiar mis maneras de pensar, sacar todo lo que tengo por dentro, porque a veces uno guarda tanta cosa… En tanto año, creo que hasta hace poco, le decía a la psicóloga, mi familia algo sabe de mi vida. Porque ellos no han sido una familia de “¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó?”. Y ahorita hablo un poco con más libertad las cosas, creo que sí, vamos avanzando.
Este es el primer paso del protocolo de tratamiento según la psicóloga Sharon Jiménez, asignada por Médicos Sin Fronteras al mejoramiento de la salud mental de Irene. Que las supervivientes puedan hablar con libertad. Al menos ese debería ser el primer paso hacia el tratamiento psicológico y médico de los casos de violencia sexual al igual que en otros tipos de violencia contra las mujeres. Pero no es así. Según un informe del Centro de Estudios de la Mujer (CDM) apenas el 10% de las sobrevivientes de una violación sexual la denuncian, quienes no denuncian es debido a que «la misma sociedad a través de sus instituciones, refuerzan y reproducen la idea de que la víctima es responsable de lo que le sucede, generando estigma y culpa en ellas», dice el informe.
Paradójicamente muchas veces, Honduras, garante en el papel de los derechos de sus ciudadanas, se posiciona del lado de la violencia machista. O no se posiciona: no existe un protocolo de tratamiento para casos de violencia sexual en el sistema de salud pública. Ni siquiera se estudia uno teórico en la carrera de psicología de la Universidad Nacional. Irene y Gloria estarían solas sin los centros de atención prioritaria.
Centro de Salud Alonso Suazo. Ilustración German Andino.
Irene entendió lo que era un embarazo a la hora del recreo, jugando, mientras cursaba el cuarto grado en una escuela de Jutiquile. Tenía poco más de diez años.
El juego infantil de “Las Cebollitas” empieza generalmente en un poste o un árbol que simboliza la raíz de las cebollitas. La primera persona —la primera cebollita— que participa, abraza con fuerza el poste y tiene que impedir que le arranquen de la raíz para que no acabe el juego. Una detrás de otra se van uniendo las cebollitas, formando una fila, agarradas por la cintura. La última en unirse tira con fuerza y va probando si logra romper la cadena de tubérculos. Si no se suelta nadie se une otra cebollita y así sucesivamente. Irene cuenta que a ella nunca la arrancaban del poste, hasta ese día.
—Todo el mundo se dio cuenta porque yo jugaba a “Las cebollitas”… que antes se jugaba. y a mí me gustaba ser la del poste, a mí nadie me arrancaba. Y me acuerdo que ese día empecé a sentir un dolor bien fuerte y sangré y yo le decía a la maestra “fíjese que me vino la menstruación”. Porque yo asustada… Cuando me llevaron al centro de salud la doctora platicó conmigo y me dice: “quítese la ropa” y yo no quise porque yo nunca había ido a un lugar así… y me revisó, me revisó la barriga… ella me dijo: “vos estás embarazada” y yo así: “¡no! ¡no!”. —¿Usted no notó cambios en su cuerpo hasta ese momento? —Yo sentía que se me movía(el feto), y yo le decía a mi mami: “mami se me mueve algo”, pero yo no le decía lo que estaba pasando. Y me dijo: “de seguro son parásitos. Le voy a comprar algo para desparasitar”. Pero nunca me lo compró. Ella me decía(la doctora): “querés escuchar el corazón?” y yo: “¡No! yo no tengo nada”. Me aferré a eso pues, porque no lo creía yo. En mi mente no sabía yo, que al meterse con un hombre iba a salir embarazada una mujer. Yo le dije a ella: “usted tiene que hacer algo y sacármelo porque no quiero niños, yo no quiero tener hijos, porque yo he venido de una vida muy dura también…”. Dato aqui.
El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Estudios de la Mujer (CDM) señala que en 2017 más de 800 niñas menores de 14 años salieron embarazadas producto de violaciones sexuales. Honduras es el segundo país con más alta tasa de embarazo adolescente en Centroamérica. Y en Honduras, la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia está prohibida y el aborto bajo cualquier circunstancia es penalizado. Una mujer puede ir 10 años a la cárcel por el delito de aborto y aunque diversas organizaciones feministas y de mujeres pretendieron hacer incidencia en el Congreso Nacional para que se modificara en el Código Penal y permitir tres causales para el aborto, en noviembre entra en vigencia la nueva legislación penal con el mismo delito de aborto que no considera ni las violaciones sexuales, ni la enfermedad de la madre ni la inviabilidad del feto.
Pues él(el músico) me molestaba, pero igual yo era una cipota, cipota pues… uno de 11 años creo que no tiene uso de razón en esas áreas… y él empezó a molestarme y yo siempre trataba de capiarme(esquivarle), yo creo que uno cipote no está pensando en eso… Pero al tiempo él empezó a levantarse en la noche, a tocarme.Yo al principio: “¡Mamí!”, que prendiera la luz. Y yo así como que asustada, yo ni sabía… De tanto hombre que había ahí no sabía cuál era. ¿va? Uno empieza así: “qué raro…”.
El mejor recurso con que la niña contaba para evitar que el músico apareciera, era la luz: pedía a su madre que dejara encendida la lámpara del cuarto. Y así fue durante un tiempo. Al cabo de una temporada —suficiente tiempo, según su madre, para que una niña entienda que no pasa nada al dormir con la luz apagada— el músico volvió a su habitación durante la noche cuando todos dormían.
—Entonces, creo que uno como que, no sé, en esa edad empiezan sus hormonas y cosas. De ahí, como que a mí ya no me fue ofendiendo, ¿va? Pero yo siempre con la molestia… Dije yo, que raro. Ya me sentí un poco incómoda, yo ya sabía quién era. De ahí yo salí embarazada, pero yo no sabía. Yo estaba en la escuela en cuarto grado y así iba a la escuela, porque no sabía yo que estaba embarazada.
Según Jiménez, en psicoterapia infantil se usan los muñecos sexuados para explicar a menores de edad, especialmente a niñas pequeñas, temas como la llegada de la menstruación, problemas de control de esfínteres, identidad de género, detección y prevención de los abusos sexuales, etc. Después de aquel juego de Las Cebollitas, Irene pasó de sus juguetes de niña a jugar con muñecos terapéuticos para niña embarazada.
Centro de Salud Alonso Suazo. Ilustración German Andino.
—Una psicóloga, me acuerdo, empezó: estuvo toda la tarde diciéndome: “mirá, que vas a tener una muñeca, que te va a decir mamá, y va a crecer…”. Como uno de cipote la mente rapidito se la hacen cambiar, pues yo me hice ideas: “pero no le diga a nadie ¡A nadie, nadie!” Sin pensar también que eso me iba a crecer, pues. La gente se iba a dar cuenta. “¿Y quién es el papá? —Preguntó la psicóloga. —“¡No, no les voy a decir!” Yo no les dije nada…
Por decisión de las autoridades escolares Irene tuvo que abandonar la escuela, perder su beca de estudios y dedicarse a la que sería su nueva vida de niña-madre.
—Otro día: me voy para la escuela, yo ya sabía, y la maestra me despachó, me dijo que ya no podía ir y yo lloré y lloré porque yo quería seguir estudiando, yo tenía beca. Y la maestra llorando conmigo: “vos ya no podés, estás embarazada, aquí solo hay niñas…”.
Violencia institucional justo después de la sexual.
Irene —en pleno proceso de afinamiento de las múltiples violencias que estaba viviendo— por miedo a que su padre la matara al enterarse del embarazo, y por recomendación de su madre que estaba de acuerdo con ella, buscó la forma de salir de casa.
Otro padre, el del músico que la violó, se presentó en casa de Irene en Jutiquile, como si pudiera asumir responsabilidad por el violador que en esos días había desaparecido de la faz de la tierra. Irene fue llevada a Catacamas, cabecera del mismo departamento de Olancho. La salvaron del parricidio, pero acabó siendo entregada por completo a una la violencia machista más enferma. Una oscuridad aún más profunda.
Centro de Salud Alonso Suazo. Ilustración German Andino.
En aquella pequeña habitación maloliente ya no habían hendiduras que dejaban entrar hilos de luz, ni hacía falta descubrir al agresor en la oscuridad. Quizá las ventanas podían abrirse, pero «la puerta sí estaba cerrada con llave». Recuerda Irene. Este era el segundo método de control de aquella prisión machista que se mantuvo durante dos meses pero que dejó marcas que persisten en el tiempo.
El primero, llamémosle método de control igualmente, fue que el músico escogió violentar a una menor de 11 años.
Irene. Una bacinilla. Y un colchón. 60 días de encierro.
Una celda de la invención del músico que pasó de violarla a intentar convertirla en un objeto de su propiedad. Irene ya no tenía ropa propia, el tercer método de control del agresor fue despojarle de toda propiedad para que, aunque pudiera, no saliera de la casa: el día que entró en aquella habitación quemó la ropa de Irene y le dio una de sus camisas, nada más.
Misoginia rabiosa.
—Era muy celoso. Explica Irene. Casi justificándole, con los resquicios de sumisión que todavía lleva consigo. Gloria e Irene están en etapas distintas de su proceso de recuperación de trauma. Ante la mirada orgullosa de la psicóloga Sharon, Irene no tiene la intención de dejar caer una lágrima más y sigue rígida —incluso suelta alguna risa, a la usanza hondureña, sino latinoamericana, de reír para quitarle peso a la adversidad—, hablando todavía sujeta a los reposabrazos de la silla con un estoicismo que solo puede venir de una mujer dispuesta a recuperarse a sí misma. Convencida, sin aspavientos, ante la grabadora, de que ni ella ni sus hijas pasarán de nuevo por lo mismo.
El siguiente paso en el largo proceso evolutivo de su tratamiento psicológico sería convertirse a sí misma en portavoz de las supervivientes, una guía para sus hijas, y para otras mujeres que han pasado por situaciones similares. En el futuro quizá lo será. Por eso accedió a contar esta parte de su historia.
Ander.
—Esta es como la tercera vez que sufro violación. Antes de venir aquí pasaba amargado, lloraba a cada rato y no quería ni hacer música. Cuando lo hacía era para insultar. Todas esas letras están en la basura, ya las boté. Ahora me desenvuelvo mejor con la gente. Cuando no puedo venir aquí me voy a los buses a cantar para distraerme y no pasar solo en el cuarto. Eso me hace sentir bien porque ya no me siento inseguro al hablar. —¿Podrías decirme tu nombre y edad? —Pero…
El nombre de Ander, tiene un pero. Instintivamente ofrece una explicación antes de decirlo.
— Soy chico trans. Tengo 20 años, voy a cumplir 21 y soy rapero.
En lo que va del año Honduras registra 27 crímenes de odio contra personas LGTTBI, apenas 3 de estos han logrado ser judicializados, según datos arrojados por el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTTI de la organización lésbica Cattrachas, el único observatorio que monitorea crímenes de odio en el país. La violencia más invisible suele ser la de los hombres trans.
Ander conoce sus propios procesos de duelo y recuperación. También tiene mucha experiencia confrontando a extraños con su discurso musical y sabe modificarlo para reforzar su bienestar. Una posición envidiable desde la perspectiva de las supervivientes de la violencia sexual.
Edwin Róbelo Espinal se ha enfrentado a todo -casi todo- lo que se puede enfrentar una persona que nació y vive en Honduras. Creció y vivió en un barrio controlado por las pandillas, migró hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas y regresó, perdió a su novia Wendy Ávila quien murió a causa de los gases lacrimógenos lanzados por la policía en una represión durante las protestas contra el golpe de Estado en 2009; y fue encarcelado en la cárcel de máxima seguridad en 2017.
El liderazgo comunitario y activismo de Edwin en favor del movimiento social se fortaleció, y fue perseguido por la policía en reiteradas ocasiones hasta que el 19 de enero de 2018 fue capturado y acusado por daños agravados e incendio agravado contra grupo Intur y el Hotel Marriot en el marco de los daños a dichos establecimientos en una protesta previa a la toma de posesión de Juan Orlando Hernández; además, según informes de medios de comunicación, la policía lo acusó de “entrenar y coordinar a menores de edad para cometer actos vandálicos así como de proveer explosivos a grupos de desestabilización social”.
Edwin fue encarcelado con el argumento de que su motocicleta personal tenía las mismas características de la de alguien que estuvo en los disturbios, y aunque mantenía medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue encerrado en una de las cárceles de máxima seguridad que ha inaugurado el gobierno de Juan Orlando Hernández, “La Tolva”.
Durante los diecinueve meses de encarcelamiento algo cambió en Edwin Espinal (EE), y ahora que está defendiéndose en libertad, Contracorriente (CC) le entrevistó sobre ese periodo de tortura y soledad, pero también sobre sus perspectivas a futuro después de que le quitaron todo -casi todo- lo que tenía.
CC: ¿Hace cuánto iniciaste en el activismo social? EE: Desde muy joven empezó a formarse en mí una conciencia social debido al lugar donde vivía, yo vengo de estos barrios y colonias donde hay mucha discriminación, mucha represión en contra de la población a causa de los diferentes niveles de exclusión creados por los gobiernos liberales y cachurecos (nacionalistas) que han pasado por el gobierno. En ese contexto de exclusión social crecí y me fue desarrollando, entonces cuando se da el golpe de Estado en 2009 es cuando me doy cuenta de la falsa sociedad en la que vivimos, de la hipocresía política en la que vivimos siempre.
Fue muy fuerte cuando me di cuenta que el presidente que habíamos escogido fue sacado por los grupos fácticos y económicos del país que sacaron las garras, se quitaron las máscaras y dieron el golpe de Estado en frente de todo un pueblo que fue el que eligió a esta persona.
Los grupos de poder en Honduras no estaban dispuestos a tolerar que alguien viniera a quitarles los privilegios que han tenido como clase dominante, y por eso se deciden a removerlo del poder. A nosotros como hondureños nos dolió saber que esa falsa democracia había sido siempre una ilusión.
Indignados no nos quedaba más que salir a las calles en defensa del pueblo. Allí vimos la necesidad de organizarnos como pueblo. Allí es cuando se organiza la resistencia popular en Tegucigalpa.
CC: En 2017 se genera una nueva crisis política con el fraude electoral, ¿Qué ocurrió en esa crisis que llevó a tu captura? EE: Esta crisis política es la misma que se viene arrastrando desde 2009. La débil institucionalidad evidenció que el Tribunal Supremo Electoral, Registro Nacional de las Personas, Corte Suprema de Justicia y Congreso Nacional siempre se han prestado para los diferentes fraudes electorales para poner a los candidatos que benefician a los diferentes grupos de poder en Honduras. También hubo un fraude en 2010, en ese entonces no participamos como pueblo en esas elecciones, allí fue electo Pepe Lobo que es un nefasto personaje para el país ya que usó el poder para hacer sus negocios de familia. Pasaron esos 4 años sin pena ni gloria, pero en 2013 se inicia un nuevo proceso electoral con Xiomara Castro como candidata de LIBRE (Partido Libertad y Refundación). Ya esperábamos que se iba a dar otro fraude electoral.
Para ese entonces mi casa fue desalojada por la Policía Militar. Llegaron y allanaron mi casa con ordenes sin fundamento, como excusa dijeron que buscaban drogas y armas de guerra. Yo jamás he tenido armas, mucho menos drogas. Yo no tengo antecedentes criminales, pero llegaron a mi casa y destruyeron puertas y ventanas, le dieron vuelta a toda mi casa incluso se perdieron objetos personales y nadie respondió por eso. Nosotros interpusimos la denuncia en la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, y justo cuando estaban investigando ese allanamiento llegó la misma Policía Militar y secuestró los documentos de la fiscalía donde se había interpuesto la denuncia.
Luego nosotros investigamos y nos dimos cuenta que ese allanamiento lo habían coordinado los dirigentes cachurecos de esa zona donde yo residía en la colonia Flor del Campo. Esto se dio dos meses antes de las elecciones de 2013, antes del fraude electoral.
Cuando llegamos a las elecciones, se dieron muchas protestas en rechazo al fraude. Así pasaron esos nefastos y represivos cuatro años de corrupción y actividades ilícitas del gobierno de Juan Orlando Hernández. Fue duro porque muchos de nuestros compañeros fueron asesinados, otros están en el exilio, otros presos y fueron judicializados por estar en defensa de la madre tierra.
Llegamos al 2017 con un nuevo proceso electoral y teníamos las esperanzas de que pudiéramos superar el fraude que podía darse, porque sabemos cómo opera el crimen organizado que ha secuestrado la institucionalidad en Honduras. Así como lo esperábamos se dio otro fraude electoral en 2017. Y fue lamentable porque creíamos que lo íbamos a superar, de hecho lo superamos, pero no pudimos superar el descaro de Juan Orlando Hernández porque sabemos que compró las urnas, actas y funcionarios para llevar a cabo el fraude electoral.
Después del fraude comenzaron las protestas, la expresión del pueblo en rechazo a ese fraude electoral. A raíz de ello yo fui perseguido nuevamente y judicializado. Ya la seguridad del Estado andaba detrás de mí, yo me di cuenta por información que tenían mis compañeros que mis teléfonos estaban intervenidos, mi familia estaba siendo vigilada y que me andaban persiguiendo. Yo ya no estaba en mi casa, pero yo sabía que no iba a poder esconderme siempre, y me capturaron en un momento en que iba saliendo. Sin orden de captura, solo me dijeron que para efectos de investigación me iban a llevar a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), yo accedí por temor porque era de noche y eran 6 personas con el rostro cubierto con pasamontañas y armas de alto calibre, así me dijeron que “por favor acompañenos a las oficinas de la DPI” y no me permitieron ni siquiera hacer una llamada.
Ya estando en la DPI me esposaron y me dijeron que estaba siendo investigado por los daños en el Hotel Marriot y de allí comienza todo el proceso de judicialización en mi contra.
CC: ¿Qué condiciones tuvo en la prisión? EE: Era una celdita pequeña entonces había un colchoncito allí adentro. No hay un inodoro para las necesidades fisiológicas de uno, no hay agua, no hay nada allí.
Después de 15 días yo empecé a cuestionar mucho más fuerte y empecé a golpear la puerta y a pedir una explicación del porqué me tenían allí, me seguían ignorando y hasta esa fecha ni el director ni ninguna autoridad me habían dado una explicación del porqué yo estaba allí.
Pasó un mes y yo estaba allí en ropa interior, solo con mi bóxer nada más, desnudo. Después de todo ese tiempo yo seguía golpeando la puerta y ya cuando vieron que los golpes eran cada vez más fuertes y eso afectaba a todas las personas que estaban afuera porque estaban cerca las oficinas; en ese momento decidieron sacarme de allí.
Pasé un mes en esas condiciones de tortura, un trato cruel, inhumano y degradante, más tratándose de mí que no soy una persona con perfil criminal, no soy una persona con antecedentes criminales. No soy alguien peligroso para la sociedad. Siempre me preguntaba por qué me trataron de esa forma y luego caí en la razón de que mi perfil era político, yo soy un perseguido político.
CC: ¿Cómo fue física y anímicamente estar en una cárcel de máxima seguridad todos esos meses? EE: Los entes de seguridad cuando me judicializan y me envían a esta prisión, ellos están logrando el objetivo de sacarme de las calles, neutralizar mi activismo político social, intimidarme, llenarme de miedo y por esa razón es que me envían a La Tolva, porque me pudieron enviar a Tamara, un presidio abierto, pero el objetivo era amedrentarme y llenarme de miedo.
Las condiciones en esa cárcel son tanto de tortura psicológica, emocional y física cuando yo ingreso a esa cárcel apenas tenía como diez meses de ser inaugurada, las condiciones dentro son de extrema represión porque la construyeron con ese propósito, porque déjenme decirles que este modelo de cárceles de máxima seguridad que se están construyendo en Honduras, en infraestructura no esta tan mala, se encuentran mejor que las cárceles tradicionales que hemos tenido, pero el gobierno de Juan Orlando Hernández no está utilizando toda la infraestructura para beneficiar a los privados de libertad.
Las violaciones a los derechos humanos se siguen practicando dentro de las cárceles desde el momento en que les quitan a los reclusos el beneficio constitucional de darles espacio y oportunidad de ser rehabilitados, y este gobierno está quitando ese derecho. Pero quien paga las consecuencias somos nosotros como sociedad porque cuando esos privados de libertad cumplen su condena y salen a la sociedad vienen mucho más violentos y con más preparación. Salen como delincuentes profesionales porque se relacionaron con otras personas del crimen organizado y estas personas dieron clases de cómo llevar a cabo otros crímenes al estar libres en la sociedad.
El gobierno de Juan Orlando Hernández le está negando la oportunidad a los presos para que trabajen, para que vayan a la escuela, aprendan un oficio y en las cárceles de máxima seguridad los privados de libertad no tienen estas opciones, aunque la infraestructura allí esta. Ahora hay que preguntarse por qué el gobierno no utiliza esa infraestructura.
Al gobierno de Juan Orlando Hernández no le importa que las personas que están pagando allí regresen a la libertad y sean personas mucho más violentas y peligrosas. Entonces allí tenemos una bomba de tiempo. Todas las cárceles de máxima seguridad son bombas de tiempo.
CC: ¿Cuáles son las condiciones de alimentación, acceso a salud, descanso y recreación en La Tolva? EE: De todo eso, no existe nada, condiciones de salud no existen porque los privados de libertad convivíamos con personas con tuberculosis y no hay medidas de prevención contra el contagio. Compartíamos 170 personas en un espacio muy reducido y 20 de ellas tenían tuberculosis, a esas personas les están dando tratamiento, pero mientas se lo dan, otras personas se están contagiando.
Sobre el acceso a la salud, si en los hospitales públicos no hay medicinas, no podemos esperar mucho de una cárcel de máxima seguridad. No hay medicamentos en las clínicas y solo hay un doctor que atiende aproximadamente 500 privados de libertad al día. Hay una pastilla que dan allí que le decíamos: “TEVA” te va a curar el dolor de cabeza, te va a curar el dolor de estómago, te va a curar de la fiebre, te va a curar de una amigdalitis, te va a curar de una tos. Solo hay una pastilla y esa misma pastilla les dan a todas las personas sin importar el padecimiento, la asistencia médica allí es muy precaria.
Las condiciones de alimentación son muy deficientes, cuando yo llegué en los primeros dos meses creo que perdí aproximadamente 25 libras, bajé de peso muy rápido. La alimentación es arroz, frijoles y cuatro tortillas en cada tiempo, tres tiempos al día y eso no es suficiente para mantener tu sistema de defensa fortalecido para contrarrestar algunas enfermedades que están dentro de los módulos.
CC: ¿En qué se basaba la fiscalía para acusarte de los daños al hotel? EE: Tenían fotos que tomaron a mis espaldas. Los mismos infiltrados que estaban ese día 12 de enero frente al Hotel Marriot, los que iniciaron la destrucción en el hotel también andaban cámaras y equipo de filmación para grabar y tomar fotos de ciertas personas y ese fue mi caso que me tomaron fotos y hay videos, donde solo estoy con las demás personas, no estoy haciendo ningún acto de destrucción, no estoy haciendo nada y simplemente estoy en el grupo de personas que estábamos en la manifestación frente al hotel.
Con eso ellos comprueban que yo estaba frente al hotel Marriot y es cierto es un hecho, yo en ningún momento he negado eso, yo estaba en la manifestación pero ellos no tienen pruebas de que yo haya cometido algún daño o iniciado algún incendio porque los delitos que a mí se me imputan es daño agravado, incendio agravado y uso y manejo de material explosivo de fabricación artesanal; sin embargo, en ningún momento me encontraron algún artefacto explosivo, no estoy iniciando algún incendio y no hay videos ni fotografías de eso.
Me relacionan con el sobrino de Mel Zelaya de nombre Josué Manuel Zelaya, dicen que él era mi contacto y que nosotros tenemos una organización que le proveemos material incendiario y explosivo a los estudiantes de la universidad, por ejemplo, esos son los argumentos que ellos presentaron ante el juez, pero no tienen prueba de todo ello. Incluso el día de mi arresto me decomisaron mi motocicleta la cual no tiene nada que ver, ellos argumentan que era un medio de prueba, ¿en qué pude haber yo involucrado mi vehículo de transporte personal?
Me decomisaron la motocicleta y hasta la fecha no me la han entregado, incluso después de que en la última audiencia de presentación de medios de prueba, la jueza determinó que la motocicleta no era un medio de prueba por lo tanto la fiscalía debió habérmela entregado pero la intención de ellos es perjudicarme lo más que puedan, y por eso no me la han entregado.
La jueza también determinó que la información que colocaron de mis redes sociales no eran medios de prueba que la fiscalía debería manejar en mi contra. La jueza determinó eliminar esos medios de prueba, pero la fiscalía apeló para que no fueran descalificados.
CC: ¿Qué encontraron en las redes sociales? EE: Fotos en las protestas. Yo soy una persona pública y todo mundo sabe que vamos a las protestas y que estamos en contra de un gobierno corrupto, y nos manifestamos visiblemente, tenemos que manifestarnos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esas son las fotos que descargaron de las redes sociales para usarlas en mi contra, es absurdo, yo todavía me sigo preguntando cómo pasé en la cárcel 19 meses en condiciones de tortura y en condiciones de peligro con estas pruebas en mi contra que no son bien fundamentadas para privarme de mi libertad.
CC: ¿Por qué perseguir y encarcelar a Edwin Espinal y otras personas que no son parte de la estructura política como candidatos? EE: La razón es que todos sabemos que los entes de seguridad del Estado tienen sus cuerpos de inteligencia, ellos saben el perfil de cada persona entonces a mí me perfilaron desde el 2009 y saben que he sido una persona constantemente en actividad tanto organizativa como en las diferentes protestas que se dieron después del golpe de Estado. Y claro, es muy cierto que no he sido muy mediático por la razón de que yo no persigo un interés político partidario, para mí el único interés ha sido siempre la organización dentro del movimiento social, he estado apoyando bastante a las organizaciones campesinas, pueblos indígenas, movimientos sociales de barrios y colonias sin ningún interés personal; con el único interés de que se fortalezca la organización social dentro del Frente Nacional de Resistencia Popular.
Es que a veces nos exponemos en el sentido de que estamos conscientes de que para que haya cambios y se logren los objetivos dentro de la lucha a veces tienen que haber sacrificios y esos sacrificios implican asumir riesgos y yo sé que todos en el movimiento social y político en Honduras lo sabemos, pero a veces nos cuesta asumir esos riesgos porque sabemos que el costo es muy grande.
CC: ¿Sentías el apoyo de los líderes políticos por los que luchabas en las calles? EE: Sí, siempre tuve el respaldo del movimiento social y el respaldo del partido político también solo que no había comunicación allí dentro, no había forma de que yo me comunicara con nadie y no había acceso. Allí solo mi familia podía ingresar y mi esposa Karen Spring.
Yo sé que muchas personas trataron de ir a visitarme y ofrecerme su apoyo, pero jamás pudieron ingresar por las medidas estrictas que tienen para que nadie más que tu familia ingrese. No hay teléfono así que no puedes comunicarte al exterior ni con tu familia, aunque sea una emergencia no hay forma, no se puede enviar una carta, no hay forma de que se pueda enviar un papelito por pequeño que sea.
No dudamos de que siempre recibimos la solidaridad de todas las organizaciones, gremios, movimiento social y político partidario.
CC: Te quitaron tu libertad durante 19 meses, te quitaron tu motocicleta ¿Qué más le quitó este gobierno a Edwin Espinal? EE: Este gobierno me privó de mis proyectos personales y afectó mi economía porque yo he sido una persona económicamente independiente y en este proceso de encarcelamiento no tuve acceso a todas mis actividades. Ahora estoy pagando las consecuencias de todos mis proyectos que fueron paralizados y afectados.
CC: ¿Qué cosas han cambiado en tu interior? EE: Ya no veo el mundo desde la misma perspectiva, a estos gobiernos corruptos ya no los veo de la misma manera, ahora siento que la lucha debe radicalizarse, ahora siento que no podemos mantener esta lucha con medias tintas, tenemos que ir con todos los recursos que tenemos. Ya no nos podemos relajar, es necesario continuar organizándonos y es la forma en que ahora veo la lucha.
CC: ¿Cómo resumirías estos diez años desde el golpe de Estado? EE: Han sido diez años de persecución muy fuertes que han dejado secuelas no solo a mí, sino que han afectado a toda mi familia y mis amistades.
CC: ¿Qué esperas en tu vida de ahora en adelante? EE: El futuro para mí, en términos económicos, siento que no tengo futuro. Todas mis actividades económicas han sido afectadas por toda esta represión, al menos la independencia económica no me la han quitado, no dependo de una chambita y no tengo que ir a mendigarle al gobierno o partidos políticos para poder subsistir.
Lo único que puedo visualizar es mi futuro familiar y continuar fortaleciendo a mi familia. Tengo a mis hermanas, sobrinos y una esposa a la que deseo cuidar y con la que espero en un futuro tener hijos y educarlos para que puedan ser parte de nuestras luchas y continuar en contra de las injusticias sociales de este país.
En cuanto al futuro político no tengo ninguna aspiración político-partidaria, sabemos que muchas personas militan en estos partidos políticos es para poder garantizarse su futuro, yo no soy de ese tipo de persona y por eso quizá no he sido tan mediático y por eso quizá no busco el protagonismo. Si aspiro a mantener el protagonismo en cuanto a organización dentro de los movimientos sociales para seguirlo fortaleciendo y continuar luchando. Ese es el único futuro que puedo visualizar en mí.
CC: ¿Cuál es el siguiente paso en tu proceso judicial? EE: Tengo que ir a firmar una vez por semana e incluso al salir de aquí creo que tengo que pasar por la Corte Suprema de Justicia y firmar porque trato de ir a inicios de la semana para dejar un precedente y que las autoridades vean que tenemos la buena intención de continuar en el proceso, para que se nos respete el debido proceso y se nos permita seguir defendiéndonos en libertad, habló en plural por mis demás compañeros como el caso de Romel Herrera que sigue preso en La Tolva y en el caso de Gustavo Cáceres que está en El Progreso y Raúl Álvarez que también está defendiéndose en libertad; y los ocho compañeros que están siendo judicializados por defender la comunidad de Guapinol en Colón.
Queremos demostrarles a las autoridades que no tenemos nada que temer. Raúl Álvarez y yo tenemos fecha para el 14 de mayo para inicio del juicio oral y público.
Lo más importante que la gente sepa de nuestra lucha y del encarcelamiento, es que sepan que tenemos que participar y unirnos a este proceso de lucha, ya no podemos ser indiferentes.
Fotografía en portada: Pixbay.com
Honduras es uno de los países más violentos del mundo, pero no necesariamente solo por su tasa de homicidios. Poco se habla de los sobrevivientes de violencia que se quedan en el país sufriendo una discapacidad, en el país que no tiene datos sobre su población con discapacidad.
Jorge Andino nos cuenta las historias y reflexiona sobre esta parte que poco se cuenta.
El sur de Honduras sufre una crisis que expulsa a su gente y por otra parte la impulsa a quedarse a pelear. Pero eso no es nuevo. La crisis política que desató protestas permanentes durante más de un año, la sequía que afecta los cultivos locales, los proyectos de energía solar que han sembrado conflicto, son los detonantes de una crisis que expulsa a los que se van hacia Estados Unidos, en caravanas o solos, y que impulsa a los más jóvenes a quedarse a luchar. Aquí las historias de lo que pasa en esta región empobrecida y ahora también violenta del país.
Esa noche se fue la luz. La energía se interrumpió en el momento en que Wilfredo estaba siendo atendido en el Hospital del Sur en Choluteca luego de recibir un disparo por la espalda. Su madre, sus amigos, sus primos recuerdan con indignación ese momento. Quizá 5, quizá 10 minutos pasaron sin energía, se enfurecen cuando lo cuentan. Wilfredo Moncada era un muchacho de 17 años, líder en las protestas del único grupo que nunca dejó de tomarse las calles protestando por la ilegítima reelección de Juan Orlando Hernández en Honduras, en una zona empobrecida del país, sin acceso permanente a agua y a energía. El sur, sin embargo es ahora una de las zonas con mayor cantidad de proyectos de energía fotovoltaica del país. Los ingredientes de la crisis en el sur son comunes en muchas comunidades desde que se ha concesionado el territorio nacional para proyectos extractivos: confusión por falta de consulta y luego la división de las familias, violencia desatada y desplazamiento forzado.
Honduras comenzó en 2013 el camino hacia el cambio de matriz energética, actualmente, según datos recopilados por el Foro Social para la Deuda Externa (FOSDEH) , existe poco más de 300 proyectos de generación de energía, de los cuales solo el 24.31% se encuentran facturando energía, es decir, vendiéndole su generación a la ENEE. Para el caso de Valle y Choluteca, ambos departamentos concentran un total de 74 proyectos de generación, de los cuales Choluteca tiene 16 facturando (1 Eólico; 2 Biomasa; 5 Térmicos; 8 Solares) y Valle concentra 2 proyectos de generación de energía facturando (1 hidroeléctrico y 1 solar).Pero en esta zona, la crisis energética ha reventado en protestas, conflictos comunitarios y violencia.
En Honduras, la juventud es la etapa más difícil de superar, no solo por la pubertad y los cambios que se experimentan sino porque podés ser víctima mortal de la violencia. Durante el año 2018 la mayor incidencia de víctimas de homicidios se concentró entre los 15 y 39 años (70.4% del total de homicidios). Pero si a ser joven le agregas que sos artista, viene otra dificultad porque económicamente no resulta sostenible y si practicas Hip Hop puede ser un agravante por la estigmatización que se tiene de las disciplinas relacionadas.
En el año 2011 recién conformamos un club de baile o como se conoce en el Hiphop una crew de Breaking (Break Dance). Después del golpe de Estado de 2009, el movimiento del Hiphop hondureño también sufrió las consecuencias, ya no se veían tantas competencias como se venían gestando porque la cooperación internacional se retiró del país siendo casi los únicos en apostarle a estas acciones. Al no haber fondos lo primero que hacen las organizaciones es eliminar las actividades culturales por ser consideradas solo un adorno, así fueron disminuyendo este tipo de eventos en la escena, por eso, al enterarnos que pronto habría una competencia en el sector López Arellano de Choloma no dudamos en decir presente.
Llegando al centro comunal de ese sector supe que había extrañado estos eventos y el sector Chamelecón de San Pedro Sula por primera vez estaba representado en un evento de breaking.
En ese tiempo me decían “Chino”; y al organizador del evento también le decían así a pesar que su nombre artístico era Ross One. Yo tenía la opción de pedirle batalla y que el ganador conservara el nombre, pero era seguro que yo iba a perder, entonces supe que debía cambiarme el nombre. Yovin Villanueva fue el motivo por el que me cambié de nombre artístico, también fue el motivo por el que conocí a la mayoría de bailarines de breaking de la zona y pude acceder a la cultura, un derecho que debe tener toda la juventud.
Como grupo estábamos decididos a aprender a bailar así que vendiendo donas logramos ajustar lo suficiente para invitar a Ross One y otros bailarines a darnos talleres de los que aprendimos no solo a bailar sino filosofía y los principios del Hiphop, tanto así que el día que decidimos llamarnos Warriors, él estuvo presente.
Me gustaba mucho bailar con Ross porque él entendía mi sentir y no hacía falta abrir la boca para comunicarnos, lo hacíamos en el Cypher (un círculo en cuyo interior pasa una persona a la vez y hace los pasos que más disfruta) allí es un compartir de energía, en ese espacio todos somos iguales y queremos expresar lo que sentimos con movimientos de baile; el cypher es una ceremonia que se lleva a cabo sin planificarse. En ese momento puedo honrar la memoria de mis amigos que ya no están haciendo los pasos de baile que aprendí de ellos, en ese instante todos somos eternos y Ross siempre era el alma del Cypher.
Cuando recibí la llamada me pareció una broma de mal gusto, no era posible lo que escuchaba, hace una semana habíamos practicado un show juntos. Hasta ver una foto sin censura me convencí, a Ross One lo habían asesinado. Con algunos amigos fuimos al darle el último adiós al velorio, “él no se metía con nadie, todo mundo lo quería, ¿Por qué? ¿Por qué?” se escuchaba entre sollozos. Nada más desgarrador que escuchar los gritos de una madre al lado de una mesa donde yace su único hijo varón. Ross siempre quiso tener un collar de Zulu (nuestra organización), saqué el mío de la mochila y hablándole como si me escuchara le dije que debí ponérselo en el cuello no en su ataúd.
No era un mototaxista como dice la prensa, él trabajaba con una moto taxi para subsistir y ayudar a su familia, pero realmente era un promotor de los derechos de la juventud; era un joven que motivaba el cambio y no se quedaba esperando las oportunidades, sino que salía y creaba las oportunidades para todo aquel que necesitara, era un artista bailarín de Breaking, era mi amigo, era un apóstol del Hiphop en Honduras. El estado de Honduras fue incapaz de garantizar sus derechos y por amenazas, un año atrás había emigrado a los Estados Unidos donde pidió asilo que le fue negado, al regresar pasaron solo unos meses para que de nuevo el estado de Honduras fuera incapaz de garantizar su derecho a la vida.
Casi la mitad de las personas que estaban en el velorio eran bailarines, muchos querían, pero no podían estar allí desde muchos lugares de Honduras y de distintos países, nunca vamos a olvidar lo que aprendimos de él y mientras sigamos enseñando lo que nos enseñó seguirá vivo; Ross por siempre.
Quiero que todo mundo sepa quién era el maestro Yovin Villanueva; mis amistades no se sorprendan si me pasa lo mismo porque soy consciente que por ser como soy, por hacer lo que hago también puedo ser asesinado, el día que me pase quisiera que me recuerden como yo recuerdo a Ross, un joven artista de Hiphop en Honduras.
Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva
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Contracorriente.
En mayo de 2018 el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue invitado a participar en la ceremonia celebrada en Jerusalén en honor al 70 aniversario de la independencia del Estado de Israel. Hernández canceló su participación a último momento, como resultado de las críticas a su llegada en la opinión pública y por ende el temor de manifestaciones en Israel que le resultaran en daño político en Honduras.
La semana pasada llegó Hernández a Israel para participar en la ceremonia de apertura de la oficina comercial hondureña en Jerusalén. Quise organizar una manifestación contra él durante la ceremonia, por la responsabilidad personal de Hernández en la represión, la violencia y corrupción en Honduras, pero no pude por falta de información sobre cuándo sería la visita. A pesar de que el primer ministro Netanyahu insiste en que Hernández es uno de sus mejores amigos políticos en el mundo, parece que se avergüenza de sus vínculos con él, y no hubo posibilidad alguna de recibir información de las autoridades israelíes respecto del día y la hora de la ceremonia de inauguración de la oficina comercial.
Se trata de un comportamiento sumamente irregular. Por lo general, cuando viene a Israel un mandatario extranjero, el ministerio de Relaciones Exteriores publica un itinerario de la visita y como mínimo lo distribuye a los medios de comunicación. Pero la visita de Hernández y su participación en la ceremonia se convirtieron en una especie de operación secreta cuyo propósito era evitar críticas públicas y manifestaciones en su contra. Netanyahu trató a Hernández como si fuera un criminal prófugo que hay que hacer entrar al país furtivamente y ocultarlo del público.
Posteriormente se reveló que no inauguró ninguna oficina comercial, y que la ceremonia se llevó a cabo en la entrada de un estudio legal privado de Jerusalén. Durante la duración de la ceremonia fueron sustituidos los letreros a la entrada del estudio por letreros pseudo oficiales del gobierno de Honduras. En resumen, falsas relaciones diplomáticas y falsa oficina comercial.
Este bochornoso comportamiento representa perfectamente la naturaleza de las relaciones entre Netanyahu y Hernández. Netanyahu necesita a Hernández para reforzar su fuerza política como líder que logra conseguir el reconocimiento internacional de Jerusalén como capital de Israel, incluida la sección Oriental ocupada en forma unilateral y evitando negociar con los palestinos. Hernández necesita a Netanyahu para obtener equipos, know-how y servicios militares de Israel, a fin de ayudarlo en su política de represión y violencia en Honduras.
Hernández oprime al pueblo hondureño como Netanyahu oprime al pueblo palestino en los territorios ocupados. A tal fin, a partir de 2016, Netanyahu le vendió a Hernández entrenamiento militar y de contrainsurgencia, fusiles Tabor, equipos para dispersar manifestaciones, reacondicionamiento de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea, un buque patrullero con pista de aterrizaje para helicópteros, sistemas de comunicaciones para la infantería, seis aviones sin piloto, sistemas de seguimiento para el servicio secreto hondureño, y asistencia en la creación de un Centro Gubernamental de Operaciones de Seguridad.
En última instancia, tanto Netanyahu como Hernández son dos hombres y gobernantes débiles y corruptos. Hernández necesita equipo militar masivo para imponerse al pueblo hondureño. Hernández le teme a las críticas y las manifestaciones en el extranjero, y visitó Israel a escondidas. Sin fusiles no tiene ninguna fuerza. Netanyahu necesita una oficina falsa de Honduras para obtener apoyo político del partido Likud, que encabeza.
Ambos son difíciles de derrocar, porque han desmantelado y corrompido las instituciones estatales, el Parlamento, las fuerzas de seguridad, la prensa y los sistemas judiciales de sus países. Hasta que eso pase, es importante que el pueblo hondureño sepa que hay numerosos ciudadanos y ciudadanas israelíes que se solidarizan con él, que se oponen a la represión militar en Honduras, y que actúan para detener las ventas de armamentos de Israel al régimen de Hernández.
Honduras comenzó en 2013 el camino hacia el cambio de matriz energética, actualmente, según datos recopilados por el Foro Social para la Deuda Externa (FOSDEH) , existe poco más de 300 proyectos de generación de energía, de los cuales solo el 24.31% se encuentran facturando energía, es decir, vendiéndole su generación a la ENEE. Para el caso de Valle y Choluteca, ambos departamentos concentran un total de 74 proyectos de generación, de los cuales Choluteca tiene 16 facturando (1 Eólico; 2 Biomasa; 5 Térmicos; 8 Solares) y Valle concentra 2 proyectos de generación de energía facturando (1 hidroeléctrico y 1 solar).
Estos proyectos concentran alrededor de 33,238 millones de Lempiras en exoneraciones fiscales. 4,583 millones de Lempiras en Impuesto Sobre la Venta y la Renta y 28,700 Millones de Lempiras en exoneraciones fiscales. Dinero que deja de percibir el Estado de Honduras y que representa el 12.72% del Presupuesto General de la República de 2019.
Exoneraciones que no son justificadas puesto que información adquirida a través de los cortes programados por EEH demuestran que solo en 2017 los hondureños pasaron 6,310 horas sin energía y en lugares como Ceiba, Olancho, El Bajo Aguan o Comayagua pueden pasar hasta 12 horas sin energía eléctrica.
El gobierno de Hernández además ha aprobado un plan llamado «La hora del sur», en el que estos proyectos más la infraestructura en carretera construida por el corredor seco mejoraría el comercio en esta zona y habilitaría el puerto del golfo de Fonseca, todo unido a su plan de Zonas Especiales de Desarrollo en Valle y Choluteca.
«Esta infraestructura tiene el sentido de resolvernos un problema, ese conflicto eterno que hemos tenido en el Golfo de Fonseca, porque el desarrollo económico de los pueblos va a superar las diferencias políticas entre los países, porque al final se trata de empleo y desarrollo», Hernández habla de la eterna disputa de territorio entre El Salvador y Honduras, por el cual la Isla Conejo pasa resguardada por miembros de la Fuerza Naval y las Fuerzas Armadas de manera permanente.
«A esta infraestructura vial que estamos construyendo viene a unirse el programa Honduras 20/20 para generación de empleo, con el que pretendemos reforzar y repotenciar el aparato productivo del país en áreas como el servicio de industria, turismo, maquila textil, maquila de autopartes en el área automotriz, vivienda, call center y agroindustria», explica Hernández su plan en la página oficial del gobierno.
Sin embargo, el sur se ha vuelto más conflictivo, no solo por las protestas ininterrumpidas del Bastión del sur en Choluteca, también en el último año, Choluteca y Valle se han convertido en departamentos más violentos, aumentando su tasa de homicidios.
Un abogado de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) en la oficina central de Tegucigalpa habló con nosotros en condición de anonimato, y nos mostró un mapa en el que Choluteca y Valle progresivamente fueron cambiando de verde a amarillo y a rojo, poco a poco aumentando la incidencia de delitos como la extorsión y el homicidio.
«En la zona sur en orden de peligrosidad hemos identificado que la principal amenaza la genera la Mara Salvatrucha. Por su capacidad organizativa y su evolución se enfoca en dos aspectos que generan muchos daños como los homicidios múltiples: el interés de ellos por ocupar los espacios de los narcotraficantes, los que llegaron a ser hasta carteles aquí en Honduras, y la otra situación es el concepto de lavado de activos, ellos miran estos grupos poblacionales, estas zonas del país donde hay actividad económica significativa entonces pretenden ir allí a lavar el dinero y cometer sus actos ilícitos, ese es uno de los principales motivos de la incidencia significativa de peligrosidad.
Uno, hoy mira la ciudad de Nacaome y uno se sorprende de ver la actividad económica que ya hay tanto turística como agroindustrial, actividad comercial independiente, no se ven grandes cadenas pero sí muchos mercaditos, tiendas de electrodomésticos», explicó.
Ese es el desarrollo que se ve en el sur, la migración de las estructuras criminales, su expansión. Y ante esto, los asesinatos. El día que llegamos a Nacaome el ambiente estaba tenso, el día anterior hubo un asesinato, un joven conductor de mototaxis fue tiroteado frente a su casa, frente a su madre. En marzo de 2019 también hubo un asesinato de alto impacto, el de Gabriel Hernández, periodista local, según varias personas cercanas, crítico del gobierno local y de los proyectos solares.
Un hombre al que llamaremos José, por seguridad, nos recibió en su casa, nervioso, con delirios de persecución. José es el custodio civil que el Mecanismo de Protección asignó a la viuda de Gabriel. Intentó irse en la caravana migrante también y regresó voluntariamente, pero José antes ya había estado en el norte y había regresado en 2002. Se relaja contando que le pintó una vez la casa al periodista Fernando del Rincón y que lo regañaba de vez en cuando por ser tan derechista.
«En la caravana, ya en Tijuana, me preguntaron qué pedía y yo pedía asilo para todos, tenía los pies llagados, les decía yo que en el país de nosotros estaba todo malo porque los mismos gringos habían puesto a JOH, yo estuve cuando se hicieron las demandas de la caravana a la embajada, la salida de JOH, la salida de los gringos de Palmerola y 50 mil dólares para la gente», cuenta y ve nervioso un vehículo que se ha estacionado en la esquina de su casa.
«Mire, acaba de salir una caravana de Choluteca, yo anduve antier por allá y dicen que va a salir otra y gente huyendo de Nacaome, de aquí se fueron al menos unas 33 personas en esa primera caravana, algunos están en México, solo 5 he visto de regreso aquí. Yo me regresé porque yo solo fui a ayudar a organizar la caravana, yo hablé con Bartolo y yo como era tramitador en el Amatillo, entonces por eso me llamaron. No me he regresado por no dejar sola a la viuda de Gabriel y a mi mamá», explica.
José cuenta que estaba en su casa, viendo en la televisión un partido de fútbol cuando escuchó los tiros. Recién había regresado de la caravana.
—Bum bum bum —Me llama la muchacha y me dice: vaya a ver si es cierto que es a Gabriel que lo balearon.
Siempre hay un ojo, ya a él ya se la habían cantado, él fue a los DDHH y no le quisieron ayudar. El hechor solo busca a la persona, cuando él viene, le dispara un cipote en bicicleta, dicen que los agarraron pero no. Aquí está pasando esto, aquí está fea la cosa, solo dios que anda con uno, hace poco mataron a un muchacho en mototaxi aquí. En la caravana uno se quita el estrés, es peor estar aquí.
Gabriel acudió al Comisionado Nacional de Derechos Humanos pero no hizo denuncia formal ni allí ni en la policía, tampoco pidió ayuda en el Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y periodistas, según corroboró Danilo Morales del Mecanismo.
En Nacaome nadie quiere hablar, ni el alcalde, a quien buscamos cuatro veces y nunca estaba en la alcaldía. Víctor Flores, es un alcalde del Partido Liberal que ya lleva 3 periodos en el poder. Afuera de la alcaldía había algo de concurrencia, gente que llega de las comunidades más pobres de Nacaome a pedir ayuda o a reunirse con el alcalde porque forman parte de alguna comisión. Allí afuera nos encontramos a Edy, una señora de una aldea que se llama Juancho (ella se rió cuando nos dijo el nombre de la aldea donde nació y de donde nunca ha salido). Es una aldea de 40 casas más o menos, las que están habitadas, porque muchas ya están vacías porque la gente se ha ido. La gente vive de la agricultura, en realidad de jornalear en milpas ganando 100 lempiras diarios. Ella tiene a su hermano preso en Estados Unidos porque se fue y lo agarraron en frontera y cuenta que a diario se va la gente, con coyote o sin coyote. Estaba esperando al alcalde porque quiere pedir una ayuda para otro hermano que tiene una discapacidad y no se da abasto para mantener.
Nacaome es la ciudad más violenta de Valle, se dice así de un pueblo donde hubo en 2017 menos de 40 homicidios pero que para su tamaño y su tradición de ser «pacífico» es alarmante.
Pero Nacaome también ha sido noticia en los últimos años porque a apenas 10 minutos del pueblo está la planta solar más grande de Centroamérica: COHERSSA y Pacific Solar. En ninguna de las dos plantas aceptaron hablar con nosotros ni cuando lo solicitamos presencialmente ni cuando enviamos el correo electrónico de manera formal. Ambas empresas tienen contratos muy beneficiosos con el Estado de Honduras quien les paga de incentivo casi 200 millones de lempiras anuales más el contrato por compra de energía, lo que hace que esta fuente aunque sea renovable, sea mucho más cara para el Estado.
Actualmente estos proyectos siguen ampliándose y están generando 100 MWH. En 2015 tuvieron resistencia por parte del movimiento ambientalista MAS VIDA por la deforestación que significó para la zona la instalación de este parque solar. Los socios fundadores de COHERSSA son Joanne Pellman Callis cuyos socios también son dueños de la empresa IRESA constituida en Honduras y en Panamá, además de una empresa minera llamada Minerales y Agregados de Honduras también constituida en San Pedro Sula.
Nadie vincula la escalada de violencia con la instalación de este parque solar, sin embargo sí generó críticas y la gente en el pueblo no se siente beneficiada.
En Nacaome no hay trabajo y la migración es algo común, algo que desde siempre ha sido parte de la dinámica de la zona. No hay trabajo, pero sí hay remesas y lo que se dinamiza es la economía ilegal, la venta de droga. En este pueblo apenas y hay agua potable, el servicio de energía es caro y precario y la institucionalidad no funciona, la ley del más fuerte, del cartel que gobierne, es la que vale. En el pueblo hay 4 radios locales y 3 canales de televisión, la gente se informa de lo que pasa allí en su vecindad pero nadie afuera de allí sabe qué pasa, nadie sabe que quizá allí hay una tasa de homicidios que ya le hará competencia a San Pedro Sula y a nadie le importa un pueblo que no produce nada.
La Fiscalía cuenta apenas con 6 fiscales para todo el departamento de Valle y el norte de Choluteca. La situación empeoró cuando se capturó a uno de los mayores distribuidores de drogas en la zona en mayo de 2018, a partir de allí comenzó la guerra por la plaza y por la ruta. De mayo a octubre de ese año los homicidios aumentaron y cambiaron de ser los comunes por la «idiosincrasia de los pueblos», nos dice un fiscal en el anonimato, habla de rencillas familiares y asesinatos de machete en aldeas, ahora se habla de sicariato. Cuando sucedió el asesinato de Gabriel, su fiscalía apenas y participó en el levantamiento cadavérico y en algunas cosas logísticas apoyando a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, la Unidad de Alto Impacto que venía de Tegucigalpa, y no conocen nada del caso. Esta oficina de 6 fiscales ya ha pedido apoyo de agentes de la lucha contra el narcotráfico y tienen la esperanza que nombren más fiscales este año ya que la situación empeora y ellos trabajan con el riesgo y sin los recursos necesarios para sobrevivir al trabajo.
Farah Flores de la Unidad Municipal de Atención al retornado en Nacaome que funciona en la oficina de gobernación, nos contó que de Valle, es en Langue y Alianza donde hay más incidencia de jóvenes retornados y que de Nacaome han atendido en su oficina a 45 de los cuales 6 ya se volvieron a ir. En Langue y Alianza cuenta Farah, hay altos niveles de deserción escolar por la migración y son municipios que se están quedando vacíos, esos que han sido prometidos para las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo.
El asesinato de Gabriel consternó a todo el pueblo, nunca habían asesinado a un comunicador y activista político de su perfil, aunque en Nacaome hay activistas desplazados por riesgo, es el caso de German Chirinos, coordinador del movimiento MAS VIDA.
German Chirinos, coordinador del movimiento MAS VIDA, Choluteca, 28 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
German es coordinador del movimiento desde 2015, su organización ha analizado el plan de las ZEDE, y trabaja con comunidades en defensa de territorios, y acompaña casos de ambientalistas criminalizados, que en la zona sur ya suman más de 80.
«El Banco Mundial nos vendió a nosotros la falsa idea con una campaña que al implementar estos proyectos tendríamos energía más barata, energía de calidad, generación de empleo, desarrollo comunitario. Con el pasar de los años, porque desde 2013 los tenemos, ya podemos decir que no es cierto lo que nos vendieron. Energía de calidad, mentira, apenas cae la lluvia y se nos va la luz; energía mas barata, no es cierto, tenemos la más cara del país; que tenemos generación de empleos no es verdad, se contrataron unas dos mil personas durante el proceso de construcción pero una vez construido no hay», explica German y menciona que los proyectos son corruptos y arrastran violencia, menciona lo que meses después se publicaría en el informe Violencia, Corrupción e Impunidad en la industria energética de Honduras: Un perfil de David Castillo.
David Castillo está siendo procesado judicialmente por ser autor del asesinato de Berta Cáceres en 2017. Empresario hondureño, ex funcionario público y oficial de inteligencia militar en condición de retiro vinculado a la empresa de energía fotovoltaíca PRODERSSA que a su vez tiene supuestas conexiones con la organización narcotraficante denominada Los Cachiros, actualmente en proceso de investigación en Estados Unidos.
El informe Violencia, Corrupción e Impunidad en la industria energética de Honduras: Un perfil de David Castillo establece que en agosto de 2014, la compañía de Castillo PEMSA (Panamá) y el propio Castillo se convirtieron en los únicos accionistas de la compañía de energía Producción de Energía Solar y Demás Renovables SA de CV (PRODERSSA), concesionaria del proyecto Agua Fría II en Nacaome que terminó en manos de de accionistas extranjeros, KLP Norfund Investments y Scatec Solar, y se aumentó el capital de la compañía.
PRODERSSA celebró acuerdos de financiación con Export Credit Norway (Eksportkreditt Norge) y la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI). La Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del sector privado del Banco Mundial, tenía una inversión de capital de $10 millones cuando CIFI aprobó una línea de crédito a PRODERSSA y firmó una hipoteca con Castillo en febrero de 2015. En marzo de 2018 las autoridades hondureñas confiscaron los activos de la empresa PRODERSSA como parte de una operación que confiscó varias empresas relacionadas con la red criminal y de narcotráfico denominada «Los Cachiros». En 2019, luego del arresto de Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, la Junta Directiva de PRODERSSA autorizó la transferencia de las acciones de Castillo y PEMSA al Fondo de Inversión Noruego para Países en Desarrollo.
El 5 de marzo de 2018, la Fiscalía hondureña anunció que había arrestado a varias personas, ejecutado 58 redadas y confiscado numerosas empresas relacionadas con el lavado de dinero por parte de los hermanos Rivera Maradiaga. PRODERSSA fue fundada como una empresa de energía solar por Roberto Arturo Mejía Salgado en sociedad con la empresa Inversiones Agroindustriales del Pacífico SA de CV en abril de 2013. El padre de Mejía Salgado, Francisco Arturo Mejía, fue el notario que creó el documento legal que funda la empresa, lo cual es prohibido por la ley hondureña. El 18 de marzo de 2019, la Fiscalía hondureña, con el apoyo de la MACCIH, presentó cargos contra Roberto Arturo Mejía Salgado por soborno doméstico y contra Francisco Arturo Mejía por soborno y fraude doméstico como parte de la Colusión y Corrupción del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, acusándolos de ser parte de una red de corrupción que supuestamente defraudó al Estado de Honduras utilizando la Unidad Especial para Proyectos de Energía Renovable. Según la Fiscalía de Honduras, sirvieron como representantes de la familia Rivera Maradiaga.
German dice que todo está coludido, este nuevo informe ahora lo respalda. Por hablar así antes, a German casi lo matan.
«Mi primer atentado fue un secuestro que tuve el 6 de enero del año pasado, estaba en mi lugar de trabajo cuando llegaron tres hombres fuertemente armados y me llevaron, en ese momento la intención era asesinarme, me sacaron de la zona, me tuvieron no por mucho tiempo, a eso de las 9pm me dejaron en libertad, lo que querían era información del quehacer nuestro, al final creo yo que tuvieron compasión. El Estado de Honduras hizo sus análisis y mi situación es bastante riesgosa, obtuve medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también tuve que salir del país por seguridad, fui beneficiario de Shelter City de los países bajos y ellos han presionado para que el Estado reconozca que mi seguridad depende de él. A pesar que yo he tenido apoyos, mi familia no. Nosotros no estamos luchando contra cualquier cosa, es contra el poder donde se están perdiendo millones de dólares», contó.
Según la organización inglesa Global Witness, Honduras es el país más peligroso para la defensa del medioambiente con más de 120 asesinatos de ambientalistas desde 2010. Después del asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2017, esta situación se ha vuelto más visible y ha empeorado.
«De Nacaome, líderes que estaban en lucha se fueron en la caravana, no hay que juzgarlos, cualquiera tiene miedo, del MAS VIDA del departamento (Valle) se nos han ido 7 personas hombres y mujeres por el miedo, las amenazas y todo eso», concluye German.
El campamento de la comunidad de Namasigüe es antecedido por la bandera nacional, 30 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
El parque solar que no se construye aún
Isis Ondina Velásquez, habla conmigo por whatsapp, actualmente vive en Estados Unidos. Ella decidió huir de Namasigüe, un municipio de Choluteca, en 2016 después que con su comunidad organizada lograron que no se construyera el proyecto fotovoltaico Los Prados II. Su aldea, tiene alrededor de 700 personas adultas, el municipio cuenta con alrededor de 30 mil habitantes, eminentemente rural.
A la comunidad San Jerónimo, también llamada Los Prados se llega por una calle de tierra y hay que avisar al patronato antes de llegar de sorpresa, la desconfianza es grande y cuidado se confunden los carros con los de la EEH.
Isis dice que huyó de un proyecto que les estaba quitando la poca tierra que tienen, las pocas posibilidades de sobrevivir de una agricultura cada vez más golpeada por la sequía. Tambié huyó de la corrupción.
En noviembre de 2018, el periódico digital Revistazo realizó la investigación «Quemados» usando datos de fuentes abiertas de información para descubrir que casi todas las empresas contratadas por la ENEE en enero de 2014 para generar energía fotovoltaica, fueron constituidas para hacer un gran negocio, no para generar energía. Comprobaron que de 21 empresas, con contratos y concesiones en Nacaome y Choluteca, 17 habían existido por apenas un año o menos antes de firmar contratos con el Estado. Asimismo, 15 meses después de la firma de los contratos, 17 de las 21 empresas ya habían sido vendidas en su totalidad a socios distintos a los que fundaron las empresas.
Un par de ancianos conversan al terminar una reunión de vecinos de su comunidad, Namasigüe 30 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
«Las seis empresas creadas por Liana María Bueso y Jim Eloy Muñoz constituyen el ejemplo más extremo: tras constituirse en agosto de 2013, solo pasaron entre 5 y 7 meses antes que estos fundadores habían vendido sus acciones, presuntamente ganando una gran cantidad de dinero con poco esfuerzo mediante este proceso», explica Revistazo.
Una de estas empresas es Fotovoltaica Los Prados S.A. y la otra empresa es Energías Solares S.A. que terminaron en manos de Scatec Solar de Noruega, justo con el mismo procedimiento de las empresas de David Castillo en Nacaome.
Entre los socios de estas empresas, figuran el yerno de un ex presidente, una ex candidata a diputada por Francisco Morazán, el esposo de una ex candidata a vicealcaldesa de San Pedro Sula, y un notario ligado a Los Cachiros.
Visité las instalaciones que aparecen en los contratos de la ENEE, en el parque industrial Los Delfines en San Pedro Sula, las empresas fotovoltaicas no existen y lo que hay es una empresa local, del mismo empresario Jim Eloy Muñoz llamada Noble, que se dedica a importar artículos para la reventa. El empresario evadió nuestras llamadas a través de su asistente.
Isis dice que es la empresa noruega la responsable de su decisión forzada de migrar. Los noruegos y las autoridades locales. «Comenzamos el pleito con el alcalde en diciembre de 2015 y en enero de 2016 sacamos las máquinas. El alcalde se reía de todo lo que decíamos. Nosotros escuchamos de la lucha de Berta por su asesinato y supimos que ella se defendía de estos proyectos, entonces fuimos a Vía Campesina para que nos conectara con los representantes de su organización. Era la primera vez que yo participaba en algo así y no sabíamos dónde acudir. El alcalde miraba que yo era la que iba a las reuniones y me oponía a los proyectos. En ese tiempo, un hombre en moto me robó el celular y me dijo que dejara en paz el proyecto, que ya sabía que yo era la que le decía a la gente que se opusiera, los vecinos me decían que hombres extraños en motocicleta rodeaban mi casa, todo mundo nos conocemos en la comunidad y esos eran hombres extraños», cuenta Isis, quien con un amigo que conocía el camino llegó hasta México donde perdió a su guía que fue capturado y pidió apoyo en un albergue para migrantes. Pasó la frontera de Estados Unidos después de un mes en México y está actualmente en solicitud de asilo. Mientras tanto porta un grillete que no le permite sacar permiso de trabajo y vive del apoyo de algunas personas que a pesar de la restricción le dan trabajos temporales en limpieza de casas.
Una casa abandonada, sus dueños se fueron en la caravana migrante de octubre de 2018, Namasigüe 30 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
«Antes del proyecto, la comunidad era tranquila, vivíamos bien, yo trabajaba cuidando los niños de mi hermana que estaba en EEUU en ese tiempo». Isis es una de cinco hermanas, de las cuales solamente una ha quedado ya en la comunidad, Elva quien se quedó cuidando de su padre y los 12 niños que suman sus sobrinos.
En 2017, la organización no gubernamental C-Libre contabilizó al menos 14 pobladores y pobladoras de seis comunidades del municipio de Namasigüe enfrentando un proceso penal por oponerse a la instalación de la empresa fotovoltaica.
«En Los Prados hasta presos hubo por oponerse al proyecto. Yo decía que nunca me iba a ir de mi comunidad, que no iba a dejar a mis niños porque yo miraba a mis sobrinos que sufrían, yo decía que nunca iba a huir del país. Me hace falta todo, pienso en mis niños, en mi familia, en la gente que lucha, me preocupo. Hace poco, una sobrina que yo dejé metida en la lucha se vino en caravana pero aun no sé nada de ella, otro compañero que estuvo conmigo oponiéndose al proyecto también salió», sigue hablando Isis.
Armando Amador, actualmente presidente del patronato de Namasigüe nos recibe en una champa que tienen aun como campamento vigilante para que no lleguen máquinas, esto después de 3 años.
«Pues aquí apareció una empresa con el nombre de Scatec Solar, parece que han ido negociando y cambiando nombres, ahora aparece una mentada FotoSol, han ido haciendo negocios, la primera le vendió a otra y así, siempre para estarlo chingando a uno aquí», explica. Armando anda acompañado de un hombre armado, teme por su vida. Ese día iba de camino a los Juzgados en Choluteca para firmar por las medidas sustitutivas que obtuvo después de ser acusado por daños contra la empresa.
Armando teme por su vida porque de este conflicto ya resultó una persona asesinada. Su compañero de lucha Reynaldo Reyes. La gente en la aldea habla con mucho miedo de este tema. Apenas sucedió a finales del año pasado y la situación se torna más confusa con la división que ahora reina en ese lugar tan pequeño y olvidado.
A Reynaldo lo encontraron muerto. Todos coinciden en que ya había dejado la lucha y que había comenzado a aceptar el proyecto, incluso que aceptó dinero de la empresa para desarrollar proyectos locales, también coinciden en que su familia culpa a la gente que se oponía al proyecto. La impunidad en este caso solo genera más terror.
Una mujer interrumpe la conversación sobre el dinero entregado por la empresa para proyectos.
—Él era de acá, él se nos había salido, él andaba con la otra gente por las regalías que daba la empresa. Le habían ordenado que nos quitara la bandera, él sabía que le iba a doler porque la comunidad se iba a enojar, entonces no lo hizo.
Habla de Reynaldo
Un grupo de mujeres de la comunidad de Namasigüe, 30 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
—Sí, hay un 30% de la gente que se ha sometido a tener problemas con los que no queremos esos paneles solares. Conflictos con la comunidad, división. Fue por esto. Mucha regalía dio esa empresa. Aquí nos golpeamos, aquí había gente que nos vigiaba y nos insultaba, pero no nos hemos corrido, vivimos cerca de las playas y también vivimos del pescado, al otro lado es una cañera que hay que también nos dañan con los insecticidas y luego vienen a dañarnos también la vida esas plantas solares, quedamos en medio, no es justo.
El problema que se repite en las comunidades con proyectos de este tipo, confusión por falta de consulta y luego la división de las familias, violencia desatada y más confusión.
—Reynaldo estaba criminalizado cuando lo mataron, ahorita solo he quedado yo así, la empresa lo endulzó haciéndole ofertas, lo intimidó: aliate a nosotros y te vamos a quitar esa demanda. Habíamos veintialgo y de esos solo hemos quedado como 9 u 8 que no hemos querido aceptar el chantaje para conciliar con ellos. Eso es mentira porque la demanda no se la retiran, de nada sirve hacer un convenio y que sea mandadero de ellos al final, ellos me dirían que desintegre el movimiento aquí.
—Tanta gente que se ha ido en la caravana, y no es que a EEUU la gente va a nada, se va a trabajar porque nadie le regala nada a uno. Es la única opción que tiene uno en este país tan comido de mierda que vivimos, le interrumpe la más joven del grupo.
Elva Vásquez, la hermana de Isis Ondina se queja: «una vez a mi me salió un recibo de la luz por 26 mil lempiras, tuve que pelear, porque de dónde me iba a salir eso si mi casa es pequeña».
El alcalde de Namasigüe, Douglas DaVicente cumple ya su cuarto periodo consecutivo administrando el municipio. Él no habla bien del proyecto, dice que los incentivos aprobados por el Congreso Nacional para empresas de energía renovable han afectado los municipios quienes se han quedado sin los impuestos que estas empresas deberían generar por operar en sus territorios. Ratifica, no hay tampoco trabajo ni beneficios, solo conflictos.
«La gente migra porque no hay oportunidades es difícil conseguir trabajo, las pocas empresas que hay no han crecido no siguen haciendo mayor inversión, la gente vive de los trabajos en las meloneras, piñeras, ocra, camaroneras, y de sus cultivos temporales: maíz, frijol, maicillo en poca escala por la enfermedad del pulgón amarillo después de eso ha bajado la siembra y la gente tiene temor, la gente ya no quiere arriesgar, hay plantaciones de marañón. Namaigue es el que mas marañon tiene, mango de diferente tipo, de eso vive la gente temporalmente y de las remesas, aquí un promedio de jóvenes que se han ido, 90% envía semanalmente a sus familiares».
Sin embargo, DaVicente culpa a las ongs defensoras del medioambiente por sembrar el conflicto en las comunidades con proyectos. En otros municipios estas ongs incluso han sido declaradas non gratas, como en La Unión, Copán, donde opera una minera extractora de oro y plata.
«El problema de Los Prados es cuando llega gente ajena a la comunidad y la gente se deja manipular, la ultima reunión que tuve, que logré conciliar con ellos, personas de Los Prados que quizá se expresaban mal de mí por desinformación, una vez que nos sentamos y dialogamos y fui explicándoles paso por paso las cosas hasta se disculparon, cuando nos sentamos las dos partes es cuando descubrimos realmente la verdad, entonces lo que ha sucedido es que llegaron personas de ong´s que tienen una agenda que desarrollar y quizá esa no es la agenda de la gente, cuando llega eso se dividen las comunidades», explica.
Pero también se contradice y cuenta que el problema se da a raíz de que la empresa no le da trabajo a la comunidad, se suscribe un convenio y no se cumple entonces la gente protesta y luego llega esa gente y se vuelve todo intolerable.
«Yo hablé con los demás alcaldes para conseguir algo a las comunidades y propusimos una tasa de socialización, solicitamos 10 millones y se nos aprobaron 5 y a cada municipalidad se nos dio 1 millón 250 mil para 4 comunidades impactadas, fueron tres desembolsos, la comunidad recibió, el proyecto se construyó y la comunidad siguió dividida».
Los proyectos solares se aprobaron en 2013, y el alcalde dice que a su municipio se presentaron dos tipos de propuestas, fotovoltaicas y energía térmica. «Yo hice los reclamos en la AMONH porque estas empresas están exoneradas de permisos de operación. Al momento de cambiar la matriz energética en qué cabeza cabe que el precio va a bajar, todo va a ser concertado pero eso solo lo conocen el Ejecutivo y el Legislativo, aquí cada quien hala agua para su molino y vivimos en una mentira permanente», para DaVicente todas las partes mienten, miente el gobierno diciendo que habrá beneficios en el cambio de la matriz energética para las comunidades sin acceso a la energía y mienten las ongs diciendo que estos proyectos afectan el ambiente.
«Con el tema de la fotovoltaica aquí vinieron los inversionistas a preguntar cuánto era que iban a pagar pero ya aparece un abogado y dice que la ley exonera, pero el inversionista viene con deseo de pagar, la alcaldía perdió más de 100 millones de lempiras solo por permisos de construcción, nosotros perdimos el desarrollo, el Estado nos dio 9 años de atraso», y asegura que las ongs ambientalistas lo presionan porque no quiso declarar el municipio libre de minería porque para eso se necesita hacer una consulta vinculante, no es algo que como corporación puede decidir él, asegura.
«Porque aquí hay gente atravesada y como el gobernante solo quiere más problemas, aquí no hay nada que hacer», agrega, y dice que toda la conflictividad política del sur de Honduras estalla con las elecciones, la gente está harta que no la escuchen.
«Si se va a los molotes que hay en todas partes de Honduras siempre hay un sureño, los sureños somos los más revoltosos, aquí convivimos permanentemente con un sol radiante, nuestra mente está más activa, vaya donde sea y encontrará un líder que es sureño, la ciudadanía está insatisfecha porque no hay oportunidades además de trabajo, la canasta básica y servicios públicos cada vez más elevados, entonces la gente migra, quienes se dedican a delinquir es quizá el 1%, un gratuito nos tiene en zozobra a nosotros. Es bien difícil la situación del país, pero qué se puede hacer», termina resignado.
“En Honduras dejó de ser realmente cierto el dicho «quien no la debe no la teme» porque acá personas inocentes que no tienen nada que ver, muchas veces, terminan pagando lo que no deben y sus muertes quedan en impunidad” dice -con voz entrecortada- Oscar Hendrix el primo de Héctor Donaire Escalante, asesinado hace unas semanas en la Residencial La Victoria en el sector sur de Choloma.
Héctor es una de las víctimas que ha puesto en alerta el sector sur de Choloma, esta ciudad en el norte de Honduras que solo en tres meses al inicio de este año reportó 61 muertes violentas, según el Observatorio de la Violencia de la UNAH. Esta situación ha hecho que las autoridades locales giren una ordenanza municipal que declara un toque de queda e instruye a todos los actores de seguridad brindar el seguimiento y cumplimiento de la Ley de Policía y Convivencia Social, en cuanto a la vagancia en todo horario, especialmente en horas nocturnas después de las 9 de la noche.
Esta es la primer ordenanza municipal que socializan en el sector sur de Choloma, firmada el 21 de agosto de 2019
En zonas como esta, hacer lo que hizo Héctor siempre tiene la amenaza de ser condena de muerte. Él salió de noche a comprar comida en una cuadra que ya había sido escenario de balaceras, allí era donde él vivía y desde el incremento de masacres y homicidios en la zona, había decidido no salir por la noche ni siquiera para ir a comprar comida en el establecimiento que fue asesinado.
En los últimos meses Choloma, municipio de Cortés ha sido protagonista de titulares de nota roja en los medios de comunicación hondureños. Según cifras del Observatorio Nacional de la Violencia, de enero a marzo de 2019, en esta ciudad se registraron 61 homicidios de los cuales el 84% ocurrieron en el sector sur, mientras que en 2018 se registraron en todo el año 202 homicidios. El sector sur de la ciudad alberga el 50% del total de habitantes (300 mil) en una zona conocida como “López Arellano”.
“En Choloma hay mucho movimiento económico, mucho circulante pero también paradójicamente, ha tenido un crecimiento desordenado socialmente, ciertos sectores prácticamente han crecido como pequeñas favelas. Es complicado realizar operaciones tradicionales por lo cual hace dos meses en esta comandancia hicimos diferentes propuestas de dinamizar la operatividad policial debido a los altos índices de homicidios en lo que va de 2019” expresa el subcomisionado Jasser Ramos de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) número 10 en Choloma.
La propuesta a la que se refiere, se basa en realizar operativos con las distintas unidades de seguridad, además de la ordenanza municipal antes mencionada que también prohíbe: 1. No autorizar más permisos de operación para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 2. La venta y consumo de bebidas alcohólicas únicamente de lunes a viernes en un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Choloma es un municipio pequeño que se ha ido construyendo desde el espejismo de la prosperidad, algunos de sus habitantes suelen llamarle el pequeño Estados Unidos, refiriéndose a la cantidad de empleos que genera la Zona Libre, sus empresas textileras y su cercanía con uno de los puertos más importantes de Centroamérica. Podía decirse hace algunos años que Choloma era receptor de migrantes, gente que huía de la pobreza en la zona rural se iba a la zona industrial de Choloma. Sin embargo, también en los últimos años la criminalidad ha aumentado y con ello también los nombres para referirse a la ciudad de acuerdo a referencias internacionales como “el pequeño Colombia”, “Cholombia” o “la Ciudad Juárez hondureña”; esto como anécdota jocosa de lo que realmente pasa: la gente está huyendo de Choloma por la violencia.
Oscar, el sobrino de Héctor también vio a primos, otros familiares huir de esta ciudad por el riesgo que corrían de ser asesinados.
A Héctor lo asesinaron mientras compraba comida cerca de su casa de habitación, según relata su familia, él había ido a comprar y justo cuando iba de regreso a su casa, alrededor de 6 a 8 jóvenes se bajaron de un carro e iniciaron a disparar con el objetivo aparente de asesinar a Mario Escobar su amigo quien era prestamista y estaba por irse del establecimiento en su carro. Se habían encontrado en ese lugar y allí les cayeron las balas, Héctor intentó correr pero no lo logró, 20 impactos de bala en su cuerpo y 40 en el de su amigo cuentan la magnitud de un operativo de sicariato en este sector.
“Realmente dicen que fue una tirazón, que tiraban a todo e incluso muchas de las casas cercanas recibieron impactos de bala, mi tío solo estaba en el lugar equivocado el día equivocado. Las esquinas en las que uno creció jugando fútbol se han convertido en esquinas de la muerte” dice con nostalgia Oscar, quien hace años se fue de allí y miraba con orgullo el trabajo que realizaba su tío quien coordinaba las ligas de fútbol juvenil en su comunidad, una colonia frente a la López Arellano, de las pocas con calles adoquinadas, gracias a la organización de vecinos.
Eso era lo que le apasionaba a Héctor, trabajar con jóvenes organizando ligas de fútbol juvenil, a pesar de que su trabajo era ser el gerente comercial de Aguas de Choloma. Este trabajo comunitario de un tiempo acá empezó a verse como amenaza para los nuevos grupos delictivos que se instalaron en la zona. “Los nuevos actores que entraban en escena, en la dinámica Cholomeña, no querían ver que llegaran otros jóvenes de otros lados a jugar a fútbol en La Victoria, se lo habían prohibido y de hecho en una ocasión tuvieron que cancelar el partido que estaba a punto de iniciar por esa razón” Hendrix se refiere a las fronteras invisibles que marcan los territorios de las maras, pandillas u otros grupos delictivos. Y aunque estaban estas advertencias, su familia descarta que haya sido un motivo para su asesinato.
En más de alguna ocasión Héctor había sido advertido por sus familiares, amigos y jefes que lo mejor era mudarse de zona, ya que en La Victoria, su colonia, el cruce de fuego y masacres eran lo cotidiano. Tan cotidiano como ir por la carne o el pollo frito a la tienda más popular del vecindario. Ahora que Héctor ha sido asesinado, su esposa embarazada y su hija se han desplazado internamente en el país, huyendo de la violencia y los tiroteos constantes, de lo que alguna vez fue su hogar.
Las fronteras en estos barrios, si bien son invisibles, para la comunidad, para quienes viven en estas colonias, están bien marcadas y establecidas. Según varios pobladores de Choloma en especial los que viven al sur, si bien ya había grupos delictivos operando en esa zona, las peleas de territorio empezaron hasta hace unos meses y que se ve reflejado en la cantidad de masacres y homicidios que han ocurrido.
“A mí no me gusta hablar de peleas de territorio, porque estamos en un Estado de derecho un Estado donde sus autoridades están constituidas y establecidas, ellos lo que pelean es la venta de drogas, las plazas de extorsión de los territorios. Las fuerzas del Estado se han establecido de forma permanente, eso de las peleas por territorio es un dicho popular, cuando en realidad lo que buscan es obtener las plazas de venta de droga y extorsión, generan terror e intranquilidad en las comunidades” indicó el subcomisionado Ramos.
“No, hay cuarteles instalados, lo que hay es una estrategia dinámica de venir, operar, quedarse, volver de tal forma para confundir a estos grupos criminales. Estamos colocando como dicen popularmente, toda la carne en el asador, a fin de generar paz y tranquilidad en Choloma, tenemos buenas prácticas ya establecidas como en la Colonia España en Tegucigalpa que puso todas las unidades de seguridad en ella,” concluye.
Para la abogada Dunia Pérez, especialista en Derechos Humanos, la ordenanza que se ha girado es solo una muestra de esa mano dura en contra de los jóvenes que se ha venido promoviendo desde campañas políticas y acciones de los últimos gobiernos. Considera que si bien es cierto la Municipalidad tiene el deber de dar respuesta a la ola de delincuencia y violencia en la ciudad, la medida específicamente que indica “Instruir a todos los actores de Seguridad (Policía Nacional), Municipal, FUSINA y Policía Militar y otro), brindar seguimiento y cumplimiento de la Ley de Policía y Convivencia Social” es una medida desproporcionada.
“Para empezar, esta ordenanza municipal quien debería estar aplicándola es la policía municipal, eso es parte de sus funciones esencialmente, no obstante al dar apertura a que otros actores como la Policía Militar y FUSINA actúen en contra de los jóvenes, dan pie también a violaciones de de Derechos Humanos. Las ordenanzas no deben ir en detrimento de otras garantías constitucionales, como el derecho a la educación (refiriéndose a quienes estudian por la noche), además el uso de la palabra -vagancia- si bien es cierto es una figura que existe y está contemplada en la Ley de Policía y Convivencia Social, no está estipulada en el artículo 104 que la ordenanza indica” puntualiza la abogada Pérez.
ARTÍCULO 104.- Los billares, cantinas, estancos y cualquier expendio de bebidas embriagantes, se abrirán a las cuatro de la tarde y se cerrarán a las diez de la noche en los días de trabajo; y en los festivos podrán estar abiertos desde las siete de la mañana, sin pasar tampoco de las diez de al noche. En ellos no se consentirán menores de edad ni ninguna otra clase de juego.
Ley de Policía y Convivencia Social
«La forma en que ha sido redactada esta notificación, deja en arbitrio de las autoridades el proceder o interpretar el capítulo que se refiere a la vagancia en el capítulo noveno, con esa ordenanza no están dando una respuesta al conflicto, van a reprimir a la juventud. Van a poner la mano dura contra los jóvenes” reflexiona la abogada Pérez.
A pesar de que se puede justificar un toque de queda y la presencia militar como acciones en materia de seguridad, el sector de Choloma, se convierte cada vez en un lugar solitario donde se ven familias huyendo en caravanas hacia Estados Unidos o a otros sectores del país.
En los últimos 4 años, según el Centro Nacional de Información Social (CENISS) alrededor de 14,222 habitantes de Choloma han retornado a Honduras luego haber migrado hacia Estados Unidos.
De la deportación al asesinato
Yovin Villanueva, tenía 28 años cuando fue asesinado. Él era un joven reconocido por ser gestor cultural de la zona, organizaba eventos de breaking y era mejor conocido como Bboy Ross One. Esa era su pasión, su trabajo era uno de los más riesgosos en el sector: tenía su mototaxi para transportar gente en Choloma.
Luego de recibir amenazas de uno de los grupos delictivos que operan en su zona, huyó del país en 2018 con un coyote a quien le pagó luego de vender su mototaxi.
Yovin salió de día junto con sus dos sobrinos de 11 y 9 años, a quienes entregaría en migración al llegar a la frontera de Estados Unidos. “Ellos salieron de día, se fueron para San Pedro, ahí se quedaron a dormir, los niños cayeron en migración y él también, con los papeles que llevaba de aquí, las mentadas cartas que probarían porqué se fue de Honduras, cartas que decían que se iba con amenazas y todo eso, lo logró presentar y al parecer no lo escucharon, lo tuvieron preso 6 meses para decirle que no lo aceptaban y que se regresara” relata la madre de Yovin, Marixza Villanueva quien vivía con su hijo y su demás familia en la Colonia Las Torres, al sur de Choloma.
Un año después de su deportación y su intento por buscar asilo en Estados Unidos, a Yovin lo asesinan cerca de su casa.
Al ser uno de los propulsores de eventos de Hip Hop en la zona norte del país y maestro de muchos bailarines de breaking, a Yovin lo despidieron por última vez en el centro comunal de La López Arellano con un cypher (un círculo de bailarines que sirve para conectarse a través del baile y música con el entorno).
Su madre relata entre lágrimas, que cuando él regresó siguió trabajando en la mototaxi a pesar de las amenazas de que no podía trabajar en ciertas zonas. Marixza recuerda que cuando hablaban del tema y ella le decía que lo apoyaba si tenía que dejar esa estabilidad económica, él siempre respondía que no tenía por qué dejarlo, sí él no le debía nada a nadie.
Reconocimientos por participaciones artísticas de Yovin Villanueva brindadas por USAID.
“Y bueno sí a mi hijo lo mataron sin razón alguna, sin deberle nada a nadie y por no ceder a lo que le decían (se refiere a la posible extorsión que empezaban a cobrarle en la zona) me siento hasta orgullosa de él, porque siempre fue fiel a sus creencias y a él mismo. Él solo quería superarse, ser alguien en esta vida” expresa la madre de este joven que intentó ser alguien diferente a pesar su contexto.
Yovin fue artista porque estaba convencido que el arte salvaba vidas, quiso tener su propia mototaxi, porque quería ser independiente y no ser solo un operario en la maquila, huyó al norte para salvar su vida tras las amenazas y lo deportaron. Lo deportaron y fue asesinado, ahora su familia se desplaza internamente sabiendo que en Honduras puede ser que no haya sitio seguro.
Para Marixza y su familia, dejar su casa propia no fue fácil, una vez que enterraron a Yovin en el cementerio de la López Arellano, cuenta que llegó, empacó y se fueron. No recuerda muy bien de dónde sacó la fuerza para vaciar la casa ubicada en una colina de las Torres, solo recuerda el vacío que el asesinato de su hijo le dejó.
Obituario de Yovin Villanuevo colgado en el comedor de la nueva casa donde vive su madre Marixza y su familia.
Crisis política y violencia
En Honduras durante 2018 un total de 7,094 personas murieron por lesiones de causa externa. Los homicidios acumularon el 52.6% de los casos y una reducción del 3.5% en comparación del 2017. Los suicidios y las muertes no intencionales mantuvieron un 2.0% y 1.5%, respectivamente.
Las muertes indeterminadas o de intencionalidad desconocida acumularon 654 víctimas, 9.7% más en comparación a 2017 y es la mayor alza registrada durante el período. De ese total, las pendientes de investigación policial sumaron 81.2%, las que están en estudio 11.3% y las indeterminadas 7.5% según el boletín Enero – diciembre 2018 del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV).
Choloma registraba 202 homicidios, 24 muertes indeterminadas y 6 suicidios, según informes de la SEPOL (Sistema Estadístico Policial en Línea). Para el Movimiento de mujeres organizadas de la López Arellano (MOMUCLA) la situación se ha encrudecido desde la llegada de todas las unidades de seguridad que el subcomisionado Ramos mencionaba anteriormente.
Melania Reyes, muestra el libro donde llevan el registro de las mujeres asesinadas en el municipio, cuantos hijos dejan y la forma en qué las mataron.
“Nosotras llevamos un registro de los femicidios que han ocurrido en el municipio de Choloma. Solo en el mes de agosto 6 mujeres fueron asesinadas, las matan como si nada, a veces en un día dos mujeres son asesinadas violentamente y no hay justicia para ellas y sus familias” indica Melania Reyes, coordinadora de MOMUCLA, mientras muestra el registro que llevan en un cuaderno de tamaño oficio que además de registrar las muertes de las mujeres, registra si deja familia, hijos e hijas huérfanos.
Para ella y sus compañeras, la ola de violencia inició en 2010 luego del golpe de Estado, no obstante, destacan que también durante estos 9 años la violencia con la que han aprendido a vivir, se ha ido convirtiendo en una cotidianidad con algunas variables, como los nuevos elementos de seguridad que, según ellas en vez de proteger, delinquen y extorsionan a la población.
“Para nosotras no es fácil, nos sentimos en constante persecución por cuidar a nuestra comunidad y tampoco es fácil hacer nuestro trabajo, siendo víctimas y sobrevivientes de masacres en el sector, hemos tenido que buscar atención psicológica para poder continuar luego de ver tanta muerte y hasta aprender a preparar muertos, porque hasta eso nos toca acá cuando de apoyar a la comunidad se trata” indica Melania Reyes. Varios pobladores del sector destacan que, a partir del 2017, después de las protestas que se realizaron en noviembre de ese año en contra de Juan Orlando Hernández, las diferentes unidades del orden público como Policía Militar empezaron a llegar y establecerse cambiando la dinámica de la comunidad. Según la SEPOL en 2017 se registraron 10 manifestaciones pacíficas y 1 violenta.
Las personas que estuvieron en esas protestas, en su mayoría jóvenes, describen como tenebroso el escenario y la persecución de las unidades policiales en las angostas calles empinadas del lugar. Y aseguran que, en ese entonces, las fronteras invisibles no eran tan mortales como ahora.
“Se están haciendo labores para dar respuesta a la ola de violencia que hay en Choloma, es un trabajo en equipo. Porque recuerde que, en materia de seguridad, debe haber autoridad política, clase empresarial, iglesias, oenegés, patronatos haciendo sinergia con las instancias policiales y en ese sentido se ha realizado una ordenanza municipal, para poder regular y educar a nuestro pueblo. Esta ordenanza viene a brindar una herramienta legal para que todos los actores de seguridad y defensa, llámese Policía Nacional o Fuerzas Armadas actúen bajo la Ley de Convivencia Social” puntualiza el subcomisionado Ramos y además considera que programas como GREAT y Ciudad Mujer vienen a fortalecer estas acciones.
Ante esta afirmación consultamos sobre el estatus del programa GREAT debido a las declaraciones de hace 10 meses del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que indicaba suspender los programas que fuesen relacionados a la prevención de violencia.
Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2018
“El programa GREAT está, y cada día se están intensificando las acciones, es un aliado estratégico de nuestra policía nacional y Choloma no es la excepción, cada día sentimos el apoyo y el espaldarazo que nos da ánimo para decir que tenemos que seguir luchando y sabemos que el programa GREAT llega hasta el último lugar donde tenga que llegar para generar un ambiente de paz y convivencia acá en Choloma” rectifica el subcomisionado quien menciona que gracias a estas acciones mediante la ordenanza municipal se ha logrado reducir a 3 homicidios en el sector López Arellano, aunque hayan aumentado en otros sectores como Bajos de Choloma.
El programa GREAT en El Programa de Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas (G.R.E.A.T., por sus siglas en inglés) es un programa nacional e internacional de prevención el cual tiene el propósito de ser un inmunizador contra la delincuencia, la violencia juvenil y la asociación con las pandillas. Está diseñado para estudiantes que se encuentran en las edades previas a las que regularmente se inician en las pandillas y las conductas delictivas.
Casos como los de Yovin y Héctor, dos jóvenes líderes en su comunidad que buscaban otras estrategias de prevención de violencia para la juventud, no fueron apoyadas desde la institucionalidad.
Recuerdo de la madre de Marixa, abuela de Yovin, asesinada.
Estos jóvenes fueron asesinados violentamente en medio de las sinergias estratégicas de los entes antes mencionados que dieron prioridad a la represión y prohibición antes que el fortalecimiento de espacios de arte, cultura y deporte que ambos impulsaban.
Para estas familias, poner la denuncia o dar seguimiento al caso, no tiene sentido, sienten que no vale la pena, que todo quedará en la impunidad. “Para mí es un golpe duro, porque a mi hijo lo mataron horrible al igual que a mi madre hace 5 años, a él con disparos y a ella con arma blanca, la degollaron” solloza Marixza Villanueva madre de Yovin, la violencia es su principio y su fin.
Esa noche se fue la luz. La energía se interrumpió en el momento en que Wilfredo estaba siendo atendido en el Hospital del Sur en Choluteca luego de recibir un disparo por la espalda. Su madre, sus amigos, sus primos recuerdan con indignación ese momento. Quizá 5, quizá 10 minutos pasaron sin energía, se enfurecen cuando lo cuentan. Wilfredo Moncada era un muchacho de 17 años, líder en las protestas del único grupo que nunca dejó de tomarse las calles protestando por la ilegítima reelección de Juan Orlando Hernández en Honduras, en una zona empobrecida del país, sin acceso permanente a agua y a energía. El sur, sin embargo es ahora una de las zonas con mayor cantidad de proyectos de energía fotovoltaica del país. Los ingredientes de la crisis en el sur son comunes en muchas comunidades desde que se ha concesionado el territorio nacional para proyectos extractivos: confusión por falta de consulta y luego la división de las familias, violencia desatada y desplazamiento forzado.
Esa noche se fue la luz, como suele pasar en Choluteca.
Un manifestante intenta tirar una piedra a la tanqueta de la Policía Nacional de Honduras durante un enfrentamiento entre manifestantes y policías durante las protestas magisteriales y del sector salud, Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
29 de mayo de 2019: vuelve la represión
Un vehículo de la empresa Energía Honduras (EEH) se consume en llamas. Los medios locales de Choluteca rodean la escena en la que el Cuerpo de Bomberos apaga el fuego del armatoste que ha quedado después de que un grupo de manifestantes pasaran, vieran el vehículo estacionado en un habitual chequeo de medidores en el centro de la ciudad, advirtieran al conductor que se fuera y quemaran el carro de la empresa con todo y cables, escaleras y papeles.
Honduras entero estaba ardiendo en protestas ese día, la Plataforma en Defensa de la salud y educación pública que aglutinaba al Colegio Médico de Honduras (CMH) y a varios colegios magisteriales le habían devuelto a las calles el «Fuera Joh». Esta plataforma exigía la derogación de decretos que llamaban a una emergencia nacional que buscaba despedir cientos de maestros y médicos del sistema público y comprar de manera directa insumos para ambos rubros, algo que los líderes de este movimiento dijeron podía conllevar a más actos de corrupción. Pero en Choluteca ese día, quienes lideraban la movilización de maestros, enfermeras y médicos era el grupo Bastión del sur, los que nacieron el día en que Hernández se declaró ganador de las elecciones en 2017 y que han puesto varios descontentos como consigna de su lucha, uno de ellos es el mal servicio de la EEH. La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del colegio de médicos nos dijo en una entrevista en ese entonces que Honduras era un pasto seco, cualquier chispa lo incendiaba, no hay mejor analogía que esa en el árido sur.
Las protestas en Choluteca tienen tres chispas: piden la renuncia del presidente, exigen justicia por Wilfredo, joven asesinado por supuestos policías y sacan el enojo contra la EEH por los altos costos de un servicio de energía deficiente.
Un bombero trabaja apagando el fuego que consumió en su totalidad un Pick up de la Empresa Energía Honduras, Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Cuando Bastión del sur lidera las movilizaciones, un vehículo de venta de agua carga no solo largas mangueras para abastecer a las personas que pagan por la escasez en la ciudad, sino también a un grupo de muchachos encapuchados con hondas, piedras y morteros. Allí anduvo Wilfredo varios meses, antes de ser asesinado.
«La quema del carro de la EEH no nos afecta porque sabemos que a todos nos está dañando el bolsillo», dice indignada una enfermera que camina a paso ligero dejando el carro quemado atrás. Han dicho que llega ya la policía a reprimir.
La Empresa Energía Honduras (EEH) fue contratada por el Estado aprobada la concesión para reducción de las pérdidas técnicas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) calculadas en 12 % y las no técnicas para un total de 17 % en disminución de la mora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que asciende a 19.5% dejando de percibir alrededor de 8,838 millones de lempiras anuales. Nuevas inversiones en un plazo de 7 años para expandir las redes de distribución y por ende, elevar la capacidad de distribución y condiciones de competitividad del país. Un proceso de tercerización de servicios que se ha vuelto muy común en Honduras, sobre todo porque es la base del modelo económico promovido por el gobierno de Hernández desde que fue presidente del Congreso Nacional después del golpe de Estado. Algo parecido de lo que se pretende hacer con el sistema de salud pública.
Los integrantes del consorcio son las empresas colombianas: ELÉCTRICA DE MEDELLIN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. / UNIÓN ELÉCTRICA S.A ENTERPRISE CONSULTING S.A.
El encarecimiento de la energía ha generado quejas en todo el país, por esto en junio de 2019 el mismo Juan Orlando Hernández amenazó incluso con cancelar el contrato a esta empresa, la inestabilidad que ha causado genera nerviosismo.
El pasado julio, Alejandro Kafatti, del Foro Social por la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) dijo al periódico digital Diario Tiempo, que el gobierno mantiene obsoleto el sistema de energía en el país. Kafatti concluye esto porque los informes anuales de la Secretaría de Finanzas indican que la inversión anual según destinos de la inversión central representó cerca de 15,883 millones, pero de esa cifra, al sector energético solo se le asignó 1.4% de la inversión real de la administración central, es decir 22 millones de lempiras.
Pero así como la maraña de cables de energía que adornan tétricamente las ciudades de Honduras, es la maraña de concesiones y contratos que derivan de la crisis energética y termina impactando en la vida de millones de hondureños.
Un día antes del incendio al carro de la EEH, nos reunimos con tres líderes de Bastión del sur en un negocio de comida de alguien de su confianza, a mediodía tratando de vencer la fatiga que puede provocar estar en una temperatura de 40 grados centígrados sin aire acondicionado.
Allí estaban Aleida, Juan Manuel y Daniel, quienes se unieron a las protestas cuando a Hernández lo declararon ganador. Choluteca ha sido históricamente una ciudad nacionalista, cuna del presidente actual del Congreso Nacional y posible candidato nacionalista a la presidencia en las próximas elecciones, Mauricio Oliva. Esta vez la gente votó por Salvador Nasralla, cuenta Aleida, y Hernández se impuso. Desde ese entonces han aprendido a sortear amenazas, gas lacrimógeno, allanamientos a sus casas, acusaciones por daño, robo y hasta narcotráfico y ahora con el peso de un muchacho de 17 años muerto, asesinado presuntamente por un agente de la Policía Nacional. A pesar de todo lo que ha ocurrido en alrededor de 200 protestas a un ritmo de dos veces por semana, los miembros con los que hablamos cuentan las cosas con mucha naturalidad, normalizando todo, incluso cuando cuentan sus más íntimos impulsos para seguir en la lucha.
Juan Manuel, dirigente de Bastión del Sur durante la entrevista con Contracorriente, Choluteca, 28 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Aleida se dedicaba a hacer tortillas para vender, era muy conocida en la ciudad por esto, pero la vida le cambió cuando murió su primera nieta, en 2014. A los 10 meses la niña dejó de crecer, no aumentaba de peso, con 21 meses pesaba 17 libras. Comenzó un tratamiento en el sistema público de salud, tomaba la cuarta parte de una pastilla cuyo nombre, Aleida, ya se olvidó. Cuando la niña tenía como 16 meses la pastilla no le estaba ayudando.
Esto pasó en 2014, cuando se hablaba de «las pastillas de harina», Aleida está convencida que su nieta es víctima de los casos de corrupción que implicaron en su momento a la diputada nacionalista Lena Gutiérrez, absuelta por el caso Astropharma en el que se acusaba a su laboratorio de vender placebos al sistema de salud pública. La herida de Aleida es la herida de un país sin acceso a la salud y con redes de corrupción impunes.
«Nosotros sabemos que ese tratamiento no estaba bueno. Por eso yo tengo rencor y por eso no he tenido miedo», dice Aleida y se le quiebra la voz cuando nos muestra en su celular la fotografía de la niña. Y dice que no tiene miedo, que en una protesta le hicieron disparos y que no se hizo a un lado, no corrió, enfrentó al agresor y le dijo: dame en el pecho. Todos cayeron al suelo, un par de jóvenes trataron de defenderla tirando piedras con sus hondas.
Juan Manuel la apoya, le consuela: tu nieta fue víctima de las pastillas de harina. Aleida perdió a su nieta y también a su hija quien no encontró más camino que el de irse indocumentada a otro país.
Aleida, Juan Manuel y Daniel nos hablaron de un movimiento autónomo que a pesar que tiene un tinte político muy fuerte, por ser su principal demanda la renuncia de JOH, tiene un detonante que varía de las protestas en el resto del país: el descontento por el servicio de energía eléctrica que en el sur de Honduras se ha vuelto todo un tema. Esta zona la de mayor cantidad de proyectos de energía renovable, los que ahora están cambiando la matriz energética y que forman parte fundamental del plan de desarrollo del actual gobierno para el sur de Honduras.
Paralelamente a esa implementación del plan con el concesionamiento del territorio para la minería y la generación de energía solar, se abrieron nuevas rutas del narcotráfico que influyeron en el aumento de la violencia en la zona. Mucho pasa en el sur, pero poco importa, al menos eso es con lo que venimos los que nos trasladamos desde el norte o el centro del país, que el sur de Honduras siempre se ha parecido más a otro país.
Eso arrastra a la gente a las calles en Choluteca, un pariente asesinado, un ser amado muerto sin acceso a la salud, una factura de energía impagable, un voto esperanzador tirado a la basura.
Una mujer camina por una acera frente a una pared que está manchada con distintas pintas, Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Daniel interrumpe.
—El gran incremento de dinero para las Fuerzas Armadas y nada para la salud, es otro punto, somos un país además gobernado por ladrones, los que tienen las mejores prevendas son las Fuerzas Armadas.
Daniel tiene unos treinta años, tiene ya varios meses sin trabajo y sus antecedentes penales manchados por haber sido acusado por disturbios en medio de una protesta.
«Estaba trabajando en un restaurante y me pidieron los antecedentes policiales, para no perder inicié sin eso, me hice el tonto como que no había escuchado nada, a los 5 meses me los volvieron a pedir, ni modo tuve que afrontar, le expliqué yo y les mostré mis documentos de audiencia, así empieza uno a estorbar», cuenta y dice que a veces le dan ganas de irse, algunos primos suyos lo han intentado también. «Se organizan para ponernos como delincuentes, vándalos, nos excluyen», dice Daniel, pero él ha encontrado un propósito en las calles de Choluteca.
Según la coordinadora de la Asociación Para Una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), Hedme Castro, en una entrevista para Radio Progreso, en los dos últimos años, explicaba que 86 personas han sido criminalizadas por manifestarse en contra de los abusos y violaciones a los derechos humanos. Estas personas han sido acusadas por daños contra la EEH, contra los proyectos fotovoltaicos y contra algunos comercios de Choluteca por protestas que terminaron en saqueos.
La Policía Nacional persigue a los manifestantes por cada calle del centro de Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Juan Manuel es el mayor de todos en Bastión del sur, el dueño de la cisterna de agua que vende a los pobladores de Choluteca cada semana ante la escasez, pero los miércoles y los sábados se convierte en el transporte de los más jóvenes que van a la protesta. Juan Manuel se fue en la caravana que en octubre de 2018 se organizó para pedir asilo en Estados Unidos y regresó voluntariamente, dice que ya sabe cómo es dar entrevistas porque en esos días habló con muchos periodistas y hasta les cantó un par de canciones de protesta, porque él antes de cualquier cosa es músico.
«Después de las elecciones se decía que hay gente que nos financia las armas, pero no les paramos bola porque las FFAA tienen sus grupos de inteligencia y uno tiene que estar atento», explica. Juan Manuel ha sido agredido múltiples veces en las protestas, perseguido, golpeado hasta quedar inconsciente, y frente a él han golpeado o llevado detenidos a sus muchachos, a los que él lleva en su cisterna.
En Bastión del sur, en cada protesta hay algunos que llevan las tortillas, unas señoras hacen tamales, y hay quienes recolectan los cartuchos de bomba lacrimógena que quedan después de cada enfrentamiento y venden el aluminio para sostenerse y aportar al grupo.
«Los jóvenes anduvieron este fin de semana trabajando en limpieza de calles para levantar el perfil de Bastión del sur, los habían estigmatizado tanto de que eran mareros, que eran los que mataban por cuestiones de droga. Esto pasó porque se les salió de las manos las represiones, nosotros ya en los últimos combates estábamos pensando en armarnos, todo eso trae otras cosas, pero gracias al acercamiento de Quintín que logró que quitaran la policía de las protestas ya son 5 semanas sin gas», cuenta Juan Manuel, el último día quizá de ese pacto que entre el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano y el director departamental de la policía hicieron para calmar un poco el ambiente en la ciudad.
El 29 de mayo la policía reprimió, asaltó la protesta que Bastión del sur acompañaba pero que realmente iba con las demandas de la plataforma de salud y educación. La movilización había dejado el carro de la EEH en llamas atrás y continuaba caminando por el centro de Choluteca. La Policía Nacional aceleró con su tanqueta negra detrás de la gente, a los que se habían quedado en la cola de la marcha les fue peor y eran las señoras maestras y enfermeras que no podían correr. La tanqueta avanzaba rápido y todo se nubló con el gas. Los jóvenes de Bastión al frente se bajaron de la cisterna con sus morteros y hondas, directo a enfrentar a los policías.
La batalla duró varias horas, los dueños de negocios en el centro han logrado una estrategia de cierre rápido de sus tiendas cuando hay represiones, tienen práctica y tienen sus formas de apoyar a la gente que se ahoga con el gas, comparten agua, llevan a los más vulnerables a lugares seguros, aconsejan hacia dónde correr para que el gas pegue menos.
Este día se reanudaron las batallas entre Bastión y la Policía. Sin diálogo, sin plazo para desalojar, la policía atacó por la espalda, Bastión contraatacó dispersándose, tomándose las entradas y salidas de la ciudad. Humo negro y humo blanco se ven al mismo tiempo en Choluteca.
Dos jóvenes caminan frente a una pared manchada con una pinta en alusión al asesinato de Wilfredo Moncada, Choluteca, 28 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Wilfredo y los jóvenes de Bastión
30 de mayo: queman vehículo de la EEH
A lo lejos se ve humo negro, otro carro de la EEH quemado. No habían llegado ni siquiera los bomberos, quizá por el pesar de gastar la poca agua que hay en la ciudad para apagar esos fuegos. La ciudad de Choluteca está sitiada por jóvenes quemando llantas, encapuchados, ya la policía está cansada de perseguirlos.
Choluteca estaba tomada pero en el parque frente a la Policía Nacional, estaba doña Doris, la madre de Wilfredo. En el parque y en las protestas la gente hablaba de Juan Orlando Hernández y los señalamientos sobre su aparición en una lista de investigados por la DEA, de cómo ya le queda poco tiempo en la presidencia y de que no se van a cansar hasta que deje la silla que no se ganó.
Mientras tanto en las entradas y salidas de Choluteca, los chicos del Bastión, niños de entre 12 y 17 años, con guantes, capuchas y lanza morteros artesanales, se iban de frente contra los policías, los maestros, médicos y demás salían corriendo.
Un pick-up de la Empresa Energía Honduras (EEH) fue incendiado durante el primer día del Paro Cívico en Choluteca, el día anterior, otro vehículo de la misma empresa fue quemado en el centro de la ciudad, los altos costos de la energía eléctrica y el exceso de proyectos de generación de energía que afectan todo el departamento de Choluteca ha provocado un mayor repudio hacia la empresa de energía, 30 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Doña Doris, la madre de Wilfredo, venía del lado donde salían los refuerzos policiales y nos dijo que escuchó cuando les dijeron por la radio que llevaran más gas y las escopetas. Se preocupó por sus sobrinos y los demás chicos del barrio que Wilfredo dejó en la lucha. Yo le dije que vi niños muy pequeños con guantes, listos para regresarles las bombas lacrimógenas a los policías, ella me dijo: «esa fue escuela que les dejó Wilfredo, mi hijo me llegaba con las manos todas llagadas porque agarraba las bombas así con la viva mano y se las tiraba a los policías»:
En esos días, el comisario Marcos Nahín Andara, que apenas había sido trasladado de Santa Bárbara a Choluteca hace tres semanas nos atendió en su oficina de la Dirección Policial de Investigación. «El director me mandó porque estaban subiendo los delitos contra la integridad como el homicidio, al parecer casi todas las muertes son generadas por pelea de territorios por narcomenudeo, nosotros cubrimos toda la zona sur, Valle y Choluteca.
Nosotros manejamos un promedio de denuncias de robo a celulares, a viviendas en un promedio entre 15 y 20 denuncias diarias, de todo tenemos, de Choluteca, Marcovia, robos en motocicletas y violencia doméstica», contextualiza el policía.
Doña Doris cuenta que una vez se enfrentó a él en una reunión en la que se dijo que los oficiales de policía no andaban armas en las represiones a protestas. Doña Doris hizo ponerse de pie al comisario de la DPI y le preguntó al resto de personas allí si él andaba o no su arma de reglamento. Él la andaba en la cintura, es su instrumento de trabajo, nos dijo doña Doris indignada. Los policías se ponen nerviosos cuando hablan del caso de Wilfredo.
Sentada y con el retrato de Wilfredo en sus manos, doña Doris cuenta que ésa era la cama donde dormía su hijo, Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
«El caso de Wilfredo está en proceso de investigación, desde que yo vine aquí hace tres semanas, no se han hecho protestas violentas hasta el día de ayer y hoy que incendiaron un vehículo de la EEH que ahora estamos investigando a los hechores. Ayer se dio un enfrentamiento con nosotros cuando se niegan a desalojar las carreteras que se toman y nosotros como autoridad tenemos como obligación que la circulación de personas y vehículos se de normal, que no se dañe el patrimonio mas que todo del estado y de las empresas privadas, esa es la obligación de nosotros.
Nos mantenemos al margen cuando alguien de la policía está involucrado en los hechos delictivos. Las denuncias por lo general las lleva DIDADPOL para tranquilidad de los familiares y de la gente es mejor que las denuncias las lleve el MP, la ATIC, e instituciones que no tienen nada que ver con nosotros, no es por falta de transparencia sino por tranquilidad», explica el comisario.
«Ningún policía va con la intención de dar muerte a un ciudadano porque nosotros solo vamos a cumplir nuestra labor de mantener la paz, la libre circulación de las personas. Ahora nosotros estamos filmando porque ahora filma todo mundo menos nosotros y ahora lo hacemos para garantizar que estamos llevando todo a cabalidad para este tipo de casos. En la manifestación de hoy no nos dieron oportunidad de acercarnos sino que comenzaron a agredir, ya vienen predispuestos y sin más ni más le prendieron fuego a un vehículo que no tiene nada que ver», explica y se justifica. Ese día en la manifestación un policía pegó una patada a un observador de una ong de Derechos Humanos, hubo balazos y muchas personas afectadas por el gas lacrimógeno
Jóvenes encapuchados, miembros de Bastión del Sur, durante una toma del puente sobre el Río Choluteca, Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Y asegura que en el movimiento Bastión del sur siempre hay gente infiltrada, gente que va con la intención de cometer el delito no de protestar.
Doña Doris trata de contener el odio contra los policías, ella está segura que un uniformado le quitó a su hijo. Pero lo que más le duele a doña Doris es que Wilfredo estaba a dos semanas de irse para Estados Unidos, un amigo había prometido ayudarle para irse, porque en Honduras no tenía futuro. Dos semanas nada más, Wilfredo no lo logró.
Los apagones son presagios de crisis en Honduras, el apagón que ocurrió en las elecciones -así le llamaron, apagón- en el momento que cambiaron drásticamente la tendencia en la que Salvador Nasralla iba ganando por 5 puntos a Juan Orlando Hernández la presidencia. Ese apagón, dice doña Doris que fue el inicio de la indignación. Comenzaron los cacerolazos y Wilfredo le llevaba las ollas para la calle, y hacían bulla con sus vecinos, de la misma edad, todos tan jóvenes que ni siquiera fueron a votar, encontraron un sentido a sus días con esto.
Doña Doris —madre de Wilfredo— muestra la publicación de un periódico nacional con la noticia del asesinato de su hijo, Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
«Para empezar la lista, aquí la gente está enojada por la energía, mi hijo me dijo que él trabajaba solo para pagar la energía, este viejo tal por cual, ¿qué piensa de dónde voy a comer yo?», cuenta doña Doris y la interrumpe un primo de Wilfredo que está allí escuchando la plática, le ayuda a doña Doris a traer todos los papeles y fotografías de cuando a Wilfredo lo asesinaron.
«Ese día él se fue solo, cambiándonos quedamos, él se adelantó. No había comenzado la marcha, los chepos llegaron a gasear y disparar, lo matan a las 5 y a las 6 quitan la luz. Cuando él estaba en el hospital quitaron la luz como 10 minutos allí nos dijeron que él estaba muerto», dice el jovencito y siente culpa. Ese día él estuvo en la calle enfrentándose a los policías, andaba sus manos negras por las llantas quemadas.
A Wilfredo en realidad lo declaran muerto en Tegucigalpa, después de trasladarlo al Hospital Escuela Universitario. Doris se ahoga en llanto mostrándonos los recortes de periódico donde hablan de la muerte de Wilfredo y recuerda sostener su cabeza hasta el último momento en el que el doctor le dice que no hay nada que hacer.
«Yo le dije, ya no te quiero ver en la calle Wilfredo, y él me contestó que ya solo le quedaban dos semanas en este país, que ya pronto iría a un mejor lugar» y Doña Doris llora más, con rabia cuando dice que en algún momento escuchó que dijeron que Wilfredo era jefe de una mara en Choluteca, y nos invita a pasar a la casa, un solo cajón donde vive con sus dos hijos, su madre, su sobrino que tiene allí a su pareja —ambos adolescentes— embarazada, y lo hace para demostrarnos que no son mareros, que los muchachos son «normales».
«Así como nos ve aquí, nosotras, mi madre y yo, que soy madre soltera los crecí a mis hijos trabajando, mi mamá me los cuidaba cuando yo me iba a trabajar».
Cuatro meses de embarazo carga la chica de 19 años allí sentada en una de las tres camas que apenas caben en la casa. Acaba de llegar de la protesta y cuenta que se les corrió a los policías.
«Supuestamente nosotros quebramos todas las cosas del banco Ficohsa», recuerda la chica con voz baja y Doris explica que ella habla del día del entierro de Wilfredo, que la caravana fúnebre fue gaseada y hubo enfrentamiento y disturbios en el centro de la ciudad. Ni muerto dejó de estar rodeado de gas lacrimógeno Wilfredo, dice Doris.
—¿Les tienen miedo? —Le pregunto a la chica que solo sonríe.
El día que mataron a Wilfredo él no nos esperó, completa.
—La gente nos trata de vándalos, drogos. Así trataron a mi hijo. ¿Ha visto usted alguna anormalidad aquí con ellos?- pregunta Doris quien cuenta que en febrero fue allanada su casa en busca de drogas y armas, al final, sin encontrar nada.
La casa de doña Doris, es una casa pequeña, aquí vive ella y toda su familia, Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
El abogado de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) que nos recibió en Tegucigalpa y habló bajo condición de anonimato nos dice que ellos son objetivos, y desmarcan el tema de seguridad del tema político.
«Nosotros no reflejamos que somos la espada de este gobierno para defender esto. Usted puede ver ese diario, la zona sur aparecía amarilla y verde, incidencia media y baja, a inicios de este año Choluteca pasó a rojo y Valle a amarillo, y esto fue en el marco de que la regional comenzó a judicializar toda la actividad criminal», explica y asegura que no vinculan la organización política en la zona con el crimen organizado y que todos los allanamientos se han dado respetando las leyes y los derechos de las personas.
Personas afectadas por los gases lacrimógenos lanzados por la Policía Nacional a los manifestantes durante un enfrentamiento en el centro de Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
19 de junio: huelga de policías
La Policía Nacional junto con la Fuerza Especial Cobras se van a huelga a nivel nacional. Dicen que dejan de reprimir y tienen su pliego de peticiones, sobre todo mejoramiento salarial.
Ese día Choluteca estaba sitiada, cerradas entradas y salidas. Por la noche los jóvenes seguían quemando llantas, confiados que la policía estaba en huelga. En efecto, no hubo represión. Esa fue la medida de presión para un gobierno que intenta sostenerse a punta de gas lacrimógeno.
La protesta comenzó frente a un centro comercial, salida a Guasaule a las 5:30 pm, allí estaba don Juan Manuel quien comenzó relatando la última golpiza que le propinó la policía hace un par de semanas. Lo acompañaban dos muchachos, uno de 17 y otro de 19, amigos de Wilfredo.
José dice que tiene casi un año y medio de estar en las calles, Wilfredo era su amigo, y dice que ahora mismo seguro está alegre de verlo que sigue en la calle. José tiene 17 años y solo estudió la escuela primaria, dice que Hernández mantiene a los jóvenes así, sin oportunidades.
«De Wilfredo aprendí muchas cosas, era un varón valiente, él no decía no a las cosas, decía siempre adelante, nunca se echó para atrás, siempre luchando, Juan Orlando Hernández va a salir con las manos arriba, y no me da miedo morir por mi pueblo. Mi familia no está de acuerdo, pero a uno de joven, el corazón lo llama», dice José con su rostro manchado del negro de las llantas quemadas, se emociona al punto de retener el llanto y se calma cuando comienza a contar sus enfrentamientos con la policía, que ahora mismo está en huelga pero que ellos no creen que la policía tenga la intención de dejar de reprimir, de tener cierta consciencia.
Jaziel, quien lo acompaña, tiene 19 años, dice que él siente que estudió para nada porque terminó la secundaria y no puede seguir la universidad y que tampoco encuentra trabajo. Jaziel trabaja con Juan Manuel vendiendo agua, pero no le ajusta para sostener a su familia y estudiar al mismo tiempo.
«Mi sueño es ser ingeniero agrónomo, pero no se puede porque en este país mientras no saquemos a este presidente siempre vamos a estar para atrás, miedo no me da pero uno siempre se acuerda de la familia y yo me encomiendo a las manos de dios», recuerda y se va corriendo porque lo requieren en el punto de la toma.
Ya es de noche y los policías están acuartelados, unos pocos oficiales vigilan la esquina de la posta policial. Nos contaron que ellos sufren por el estigma que recae sobre ellos, porque la gente cuando los ve es como si vieran la cara del gobernante, eso sienten.
«Somos el enemigo público», dicen con desconfianza.
Uno de los oficiales estuvo antes asignado a la posta de Pimienta en Cortés y contó que vivió horrores cuando la incendiaron y a él le tocó huir por la cañera. Ahora, en Choluteca admite que están sobrepasados y cansados porque las protestas en esta ciudad no han parado durante un año y ahora ellos son recibidos con mucha hostilidad en los barrios, en cualquier lado, incluso nos enseñaron en la esquina varias piedras allí tiradas, señas de los enfrentamientos que se dan justo a las puertas de sus oficinas.
Cerca de la posta policial está el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), dirigido por la abogada Lili López, una oficina en la que trabajan tres personas, dos en el campo y un conductor. La abogada asegura que no se dan abasto, trabajan con algunas organizaciones que sirven de observadoras cuando hay protestas como ACI Participa o el Observatorio Ecuménico por los Derechos Humanos.
«Nosotros recibimos un promedio mensual de 60 quejas, se denuncia contra autoridades y contra particulares, se da contra la Policía civil, a nadie le gusta que si anda vencida la licencia les pongan una esquela. Por lo general es contra la Policía Nacional y la policía contra maras y pandillas, de abuso en allanamientos, a nadie le gusta que les toquen la puerta a las seis de la mañana pero nosotros las investigamos y hemos constatado que todos los allanamientos se han dado con órdenes competentes, siempre tenemos reuniones interinstitucionales», justifica.
La abogada del Conadeh dice que son grupos de jóvenes los que hacen disturbios en las protestas que se refugian en mujeres y señores que andan manifestándose. «Eso pasó cuando casi destruyeron el hospital público, eso hablábamos con el comisionado de policía, porque ellos saben que la policía no puede tirar bombas por las personas que están internos, entonces ellos hacen eso», dice segura a pesar que luego confirma que no pueden observar las protestas porque ni correr pueden, andar en carro del Estado también los pone en peligro.
«El comisionado me decía que de nada sirve negociar y qué bonito hablar si la situación como que se descontrola cuando empiezan a quemar llantas y a tirar cosas, hoy me dijeron que quemaron un carro, en un abrir y cerrar de ojos, se descontrola todo. Solo un milagro de dios puede cambiar esta situación», dice la abogada casi en súplica.
Daniel, de Bastión del sur, dice que hay menores agredidos en cada protesta, el caso de Wilfredo llevó todo al extremo, pero nadie confía en la institucionalidad, por miedo la gente no denuncia ni acude al CONADEH.
«Nosotros ya perdimos el temor de platicar con periodistas u organizaciones de DDHH, y ongs, porque ya nos han estigmatizado de una forma a otra y no tenemos nada que perder, ya visiblemente nos han puesto como delincuentes, saqueadores, quemadores de ambulancias, cuando sucede esto que se sale del control todo entonces nos tapamos, entonces empieza la difamación. A mi primo, cuando la muerte de Wilfredo, la quema del vehículo y la quiebra de vidrio de varios bancos a él le pusieron que era jefe de la MS que venía de San Pedro Sula y que venía a hacer caos, y todos los que lo conocemos sabemos que es falso», explica.
No tienen nada que perder, ese es el sentimiento general, el de José, el de Jaziel, el de los primos y vecinos de Wilfredo, el que tenía Wilfredo. Nada que perder aun cuando se pierda la vida.
20 de junio: No tienen nada que perder
Estamos en casa de doña Doris, hay protestas en todo Choluteca. Esperamos a los muchachos del barrio pero están en la calle. De repente llega uno sudado, huyendo. Ingresa precipitado en su bicicleta hasta el fondo del solar, tarda un poco y sale bañado y con ropa limpia.
Nos han dicho que capturaron a Juan Manuel y que están buscándolo en las postas policiales, pero en poco tiempo Juan Manuel llega a la casa de doña Doris, en su motocicleta, sudado, sucio, la ropa llena de mozote. Logró escapar entrando por las rutas que ya conoce entre solares baldíos.
Juan Manuel llega donde doña Doris como si todo esto se lo debe a ella, como si su vida de alguna manera puede pagar la deuda que siente con ella tras el asesinato de Wilfredo. Él habla como que tampoco tiene nada que perder.
«Él trabajaba conmigo, y me decía que su sueño era ver este país libre, todos con trabajo, acceso a una vivienda, ayudar a su mamá. A mí me dolió la muerte de ese cipote, él trabajaba conmigo de halar agua pero los miércoles y los sábados era una situación religiosa, él no faltaba, los esperaba. Uno en la calle se quiere como hermanos, queremos lo mismo, queremos justicia, queremos paz, queremos sobrevivir porque, ¿cómo va a estar uno con el estomago vacío deseando paz?».
Juan Manuel terminó de hablar, se levantó sacudiéndose el mozote del pantalón para irse en su motocicleta a cantar rancheras a un cumpleaños, porque ante todo, Juan Manuel es músico.
Fotografía de portada: Martín Cálix/ 15 de septiembre 2019
En septiembre, cada año, los centroamericanos celebran las fiestas patrias por la firma de la independencia del reino de España. Esto sirve para llenar de bulla las calles y sostener una idea de patriotismo que nada tiene que ver con la realidad, con la forma en que estos países se gobiernan y la vida de sus habitantes. Sirve para alimentar un sentimiento iluso en países donde una palabra del gobierno de Estados Unidos basta para botar o legitimar a un presidente, unir ejércitos contra sus propios habitantes, vender pedazos de país al mejor postor o poner muros para evitar que la gente siga subiendo al norte huyendo de las desgracias, muchas de ellas, patrocinadas por sus intereses.
La escena del buque Tacoma sigue repitiéndose en un bucle sin fin, un eterno dejavú. Casi cien años después de la firma del acta de independencia, los países centroamericanos, que estando separados ya presentaban muchos problemas entre ellos y necesitaban la intervención del hermano mayor para resolverlos, firmaron un tratado. En 1922 las repúblicas de Nicaragua, El Salvador y Honduras a instancias del gobierno de EEUU y bajo la supervisión de los embajadores de este en dichos países, celebraron una serie de conferencias a bordo del barco de guerra norteamericano USS Tacoma, en aguas del Golfo de Fonseca. Allí, en ese barco, acordaron, por ejemplo, que ninguno de los países centroamericanos aceptaría un gobierno surgido de un golpe de Estado y también Estados Unidos prometió aceptar esto, allí se sentaron las bases para las siguientes conferencias centroamericanas a celebrarse un año más tarde. Las primeras habían tenido lugar en Washington en 1907.
Después de ese tratado en el buque Tacoma, ocurrieron guerras civiles, invasiones de marines, golpes de Estado, insurgencias y contrainsurgencias, peleas por el golfo de Fonseca, más guerras, acuerdos de paz, más tratados centroamericanos; con Estados Unidos siempre somatando la mesa cuando había uno que otro dictador queriéndose pasar de astuto haciendo tratos con otras potencias o haciendo negocios con el enemigo público de moda (ese recorrido histórico que va desde el comunismo, al narcotráfico, el terrorismo, las pandillas y los migrantes).
Este septiembre, la emoción patriota se vuelve aun más absurda con las negociaciones de los países del «triángulo norte» con Estados Unidos para convertirse en «países seguros», significando esto realmente países aduana de EEUU para aliviar el sistema migratorio de ese país de la masiva ola de peticiones de asilo de los centroamericanos que huyen justamente de la inseguridad. Guatemala ya firmó, El Salvador creó su propia patrulla fronteriza y Honduras ya negoció las deportaciones «express». Guatemala y Honduras con gobernantes totalmente serviles del gobierno de Estados Unidos que le temen a ser enjuiciados por tener vínculos con el narcotráfico y El Salvador con un gobernante que tiene miedo de «ser medido con la misma vara que el triángulo norte».
Las firmas de tratados internacionales como este solo son actos simbólicos, porque la dinámica entre estos gobiernos ha sido siempre la misma y la gente que huye no será detenida por un documento o una patrulla fronteriza; la gente corre el riesgo porque es peor quedarse. La huida masiva que ha sufrido Centroamérica en los últimos treinta años es la muestra clara de la inviabilidad de estos países y este tipo de tratados solo lo ratifican.
Honduras es un país inviable, no se puede sostener económicamente sin las remesas de los que se van hacia Estados Unidos y no puede ni intentar resolver sus problemas de corrupción sin una misión internacional, no puede ni hacer el intento de prevenir violencia sin programas financiados por Estados Unidos, ni contener la protesta social sin bombas de gas lacrimógeno hechas en Pennsylvania. No puede sacar a un presidente en pijamas ni legitimar un fraude electoral sin el visto bueno del Departamento de Estado. Honduras no puede pedir independencia en las calles sin esperar que en Estados Unidos se enjuicie a su presidente. Y sí, los hondureños no pueden invertir mejor los 7 mil dólares que le pagan a un coyote para cruzar la frontera porque si no los extorsiona alguna pandilla, el Estado los exprime con impuestos de los cuales nunca obtendrán beneficios.
Los tambores suenan en las calles de Honduras y con eso se recibe a los cientos de deportados de Estados Unidos, mientras el presidente negocia la utopía de soberanía que solo existe en un papel en el que se sobre escribió que no podemos con nosotros mismos como países, ese día en las aguas del golfo de Fonseca en el buque de guerra Tacoma.
Han pasado 10 años desde que se prohibió la venta, uso y distribución de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) bajo un acuerdo ministerial de la Secretaría de Salud en Honduras. A partir de 2014, Médicos Sin Fronteras junto con otras organizaciones ha participado en la mesa de trabajo para la aprobación de un protocolo de atención integral, dedicado a sobrevivientes de violencia sexual en Honduras. Su aprobación está pendiente desde octubre de 2017 debido a que la PAE sigue prohibida y es parte esencial del protocolo.
El acuerdo ministerial fue aprobado por Dr. Noe Villafranca señalando como un medicamento abortivo, Villafranca es actualmente diputado del Congreso Nacional (CN) y recientemente manifestó durante una sesión legislativa que esos datos son incorrectos y debe revisarse su aprobación. De igual manera, el Dr. Dennis Castro Bobadilla, presidente de la Comisión de Salud del CN, instó a la Secretaría de Salud a que eliminará su prohibición y se implemente su distribución gratuita en todos los centros asistenciales del país, sin embargo, sigue sin haber una respuesta desde esta institución del Estado.
Según el registro estadístico de Medicina Forense, las denuncias por violencia sexual en los últimos diez años aumentaron a un poco más del doble: durante 2008 se contabilizaban 1241 mujeres violadas mientras que para 2018 se contabilizaron 2598, todos los casos sin un protocolo de atención y sin un método para prevenir un embarazo.
Contracorriente (CC) habló con el doctor Rafael Contreras (RC), referente de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Honduras sobre la atención que brindan a sobrevivientes de violencia sexual a través del servicio prioritario, así como de la urgencia que tienen por aprobar un protocolo de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual que incluya la PAE como método de prevención de embarazo.
CC: ¿Cuántos casos de violencia sexual han atendido desde 2016? RC: Hasta el momento desde enero 2016 hasta junio de 2019 hemos atendido a 2048 pacientes sobrevivientes de violencia sexual. Tenemos un registro de 116 mujeres que estaban embarazadas, esto solo son mujeres que han llegado y al momento de la atención ya estaban embarazadas, de estas el 81% han manifestado que ese embarazo ha sido producto de la violación y hay algunas que estaban embarazadas y fueron violadas estando embarazadas.
CC: ¿Cómo es la atención integral que reciben las víctimas de violencia sexual que han atendido? RC: Generalmente lo que hacemos es una atención integral: la parte médica, salud mental y el apoyo en trabajo social, en esta última parte entra el componente de seguridad, dar asesoría para hacer la denuncia en caso de que quiera realizarla y dónde la puede hacer. Esta parte es muy importante porque es escuchar a la persona, evaluar los riesgos y ofrecerle alternativas para minimizar los riesgos, lo otro es que si el riesgo es muy alto hay que identificar qué red se tiene para la referencia a estos casos.
En el componente médico hay varias cosas, entre ellas asegurar que no vaya a tener una infección de transmisión sexual (ITS) o el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), prevenir el embarazo y algunas infecciones como el Hepatitis B y el Tétano. En la parte de salud mental es dar primeros auxilios psicológicos, no en todas las víctimas es necesario que continúe un proceso terapéutico, pero en las víctimas que si lo necesitan que identifican que hay alteración o riesgo empezamos un proceso con nuestros psicólogos o sino solamente los primeros auxilios psicológicos.
CC: ¿Cuáles son algunos de los diagnósticos que han detectado en pacientes víctimas de violencia sexual? RC: Generalmente se identifican trastornos de estrés postraumático, trastorno de ansiedad, depresión son las principales cosas que hemos identificado como consecuencia en el tema de salud mental en relación con la violencia sexual.
CC: Cuando hay embarazos no deseados producto de violaciones ¿qué consecuencias psicológicas han detectado en las mujeres? RC: Hay que hacer una diferencia clara si los trastornos en salud mental están asociados exclusivamente al embarazo o a la violación porque son dos cosas muy grandes para ellas a las que se tienen que enfrentar. En la mayoría de los casos son embarazos no deseados y lo que uno identifica son trastornos de estrés postraumático, depresión y ansiedad que no podemos tener claramente identificado si el problema es solamente la violación o si es el embarazo o si aumenta más un trastorno en salud mental en las mujeres que han sido víctima de violación y que adicionalmente quedan embarazadas.
CC: En el caso de cómo prevenir un embarazo ¿qué métodos pueden utilizar entendiendo que la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia sigue prohibida en el país? RC: Desafortunadamente no hay muchas opciones, la única pero que es muy poco efectiva es el método YUZPE que consiste en utilizar anticonceptivos orales comunes y corrientes, dependiendo de la marca y de la concentración de las hormonas que tiene. Usamos uno que se llama mycrogynon en las que damos antes de las 120 horas, 4 tabletas y otras 4 doce horas después. No es tan efectiva, pero es algo que se puede hacer mientras se logra que la Secretaría de Salud quite la prohibición que tiene desde el 2009.
CC: El presidente de la Comisión de Salud dentro del Congreso Nacional hace algunas semanas instó a la Secretaría de Salud a que eliminara la prohibición de la PAE ¿qué opinan al respecto? RC: Totalmente de acuerdo, nosotros precisamente estuvimos reunidos desde el año pasado con el Dr. Noe Villafranca (presidente de la Comisión de Salud del CN en 2018) que fue el mismo ministro de salud que la había prohibido en el 2009, en ese momento él había indicado cuáles son los motivos por los que él había prohibido la PAE, pero también era consciente que ya ante la nueva evidencia científica es un tema que se tiene que tocar nuevamente y quitar la prohibición.
Después nos reunimos nuevamente con la Comisión de Salud, ahora liderada por el Dr. Castro Bobadilla, y lo que identificamos también es que él cómo médico identifica que es una prohibición que no tiene razón científica porque anteriormente hablaban de unos estudios en los que la FDA (agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) indicaba que uno de los mecanismos de acción era abortivo, pero se ha demostrado que no es así, la FDA posteriormente quitó esa indicación y ahorita no hay sustento científico que indique que la PAE es abortiva simplemente hay algunas fracciones o grupos que están en contra de la PAE, pero no por un sustento científico sino más por cuestiones políticas y religiosas que por una evidencia científica.
CC: ¿Cuál es el funcionamiento de la PAE? RC: Básicamente tiene dos mecanismos de acción: la inhibición de la ovulación o retarda la ovulación, estamos hablando del levonolgestrel porque actualmente hay otros tipos de medicamentos que no están prohibidos, pero tampoco están permitidos para su importación como el acetato de ulipristal que aparentemente es más efectivo, de acuerdo con los estudios, para prevenir un embarazo.
CC: Las mujeres que reciben atención por ser víctimas de violencia sexual ¿qué tanto conocimiento tiene para prevenir un embarazo, en salud reproductiva y anticonceptivos? RC: En general creo que no tienen mucho conocimiento sobre métodos de planificación, sobre todo las adolescentes de pronto no porque no hay una política clara de educación sexual. El 51% de todos los casos que hemos atendido desde 2016 son menores de 18 años, entonces esta población no buscaba tener relaciones sexuales y fue víctima de violencia sexual, pero aparte de eso no tiene el conocimiento y no va a estar planificando, por lo tanto, no va a saber que hacer después de enfrentar una relación sexual consentida o no consentida y al no ser consentida no tiene una alternativa porque el gobierno no permite que se pueda implementar la PAE, simplemente tendrían que tener un conocimiento más avanzado del método YUZPE que generalmente lo van a saber médicos y es muy poco probable que una persona común sepa que puede prevenir un embarazo de esta forma aunque la efectividad es mucho menor al levonolgestrel y al acetato de ulipristal.
CC: En cuanto a la creación de un Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual ¿cómo va el proceso? RC: No va tan bien como nos gustaría, hemos tenido reuniones con la Secretaría de Salud y a lo interno de varias organizaciones precisamente que estamos interesadas en que se arme un protocolo de atención integral que desafortunadamente con la Secretaría de Salud el problema es la prohibición que tiene actualmente la PAE. Como alguna gente sabe, el protocolo se finalizó hace dos años en octubre de 2017 que se trabajó casi durante dos años y desde ahí ha estado quieto, está en manos de la Secretaría de Salud en el área de normalización, son ellos quienes tienen que dar el visto simplemente para que se empiece su impresión. En este momento lo que sabemos es que tienen dos protocolos: uno que todas las organizaciones a nivel internacional validaron y presentaron donde se incluye la prevención del embarazo incluyendo la PAE mientras que hay otro donde quitan todo el componente de prevención de embarazo, cuando uno revisa este segundo borrador que tienen aunque en los objetivos claramente está identificado que una de las acciones es prevenir el embarazo, dentro del mismo documento no tiene ninguna forma de prevención, eso lo que indica es que cualquier mujer víctima de violencia sexual si tiene el riesgo va a quedar embarazada con los consecuentes riegos que eso conlleva.
CC: Dentro de este protocolo que han trabajado ¿cómo se daría la atención a las víctimas de violencia sexual, en qué lugares se implementaría? RC: Eso falta definir, depende de cada contexto, por ejemplo, en un sitio como Tegucigalpa habrá algunos centros que tengan la facilidad de dar la atención. Actualmente en la capital el Hospital Escuela Universitario es el único que puede asegurar una atención integral porque está 24 horas abierto, tiene los medicamentos y el personal que en su medida está capacitado mientras que otros sitios podrán tener personal capacitado, pero no tiene los medicamentos de forma permanente. Los puntos donde podrían dar la atención son los Centros de Atención Integral que es para población con VIH y cuentan con antirretrovirales que podrían asegurar una atención integral, pero en este momento al menos en Tegucigalpa sería únicamente el Hospital Escuela.
A nivel nacional habría que ver cómo se va a implementar esto porque como mencionaba la idea es que haya varias cosas las primeras 72 horas: antirretrovirales, antibióticos, medicamento para prevención del embarazo y todo eso toca implementarlo en cada una de las regiones de acuerdo con la disponibilidad que se tenga de estructuras de salud.
CC: De acuerdo con este protocolo ¿qué cosas han identificado que deben mejorarse en la atención a las víctimas de violencia sexual? RC: Primero que todo es el conocimiento de las personas que deberían saber que tienen la opción de ira una estructura de salud para la atención médica. Generalmente cuando hacemos la atención preguntamos cuál es el motivo por el cuál llegó tarde para la atención y la idea poder captar a las víctimas, sobre todo de violación, en las primeras 72 horas para poder prevenir infecciones. Alrededor del 30-40% manifiesta que no acuden a la atención al principio por el desconocimiento, simplemente no sabía que podía ir a un centro de salud a recibir atención médica y es una de las principales cosas que el gobierno debe de trabajar para que la gente sepa que en casos de ser víctimas de violencia sexual puedan ir a cualquier centro de salud para recibir una atención integral.
La segunda cosa es tener el personal capacitado porque de nada sirve que la gente sepa y tenga los insumos, pero que el personal no sepa cómo debe ser la atención. Lo otro es asegurar que los centros de salud donde está el personal capacitado tengan los medicamentos y los insumos para una atención integral, eso es en salud.
Lo otro es asegurar que también haya suficiente personal para la atención en salud mental, desafortunadamente una de las falencias más grandes que surgió en una reunión con la Secretaría de Salud es que hay alrededor de 50 psicólogos a nivel nacional en el sector público, 50 personas para atender a toda la población de Honduras, eso es muy poco. La idea es que exista la capacidad técnica, que haya más psicólogos que puedan dar la atención a los que lo necesitan.
Y finalmente lo otro es que contamos con muy poca protección para la atención de las víctimas ya sea un hombre, una mujer, un niño o niñas, existe muy pocas estructuras para atender esta situación. Desafortunadamente en Tegucigalpa apenas hay un refugio, todas esas personas que necesitan un sitio para permanecer no tienen donde hacerlo. Entonces hay muchas cosas que afinar y que mejorar para poder asegurar una atención integral.
Una jornada de protestas en contra de la construcción del proyecto habitacional Bosques de Santamaría, ubicado en la zona de la reserva natural Parque Nacional La Tigra, concluyó con la suspensión temporal del proyecto. La decisión tomada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central y los desarrolladores del proyecto no parece satisfacer a las comunidades que exigen una cancelación total de las construcciones y la reforestación de las áreas afectadas.
Las protestas que se registraron en tres tomas de carreteras: El Hatillo, El Chimbo y salida de Tegucigalpa hacia Olancho, todas entradas al Parque Nacional La Tigra, las realizaron habitantes de las aldeas cercanas para exigir la cancelación del proyecto habitacional que aseguran dejará sin agua a sus comunidades. Además, demandaron mayor suministro de agua potable en sus sectores.
Toma a la altura de El Chimbo, en protesta por la construcción del complejo habitacional Santa María, Santa Lucía, 9 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Las tomas comenzaron desde las 5 de la mañana y duraron hasta horas de la noche, durante este transcurso, la Policía Nacional de Honduras (PNH) usó gases lacrimógenos en varias ocasiones y una tanqueta que arroja agua para dispersar a los manifestantes. El portavoz de la PNH, Jair Meza, negó que los agentes de seguridad anduvieran armas de fuego durante los desalojos. Sin embargo, en la zona de El Hatillo y la salida a Olancho se registraron enfrentamientos con bala viva. De acuerdo con un vídeo publicado en el medio televisivo La Tribuna TV, los disparos fueron realizados por La Policía Nacional.
Una cortina de gas lacrimógeno dividía a manifestantes y Policía Nacional en un enfrentamiento que terminó con disparos de bala viva hechos por agentes de la Policía Nacional contra los manifestantes de El Hatillo, Tegucigalpa, 9 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Ante la situación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) publicó un comunicado en el que solicitan a las autoridades a respetar el derecho a la expresión y a reunión pacífica de todos, incluyendo de las personas que rechazan el proyecto “Las autoridades deben encontrar una solución pacífica que garantice el derecho a participación, así como el derecho al agua y a vivir en un ambiente sano”, señaló.
Las familias detrás del proyecto Bosques de Santa María
El proyecto habitacional Bosques de Santa María fue aprobado por el despacho del ministerio de MiAmbiente y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Nasry Asfura, alcalde capitalino, señala que el proyecto se aprobó debido a una demanda de más de 150 mil viviendas en la ciudad. Sin embargo, la construcción residencial es privada, beneficiará a quien pueda pagar por la compra de una casa en un circuito exclusivo de la ciudad.
La empresa encargada de la construcción del proyecto es Santos y Compañía, propiedad del diputado liberal Elvin Santos que aún enfrenta un proceso judicial por el delito de lavado de activos en modalidad de encubrimiento en el Caso Pandora. Mientras tanto, el proyecto habitacional pertenece a la familia Midence-Soto-Pierrefeu, quienes tienen un proceso de gentrificación del centro de Tegucigalpa detrás de la iniciativa Vuelve al Centro.
La familia Midence-Soto-Pierrefeu además tiene vínculos con la familia presidencial, de acuerdo con el Registro Público de Panamá, manejan dos empresas panameñas junto con Francois de Peyrecave, viudo de Hilda Hernández hermana de Juan Orlando. Una de las empresas se encuentra bajo el nombre Wedgewood Holdings que dirige junto a Carlos Fiallos Soto, quien también forma parte de otra empresa denominada Holdings. S,A que dirige con el actual presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu, y con Carlos Midence Laínez, empresarios que lideran el grupo inmobiliario Midence Soto.
El proyecto inmobiliario Bosques de Santa María contempla una extensión de 500 hectáreas e incluye tres vecindarios: Bosques de Santa María, Pinares de Santa María y Prados de Santa María con un total de 2300 viviendas, el colegio Liceo Franco-hondureño, desarrollos comerciales, un racket club y otro de equitación, una iglesia, una estación de bomberos, un lago para actividades acuáticas; áreas boscosas protegidas, así como áreas de recreación y esparcimiento.
Mientras un señor corre, un joven se acerca para devolver la bomba de gas lacrimógeno que agentes de la Policía Nacional dispararon hacia los manifestantes más cercanos a ellos durante el enfrentamiento en El Hatillo, Tegucigalpa, 9 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
De acuerdo con la información de los desarrolladores, este proyecto consta de tres etapas a un plazo de 20 años en el que inicialmente se invertirá un monto estimado de 1,300 millones de lempiras. Aunque el terreno donde se planea desarrollar el proyecto tiene una extensión de 499.72 hectáreas, 96.21 se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra.
El ministro de MiAmbiente, José Antonio Galdames, aseguró en diferentes medios de comunicación que el único sector al que se le dio licencia ambiental fue al vecindario central (Sector S-3) el cual se encuentra a una distancia de 393 metros del límite de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra y que, aunque 96.21 se encuentran en la zona de amortiguamiento del parque, no se le otorgaron permisos.
“Desde el inicio de la planificación, el SANAA dejó claro que no podría suministrar agua para este desarrollo. Por lo tanto, se trabajó para buscar soluciones alternas perforando pozos que están a 1070 MSNM a kilómetros abajo de La Tigra y que no afectan” señaló Guy Pierrefeu, desarrollador del proyecto en una entrevista a la página Dinerohn.
Según la información de los desarrolladores del proyecto, este sería “autosuficiente en agua potable, tratamiento de aguas servidas, redes de riego y combate a incendios y que asegura un desarrollo ambientalmente amigable, mediante el uso de energía solar y efluentes de aguas tratadas” detalla en su página oficial.
Tania Erazo miembro del Comité Ecológico de la Aldea Suyapa, el sábado 7 de septiembre realizó un plantón pacífico en la entrada del proyecto a la altura de El Chimbo. Tania señala oponerse al proyecto porque aunque la construcción no esté en la zona de amortiguamiento, el problema central es el impacto ambiental que va a tener en el uso del agua, la cantidad de gente y los vehículos, “en La Tigra ya no hay ríos, están secos, se ve como han talado para meter tubos y crear una represa para este complejo habitacional”, señaló.
Jóvenes se manifestaron contra la construcción del complejo habitacional Santa María ubicado en las cercanías de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, Santa Lucía, 7 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Jorge Luis Palma, director técnico de Fundación AMITIGRA, detalla que al principio los desarrolladores del proyecto pretendían construir dentro de la zona de amortiguamiento de La Tigra, pero no se les dio el permiso. Además, añade que AMITIGRA no tiene potestad legal para aprobar permisos de construcción fuera de la zona protegida “hacemos un dictamen técnico ambiental en base al marco legal de las áreas protegidas del país. La competencia de nosotros, nuestro dictamen pesa y es tomado en cuenta solamente dentro del área protegida”, aseguró.
Aunque el proyecto tiene varias etapas, hasta ahora solamente una está aprobada “cada etapa nueva que quieran empezar del proyecto debe solicitar una nueva licencia por cada etapa y es claro que en la parte del parque nos vamos a seguir oponiendo y decir que no, estamos pensando que ahora va a ser más restrictivo nuestro dictamen viendo como la sociedad se ha unido a este tema de conservación”, mencionó Palma.
Sin embargo, para Tania Erazo la construcción interferiría con su proyecto de declarar zona de reserva forestal la zona de Triquilapa, “además queremos hacer un corredor biológico que comprende la Tigra, el Cerro Triquilapa y la reserva biológica Uyuca, esto es una tranca a ese proyecto”, añadió.
Palma coincide en que el proyecto generará un impacto, un efecto de borde y cortará un corredor biológico y que es producto de los vacíos que la ley permite al no prever estas situaciones, “Como ambientalista, más allá del tema legal, todo lo que hagamos alrededor de La Tigra va a generar un problema por la radiación lumínica, mayor calor, más vehículos. Tener una ciudad tan grande que cada vez se pega más al parque hace lo mismo y que todo el que tenga una propiedad alrededor de La Tigra puede hacer lo mismo que este proyecto,” Palma menciona que el parque enfrenta muchos problemas que amenazan su existencia.
La crisis por la última fuente de agua cercana a Tegucigalpa
El bosque de pino de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra fue afectado por el gorgojo descortezador en un brote que se salió de control hace tres años, Santa Lucía, 7 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Entre los años 2013 y 2017 se registró una plaga de gorgojo descortezador de pinos que afectó más de 500 mil hectáreas de bosque a nivel nacional, según datos oficiales. De estos, 5 mil hectáreas pertenecen a La Tigra, un terreno de hectáreas, que ahora son matorrales. La pérdida de tantos árboles de pino genera un impacto, ya no se mantienen los microclimas de esos espacios y el agua deja de quedarse superficialmente en las raíces. Los expertos señalan que la sequía y el cambio climático tienen un impacto más grave debido a tantas hectáreas de bosques perdidos.
En el caso de La Tigra, las autoridades del parque señalan que muchos de estos lugares que el gorgojo descombró se están convirtiendo en maizales o zonas de cultivo “tenemos poblaciones pobres que encuentran una alternativa en los bosques y la situación es que entre menos cobertura boscosa tenemos vamos a tener mayor impacto” señala Jorge Palma.
La situación actual de La Tigra es crítica, es una de las últimas zonas boscosas cerca de Tegucigalpa y eso implica una mayor carga porque la deja aislada. Según investigaciones de AMITIGRA, muchas especies desaparecerán en pocos años, una de ellas son los pumas porque se perdieron los flujos genéticos de los corredores biológicos desde El Picacho y Comayagua.
A esto se le suma las comunidades que viven y crecen dentro del parque, la contaminación causada porque el tren de aseo no cubre ese sector y los incendios forestales. Las cifras oficiales detallan que en 2019 los 37 incendios registrados afectaron 1,200 hectáreas del parque, estos incendios tienen una correlación con los lugares donde viven poblaciones que de alguna manera impactan al bosque.
La Tigra representa el 25% de la demanda de agua de la capital, las otras fuentes de presentan niveles críticos para la capital que atraviesa una de sus peores crisis por falta de agua, según los datos del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) la represa Los Laureles con un 34% de su capacidad mientras que Concepción tiene apenas un 19%, ambas represas abastecen aproximadamente a un 80% de la ciudad.
“El tema del agua lo queremos ver como algo reciente y no es así, la última obra de agua se hizo para la zona central fue en el 92, ha pasado una cantidad enorme de años creyendo que vamos a poder abastecer a una ciudad que creció con las mismas obras de agua que además es una ciudad que no tiene un plan de ordenamiento territorial ni cómo va a crecer ni para donde”, añadió Palma.
Los pobladores que protestaron en El Hatillo colocaron piedras, trozos de madera, y cualquier cosa que sirviera para obstaculizar el paso en la carretera al Parque Nacional La Tigra, Tegucigalpa, 9 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Las soluciones que ha planteado el alcalde capitalino son la construcción de una mini represa en la zona de El Hatillo, a la altura de la Academia Los Pinares cuyo proceso de licitación comenzará el 15 de noviembre, la represa constará de 4 millones de metros cúbicos. De igual manera planea construir las represas San José y Jiniguare para las cuales iniciaran un proceso de licitación en marzo del 2020.
Por ahora, uno de los planes en camino que tiene la AMDC es el traspaso del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a la Alcaldía Municipal, algo que se denomina municipalización del agua y que en otras zonas del país ha representado la posterior privatización del servicio.
Sin embargo, ante la crisis actual de agua la única propuesta de Asfura es orar y esperar que llueva “Me persigno y le pido a Dios que nos mande agua, nunca en más de 30 años había bajado tanto los niveles de las represas y lo que es preocupante es que si no llueve lo suficiente vamos a tener crisis en el próximo verano en 2020” señaló el alcalde.
De acuerdo con los expertos, la única forma de que se recuperen los níveles de las represas sería con lluvias focalizadas donde se ubican las cuentas y que sean constantes. Hasta el momento las autoridades aseguran que habrá suministro de agua hasta los primeros días de octubre, pero si no aparecen las lluvias los racionamientos serán cada vez más severos, hasta el momento las colonias que se abastecen de Concepción y Los Laureles reciben agua potable cada 5 días.
Para el personal de AMITIGRA una de las mayores preocupaciones es lo que parece una inminente lucha por el agua de La Tigra “está claro que todos quieren vivir ahí, es casi de los últimos lugares donde hay agua… La ciudad va a ir sobre el parque nacional porque es donde queda recurso disponible” finalizó Palma.
No hablo. Tan sólo escupo guijarros en el agua inmóvil del río. [He aquí el lenguaje y su misterio]. -Balam Rodrigo
—¿Podés imaginar el sonido de mi voz?
—Tendría que tocar tu garganta para saber cómo es. —Me explica, con paciencia, Patricia —traductor mediante— y al final se lleva la mano a su garganta como para que entienda.
Patricia y yo no hablamos el mismo lenguaje, ella se comunica a través del lenguaje de señas, es sorda, nació sorda. Con el tiempo únicamente ha podido escuchar sonidos fuertes, ruido básicamente, porque los aparatos que le podrían ayudar a escuchar, le producen estática, no le gustan, la desorientan. No hay mayor referencia del sonido en su vida, y sin embargo, ella puede hacerse una idea de la intensidad que produce el sonido de mi voz al sentir la vibración de las cuerdas vocales a través de mi garganta, pone su mano y se hace una idea de cómo vibra mi voz a través del tacto.
Este método ha servido para ayudar a otras personas sordas a construir su propio rango de referencia del sonido, a vocalizar palabras básicas: mamá, papá, agua, hola. Lo enseñan —unos a otros, como se enseñaron siempre los saberes comunes— en la escuela donde Patricia enseña. Saber hacerlo ayuda también a que las personas sordas aprendan a leer los labios. Patricia me lee los labios y responde sin que el profesor Óscar interprete para ella lo que yo acabo de preguntar.
La ausencia total no existe, ahora se sabe. De alguna manera todo espacio es ocupado por un cuerpo, y en su ausencia otro vendrá para suplantarlo. Lo mismo sucede con el lenguaje.
Amor en Acción —la escuela donde trabajan Patricia y Óscar— fue fundada hace 30 años, es una institución privada, una asociación que lleva el mismo nombre que la escuela, que cobra una matrícula simbólica de 70 lempiras, a cambio, los alumnos reciben 40 lempiras para el transporte cada semana. Debido a su política de ser una escuela inclusiva, Amor en Acción hoy en día atiende a niños y niñas sordas —de entre los 7 y 23 años— y con discapacidad intelectual. Es decir, que en Amor en Acción conviven niños que escuchan y hablan español con niños sordos que solo pueden comunicarse a través del lenguaje de señas. Ambos lenguajes se funden en la interacción cotidiana.
El ser humano se puede llegar a sentir superior cuando otros seres no lo entienden, encuentra en su incapacidad para comunicarse con otras especies los motivos de su superioridad. Lo hemos visto con los safaris para cazadores en África, lo vemos en la forma en la que hemos construido la arquitectura de nuestras sociedades, con arrogancia y sin planes, sin opciones, sin siquiera pensar en aquellas personas —otros seres humanos, sí— que viven con una discapacidad.
Wilfredo Molina, del Programa de Servicios a Estudiantes con Necesidades Especiales, PROSENE, de la UNAH —alguien que sabe lo que significa vivir en Honduras con una discapacidad luego de que una parálisis cerebral infantil por asfixia neo natal lo confinara a una silla de ruedas—, me explica que las personas con mayor índice de reprobación de la prueba de aptitud académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras son las personas sordas. La prueba que permite el ingreso al principal centro de estudios del país no está adaptada al lenguaje de señas. Lo que dificulta que los estudiantes de Patricia en la escuela Amor en Acción puedan algún día acceder a la educación superior.
A pesar de esta deficiencia del sistema educativo hondureño, en la UNAH se graduaron 5 personas sordas en 2018, según los datos PROSENE, lugar donde trabaja Wilfredo. Lo anterior es un cuadro que podría mejorarse si el acceso a la educación superior, los planes de estudios, y la universidad en su totalidad contemplara la posibilidad de que la población hondureña tiene necesidades en una gama mucho más amplia de la que actualmente cubre.
Patricia se encontró con este tipo de dificultades en su época de estudiante, pero logró ganarse una beca para estudiar en Estados Unidos Aplicación de computación y negocios en el Mount Aloysius College de Pennsylvania, y volvió para educar a niños que como ella, tienen que aprender a sobrevivir en un país que está lejos de tener las condiciones mínimas para hacerlos parte del conjunto diverso de personas.
—Los sordos si van a una escuela regular, ¿de qué forma se van a comunicar? —Es la reflexión en la que recae Leeybi Chávez, directora y administradora de la escuela Amor en Acción.
En la ciudad de Tegucigalpa existen únicamente cuatro centros educativos dedicados a las personas con discapacidad auditiva, de estos, únicamente uno es totalmente público, los demás son iniciativas privadas.
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Óscar me cuenta que uno de sus alumnos es medallista —olímpico, dice—. Josslin ha ganado seis veces el maratón paralímpico nacional de 10.5 kilómetros organizado por el Comité Paralímpico Hondureño. El último de esos seis maratones lo ganó recién este 1 de septiembre.
Josslin nació en 1991, sus discapacidades —auditiva y parálisis cerebral— han estado con él desde su nacimiento, y si en su comunidad hubiese una escuela con las características de Amor en Acción él no se vería obligado a viajar al menos dos horas diarias, ida y vuelta en transporte público, desde un barrio de la periferia de Tegucigalpa ubicado en las faldas de El Picacho para tomar sus clases de primer grado con la profesora Ana. De toda la escuela, Josslin es el mayor, aunque es difícil saber si lo percibe, la mayoría de sus compañeros de aula no superan los 12 años.
En el taller, Josslin ha estado trabajando una pieza de madera con papel lija, cuando cree que ha terminado con ella se la entrega a Óscar para que se la apruebe. Me la muestra, los dos llegamos a la conclusión de que Josslin podría ganarse la vida haciendo esto, pero el profe Óscar —como le dicen sus alumnos— se lamenta explicándome que nadie va a contratar a Josslin por su discapacidad, nadie le va a dar la oportunidad al seis veces campeón paralímpico nacional de los 10.5 kilómetros de ganarse la vida con su oficio. De esto habla Leeybi, preocupada por el futuro incierto de los alumnos de la escuela que administra.
—Lo más difícil es la búsqueda de trabajo. —Sigue narrando Patricia, y explica que esta es una historia que se repite en cada persona sorda. —Primero piensan que el sordo está enfermo, lo que piensan los empresarios es que el sordo está enfermo, dicen que necesita un doctor para que lo revise y solo es que está sordo, ¿y el curriculum?, sí, sí, sí, lo aceptan pero después cuando el sordo se va, a la basura. —Es la respuesta que da Patricia al preguntarle qué es lo más difícil de ser sorda.
Una ex alumna de la escuela, que pasa medio tiempo ayudando a los maestros, pasa el resto de su tiempo en un supermercado. Hace poco fue contratada por una cadena de súpercados que le ha dado la oportunidad de atender caja. Leeybi dice, con tono de alegría y orgullo en su voz, que el reto es para sus clientes, y entiendo que lo que Leeybi quiere decirme es que Marjorie no tiene que demostrarle nada a nadie.
***
El silencio posee la memoria de las cosas que alguna vez estuvieron, los niños, las niñas, lo intuyen desde el misterio de su lenguaje. El tacto, la mirada interactuando con otras miradas. Ellos —y ellas, claro— gritan, saltan, se empujan, se pelean y se ríen, a veces cómplices, a veces porque la broma se salió de control, y raya el término moderno del bullying, y entonces se llenan de nervios, a fin de cuentas son niños. Cualquier ingenuo creería que una escuela para niños sordos es silenciosa y solo estaría lejos de la verdad: que estos niños, estas niñas, conjugan el verbo existir en todas sus formas. Habitan el silencio, sí, pero el lenguaje y su memoria les confiere sueños, les codifica un mundo que nos les pertenece, se los hemos negado.
Una estudiante de la escuela Amor en Acción juega con una máscara de papel durante una visita realizada al centro Chiminike, Tegucigalpa, 4 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix. Durante las clases, los alumnos reciben clases de lenguaje de señas, de esto depende en gran medida que los alumnos sordos puedan comprender el resto de las clases, Tegucigalpa, 19 de marzo de 2019. Foto: Martín Cálix.Edward, durante una clase de lenguaje de señas impartida por Patricia, Tegucigalpa, 20 de febrero de 2019. Foto: Martín Cálix.Patricia imparte clases para niños de dos grados, 5to y 6to, en la misma aula, imparte simultáneamente dos clases, Tegucigalpa, 21 de marzo de 2019. Foto: Martín Cálix.Meylin durante la clase de educación física, corre en las instalaciones de un parque de Vida Mejor contiguo a la Antigua Casa Presidencial en el centro histórico de Tegucigalpa, 20 de marzo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Alvaro, estudiante de 4to grado en la escuela Amor en Acción, observa cuidadosamente un examen antes de comenzar a resolverlo. Tegucigalpa, 2 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.Gabriela ríe y juega con sus compañeras más grandes, con quienes no comparte grado pero sí un lenguaje construido desde la ternura, Tegucigalpa, 20 de febrero de 2019.Andrea y David ensayan para el baile de danza folclórica durante los actos cívicos del día de Lempira, ellos no escuchan la música, pero siguen la coreografía ensayada alternando mirada con sus compañeros oyentes, Tegucigalpa, 18 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.Nazareth hace una seña con su mano derecha, es la seña que los niños le han asignado a su directora, la profesora Leeybi, Tegucigalpa, 19 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.Héctor —desenfocado en primer plano— y Josslin —riendo al fondo de la imagen— bromean y se apoyan cuando aprenden algo nuevo, Tegucigalpa, 27 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.Sofía atiende a Zoila en la clínica dental de la escuela Amor en Acción, donde los alumnos tienen atención gratuita, Tegucigalpa, 2 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.Brianna, durante una visita a la antigua Casa Presidencial, ubicada en el casco histórico de la ciudad, Tegucigalpa, 20 de marzo de 2019.Durante una visita al centro Chiminike, Josslin, juega a armar el rompecabezas del mapa de Honduras, Tegucigalpa, 4 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix. Héctor se viste de Lempira para los actos de celebración del día de Lempira. 19 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.
Jaffeth y Cristián ensayan el himno nacional de Honduras en lenguaje de señas, los dos son oyentes, Tegucigalpa, 16 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.Brianna juega sola mientras espera a la profesora Débora, a quien ha seguido hasta la puerta del baño para profesaras. Tegucigalpa, 2 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.La profesora Débora enseña diferentes tipos de peinados durante el taller de belleza a sus alumnas, en esta foto ensaya un nuevo peinado utilizando como modelo a Brandy bajo la mirada atenta de Zoila, Tegucigalpa, 17 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.Milagros observa su reloj mientras conversa con sus compañeras dentro de un vagón de tren durante una visita al centro Chiminike, Tegucigalpa, 4 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.El profesor Óscar interpreta para sus alumnos las instrucciones de la guía durante un recorrido por el centro Chiminike, Tegucigalpa, 4 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.Jimy juega con Sofía a pintarle la nariz con un pincel durante un taller de pintura impartido por voluntarios de Mujeres en las Artes, organización aliada de la escuela Amor en Acción, Tegucigalpa, 16 de agosto de 2019.
Patuca es uno de los municipios con menos electricidad de Honduras. Con más de ochenta caseríos sin luz, una nueva hidroeléctrica estatal en la zona tampoco asegura su conexión. En el país con menos electricidad de Centroamérica, los contratos de proyectos renovables sin construir dibujan un escenario de especulación energética.
En uno de los municipios con menos electricidad de Honduras, un confiado alcalde dice sin matices que hay luz. Sentado en la rústica oficina de administración de la alcaldía de Patuca, Avelino Betancourt encorva su estrecha espalda y posa sus manos sobre la panza. Al oír que el municipio tiene cero cobertura eléctrica, según la información que maneja la Secretaría de Energía del gobierno, el flaco Betancourt frunce el bigote: “Con toda seguridad, lo han hecho aproximadamente”, dice. El gobierno de Honduras ni siquiera tiene información confiable sobre dónde están los desconectados del país. Los datos oficiales más recientes marcan 24 municipios sin electricidad en el país, y Patuca es el más grande de esta lista. Y aunque la mayoría de su centenar de remotos caseríos carece de luz, es un hecho que casi toda la cabecera sí tiene el servicio.
Los 24 municipios del 0%
Honduras es el país con peor cobertura eléctrica del norte de Centroamérica. Fuente: ENEE 017.
La aislada Patuca, en el oriente de Honduras, queda más cerca de Nicaragua que de la capital, Tegucigalpa. Siempre ha gobernado el Partido Nacional, el del presidente Juan Orlando Hernández, el del cálculo aproximado, según un alcalde que lleva cinco mandatos consecutivos. A este lugar de Olancho llegaron en 1973 familias agricultoras del sureño departamento de Choluteca. Buscaban terrenos para cultivar. Apoyadas por sacerdotes católicos —que pertenecían a la entonces potente Unión Nacional de Campesinos (UNC)— fundaron Nueva Palestina. El nombre fue elegido por consenso. Simbolizaba la tierra prometida.
El río Patuca es el segundo más grande de Centroamérica.
Hasta 1992, Nueva Palestina no recibió la categoría de municipio. Pero el gobierno le cambió el nombre. Le puso el del río más cercano, Patuca, el más largo de Honduras. Desde 2011, sobre sus aguas, una empresa china construye Patuca III, la segunda mayor hidroeléctrica de Honduras (103 MW), propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Sin embargo, la obra tendría que haberse terminado en 2014, ya dobló el monto de la inversión, aún se deben US$35 millones a 60 vecinos por la expropiación de sus parcelas a inundar, y está paralizada por los reclamos de habitantes que reclaman sus pagos. Patuca III es un caso de inoperancia estatal. Solo su nombre da una pista: Patuca I y II fueron anunciadas hace años, pero hasta ahora siguen siendo solo una idea en la mente, pues no existen ni en diseño. Honduras empezó su mayor proyecto hidroeléctrico por el final.
Patuca es un retrato de un país con apenas un 75% de cobertura eléctrica, que sufre desde hace 25 años constantes apagones y que apenas hace ocho años le apostó a la hidroelectricidad para dizque solucionar sus problemas. Hasta ahora, este camino solo ha servido para dos cosas: para crear un enorme pantano de especulación en proyectos renovables privados sin construir y para mantener un festival de la burocracia porque se hunden millones de dólares de fondos públicos en obras sin fin, como Patuca III.
La gigante central eléctrica queda a veinte minutos por camino de terracería de la cabecera del municipio. Un proyecto sobre el que el alcalde Betancourt no está seguro de si dará a Patuca algo de la energía que producirá. Espera que sí.
En esta Honduras de precariedad energética, el conformismo es un tipo de respuesta institucional. La evasiva es otra. Y la desinformación, en este caso sobre la hidroeléctrica, es otra más. Cuando al alcalde se le cuestiona sobre las zonas de su municipio sin electrificar, lo niega, y para eso recurre al eufemismo extremo: “Patuca está electrificado”, asegura, “pero hay algunos barrios que ocupan mejoramiento”.
¿Mejoramiento? A este municipio, la electricidad empezó a llegar en 2005, pero hay mucha gente sin luz. En un barrio, por ejemplo, la ENEE cobra la factura, aunque los postes y el cableado los pusieron los vecinos, que se conectaron por sí mismos a la red nacional, hartos de esperar. La ENEE solo llegó, después, a instalar los medidores. Y, en al menos dos de los catorce barrios de la cabecera y en la mayoría de sus 110 remotos caseríos, hay gente que usa paneles, sigue usando candiles o hurta abiertamente la energía de la red formal. A esa práctica de procurarse la electricidad por sus propios medios, independientemente de si son ilegales, es a lo que el alcalde llama “mejoramiento”.
Al solicitar la lista de lugares sin luz a la asistente del alcalde, la respuesta fue un documento con más de ochenta caseríos subrayados con marcador amarillo fosforescente. El alcalde, al parecer, está en desacuerdo con esa lista. Pero quizá son más los lugares a oscuras: al menos dos de los que supuestamente tienen, no tienen. La alcaldía no sabe con precisión dónde están sus desconectados ni tiene un registro preciso de la electrificación del municipio.
Patuca simboliza los problemas eléctricos de Honduras: conexiones ilegales y zonas sin cobertura. Y un municipio donde se ejecuta un proyecto hidroeléctrico cuyo embalse inundará las tierras de centenares de personas, pero sobre el cual no hay certeza alguna de que vaya a resolver la desconexión de sus habitantes.
A solo tres cuadras de la calle de asfalto donde queda la alcaldía, no hay electrificación. O, por lo menos, la formal, la legal. Ahí, en el barrio Nueva Jerusalén, los caminos son de barro y palmeras. Hay una maraña de cables enganchados al poste de la última casa con conexión oficial. Del otro lado de esa vivienda, tras cruzar como trapecista un riachuelo de aguas negras, se encuentra a las 65 familias de Nueva Jerusalén.
Es mayo de 2019. Nueve meses atrás, los vecinos de Nueva Jerusalén compraron 240 metros de cable y 19 postes de bambú para acabar con su oscuridad. Decidieron hurtar luz del transformador más cercano. Fue su sistema alternativo, clandestino, después de siete años esperando una reacción del alcalde. Tuvieron luz por seis meses sin pagarla. Después, la ENEE no solo no botó el tendido, sino que puso sus contadores en las casas y empezó a cobrar por el servicio.
De ese barrio, a solo doscientos metros de la alcaldía, Betancourt dice que “ocupa mejoramiento”.
La instalación eléctrica fue costeada e instalada por los vecinos.
Betancourt tiene sus esperanzas puestas en la nueva hidroeléctrica estatal, un proyecto anunciado como la solución mayúscula a los problemas eléctricos de Olancho y de Honduras. Pero es difícil estimar cuándo Nueva Palestina tendrá luz. Lleva siete años en un proceso de lentísimas decisiones que tejen una historia de condicionales. Que si los vecinos tienen un estudio de electrificación de la ENEE desde 2012. Que si tuvieron nueve reuniones con Betancourt. Que si Betancourt revisó sus fondos municipales, pero como no tenía fondos pidió materiales al Fondo Social de Electrificación (Fosode), ente estatal encargado de las zonas rurales. Que si en 2019 el Fosode pidió autorización a la ENEE. Que si todo concluyó en que había otros barrios y caseríos en Patuca que tendrían prioridad.
La hidroeléctrica Patuca III podría inaugurarse en marzo de 2020.
La instalación eléctrica fue costeada e instalada por los vecinos.
Mientras tanto, el gobierno anuncia con frecuencia que la obra casi termina y que solo falta inundar las 12,000 manzanas de tierra que compró a unos 400 vecinos. Pero no sucede. Mientras el país muta de la generación eléctrica térmica a la renovable, la inmensa mayoría de contratos para proyectos hidráulicos están sin desarrollar.
La burocracia se llama Honduras.
Ocho años de promesas sin cumplir. Son unas cincuenta personas sin pancartas paradas a la orilla de un camino de terracería. Rodean silenciosas una mesa de madera, bajo la escasa sombra de dos árboles, en medio de un seco pedregal. Su presencia retrasa la inundación del lugar donde están paradas. Pero el objetivo de la protesta es precisamente su ubicación: impiden que se construya un puente que comunicará algunos caseríos cuando el embalse de Patuca III inunde la zona.
Los vecinos de Patuca llaman “espejo de agua” a los más de 54 kilómetros cuadrados que inundarán la hidroeléctrica.
El grupo está a 840 metros del río Guayambre, un afluente del Patuca, a media hora de la cabecera del municipio y a casi tres horas de Juticalpa, la cabecera de Olancho. El bloqueo es el recurso que usan contra Patuca III, el mayor proyecto hidroeléctrico estatal de los últimos treinta años. Es un método de presión, coordinado por Miguel Navarro, un exdiputado de Libre, el principal partido opositor. Todos en el grupo están a favor de la hidroeléctrica, pero todos están en contra de las promesas incumplidas. Hoy hace treinta días que iniciaron la toma, pero ya llevan ocho años de bloqueos, desde que empezaron las promesas y los incumplimientos.
En 2007, Honduras tenía solo un 57% de cobertura eléctrica. El entonces presidente Mel Zelaya se convirtió en el adalid para que Honduras dejara de depender de la importación de combustibles fósiles, para evitar las fluctuaciones de precios del mercado.
Durante el gobierno de Zelaya, el Congreso aprobó la primera ley de promoción de incentivos a la inversión en energías renovables. Así, los precios de la energía que produjeran las hidroeléctricas, eólicas o plantas solares no serían producto de la competitividad, sino de los cálculos políticos del gobierno. Empezó entonces una fiesta de los contratos: ahora mismo hay más de 190 aprobados, pero la mayoría de proyectos de generación no están en funcionamiento.
Zelaya accede a hablar en la sede de Libre, en Tegucigalpa. Como si fuera una broma, pero sin serlo, Zelaya mira a la izquierda. Dice muy serio que tiene dificultades para hablar mirando hacia la derecha. Con la camisa abierta, repantingado en un sofá, asegura que en su gobierno luchó contra el modelo económico neoliberal, y recurre varias veces al concepto “energía limpia” —muy usado por empresas renovables y partidos neocon— . Lo usa para hablar de una lenta transformación energética paralizada por el golpe de Estado que le dieron en 2009.
Originario de Olancho, afirma que no tuvo encontronazos con las poderosas familias detrás de las empresas térmicas de Honduras, cuando planteó Patuca III sobre el papel. “No tengo enemigos”, afirma el hombre que tuvo que huir por dos años de Honduras tras el golpe. Repite el concepto de “energía limpia”, pero rechaza cuando se le cuestiona por las políticas asistencialistas como la que determinó los precios de la energía. Dice que es un concepto “burgués”.
Y es que Zelaya implementó un subsidio que dejó casi sin pagar por el servicio a los usuarios que consumieran menos de 100 kW/hora al mes. Solo estuvo vigente durante su gobierno. Por esto fue señalado de aumentar la gigantesca deuda que acumula hoy la ENEE. El maltrecho estado económico de la ENEE tiene otro por qué: el gobierno paga a las generadoras por lo que producen, no por el consumo real de los usuarios. Todo y pese a que existen altas pérdidas de energía por el pésimo estado del sistema de distribución eléctrica del país, además de los robos de energía, en conjunto pueden significar el 32% de la energía que se produce. Y desde hace años la ENEE no invierte en mejorar la red, porque está en quiebra. En mayo de 2019, la empresa estatal debía casi $US 565 millones, en su gran mayoría a los generadores privados (sobre todo a los renovables), por atrasos en el pago de la compra de energía.
Ni la municipalidad ni la ENEE saben con exactitud cuántas comunidades carecen de energía en Patuca.
La ENEE no tiene dinero para invertir en centrales de generación eléctrica de ningún tipo. Por eso, en 2010, el gobierno de Porfirio Lobo pidió un préstamo al banco chino ICBC para pagar a Sinohydro, una constructora china, para la construcción de Patuca III.
El 16 de mayo de 2011, el entonces presidente Lobo puso la primera piedra de Patuca III. La estimación inicial del costo de la represa era de US$350 millones de dólares, incluido el pago por las tierras inundables. El gobierno calculó que necesitaría US$ 49 millones para pagar indemnizaciones a los cerca de 400 propietarios de parcelas -en general, cultivables- que iban a quedar inundadas por el embalse. Pero ese dinero no fue suficiente. Además, en la mayoría de los casos, no tenían títulos de propiedad y eso complicó el proceso. Acordó reubicar a los que vivieran en tierras afectadas por la represa, construir carreteras alternas y puentes. Todo en un plazo máximo de ocho meses desde el inicio del proyecto. Así consta en el acuerdo publicado en La Gaceta, el diario oficial de Honduras.
El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras emitió un durísimo informe en 2016 contra la ejecución de Patuca III. Advirtió de que los atrasos eran producto de una mala planificación, por no definir correctamente los costos de una hidroeléctrica que tenía que funcionar en 2014.
Ahora, el gobierno espera que sea en 2020. Hace tres años, duplicó el costo de su inversión inicial. Hasta 2016, Patuca III había costado ya US$531 millones en préstamos del banco que el Estado aún no ha empezado a pagar. Y aparte del agigantamiento del costo de la obra y del retraso injustificado, ya hay otro tipo de señalamientos: el año pasado, hubo una sonada denuncia por corrupción en la asignación de los contratos para construir las viviendas de los trabajadores en la construcción de la central. Recientemente la ENEE dijo que va a necesitar un nuevo préstamo de más de US$35 millones para cubrir 60 indemnizaciones pendientes. No ha finalizado los puentes ni las carreteras alternas. Hay 15 familias, que están en la ruta de los nuevos caminos, pendientes de reubicar a un lugar con agua y energía.
El gobierno anunció varias veces que va a empezar con las inundación de las tierras que compró para la hidoeléctrica. En las comunidades tienen miedo de quedarse aislados, no saben si al menos tendrán electricidad, ni mucho menos cuándo podría ser. Por todo este aparente silencio administrativo, llegaron las cincuenta personas a bloquear la construcción del puente en medio de la nada, porque esa obstrucción era la única forma que encontraron de llamar, sin éxito, la atención. Ni periodistas ni gobernantes les prestan atención.
Durante los bloqueos, los manifestantes permanecen a la orilla del camino.
La toma se coloca estratégicamente cerca de la construcción de los puentes para evitar que sigan trabajando.
Tampoco tiene idea el alcalde de Patuca cuándo Patuca III estará funcionando. Calcula un año. O dos. Betancourt cree que la hidroeléctrica dará luz al pueblo, pero nunca ha pedido a la ENEE un compromiso por escrito. Él, dice, confía en el diálogo. Más le preocupa que las parcelas que se inundarán sean las más valiosas del lugar, por estar en la ribera del río, pero así lo aceptaron los vecinos que vendieron: “Yo creo que ese proyecto ha tenido miles de problemas. Hubiera sido mejor que Honduras hubiera desarrollado otros, eólicos, con paneles solares, y producir energía barata”.
A falta de certezas, la central se ha convertido en un rosario de compromisos atrasados. En realidad, la obra física está concluida. Betancourt asegura que la gente ha sido puntualmente informada, pero le lleva la contraria y hace el mea culpa Leonardo Deras, ex viceministro de Energía y nuevo gerente de la ENEE, en su oficina de Tegucigalpa. “El problema de Patuca III fue la socialización”. Se refiere a que no se informó adecuadamente a la población.
De quienes se han instalado alrededor de la mesa para impedir la construcción del puente, la mayoría son vecinos de El Ocotillal, un remoto caserío sin electrificar, que será en parte inundado. Su protesta coincide con las manifestaciones de maestros y médicos en las principales ciudades de Honduras, que rechazan intentos de privatización en el Congreso. La protesta contra Patuca III será más noticiosa cuando acabe, tras cincuenta días.
El coordinador de la protesta, el exdiputado Miguel Navarro, está involucrado en las negociaciones con el gobierno desde 2011. Con su sombrero y sus botas de vaquero, platica como si tuviera un micrófono, pero sin tenerlo. Los que están ya saben lo que dice, pero escuchan con atención. Tiene un sinfín de documentos firmados de recibido por la ENEE en los que se plasma los compromisos asumidos e incuplidos. Siempre ha estado al frente de los bloqueos, por eso el alcalde no quiere ni mentar su nombre. Por eso también recibió tres demandas del gobierno.
Miguel Navarro fue diputado por el partido Libre en la última legislatura
Olancho es una tierra con zonas remotas que facilitan el narcotráfico. Pero dice Navarro que a nivel local nunca tuvo problemas por protestar. El exdiputado juega al estilo del cantante Juan Gabriel: lo que se ve —o se intuye—, no se pregunta. Como en buena tierra de narcos. “No negocio con nadie, me mantengo al margen de familias que son poderosas en Olancho, con respeto hacia ellos, y he tenido la suerte de que ellos han respetado mis luchas, no han sido luchas en contra de ellos”, dirá días después en Juticalpa, donde vive. En esa lucha de la que habla, elige dirigir la conversación hacia sus sospechas por obras sobrevaloradas en Patuca III. Tres gobiernos después, Navarro solo saca una conclusión: “Nosotros somos víctimas de la corrupción, porque hubiese habido dinero para solventar el pago de tierras”.
De la sequía a la especulación Honduras lleva meses y años con manifestaciones por intentos de privatización, por incumplimientos en la construcción de represas y por los racionamientos eléctricos. El país produce menos energía de la que demanda. Solo en mayo, un apagón duró una semana entera y dejó sin electricidad a unos dos millones de personas en cuatro departamentos. Aunque la central Patuca III entrase a funcionar en 2020, las soluciones no llegarán pronto. Patuca III es una apuesta estatal a largo plazo para reducir los constantes apagones de Honduras, sobre todo en Olancho y en La Ceiba, producidos no solo por la escasez de energía, sino también por los fallos en la red eléctrica y por un sinnúmero de conexiones ilegales. Pero el sobrecosto de la hidroeléctrica, los retrasos y los señalamientos de corrupción dificultan la proyección de futuro energético.
Para entender la situación, hay que hacer un salto al pasado. Históricamente, el sector eléctrico fue público. La ENEE era el generador, transmisor y distribuidor de energía. El punto de inflexión fue en 1994, cuando la generación dependía casi por completo de la hidroeléctrica estatal Francisco Morazán, conocida como El Cajón. Ese año, la sequía provocada por el fenómeno cíclico de El Niño hizo que el embalse se secara y empezaran los racionamientos de electricidad.
Hubo cortes diarios de hasta 12 horas por un período de ocho meses. Esto obligó a repensar el modelo, con una nueva Ley del Subsector Eléctrico que permitió la entrada de generadores privados, sobre todo térmicos, tras 40 años de control estatal. Era el inicio de la privatización del sector energético, pero no sirvió para acabar con los cortes de energía.
Un vecino de Patuca ilumina su casa con una linterna de baterías.
Mientras la generación privada térmica se consolidaba, la mejora de la distribución eléctrica quedaba en un segundo plano. En 2002, el gobierno desarrolló un plan por el que Honduras pasó de 47% a 68% de conexión en 10 años. Pero la normalizada visión a favor de los empresarios, en lugar de los consumidores, quedó reflejada en el plan: “Será útil tener una idea del monto de subsidio a la inversión que el gobierno podría conceder a la empresa privada para que esta esté en la posición de obtener una tasa de rentabilidad financiera aceptable”.
El problema, con el paso del tiempo, fue la dependencia del petróleo. En 2013, Honduras allanó el camino de la industria renovable frente a la ya poderosa térmica. Ese año, hubo una reforma a aquella ley de 2007 que buscaba aupar el negocio llamado limpio. Solo que los nuevos beneficios fiscales eran extraordinariamente generosos. Hoy el gobierno es crítico de este modelo que reforzó sin que sirviera para aumentar la generación. “De unos 198 contratos, han entrado en operación 14, encontramos un altísimo grado de especulación y fue precisamente por haber abierto bajo esas reglas”, dice Leonardo Deras, viceministro de Energía al momento de la entrevista.
Deras cuestiona el modelo de impulso descontrolado de las renovables, pero el Ejecutivo va a facilitar que la mayoría de proyectos de generación sí se desarrollen. Si Honduras no produce más electricidad seguirá en la crisis que inició en 1994. La apuesta personal de Deras, nuevo gerente de la ENEE, es el gas natural. Hoy, la Empresa Nacional de Energía es cuestionada por el efecto de su monopolio sobre la transmisión y distribución de electricidad sin hacer mayor presión a los productores de energía.
En Patuca, la transición de la generación térmica a la renovable es invisible. Los barrios desconectados no existen para el alcalde. No es sólo Nueva Jerusalén. A las afueras de la cabecera, Lázaro Boras, un hombre que participa en el bloqueo contra la central eléctrica ilumina sus pasos con una linterna. Vive en el barrio La Guadalupe con su mujer e hijos. Es de los pocos que protestan contra Patuca III que viven en el centro y no en un caserío. Este agricultor lleva años en la lucha junto a Miguel Navarro. Como en la suya, en La Guadalupe, no hay luz en muchas casas.
Varias cajas con bombillas para alumbrado público son almacenadas en casa de una vecina de El Ocotillal.
En este barrio que se enloda con facilidad, algunos vecinos tienen un panel solar y muchos hurtan energía de postes cercanos, y los hay que se enganchan de mutuo acuerdo a la conexión de una vecina. A otros como Boras, agricultor de 60 años, solo les queda confiar en el valor de la protesta. Aunque lo que más ilumine su vivienda esta noche de mayo sean los rayos de la tormenta. No tiene dinero ni parcela donde cultivar. Su lucha, desde 2011, es conseguir luz, carreteras y empleo para personas de Patuca en la obra de la hidroeléctrica, tal como se comprometió el presidente Lobo hace ocho años. “Somos gente pobre, necesitamos el empleo, estamos en un olvido”, dice.
En la oscuridad de su austero pasillo, el sonido de la lluvia es ensordecedor. La larga espera de este hombre no solo depende de los compromisos del gobierno, sino también de la alcaldía. Junto con el centenar de vecinos de La Guadalupe, hace años que pagaron cerca de US$ 700 para pagar el estudio de electrificación del barrio. El acuerdo fue que la municipalidad daría el dinero para el alumbrado del barrio, pero esta promesa tampoco se cumplió. Betancourt, como dicen varios de los vecinos, dice a todo que sí, pero La Guadalupe no tiene luz.
En el caserío El Ocotillal, un lugar donde las casas están pintadas de vivos colores, los postes de madera tienen tanto moho que parecen podridos. Dennis Arquín, vecino de la aldea desde que hace 22 años se trasladó desde Choluteca, muestra los materiales que los lugareños compraron con ayuda de un diputado de Libre. El político usó los fondos departamentales que asigna el Congreso para comprar parte de lo que necesitan para poner luz. Están ahí tirados desde hace tanto tiempo que los postes, instalados por los hombres de la comunidad, ya se tornaron verdes. El alcalde, que tiene una parcela para sembrar en El Ocotillal, también les dijo que les ayudaría con la electrificación.
Dennis Robert Jarquín señala la marca que indica el nivel al que llegará el agua de la inundación cuando la hidroeléctrica entre en funcionamiento.
La zona prevista para la inundación se ve desolada tras varios incendios que han arrasado en el lugar
Pero todo es cuestión de prioridades. A la gente del caserío que lidera la toma de Patuca III en este mayo de 2019 les preocupa hasta dónde va a llegar el agua con la inundación del embalse y si va a haber una carretera alterna al municipio de Catacamas. La luz, esperan, ya llegará. En la parcela que Dennis Arquín vendió a la hidroeléctrica hay una marca amarilla en un árbol alto. Está a unos 300 metros del río Patuca. Sabe que será zona inundada, pero no sabe cuándo. La suya, como tantas, es de las tierras más fértiles de la zona, como bien sabe el alcalde.
-Atención, último momento, concluye la toma que hace no días, ¡meses!, 50 días. Imagínese cómo el país retrasa su capacidad productiva. Pero, ¡gracias a Dios!, se decide entregar allá la toma del proyecto de Patuca III…
Tras cincuenta días, el bloqueo en Patuca tuvo atención mediática. Es 18 de junio de 2019. El anuncio del fin de la protesta se oye en el popular programa hondureño de televisión “Hable como habla”. El presentador entrevista a Miguel Navarro, el líder de la protesta. Están contentos, se han firmado compromisos con la ENEE. El Ocotillal va a tener luz, es uno de los nuevos acuerdos. El resto son compromisos que vienen de 2011, de La Gaceta de Honduras, de cuatro presidentes, de varios gerentes de la Empresa Eléctrica, de la confianza ciega del alcalde, que lleva 20 años en el cargo.
El gobierno plantea a la gente de los caseríos afectados buscar un futuro alternativo a la agricultura, siguiendo el ejemplo de los vecinos de la represa El Cajón, la primera de Honduras, que hoy se dedican en muchos casos a la piscicultura. La expectativa está puesta en la central Patuca III, que quizá esté en marcha en 2020. Para 2022, el objetivo gubernamental es que las renovables equivalgan al 70% de la demanda. A tres años vista, La Guadalupe, Nueva Jerusalén y El Ocotillal ilustran la falta de voluntad estatal y municipal de responder a un problema de país de sobra identificado.
El alcalde Avelino Betancourt siempre pensó que el bloqueo era una pésima idea, porque la gente eligió vender sus tierras. En un inesperado giro en esta tragicomedia eléctrica de largo recorrido, admite que cambiaría de opinión si el gobierno al final no electrifica Patuca.
-Si no tiene ningún documento de compromiso, ¿cómo haría para convencer a la ENEE?
-Por último, sí haríamos alguna acción de protesta. Pero ya con todo el pueblo, no solo un par de comunidades, sino con todo el municipio.
Ante las irregularidades del último proceso electoral, el Congreso Nacional (CN) ha planteado reformas para las próximas elecciones, estas van desde la creación de nuevos entes que regulen las próximas elecciones hasta un proceso de modernización en el Registro Nacional de las Personas (RNP), una de las instituciones más cuestionadas por la falta de un censo electoral actualizado y la poca seguridad en las tarjetas de identidad de los votantes.
Esta semana se realizarán las audiencias públicas para la elección de los entes encargados de las elecciones, aunque 97 personas se postularon para los cargos solo 45 avanzarán a la etapa de audiencias públicas. Para el Registro Nacional de las Personas (RNP) se maneja una lista de 10 postulantes de los cuales tres son los miembros de la Junta Interventora actual; para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) también 10 personas y, para el Consejo Nacional Electoral (CNE) serán 25 postulantes.
El RNP será dirigido por una comisión permanente integrada por tres comisionados propietarios y dos suplentes y la Junta Interventora creada a finales de septiembre de 2018 dejará de existir.
Para el diputado Jari Dixon del partido Libertad y Refundación (LIBRE) y miembro de la comisión multipartidaria encargada de esta elección, el nombramiento de autoridades de los órganos electorales, “es un primer paso para que la gente tenga un nivel de garantía que su voto no será robado y será contado, que se vea reflejado en el resultado final de un proceso electoral pero falta todavía más”. Dixon señala que aún se debe trabajar por la segunda vuelta y el voto electrónico.
Hasta el momento, el único avance en las reformas electorales había sido la junta interventora del RNP que “surge como un nuevo acuerdo de la clase política para trasladar lo que en el pasado era un pacto bajo la mesa en un acuerdo institucional en el Congreso para depurar y arreglar el censo electoral y emitir una nueva tarjeta de identidad” manifestó Rolando Kattán, presidente de la junta.
Uno de los cuestionamientos que más enfrenta la institución es que en el censo electoral aun hay personas fallecidas desde hace varios años en la lista de votantes, algunos sectores aseguran que esto permite que se utilicen sus votos. Otro problema que se cuestiona es qué tan segura es la tarjeta de identidad y el proceso para confirmar que la persona que vota con ella es realmente la dueña de la tarjeta.
Según el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, las reformas dentro del RNP son importantes para la seguridad nacional “nos dará la certeza que realmente quien porte la tarjeta de identidad, es quien es” mencionó.
El Sistema de Identificación Nacional se trabajará en el proyecto “Identifícate” con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de emitir un nuevo documento de identificación a las personas mayores de 16 años en el 2020, este documento dejará de conocerse como tarjeta de identidad y pasará a tener llamarse Documento de Identificación Nacional (DNI).
La primera etapa de este proceso iniciará con el proceso de enrolamiento que consiste en el registro masivo y actualización de datos. Para esto se contratarán alrededor de 3,400 personas que visitarán los barrios y colonias del país para recoger huellas dactilares, fotografías y firmas que pretende identificar a ocho millones de hondureños incluyendo a menores de entre cinco y 17 años.
“Lo que buscamos es convertir el tema de identificación nacional, poder interoperar con las demás instituciones y que el registro no sea una institución aislada y que pase a ser el centro y razón de toda la administración pública” añadió Kattán. Para la realización de este proyecto se firmó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de más de mil millones de lempiras (63,587 millones de dólares).
Rolando Kattán de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. Foto: Martín Cálix, Tegucigalpa, 29 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Este no es el primer movimiento financiero realizado para reformar al RNP, en mayo el Congreso Nacional aprobó el contrato entre la empresa estadounidense de datos Oracle, acción que fue cuestionada debido a que se hizo una compra directa en lugar de una licitación, requisito esencial que se exige en la Ley de Contratación del Estado. El contrato está valorado en 185 millones de lempiras (7,6 millones de dólares) destinados a adquirir licencias para instalar la nueva base de datos.
Este contrato fue aprobado en medio de una insurrección legislativa a finales de mayo por parte de la bancada de LIBRE que protestaba con pitos y cohetes, posteriormente la bancada de diputados liberales también denunció que no hubo quorum para realizar la sesión. Ese día además modificaron el presupuesto de seguridad para contratar más personal y aprobaron una contraparte pública de fondos adicionales por más de 3 mil millones de lempiras (46 millones de dólares) para financiar el aeropuerto de Palmerola.
De acuerdo con el presidente de la Junta Interventora, se hizo una compra directa con la empresa para evitar que el proceso de identificación entrara en un desfase debido a que se terminaba el año fiscal de la empresa Oracle y tendrían que volver a trabajar un nuevo contrato.
En aquel momento la Plataforma Social Ciudadana por Honduras remitió una carta al presidente de la compañía Oracle informándole que todo se dio en “una sesión vergonzosa, que no reunía el quórum de diputados exigido por la Constitución, en la que no contabilizaron los votos emitidos, en donde no se celebraron los debates requeridos, por lo que, como es de su conocimiento, dicho contrato es nulo y no reúne los requisitos exigidos por nuestra legislación”, no se conoce una respuesta pública de la empresa ante esta situación.
El contrato que tiene una vigencia de 3 años, señala que la empresa Oracle no pagará impuestos al Estado por los ingresos obtenidos, además queda exenta de pagar impuestos por material que ingrese al país y tampoco requerirá de permisos de operación u otros similares por parte de municipalidades del país ni inscripción en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
Mientras tanto, el panorama para las próximas elecciones es aún confuso. Hace un par de semanas se reveló en documentos públicos de la Corte de Nueva York que el presidente Juan Orlando Hernández utilizó $1.5 millones provenientes del narcotráfico para su campaña presidencial en 2013 lo que provocó una ola de protestas a favor y en contra del gobierno de Hernández.
Hasta el momento existen al menos tres movimientos que dentro del Partido Nacional se encuentran en campaña política, uno liderado por el vicepresidente y exalcalde capitalino, Ricardo Álvarez, otro por el diputado David Chávez y el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva ya oficializó su candidatura. Mientras tanto Jorge Cálix, diputado de LIBRE, es el candidato oficial del partido de oposición hasta el momento.
Sin embargo, según el diputado Dixon todavía faltan reformas para hablar de elecciones trasparentes como exigir que exista una segunda vuelta y los votos electrónicos, “hay que ver cómo se reduce el tráfico de credenciales, evitar que los alcaldes abusen de los traslados electorales, pero aún queda mucho camino por recorrer para que el pueblo diga estoy seguro de que no me van a robar el voto y que la persona que quede de presidente, diputado o alcalde sea por quien votó el pueblo” concluyó.
Llegaron todas, todos. El tiempo —escribió Einstein, en una carta a su hermana— es una ilusión. Quizá por ello, a ellas el tiempo no les interesa, no ejerce presión alguna. Entonces, decía, llegaron todas las personas que nacieron el día —ese día— que el mundo se creó.
Hasta la semana que recién pasó, Honduras registra 27 crímenes de odio en este año, apenas 3 de estos han logrado ser judicializados, estos son datos arrojados por el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTTI de la organización lésbica Cattrachas, el único observatorio que monitorea crímenes de odio en el país.
Si bien, la alegría de seguir existiendo, de anhelar que de una buena vez, la sociedad hondureña entienda —y acepte—que es diversa, que ser distintos siempre fue normal, esta alegría de continuar vivas, vivos, no deja de ser una alegría con algo de tristeza. La marcha del Orgullo no solo sirve para ser feliz, también para reivindicar la vida de quienes ya no están, arrebatadas, llevados por la violencia que gobierna y somete al país, eso es lo que se expresó en la calle el sábado 24 de agosto en las calles de la ciudad de San Pedro Sula, con su apellido de: la ciudad más violenta.
Esta galería registra distintos momentos de esta alegría que de a ratos parece desbordada, pero también registra, quiero creer, los rostros de las personas que podrían ser víctimas de la homofobia, de la lesbofobia, de la transfobia, de la intolerancia en su estado puro.
La capitana del grupo de palillonas de la Asociación Feminista Trans (AFET), Ariadne Orellana, se mantiene al frente del grupo, las demás siguen sus movimientos, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Dos jóvenes se hacen una foto durante el inicio de la Marcha del Orgullo LGBTI, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
La sensación de fiesta, de carnaval, de alegría, invadió las calles sampedranas por unas horas, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Jóvenes de la Asociación Arcoíris de la ciudad de Tegucigalpa sobre una carroza en la Marcha del Orgullo LGBTI, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Algunos jóvenes con banderas de la diversidad sexual en la 3ra Avenida de la ciudad de San Pedro Sula, durante la Marcha del Orgullo LGBTI, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Una mujer quema una bengala de humo durante la Marcha del Orgullo LGBTI, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Una niña utiliza una bandera de la diversidad sexual como capa de súper héroe, salta y se ríe, ayer tarde durante la Marcha del Orgullo LGBTI, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Mojiganagas del Movimiento de Diversidad en Resistencia, MDR, durante la Marcha del Orgullo LGBTI, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Angélica, de 41 años, pertenece a la Asociación Feminista Trans, y posa para este retrato en la 1ra Calle de San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Dos jóvenes se abrazan y juegan durante la Marcha del Orgullo LGBTI, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Una mujer camina con una niña en brazos, ayer tarde, durante la marcha del Orgullo LGBTI, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Vienna, sostiene en brazos una bandera trans, ella fue candidata a diputada por el Partido Libre, nunca logró que el Tribunal Supremo Electoral la reconociera como mujer, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.Yacser López, de la Asociación Arcoíris de Tegucigalpa, sostiene una bandera de la diversidad sexual durante la Marcha del Orgullo, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.Jóvenes de la Asociación Arcoríris al finalizar la Marcha del Orgullo LGBTI en la ciudad de San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.Una joven ondea una bandera, cuando la Marcha del Orgullo LGBTI terminaba frente al Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
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Contracorriente.
Fotografía Archivo: Martín Cálix
El sábado 17 de agosto se debió celebrar el clásico del fútbol hondureño, Olimpia versus Motagua. En su lugar, cuatro personas fallecieron y decenas más resultaron heridas por una trifulca o por la nube de gas lacrimógeno que intoxicó a centenares de personas dentro del estadio nacional Tiburcio Carías Andino de la ciudad de Tegucigalpa. Una vez más, la violencia y el caos se apoderó del evento mediático y social más importante de Honduras, el fútbol.
En las múltiples declaraciones que invaden los medios de comunicación durante y después de estos lamentables hechos, no faltan las que argumentan que estas cosas ocurren en muchos países. Si bien eso es cierto, hay dos reacciones que es inevitable expresar. La primera es que el dolor de las familias de las víctimas no será jamás superado sabiendo que en otros inimaginables países “estas cosas también pasan”. Pasó aquí, pasó ese día y cobró la vida de un ser amado, y eso hace que lo ocurrido sea excepcional para su familia, así suceda en otros países.
La segunda es que cuando estos hechos son repetitivos, como ocurre en Honduras, dejan de ser justificables al compararse con otras latitudes. No son -y nunca lo fueron- asuntos de fútbol ni de barras. Son el resultado de la negligencia.
Para entender que la negligencia causa la violencia en los eventos de fútbol en Honduras, debemos superar las explicaciones simplistas e inmediatas que buscan encontrar en los detalles, las causas de los problemas: un joven armado, un bus apedreado, un partido cancelado, barras y aficionados eufóricos y agresivos. Eso, sí ocurre en otros países y no causa repetitivamente la muerte y el caos en los estadios. Tampoco es suficiente reducir lo sucedido -o tantas veces sucedido- a conspiraciones de terroristas o mareros infiltrados con fines políticos de desestabilización.
¿De qué está hecha la mezcla que detona la violencia en los estadios de Honduras? Hay cinco particularidades que son cíclicas y que hacen de Honduras una excepción que bota cualquier comparación. La primera particularidad es que el problema es siempre atribuido a los efectos y no a las causas de la violencia generalizada en el país. No hace falta repetir que Honduras es uno de los países más violentos del mundo. A pesar de una inexplicable baja en los indicadores de homicidio, el país no deja de ser violento. Los indicadores están un poco más bajos que otros años, pero aún así, siguen estando por encima de la media latinoamericana y mundial. Por otro lado, un indicador como el de homicidios, nada informa sobre la violencia en la vida diaria, en las relaciones sociales, en la conducta y predisposición de las personas, en el miedo y en el odio.
Entonces ¿Porqué esa violencia no tendría que invadir un evento deportivo masivo, como el clásico futbolístico hondureño? Que además ocurre en un estadio vetusto que se convirtió en el ombligo de una ciudad que creció desordenadamente alrededor, no de sus paredes, sino prácticamente de la gramilla de su cancha.
La segunda particularidad es que pareciera que con olvidar lo ocurrido días o semanas atrás, las cosas serán diferentes en el partido del próximo fin de semana. La noticia sobre la muerte y el caos en el partido del sábado se olvida el lunes. Rápidamente los medios de comunicación, los cronistas y expertos en fútbol, se dedicarán a rehacer sus análisis y pronósticos sobre el resultado del encuentro postergado. Todo vuelve a esa normalidad de euforia y expectativa deportiva que alimentará la próxima venta de taquilla.
La tercera particularidad es que los clubes asegurarán a la afición, al país completo, que su equipo no los defraudará, que están más preparados que nunca, que “vamos con más ganas”. En un país en donde los hechos trágicos son el pronóstico más seguro ¿Están completamente libres de esa responsabilidad los clubes deportivos? Si no es legal la responsabilidad, será al menos moral. Esa pregunta se extiende a las empresas patrocinadoras. El argumento de responsabilidad empresarial de que se apoya al deporte nacional es el humo de una hoguera que arde con los beneficios económicos que ese patrocinio genera. Es cierto que en todos los países los clubes y empresas han hecho del fútbol un gran negocio, pero no en todos se desligan públicamente o ignoran con un silencio absoluto su responsabilidad frente al caos y violencia que acompaña sus réditos.
Cuarta particularidad. La respuesta del Estado hondureño es policía y mucho gas lacrimógeno, cuando el problema amerita un tratamiento preventivo, no de un día antes, sino del tipo de prevención que requiere una política social orientada a la transformación de conductas violentas, tanto de la población como de sus propias fuerzas de seguridad.
Cualquier policía en el mundo puede hacer un buen trabajo cuando tiene las condiciones adecuadas. La Policía Nacional de Honduras no las tiene por muchas razones. Por un lado, el hecho de que los partidos de fútbol son eventos privados en instalaciones públicas lleva a que se trate a la institución como un servicio pagado del cual solo se esperan resultados sin permitir una planificación seria desde el punto de vista de la seguridad. Se exige que haya más policías en los estadios, que tengan especialización en el manejo de eventos deportivos, que tengan más armas e incluso, que sea el Ejército el que tome el control, que se haga mejor inteligencia y que se trate el tema como terrorismo, crimen organizado o conspiraciones políticas de desestabilización. Se niega el hecho comprobado de que más policías no significa más seguridad. Al contrario -y especialmente en eventos masivos-la presencia de más policías aumenta el riesgo de confrontaciones. La combinación de armas largas y masas enardecidas solo se traduce en altas posibilidades de muchas personas muertas y, consecuentemente, violaciones a los derechos humanos. Tal como se comprueba una y otra vez, lanzar gas lacrimógeno dentro de un estadio es una violación de protocolos que cualquier academia de policía enseña en el curso básico de sus cadetes. El caos y descontrol que eso genera pone en riesgo la vida de las personas y esfuma cualquier posibilidad de controlar la situación.
La noticia sobre la muerte y el caos en el partido del sábado se olvida el lunes. Rápidamente los medios de comunicación, los cronistas y expertos en fútbol, se dedicarán a rehacer sus análisis y pronósticos sobre el resultado del encuentro postergado. Todo vuelve a esa normalidad de euforia y expectativa deportiva que alimentará la próxima venta de taquilla.
Muchos policías asignados a los estadios saben que van en condiciones desfavorables para hacer un buen trabajo. La presión que ejercen sobre ellos es política, su carrera está en juego. Otros, son cadetes recién ingresados que, atemorizados por su inexperiencia, solo pueden responder con violencia ante cualquier provocación, normal en el fútbol. Otros son unidades especializadas en control de disturbios cuya presencia es una invitación a la violencia en un país en donde, lejos de intimidar, representan la cara de una represión generalizada, el blanco de un descontento social que encuentra en la puerta del estadio el símbolo de un Estado que ha sido sistemáticamente confrontado en las calles. Los protocolos internacionales dictan que las unidades de choque, los grupos élite antidisturbios, no son para exhibir o para disuadir, son para actuar una vez que todos los mecanismos no violentos han sido agotados. No se muestran, porque su presencia es sinónimo de uso de la fuerza y eso, en un país en donde la violencia se premia, es una invitación que no se rechaza. Pensar que con una tanqueta de agua se controla una multitud enardecida en la puerta de un estadio solo puede ser resultado de la inexperiencia, del miedo o de la idea de que la represión irracional acumula méritos. El anuncio de que el Estado pegará más fuerte ante cualquier provocación es la banda sonora del autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos.
Con un poco de holgura democrática y menos expectativa de represión, la Policía podría manejar mejor la situación ya que conocen el comportamiento de la población en esos eventos, de los aficionados, de las barras. Hay muchos policías que saben que los tiempos de entrada y salida de las barras deben ser diferentes y amplios, que no se puede revolver a esos grupos, que pueden entablar diálogo con los líderes y respetar los acuerdos, que los anillos de seguridad no se instalan unas horas antes. Sin embargo, muchos acontecimientos lamentables han ocurrido porque lo planificado es cambiado a última hora, porque se presiona la salida de las barras porque hay que apagar la luz de estadio, porque no le dan condiciones favorables a los policías por las horas a las que terminan los partidos, porque cambiaron al último comisario que sí sabía cómo lidiar con la situación, porque llegó alguien que quiere demostrar que con la fuerza se logra todo, porque no aparece la persona que tiene la llave los portones, porque el lunes hay manifestación y toca otra vez salir a controlar masas con los mismos policías cansados, porque no hay gasolina, carros patrulla, suficientes policías o voluntad para prevenir la violencia en los desplazamientos de los barristas entre las ciudades los días de partido.
Una fuerza policial democrática conversa, escucha, atiende y previene; privilegia la seguridad de todos los ciudadanos por encima del rédito que genera el evento privado, sin importar si son aficionados, barristas, directivos de clubes o jugadores. No se puede esperar que la policía haga bien su trabajo si lo que se espera de ella es que los partidos de fútbol en Honduras sean eventos excepcionales de armonía social cuando el país ha estado inmerso en la violencia y la inestabilidad; que resguarden las mallas que dividen la cancha de los aficionados como si éstas fueran velos sagrados que sentencian a lapidación a quien se atreva tocarlos; que den la cara explicando lo sucedido cuando no han tenido las condiciones adecuadas para evitarlo.
Con un poco de holgura democrática y menos expectativa de represión, la Policía podría manejar mejor la situación ya que conocen el comportamiento de la población en esos eventos, de los aficionados, de las barras.
Finalmente, la quinta consideración alude a las barras. Sí, hay barras en otros países, pero un entendimiento más profundo de éstas demuestra que ellas son la expresión de la sociedad en la que existen. Las barras en Honduras han sido recurrentemente la excusa para explicar problemas sociales de forma simplista. ¿Qué las hace diferentes de otras barras en otros países?
La pasión de los miembros de las barras de Honduras por sus equipos está acompañada de la precariedad social y violencia generalizada en la que vive la mayoría de sus miembros. Son jóvenes que provienen de barrios y comunidades en donde la educación no ofrece una mejor opción de vida; jóvenes para los que el mercado laboral está cerrado, porque eso le pasa a la mayoría de jóvenes en el país. Jóvenes que encuentran en la barra una identidad de grupo, una solidaridad y compañerismo que genera unas relaciones afectivas que de alguna manera llena los vacíos que producen entornos familiares violentos. También son jóvenes que desde la infancia han tenido que aprender a sobrevivir en barrios extremadamente violentos, controlados, reprimidos, en los que saben que la vida es corta, muy corta, y que no hay futuro, solo un presente que es mejor vivirlo con intensidad. Son jóvenes como cualquier otro joven de los barrios duros de Honduras -que son casi todos- con sueños que se diluyen en un día a día marcado por la precariedad. En ese contexto, la violencia, las drogas, el alcoholismo, la violencia de género, la pobreza y el desempleo se traducen en un ímpetu que no mide riesgos, que busca defender lo único que se posee, la identidad colectiva, el color del equipo y la memoria de muchos otros, iguales que ellos, que dejaron la vida en la vorágine de un sábado como el pasado 17 de Agosto.
En las barras también se reproduce la violencia generalizada en el país. Una violencia que ha marcado a las personas desde su infancia y que no diferencia de quien la ejerce individual o colectivamente, quien la ejerce contra la mujer y los niños y niñas. Hay algo que anda muy mal en una sociedad cuando centenares de jóvenes están dispuestos a dar o quitar la vida por un color, una consigna, un nombre o una calle. La violencia que reproducen las barras no es diferente a la violencia que existe en toda la sociedad, porque las barras son la sociedad y sentenciar simplistamente eso como terrorismo es condenar a una sociedad completa, o al menos, a un buen grupo de su juventud.
Pocas personas saben -y algunas aunque lo sepan lo niegan- que las barras hacen enormes esfuerzos por planificar la seguridad en los eventos deportivos, por establecer el diálogo, por llevar la mayor cantidad de jóvenes a los escasos proyectos de prevención que incluyen a este tipo de población. Las barras en Honduras son organismos vivos que se nutren de jóvenes en busca de sentido de pertenencia, de inclusión, en una sociedad que al contrario excluye y margina. El esfuerzo de las barras ha sido transformar el que la violencia sea parte de esa identidad, sin embargo, el muro de indiferencia y estigmatización al que se enfrentan solo refuerza la tendencia a defender con agresividad lo único que se tiene, el grupo mismo.
Hay altos niveles de violencia en las barras, no por el hecho de ser barras, sino porque son barras en Honduras. Comprender esto requiere acercarse a las barras desde una perspectiva social, humana y contextualizada. La salida más fácil ha sido aplicar etiquetas que despiertan el desprecio social sobre las barras y que justifican la represión como única salida al problema. No se resuelve el problema escalando la categoría con que se les define: de antisociales a delincuentes, a criminales organizados, a terroristas ¿Qué seguirá después?
Alguien dijo (ya se sabe que no fue A. Einstein) que la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Aquí le hemos llamado negligencia. Cuando una comisión de disciplina sanciona a un equipo prohibiéndole que su afición entre al estadio durante los partidos, especialmente si hay un clásico, es negligente. Las consecuencias de ese tipo de sanciones están lejos de ser solamente jurídicas, son sociales. Ese tipo de comisiones debe ver más allá del futbol y prever las consecuencias que sus decisiones tienen sin importar sobre cuál equipo recae la sanción. No es suficiente desligarse de la responsabilidad y dejar el problema en manos, por ejemplo, de la policía. Si una sanción produce tantos problemas, sería lógico preguntar si son adecuados los criterios a partir de los cuales la comisión toma sus decisiones. La disciplina por supuesto que es necesaria y debe ser bien calculada para que sea formativa y constructiva. Si produce lo contrario, como sucedió en esta ocasión, la respuesta no debe ser tomar medidas más drásticas, sino más inteligentes, adecuadas al contexto y previsoras de las consecuencias que produce.
Es negligencia esperar que la policía contenga, vía represión, un descontento que solo tendrá un desenlace fatal. Lo es también explicarle a la población que todo es producto de “terroristas”, “pandilleros infiltrados” o “delincuentes individuales”, tal como fue comunicado por el Presidente. El problema tiene raíces profundas en una sociedad violenta que se niega a sí misma, esperando que en el próximo partido será todo diferente, aunque se haga exactamente lo mismo. No se hace nada diferente al anunciar que el problema será tratado como la conspiración de un terrorismo que intencionadamente busca fines políticos y con eso pretender reafirmar una legitimidad cuestionada. Tampoco ayuda incentivar la estigmatización al decir que se debe castigar a «barras criminales» como lo djjo un representante de la iglesia católica que, en lugar de buscar la paz, clama por un tratamiento al estilo de la inquisión del medioevo.
Desde hace tiempo no se está proponiendo algo diferente a lo que ya se ha hecho antes, es decir, se repite la respuesta de reducir el problema a una conducta violenta y desordenada de aficionados y barras que será tratado con medidas extremas de demostración de fuerza, de represión.
Esta situación amerita hacer algo diferente, entender que la violencia en un estadio es solo la punta de un iceberg social que involucra a clubes deportivos, comisiones, anunciantes, empresas de venta de boletos, policía, barras, la liga nacional y los medios de comunicación. De parte del Estado la responsabilidad es mucho más amplia: políticas de seguridad que no se centren únicamente en la demostración de fuerza sino en la comprensión social de los problemas que generan la inseguridad, la corrupción (incluida aquí aquella que puede estar vinculada al fútbol), el descontento y la violencia social generalizada.
El presidente anunció en un comunicado que “Los estadios deben ser espacios de sana convivencia entre gente civilizada, en familia, entre amigos.” Algo diferente, que evite que los hechos del 17 de agosto no se repitan, será lograr que más que los estadios, sea la sociedad, Honduras, lo que deba ser un espacio de sana convivencia entre gente civilizada, en familia, entre amigos. Lo contrario será hacer lo mismo, la negligencia.
La semana pasada Honduras revivió de nuevo la crisis constante en la que vive, esta vez el escenario de protestas en contra y a favor del gobierno de Juan Orlando Hernández se dio tras la publicación de dos artículos de la cadena estadounidense Univisión que revelaban un posible financiamiento del narcotráfico en las dos campañas presidenciales de Hernández, mientras que otro reveló el involucramiento de su familia en una red de corrupción a través de organizaciones no gubernamentales.
Estos acontecimientos mantienen una inestabilidad ante la que se plantean distintos escenarios, Contracorriente (CC) conversó con el ex presidente Manuel Zelaya (MZ) sobre la situación actual de país, los señalamientos de políticos hondureños que financiaron campañas con dinero del narcotráfico y los posibles escenarios que se podrían dar ante este contexto.
Zelaya es un personaje que pasó a la historia por ser el presidente derrocado por un golpe de Estado institucionalizado, visiblemente no militar pero bien orquestado para legitimar un sistema de corrupción que ahora sigue desgobernando el país. En el aniversario del golpe, una década después Zelaya estrena su libro Golpe 28J, donde cuenta su experiencia. Ahora, líder del único partido de oposición que quedó tras la crisis postelectoral, sigue siendo un personaje de escándalo, su partido lidera una insurrección en el Congreso Nacional —una insurrección que hoy cesó pero que puede reanudarse en cualquier momento— y desmiente en redes sociales los bulos publicados que lo vinculan con el narcotráfico. Así nos contestó en su oficina, sede del Partido LIBRE.
CC: Ante los recientes señalamientos de vínculos entre Juan Orlando Hernández y el narcotráfico y las manifestaciones de los últimos días ¿cómo analiza la situación actual? MZ: Esto es más que una crisis, es una terrible contradicción en la que está nuestro país. El primer ciudadano debe ser el cúmulo de méritos y de reconocimientos, no de desprestigio ni de rechazos. Demasiadas ilegalidades, demasiadas indicaciones en asuntos de corrupción, saqueo del Estado, Golpe de Estado militar, fraudes electorales, violación a la Constitución, a los Derechos Humanos y ahora implicaciones en el tráfico de drogas que es algo totalmente ilegal. Sumado a eso los niveles de pobreza del país, los niveles de reclamos de la empresa privada por grandes impuestos. Lo primero que debería hacer es reconocer sus errores y retirarse.
CC: ¿Cuál cree que debe ser la respuesta de las autoridades hondureñas ante estos señalamientos contra Hernández? MZ: Las autoridades del país están cooptadas por las organizaciones políticas que están dirigiendo el país, Honduras está siendo víctima de una dictadura cívico-militar, que tiene apariencia de ley, no hay autoridades en las que podamos confiar en este momento.
CC Hay un entramado de corrupción que involucra a exdiputados, diputados actuales y algunos casos se dieron durante su periodo como diputado, incluso con diputados de LIBRE acusados. En la investigación reciente de Univisión mencionan cómo filtraban dinero desde el Fondo Departamental para la compra de votos en momentos cruciales, ¿ustedes conocían de casos abiertamente? MZ: El fondo departamental es una organización presupuestaria que se creó cuando tu servidor fue jefe de Estado, presidente de la República. Es un fondo que se manejó de manera transparente. Se hacían las solicitudes en el Congreso Nacional que luego las remitía al Ministerio de Finanzas y este hacía las evaluaciones, emitía pagos y cheques, que se publicaban y se entregaban públicamente. Hasta ahí era una propuesta transparente, nunca hemos tenido ni rechazo ni reclamo por eso.
Entiendo yo que en estas administraciones ese fondo desaparece, se dice que pasó a Casa Presidencial y a través de ahí se empezó a hacer absolutamente todo ya en el gobierno del Partido Nacional. Las críticas que están haciendo es específicamente a eso, que les dieron a proyectos que no existían, que se le dieron a organizaciones que no tenían nada que ver con lo que decía la solicitud, nació Pandora que es un caso que lo lleva directamente la fiscalía del Estado con la organización de UFECIC-MACCIH. Claro que es sumamente lamentable que un fondo que podía ser un ejemplo de transparencia para ayudar a las comunidades, se convierta de esta forma en una aberración monstruosa de corrupción.
El ex presidente Zelaya junto a su hija, Xiomara Zelaya, Tegucigalpa, 9 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
CC: Dentro de las declaraciones de Hernández y otros personajes de gobierno en los últimos días, él lo ha señalado directamente a usted y a Salvador Nasralla, acusándolos de tener vínculos con el crimen organizado, ¿cuál es su respuesta a estas acusaciones? MZ: No es nuevo, a mí me señalan desde que empecé a tratar de hacer cambios en este país, desde hace 14 años. Yo llegué a la presidencia siendo partido de oposición, el gobierno quien lo dirigía era Juan Orlando, Porfirio Lobo y Ricardo Maduro, yo era de oposición y llegué luchando. En el ejercicio de la presidencia, como hice y propuse cambios, tuve serios conflictos con la élite del país, yo nunca tuve conflictos con el pueblo porque nunca usé guardaespaldas, no tenía cápsulas de seguridad blindadas incluso me iba a comer a los restaurantes como cualquier ciudadano, no tenía conflictos de ninguna manera.
Pero como toqué intereses de los grandes, especialmente de las petroleras norteamericanas y Europa, traje a Chávez y el petróleo de Venezuela entonces comenzaron los cuestionamientos especialmente de la oligarquía que maneja los medios de comunicación y de los centros de capital hegemónico que operan desde Washington que empezaron a atacarme fuertemente: a decir que tenía vinculaciones de corrupción, que se había perdido la estrategia de reducción de la pobreza, ¿se ha fijado que nunca volvieron a mencionar la estrategia?, decían que se había ido Suecia por la alta corrupción del país, que las avionetas caían como avispas en Honduras llenas de droga, algo totalmente fuera de contexto porque los radares los manejaba Estados Unidos, el espacio aéreo lo manejaba la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas.
Cuando dan la orden, que esa orden se da directamente de los círculos de poder económico de los halcones de Washington, se empieza a preparar el ambiente del Golpe de Estado y empiezan a inventar todas las mentiras y calumnias que usted pueda imaginarse. Yo en ese momento soy presidente y empiezan a decir barbaridades, no solo implicaciones en narcotráfico, quererme meter en absolutamente todo y me invaden la casa, me allanan, asaltan, secuestran y me expulsan de este país, eso sucedió hace 10 años y desde ese tiempo ellos tienen todo el poder, lo tiene Estados Unidos y yo no tengo ningún poder.
Desde ese tiempo están no solo investigando, sino que haciendo todo lo que quieran: metiéndome a juicios, embargándome la casa. Entonces esto que hacen lo han hecho siempre, no es raro, pues tratar de implicarme lo han hecho siempre.
CC: En los documentos liberados por la Corte de Nueva York también en las declaraciones del narcotraficante Don H se menciona su nombre ¿qué tiene que decir ante estos señalamientos? MZ: En algún momento sale. Ese Don H que yo no sé quién es, dijo que negaba que hubiera participado en un soborno. La Prensa sí me vinculó en un titular, pero esa es una noticia periodística. Él, un narcotraficante, a quien no tengo porqué creerle o no creerle porque es un narcotraficante, negó absolutamente eso. Ahora La Prensa aquí lo manipula.
Manuel Zelaya durante su discurso en la concha acústica del parque centr al de Tegucigalpa, explicaba que él no es narco, que no tuvo nunca nada con narcos, que no es él el señalado por la Fiscalía de Nueva York, Tegucigalpa, 9 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
CC: ¿Cree que de alguna manera el narco ya gobernaba el país desde su gobierno? ¿cómo pueden asegurar que no estaba inserto en los partidos políticos? MZ: Primero, ya han pasado 10 años ¿no cree que ya hubiera salido algo en 10 años? Nadie acusa a mi gobierno de haber creado un cartel de narcotráfico para mandar droga a los Estados Unidos, simple y sencillamente las investigaciones han continuado y más bien en este tiempo el Departamento de Estado norteamericano todos los años publica un informe, los años que publicó informes 2006, 2007, 2008 que son los años que me tocó gobernar, todos tienen altísimos reconocimientos para el gobierno del Poder Ciudadano. Le invito a que lea el último informe, el de 2010 cuando ya me había sacado, que dice a partir del Golpe de Estado de la salida del presidente Zelaya Honduras se convirtió en un paraíso de la droga y además los narcotraficantes encontraron su mejor lugar para vivir después del Golpe de Estado.
CC: ¿Por qué cree eso? MZ: Yo tengo mis explicaciones: los militares tomaron el poder y manejaban los retenes, manejaban los departamentos, absolutamente todo. Entonces había una razón, el control era tan estricto que era mucho más fácil el traspaso de la droga, eso es lo que puedo decir.
CC: En aquel tiempo ¿cómo eran las negociaciones para financiamiento de las campañas políticas? ¿Cómo garantizaban que el dinero no viniera del crimen? MZ: Yo tengo una carrera política que duró 25 años para poder llegar a la presidencia, en 25 años, ¿creen que no lo investigan para llegar a diputado, a ministro, primero a precandidato, luego a candidato? Yo perdí las elecciones una vez y después volví a participar y gané. Mi vida es totalmente pública y no tengo nada que ocultar de mi vida política, en la privada, en mi vida de negocio, de empresario.
¿Usted cree que no me han investigado en este tiempo? Además, tengo procesos y demandas. Nosotros no tenemos ningún temor absolutamente a nada, que tenemos adversarios y enemigos que utilizan medios como el de ustedes para atacarme es cierto, ellos son el poder, tienen dinero, pueden pagar páginas, comprar periodistas.
Yo no tengo ningún periodista a sueldo como ellos y el gobierno como me considera enemigo del sistema usa todos los sistemas para atacarme, con alguna rara ocasión un periodista se atreve a decir «mire, es injusto lo que está diciendo, es una manipulación», como muchas de las preguntas que usted me ha hecho son manipuladas.
CC: Entonces, ¿cómo cree que entra el financiamiento del narcotráfico a las campañas políticas? MZ: Esa pregunta es sumamente importante y por eso doy la entrevista, a mí me interesa aclarar las cosas. Primero, el narcotráfico siempre ha existido, pero en Estados Unidos el consumo cada vez es mayor entonces la producción de cocaína en Colombia cada vez es mayor. En Estados Unidos hay 60 millones de consumidores y pasan por Honduras 100 millones de toneladas por aire, por tierra, por mar según dicen los informes del Departamento de Estado. Ahora, quien se quiera meter en eso es problema de él: lo van a matar, lo van a implicar, es parte de una sociedad oscura que vive al par de la sociedad honesta, eso no lo pueden desconocer.
Nadie nos ha acusado de tener un cartel de narcotráfico como están acusando al gobierno actual, las críticas que hay es eso es el financiamiento de campañas. Por ejemplo, un partido político normalmente tiene un promedio de 3 mil personas de departamento que se multiplican por el número de corrientes, LIBRE ahora presentó 10 corrientes con 2 mil personas cada una, es decir 20 mil personas, ¿cómo vas a controlar como líder político lo que hacen 2 mil personas en el país?
¿Qué hicimos nosotros? Ya en este periodo se creó una Ley de Fiscalización de Partidos Políticos y de candidatos que ahora tienen que llevar las cuentas de cada uno de los candidatos y de cada una de las personas, esa ley tienen que investigar a cada una de las personas pero un candidato no puede hacerlo, no podes verificar que hacen las personas de tu planilla y cada quien es responsable de sus actos, yo lo he dicho: no soy narco, no tengo negocios con narco y por tanto no tengo porque darme por aludido cuando están hablando estos temas y tampoco voy a asumir responsabilidades de otras personas.
La DEA sabe exactamente qué es lo que ha pasado en Honduras estos años, ese caso de Tony Hernández dice que desde 2004 que yo estaba en campaña política, ¿quién era el secretario del Congreso Nacional? Juan Orlando ¿Quién era el presidente del CN? Porfirio Lobo ¿el de la República? Ricardo Maduro, desde 2004 lo estaban investigando, ya sabían que estaba metido y que era parte del engranaje, yo estaba en campaña política en oposición a ellos.
A nosotros no nos están acusando de crear un cartel ni de tener organizaciones narcotraficantes, podrán decir lo que dicen en asuntos que cada uno tiene que responder en sus pueblos, eso es lo que podría decir al respecto.
CC: El artículo publicado en Univisión recientemente dice en el último párrafo que de ser ciertas las declaraciones de los narcotraficantes, al menos los últimos tres presidentes habrían recibido financiamiento, queda un poco ambiguo porque en realidad hemos tenido cuatro presidentes al menos MZ: Es importantísimo ver fechas porque el presidente actual, yo considero que no es, pero está ejerciendo el cargo, se llama Juan Orlando Hernández, el anterior fue él mismo y ahí ya llevamos dos presidentes, el anterior es Porfirio Lobo Sosa, el anterior período, de facto también, es Roberto Micheletti Baín y el anterior es el de tu servidor que no me dejaron estar y me sacaron con un Golpe de Estado.
Entonces si dices tres presidentes en este caso soy el quinto y no tengo problema que me investiguen, me han investigado, yo creo que la persona más investigada después de William Assange (se refiere a Julian Assange de Wiki Leaks) es Mel Zelaya en Honduras.
CC: Después de las irregularidades en el último proceso electoral, ¿ustedes confían en la institucionalidad, creen que las reformas harían algún cambio? MZ: La confianza se pierde por las conductas de las personas, la clase política hondureña responde a los intereses de la clase económica, la clase dominante de Honduras que es de origen extranjero tiene gran parte de sus intereses en Estados Unidos por eso para la clase dominante de Honduras que maneja a la clase política lo que dice Estados Unidos es sacramento, aunque sea en contra de Honduras, ¿quién ha protegido la dictadura de Juan Orlando? Estados Unidos, ¿quién le ha dado aval para golpes de Estado, para fraudes, para incluso saqueo de instituciones? Estados Unidos calla cuando aquí hay violaciones a los derechos humanos sin embargo señala a cualquier otro país menos a Honduras, entonces ellos son lo que los tienen ahí y las Fuerzas Armadas.
La clase dominante de Honduras es una clase que no tiene patriotismo, no tienen identidad, no quieren a su país. La mayor parte de sus recursos los tienen en Estados Unidos, por eso Estados Unidos manda aquí, ellos han tenido esta dictadura 10 años desde el Golpe de Estado y ahora viene un fiscal y lo señalan que han organizado un cartel entonces.
El mejor aliado de ellos ahora lo señala, pero no lo señalan como un explotador que ha privatizado el costo de la luz, el de los combustibles, de la carretera, del transporte, eso no le importa a Estados Unidos, no le importa que aquí haya 70% de niveles de pobreza, pero si le importa porque es un acto ilegal para ellos que esté metiendo droga a los Estados Unidos pero ¿por el saqueo del Seguro Social y por el saqueo a las instituciones, por el caso Pandora? No hay específicamente un interés por los derechos humanos, por la muerte de Berta Cáceres o por las más de 350 personas que han sido asesinadas aquí militantes de LIBRE en 10 años y que no hay un solo caso, una denuncia. A mí me sacaron a balazos como perro de aquí y no hay un militar denunciado porque no aceptan las denuncias en la fiscalía.
Entonces, ¿cómo resolver esta situación? LIBRE plantea una refundación nacional, una nueva Constitución de la República, un nuevo diálogo nacional para crear una nueva clase política que se haga respetar con patriotismo e independencia y no una clase apátrida que vende todo a los intereses de los extranjeros y además corroída gravemente como lo dicen las denuncias que se plantean, eso no lo queremos. Queremos democracia en Honduras, estamos luchando por reformas electorales hace diez años, por elecciones trasparentes, pero cuando un político habla de elecciones dicen que lo que está buscando son chambas porque la clase dominante sabe que el día que haya soberanía y elecciones limpias dejan ellos de mandar para que mande el pueblo. Honduras tiene que cambiar y para eso necesita una nueva constitución.
Luego de una movilización masiva que terminó en un mitin político y concierto, Manuel Zelaya, acompañado de su hija, Xiomara Zelaya, habló durante al menos media hora para sus seguidores, Tegucigalpa 9 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
CC. El llamado a las calles ahora tiene claramente dos líderes, Libre y la Plataforma entre estos dos podría salir un candidato en caso de tener un gobierno de transición o elecciones adelantadas, ¿qué escenario visualiza en este caso? MZ: Bueno, ya esa es labor de Walter Mercado porque es de agarrar una chibolita y ver que va a pasar, yo te hablo de lo que está pasando hoy, lo que pasará mañana solo Dios sabe.
CC: La pregunta va en el marco del escenario político actual ¿Cuáles serían las perspectivas de cara a un posible adelanto de elecciones o si eso es siquiera posible? MZ: Lo que estamos pidiendo es que salga la dictadura para poder hacer elecciones, ya nos ha tocado dos veces, ¿por qué nosotros no podemos adelantar lo que va a pasar? Porque dependerá de las decisiones que se tomen hoy, supone que la dictadura salga, así como lo demanda el pueblo, no sería correcto que viniera otra o que viniera otra peor. Los problemas de la civilización se van a resolver preguntándole a la gente, este es uno de los pocos países del mundo que se niega a la consulta.
Entonces, ¿qué viene si cae la dictadura? Si dejan que Estados Unidos tome la decisión viene otra dictadura, si dejan que la clase dominante de Honduras vende patria que vive en Miami, vendrá una dictadura más represiva.
CC: ¿Y si se hace lo que dice la constitución quién sería el sucesor legalmente? MZ: Según la constitución de la República un presidente, en este caso hablamos de un presidente de facto, solo puede salir porque se terminó su período, porque le metieron una demanda, lo acusaron, está incriminado, está condenado y debe de salir porque la Corte le quitó su categoría de ciudadano o porque el Congreso considera que ha perdido el juicio y le hacen un juicio político, lo botan y tiene que salir, esas son las formas constitucionales.
Siguiendo la constitución lo sucede un designado, si los designados renuncian lo sucede el presidente del Congreso Nacional y sino el de la Corte, entonces, ¿quién maneja la Corte, la directiva del Congreso, la Fiscalía, los militares? Juan Orlando, aliado de Estados Unidos, ¿de qué institucionalidad hablamos? Todo está cooptado por una tiranía, nosotros confiamos en el soberano que debe hacer los cambios en él, en sus manos está el futuro.
El pueblo debe identificar sus objetivos, luego trazar una meta para alcanzarlos: queremos democracia, elecciones libres y que el pueblo sea consultado de las cosas importantes, un presidente no puede tomar decisiones en cosas sustanciales de la vida del hondureño.
El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, necesitó en esencia de su contrincante, Sandra Torres, para poder ser electo. Tras 20 años de intentarlo, una serie de contratiempos electorales lo hizo ascender y lograr esquivar a otros candidatos. Ha sido elegido administrador de Guatemala.
Alejandro Giammattei Falla, el presidente electo de Guatemala, parece que ha estado ahí desde siempre. Una sombra electoral, aparentemente anodina, a la que le han acompañado resultados poco relevantes. Su apellido es sinónimo de elecciones: lo ha intentado demasiadas veces. Desde hace 20 años, su nombre y su rostro han aparecido en las boletas electorales cada cuatro años: dos veces postulado como alcalde de la ciudad de Guatemala (1999 y 2003), y cuatro como candidato a la presidencia (2007-2011-2015 y 2019).
Es casi parte de un imaginario colectivo. Regresa siempre adoptado por un partido diferente. Y esta última vez, obstinado, por fin lo ha conseguido con un partido creado alrededor de su figura. Circunstancialmente lo ha conseguido. Más de una década después de su paso como director del Sistema Penitenciario es recordado sobre todo por ser acusado de ejecuciones de reos de las cuales fue absuelto.
Ha sido electo presidente no por la simpatía o la estructura del partido que representa (VAMOS, la sexta organización en su carrera con apenas tres años de formación), tampoco por su propuesta política, y quizás su personalidad no haya sido un aspecto determinante.
El contexto, su historia, la no inscripción de dos candidatas importantes (Zury Ríos del partido Valor con prohibición constitucional por ser hija del dictador Efraín Ríos Montt, y Thelma Aldana la ex fiscal general postulada por Semilla que no obtuvo su finiquito), aunado al antivoto y pragmatismo de la derecha conservadora de Guatemala, configuraron el camino de Giammattei en busca de la presidencia.
El exjefe de las prisiones que más tarde fue uno de los primeros residentes de la cárcel militar, Mariscal Zavala, hoy centro de detención de numerosos integrantes de la clase política, triunfó luego de un intrincado proceso de eliminación de contrincantes.
“Mire lo que me han hecho en todo este tiempo. Me han acusado injustamente en los tribunales. He estado en la cárcel durante 10 meses. He tenido que estar en un Hospital. Ha sido una lucha constante de 12 años”, decía ya como presidente electo, caminando ataviado con sus muletas, un Giammattei rodeado de un enjambre de cámaras y micrófonos, en busca de la entrada al centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) donde le esperaban los últimos resultados de la segunda ronda para la elección de presidente de Guatemala.
A esa hora, cerca de las 10 de la noche, con el 95 por ciento de mesas electorales contabilizadas, las pantallas de resultados le otorgaban 1 millón 857 mil votos a favor, más de 17 puntos porcentuales por encima de su contrincante, Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que intentaba la presidencia por segunda ocasión. El abstencionismo, con un padrón de casi 8 millones de personas, fue cercano a los 5 millones de votantes.
Giammattei, durante todo el día, lanzó frases al aire como candidato. “No seré un mandatario, sino un servidor para el pueblo”, y entonces avanzaba entre los periodistas, de una conferencia de prensa a otra. “Hay que bajar las banderas e ideologías y centrarnos únicamente en la lucha de una Guatemala diferente”, decía, intentando no tropezar. “Acabaremos con la corrupción”, repetía.
Si se le cuestionaba sobre “la suerte” de haber llegado a la segunda vuelta electoral como candidato, se enfocaba en responder que se debía a largos años de lucha, de insistir e insistir, de tener una actitud perseverante. De lograr tener una cuarta oportunidad para ir por la presidencia.
El presidente electo, Alejandro Giammattei, emite su voto en el Liceo Guatemala. Foto: Dafne Pérez.
Giammattei en su circunstancia
“Giammattei no debería haber llegado hasta acá”, dice el sociólogo y analista político Gustavo Berganza, “es producto de una serie de eventos que le beneficiaron”. Como candidato le antecede una historia de pérdida, de acusaciones y también redenciones. De poco caudal electoral. De representar una fuerza conservadora, capaz de unirse ante la elaboración de enemigos en común cuando lo piensan necesario. En este caso en concreto necesitó de su contrincante. Quién era… y la forma en que el electorado entendió el escenario de las elecciones. Y entonces decidir.
Sin Sandra Torres, Giammattei nunca hubiera alcanzado el poder.
El analista José Carlos Sanabria intuye que Guatemala vive una paradoja dentro del seno de su sistema de partidos políticos. “¿Cómo es posible entender que la mejor estructura partidaria que hemos tenido en los últimos años, la UNE, pierda la presidencia?”, pregunta. Un partido, en efecto, con 106 alcaldes electos de 340 municipios. Un partido con 52 diputados para el nuevo Congreso de la República de Guatemala. Un partido así debería tener suficiente control territorial para elegir un presidente.
Pero no. La UNE no creció. Tras las últimas elecciones presidenciales, su intención de voto se mantuvo dentro de una cifra similar. Cuando Sandra Torres se lanzó como candidata a la presidencia por primera vez en 2015, obtuvo un segundo lugar contra Jimmy Morales al recibir 1 millón 261 mil 607 votos.
En 2011, cuando Torres no pudo participar por la presidencia debido a que la Corte de Constitucionalidad la consideró como familiar del entonces presidente Álvaro Colom, pese a divorciarse meses antes del mandatario, y por tanto con prohibición constitucional, ella apeló ante los magistrados indicando que “1 millón 300 mil votos exigían que fuera candidata”. Esa cifra, tan específica, correspondía al número de personas beneficiadas por los programas sociales que ella implementó cuando fue primera dama durante el gobierno de la UNE (2008-2012).
Y es casi el mismo número con el que vuelve a perder. Esta vez contra Giammattei.
“No hay más”, dice Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). “Ese es el caudal máximo de la UNE. Su falla ha sido la de buscar alianzas en busca de aparentar lo que no es. Intentar incorporar grandes empresarios dentro de sus filas. Y obviar alianzas con partidos de izquierda. Porque en esencia, el voto urbano, ha estigmatizado a la UNE como un partido social demócrata, y a Sandra Torres la ven como socialista”, añade.
Y otro factor, como describe Sanabria, radica en la articulación de una derecha conservadora. Una derecha que se articula pragmáticamente. “Que es un caudal que en la primera vuelta estaba dividido. Que fue un voto repartido entre varios partidos como Humanista, CREO, PAN-Podemos, VIVA… Y que en segunda vuelta se articuló en VAMOS”. Y Giammattei resultó ganador.
La candidata Sandra Torres, de la UNE, emite su voto en la segunda vuelta electoral 2019. Foto Josué Decavele.
Otro acontecimiento, fue la salida de algunas candidaturas que estaban estadísticamente encima de Alejandro Giammattei. Según los expertos, el presidente electo estaba destinado a repetir su historia otra vez. Es decir, perder. Quedar en las sombras de las elecciones. Pero algo sucedió.
Berganza dice que “en un proceso normal, sin judicialización de la política, el panorama hubiera sido distinto”. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, decidió invalidar las inscripciones de la ex fiscal General Thelma Aldana, por el partido Semilla, y Zury Rios, por Valor, ambas candidatas a la presidencia en el proceso electoral de 2019. “Con ellas fuera de la contienda, quizá de forma natural, quizás por sus múltiples intentos de buscar el poder y estar presente en el electorado, el que ascendió fue Alejandro Giammattei”, dice Berganza.
El triunfo de VAMOS deja una sensación de resabio artificial.
Un electorado que, sin más opción, buscó entre las propuestas y decidió que un doctor, de 63 años, con cierta cercanía laboral al ex presidente fallecido Álvaro Arzú, que trabajó en la municipalidad de Guatemala a cargo de la Empresa de Agua (EMPAGUA), que fue jefe de microcréditos en el desaparecido Bancafé, que estuvo acusado de ejecuciones extrajudiciales como jefe de presidios durante el gobierno de la GANA (2004-2008), absuelto después de 10 meses en prisión, y candidato permanente durante 20 años, podía ser presidente de Guatemala.
El retorno de antiguos poderes
A cada paso de la jornada de la segunda vuelta electoral, a Giammattei le acompañaron dos de sus hombres de confianza: El ex candidato a alcalde de VAMOS, Pedro Brolo Vila, anunciado como el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores a partir de enero de 2020; y el vicepresidente electo Guillermo Castillo Reyes, un abogado originario de Huehuetenango, ex directivo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que fue Viceministro de Trabajo durante el mismo gobierno de la GANA que contrató a Giammattei como responsable de las cárceles del país. En ellos ha recaído, como informan fuentes del partido, la coordinación de la transición de mandato, que durará cerca de cinco meses.
Es decir, según los analistas consultados, es el regreso de algunas estructuras políticas relacionadas al ex presidente Berger.
Y según una investigación de elPeriódico, se trata del retorno a ciertas organizaciones y fraternidades que se encargaban de la Seguridad del Estado: “Cercanos al candidato se encuentran varios militares en situación de retiro, entre ellos los hermanos Dedet Casprowitz, uno de ellos es Camilo, quien trabajó como asesor del Ministerio de Gobernación con los gobiernos de Otto Pérez y Jimmy Morales”.
Camilo Dedet fue electo diputado al Parlamento Centroamericano en la casilla uno el pasado 16 de junio de 2019.
Roy Stuardo, otro de los hermanos, como continúa la investigación de elPeriódico, “fungió como encargado de compras del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Álvaro Arzú, y también fue jefe del departamento administrativo (G-4) del Estado Mayor Presidencial del ex presidente Alfonso Portillo”.
Roy Dedet, como señalan algunas fuentes dentro de VAMOS, es parte del equipo de campaña de Giammattei.
Dentro de las candidaturas de VAMOS, para la segunda casilla del listado de distrito central, también figuró Luis Enrique Ortega Arana, hijo del general Francisco Ortega Menaldo, ex jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Arzú (1996-2000).
La candidata Sandra Torres, de la UNE, emite su voto en la segunda vuelta electoral 2019. Foto Josué Decavele.
Transitar entre presidentes
Giammattei, en su romería por distintos medios de comunicación dentro del centro de cómputo del TSE este domingo 11 de agosto, anunció que el traspaso de poder no será algo improvisado. “Nos interesa hablar con el presidente Jimmy Morales. Nos interesa ver qué ha hecho, y si hay que mejorar algunos proyectos o en definitiva cambiarlos desde cero”, explicaba en una entrevista a Guatevisión.
El vicepresidente electo, Castillo Reyes, cuestionado sobre cómo lograr la transición de gobierno, hablaba de entablar diálogos con el actual pleno de diputados en Congreso de la República. “Abandonar las diferencias y buscar la aprobación de un adecuado presupuesto”, decía.
–¿Significa hablar con la bancada de oposición, la UNE?
–Sí. No hay que ver enemigos, sino aliados.
–¿Y es posible llevarlo a cabo si VAMOS todavía no tiene un solo diputado?
–En la transición tendremos tiempo, tiempo de hablar con ellos– indicaba brevemente el vicepresidente electo.
El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 corresponde a un monto de Q 87 mil 715 millones. El Ejecutivo de Jimmy Morales debe enviar una propuesta presupuestaria para el año 2020 a principios de septiembre. Y el Congreso tendrá hasta noviembre de este año para discutirlo y aprobarlo. Es decir, dos meses antes de que asuma el nuevo gobierno de Alejandro Giammattei, además de la dificultad de no contar con diputados para negociar un adecuado presupuesto.
El gobierno de VAMOS podría tener un primer año complicado de quedar desfinanciado para lo que propone.
El plan de gobierno de VAMOS es un libro de 222 páginas que algunos miembros del partido cargan bajo el brazo, a manera de predicadores. No obstante, Giammattei no suele mencionarlo demasiado. Se llama Plan Nacional de Innovación y Desarrollo 2020 -2023 y se fundamenta en cinco pilares: 1) Economía, competitividad y prosperidad. 2) Desarrollo Social. 3) Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo. 4) Estado Transparente y Responsable. Y 5) Relaciones con el mundo. El partido VAMOS habla de inversión en Pymes, resolver la conflictividad social en torno a megaproyectos, mantener diálogos con los pueblos originarios, y buscar formas de analizar las migraciones.
El problema es poder ponerlo en marcha. Y cómo.
En la agenda política del Congreso, además, se encuentra la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, una decisión que recae en última instancia en el Legislativo y que requerirá una negociación política previa a la toma de posesión de VAMOS. Una debate en donde el perdedor partido UNE aún tiene un peso importante con la segunda bancada del Congreso y donde la oficialista de FCN-Nación tiene muchos intereses y nada que perder frente a la ciudadanía.
“No vamos a fallar. No podemos fallar”, repetía Giammattei en cada oportunidad ante sus simpatizantes. Así durante todo el día.
La gente lo observaba. Había aplausos. Felicitaciones. Luces de cámaras. Selfies, Saludos. Abrazos, besos y manos estrechadas. (También los reporteros, asfixiando) Cada vez que Giammattei daba un paso, ocurría lo mismo. Y de vez en cuando, entre los saludos y la algarabía, era inevitable que alguno de los ciudadanos exclamara: “Voté por usted, pero no nos falle”. Y en ello se debatía su circunstancia.
Un grupo de líderes evangélicos fundamentalistas vinculados a la Casa Blanca han extendido sus ministerios a varios países latinoamericanos y han establecido relaciones con cuestionados presidentes tales como Daniel Ortega en Nicaragua, Jimmy Morales en Guatemala y Juan Orlando Hernández en Honduras. Columbia Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y 15 medios de investigación también documentaron cómo estos líderes han influenciado mandatarios y políticas frente a Israel en varios países de la región.
Una tormenta de críticas contra el presidente Donald Trump por su política de separar a familias migrantes en la frontera estaba en su pico más alto cuando el presidente del segundo país que expulsa más migrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos, el hondureño Juan Orlando Hernández, fue recibido como aliado estratégico en la Casa Blanca, en junio del año pasado.
Los comunicados oficiales de esa visita documentaron reuniones con el vicepresidente estadounidense Mike Pence y con el secretario de Estado, Mike Pompeo, en las que discutieron, una y otra vez, la crisis migratoria y la situación de los hondureños indocumentados.
Ninguno de los recuentos oficiales ventiló las conversaciones paralelas que Pence, Pompeo y un pequeño grupo de líderes evangélicos fundamentalistas tenían coordinadas para Hernández, y que pretendían persuadirlo de tomar decisiones de Estado basadas en sus interpretaciones literales de la Biblia.
Por un lado, Pence y Pompeo -ambos cristianos evangélicos- aprovecharon la visita oficial para convencer a Hernández de instaurar, en Honduras, los estudios bíblicos liderados por Capitol Ministries, una organización religiosa que los dos altos funcionarios del gobierno Trump patrocinan desde la Casa Blanca y que se dedica a evangelizar a “líderes políticos del mundo” con el fin de que legislen según sus principios bíblicos.
La efectividad de esa influencia se destaca en un comunicado que el mismo Capitol Ministries publicó cuando su fundador Ralph Kim Drollinger inauguró los estudios bíblicos en el Congreso de Honduras junto con Hernández, cinco meses después de la visita del presidente hondureño a Washington (Ver nota de Honduras publicado por Contracorriente). Otro documento de Capital Ministries confirma que ambos miembros del gabinete estadounidense le “sugirieron al presidente Hernández que iniciara un ministerio como el que ambos atienden todas las semanas y el Presidente Hernández tomó en serio la sugerencia”.
El presidente de Honduras, su esposa Ana García Carías, Danielle Drollinger y su esposo el pastor del gabinete de Trump, Ralph Drollinger, durante la inauguración del ministerio de Capitol Ministries en noviembre, en Honduras.
Drollinger, mentor espiritual de Pence y Pompeo, lidera los estudios bíblicos en la Casa Blanca desde que el vicepresidente Pence lo invitó a instalarse allí, a inicios de la administración de Donald Trump.
Durante la misma visita a Washington el presidente Hernández también se reunió con cinco influyentes líderes evangélicos estadounidenses que forman parte de la Oficina de la Fe y la Oportunidad de la Casa Blanca (OFCB). El propósito de la reunión era persuadir al presidente hondureño de que cambiara la embajada de su país de la capital israelí de Tel Aviv a Jerusalén, disputado como el centro de la vida religiosa en Israel. Ese propósito, que incluía reconocer a Jerusalén como el centro de gobierno de Israel, fue confirmado por el organizador de la reunión Mario Bramnick en entrevista con Columbia Journalism Investigations (CJI).
Mario Bramnick es un pastor estadounidense de origen cubano y fundador de Latino Coalition for Israel (LCI), una organización cristiana sionista, con sede en Miami, que moviliza a líderes políticos y religiosos latinoamericanos para apoyar el reconocimiento de Jerusalén como el centro de la actividad política y religiosa de Israel.
Desde 1947, las Naciones Unidas ha emitido numerosas resoluciones, adoptadas por la mayoría de los países del mundo, que reconocen el estatus internacional de la ciudad de Jerusalén y la necesidad de crear dos estados separados para israelíes y palestinos, quienes mantienen un conflicto por el control del territorio. Por eso, todos los países del mundo tenían sus embajadas ante Israel en Tel Aviv, una tradición que duró hasta que Trump pasó la sede de Estados Unidos a Jerusalén, en mayo del 2018.
La reubicación de la embajada estadounidense había sido una promesa de campaña que Trump les hizo a los líderes evangélicos ya en su campaña presidencial de 2016, según Bramnick. “El presidente Trump nos lo prometió y lo cumplió”, dijo.
El pastor asegura que durante la campaña trabajó directamente con el enviado de la Casa Blanca para el Medio Oriente, Jason Greenblatt, y el actual embajador de Estados Unidos ante Israel, David Freedman, para definir la política exterior estadounidense frente a Israel. “Desde que los nombraron, yo me reuní con ellos y empezamos a trabajar el tema de la plataforma republicana para Israel”, dijo.
Para los líderes evangélicos, afirma Bramnick, el trabajo que realizan está inspirado en principios espirituales. “Lidiamos con gobiernos al punto de que el mundo lo ve como si estamos controlando la política, pero para nosotros es espiritual, no político. La Biblia dice que el que bendiga a Israel será bendecido y el que maldiga a Israel será maldecido, y nosotros leemos la Biblia literalmente. La Biblia dice que Jerusalén es la capital eterna de Israel y que Dios le dio esa tierra a Abraham, Isaac y Jacob”, agregó.
Los encuentros de los religiosos rindieron frutos. En marzo el presidente Juan Orlando Hernández anunció el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y el traslado de su oficina comercial a esa ciudad.
Bramnick y los cuatro líderes evangélicos que participaron en la reunión con Hernández son miembros de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca, un despacho creado por Donald Trump mediante un decreto ejecutivo de mayo del año pasado.
En mayo del año pasado, Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que oficializó la creación de la Oficina de la Fe y de la Oportunidad.
“El presidente firmó una orden ejecutiva para establecer una Oficina de la Fe en la Casa Blanca donde invitan a líderes de fe nacionales para que participen en diferentes eventos como cenas, reuniones, oraciones y briefings con el presidente Trump o el vicepresidente Pence, según los temas”, explicó el pastor.
El pastor insistió en que el encuentro con el presidente hondureño lo organizó en su capacidad de presidente de Latino Coalition for Israel y no en nombre de la Casa Blanca, pero el día de la reunión publicó una foto con el presidente Hernández, en su perfil de Facebook, en la que identificó a la delegación que lideraba como de la Casa Blanca (Bramnick borró el texto de su publicación en Facebook después de la entrevista con CJI, pero CJI guardó una copia de su versión original).
El 16 de mayo de 2018, 55 palestinos murieron en las protestas en Gaza, mientras que la hija y el yerno de Trump, Ivanka Trump y Jared Kushner, lideraban la acelerada inauguración de la sede diplomática estadounidense en Jerusalén. Los acompañaban el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, líderes de la Oficina de la Fe y de la Oportunidad de la Casa Blanca y sus esposas.
Desde la creación de la Oficina de la Fe en la Casa Blanca, Trump y los líderes evangélicos han mantenido la iniciativa en un perfil muy bajo y se han negado a responder consultas de la prensa y organizaciones civiles sobre su operación, presupuesto y nombramientos.
Esta investigación colaborativa revisó publicaciones en redes sociales, vídeos y boletines informativos de los líderes que integraban el comité asesor evangélico de Donald Trump durante su campaña electoral y de sus organizaciones. Al menos 18 de ellos, todos evangélicos, se han identificado a sí mismos como miembros de la Oficina de la Fe y la Oportunidad de la Casa Blanca desde mayo pasado durante múltiples eventos públicos en diferentes partes del mundo. El evangelismo representa solo a una minoría entre el abanico de creencias que se practican en Estados Unidos y que la primera enmienda de la Constitución defiende.
El grupo representa distintas corrientes dentro de la comunidad evangélica, aunque algunos de sus miembros pertenecen a más de una de ellas. Unos predican la “teología de la prosperidad”, que ve el crecimiento económico y el buen estado de salud como bendiciones que Dios otorga si el creyente se comporta de acuerdo a las normas y paga el diezmo. Otros son evangélicos sionistas que creen en las profecías apocalípticas del retorno de Jesús a la Tierra en Israel; y un tercer grupo representa a líderes de la Convención Bautista del Sur, que aglutina a más de 50.000 iglesias bautistas en Estados Unidos. Esa congregación se opone firmemente al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Capitol Ministries, la Oficina de la Fe de la Casa Blanca y otros influyentes líderes evangélicos estadounidenses, de acuerdo con los católicos más conservadores, han cultivado estrechas alianzas con líderes políticos en países con grandes poblaciones de la fe evangélica, como Guatemala, Honduras y Brasil. Esas alianzas se extienden a políticos locales que han logrado conquistar significativas cuotas de poder y de influencia política en sus países.
Para entender esas alianzas y sus efectos, Columbia Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y 15 medios latinoamericanos, investigaron las actividades del grupo de líderes y cómo han conseguido un respaldo particularmente fuerte de organizaciones evangélicas vinculadas a la administración Trump para promover legislación y políticas fundamentalistas cristianas en los más altos círculos de poder político en Latinoamérica.
«Él [Trump] es el presidente más –según mucha gente ha dicho– más amigo de la fe que han conocido en su vida”, dijo Paula White, la consejera espiritual personal de Trump y líder de la Oficina de la Fe y Oportunidad de la Casa Blanca al Christian Broadcasting Network durante la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén.
Los líderes evangélicos comprometieron su apoyo político a Trump desde el inicio de la campaña presidencial del 2016, a cambio de promesas de favores políticos como nombramientos de jueces conservadores en la Corte Suprema de Justicia estadounidense, políticas públicas contra el aborto y los derechos LGBTIQ y una gran influencia en la definición de la política exterior estadounidense con respecto a Israel.
Gracias a sus lazos con la Casa Blanca algunos de estos líderes también han logrado expandir sus ministerios en Latinoamérica y construir alianzas con presidentes con pasados lejos de ser perfectos.
Uno de ellos es el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien no ha sido acusado pero fue investigado por la agencia estadounidense antidrogas (DEA) por los delitos de tráfico internacional de cocaína “a gran escala” y lavado de dinero, según figura en un documento del 2015 recientemente desclasificado.
El pasado 2 de agosto, una Corte federal en Nueva York publicó otro documento que identifica al presidente hondureño Juan Orlando Hernández como cómplice en un caso de tráfico de drogas internacional contra su hermano Tony Hernández. El mandatario no figura como acusado en el caso, pero los fiscales dijeron que $1,5 millones de dólares de utilidades del negocio de la droga se usaron para ayudar a elegirlo en 2013.
En un comunicado de prensa la presidencia hondureña dijo que el presidente es enemigo de los traficantes, que buscan cobrar venganza en su contra.
Un documento presentado el pasado 2 de agosto en la Corte Federal de Nueva York asegura que la campaña presidencial del presidente hondureño Juan Orlando Hernández (identificado como CC-4) recibió el apoyo de $1,5 millones provenientes del trasiego de cocaína de su hermano, Tony Hernández, quien está acusado en la causa. El presidente no figura como acusado en la investigación criminal.
La exportación de misiones fundamentalistas estadounidenses a Latinoamérica, con la bendición del gobierno federal, viola los principios de separación de Estado e Iglesia establecida en la Constitución de Estados Unidos, según confirmó Katherine Franke, profesora de derecho y estudios sobre género y sexualidad en la Universidad de Columbia en Nueva York. Franke dirige el Centro de Género y Sexualidad de la Universidad y es la directora de la Facultad del Proyecto de Ley, derecho y religión.
Franke afirmó que estas actividades violan la Constitución al patrocinar oficialmente una religión y promover creencias particulares: “El gobierno está promoviendo religión como un proyecto oficial del gobierno y eso claramente viola una de las cláusulas de la Constitución”, dijo. “Aún más que eso, el gobierno está promoviendo una visión particular de la religión, sin hacerlo de manera imparcial, y ese es un segundo tipo de violación”, dijo la experta.
“Usando dinero público y con el nombre de los Estados Unidos detrás, el gobierno ha emprendido una promoción particular de la religión y eso es una clara violación de la cláusula de establecimiento”, dijo Franke.
En diciembre del 2018, un mes luego de la elección presidencial en Brasil en la que resultó elegido Jair Bolsonaro, Mario Bramnick se reunió con el recién electo presidente para hablar del posible traslado de la embajada de Brasil a Jerusalén, según confirmó Bramnick.
Los líderes religiosos también han apoyado a presidentes ultra conservadores como Jair Bolsonaro en Brasil, quien recientemente criticó una decisión de la Corte Suprema de Brasil que criminalizó la homofobia. La Corte dictaminó en junio que la homofobia es un delito equiparable al racismo. El presidente Bolsonaro dijo que la Corte está “completamente equivocada”. En declaraciones a Agencia Brasil -la agencia de noticias del Estado-, el presidente dijo que el dictamen va a perjudicar a los homosexuales porque “un empresario va a pensarlo dos veces para contratarlos por temor a ser llevado a la Corte por hacer una broma”.
Bolsonaro añadió que “si hubiera habido un juez evangélico en la Corte la decisión no hubiera pasado”.
Solo en São Paulo, Brasil, los crímenes contra personas homosexuales o transgénero se incrementaron en un 75% entre agosto y octubre de 2018 durante la campaña electoral de Bolsonaro, según reportó el diario Folha de São Paulo con base en registros de la policía del estado.
El pasado 31 de julio, CJI envió diversos correos con preguntas para este reportaje a Pence, Pompeo, Drollinger y el presidente Juan Orlando Hernández. Ninguno de ellos respondió.
El pastor del gabinete americano
Capitol Ministries era una organización en total decadencia en el verano del 2009. Cinco de los miembros de su junta directiva habían renunciado a sus puestos y acusaban al fundador de la organización, Ralph Drollinger, de actitudes antiéticas, de liderazgo “autocrático”, de irregularidades financieras y de “utilizar pasajes de la Biblia fuera de contexto para justificar sus posiciones”.
Los alegatos son parte de un proceso legal por uso ilegal de marca comercial interpuesto en 2011 contra Capitol Ministries ante la Corte del Distrito Federal en el Distrito Este de Carolina del Norte por la organización Capitol Commission, fundada por los antiguos directores de Capitol Ministries. Los exdirectores alegaban que Capitol Ministries estaba haciendo uso ilegal de su marca. El caso se resolvió en un acuerdo privado en el 2014.
Drollinger no respondió a un cuestionario que CJI le envió sobre el litigio, pero durante el proceso negó los cargos en contra de su organización e incluso acusó a sus excolaboradores de haber tenido acceso ilegal a sus comunicaciones personales.
Luego de una investigación interna de 2009 Drollinger fue expulsado de su propia iglesia, la Grace Community Church en Sun Valley California. Treinta líderes de la iglesia concluyeron que Drollinger está “descalificado espiritualmente para liderar un ministerio” y unánimemente retiraron su apoyo y afiliación a Capitol Ministries.
El golpe más significativo vino cuando 16 de sus 19 directores regionales se distanciaron de él y también renunciaron a inicios de octubre del 2009 para luego fundar Capitol Commission.
Ralph Kim Drollinger fue expulsado de su propia iglesia Grace Community Church en octubre del 2009. Los líderes religiosos concluyeron que Drollinger no está capacitado para liderar un ministerio espiritual según consta en documentos ventilados en una Corte de Carolina del Norte.
Debilitado por la debacle interna, Drollinger viajó a Argentina en noviembre del 2009 para abrir su primer ministerio en el exterior, desde donde reclutó a líderes de otros ocho países latinoamericanos. El proyecto no funcionó y el grupo se independizó del pastor estadounidense.
Pero la suerte de Drollinger estaba a punto de cambiar en el 2016 con la llegada de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Jeff Sessions, quien pronto sería nombrado fiscal general de Estados Unidos y quien había sido su pupilo espiritual en el Senado, presentó por correo a Drollinger con el entonces candidato republicano Donald Trump y el pastor empezó a enviarle sus estudios de Biblia al actual presidente. “El ha estado escribiéndome notas de vuelta desde entonces, en una forma muy positiva. A él le gusta la lealtad. Yo lo apoyé desde inicios de su campaña”, recordó Drollinger en una entrevista con el medio alemán Die Welt, en el 2017.
Un día después de que Trump ganó la elección primaria como candidato republicano, en julio del 2016, Drollinger llamó a los evangélicos estadounidenses a votar por él en un programa de radio en California. “Creo que Dios debe de estar respondiendo a nuestras oraciones y levantando a un gran líder en Donald Trump. Lo estamos eligiendo a él para que sea el líder del Estado, no de la iglesia”, dijo Drollinger después de minimizar los deslices sexuales del presidente.
Drollinger y su esposa Danielle asistieron como invitados de Trump a su inauguración como presidente e inmediatamente empezaron a trabajar para instaurar los estudios bíblicos en el seno de la Casa Blanca.
El resto de la historia la explicó mejor el mismo Drollinger en febrero de este año, cuando alardeó sobre su expansión actual en un reporte de su ministerio publicado en CM en agosto de año pasado: “Capitol Ministries estableció los estudios bíblicos semanales justo después de que la actual administración empezó a hacer sus primeros nombramientos, a inicios del 2017. Eso volcó el foco de la atención mundial al trabajo y a la misión de Capitol Ministries”.
“De acuerdo con sus designios, esa oportunidad le ha garantizado una enorme credibilidad a Capitol Ministries y le ha abierto puertas en el mundo entero y en un periodo muy corto. Yo no tenía idea, hace dos años, de qué tan rápida iba a ser nuestra expansión internacional como resultado de todo esto”, dijo Drollinger.
En los estudios que él mismo escribe y que se traducen a seis idiomas, Drollinger sustenta con pasajes bíblicos que el ambientalismo radical es una “religión falsa”, que criminalizar a los inmigrantes ilegales y la pena de muerte tienen sustento bíblico y que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un asunto que “despierta la ira de Dios”.
James S. Bielo, antropólogo profesor de la Universidad de Miami y experto en cristianismo global, analizó los textos de Capitol Ministries con la misión de entender sus orígenes y la teología que representan.
“Sus elementos discursivos claramente los marcan como protestantes fundamentalistas -explicó Bielo-. Ellos arguyen que la Biblia debe interpretarse literalmente y que debemos de derivar los principios para gobernarnos de acuerdo con esa lectura literal”, dijo Bielo.
Según Bielo, el argumento va aún más allá: “creen que cualquiera que vaya en contra de esos principios es su enemigo teológico y un enemigo político, confundido por el liberalismo moderno o por una lectura hereje y no literal de las escrituras”, agregó.
Uno de los elementos más característicos de los estudios, según Bielo, es que busca promover un discurso alrededor del temor, de la lectura literal de la Biblia y de la creación de términos como “los humanistas seculares” o los “cristianos liberales” a quienes piden a sus seguidores oponer.
Drollinger no respondió las preguntas que se le enviaron para conocer su opinión sobre las creencias que predica.
Explosiva expansión en Latinoamérica
En mayo del 2017, tres meses después de asumir como pastor de los estudios bíblicos de la Casa Blanca, Drollinger nombró al peruano Óscar Zamora como director de Capitol Ministries para América Latina y creó una versión en español de sus estudios bíblicos en su página web.
Desde entonces, Capitol Ministries ha abierto ministerios en ocho países de la región: México, Honduras, Brasil, Perú, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Costa Rica y anunció la apertura de Panamá en octubre. El mismo Drollinger viajó a algunos de estos países para inaugurar oficialmente su operación y reunirse con líderes políticos locales. (Lea las notas de que los aliados en México, Brasil, Honduras, Costa Rica y Paraguay escribieron sobre el trabajo que Capitol Ministries desarrolla en cada país).
Su más reciente anuncio de expansión es, sin duda, el más inusual. El pasado 18 de julio, Drollinger viajó a Nicaragua tras ser invitado personalmente por el presidente Daniel Ortega y por su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para que instaure un ministerio en su gobierno en Managua. La pareja presidencial también invitó a Drollinger para que compartiera escenario con ellos en la celebración del 40 aniversario de la Revolución Sandinista.
En un comunicado de prensa, Capitol Ministries explicó que fue Ortega quien envió una carta a Drollinger invitándolo a abrir un ministerio en su gobierno. En la carta publicada por CM, Ortega declaró: “sabemos que si las personas a quienes Dios ha confiado el destino de una nación nacen de nuevo, nuestros diputados legislarán de acuerdo con la biblia”.
Mientras Ortega profesaba su fe, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que «la acción represiva del Estado en Nicaragua», había dejado «hasta junio de 2018, al menos, 212 personas muertas, 1.337 personas heridas y 507 personas privadas de la libertad. Para agosto de ese año, el conteo de la CIDH ya iba en 322 muertos, la mayoría de ellos jóvenes que estaban protestando por los abusos y la corrupción del gobierno. Ortega criticó duramente a la Comisión por este informe, pero reconoció 128 personas caídas en las protestas ciudadanas.
A pesar de este récord en violaciones a los derechos humanos, Drollinger aceptó la invitación de Ortega con entusiasmo, sin hacer mención de la crisis de derechos humanos. En el acto de conmemoración de la revolución sandinista dijo: “Queremos agradecer al Presidente y a la Vicepresidente por esta oportunidad que nos abre para ver la posibilidad de también sembrar la palabra de Dios aquí, y empezar sembrando este Ministerio de Capitol en medio de la comunidad de los políticos”. Cerró recordándoles a los presentes su cercanía con el alto gobierno estadounidense:
“En nombre de los estudiantes de estudios bíblicos de la Casa Blanca, en nombre de los estudiantes de Biblia del Senado de Estados Unidos, en nombre de los Representantes de la Cámara Baja que estudian la Biblia, traemos a ustedes nuestra paz y nuestra bendición”.
Usando el nombre de la Casa Blanca en sus intervenciones públicas, Capitol Ministries también ha expandido el nivel de su influencia política. CM está presente en siete parlamentos latinoamericanos y en marzo de este año inauguró su primer ministerio dentro de un gabinete presidencial, en Honduras. La organización anunció que también tendrá un ministerio en el gabinete presidencial en Managua.
El Congreso hondureño inauguró su ministerio desde noviembre pasado en un acto con el presidente Hernández y su esposa. Durante la ceremonia, Óscar Zamora, el director latinoamericano de CM, recordó el origen de la iniciativa. “El presidente Hernández estaba tan impresionado de la consistencia entre las creencias y los principios bíblicos de los estudios de Capitol Ministries -en la Casa Blanca- que pidió tener un estudio idéntico para su gabinete (que se inauguró en marzo). Como yo siempre digo, ¡esto solo se hace a través de Dios! ¡Alabado sea el Señor que sigue abriendo puertas para Capitol Ministries en América Latina!”, dijo.
Honduras es el segundo país centroamericano que más migrantes expulsa a Estados Unidos y se estima que el 41% de su población cree en el cristianismo evangélico (la tasa más alta de la región junto con Guatemala). El presidente Hernández acogió el ministerio de Drollinger a pesar de que el pastor estadounidense afirma que “a Dios se le frunce el ceño con los inmigrantes ilegales”, que los inmigrantes ilegales “merecen ser arrestados y enfrentar todo el peso de la ley” y ser excluidos de las escuelas públicas en Estados Unidos.
CJI y el medio hondureño independiente Contracorriente entrevistaron al pastor Miguel Muñoz, quien fue escogido por Zamora para dirigir el ministerio en Honduras. Consultado sobre cómo concilia el sufrimiento de sus compatriotas migrantes con las creencias de la organización que representa el pastor, respondió: “Es que todavía no me ha tocado llegar a ese estudio, porque vamos por semanas, y aún no lo he leído”.
Diplomacia sionista
Mientras Capitol Ministries expandía sus ministerios en los parlamentos latinoamericanos, los miembros de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca trabajaban activamente para alinear a políticos de la región con la agenda de Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para el Medio Oriente.
Bramnick y otros miembros de la OFCB iniciaron su recorrido en Latinoamérica con una visita a Guatemala, en enero de 2018. La misión consistía en honrar y premiar al presidente de ese país, Jimmy Morales, por haber anunciado un mes antes su decisión de trasladar la embajada de su país a Jerusalén.
El Latino Coalition for Israel (LCI) cuyo fundador es Bramnick, trasladó a Guatemala a 23 de sus miembros directivos. “Esa noche yo pude ver cómo en los Estados Unidos, el señor está usando a la iglesia en un rol muy importante”, recordó. El pastor se refería al “testimonio” que escuchó, de primera mano, sobre cómo el presidente Morales tomó la decisión, a última hora, de trasladar la sede diplomática después de una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en diciembre.
Según Bramnick, Morales había coordinado una llamada con Netanyahu y le pidió a una pastora local que le sirviera de traductora del inglés. El presidente, explicó, había decidido de antemano rechazar la solicitud de Netanyahu para mover la sede y así se lo había comunicado al todo su equipo de gobierno que se encontraba en la sala.
“La llamada viene y se corta, viene y se corta”, dijo Bramnick y que mientras esperaban, la pastora leyó unas citas bíblicas con él y le dijo al presidente: “si Dios te puso en esta oficina es para cambiar la historia de Guatemala”. Al final de la llamada, según Bramnick, Morales había cambiado de opinión y había decidido mover la embajada y convertirse en el segundo país en hacerlo, después de Estados Unidos. Ambas sedes se trasladaron a Jerusalén en mayo del 2018, con dos días de diferencia.
En enero del 2018, Mario Bramnick y otros líderes evangélicos vinculados con la Casa Blanca visitaron Guatemala para honrar al presidente Jimmy Morales por la decisión que había tomaron un mes atrás de trasladar la embajada de Guatemala a Jerusalén.
Justo un año después del homenaje de los líderes evangélicos, Jimmy Morales dio por finalizado el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de las Naciones Unidas, que había sido creada por un acuerdo de la ONU y del gobierno de ese país en 2006, originalmente para desvertebrar cuerpos ilegales de seguridad y aparatos criminales que cometen delitos y afectan los derechos humanos. El mandato de la CICIG, que desbarató varias estructuras criminales ligadas a las más alta esferas del poder, fue prorrogado varias veces, la última por petición del mismo Morales en septiembre de 2017.
Pero para enero de este año, el presidente guatemalteco había cambiado de opinión. Le dio un plazo de 24 horas al personal de la Comisión que todavía permanecía en el país para abandonar el territorio.
Desde agosto, Morales había declarado persona non-grata al comisionado colombiano Iván Velásquez, quien aún dirige la CICIG desde el extranjero y prepara su cierre definitivo en septiembre. Morales anunció la medida en televisión y rodeado de militares, mientras jeeps militares cercaron las instalaciones de la CICIG en la ciudad.
La CICIG había investigado al presidente Morales por financiamiento ilegal electoral. También abrió investigaciones contra su hijo y su hermano, quienes están acusados de haber estafado al Estado creando y remunerando empleados fantasmas en el Registro General de la Propiedad.
En agosto del 2017, la Fiscalía guatemalteca y la CICIG cerraron su primera investigación contra el presidente Morales y su partido por presunta financiación ilegal de la campaña. Los fiscales estimaron que Morales y su partido político omitieron declarar Q15 millones -unos $2 millones– en contribuciones a su campaña política.
El 25 de agosto, los fiscales y la CICIG presentaron ante el Congreso guatemalteco el primero de varios antejuicios contra Morales y solicitaron que se le removiera su inmunidad para continuar las investigaciones penales contra el mandatario, con el fin de obligarlo a comparecer y seguir indagando sobre su involucramiento en los presuntos crímenes. Las causas fueron archivadas en octubre del año pasado luego de que el Congreso votó en tres oportunidades en favor de mantener intacta la inmunidad de Morales. En relación con los cargos, el presidente Morales respondió con una frase que fue también su eslogan en campaña: “ni corrupto, ni ladrón”.
El gobierno de Barack Obama, y de todos los presidentes anteriores, habían apoyado incondicionalmente a la CICIG y la habían defendido en tiempos de ataques. La administración Trump inició garantizándole total apoyo, pero gradualmente adoptó un perfil más bajo y un discurso alineado al de Morales, de apoyar a una CICIG “reformada”.
En julio del 2018, la cadena de periódicos Maclatchy publicó una historia en la que citó a una fuente estadounidense “con conocimiento directo de las conversaciones” sobre la CICIG en Washington DC. “La única razón por la que Estados Unidos hace esto [dejar de apoyar la labor de la CICIG] es porque está feliz de que Guatemala haya trasladado su embajada a Jerusalén. Sólo porque el presidente [Morales] está molesto de que la CICIG investigue a algunos de sus familiares toma la decisión [de mudar la embajada a Jerusalén] para destacarse ante el gobierno de Trump, y entonces la dice a Trump: ‘Ayúdeme con la CICIG’”.
La publicación no fue desmentida ni confirmada por la Casa Blanca y el Departamento de Estado estadounidense.
CJI, CLIP y los aliados periodísticos Nómada y Plaza Pública en Guatemala entrevistaron a dos fuentes con acceso al gobierno guatemalteco quienes coinciden con la fuente citada por el diario estadounidense. Según ellos, el presidente Morales vio la oportunidad perfecta para conseguir apoyo de los estadounidenses y sacar a la CICIG de Guatemala, a cambio del traslado de la embajada.
Luego del viaje a Guatemala, cinco líderes de la OFCB se reunieron con el presidente de Honduras durante su visita a Washington en junio del 2018. En esa reunión, explicó Bramnick, “le preguntamos al presidente cómo podíamos ayudarle a guiar su decisión -sobre la embajada- y nos volvimos a reunir con él dos veces más el los siguientes meses”.
Además de Bramnick, otra líder de la Oficina de la Fe ha tenido protagonismo en encuentros con políticos en Latinoamérica. Michele Bachmann, excongresista estadounidense y fundadora de la Camarilla del Tea Party en la Cámara de Representantes, es una de las más activas en la OFCB y una de las dos únicas mujeres que forman parte del masculino grupo.
Es, también, la más conectada. Integra la junta directiva de Capitol Ministries y dirige personalmente un ministerio en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, desde donde evangeliza a líderes mundiales y promueve una visión de Israel según el Antiguo Testamento.
En agosto del año pasado, dos meses antes de la elección en Brasil, la excandidata a la presidencia de Estados Unidos grabó un video instando a los brasileños a votar por un candidato que esté dispuesto a trasladar la embajada de Brasil a Jerusalén. Bolsonaro prometió mudar la sede diplomática durante su campaña electoral. Bachmann no mencionó el nombre de Bolsonaro y se identificó como ex congresista y ex candidata presidencial en Estados Unidos.
“Por 3.500 años Dios ha designado a Jerusalén como la capital de Israel, es un hecho (…) Queremos que Brasil sea bendecida, queremos que prospere, así que asegúrese de votar por un candidato que mueva la embajada de Brasil a Jerusalén”, dijo Bachmann.
Días antes, Bachmann y Mario Bramnick habían participado en la celebración de los 70 años de la creación del estado de Israel, en una mega iglesia en Belo Horizonte, Brasil, en donde Bramnick aseguró que el próximo presidente brasileño movería la embajada del país a Jerusalén, sin mencionar el nombre de Bolsonaro. El evento, donde estuvo presente el hijo del presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, terminó convertido en un acto de apoyo al entonces candidato presidencial, según reportó el aliado periodístico en Brasil, Agência Publica (Ver nota publicada por Agência Publica) . La legislación brasileña prohíbe a los religiosos hacer propaganda electoral y también prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en asuntos electorales. Ni Bramnick ni Bachmann mencionaron explícitamente el nombre de Bolsonaro durante sus intervenciones públicas.
Según confirmó Jane Silva, la pastora organizadora de la celebración, a Agência Publica, el ex tesorero de la campaña de Bolsonaro ayudó a pagar la celebración. La iglesia que celebró el culto es la misma a la que pertenece la ministra brasileña de Derechos Humanos y de las Mujeres, Damares Alves, quien ha dicho que las mujeres deben usar ropa rosa y los hombres azul.
Bramnick volvió a Brasil en diciembre, junto con otra delegación de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca. Allí también se reunió de nuevo con Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente y congresista y quien ha sido anunciado como el próximo embajador de Brasil en Washington. “Eduardo Bolsonaro me invitó a traer una delegación más pequeña a Río -de Janeiro- para hablar con el papá, el presidente Bolsonaro, sobre el tema de mover la embajada”, recordó el pastor, quien también asistió a la toma de posesión del presidente brasileño.
A finales de marzo pasado, el presidente Bolsonaro anunció que mudará una oficina de negocios a Jerusalén, en vez de la sede diplomática, como había prometido en campaña. “Él todavía sigue abierto a mover la embajada, obviamente esa decisión no era nada fácil”, dijo Bramnick.
Eduardo Bolsonaro también había prometido a la pastora Jane Silva que el gobierno de su padre mudaría la embajada a Jerusalén. En una reunión en noviembre de 2018 Silva dijo que trató del tema com Jared Kushner y dijo a la prensa que el yerno de Trump ayudaría a planear el cambio de la embajada .
El presidente Bolsonaro, quien recientemente convocó a las fuerzas armadas para celebrar el aniversario del inicio de la dictadura militar que gobernó el país por 21 años, no respondió a las preguntas que CJI le envió el 31 de julio pasado en relación con este artículo.
Los acercamientos de los líderes de la Oficina de la Fe son cada vez más estratégicos. En mayo pasado, Bramnick se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, antes de que asumiera el poder (Vea la nota publicada por El Faro). “La semana del 22 de julio vamos de nuevo para El Salvador para reunirnos otra vez con el presidente Bukele y lanzar una reunión de pastores de la nación y de ahí viajaremos a Honduras para honrar al presidente Hernández por su decisión de mover la oficina diplomática”, adelantó el pastor, quien también incluyó a Costa Rica en la gira.
Consultado sobre cómo tiene acceso a tantos líderes mundiales, el líder religioso explicó que depende del país. “Si no es alguien en el gobierno, es un pastor con relaciones o un congresista, o el asesor de un congresista”.
En relación con el discurso que presentan ante los líderes, Bramnick explicó que también depende del líder. “Si son cristianos, y entienden el ámbito espiritual, les hablamos de una forma y, si no, les hablamos de uno de los puntos más importantes para nosotros. Ahora hay un proyecto, desde Israel y Estados Unidos y los países árabes, para ayudarles financieramente a los palestinos, trayendo dinero y negocios, pero fuera de la Autoridad Palestina, que es corrupta”.
El pastor se refiere al plan Paz y Prosperidad que promueve el asesor presidencial y yerno de Trump, Jared Kushner, en el Medio Oriente y que presentó en Bahrain el 25 de junio pasado. La propuesta, a la que Trump llamó “el negocio del siglo”, evade mencionar la creación de un estado palestino y se centra en recaudar 50 mil millones de dólares para proyectos de desarrollo en Gaza.
Bramnick explicó que los líderes de la fe también se reúnen con empresarios e inversionistas para promover el proyecto de Kushner. “Nosotros les presentamos lo que está sucediendo ahora a los presidentes y les decimos que no es solamente bendecir a Israel y a los judíos, como dice la Biblia, pero también a los árabes y a los hijos de Israel con los proyectos que ya se están trabajando ahora”.
Esta investigación colaborativa desveló que los líderes de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca no solo viajan en grupos para influir a presidentes latinoamericanos. También encontró que entre diciembre del 2017 y finales del 2018, numerosas delegaciones de sus miembros han tenido acceso a líderes mundiales cercanos a la administración Trump, como el príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a quien visitaron un mes después del asesinato del periodista Jamal Ahmad Khashoggi para hablar de libertad religiosa. El pasado 19 de junio las Naciones Unidas publicaron un informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, que concluía que existen pruebas contundentes y merecedoras de ulteriores investigaciones, en contra de funcionarios de alto nivel sin acusaciones penales actuales, en especial Saud al-Qahtani y el príncipe Mohamed bin Salmán. No se ha llegado a ninguna conclusión sobre su culpabilidad.
También han discutido asuntos relativos al Medio Oriente con el príncipe de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan y con el rey de Jordania, Abdullah II.
El primer ministro Netanyahu, también investigado por corrupción, es sin duda el más agradecido con el trabajo de los evangélicos, con quienes se reúne frecuentemente para coordinar a “cuáles países evangélicos” influenciar para que apoyen la expansión del estado de Israel en Jerusalén, según cuentan los mismos asesores de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca.
En marzo pasado, según el diario israelí Haaretz, Netanyahu le dijo a uno de sus asesores: “Ya no necesitamos a AIPAC” -Comité de Asuntos Públicos Americano Israelí- “En Estados Unidos tenemos suficiente apoyo con los evangélicos”. AIPAC es una poderosa organización que invierte millones de dólares en cabildeo a favor de Israel en Estados Unidos.
Trump, Netanyahu, Bolsonaro y los presidentes latinoamericanos que negocian apoyo electoral y político con los grupos cristianos son parte de una tendencia global de inmiscuir a la religión en asuntos públicos.
La estrategia no es nueva, pero la versión documentada por esta colaboración periodística pone a la luz redes transfronterizas que mientras defienden la moral cristiana, optan por aliarse públicamente con gobiernos sobre los que pesan serios cuestionamientos morales.
Créditos: Este
reportaje hace parte del proyecto Trasnacionales de la Fe, una
colaboración de 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo de
Columbia Journalism Investigations de la Escuela de Periodismo de la
Universidad de Columbia (Estados Unidos) y los siguientes socios
latinoamericanos son: Agencia Pública (Brasil); El País (Uruguay);
CIPER (Chile); El Surtidor (Paraguay); La República (Perú);
Armando.info (Venezuela); El Tiempo (Colombia); La Voz de Guanacaste y
Semanario Universidad (Costa Rica); El Faro (El Salvador); Nómada y
Plaza Pública (Guatemala); Contracorriente (Honduras); Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad (México); el Centro Latinoamericano de
Investigación Periodística (CLIP); y Univisión (Estados Unidos).
Desde las decisiones más importantes del país, hasta las calles más empobrecidas, la iglesia evangélica tiene poder. En el centro de Tegucigalpa se traduce a lo cotidiano ese poder, el de mantener a una población desesperanzada y arañando lo poco que puede para sobrevivir, en un éxtasis que lo hace creer que en lo alto se encuentra su salvación. Esto luego se traduce en la aceptación de las decisiones que la alta cúpula de la iglesia impulsa a tomar a gobernantes tan cuestionados como Juan Orlando Hernández.
A veces —no tantas, pero a veces— pienso en esos evangelistas que según Juan Carlos Mestre fueron resucitados por Lêdo Ivo en Cavalo Morto, todos los que conocemos la historia sabemos bien que Cavalo Morto no existe.
Sin embargo, Cavalo Morto es la plaza central de Tegucigalpa, es el lugar donde mueren los evangelistas, donde reviven los evangelistas, donde cantan a su dios, el único y verdadero, el dios de los evangelistas. Él está allá arriba, pero no tan arriba dicen algunos, pero mucho más dicen los que saben dónde vive el único, el verdadero, el dios que vino de Israel. A ese mismo dios lo han visto cruzar el mar —partir el mar, narran las escrituras— para llegar hasta el nuevo continente, que todos sabemos no era tan nuevo, y ya habían otros dioses, menos poderosos, más tendenciosos. El único y verdadero con buen marketing convenció a los del nuevo mundo que él era el único y verdadero y que los demás no eran tan únicos ni eran verdaderos. Rompió así con los ciclos, hizo que todos creyeran en él como el todo, de antes y de lo que estará después.
—¿Te gusta cantar?
—Sí. —Ricardito es un niño de pocas palabras, al menos cuando habla, pero sonríe mucho.
Ricardo Travieso, hijo de mariachi, hermano de mariachis, canta por aquello que la gente quiera darle. Para un niño de 11 años que canta música ranchera cristiana, la plaza de Tegucigalpa es un escenario raro. Los hombres, algunos borrachos, se le abalanzan para tirarle unos lempiras en su sombrero o en su caja o en su canasto. Canta y la gente le paga por aquellas alabanzas al dios único y verdadero.
Pero Ricardo no es el único que canta en la plaza. Isaac es otro cantante de rancheras cristianas, tiene 6 años y viaja con su familia desde Perú. Su misión, explica don Abraham —padre de Isaac, y jefe indio de esta familia nómada— es llevar la palabra de dios por todo el continente. Abraham se viste como dakota, el penacho, la ropa, pero su música es andina, una variante taki de lo que secularmente se conoce como música indígena de los andes. Así, tanto la música tradicional del sur como la del norte, son instrumentos para multiplicar el mensaje del único y verdadero, el dios que vino desde Israel con escala en Europa, hace no mucho, unos cuantos siglos, recién.
La plaza de dios es la plaza de los megáfonos, de los alto parlantes, de las jóvenes que danzan y ven al cielo con mirada hierática, pero también es la plaza de los conversos, de los delincuentes que dejaron de ser delincuentes gracias al llamado del celeste, gracias al milagro de la misericordia y al bautizo que hizo de su lamento un gozo que nunca se apaga, porque el dios de los judíos es el fuego que hará arder el pecado, o eso dicen sus emisarios.
En la ciudad de Tegucigalpa, desde el año 2014 una reforma al plan de arbitrios municipal hace posible el cobro excesivo a los eventos culturales, pero esta tasa no se aplica si el evento es para adorar a dios. El abismo es un manera de aceptar lo que parece difícil de comprender, pero la plaza es controlada por dios.
Los evangelistas de la plaza dicen —casi al unísono— que lo que ellos, y a veces ellas, hacen no lo hacen por la fama, sino porque el llamado de dios es a predicar el evangelio. Y sí, algo de eso hay en la biblia, algo de eso dicen que se dijo hace más de dos mil años en algún lugar de Asia.
En Cavalo Morto, nos dice Mestre, todas las cosas perfectas pertenecen a otro. Lêdo Ivo lo sabía, y por eso quizá un día ya no pudo ser resucitado por el sastre de las mariposas. Este relato fantástico donde un hombre puede ser resucitado y vuelto a morir, donde las cosas son y no, es superado por la narrativa desarrollada con paciencia, con esmero, con la dedicación y con la certeza si a caso, de que solo quien es fiel encontrará la salvación más allá de sus días en esta tierra. Cavalo Morto es la plaza de Tegucigalpa, pero advierte el evangelista, que Cavalo Morto no existe.
En Honduras, la llegada de Capitol Ministries, una organización religiosa patrocinada por líderes políticos en el gobierno de Donald Trump, le da un empujón a una iglesia evangélica que ya tenía gran influencia en diversas instituciones del Estado hondureño y ahora fortalece su poder de decisión en la política pública y en las relaciones internacionales con Israel.
El 8 de noviembre de 2018, en el Salón de los Retratos del Congreso Nacional de Honduras, el pastor evangélico Miguel Muñoz oficializó la llegada de Capitol Ministries (CM) al Poder Legislativo.
Capitol Ministries es una organización religiosa fundamentalista que se dedica a impartir estudios bíblicos en congresos y capitolios de 60 países en el mundo, teniendo su principal sede y patrocinio en la Casa Blanca. Allí, su fundador el pastor Ralph Drollinger imparte sus enseñanzas bíblicas a figuras del alto gobierno estadounidense, como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo. .
Miguel Muñoz fue elegido por Drollinger como representante de la organización en Honduras después de las elecciones de 2017, las mismas que dieron como resultado la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández, quien violentó el artículo 4 de la Constitución hondureña que manda la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.
Después de la reunión con el fundador de la organización y la crisis política dada en Honduras a raíz de la reelección inconstitucional, Muñoz se tomó algunos meses de pláticas con diputados y finalmente logró pactar el inicio oficial del grupo de estudio bíblico para el 8 de noviembre de 2018.
«Fue mi interés que fuera en ese salón porque entre los retratados está mi bisabuelo que fue presidente del Congreso Nacional hace muchos años», dice Muñoz en una entrevista otorgada a Contracorriente y Columbia Journalism Investigations (CJI) de la Universidad de Columbia. Su bisabuelo, Plutarco Muñoz, fue titular del Poder Legislativo entre 1939 y 1948 y fue uno de los tres encargados de redactar la reforma al artículo constitucional que permitió la dictadura militar de Tiburcio Carías Andino. Ahora su descendiente es el embajador en el país de una organización que se dedica a evangelizar a líderes políticos del mundo a partir de sus estudios conservadores que cuestionan los derechos de la población LGTBIQ, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de los migrantes.
Ralph Drollinger hablando con diputados del Congreso Nacional en el lanzamiento oficial de Capitol Minsitries en Honduras. Foto archivo: Capitol Ministries
El día de la presentación de Capitol Ministries estuvieron presentes al menos 40 de los 128 diputados del Congreso Nacional hondureño, incluido el presidente Mauricio Oliva y el secretario Tomás Zambrano, quienes dieron discursos repletos de referencias bíblicas. Junto a los gobernantes estaban el representante latinoamericano de la organización, el peruano Óscar Zamora, y los pastores locales Alberto Solórzano y Roy Santos, quienes acompañaron la llegada de CM. Este respaldo internacional potencia a los evangélicos en comisiones y proyectos del Estado.
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«Estar en Capitol Ministries y conocer la visión que Dios tiene nos sirve para reflexionar —asegura el diputado del Partido Nacional, Manuel Márquez— cuando tenemos una ley enfrente ya no solo pensamos en política sino que pensamos a la luz de la palabra de Dios».
Márquez es diputado por el departamento de Intibucá y ha sido miembro de las comisiones de la nueva Ley Electoral, Ley de Armas y Ley de Enmiendas al Tribunal Superior de Cuentas. Ahora asegura que, desde que asisten cada 15 días a los estudios bíblicos de Capitol Ministries, la forma en que legislan está «evolucionando» y que ahora toman decisiones según las enseñanzas de la Biblia.
En ese sentido asegura que la Biblia resume predicaciones de «hombres y mujeres de Dios» a políticos de la historia que fueron influenciados por sus palabras. Asegura que aunque dentro del estudio no se tratan temas como el matrimonio igualitario y los derechos sexuales y reproductivos, cuando presentan una propuesta en el Congreso, ahora buscan agradar primeramente a Dios, buscando lo que dice la Biblia acerca del tema. Aunque Muñoz asegura que la premisa principal del estudio es enseñar que los cristianos han sido constituidos «como sal de la tierra y luz del mundo» y que el primer compromiso es sustentar principios bíblicos y valores en la vida personal, reconoce que hay un momento en que se empieza a trabajar para que los legisladores coloquen a la Biblia como una fuente confiable de argumentos.
Primer estudio bíblico de Capitol Ministries realizado en el Congreso Nacional el 7 de septiembre del 2018, antes del lanzamiento oficial de la organización en noviembre de ese año. Foto archivo: Capitol Ministries
Sobre estos temas Muñoz dice que «la iglesia se opondría en general pero en ningún momento es un tema particular de ataque dentro de las reuniones».
Uno de los estudios bíblicos elaborados por Drollinger cita, en su traducción al español, que «legalizar las ceremonias del mismo sexo en cualquier Estado es un asunto muy serio a los ojos de Dios, y a la luz de Génesis 19, tal pensamiento progresista eventualmente evoca su ira». Esto es parte del discurso en contra de lo que llaman «ideología de género» que Capitol Ministries imparte en muchos congresos de Latinoamérica, no necesariamente por la efectividad de su discurso sino por el patrocinio de políticos y líderes evangélicos del gobierno de Donald Trump.
Las investigaciones realizadas por Columbia Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), y 15 medios de investigación latinoamericanos, incluido Contracorriente, indican que el ministerio de Ralph Drollinger ascendió rápidamente a partir de la llegada de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.
Ese vínculo con la presidencia de los Estados Unidos ha facilitado el acceso de Capitol Ministries a gobernantes de diversos países de Latinoamérica. Ese es el caso de Juan Orlando Hernández, quien en junio de 2018 se reunió con Mike Pence y Mike Pompeo, con el objetivo de tratar los temas migratorios de ese momento que incluían la separación de las familias en las frontera y la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS). Pero además, según un comunicado emitido por Capitol Ministries, los funcionarios de Trump aprovecharon esas reuniones para convencer al presidente hondureño de que trajera el ministerio al país.
Según ese mismo comunicado, Juan Orlando Hernández dijo después de esa reunión que «estaba impresionado con la forma en que sus principios y valores bíblicos se fortalecen a través del estudio bíblico de Capitol Ministries», por lo que pidió tener un estudio idéntico para su gobierno. El testimonio de Roy Santos, un pastor evangélico muy cercano a la pareja presidencial, asegura que él mismo había comenzado a crear un enlace entre «el licenciado Mike», como llama a Miguel Muñoz, y el secretario del Congreso Nacional Tomás Zambrano.
La pareja presidencial, Juan Orlando Hernández y Ana García de Hernández en la visita que le hizo en noviembre del 2018 el pastor Ralph Drollinger, fundador de Capitol Ministries en Estados Unidos y su esposa Danielle Drollinger. Foto archivo: Capitol Ministries.
«Cuando yo me presenté la primera vez fue con el diputado Tomás Zambrano, que es el secretario del Congreso, y en una segunda visita se invitó al diputado Wilmer Velásquez y al diputado Marcos Velásquez. Esto fue en abril del año pasado. Capitol Ministries me pidió que iniciara estos acercamientos desde hace casi dos años», asegura de su parte Muñoz.
En ese mismo periodo de tiempo, en mayo de 2018, el diputado Zambrano fue acusado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) de presuntamente cometer los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno. Contracorriente solicitó durante seis meses, en reiteradas ocasiones, una entrevista con los diputados Zambrano y Velásquez para preguntar sobre su relación con Capitol Ministries, sin obtener respuesta concreta alguna.
Hombres y mujeres de todas las edades cantan y bailan en el evento organizado por la iglesia del Pastor Roy Santos en el Hotel Copantl de San Pedro Sula donde asistieron como invitados el diputado nacionalista Tomas Zambrano y el pastor Mario Bramnick, consejero evangélico de Donald Trump. Foto: Fernando Silva
Durante un congreso organizado por la iglesia de Roy Santos, el diputado Zambrano pasó al escenario principal entre aplausos de la feligresía evangélica a dar un discurso en el que en un tono muy similar a la prédica de un ministro religioso dijo que «en el Congreso Dios ha empezado a trabajar de una manera sobrenatural (…), está cumpliendo palabras proféticas que dio el apóstol y otros profetas de que Dios iba a trabajar con las personas que estuvieran gobernando el país».
Cuatro meses después de la primera reunión entre Muñoz y Zambrano, Ralph Drollinger se reunió en Casa Presidencial con Juan Orlando Hernández y la primera dama Ana García Carías para presentarles la organización.
Tomas Zambrano, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional, en la inauguración de Capitol Ministries el 8 de noviembre del 2018. Foto archivo: Capitol Ministries.
A pesar de que esta organización se encuentra operando oficialmente en Honduras desde noviembre de 2018, no hay comprobante de inscripción en la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC) por lo que no han reportado ninguna de sus actividades. Esto a pesar de que Capitol Ministries en Estados Unidos envía recursos económicos para suplir los gastos logísticos en los que incurre el estudio bíblico, según asegura el propio Muñoz.
La DIRRSAC es una unidad de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), encargada de desarrollar un registro y dar seguimiento a toda asociación, institución u organización para que cumplan con los fines y objetivos para los cuales fueron constituidas y autorizadas.
Por este registro deben pasar organizaciones no gubernamentales de carácter nacional, juntas comunitarias, iglesias y organizaciones constituidas en el extranjero. Según documentos oficiales otorgados por la unidad de transparencia de esta secretaría, hasta el momento CM no ha realizado el trámite legal correspondiente.
El secretario de Estado para esta instancia es el ingeniero Héctor Leonel Ayala, quien según el pastor Muñoz, es un amigo de la infancia y actualmente asiste a la misma iglesia.
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—Nosotros no tenemos ningún beneficio en el asunto económico. Responde Oswaldo Canales, actual presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), al preguntarle cuál es el beneficio de tener a diputados y secretarios de Estado abiertamente evangélicos.
Canales es pastor del Centro Evangélico Cuadrangular de la quinta avenida de Comayagüela en la capital del país y dirige por segunda vez la organización más representativa de la iglesia evangélica en Honduras. La última vez que había estado en ese cargo fue en 2009 cuando cerraba su gestión y en Honduras se dio el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya Rosales.
Canales dice que integra aproximadamente veinte comisiones gubernamentales y no gubernamentales, pero solo menciona dos: la Comisión de Salud que se derogó vía decreto ejecutivo hace algunas semanas y la comisión del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), de la cual dice que hace parte porque «queremos transparencia».
El pastor Oswaldo Canales, actual presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, fue investigado por el Tribunal Superior de Cuentas por haber recibido 750 mil lempiras entre 2011 y 2012 como parte de un contrato como asesor de un programa de la Secretaría del Interior y Población (SEIP). Foto: Vienna Herrera
En una investigación especial realizada en 2014 por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se indica que entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012, el pastor Canales recibió un pago mensual de 50 mil lempiras como parte de un contrato como Asesor para la Elaboración de Políticas Públicas y Descentralización, parte del Programa de Apoyo a la Descentralización en Honduras (PROADES). En total se le pagaron 750 mil lempiras ($30 mil dólares). Según el informe, no presentó evidencia alguna de su trabajo ni registro del cumplimiento de las horas estipuladas en el contrato. PROADES fue un programa financiado por la Unión Europea y adscrito a la Secretaría del Interior y Población (SEIP).
Sumado a eso, en el contrato firmado entre Oswaldo Canales y Carlos Áfrico Madrid, en ese entonces titular de dicha secretaría, se establece que el pastor es abogado, pero la investigación del TSC encontró que en el pago del mes de noviembre de 2011 se le titula como licenciado en Ciencias Comerciales egresado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).
El informe indica que posteriormente se comprobó que Canales no es egresado de Ciencias Comerciales y solo logró aprobar tres clases en 1983 dentro de la carrera de Profesorado de Educación Media en Educación Comercial.
Además, hasta 2018 Canales tenía un reporte de la Secretaría de Finanzas que lo mantenía como un usuario bloqueado debido a la omisión de la declaración de renta en 2012, el mismo año en el que ganó 700 mil lempiras con un contrato del Estado.
El informe de investigación especial fue entregado en noviembre de 2017 a Leonel Ayala, Secretario de Estado y militante evangélico, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el caso. Contracorriente entregó una carta solicitando una entrevista con Ayala pero una oficial de comunicación de dicha secretaría dijo que «el ministro pasa muy ocupado» y no entregó ninguna respuesta oficial. .
En el informe de la investigación del TSC, Canales dijo que su trabajo solo era dar asesoramiento al ministro por lo que no se le requería la presentación de informes mensuales.
Según Yoni Arias, oficial de Acceso a la Información Pública de esa secretaría, el convenio firmado entre los pastores Oswaldo Canales, Alberto Solórzano y el ministro Reynaldo Sánchez, implica un trabajo de veeduría para que los programas sociales del gobierno lleguen a la población y no el manejo de fondos para la ejecución de dichos programas.
«Dentro del mismo convenio se establece que cualquier proyecto de ejecución de asistencia social a las comunidades donde están las iglesias debe ser guiado a través de la junta directiva de la confraternidad», explica Arias sobre el convenio 178-SEDIS-2018.
A partir de ese convenio se centralizan las solicitudes que puedan hacer las iglesias para ayudar a las comunidades. Solamente organizaciones que estén dentro de los más de 380 miembros de la asamblea de la CEH podrán acceder al beneficio con facilidad. Las iglesias fuera de esta organización tienen la opción de llevar un proceso mucho más largo o afiliarse a la Confraternidad Evangélica de Honduras por 3 mil lempiras anuales. A raíz de ese convenio la doctora Reyna Durón renunció como vocal de la CEH y apuntó en una carta dirigida a la junta directiva que la organización «no tiene la capacidad ni los recursos para vigilancia de la transparencia que un convenio así requiere».
La doctora Durón es médico especialista y dirige la Dirección de Investigación Científica de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). Asumió el cargo de vocal de la CEH en mayo de 2018 como parte de la Fundación Lucas para la Salud, una iniciativa de acceso a la salud con principios evangélicos.
Apunta que «al firmarse ese convenio, el pastor Oswaldo cometió un acto de autoritarismo y abuso a sus atribuciones ya que la decisión de firmar no fue consultada a la asamblea ni a la directiva de la confraternidad». «No necesitamos los cristianos firmar convenios para que el Estado ayude en programas sociales, es deber del Estado ayudar al pueblo», afirma Durón, y agrega que la Constitución deja claro que debe haber separación entre el Estado y la iglesia.
Cuando se le pregunta a Yoni Arias de SEDIS sobre las implicaciones del mandato de Estado laico en este convenio, guarda silencio durante algunos segundos, traga saliva y responde que «el objetivo principal es promover las políticas de inclusión, sí existe la ley laica, pero nosotros hemos incluido a la Confraternidad porque consideramos puede ser de apoyo». «Honestamente no le podría decir qué consecuencias legales podría tener esto», finaliza Arias.
La «ley laica» a la que se refiere Arias es el artículo 77 de la Constitución de la República que define que «Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo».
Durante los eventos religiosos del Centro Cristiano Internacional, la oración es fundamental para la unidad de los feligreses. Foto: Martín Cálix
La abogada Tirza Flores, abogada y magistrada en la ciudad de San Pedro Sula, dice que los principios de igualdad de derechos y no discriminación se están violentando a través de este tipo de acuerdos en los que se prioriza a un grupo religioso para que reciba beneficios del Estado.
En ese sentido el pastor Canales afirma que participar de convenios y estar en comisiones de gobierno no es una violación al Estado laico y dice que «hay que definir bien qué es el Estado laico, el Estado laico es el gobierno, los hondureños tenemos libertad y la Constitución misma dice que nosotros podemos elegir y ser electos. La iglesia participa sin ningún interés y pagamos el precio de la crítica y el cuestionamiento».
Sobre la participación de pastores en comisiones gubernamentales, afirma que «si el pastor tiene el talento para ir a una comisión puede hacerlo, pero no a nombre de la confraternidad y aunque no le paguen debe renunciar a su cargo porque se va a convertir en un funcionario del gobierno».
En agosto de 2018 el pastor Oswaldo Canales fue anunciado por el presidente Juan Orlando Hernández como miembro de la Comisión Especial de Transformación del Sector Salud. Esta inclusión de un ministro evangélico en comisiones del Estado se sumaba a las participaciones del pastor Alberto Solórzano en la Comisión Depuradora de la Policía Nacional y la Comisión para la Transformación del Sector Educativo.
La doctora Durón asegura que «los dos pastores aceptaron estar en comisiones de transformación nombrados por el presidente sin ser autorizados y, aunque dicen que aceptaron a título personal, terminan hablando a nombre de la organización. Ese es un abuso de autoridad». Diversos sectores de la sociedad se han opuesto a la participación de estos ministros evangélicos en comisiones del Estado. Entre las organizaciones que se han pronunciado está la Red Lésbica Cattrachas, que en diciembre de 2018 interpuso una acción constitucional de amparo contra el presidente Juan Orlando Hernández por el nombramiento del pastor Alberto Solórzano.
Solórzano es pastor evangélico del Centro Cristiano Internacional (CCI), una de las congregaciones más grandes del país que además cuenta con 512 sucursales en todo el mundo y fue presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras entre 2010 y 2018.
El recurso de amparo presentado por la organización de defensa de derechos humanos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cita que «el nombramiento de un ministro religioso en una comisión sobre educación pública vulnera principios y derechos fundamentales garantizados por la Constitución de la República y los tratados internacionales ratificados por el Estado de Honduras, que garantizan la libertad de religión, la igualdad ante la ley y el principio del Estado laico —corolario de la libertad religiosa— que debe guiar todas las actuaciones de las autoridades de gobierno».
El recurso también apunta que la distancia entre el Estado y la iglesia hace que no exista lugar a confusiones en las que el Estado asuma funciones de las confesiones religiosas y viceversa.
Por su lado, Solórzano dice que «el tema del laicismo es un tema que ya deberían cambiar un poco porque es un argumento gastado». Solórzano le dio una entrevista a Contracorriente en su oficina del CCI, un lugar con muchos relojes y reconocimientos colgados en la pared, algunos por su colaboración en actividades gubernamentales.
Alberto Solórzano, líder religioso del Centro Cristiano Internacional y miembro de la Junta Depuradora de la Policía Nacional, en su oficina. Foto de archivo: Martín Cálix.
Para Solórzano, el acercarse al gobierno no es acercarse a un partido político ni violentar el territorio laico. Dice que hay un derecho asumido a partir de que la población de Honduras en su mayoría es cristiana y esa población es la que elige a los que gobiernan.
Según estadísticas de la organización Pew Research Center, en 2014 un 41 por ciento de la población era evangélica, el mayor porcentaje de evangélicos en Latinoamérica al igual que Guatemala. Según proyecciones de la Confraternidad Evangélica de Honduras, en 2016 ya llegaban al 48 por ciento y superaban a los feligreses católicos.
Sobre la toma de decisiones siguiendo principios religiosos, Solórzano dice que «la aspiración de quienes elegimos no es que los políticos cuando ya están gobernando tomen decisiones en contra de los principios que nosotros tenemos. Al contrario, por las convicciones que la gente tiene, busca que a la hora de gobernar lo hagan basados en los principios religiosos».
Una pareja se abraza y llora durante una oración en el Centro Cristiano Internacional. Foto: Martín Cálix.
El pastor deja claro que su cercanía con el gobierno es estratégica y no forma parte de ningún hecho espontáneo, y que ellos han provocado ese acercamiento a raíz de temas como el matrimonio igualitario y el aborto. Según Solórzano, «la iglesia busca esos espacios porque allí se toman decisiones que nos van a afectar como ciudadanos, de dónde se paga la educación de este país, de los impuestos que nosotros pagamos entonces nosotros tenemos el derecho de solicitar que a la hora de educar se eduque correctamente según nuestras convicciones».
«Nosotros hemos visto venir esos temas desde hace tiempo atrás y nos movemos obviamente para estar en esos ambientes», finaliza el ministro evangélico.
La abogada Flores dice que esta influencia produce que el Estado sea autoritario, excluyente e incluso discriminativo.
“El objetivo principal del estado es garantizar el goce de derechos y establece que el fin supremo del estado es la persona humana y no la persona humana que pertenece a la iglesia evangélica, si el estado es así no puede ser controlado por una determinada religión o ideología”, apunta.
Según explica la abogada, para garantizar la libertad de religiones y cultos, el artículo 77 de la Constitución dice expresamente que los ministros de diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer propaganda política valiéndose como medio de las creencias religiosas del pueblo; sin embrago, si el propósito fundamental es influir al Estado con la religión, se violenta totalmente ese principio.
La doctora Durón explica que «algunos creen que la ganancia de estar cerca del poder es detener al izquierdismo, detener al comunismo, evitar el matrimonio gay y evitar el aborto. Muchos evangélicos creen que apoyando partidos o políticos de derecha que supuestamente defienden la familia y la vida esa es una buena incidencia. No se puede irrespetar la separación iglesia-Estado».
Las comisiones de transformación del sector salud y educación fueron derogadas en junio de este año a raíz de una serie de manifestaciones de los gremios médico y magisterial, que las acusaban de estar llevando un proceso de privatización a esos sectores.
Sumado a la inclusión de estos pastores en el gobierno, según la doctora Durón «hay testimonios de muchos eventos que han sido pagados con fondos del gobierno, del Congreso Nacional y de la Presidencia. Les tocan el ego del poder, la tentación de poder es algo que vence a muchos».
Continúe la historia AQUÍ y conozca sobre las relaciones del gobierno hondureño con Israel en Bendición y poder militar
Este reportaje hace parte del proyecto Trasnacionales de la Fe, una colaboración de 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo de Columbia Journalism Investigations de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y los siguientes socios latinoamericanos son: Agencia Pública (Brasil); El País (Uruguay); CIPER (Chile); El Surtidor (Paraguay); La República (Perú); Armando.info (Venezuela); El Tiempo (Colombia); La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad (Costa Rica); El Faro (El Salvador); Nómada y Plaza Pública (Guatemala); Contracorriente (Honduras); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México); el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP); y Univisión (Estados Unidos).
Juan Orlando Hernández anunció el 24 de marzo a través de su cuenta de Twitter la apertura de una oficina de negocios en la ciudad deJerusalén en Israel, esta oficina sería una extensión de la embajada de Honduras ubicada en Tel-Aviv . Esta acción era el primer paso importante del mandatario después de que en diciembre de 2017 Honduras se colocó del lado de Estados Unidos ante una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que condenaba la decisión del gobierno de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.
La apertura de la embajada de negocios también daba respuesta a la solicitud que en reiteradas ocasiones había hecho la Confraternidad Evangélica de Honduras al gobierno de Hernández para el traslado de la embajada de Israel a Jerusalén. Para una parte de los cristianos evangélicos, el apoyo al Estado de Israel no solo es una posición política, sino teológica.
En un comunicado emitido en 2018, la CEH aplaudió la decisión de Honduras de ponerse del lado del gobierno de Estados Unidos ante la resolución de la ONU, solicitó al presidente Hernández el traslado de la embajada a Jerusalén y celebró la aprobación de una moción del diputado Tomás Zambrano que tenía como objetivo enviar una nota exhortativa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que considere el traslado de la representación diplomática.
Zambrano como diputado y secretario del Congreso Nacional, siguiendo sus creencias evangélicas, ha sido clave para introducir en el Legislativo temas de la agenda de la CEH con la moción que presentó para dictaminar la lectura de la Biblia en las escuelas.
«Tenemos que guiar al país por buen camino. Inculcarles la fe, aunque la Constitución establece que la educación es laica, pero consideramos que es importante», apuntó en su momento el diputado Zambrano.
Gracias a su estrecha relación con el apóstol y líder de esa iglesia, Roy Santos, Zambrano fue invitado principal en un evento organizado por la iglesia Manantial de la Mies el pasado 25 de julio. En ese evento coincidió con Mario Bramnick, un pastor cubano-estadounidense y fundador de la Coalición Latina por Israel (LCI), una organización evangélica sionista que busca movilizar líderes y políticos religiosos en América Latina para que más países reconozcan a Jerusalén como la capital de Israel y trasladen sus sedes diplomáticas a esa ciudad.
La primera dama, Ana García reunida con el pastor Roy Santos, Mario Bramnick y secretarios de Estado. Foto de archivo.
Bramnick además fue miembro del Consejo Asesor Nacional Hispano que acompañó a Donald Trump durante su campaña política en 2016. Según confirmó en una entrevista a CJI, el entonces candidato presidencial estadounidense les prometió que trasladaría la embajada de Estados Unidos a Jerusalén.
Cuando Trump resultó ganador, Bramnick permaneció con él a través de la Iniciativa de la Fe y la Oportunidad, una oficina establecida en la Casa Blanca por decreto presidencial. Miembros de esta oficina organizaron una reunión con el presidente hondureño en junio de 2018, un día antes de que Pence y Pompeo conversaran con Hernández sobre la apertura de Capitol Ministries en el país.
Las acciones posteriores del gobierno de Honduras con la apertura de su oficina de negocios en Jerusalén parece indicar que los cabildeos funcionaron.
No obstante, en el cuarto país con mayor tasa de homicidios en Latinoamérica, sumado a su constante inestabilidad política y social, se abrieron otros acuerdos con implicaciones más profundas.
Omar Ulloa, miembro del grupo de alabanza del Centro Cristiano Internacional. Foto: Martín Cálix.
En diciembre de 2016 se firmó el acuerdo de cooperación entre Honduras e Israel dirigido a «potenciar las capacidades de defensa y seguridad» a través de las Fuerzas Armadas. Este es un acuerdo que implica que Honduras tendrá que pagar un total aproximado de 5 mil millones de lempiras ($206 millones) en cuotas anuales hasta el 2026.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu fueron testigos de honor en la firma de ese acuerdo, que incluye el fortalecimiento de la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, en donde se creará un sistema informático de ciberseguridad del Estado «para la protección de instituciones gubernamentales».
«Lo que hoy hemos firmado repotencia las capacidades de seguridad de Honduras, en defensa, con nueva tecnología, nuevos equipos, transferencia de conocimientos. Esto será algo que va a ayudar a la región centroamericana, particularmente en el Triángulo Norte», dijo Hernández al firmar el acuerdo.
Según un comunicado de la Secretaría de Defensa, el acuerdo también implica que el Ministerio de Defensa de Israel suscribirá contratos con empresas israelíes para brinda servicios de equipamiento y mantenimiento de los bienes adquiridos.
Información del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) indica que, además de lo contemplado en este acuerdo, Honduras ya había acordado la compra de tres radares a Israel por el costo de 25 millones de dólares.
En enero de este año el presidente Hernández anunció la creación de un nuevo tratado entre Honduras, Israel y Estados Unidos enfocado en fortalecer la seguridad y potenciar el desarrollo.
Cuando Contracorriente y CIJ le preguntaron al representante de Capitol Ministries en Honduras, Miguel Muñoz, sobre los acuerdos entre Israel y Honduras, dijo que en los estudios no se aborda la temática, pero que desde su posición en la CEH podría afirmar que existe un «fervoroso» deseo porque Honduras e Israel intercambien embajadas.
Ante las negociaciones que implican acuerdos militares y armamentísticos, Muñoz dice que como iglesia se limitan a hablar sobre lo que «sienten bien» y que no están reconociendo ningún tema bélico.
Los directivos de la CEH se reunieron entre enero y febrero de este año con una delegación del Consejo Nacional Palestino y con el embajador de Israel en Guatemala concurrente para Honduras y Nicaragua quienes han llegado a sus oficinas a negociar su apoyo, según el propio testimonio de Miguel Muñoz, han ofrecido becas de estudio universitario y teológico para pastores.
Al preguntarle si no es contradictorio que guarden silencio ante el tema militar que incluyen las relaciones entre Honduras e Israel, se mantiene en silencio durante algunos segundos y contesta que «no es contradictorio porque nosotros hemos respaldado por ejemplo la depuración de la policía, hemos respaldado la reducción de la tasa de homicidios, son las líneas que tienen que ver con este tipo de carrera armamentista pero son líneas de paz y de pacificación».
Finalmente Muñoz hace una analogía entre la justicia, bienestar y paz como pilares del Sermón del monte de la Biblia y las políticas de seguridad gubernamental que han apoyado. «Entre los discípulos habían unos más armamentistas y el Señor tenía que calmarlos y a la vez tenía que respetar el uso correcto del arma, como lo hace con Pablo», concluye.
El presidente elegido por Dios
—¡Mi amado pastor!
Ana García de Hernández acaba de aterrizar en helicóptero en las instalaciones del Hotel Copantl, uno de los más importantes de la ciudad de San Pedro Sula en el norte del país y ahora está saludando al pastor Roy Santos frente a las puertas del Salón Emperador en el centro de convenciones de dicho complejo. Ya es tarde así que solo le da un abrazo a su «amado pastor», se toma algunas fotografías con las encargadas de logística y entra a la reunión privada donde también están Tomás Zambrano y Mario Bramnick.
La primera dama fue acompañada a esa reunión del 25 de julio por Luis Mata, ministro para la Promoción de Inversiones, Alba Consuelo Flores, ministra de Salud, y Arnaldo Castillo, ministro de Desarrollo Económico. Todos ellos sostuvieron otra reunión más cerrada en un salón pequeño donde supuestamente se hablaron temas de inversión para el país con el equipo de Bramnick.
Esta no es la primera vez en que Ana García asiste a la invitación de Roy Santos para que participe en un evento evangélico de «liderazgo». La relación entre el ministro evangélico que se denomina así mismo como «profeta» y la pareja presidencial es cercana, y nace aparentemente de lo sobrenatural.
Roy Santos era un niño de ocho años cuando, en una aldea del departamento de El Paraíso en la zona oriental del país, Dios iluminó su espalda con un rayo de luz y le dijo «búscame».
Esa experiencia desconocida llevó a ese niño a convertirse al cristianismo evangélico y posteriormente a trabajar liderando la iglesia Manantial de la Mies en San Pedro Sula. Después de algunos años de servicio dentro de la iglesia, Santos recibió la profecía de un pastor que le dijo: «Te llegará el momento en que vas a guiar a un presidente y gobernante de tu nación, serás consejero».
Los años pasaron y las profecías también, incluida la caída de un gobierno cumplida en 2009 con Manuel Zelaya Rosales. Fue hasta 2012 cuando Roy Santos obtuvo de Dios lo que había esperado desde hace mucho tiempo.
«Estoy en mi casa almorzando y estoy viendo el desenlace que tendría la entrega de un partido político a Mel Zelaya, preocupado por aquello me fui a orar para preguntarle al señor qué iba a pasar», y explica que Dios le dijo que aunque el partido de oposición fundado por el expresidente derrocado sería fuerte, le daría la llave del gobierno a Juan Orlando Hernández o Mauricio Villeda. La presidencia sería, explica el ministro evangélico, de quien se acercara primero a Dios.
Según Santos, algunas semanas después Juan Orlando Hernández llegaría a su oficina para orar ante la preocupación porque su contendiente directo en las elecciones internas de su partido era más popular. Mientras oraban, continúa el pastor, Dios le reveló que el próximo presidente de Honduras sería Hernández, se lo dijo a éste y el que en ese entonces era presidente del Congreso Nacional se fue convencido de la profecía.
Aunque Roy Santos asegura que no se podría condicionar una profecía a cambio de un beneficio, en octubre de 2014 Roy Santos recibió un cheque del fondo de la Tasa de Seguridad por 970 mil lempiras para la ejecución de la Cruzada Nacional Niños a Una Voz, un evento anual que su iglesia realiza en un estadio de la ciudad sampedrana con la presencia de líderes políticos y religiosos de todo el país.
A partir de las profecías del pastor Roy en 2012, las visitas de la primera dama a los eventos de la iglesia Manantial de la Mies se han vuelto constantes cada año y las profecías que parecen respaldar al presidente también han aumentado.
En 2015, antes de que se hablara de la reelección de Hernández como una posibilidad real, el pastor Roy Santos ya profetizaba la extensión de su mandato. Ese segundo período también es, según el ministro evangélico, fruto de un designio celestial.
Según este profeta evangélico, la razón por la que Hernández se encuentra en el poder es porque es el elegido por Dios para romper la maldición que cayó sobre Honduras en 1947, cuando la dictadura de Tiburcio Carías Andino decidió abstener su voto ante la ONU para la creación del Estado de Israel.
«Según la Biblia, para romper una maldición, es necesario que la redención exista por un personaje del mismo linaje de quien comete el error», dice Roy Santos refiriéndose a la primera dama Ana García Carías, descendiente por el lado materno del exdictador, quien según su visión ocupa el titular del ejecutivo junto a su esposo.
«Dios le estaba entregando a Juan Orlando Hernández y la primera dama el nuevo gobierno para que tuviese el tiempo de poder establecer la embajada y así Honduras ser redimida de una maldición que se había obtenido por haber negado el reconocimiento al Estado de Israel», finaliza el pastor evangélico.
Sin embargo, la incidencia que ha generado Roy Santos hacia la promoción de Jerusalén como capital de Israel no solo se debe a sus creencias religiosas.
Roy Santos pertenece desde hace algunos meses a la Coalición Latina por Israel, dirigida por Bramnick y anteriormente ha sido parte del Parlamento Iberoamericano por Israel, otra organización que promueve el intercambio de cooperación político, religioso y económico entre Israel y América Latina.
Para la doctora Reyna Durón, «la idolatría hacia Israel hace que los evangélicos sigan cualquier acción que creen beneficia a ese pueblo. Se manipula mucho esto para fines geopolíticos. La idolatría hacia Israel hace que apoyemos cosas que a veces no sabemos».
«Roy Santos está patrocinado por el gobierno, le dan 24 horas continuas de transmisión en el gobierno, usted suma todo, es más de un millón de lempiras. Hay comida, bolsas solidarias, se habla de eso por los pastores que han participado», dice Durón.
«No sé si le pagarán por profecía», finaliza.
El pastor Roy Santos recibió un cheque por parte del presidene Juan Orlando Hernández en 2014 para realizar un evento de oración con niños y niñas en San Pedro Sula. Foto archivo.
En su oficina, Roy Santos tiene muchos de los reconocimientos que le han otorgado iglesias y el gobierno. En la parte más alta de ellos se encuentra enmarcado el decreto legislativo 105- 2018 que declara que el último sábado de octubre es el Día de la Cruzada Niños a Una Voz.
Este decreto exonera de impuestos y cualquier tipo de carga tributaria a las donaciones recibidas como parte del evento promovido por la iglesia del ministro religioso.
«Nosotros no teníamos voz, lo que vino con este presidente fue una apertura donde se nos valoró nuestra posición y lo que nosotros hicimos fue aprovechar ese momento para dar nuestro aporte», explica Roy Santos.
Según el testimonio del pastor, ellos reciben apoyo anual de una partida de la Tasa de Seguridad para financiar el evento. Aunque esta información se intentó corroborar ante el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, no hubo respuesta a la solicitud de información que se envió ni al recurso de revisión que se interpuso ante la ausencia de una respuesta.
Los eventos que la iglesia de Roy Santos organiza siguen la idea del pastor, que indica que «un Estado de derecho debe estar basado en la ley de Dios a través de la Biblia, donde el derecho humano sea conforme al diseño de Dios y no conforme al capricho de los seres humanos».
En ese sentido, sobre el Estado laico, el consejero espiritual de Juan Orlando Hernández opina que «es una idea humana, una estrategia de Satanás».
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El pasado 1 de agosto se anunció la inauguración del «Ministerio Cristiano Policial de Honduras» y, según las fotografías publicadas en la cuenta de Facebook de la Policía Nacional de Honduras, hubo un acto con música religiosa interpretada por los mismos agentes de seguridad.
El salón donde se realizaron sus reuniones fue inaugurado por Julián Pacheco Tinoco, actual Secretario de Seguridad, quien ha sido señalado en el juicio en contra de Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cartel de narcotráfico Los Cachiros. Devis dijo en la Corte de Nueva York que Pacheco Tinoco pertenecía a una red de protección que permitía el paso de drogas por Honduras durante el periodo presidencial de Porfirio Lobo entre 2010 y 2014, período en que era asesor de seguridad del gobierno.
Este nuevo ministerio dentro de una institución del Estado, se suma a la progresiva expansión que han tenido las iglesias evangélicas con estudios bíblicos y jornadas de oración. Iglesias que se han multiplicado al tiempo que aumentan su poder e incidencia en las decisiones estatales al respaldar a un gobierno rechazado por diversos sectores de la sociedad y las gestiones de un presidente mencionado en documentos de la fiscalía de la corte de Nueva York por supuestamenteos haber recibido $1.5 millones de dólares para su campaña política en 2013.
Cada vez que hay una situación de crisis en el país, la Confraternidad Evangélica de Honduras se pronuncia respaldando las acciones del gobierno, ese es el caso de la reunión entre pastores y la pareja presidencial del 26 de junio de este año en la que oraron por «la paz y el bienestar» de Honduras a pocos días de que se finalizara en el país una jornada de protestas violentamente reprimidas en defensa de la salud y educación pública.
Esta relación de respaldo también se expresa en lo privado. Desde el 15 de marzo Capitol Ministries está impartiendo sus estudios bíblicos en Casa Presidencial con el Consejo de Secretarios de Estado. Actualmente esta organización se encuentra en otros seis países de la región: Brasil, Perú, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Costa Rica. Honduras es el primer y único país de Latinoamérica en el que ha logrado hasta llegar al Ejecutivo. El primer tema impartido por el pastor Muñoz fue «¿Es tan importante estudiar la Biblia en el gabinete?».
Esta nota es parte del proyecto Transnacionales de la Fe, una colaboración de 15 medios, bajo el liderazgo investigativo de Columbia Journalism Investigations de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y los aliados periodísticos: Agência Pública (Brasil); CIPER (Chile); El Tiempo (Colombia); La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad (Costa Rica); El Faro (El Salvador); Univisión (Estados Unidos); Nómada y Plaza Pública (Guatemala); Contracorriente (Honduras); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México); El Surtidor (Paraguay); La República (Perú); El País (Uruguay), Armando.info (Venezuela) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Un grupo de líderes evangélicos fundamentalistas vinculado a la Casa Blanca ha logrado influir en mandatarios y en la política exterior frente a Israel de varios países latinoamericanos.
En este especial revelamos el poder que impulsa al gobierno de Juan Orlando Hernández. Desde la intromisión de representantes de un sector muy poderoso de la iglesia evangélica en el proceso de legislación del país, hasta la toma de decisiones con respecto a la salud, la educación y la seguridad de Honduras.
Columbia Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y 16 medios de investigación revelamos cómo estos grupos evangélicos fundamentalistas han expandido sus ministerios por la región y han hecho tratos que han fortalecido a presidentes cuestionados, desde Juan Orlando Hernández en Honduras, Daniel Ortega en Nicaragua, pasando por Jimmy Morales en Guatemala y hasta Jair Bolsonaro en Brasil.
Líderes evangélicos amparados por la Casa Blanca exportan agenda fundamentalista a América Latina
El presidente Juan Orlando Hernández anunció el 24 de marzo la apertura de una oficina de negocios en Jerusalén, como extensión de la embajada de Honduras ubicada en Tel-Aviv y un guiño a la política de Trump en Medio Oriente. Los sectores evangélicos han promovido esa idea. El anuncio diplomático fue seguido por otros en temas de defensa con Israel.
Desde las decisiones más importantes del país, hasta las calles más empobrecidas, la iglesia evangélica tiene poder. En el centro de Tegucigalpa se traduce a lo cotidiano ese poder, el de mantener a una población desesperanzada y arañando lo poco que puede para sobrevivir, en un éxtasis que lo hace creer que en lo alto se encuentra su salvación. Esto luego se traduce en la aceptación de las decisiones que la alta cúpula de la iglesia impulsa a tomar a gobernantes tan cuestionados como Juan Orlando Hernández.
La semana que recién terminó fue escenario de protestas en contra y en favor del gobierno hondureño, sobre todo de Juan Orlando Hernández. Una serie de artículos en la cadena estadounidense Univisión revelò que la Fiscalía del Estado de Nueva York vincula el financiamiento del narcotráfico en las campañas presidenciales de 2013 y 2017 de Juan Orlando Hernández, a esto se sumó el involucramiento de la primera dama, Ana García y el mismo Juan Orlando Hernámdez en una red de corrupción que funciona en el Congreso Nacional y que ha desfalcado diferentes instituciones del Estado. Estos elementos han sido el asidero para que el Partido Nacional y la oposición midieran fuerza en las calles con movilizaciones masivas, unas en medio de la represión policial y las otras bajo la custodia de la Policía Nacional.
En esta semana también se desarrolló la audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso de Edwin Espinal y Raúl Álvarez, presos en La Tolva, la cárcel de máxima seguridad ubicada en El Paraíso tras la crisis postelectoral. El jurado compuesto por tres mujeres dio con lugar la solicitud de la defensa, lo que concluyó con el levantamiento de la prisión preventiva y dándoles la oportunidad a Espinal y a Álvarez de defenderse en libertad. A continuación te contamos la semana en 20 fotografías a manera de resumen gráfico.
Quema de llantas en el bulevar Fuerzas Armadas a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, Tegucigalpa, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Una simpatizante del Partido Nacional señala en su camiseta la leyenda «lo bueno debe continuar», eslogan utilizado durante la campaña presidencial que llevó a Juan Orlando Hernández a reelegirse en las elecciones de noviembre de 2017, Tegucigalpa, 10 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Una tanqueta de la Policía Nacional de Honduras dispara un chorro de agua con gas pimienta a manifestantes en el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Enfrentamiento entre policías y manifestantes en colonia Las Colinas, Tegucigalpa. Fotografía: Martín Cálix
En la parte de atrás de la camiseta de un simpatizante del Partido Nacional se puede leer la leyenda «nuestra actitud marca la diferencia», Tegucigalpa, 10 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Salvador Nasralla, ex candidato presidencial por la Alianza de Oposición, dio una conferencia de prensa donde ratificó que para él la única forma en que Juan Orlando Hernández salga de la presidencia será con el pueblo en las calles, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Agentes de la Policía Nacional disparan gas lacrimógeno hacia estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en un enfrentamiento que duró unas 6 horas, Tegucigalpa, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Un estudiante encapuchado devuelve bomba lacrimógena lanzada por la Policía Nacional en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Una pareja camina en una acera del bulevar Suyapa tapándose sus rostros, visiblemente afectados por el gas lacrimógeno lanzado por la Policía Nacional, Tegucigalpa, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Nacionalistas posan delante de una bandera del Partido Nacional al finalizar una masiva movilización convocada en apoyo a Juan Orlando Hernández, Tegucigalpa, 10 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Un manifestante encapuchado se prepara para lanzar una piedra a la Policía Nacional durante un enfrentamiento en el bulevar Suyapa a la altura de Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Una bomba molotov estalla cerca de los agentes de la Policía Nacional quienes respondieron a las piedras y las molotov de los estudiantes con gas lacrimógeno y balas de goma, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Un agente de la Policía Nacional terminó con su escudo quebrado por una piedra lanzada por los manifestantes durante el enfrentamiento en Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Con su brazo izquierdo en alto, el campesino Emérito Alvarado de 77 años, canta el himno nacional de Honduras frente al Ministerio Público, es originario de Colomoncagua en el departamento de Intibucá y ha llegado hasta aquí junto con otros compañeros suyos de COPINH para protestar contra el gobierno y exigir la liberación de los presos políticos, Tegucigalpa 8 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix
Mientras en las calles de todo el país se llevaban a cabo manifestaciones en contra y en favor del gobierno de Juan Orlando Hernández, Karen Spring, esposa de Edwin Espinal, preso en la cárcel de máxima seguridad desde el 20 de enero de 2018, durante la crisis poselectoral, recibía la noticia de que su esposo podrá defenderse en libertad, luego de que un tribunal admitiera con lugar la revisión de medidas interpuesta por la defensa, Tegucigalpa, 9 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
En la concha acústica de la plaza central Francisco Morazán del casco histórico de Tegucigalpa, el ex presidente, Manuel Zelaya, dio un discurso donde llamó a continuar en las calles hasta que Juan Orlando Hernández deje el poder, y afirmó no tener nexos con el narcotráfico, Tegucigalpa, 9 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix. Cubriéndose del sol con la bandera del Partido Nacional un joven camina por el bulevar Suyapa en una manifestación convocada en apoyo a Juan Orlando Hernández, Tegucigalpa, 10 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
En su calidad de Primera Dama, esposa de Juan Orlando Hernández y militante del Partido Nacional, Ana García Carías llegó al cierre de una manifestación masiva convocada en apoyo a su esposo, donde resaltó que los principios cristianos rigen la vida política de Honduras, que hay dos caminos, el camino bueno y el camino malo, Tegucigalpa, 10 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
Nacionalistas pasan frente a una valla de concreto pintada con la leyenda «no más narcodictadura» en el bulevar Suyapa, al finalizar la movilización convocada por el Partido Nacional en apoyo a Juan Orlando Hernández, Tegucigalpa, 10 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix
Sobre la estatua de Francisco Morazán en la plaza central de Tegucigalpa, jóvenes encapuchados sostienen la bandera nacional y la bandera de Libre al finalizar una masiva movilización contra el gobierno de Juan Orlando Hernández, Tegucigalpa, 9 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.
El presidente Juan Orlando Hernández se enfrenta ahora a una nueva ola de protestas que exigen su renuncia y enjuiciamiento. Las declaraciones de un narcotraficante, exalcalde miembro de su partido político, lo pusieron de nuevo frente al descontento popular y ratificaron lo que hace ya varios años se dice de Honduras: que es un “narcoestado”.
Sin embargo, que Hernández posiblemente haya financiado su campaña con dinero del narcotráfico no pareciera ser el detonante principal de las protestas en las calles de Honduras, aunque sí parece ser la excusa para que la comunidad internacional lo vea y lo reconozca como un presidente ilegítimo, criminal. La sociedad hondureña ha sido bastante tolerante con el crimen del narcotráfico, de hecho, en algunas zonas de influencia de carteles de tráfico de drogas, las comunidades han coexistido con ellos, sea bajo presión o a través de un complejo sistema de tolerancia mutua. El control de la vida cotidiana y de las decisiones políticas en esos territorios no ha sido motivo de protestas, al contrario, parece ser un sistema normativo que funciona allí donde el Estado ha sido el gran ausente.
En zonas como el Bajo Aguán, cuando el cartel que allí controlaba se entregó a la justicia estadounidense, la población se vio afectada por la caída en la economía y hasta manifestaciones por cierre de empresas y baja en los empleos se dieron.
Esta situación no es exclusiva de la Honduras de hoy. Hay que recordar la imagen que se guarda en la memoria de muchas personas, la del famoso capo Ramón Mata Ballesteros.
Ser narco en Latinoamérica es símbolo de éxito, de riesgo, una especie de “Pablo Robin Hood Escobar” que transgrede todas las normas y usa la violencia para favorecerse de un sistema corrupto y que, además, es benefactor de quienes le rinden admiración o le temen. Por esto, nunca se ha visto en Honduras una protesta contra narcotraficantes o una estrategia de autodefensa contra narcos.
¿Qué es entonces lo que irrita e indigna a la sociedad hondureña, esa que está en las calles diciendo que Hernández debe dimitir?
Muchos representantes de las élites políticas y empresariales también aceptan al narco, lo protegen porque protege, lo apoyan porque financia. Tanto así, que no se sabe al final que fue primero, si el narco o el político. Pero eso también se tolera. De hecho, los reeligen una y otra vez.
Sin embargo, hay una línea que esa sociedad que protesta no está dispuesta a aceptar que se cruce. A esas personas, les resulta imperdonable el saqueo del sistema de salud y de educación y aun más, la reelección fraudulenta que mantiene en el poder a uno, de tantos, que está bien que sea lo que sea, pero que se vaya después de sus cuatro años. Estos son los verdaderos detonantes.
Hernández rompió la dinámica de que cada cuatro años el presidente (que la sociedad ya asume corrupto, quizá guapo, bonachón, útil, “el menos peor”) le entrega el poder a otro, uno elegido en las urnas (tal vez igual pero al menos con diferente color y nombre).
Por si eso no fuera ya suficiente, Hernández también privatizó el servicio de cobro de energía eléctrica, concentró el poder del Estado y legisló desde la presidencia para privatizar los servicios de salud y educación, para tener un fondo millonario para usar a discreción, para aumentar presupuesto de seguridad y defensa y para ser el jefe de toda fuerza especial híbrida militar y civil que se le ocurriera (por más inconstitucional que sea). Y aunque Hernández no logró controlar del todo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), todavía es ilusorio que en Honduras al presidente se le juzgue, aunque sea por reelegirse inconstitucionalmente o por estar implicado en actos de corrupción. Él tiene control sobre la Corte Suprema de Justicia, y no se puede olvidar que el director del Ministerio Público fue su único aliado en la Corte de Constitucionalidad cuando quería elevar a rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público.
El presidente Hernández ha dicho que todo es una confabulación de los narcos, porque él mismo aprobó la extradición, porque él mismo ha luchado contra ellos y porque el éxito de su gobierno, según su publicidad pagada por el Estado, es la reducción de homicidios, el ataque al crimen organizado. Pero la violencia en las calles sigue produciendo éxodo masivo, solo en lo que va del año, según el último boletín del IUDPAS, se ejecutaron 41 masacres, esto dobla la cantidad de víctimas por homicidios múltiples del año pasado, la mayoría son vinculadas al crimen organizado. Justo en medio de esta crisis política, la semana pasada hubo un hecho violento de esta magnitud en el velorio de una persona en pleno cementerio de San Pedro Sula.
El Fuera JOH, en este momento, es posible solamente si la justicia estadounidense actúa. Las protestas de la crisis postelectoral se apagaron cuando la Embajada de Estados Unidos sacó su comunicado avalando el triunfo de Hernández, hoy se alaba al fiscal de New York porque es la única esperanza de que el presidente sea enjuiciado. No aquí, donde ya no hay esperanza, sino allá, donde están puestas las esperanzas de miles de hondureños y hondureñas que cada día emprenden camino. Este es el reflejo de la ética hondureña y su esperanza, lo que es inaceptable para ella y la única vía que ve como salida a la crisis del momento.
La red social Facebook cerró 181 cuentas y 1488 páginas falsas en Honduras el pasado 25 de julio, según informó el jefe de política de seguridad cibernética de Facebook, Nathaniel Gleicher, a través del blog oficial de esta trasnacional de las comunicaciones. Estos perfiles eran fraudulentos y se dedicaban a mentir sobre quiénes eran y a qué se dedicaban, páginas y perfiles falsos que comentaban y amplificaban mensajes positivos sobre Juan Orlando Hernández, el presidente peor evaluado en popularidad por la encuestadora Cid Gallup desde que Honduras retornó a la democracia en 1980.
El cierre de cuentas falsas en Facebook no solo sucedió en Honduras —aunque fue el más castigado— en Rusia y Ucrania se eliminaron cuentas de perfiles falsos que eran utilizadas para suplantar la identidad de militares y periodistas con el fin de criticar al gobierno ucraniano. En Tailandia usaron los perfiles de personajes ficticios para influir en el discurso sobre la relación de Estados Unidos con China, por otro lado hacían críticas contra los activistas de la democracia en Tailandia y las protestas en Hong Kong contra la ley de extradición.
En 181 cuentas falsas y 1488 páginas falsas, los creadores pagaron 23 mil dólares en anuncios. Pero esta no es la primera vez que se ve la proliferación de perfiles y páginas falsas en Honduras. En 2015, cuando salió a las calles el movimiento «indignado» autoconvocado desde las redes sociales, se vio la primera ola de lo que algunos ciberactivistas llamaron «johbots», miles de cuentas falsas que actuaban en coordinación, para simular un apoyo de base al presidente Juan Orlando Hernández, a quien este movimiento pedía la renuncia por estar implicado en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
En esta campaña de gestión de crisis, se creaban más de 100 cuentas de Twitter falsas diariamente, y eran usadas para amplificar el contenido positivo de Hernández y atacar a opositores y activistas, difundiendo narrativas afines al gobierno, tratando de opacar el famoso “Fuera JOH”.
En una primera investigación de agosto de 2015, realizada por el colectivo Tierra Catracha a través de SinMetadata, se descubrió que esta estrategia de bots tardó un año para conseguir que se hiciera un hueco en la prensa nacional, porque era importante que la comunidad hondureña supiera lo que estaba ocurriendo, llegando a encontrar más de 5,000 bots haciendo una visualización de 2,800 datos. Sin embargo, a nivel internacional lograron colocar a Hernández como personaje destacado en redes sociales en la revista Forbes.
Las redes sociales como armas
Para el informático y representante del colectivo de migrantes hondureños en España “Tierra Catracha”, Aldo Salgado, este tipo de estrategias son el resultado de la aplicación de la doctrina militar en el ámbito de la política y la comunicación.
«Se les conoce como “operaciones de información”, y dentro de ellas se incluyen las “psyops”, operaciones psicológicas, que tienen como objetivo desmoralizar al enemigo, distraer, distorsionar y desmayar, desalentar y hasta espantar», asegura este ciberactivista.
Las empresas que realizan psyops, ofrecen por ejemplo, desprestigiar a los 10 colaboradores más próximos de la persona objetivo. Esto después de una cuidadosa recolección de información por todos los métodos posibles.
«Cambiar la realidad con los deseos del cliente», esta era la promesa realizada por Archimedes Group, una empresa de origen israelí que fue vetada por Facebook. Realizaba operaciones en todo el mundo, pero su foco en América Latina era Honduras, con páginas que simulaban ser portales de noticias y perfiles falsos en Facebook, que difundían mensajes positivos en favor del presidente hondureño, y en consecuencia atacaban a la oposición.
Salgado y su colectivo se han dedicado a monitorear estas páginas y estrategias de bots en redes sociales en los últimos dos años y han ubicado páginas de desinformación como: Prensa del Istmo, Dios me hizo libre, DiarioHN, La Verdad Desnuda, Nuestro Presidente JOH y RídiculosHn. La mayoría de estas siguen activas y continúan realizando posts como estos de RídiculosHn: 1. Cancelan la visa a miembros del Colegio Médico por apoyar actos terroristas contra la Embajada Americana, 2.Corazones les manda a decir Jorge Cálix que son un bulto de haraganes los hondureños, que solo él y su papi Mel trabajan (esto por un tweet de Cálix), 3. Los vagos de Libre que iban a manifestarse en la Cerro Grande (colonia de Tegucigalpa) encendieron llantas y las tiraron a una zacatera y se hizo un incendio inmenso quemando miles de árboles y varias casas 4. Si sale a protestar mañana, despídase de sus familiares y nos vemos en el infierno perros.
Al igual que RídiculosHn, están las páginas: Cómo te pones a creer vos , Política viral , Soy Chuy Ramos , Que alguien me explique . Todas estas páginas sostienen la misma narrativa y pagan publicidad en algunas de sus notas, en las más recientes que abarcan el período comprendido entre el 6 y el 13 de julio de este año, dirigían su contenido contra Manuel Zelaya, Salvador Nasralla y Olivia Zúniga Cáceres.
«En la narrativa implementada para los diferentes afectados está el “consumo de drogas” en el caso del expresidente Zelaya, “amigo de las maras” refiriéndose a Nasralla, e insultos machistas en contra de la diputada de Libre por el departamento de Intibucá, Olivia Zúniga Cáceres».
Salgado apunta también que el gobierno de Hernández no solo paga publicidad a Facebook y crea diferentes perfiles falsos, también se encarga de pagar consultorías para elevar el nivel de proyectos creados por su gobierno.
Por ejemplo, el 24 de junio se empezó un contrato con una nueva empresa: CYPARIS. La persona al frente de esa empresa, Andrés Lucas Silva Wood, trabajaba en la anterior agencia de publicidad del gobierno: Burson Marsteller, afirmando Wood a través de su cuenta de LikedIn en la información de su perfil que Burson Marsteller fue quien estuvo detrás de la idea de Marca País.
Marca País tuvo un contrato de Consultoría de Relaciones Públicas con la empresa CYPARIS, siendo su representante legal, Andrés Lucas Silva Wood de origen chileno, y que recibió un monto de 40 mil dólares mensuales durante 6 meses, afirma Salgado.
Además, las páginas de las instituciones estatales como la de Marca País, Policía Nacional, Secretaría de Salud y hasta de la Primera Dama de la república están siendo administradas en dos países: Honduras y Colombia.
Mientras los señalamientos contra Juan Orlando Hernández han escalado de su ilegitimidad como presidente reelecto hasta sus implicaciones con el narcotráfico, las redes sociales contienen el descontento popular que no logra contrarrestar la publicidad estatal tanto oficial como a través de cuentas falsas o bots.
Fotografía tomada de El País HN
La primera dama Ana García Carías, ha sido cuestionada los últimos días debido a que aparece como socia de una sociedad mercantil involucrada en el Caso Pandora. A pesar de que asegura que no tiene relación con ningún proceso legal, esta no es la primera vez que se le vincula a irregularidades con empresas u ONG’s.
En su cuenta de twitter, la primera dama ha hecho una aclaración pública: «Las acciones van dirigidas en contra de una SOCIEDAD, de la que me desligué desde su constitución formal hace 13 años, en 2006».
— Ana García de Hernández (@anagarciacarias) August 2, 2019
Pero ese mismo año, Ana García era la responsable legal de dos ONGs recién creadas y que hasta el momento han obtenido múltiples convenios con el Estado. De acuerdo con una consulta avanzada en el sistema de expedientes de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), Ana García es la responsable de la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (FUNDEIH) y la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer (FUNDEIMH) que se inscribieron a su nombre en 2006.
Estas ONG’s manejan casi todo el programa Vida Mejor, FUNDEIH actualmente se encarga de proyectos para ecofogones, viviendas saludables, letrinas, pisos mejorados y capacitaciones para la niñez y las personas con discapacidad. Mientras que FUNDEIMH se dedica a las microempresas de alimento y capacitaciones para mujeres.
El programa Vida Mejor ha sido un pilar fundamental en el proyecto político de la familia Hernández, una biografía de Ana García publicada en el portal de la presidencia indica que lo inició junto a Juan Orlando Hernández en el 2006. El 9 de enero de ese mismo año FUNDEIH y FUNDEIMH fueron inscritas en la URSAC.
FUNDEIH ha recibido al menos 2 mil 800 millones de lempiras (116 millones de dólares) entre 2014 y 2017 a través de convenios con fondos provenientes de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS). A través de una solicitud de información a los registros de la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles de Honduras (DIRRSAC) se verificó que el expediente de esta ONG no se encuentra a disposición a pesar de que esta información debe ser pública.
“Por ser expedientes generados antes de la implementación del sistema de geolocalización de expedientes, estos no se encuentran escaneados y actualmente siguen buscándolos caso contrario se procederá a su reconstrucción” aseguran en una respuesta oficial desde la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización (SDGJD) de la que DIRRSAC es parte.
Mientras tanto, FUNDEIMH recibió entre 2014 y 2017 al menos 318 millones de lempiras (12 millones de dólares) desde SEDIS y su expediente fue decomisado por la UFECIC en marzo de este año. Debido a esta situación no es posible verificar qué cambios hubo desde 2006 y si Ana García es parte de la junta directiva de alguna de las ONG’s actualmente.
Sin embargo, en la información de los convenios entre la SEDIS y FUNDEIH al menos hasta 2017 aparece como directora ejecutiva Eva Yakeline Collier, hija de Danne Chavez quien en 2014 también firmó convenios y adendums bajo el cargo de presidenta de la fundación, cargo que ocupó al menos desde 2011, fecha en que se tienen otros registros públicos de su existencia y lo hizo hasta la firma de los contratos en 2014.
Ese mismo año que Danne Chávez firma como presidente de FUNDEIH con SEDIS, comienza a laborar como Gerente de la Unidad de Proyección Social y Asuntos Comunitarios en Casa Presidencial que se dedica a “recepcionar, evaluar y aprobar las solicitudes de ayuda social que hubieran sido sometidos a la Presidencia de la República”. Además, la oficina de Danne se encarga de gestionar con SEDIS y cualquier otra Secretaría de Estado, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones y cualquier otras de carácter público o privado, las acciones necesarias para dar respuesta a las solicitudes.
Tanto Danne como Eva tienen una relación muy cercana con la primera dama, esto lo demostraron públicamente durante la boda de Eva Collier en 2015 donde Ana García fue la designada para dar un discurso durante el brindis, según las revistas sociales, esto debido a que Eva la considera como una tía.
En el caso de FUNDEIMH, hasta 2017 la mamá de Ana García, Carlota (Lotty) Carías se dedicó a la ONG públicamente y al menos hasta 2016 asistía a eventos como una representante de FUNDEIMH.
De igual manera, aunque Rebeca Andrea Tercero Lizano aparece como representante legal y directora ejecutiva de FUNDEIMH, este poder fue acreditado por Victoria Isabel Madisson de Chávez, madre del diputado David Chávez, el 16 de febrero de 2016 en condición de presidenta de FUNDEIMH.
Aunque nunca se ha revelado en cuánto se encuentra valorado un ecofogón, coordinadores del programa en declaraciones a medios de comunicación dicen que se encuentra entre los 1,500 y 2,000 lempiras (entre 60 y 81 dólares) mientras que en una publicación de la Organización Panamericana de la Salud en 2016 se refiere a aproximadamente 4600 (190$).
Este último dato se acerca más a la información de los convenios con FUNDEIH de 2015 a 2017; durante 2014 los ecofogones estaban valorados en alrededor de 9,500 lempiras.
De acuerdo a los estudios del Foro de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) este tipo de programas asistencialistas no funcionan pues los terminan financiando los mismos pobres. El aumento del 3% al Impuesto sobre Ventas decretado en diciembre de 2013 se destina directamente al programa Vida Mejor “este programa no ha dado resultados esperados, y en especial no ha servido para reducir la pobreza (…) este programa no debería existir como parte de un cobro adicional, ya que dentro de las líneas presupuestarias está el compromiso de pago para financiar programas de reducción de la pobreza” señalan en sus publicaciones.
Contracorriente ha intentado tener acceso a entrevistas con autoridades de SEDIS en varias ocasiones, pero estas no han dado respuestas. La última vez consultada accedieron a darla a través del oficial de Acceso a la Información Pública, una persona que no está facultada para responder por la institución.
Cuando se le consultó sobre la cercanía de Ana García con las fundaciones que más reciben dinero del programa Vida Mejor dijo no tener acceso a ese tipo de información: “Sinceramente yo no sé cómo se está manejando, sé que ellos reciben un primer desembolso del 40% y así. Sé que si después de que hacen una liquidación de ese 40% encuentran no conformidad por situaciones de corrupción el convenio se cancela. No le voy a decir que nunca ha habido, seguramente sí, pero las cosas se están haciendo diferente. Y sé que muchas fundaciones ya no califican porque en otros años han pasado situaciones” respondió Yoni Arias, oficial de acceso a la información pública de SEDIS.
La red de ONG’s para desviar dinero del Estado
Hasta el momento, la MACCIH en conjunto con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad Corrupción (UFECIC) han develado en varias investigaciones la existencia de un sistema de corrupción que utiliza las ONG’s. En los casos Pandora, Arca Abierta y la Red de Diputados lo hicieron solicitando fondos para proyectos sociales que una vez depositados en las cuentas de las fundaciones se emitían cheques a favor de los diputados y diputadas involucradas, así como familiares y personas cercanas.
De acuerdo a una investigación previa realizada por Contracorriente, la aprobación de todos los fondos destinados a ONG’s que desde la MACCIH-UFECIC han encontrado irregularidades tuvo que haber sido aprobado por el presidente del ejecutivo, Juan Orlando Hernández.
Cuando Hernández era presidente del Congreso Nacional en 2011 reforman la Ley del Presupuesto General de la República con el fin de autorizar a la Secretaría de Finanzas la transferencia del 25% de los valores no ejecutados en los fondos nacionales a la Institución 449 Servicios Financieros de la Administración Central para crear un fondo destinado a financiar diferentes programas y proyectos acorde a los objetivos en el Plan de Nación y Visión de País.
En diciembre de ese mismo año se realiza una nueva reforma, y el artículo 185 agrega que se reduzca el gasto de servicios no personales, materiales y suministros de más de 50 instituciones para trasladarlo a la Institución 449 destinado a financiar diferentes programas y proyectos.
Este fondo es administrado por el presidente, un representante de la Secretaría de Finanzas, representante de cooperación externa y los presidentes de la comisión del presupuesto del Congreso Nacional. Esto quiere decir que todas las solicitudes para esa asignación de fondos para programas sociales deben pasar primero por el presidente del Poder Ejecutivo.
Esta semana la MACCIH y la UFECIC solicitaron la privación definitiva de los bienes de los acusados en el “Caso Pandora”. La solicitud incluye cuentas corrientes y bienes inmuebles como las sedes centrales de los Partidos Nacional y Liberal, entre las sociedades mercantiles aparece Asesores Especializados en Desarrollo Integral (ASEDI) en la que Ana García es socia.
A pesar de la aclaración pública de la primera dama, esta información ya había sido verificada por Contracorriente y según la información del Registro Mercantil, desde su creación no hay cambios legales en los socios de ASEDIS.
Esta no es la primera vez que la MACCIH ha mencionado a la familia presidencial en sus investigaciones, la cercanía que tienen con las ONG’s que reciben fondos del proyecto Vida Mejor fue uno de los cuestionamientos que realizaron al intentar investigar por desviación de fondos a ésta y otras Organizaciones No Gubernamentales en el caso denominado Red de Diputados.
Cuando el primer jefe y vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, junto con otros fiscales intentó investigar a FUNDEIH y FUNDEIMH se generó una crisis interna que concluyó con la renuncia de Jiménez Mayor y el juez Daniel Urrutia.
En aquel momento, Urrutia declaró en una entrevista con CNN la existencia de un pacto de impunidad entre Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Juan Orlando Hernández, esto mismo lo ha denunciado el expresidente Porfirio Lobo en varias ocasiones debido a que en seis años del gobierno de Hernández no hay investigaciones en su contra.
“La selectividad en las acciones evidencia que lo hay, no son las palabras sino los hechos que dicen que aquí hay una muralla que no se pasa que es 2014” mencionó Lobo durante una entrevista a Contracorriente.
Mientras tanto, el convenio con la MACCIH vence en enero del próximo año y para renovarlo, la misión primero será evaluada y de esos resultados dependerá su permanencia. Hasta el momento su mayor logro es la estructuración de la UFECIC que ha presentado 12 casos que en total suman a 123 imputados entre diputados, otros funcionarios públicos y familiares acusados de malversar alrededor de 450 millones de lempiras en diferentes actos de corrupción.
Incluso si la MACCIH renueva su convenio aún quedan retos para su funcionamiento, hasta el momento no se ha requerido a la primera dama a pesar de estar mencionada en uno de los casos y las investigaciones llegan hasta esa frontera. Igualmente, aún se espera la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz que incluye la derogación de la Ley de Secretos Oficiales que impide que los casos avancen hasta la cúspide de las estructuras corruptas.
Indocumentada en su propio país, así sortea la vida Brianna, en medio no solo del estigma y el rechazo de una sociedad con fobia a la diversidad, sino con la falta de garantía que formalmente le daría un documento si viviera en un estado de derecho. Pero Brianna es una mujer trans, indocumentada en Honduras, un país donde la discriminación y la violación de derechos humanos es el pan de cada día.
Escuche este podcast sobre los esfuerzos de la población LGTBI organizada para crear una ley de identidad que les permita ser identificadas legalmente con su nombre y género asumido.
El pasado 24 de junio, una manifestación de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), terminó con el ingreso de miembros de la Policía Militar a las instalaciones de Ciudad Universitaria. Sonaron los disparos, los gritos, hubo enfrentamiento y heridos. Desde ese momento la incertidumbre reina en la universidad a nivel nacional ya que también en San Pedro Sula el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) mantiene cerrado el campus y en Tegucigalpa el intento de reabrirlo fue fallido.
Ramón*, es uno de los estudiantes universitarios heridos por los militares que ingresaron al campus de Ciudad Universitaria la semana pasada, ahora ve pasar sus días entre el reposo, la resistencia al dolor y el lento proceso de curación que necesita su brazo herido por esquirlas de bala. Cuenta que aun siente cierto frío que le recorre el cuerpo, a pesar de eso, espera el momento en que pueda volverse a poner la capucha para seguir protestando.
«Cuando estaba con mis compañeros en el portón peatonal, nos percatamos que los militares estaban por ingresar a la U, entraron corriendo y disparando, nosotros creíamos que ellos iban a ingresar a las primeras gradas pero no, llegaron hasta el parqueo del Padre Trino y disparando», explica Ramón.
Policía militar dispara gas lacrimógeno contra estudiantes frente a portón de la UNAH, 24 de junio 2019. Foto: Jonatan Henriquez.
En total fueron siete los estudiantes heridos de bala ese día, quienes de inmediato fueron trasladados al Hospital Escuela Universitario (HEU), algunos solo tenían heridas superficiales de bala, pero hubo uno que recibió un disparo en su glúteo derecho.
El movimiento universitario no nace de la actual coyuntura del país, sin embargo, la profundización de la crisis hondureña desde la reelección de Juan Orlando Hernández en las elecciones de noviembre de 2017 ha provocado que cualquier demanda se convierta en un detonante que suele terminar en represión. Esta es la manera en la que Hernández envía un mensaje claro: él aún tiene el control, y nadie —ni siquiera la autonomía universitaria— lo pondrá en duda.
En la jornada de oración «Un clamor por Honduras», realizada en Casa Presidencial por la Confraternidad Evangélica, Juan Orlando Hernández dijo que hay reglas en Honduras y se preguntó: «¿Es la Universidad un Estado dentro de otro Estado? ¿Por qué puede ser que un pastor no le puede hablar de principios cristianos a la gente o inspirarlos en términos de principio de familia en la Universidad? ¿Por qué se niega eso?¿Por qué, si hay un delito en movimiento y se va persiguiendo a alguien, por qué es delito ingresar? Hay un grupo que se autodenomina el MEU, probablemente muchos de ellos ya no son estudiantes, se ha radicalizado de tal forma que cierran la Universidad y ponen de rodillas a 80.000 estudiantes, maestros, y cuando quieren salen de allí y hacen lo que quieren. Hoy, mañana y siempre, el país debe vivir bajo un orden», dijo refiriéndose a la denuncia de violación a la autonomía universitaria que en su gobierno se ha vuelto común.
Jóvenes responden a represión militar con fuego y piedras, 24 de junio 2019. Foto: Jonatan Henriquez.MIembros de Policía MIlitar afectados en enfrentamiento con estudiantes en UNAH, 24 de junio 2019. Foto: Jonatan Henriquez.
Las demandas estudiantiles
Una de las demandas más significativas de los últimos años en la que los estudiantes universitarios han insistido, es el restablecimiento de las elecciones estudiantiles con su respectivo reglamento electoral, esto les garantizaría tener representación ante el Consejo Universitario, siendo este el encargado del funcionamiento técnico, docente y administrativo de la universidad.
El Rector Interino de la UNAH, Francisco Herrera aseguró en entrevista con Contracorriente, que él pretende que los estudiantes retornen al gobierno universitario, pero para esto se necesita tener la universidad abierta para que el último paso se pueda dar: poner fecha a las elecciones estudiantiles.
El proceso de lucha estudiantil ha tenido como consecuencia la judicialización de al menos unos 50 estudiantes universitarios, por eso una de las demandas vigentes es el cese de estos procesos y que los estudiantes sean reintegrados sin condiciones en su totalidad. Sus demandas actualmente también incluyen la liberación de los presos políticos postelectorales y las demandas de a Plataforma por la defensa de la salud y la educación.
«El día que yo le tenga miedo a los estudiantes, no voy a estar acá», asegura Francisco Herrera, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Foto: Martín Cálix.Los estudiantes universitarios elaboraron un ataúd en alusión que tras los incidentes del lunes 24 de junio la autonomía universitaria ha muerto. Foto: Martín Cálix.
La frágil autonomía universitaria
La autonomía, en términos generales, es la independencia de la opinión y deseo de personas externas, teniendo poder y entidad territorial, rigiéndose por sus propias leyes. La Universidad ha sido atacada en su autonomía en los últimos años.
Los entes policiales con instrucciones del Ministerio Público ingresaron al campus en 2017, con orden de captura a estudiantes que mantenían la toma de uno de los edificios (Química y Farmacia) en apoyo a líderes estudiantiles que recibieron sentencia, declarándolos culpables de delitos cometidos en perjuicio de la UNAH.
El pasado lunes 24 de junio, los militares irrumpieron dicha autonomía junto a policías que acompañaban el ataque que no solo incluyó gas lacrimógeno, esta vez también con bala viva en contra de los estudiantes dentro del campus, poniendo en riesgo la integridad física de los jóvenes que a esa hora salían de clases y transitaban por la entrada principal.
Policía lanza piedra a manifestantes en UNAH, 24 de junio 2019. Foto: Jonatan Henriquez.
El Vicerrector de asuntos estudiantiles, Áyax Irías, dijo en entrevista con este medio que el Consejo Universitario está alarmado por las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de los estudiantes.
En un comunicado, la Secretaría del Consejo Universitario de la UNAH manifestó que «miembros de órganos de seguridad del Estado ejecutaron acciones coercitivas dentro del campus universitario de manera abrupta y disparando contra la humanidad de los estudiantes universitarios». En el tercer inciso mencionan que ratifican su voluntad de emprender medios alternos para la solución de conflictos siendo una vía el diálogo, y en el mismo comunicado exigen a las autoridades el esclarecimiento de este caso.
El miedo es ahora latente entre los estudiantes. Una estudiante de Pedagogía habló con nosotros desde el anonimato y expresó que siente miedo de que se vuelvan a suscitar estos hechos y que al salir de sus clases vuelva a ver el caos que pone en peligro su vida y la de sus compañeros.
Un representante del MEU, quien por seguridad decidió no brindar su nombre, reiteró que el miedo existe porque los estudiantes son víctimas de persecución, se les levanta perfil, su condición de líderes los hace estar en la mira de las autoridades.
En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó su preocupación por el uso excesivo de gases lacrimógenos y de incidentes reportados de utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad en las recientes protestas.
Una estudiante universitaria se pintó las manos de rojo y escribió en ellas «PM asesinos» como símbolo de los estudiantes heridos por bala viva en la represión del 24 de junio en Ciudad Universitaria. Foto: Martín Cálix.En Ciudad Universitaria siguen las tomas de edificios y asambleas estudiantiles, lo que ha obligado a algunos docentes a impartir clases fuera de los salones. Foto: Martín Cálix.
Piedras y ramas para obstaculizar el paso, llantas en llamas, jóvenes encapuchados, de un lado estudiantes del otro policías y militares, son los elementos que hacen que los predios universitarios se conviertan en un hervidero de demandas y represión.
«Estamos en la lucha por la salud y educación, por los presos políticos sin dejar de lado la problemática interna del campus como es la falta de espacios académicos para los y las estudiantes», comentó uno de los estudiantes con capucha que participó en la toma del bulevar Suyapa ese 24 de junio.
La doctora Ligia Ramos representante de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, en su oficina del Colegio Médico Honduras, aseguró sentirse indignada por la violación de la autonomía y los estudiantes heridos, para Ramos esto es a causa del abuso de poder de Juan Orlando Hernández.
Hernández responde a los hechos del 24 de junio
En respuesta a los hechos en la UNAH, Juan Orlando Hernández dio su opinión en el programa Frente a Frente, manifestando que «el hecho está en investigación, pero aquí hay un tema sobre el uso proporcional de la fuerza, yo miré cómo las bombas molotov estallaban sobre las cabezas de los policías. Ningún militar fue herido con una bomba molotov en su cabeza, pero sí hubo lesionados y afectados por estos artefactos de fabricación casera, los militares heridos fueron trasladados al hospital militar. Hernández aseguró que todos tienen derecho a la protesta, «pero cuando ya se transgrede su derecho, ya no se justifica y el Estado debe garantizar la seguridad».
En sus declaraciones, Hernández dijo que los policías que cubren las protestas en la universidad andan desarmados, su única arma es el escudo y aseguró que «no andan armas letales».
En su comunicado, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) declaró «los encapuchados al percatarse de la presencia policial en las afueras de la UNAH, atacaron con bombas molotov modificadas para hacerlas más letales (ya han causado la muerte de un miembro de la fuerza del orden), cañones masaya, piedras, palos y otros objetos, que ponían en peligro la integridad física y la vida de los uniformados, miembros de la comunidad universitaria y los transeúntes, por tal motivo se procedió a hacer uso proporcional de la fuerza como método persuasivo y para repeler el ataque».
Manifestante durante tiroteo suscitado en Ciudad Universitaria en el que militares dispararon contra estudiantes. Policía militar ingresa a campus Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, 24 de junio 2019. Foto: Jonatan Henriquez.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras interpuso denuncia ante el Ministerio Público pidiendo que ejerzan acciones pertinentes para que se investiguen y se esclarezcan los hechos.
Ramón tiene una esquirla de bala en su brazo derecho que espera pueda ser removida pronto, ahora ha quedado a la espera que el médico le diga cuándo le harán la extracción, dentro de una semana sabrá qué paso sigue en su lento proceso de recuperación. Esto sucede mientras el MEU asegura que analizará cómo tener mejores condiciones de seguridad para los estudiantes.
El rector, Francisco Herrera convocó a clases para este lunes, pero fueron interrumpidas como semanas anteriores por parte de estudiantes, que se tomaron diferentes edificios para realizar asambleas y de esta forma tomar decisiones, quizá continuar con las tomas internas de edificios.
Para Herrera, esto es auto lesión, los estudiantes encapuchados no deben impedir que los estudiantes reciban sus clases cortándoles el paso a los edificios pero también dijo que los estudiantes tienen todo el derecho de manifestarse en las afueras del campus. «Que los problemas externos al campus no perjudiquen lo interno de la universidad», concluyó.
En busca de una solución, Herrera llamó a una reunión, con el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Áyax Irías y representantes estudiantiles para lograr llegar a un consenso proponiendo mesas de diálogo y evitar que continúen las tomas para que el presente periodo académico se normalice.
Se pretende según la máxima autoridad de la UNAH que en los próximos días se aplique la consulta estudiantil, y que estos en una sola pregunta respondan si se mantiene la universidad abierta o no.
El Grupo Gestor de la Coalición de la Comunidad Universitaria, mediante conferencia de prensa presentó un comunicado en el que comparan la situación de la UNAH con la crisis que vive el país, de igual forma denuncian que Juan Orlando Hernández autorizó disparar indiscriminadamente dentro del campus, atentando contra la vida de estudiantes y comunidad universitaria. Este grupo, conformado por docentes, estudiantes y personal administrativo que labora en el campus, se creó para la defensa de la comunidad universitaria, siendo un espacio para construir y desarrollar soluciones a problemas de la UNAH.
Mientras las autoridades universitarias esperan una pronta respuesta a la demanda interpuesta en el Ministerio Público, todo ha quedado en suspenso, el retorno y normalización de las clases, Ramón, los demás estudiantes heridos, el país entero quizá.
Son las once de la mañana del 28 de junio, diez años después del golpe de Estado en Honduras. En la ciudad de Tegucigalpa transcurre con calma la conmemoración de uno de los acontecimientos más importantes de su historia, solo cinco hombres se atreven a interrumpir esa tranquilidad.
Vienen caminando bajo el sol desde una plaza cercana al Aeropuerto Internacional Toncontín donde hace casi diez años fue asesinado Isis Obed Murillo, un manifestante de 19 años asesinado por militares y cuyo nombre le han puesto los miembros de la resistencia a esa plaza. Uno de esos hombres, Julio, lleva una cruz en la espalda con el arreglo floral que debió usarse en un evento que la dirigencia del partido Libertad y Refundación (LIBRE) canceló a causa de la presencia militar en el lugar.
En las últimas semanas Honduras se había sumergido en una ola de protestas por diferentes razones: la lucha por la no privatización de servicios como la salud y la educación, la crisis policial y de transporte, y la reiterada exigencia por la salida del actual presidente, Juan Orlando Hernández. En los días previos a la conmemoración del golpe, se había especulado con un país que ardería ante la indignación, pero mientras el día se disolvía, las acciones de protesta en la capital eran abortadas por el mismo Manuel Zelaya Rosales, presidente derrocado en 2009 y líder de LIBRE.
«La traíamos porque era para conmemorar la muerte de Isis Obed Murillo, pero los militares no nos dejaron poner el ramo de flores, entonces unos compañeros se decidieron a traerlo», dice Julio, mientras descansa de un largo camino y toma un vaso de Coca-Cola en la acera frente al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ubicado en el centro de Tegucigalpa, donde realizan una actividad para conmemorar a los hombres y mujeres que asesinaron en el transcurso de esa crisis.
Julio ya tiene 52 años y aunque cargó la cruz de madera por varios kilómetros, asegura que no tiene la misma fuerza de hace una década cuando escuchó por la radio que habían sacado a Zelaya de la presidencia y se decidió a salir junto a miles de hondureños para exigir su regreso.
Una semana después del golpe de Estado miles de personas esperaban al presidente derrocado que sobrevolaba el Aeropuerto Internacional Toncotín y amenazaba con regresar al poder. Julio no quiso asistir ese día pero vio por televisión cómo los militares empezaron a disparar contra la masa. Una de esas balas impactó en el cráneo de Isis Obed, y así se convirtió en el primer mártir del golpe de Estado. Zelaya no logró aterrizar en esa ocasión y regresó al país tres meses después.
«Me sentí triste porque a pesar de que no es la misma sangre, es hermano porque somos de la misma tierra, de Honduras», dice este hombre, que algunos días de la semana se dedica a vender golosinas en un pequeño puesto en el barrio donde vive, allí hace suficiente dinero. «Para por lo menos no morirse de hambre», continúa.
Para Julio, la fuerza de la juventud se fue junto a la estabilidad económica después del Golpe. Trabajaba como albañil pero después de la crisis no volvió a ser contratado por ningún ingeniero. Para él y la familia de los asesinados en esa crisis, esta no es una fecha de celebración.
A pesar de que este hombre considera que no es una fecha festiva, la dirigencia de LIBRE convocó a un concierto en el Parque Central de Tegucigalpa para conmemorar el golpe de Estado. Un concierto con casi las mismas personas en comparación con otras acciones realizadas por la dirigencia, pero sin el gas lacrimógeno acostumbrado. En Honduras algunos recuerdan el golpe y otros lo celebran.
A esa actividad asistió Manuel Zelaya, quien dejó que los lustrabotas del centro de la capital le limpiaran los zapatos y le regaló algunos billetes a niños y mujeres que se le acercaron. Un día antes había presentado a la prensa del país un libro en el que narra sus recuerdos del 28 de junio de 2009.
Aunque algunos aseguran que Zelaya debe ser el candidato de la oposición en las próximas elecciones, para Julio no es tiempo de pensar en quién puede llegar a ser el próximo presidente.
«Ahorita lo que queremos es sacar a Juan Orlando y cuando lo saquemos vamos a ver quién es el idóneo para que nos gobierne. Sabemos que nuestro líder es Manuel Zelaya pero no podemos solo enfocarnos en él porque sabemos que en el partido hay otros líderes a los que se puede dar oportunidad», afirma.
En el parque central también hay un espacio para recordar a los mártires del golpe de Estado. Muchos hombres, muchas mujeres, se detienen todos para recordar algunos de los días más oscuros de una crisis que se ha extendido durante diez años en el país.
Después de tomarse algunas fotografías con la gente, le llevan el arreglo floral a Zelaya, el mismo que el grupo de hombres liderados por Julio custodiaron bajo el sol durante varios kilómetros en la mañana. Junto al tumulto de personas que lo rodean se dirige a colocarlo en frente del cartel con los rostros de los mártires, al colocarlo se da la vuelta y empieza posar para las fotografías de los medios nacionales e internacionales. Lo acompaña Patricia Rodas, quien fue Canciller de la República durante su gobierno. Los rostros de Isis, Wendy, Walter, Roger, se pierden entre el tumulto.
—¿Qué debería pasar con los que causaron esas muertes? —Aquí no va a haber perdón con tanto muerto que hemos tenido, tanto compañero que ha muerto en la lucha por sacar este país adelante, dice Julio en una ciudad atiborrada de militares.
Según el historiador israelí, Yuval Noah Harari, autor del bestseller «De animales a dioses», la capacidad de crear ficciones dio origen al descomunal poder de los humanos en la tierra. Eso abarca desde darle sentido a lo que no se puede explicar, hasta convencer a grandes grupos de personas de que es necesario arriesgar la vida por algo que existe solo en el mundo de las narraciones, de las construcciones sociales o de las realidades imaginadas. Es decir, de las ficciones. ¿Qué ficciones han unido a la gente en las calles los últimos 10 años y sobre cuáles se ha construido el poder que gobierna en Honduras desde ese entonces?
Harari narra cómo la revolución cognitiva que comenzó hace 70,000 años transformó al Homo Sapiens de un simio insignificante de África del Este al animal más importante y poderoso de la tierra. Una mutación aleatoria en su ADN cambió la estructura interna del cerebro que le dio nuevas habilidades cognitivas para imaginar, hablar, comunicar, esto le permitió conquistar el mundo porque en eso también se basó el tejido de sus redes de relacionamiento.
En Honduras quienes han controlado la narrativa sobre la democracia, el poder, los Derechos Humanos, el desarrollo, son los creadores de ficciones que se repiten, se adaptan y se convierten en consigna de un lado de la calle al otro. Ha pasado una década del golpe de Estado en Honduras y queremos analizar lo ocurrido en la sociedad hondureña en este tiempo basado en dos ficciones que aun llenan de contenido la acumulación de frustraciones que une a la gente que sale a las calles a protestar, a las estructuras de poder que intentan contener el descontento y a los ojos extranjeros que observan y envían sus comunicaciones protocolarias.
Golpe o sucesión
Podemos partir con el golpe de Estado, visto desde la ficción institucional como un quiebre en el Estado de Derecho, un quiebre en la democracia. Tomando en cuenta que la democracia misma es una ficción (un conjunto de normas y procedimientos que existen en documentos fundacionales del país y en el discurso de los políticos y activistas), la discusión sobre si lo ocurrido en 2009 fue un golpe o una sucesión constitucional, no podía llevarnos a otra cosa que a la polarización social que se expresó no solo en las marchas rojas o blancas, (para ser lo suficientemente predecibles) sino en las discusiones cotidianas a todo nivel que solo hizo más sofisticada la narrativa pero no ayudó a crear nuevas ficciones, o quizá una que estabilizara un poco el ambiente.
Aunque ya se aceptó que sí hubo un golpe de Estado, sigue siendo objeto de análisis, charlas y hasta peleas categorizar el golpe que no tuvo un procedimiento como en la década de los 80s donde tomaba el poder abiertamente una junta militar y centralizaba las funciones de los otros órganos del Estado, sino que utilizó la democracia encarnada en lo más profundo del imaginario colectivo como excusa y como base del procedimiento realizado el 28 de junio y el poder militar se relegó a un rol meramente logístico, argumentado la legalidad de su subordinación al dictamen de instituciones democráticas.
La ficción que nos gobierna es que en Honduras hay democracia, porque está escrita una constitución, porque hay elecciones cada cuatro años, porque hay tres poderes del Estado, porque hay libertad individual según esas leyes y esos procedimientos democráticos, porque hay libertad de prensa y porque cualquier partido político puede participar libremente en los procesos electorales y en donde cualquier ciudadano puede elegir y ser electo. Por eso en el imaginario hondureño, la ficción de la democracia se traduce en que el poder radica en el pueblo, porque de eso se trata la democracia, la que nos han dicho que existe los que manejan no solo la narrativa, sino los recursos, las instituciones, las fuerzas coercitivas.
2. Democracia es el poder del pueblo
Se habla de democracia como un valor universal, con procedimientos definidos en donde la soberanía del pueblo radica en su poder de decisión a través de esos procedimientos. La democracia crea la idea en el imaginario de que el poder radica en el pueblo que elige representantes para dirigir las instituciones del Estado, pero sobre todo los recursos del Estado, elige su forma de gobierno, su sistema económico, la administración de los recursos y participa plenamente en todas las acciones que impactan su vida. Esta idea es tan fuerte que incluso en las calles, en imágenes que podrían perfectamente reflejar acciones anarquistas, cuando se le pregunta a un joven porqué protesta y qué propone para hacer posible la transición de gobierno, la respuesta común es: el poder radica en el pueblo y nosotros vamos a poner al gobernante, o el pueblo es el que manda así que aunque exista un procedimiento para estos casos, es el pueblo el que va a decidir.
La pregunta que surgió de cómo revertir un golpe de estado sigue haciendo eco en las esquinas de un país que cada vez muestra menos salidas, un laberinto donde los balazos y el gas lacrimógeno marcan la ruta. Si la gente que se organiza para crear frentes de lucha por la educación, por la salud por el restablecimiento del orden constitucional, por el Fuera JOH o por el alza de la energía, no acepta diálogos creados con las reglas de los gobernantes sin legitimidad, tampoco podrían aceptar ningún mecanismo diseñado desde el sistema democrático actual, por ejemplo, un referéndum, una Asamblea Constituyente o un gobierno de transición.
A 10 años exactamente del golpe de Estado, lo anterior nos devela la siguiente paradoja:
La ficción de que en el pueblo radica el poder se nos implantó el 28 de junio de 2009 y con ella de que un Presidente se puede botar. De ahí se transitó a la consigna en las calles del Fuera JOH y la expectativa de que suceda un quiebre institucional que pueda sacar a un gobernante autoritario que se montó sobre una institucionalidad que ha mutado con los años. Botar a un presidente se puede en Honduras, nos lo permitió la misma institucionalidad y procedimientos que dio lugar al gobernante que se quiere expulsar ahora. No estamos revirtiendo el golpe, podríamos estar regresando al mismo golpe. Por ser una paradoja, no hay principio ni fin.
¿Qué ha cambiado que nos garantice que la paradoja no nos hará volver al mismo punto de partida de hace 10 años? El quiebre democrático, o el golpe de Estado, 10 años después nos hace volver a pensar en que esa es la salida necesaria ¿la única? Si acaso la democracia de hace 10 años parió un golpe que consumió una democracia que hoy parece estar en los estertores de un nuevo parto ¿de qué?
En Tegucigalpa hay un grafitti que dice: Somos los niñxs del golpe. Discutimos alrededor de esa frase una vez en el equipo de Contracorriente porque estaba en esa pared pero también porque en nuestro reporteo en las calles desde 2009 (unos antes y otros después) muchos jóvenes, hombres y mujeres de nuestra generación nos decían eso: somos hijos del golpe, dejamos la adolescencia, la niñez de golpe. Diez años después quisimos recordar la escena de cómo nos enteramos y de cómo leemos ese momento en la vida de nosotros, los que somos de esta generación “millenial” urbana.
Catherine Calderón (29 años): Hace 10 años la incertidumbre agobiaba mi hogar. «Hubo un golpe de Estado», dijo mi mamá, mientras yo seguía con la imagen de Manuel Zelaya Rosales, en un bus con su sombrero entrando a un batallón por las urnas de la consulta popular que él llamo «La Cuarta Urna». Honduras pasó de ser un país ignorado a hacerse visible, luego que militares sacaran en pijamas a Zelaya y lo trasladaran a Costa Rica.
Mi conocimiento político era poco o casi nulo en ese entonces, sabía que algo no estaba bien, pero no comprendía muy bien qué, miraba las tanquetas y militares desplegarse en el parque central para reprimir a quienes protestaban por el golpe, y lo entendí cuando me aventuré a reportear en vivo para un canal local de Choloma, y me tocó correr junto con manifestantes a un lugar seguro y con ello ver cómo los militares golpeaban a la gente en las calles. Lo comprendí cuando al vestirme de ropa color blanca recibía miradas condenatorias porque andar camiseta blanca significaba estar de acuerdo con el golpe de Estado o llamarlo sucesión constitucional. O si la elección era color negro y rojo, los colores de la resistencia, el termómetro de si mi ideología era de izquierda o no era aplicado inmediatamente, sobre todo en la universidad donde no había claridad sobre lo que sucedía. Entendí que era grave cuando la cooperación se fue y con ello los trabajos de algunos compañeros, y cuando un día vi a una compañera de universidad anotando en su agenda: 280 días en resistencia. Lo terminé de entender en 2015 cuando el escenario estaba más consolidado: el golpe de estado había sido la plataforma perfecta para impulsar la dictadura que ahora vivimos.
Cesia Garay (23 años): Aquel domingo como de costumbre, me levanté temprano para alistarme para ir a la iglesia. Mi rutina se interrumpió con el sonido de aquellos aviones a las cinco de la mañana sobrevolando bajo tan cerca de mi casa. Me asusté. Con apenas 14 años no comprendía qué pasaba, por qué el fluido eléctrico había sido cortado por horas, hasta que escuché a mi madre decir: “Le dieron golpe de estado a Mel”.
Al pasar los días solía ver y escuchar cadenas nacionales anunciando que estábamos en estado de sitio, unos días desde las seis (6) de la tarde o desde las nueve (9) de la noche, sin imaginar que casi llego a dormir a una posta policial junto a mi madre a causa de esa ordenanza, ese día corrimos con suerte y pudimos irnos a casa.
Diez años después del golpe, es difícil no sentir escalofríos al recordar esas noticias de personas asesinadas por salir a manifestar, sentir desesperación al ver el caos de la ciudad, las personas comprando comida como locas y aquella tensión y miedo al verme frente a frente con un militar.
Brenda Alejandra Flores (21 años): “Somos los niños y niñas del golpe”, leí por allí. Somos esas que teníamos unos diez, once años cuando pasó el golpe, somos las y los que seguimos aguantando golpes.
El golpe de Estado del 2009 fue la escuela de muchas y muchos, nos enseñó a resistir, resistir a las represiones y a gobiernos dictatoriales y de facto. No sé si alguna vez imaginamos que lo que mirábamos mal y con miedo en esos tiempos, no era una pizca de lo que diez años después tendríamos que aguantar.
Fernando Silva (24 años): En 2009, cuando era un niño, los domingos significaban coritos cristianos en la radio de mi casa y un desayuno con dos opciones: Pan embarrado con mantequilla y jugo de naranja, o semitas para sumergir con avena y leche. El domingo 28 de junio desperté imaginando el sabor del manjar de pan y mantequilla, pero la ausencia del cantante cristiano pidiendo misericordia a Dios por la radio me extrañó. No había electricidad y aviones se escuchaban sobrevolar el cielo de Tegucigalpa. Frente a mi casa, en el callejón donde solía jugar al fútbol por las tardes, se escuchaba una radio a batería y alguien hablando, era un hombre mayor muy conocido en la zona. La pulpería estaba cerrada, no habría pan y mantequilla en el desayuno, no entendí la razón incluso después de que escuché frente a mi casa que alguien dijo: “Es golpe de Estado, sacaron a Mel”.
Jennifer Avila (29 años): El 28 de mayo, un mes antes del golpe de Estado en Honduras se cayó La Democracia, el puente que conecta San Pedro Sula con la costa caribeña. Un terremoto de 7.5 en la escala de Richter sacudió todo el país y más la ciudad donde yo nací y crecí y donde mi mamá en llanto dio a la familia la noticia del golpe el 28 de junio de 2009.
El puente era el símbolo de El Progreso, Yoro; una ciudad de paso donde la Standard Fruit Company tenía su centro de operaciones el siglo pasado. Varios alcaldes le dedicaron murales y fotógrafos postales a este puente que quedó sumergido en el gran río Ulúa frente a las ahora pobres plantaciones bananeras que han quedado después de la fiebre del oro verde. Recuerdo esa noche del terremoto, el cielo estaba rojo y el calor tenía a los vecinos afuera de sus casas cuando comenzó a temblar. Un mes después, el calor de la madrugada también anticipaba otra caída, la de la democracia que nunca ha tenido puentes.
Martín Cálix (35 años) : Abigail, hoy está cumpliendo 23 años. Hace diez años yo estaba comprándole un regalo —uno bonito, uno que luego no significaría nada en su vida—. La incertidumbre por algo que no conocíamos nos invadió, el Golpe de Estado lo cambió todo, abrió heridas donde no parecía posible: mi familia como todas las familias hondureñas sufrieron las consecuencias que en diez años aún tratamos de llenarlas de significado.
Las calles de El Progreso, pequeñas como son las calles de los pueblos, se llenaron de gentes, de gentes que en su mayoría se miraban con el asombro de quienes por primera vez se reconocen, se enteran de su existencia. Muchos nos enteramos que existíamos para bien o para mal —para mal existimos la mayor de las veces— en una patria que importa un poco más que nada. Jamás un golpe significó tanto. Entonces, aquel peligroso gesto de creer que todo tiempo pasado es mejor dibuja la promesa del olvido. La memoria es un camino de constante retorno. Jamás le dije feliz cumpleaños a mi hermana desde entonces.
Vienna Herrera (24 años): Tenía 14 años y dormía hasta tarde como cualquiera a esa edad lo haría un domingo, me despertaron las conversaciones con incertidumbre y el ruidos de avionetas que volaban sobre Tegucigalpa. No había luz y escuché a mi madre decir “le dieron golpe de Estado a Mel”. Entre mi inocencia, mi cuerpo aún despertándose y mi falta de conocimiento pregunté “¿Qué es un golpe de Estado?” en aquel momento a mi no me importaba nada más que escuchar música tranquila y leer por las tardes al volver del colegio, desde ese 28 de junio no he sabido qué se siente vivir sólo preocupándose por querer escuchar música o leer. Mi familia se reunió en la sala, a mis hermanas y a mí nos explicaron todo: “esto es diferente ahora, es una lucha entre ricos y pobres” dijo mi papá. Entre una que otra anécdota que involucra eventualmente gases lacrimógenos, desde entonces así han sido todas las conversaciones familiares.
Abigail Molina (23 años) Somos las semillas que desde el 2009 han germinado con rebeldía.
Un golpe de estado no se olvida. A mis 13 años no entendía bien el peso social-económico que significa un golpe de estado. Aún recuerdo los toques de queda y 10 años después me sigo preguntando si no pensaron los de afuera, que en sectores marginados como Chamelecón los toques de queda son de siempre , sin embargo desde ese entonces todo tomó otro rumbo, incluso la delincuencia.
Yo conocí la rebeldía de ser feminista y resistir en uno de los contextos más fuertes que hemos atravesado como pueblo. Hoy, diez años después, esas niñas y esos niños que éramos durante el golpe de estado seguimos resistiendo, seguimos intentando cambiar esta realidad que nos golpea todos los días.
Las mujeres dentro de la Policía Nacional de Honduras enfrentan muchas barreras para ejercer su profesión libremente y en condiciones iguales: son víctimas de acoso y hostigamiento por parte de sus compañeros o sus superiores, además se les suele relegar a labores comunitarias y sobre ellas cae la carga de sus hogares porque nunca dejan de ser mujeres en una sociedad que les dice cómo deben de vivir o morir. Por eso también se enfrentan a ser víctimas de femicidios impunes, incluso cuando pertenecen a instituciones que deberían de prevenirlos y sancionarlos.
En medio de una crisis constante en el país, el martes 18 de junio inició una huelga de fusiles caídos por parte de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras, anunciaron en un comunicado que no querían seguir reprimiendo las protestas y exigían mejoras laborales. En el quinto punto mencionaban el acoso laboral y sexual que viven las mujeres en la Policía Nacional de Honduras (PNH) «aunque presenten denuncias no son investigadas, ni tampoco se sanciona a los responsables» mencionaba el texto.
En el punto donde se encontraba la huelga, las mujeres no se mostraban muy visibles ante los medios. Apenas tres de ellas aceptaron hablar sobre el tema. «El acoso sexual es lo que más existe para las mujeres en la policía, en donde estamos asignadas hay un oficial que manda a las mujeres que no se dejan a una posta de castigo, que queda lejos y nos pone a hacer hasta 12 horas de turno cuando lo rutinario son 8», dice una de ellas, habla con miedo aún detrás de una capucha que lleva para cubrir su rostro.
El miércoles por la noche representantes de las Fuerzas Especiales y las autoridades de la PNH llegaron a un acuerdo con la mediación del Comisionado de Derechos Humanos, Roberto Herrera. El acuerdo que contiene nueve puntos, no da respuesta a las denuncias de las mujeres por acoso laboral y sexual.
Las tres policías en la huelga mencionaban que les fue difícil colocar ese punto en el comunicado, porque muchas no quieren hablarlo, pero también por el riesgo que corren al denunciarlo abiertamente. «No crea, esto no es fácil, cuando se den cuenta van a hacer un informe de qué mujeres estábamos aquí y quienes fueron las que pusieron ese punto», dice otra de ellas.
La oficial de policía Perdomo, frente al centro comercial Plaza Miraflores, ordenando el tráfico del bulevar Centroamérica, ella, como muchas otras mujeres policías, trabaja en la unidad de tránsito de la Policía Nacional. Foto: Martín Cálix.
Antes de esto, una ex agente de la PNH había contado su historia dentro de la carrera policial y cómo fue su experiencia estudiando. La ex agente tuvo que dejar la institución debido a la crisis postelectoral, un periodo de protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández cuando se reeligió en medio de muchas irregularidades, su nombre no será mencionado por seguridad. Quizás por su contexto habla tan abiertamente de los abusos que sufrió en su experiencia.
«Muchas veces a mí me sacaron de clase para que yo fuera a la oficina de algún oficial y lo único que hacía era morbosearme, decirme cosas y yo simplemente me quedaba callada». Cuando la ex agente habla de cosas, se refiere a la calificación sobre su cuerpo o su sexualidad ante sus compañeros oficiales o a veces sus superiores. Las pocas veces que denunció estas conductas con el director, él no hizo nada, cuenta.
«Tenés que aguantar muchas cosas de parte de los oficiales y más que todo, hombres porque de repente te acosan, te dicen cosas y cuando no les hacés caso te castigan de una manera bien fea. Uno sufre mucho como estudiante en la Policía». La ex agente dice que los castigos más frecuentes consistían en enviarla a dar vueltas, corriendo por el perímetro y otras veces, junto a otras compañeras que sufrían lo mismo, la dejaban encerrada los fines de semana.
Los casos de acoso dentro de la Policía Nacional no son públicos, en algún momento incluso se denunció a través de medios de comunicación que en el proceso de depuración policial al que han sometido a la institución en los últimos años, hubo mujeres que fueron depuradas por no acceder a mantener relaciones sexuales con su superior.
El proceso de depuración policial comienza en 2016 luego de que se dan a conocer publicaciones que implican a altos oficiales de la Policía en el asesinato del Zar Antidrogas en 2009. Hasta el momento más de 5 mil elementos han sido separados de la institución por retiro voluntario y el despido por justa causa que incluye la comisión de faltas muy graves y delitos.
Del total de agentes retirados de sus cargos, la Junta Depuradora señala que son más de 100 mujeres las que pasaron por ese proceso. Las policías que estuvieron en la huelga dicen que han visto cómo muchas compañeras que siempre han cumplido con los reglamentos reciben bajas repentinas «y uno no sabe por qué, la mayoría de mujeres no tenemos problemas con derechos humanos ni con ciudadanos, entonces no se sabe porqué las depuran», ellas piensan que es por el acoso.
El líder evangélico Alberto Solórzano, comisionado de la Junta Depuradora, asegura que la información sobre las mujeres depuradas por denunciar acoso sexual es real y conocieron al menos tres casos en que se denunció que esto había sucedido. «Nosotros supimos y evaluamos que se estaba actuando injustamente porque alguien había denunciado a un superior, la disciplina recayó sobre el superior y no sobre la persona que denunció», asegura que a las mujeres las restituyeron en sus cargos después de recibir y verificar esa situación.
Apenas hasta febrero de este año, se comenzó a incluir el término de acoso dentro de los controles internos de la PNH. En el reglamento disciplinario aplicable a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y Miembros de la Policía Nacional en su artículo 46 menciona que una falta grave es: «aprovecharse de su cargo o grado para inducir, acosar o establecer relaciones de carácter sexual con sus compañeros o subalternos». Esta falta, al ser comprobada, da lugar a la cancelación del policía por despido, sin responsabilidad para el Estado.
El líder del Centro Cristiano Internacional, el Pastor evangélico Alberto Solórzano, es también miembro de la Junta Depuradora de la Policía Nacional. Foto: Martín Cálix.
Actualmente, el ente encargado de recibir las denuncias de este tipo es la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), que comenzó a trabajar desde el año pasado. Entre las 1,300 denuncias que llevan actualmente, solo han conocido una sobre acoso sexual, que forma parte de sus casos más emblemáticos hasta el momento, por eso le denominaron: «Uso de jerarquía y grado para realizar acoso sexual de oficiales a subalternas».
El único caso que conoció la Didadpol se dio cuando una subalterna denunció a un oficial en San Pedro Sula por acoso, dentro del proceso de investigación se presentaron pruebas e incluso se hizo un juicio interno en el que se declaró culpable al oficial. Los nombres no son públicos, pero hasta el momento Didadpol solo se encarga de investigar, las sanciones le corresponden al Ministro de Seguridad, quien debe actuar y despedir al oficial, pero aún se está a la espera de que éste responda.
«Siento que cuando una mujer sale a interponer la denuncia es porque ya no aguanta ese círculo, porque ella no ha podido arreglar esa situación y necesita por fuerza una ayuda. Las instituciones estamos obligadas a garantizar los derechos a la mujer, sobre todo a su libertad sexual donde la mujer decida y pueda disponer de su cuerpo y de su vida con la persona que ella prefiera», señala Allan Argeñal, director de la Didadpol.
Cuando la ex agente se graduó, esperaba que la situación mejorara, pero el acoso seguía ahí, también en el ejercicio de su profesión. «Hubo oficiales que me mandaban a llamar a mí o a varias de mis compañeras y era para que de repente saliéramos —cuando terminaban sus jornadas— ahí fuera de Tegucigalpa y al no aceptar ellos nos castigaban». Pero la ex agente nunca denunció, no sabía cómo podía probarlo.
La oficial de policía Perdomo, frente al centro comercial Plaza Miraflores, ordenando el tráfico del bulevar Centroamérica, ella, como muchas otras mujeres policías, trabaja en la unidad de tránsito de la Policía Nacional. Foto: Martín Cálix.
Las organizaciones de mujeres saben que el acoso es un tema muy difícil de tratar. Helen Ocampo, del Observatorio del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), dice que la violencia machista está en toda la estructura de la sociedad. «Está en todos los espacios organizativos, independientemente del espacio que sea y obviamente la Policía, al ser una organización estatal y mixta, tampoco se ve exenta de ese tipo de violencia».
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso la Didadpol, antes de que existiera este ente, las mujeres colocaban denuncias en la Inspectoría General de la Policía Nacional, en organizaciones de derechos humanos y en el Ministerio Público.
De acuerdo a la información del Ministerio Público, desde 2010 hasta 2018 se registraron 102 denuncias contra agentes de la Policía y militares por los delitos de violación, actos de lujuria, trata de personas y tentativa de violación. Además, se registran 11 denuncias por hostigamiento sexual dentro de las cuales 4 fueron cometidos por subcomisionados o subinspectores de la Policía Nacional, los demás eran agentes de la Policía Nacional.
Según Lorena Cálix, vocera del Ministerio Público, las denuncias por violencia sexual o acoso cometido por policías o militares generalmente son provenientes de mujeres que andaban en la calle o eran familiares y no de mujeres dentro de la policía porque estas tienen miedo de perder su trabajo o tener represalias y por eso no reciben denuncias, asegura además que no poseen información de la profesión de las mujeres que denuncian violencia sexual.
«Es importante instruir más a las mujeres, que puedan tener la libertad de denunciar cuando les sucede esto, no solamente dentro de la institución policial, sino que se dan en todas las instituciones y sabemos que algunas mujeres callan por temor a perder su trabajo», añade Argeñal.
Roles de género
En Honduras, actualmente las mujeres representan apenas el 20% entre agentes y oficiales en la Policía Nacional (PNH), sin embargo, esta cifra era apenas la mitad 10 años atrás. La Comisaria de Policía Sandra Raudales es una de esas mujeres que resistieron para poder abrir camino a la incorporación de más mujeres a la institución policial, aunque los paradigmas en los que ellas entran no hayan cambiado mucho, la incorporación de más mujeres en la Policía Nacional es notable.
«Ahora hay mayor incursión de las mujeres en la institución y pueden ver a las compañeras en la calle dando vía, laborando en la parte operativa o en fuerzas especiales y en todas las entidades, no hay para la mujer limitantes en el desenvolvimiento», dice Sandra Raudales, jefa de la oficina de Bienestar Social de la Policía Nacional.
Para ingresar a la Policía Nacional existen dos maneras: el Instituto Técnico Policial (ITP) del cual se egresa como agentes de escala básica y la Academia Nacional de Policía (ANAPO) en la que pueden aspirar a cargos más altos a lo largo de su carrera.
La Comisaria Raudales en sus oficinas de la Secretaría de Seguridad. Foto Martín Cálix.
Wendy Martínez es Policía Clase 1, el segundo rango al que se puede ascender en la escala básica de la Policía Nacional. Al llegar, le pide a sus dos compañeros que la esperen afuera mientras da la entrevista y ellos atienden a sus órdenes. Wendy, cuenta minutos más tarde, cómo esta situación en que los hombres la respeten les ha costado mucho trabajo a las mujeres.
Martínez ingresó al Instituto Policial de Honduras (IPH) en 1993. En aquel momento no había pasado siquiera diez años desde que las mujeres comenzaron a ser aceptadas para entrar a la escala básica de la institución. «Cuando yo ingresé no había muchas mujeres policías y los varones pensaban que nosotras veníamos a quitarle espacios y en realidad veníamos a complementarlos. Fue difícil la aceptación, pero tenían que trabajar con nosotras», recuerda la policía.
Las primeras mujeres dentro de la Policía Nacional en Honduras ingresaron a la institución en los años 70, pero estas no entraban realmente en la escala básica. Al principio eran solamente dos mujeres de las Fuerzas Armadas que fueron trasladadas al servicio policial. Años después, mediante un convenio firmado con los Carabineros de Chile, cuatro mujeres se graduaron de la primera promoción de mujeres en la Policía Nacional.
La Clase Uno Martínez, durante la entrevista en el lobby de la Secretaría de Seguridad. Foto: Martín Cálix.
Cuando entra el grupo de 4 mujeres, crean una unidad para ellas llamada Policía Auxiliar Femenina, a las que se le asignaba tareas básicas y comunitarias. Cualquier mujer que ingresaba desde los centros de educación policial solo podía formar parte de la policía femenina en donde laboraban regulando el tránsito, dando servicio en calles peatonales, en escuelas o en las aduanas.
Fue hasta los años 80 que las mujeres finalmente entran en la escala básica de la policía y pueden acceder a algunos puestos que antes solo habían sido para los hombres. Según un Informe Nacional sobre mujeres en las Fuerzas Armadas y la Policía, en 1984 las mujeres entran a cursos de policías de la escala básica y hace diez años logran ingresar a la Academia Nacional de Policía para que pudieran aspirar también a estudios de oficialidad.
«Este es un trabajo exclusivo para varones por el aspecto cultural machista en que a la mujer no se le permite entrar a áreas de varones. Las que lograron romper esa barrera eran admiradas», opina la comisionada Raudales, a la vez que recuerda cómo hace 20 años ella fue la primer mujer policía de su aldea y ahora son 15 mujeres más las que estudiaron en la institución.
Las mujeres que quieren hacer carrera dentro de la fuerza policial deben enfrentar varios obstáculos más. En la actualidad no hay ni una mujer en direcciones o en la jerarquía más alta dentro de la policía, en sus inicios hacían labores comunitarias y actualmente muchas mujeres son relegadas a esos mismos puestos.
Wendy Martínez ha dedicado su carrera policial a las labores comunitarias. Primero ingresó a la policía femenina y actualmente está asignada en el programa GREAT (Gang Resistance Education and Training), que consiste en capacitar niños de escuelas y colegios de la capital sobre el respeto, la no violencia y la prevención de maras y pandillas.
Martínez cuenta que ingresó al ITP y no a la academia debido a que tenía un hijo pequeño en aquel momento y la academia le exigía cuatro años fuera de casa. Las policías que también son madres, generalmente tienen que cumplir los roles que históricamente se le han relegado a las mujeres.
Un día en la vida de Wendy empieza quizás antes de que el sol aparezca por las ventanas. «Soy esposa y madre, así que me toca todo como a una mujer normal: ir al supermercado, lavar la ropa, hacer de comer a mis hijos, atender a mi esposo, visitar a mi mamá y a mi familia», cuenta con rapidez, como si solo la idea de recordar sus labores la pusiera en alerta.
La comisionada Raudales también cuenta cómo estos roles de madre se repiten en sus trabajos «las mujeres en la institución nos volvemos como una madre para los subalternos. Somos esa parte sensible, esa parte humana… Somos las mujeres las que estamos pendientes de las necesidades de nuestros subalternos, al igual como lo hacemos con nuestros hijos», dice con naturalidad.
Declaraciones del director de Recursos Humanos, el comisionado Leonel Sauceda, realizadas en la página oficial de la PNH, menciona que uno de los avances más significativos para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en la institución es tener en cuenta cuando una madre egresa de los centros de educación policial para que se le asigne a un lugar cercano a donde viven.
Junto a su equipo de trabajo, la Comisaria Raudales, posa para la foto en las oficinas de la Secretaría de Seguridad. Foto: Martín Cálix.
Por su parte, la sub comisionada Zulma Reyes que coordina la Unidad de Género, menciona que uno de los propósitos de esta dependencia es capacitar para «concientizar a los hombres ya que es también parte de la responsabilidad en la crianza de los hijos. Al igual que en las tareas del hogar, creo que aquí ambas cosas deben ser compartidas», menciona.
Raudales asegura que las mujeres en la Policía son fuertes. «Considero que los estigmas que hay con que somos el sexo débil, no son así, más bien la mujer dentro de la Policía ha demostrado tener mucha fortaleza de carácter, de espíritu y también fortaleza física para poder enfrentar las diferentes faenas de la vida».
Sin embargo, esta imagen compite con la narrativa predominante en medios de comunicación, donde las mujeres policías destacadas lo son por su belleza. En ocasiones son calificadas según los estándares predominantes, promoviendo el acoso sexual contra ellas. Por ejemplo, esta noticia en el periódico deportivo Diez.
«En los últimos meses varias mujeres policías se han viralizado, en la mayoría de los casos, porque destacan dentro de la institución por su belleza y llaman la atención de los ciudadanos», señala otra de las noticias sobre el tema.
Violencia de género
Formar parte de las estructuras que investigan la criminalidad expone la vida de cualquiera, sin embargo, las mujeres además están expuestas a otras violencias por su género. El caso más polémico que algunos aseguran podría tratarse de un femicidio que fue registrado en 2018: la muerte de Sherill Yubissa Hernández, jefa del departamento de delitos contra la administración pública en la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que aún continúa en investigaciones.
El 11 de junio de 2018, Sherill fue encontrada muerta en su apartamento ubicado en el Barrio El Calvario en Santa Rosa de Copán. Su cuerpo posaba inerte, con un disparo en su cabeza y un arma en su mano derecha. A la escena del crimen solamente tuvo acceso la misma dependencia en la que laboraba y en menos de dos horas declararon que se trataba de un suicidio. Días después, el dictamen de Medicina Forense señalaba que Sherill había sido asesinada.
Selma Julissa Villanueva, quien era directora de Medicina Forense en aquel momento, aseguró que su cuerpo tenía lesiones de un intento de asfixia y que su muerte la quisieron simular como un suicidio. «Este caso lo que revive son las claras formas de impunidad que imperan en el país en relación con las muertes violentas de mujeres, sobre todo cuando se dedican a investigar la ola de criminalidad que hay. Esto no es otra cosa más que un claro reflejo de la investigación muda e inoperante que se da en el país», afirma Villanueva, detrás de su escritorio en un hospital privado.
Villanueva fue destituida de la dirección de Medicina Forense meses después de las declaraciones que dio sobre el caso. Asegura que su separación de la institución está relacionada con el dictamen sobre Sherill que dio a conocer públicamente, por el cual además recibió amenazas de muerte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares y el Estado de Honduras le proporcionó un carro blindado. «No me ha amenazado cualquiera, son torones (personas con mucho poder, ¿cómo puedo creer en el sistema? Yo prefiero el carro, al menos ahí me encierro cuando vengan en un semáforo», explica.
La Dra. Julissa Villanueva en su consultorio médico de las Clínicas Viera, antes fue la jefa de Medicina Forense. Foto: Martín Cálix
El día que encontraron el cuerpo de Sherill la ATIC no permitió el acceso a la Dirección Policial de Investigación que procesara la escena, tampoco al Ministerio Público ni a Medicina Forense.
Su novio era Wilfredo García Rosales, en aquel momento el jefe regional de la ATIC en San Pedro Sula, departamento de Cortés. García fue una de las últimas personas en verla con vida. En su momento declaró que Sherill le contó que estaba preocupada porque tenía dos letras atrasadas de un préstamo y estaba a punto de perder su vehículo que estaba en garantía. Ante esas declaraciones, la madre de Sherill señaló que no creía la versión de García y además pedía que otra instancia investigara el caso.
Sobre el caso, el criminólogo y ahora diputado, Denis Castro Bobadilla, analizó la escena y declaró que se trataba de un homicidio. «No es cualquier individuo el que hizo esto, es una persona que sabe y tiene que estar en el contexto de investigaciones y de las instituciones del país en la investigación criminal», analizó cómo el arma estaba montada sobre la mano de Sherill ya que no tenía el espasmo característico de un disparo, sino que estaba completamente relajada, además en un sitio equivocado en relación al disparo.
De acuerdo a Bobadilla y a Villanueva, a Sherill alguien le hizo presión en su cuello minutos antes de que el arma fuera disparada lo que provocó que al momento de sentir que perdía el aliento sacara su lengua. Hasta ahora las investigaciones del caso se encuentran en secretividad dentro de la Fiscalía de Delitos contra la Vida en el Ministerio Público, sin embargo, el director de la ATIC, Ricardo Castro, dijo ante la prensa en ese entonces, que se trataba de un suicidio y por razones «aparentemente pasionales». Meses después se le consultó nuevamente a la ATIC sobre el caso y se negaron a dar declaraciones.
De acuerdo a un reportaje publicado por The New York Times, Sherill sospechó que Wilfredo ayudaba a los criminales en vez de trabajar para acabar con el grupo delictivo debido a que está casado con la hermana de un líder de la MS-13. Además, «fue reasignado a un puesto administrativo mientras se investiga el homicidio de Hernández, de acuerdo a un vocero del Ministerio Público en San Pedro Sula. Casi diez meses después, no hay ningún presunto culpable», señala el texto.
Villanueva asegura que el caso «pone al descubierto lo que está ocurriendo en muchas de las agencias de investigación y otras instituciones del Estado, sobre todo cuando le digo que no solo es la muerte de la agente lo que se esconde ahí. Detrás del caso Sherill hay abusos, acosos sexuales para agentes de la lucha contra el crimen o de la ATIC por parte de las altas personalidades que dirigen esa agencia y un silencio sepulcral de parte del Fiscal General que conoce esas denuncias y no hace nada», sentencia.
Sobre las denuncias por acoso realizadas por policías o agentes de la ATIC, también se le consultó al Ministerio Público durante varias semanas y éste no dio respuesta ni información al respecto.
Otra hipótesis sobre el caso que se filtró a medios de comunicación es que la muerte de Sherill estaría ligada a las investigaciones que realizaba contra un alto oficial de la Policía Nacional en la zona occidental del país.
El caso de Sherill tiene similitudes a otro que sucedió a principios de año dentro de la Policía Nacional. Saida Suyapa Fuentes Paz era agente asignada a la línea de emergencia del 911 en El Progreso, Yoro. Fue encontrada muerta en medio de unas cañeras, dentro de su automóvil, con la pistola de reglamento en su mano derecha aparentando un suicidio, escena similar a la de Sherill.
Según la información preliminar proporcionada por la ATIC, Saida se encontraba en su día libre y se trasladaba hacia la posta policial de La Lima, en Cortés, acompañada de su pareja Yoni Lagos, quien en su momento fue detenido para investigación como sospechoso y días después consiguió la libertad. No hay información sobre el proceso de investigación.
Para Julissa Villanueva el que sucedieran dos casos similares en menos de un año solo puede significar dos cosas: o han encontrado una modalidad para asesinar y salir impunes, o las autoridades son incompetentes y no son capaces de investigar un posible homicidio porque esto además afectaría a las instituciones.
Lagos, la pareja de la víctima, dijo en aquel momento que después de una discusión por problemas personales, él se bajó del automóvil en una parada de autobuses y miró cómo ella se desvió a las cañeras. Según su versión, él corrió a buscarla y la encontró sin vida.
Según Villanueva, este tipo de casos no son comunes y no deberían darse porque tanto en las agencias de investigación criminal como en la Policía uno de los requisitos es aprobar exámenes psicológicos para poder ingresar a estas instituciones, no pueden aceptar a alguien con una tendencia suicida. «No se le va a dar un arma a una persona que tenga tendencias depresivas en la proyección en los test psicométricos y psicológicos y evaluaciones previas que le hacen», recalca finalmente Villanueva.
El caso de Sherill y el de Saida siguen sin resolverse, los voceros dejan de contestar cuando se les pregunta del caso. Ni siquiera responden si continúan en investigaciones.
Helen Ocampo del Centro de Derechos de la Mujer (CDM) señala que las muertes violentas de mujeres se encuentran con un 95% de impunidad. «Toca hablar un poco de la violencia estructural que facilita que se justifique que se siga cometiendo y que quede impune, las lesiones y las muertes violentas de mujeres y con eso hay que hablar de la cultura de violencia que es sostenida por varios pilares: la cultura, la impunidad y la violencia en concreto».
Helen Ocampo del Observatorio de Derechos Humanos de la Mujer del Centro de Derechos de la Mujer. Foto: Martín Cálix
—A mí me rompieron mis sueños, todo por lo que tanto había trabajado. —Dice la ex agente a través de una llamada por teléfono, tuvo que huir de Honduras porque asegura que su vida también corre peligro por enfrentar a sus superiores. La ex agente vive sola, esperando por la aceptación de su solicitud de asilo y trabaja hasta muy tarde en la noche a veces como mesera, a veces limpiando casas.
A pesar de su experiencia en Honduras, cuenta que buscará ingresar nuevamente a la Policía en el país donde vive ahora y que espera tener una mejor experiencia, se resiste a ser invisible.
Muchas mujeres dentro de la Policía Nacional en Honduras soñaban con ser policías, pero los obstáculos interpuestos a su género les impiden vivir y ejercer en condiciones iguales a sus compañeros. Las mujeres, que parecen invisibles en tantos espacios, continúan siéndolo incluso dentro de las estructuras que investigan sus muertes violentas y en las que buscan prevenir y sancionar la violencia en general.
Mientras tanto, las tres mujeres de la huelga dicen que son policías por necesidad y no por vocación, que desearían trabajar en cualquier otra cosa pero que están ahí para evitar el hambre que sufrieron intentando encontrar otro trabajo y para sacar adelante a sus familias. Una de ellas menciona que tiene una hija y que trabaja duro a diario porque las condiciones en que ella ejerce su profesión son injustas, «quiero que ella sea cualquier cosa, menos una policía».
Honduras atraviesa un nuevo pico de crisis, extensión del descontento tras la reelección de Juan Orlando Hernández y acumulación de 10 años de inestabilidad política y social después de un golpe de Estado. El lunes se paralizaron los transportistas de carga pesada y el martes una huelga de fusiles caídos por parte de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, provocó mayores protestas y bloqueos en todo el territorio, saqueos de negocios y una represión militar que ha dejado más de 20 heridos y al menos 2 muertos.
Los transportistas y la Policía lograron acuerdos con el gobierno, sin embargo, el ambiente de descontento sigue demostrándose en las calles y retomando con fuerza la consigna del “Fuera Joh”, pero quienes abrieron el camino hace más de un mes fueron los gremios magisterial y médico con el llamado a salir a las calles exigiendo la derogación de decretos que llevarían a la privatización los servicios de salud y educación. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández derogó los decretos y convocó a un diálogo nacional con sectores cercanos a sus intereses. Los líderes de la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación convocaron en paralelo un Diálogo Ciudadano Alternativo con diferentes sectores de la población que se retoma hoy viernes y no descartan salir a las calles nuevamente ante el proceso de privatización de salud y educación que aseguran ha emprendido el gobierno.
En este proceso, un liderazgo muy aceptado por la ciudadanía en las calles ha surgido, la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, quien para muchos también se perfila como una líder política que podría presentarse como alternativa en un cambio de gobierno.
Contracorriente (CC) conversó con Suyapa Figueroa (SF) sobre la crisis constante que vive el país y las soluciones que propone el Diálogo Ciudadano Alternativo.
CC: ¿Cómo se sienten, como gremio, de su papel en este momento de crisis? SF: Sentimos que ha valido la pena, que la gente sea capaz de cuestionar lo que se le ha presentado como bueno pero que en realidad tiene todo el trasfondo y una complejidad administrativa que no logramos comprender pero que al final es lo que ha venido sucediendo con la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), con el sector telecomunicaciones pero cuando se trata de derechos fundamentales de la población pues usted puede vivir sin teléfono y quizás hasta sin luz, pero si le quitan la educación le quitan la esperanza y si le quitan la salud le quitan la oportunidad de seguir viviendo. Creemos que hemos aportado un granito de arena, se necesita seguir construyendo ciudadanía y habrá otras organizaciones que se incentiven en trabajar esta sociedad y de alguna manera sembrar esta semilla porque no nos sentimos todavía que hemos hecho un enorme paso porque había que medir el impacto de este enorme diálogo.
CC:¿Por qué inició esta lucha y por qué seguirla? SF: La lucha es por algo que en este momento se le niega al pueblo, lo hace sufrir, perder la vida en muchos casos. Agotamos todos los recursos. Por ejemplo, ahora tenemos un recurso interpuesto contra la Ley Marco de Protección Social, si ese poder del Estado quiere demostrar su independencia debería asumir la responsabilidad de derogar esa ley porque esa va a ser otra lucha y cuando juntamos muchas luchas como lo que está sucediendo, aquí hay un descontento generalizado ¿A dónde vamos a llegar? no lo sabemos y yo se lo manifesté en múltiples ocasiones a todo el mundo que Honduras es un pasto seco y cualquier cosa enciende la chispa.
Tal vez la Comunidad Internacional aprende que hay cosas que por muy diplomáticos que queramos ser no podemos ocultar realidades que saltan a la vista y que no debemos poner oídos sordos, más cuando decidimos ser veedores de un proceso que desde su inicio fue viciado.
CC: ¿Han conversado acerca de la situación de la crisis prolongada en la que estamos con alguna representación diplomática? SF: Generalmente ellos vienen a hablar con la parte gubernamental y así debe ser, pues ellos vienen como apoyo a los gobiernos. Pero cuando ellos dialogan con otros sectores distintos se pueden dar cuenta que estamos en una situación muy difícil y tomar una decisión teniendo un panorama más completo porque nosotros los hondureños nos sentimos en un verdadero estado de indefensión, que no tenemos a quien recurrir: que no podemos recurrir al poder judicial, que el Congreso ha legislado para la impunidad, que se perpetúe la corrupción y aprobaron un Código Penal que es una vergüenza.
CC: Ustedes han hablado de que al poner en emergencia salud y educación se pueden hacer compras sin recurrir a la Ley de Contrataciones del Estado ¿tienen conocimiento de alguna irregularidad? SF: No, no tenemos prueba de que se haya hecho alguna compra pero dentro de las peticiones que se han hecho. Hemos pedido que se haga una auditoría de lo actuado por la junta de transformación. Si se hicieron contratos que se revisen, no tenemos nada porque se han manejado en secretividad, sabemos que hay préstamos que son condicionados por el BID, no sabemos si se adquirieron más préstamos condicionados. Interpusimos recursos en la Corte Suprema de Justicia, uno de ellos un amparo contra los decretos y fue desestimado aunque estaba bien sustentado. Entonces que se revise lo actuado también y la derogatoria de esto. Por eso uno de los puntos importantes es que se nos diga y audite cuáles fueron las cosas adoptadas por la junta de transformación, las acciones de ello y que luego revisemos de qué se trataba lo que estaban haciendo y en qué querían transformar el sistema de salud y educación.
CC: ¿Ha recibido amenazas, se ha sentido insegura en la posición en la que está? SF: Sí, nosotros hemos recibido amenazas. El hecho de que el gobierno haya gastado el dinero del pueblo en una campaña de odio contra la Plataforma es un grave daño, un desprestigio a nuestra imagen, que mandara turbas de gobierno a tomarse el hospital donde yo trabajo también ha ocasionado una inseguridad, un daño a mi ejercicio profesional y de hecho aquí está el Presidente de la Conferencia Médica Latino-Iberoamericana y el delegado de la Organización Médico Mundial para revisar lo que el gobierno está haciendo y cómo nos está poniendo en riesgo a todos los médicos en la Plataforma.
Yo he tenido serias amenazas y lo he denunciado ante el mecanismo de defensores de derechos humanos, ante el CONADEH y no han hecho absolutamente nada.
Fotografía: Fernando Silva
CC: ¿Piensa hacer denuncias a nivel internacional ante la falla de los mecanismos nacionales? SF: Claro, nosotros estamos preparando la denuncia. Recuerde que no solamente es lo que nos han hecho a nosotros como dirigentes del movimiento sino además lo que le han hecho a la gente ante la negación del servicio. Tenemos denuncias ante la Fiscalía de Derechos Humanos, hemos denunciado desde hace dos años el cierre de las salas del Instituto Cardiopulmonar, la falta de tuberculosos, esta epidemia de dengue que estamos en epidemia desde agosto del año pasado y no se ha hecho lo suficiente, sevenció el insecticida.
A veces nos preguntamos ¿por qué se prohibió que se movilizaran los carros, que se diera el auxilio económico para que se pudiera afrontar? Nunca se controló un entomólogo, se desarticuló el programa de control de vectores de atención a dengue. Entonces, todo tiene un trasfondo en el país y nos preguntamos si se quieren generar crisis, si estas crisis son provocadas y cuál es el objetivo. Por lo menos a nosotros en este momento nos pusieron en un lío porque no podemos estar en asambleas informativas gracias a la declaratoria de emergencia y nos preguntamos si es que dejaron crecer esta emergencia con ese propósito, no sabemos, o solamente es su inoperancia manifiesta, su incapacidad manifiesta y su poco amor por lo que ellos deberían hacer.
CC: ¿Tienen pensado volver a las calles en algún momento? SF: Sí, nosotros lo hemos dicho que el diálogo no nos puede alejar de esa auténtica manifestación de la población porque la población al salir a las calles solo ejerce la ciudadanía, por supuesto que la gente va a seguir manifestándose.
CC:La policía se fue a una huelga de un par de días por incumplimiento de acuerdos del año pasado ¿como lo ven y qué cree que puede pasar con los nuevos acuerdos? SF: A nadie le cumplen, por eso es que no podemos sentarnos a una mesa de diálogo, nosotros tuvimos acuerdos en 2017 que no se cumplieron que el señor Madero sabe perfectamente que no se cumplieron, que él se comprometió en convocar al ministro de Educación y de Salud para que cumplieran con el acuerdo del 5 de diciembre de 2017 que coincidió justamente con la huelga de la policía y que gracias a eso firmamos el acuerdo porque el gobierno estaba inflexible, sabemos que fue coyuntural, pero no ha cumplido. No le cumple nada, es un gobierno que carece de credibilidad por lo tanto difícilmente va a ser posible que entremos en un diálogo que no es un interlocutor válido tampoco.
CC: ¿Cómo ha sido el proceso del diálogo alternativo ciudadano que planean retomar este viernes? SF: La mecánica surgió como una necesidad de plantear una respuesta ante un diálogo convocado por el gobierno donde el interlocutor que tiene el gobierno carece de legitimidad porque a muchos de ellos las bases le han quitado la representatividad y la toma de decisiones. Otro es que el gobierno se encargó de levantar acusaciones con múltiples delitos y luego los sienta en una mesa de diálogo entonces ¿cómo usted puede tener resultados adecuados convocando a personas que no son representativas, con gente a fuerza sentada? Como alternativa la idea es iniciar un diálogo con personas representativas pero además de muchos otros participantes de la sociedad que pudieran aportar a soluciones que pudieran aportar a temas que nunca se han discutido.
CC: ¿Qué temas se plantean en este diálogo? SF: Se trata de incluir a pacientes en una propuesta de cómo mejorar sus procesos de diálisis, que aspiran ellos al llegar a un centro hospitalario como garantías, que necesitan tener, cuál es el costo de los medicamentos, como hacen cuando no hay. Entonces es conocer de viva voz quienes sufren las problemáticas y poderlos incorporar en una propuesta que nos vuelva a garantizar el acceso a sus medicamentos, terapias óptimas, que sean tratados con la calidez que requieren.
Algunas otras como juventud, que están temiendo los jóvenes universitarios, por qué han tenido un conflicto tan alargado, por qué no hay acceso a educación superior y se han reducido los cupos para entrar a la universidad y como recuperarlos, qué proponen, cómo abordar al ausentismo escolar, la deserción, los temores y si han pensado en retirar a sus hijos. Todas esas cosas no las podemos conocer si no hacemos que la ciudadanía participe en el diálogo, creo que nunca en Honduras se había planteado una situación como esta y queremos darnos esa oportunidad de poder construir desde lo público algo que verdaderamente funcione. El sistema de salud en los años 70 Honduras fue invitado en la conferencia Alma-Ata por su atención primaria en salud ¿y cuál era la diferencia? la participación ciudadana.
Lo exitoso de esa atención primaria en salud fue la participación ciudadana, la comunidad se encargaba de distribuir métodos de anticoncepción y reproducía charlas que los médicos daban, entonces hay que recuperar esas cosas que se han perdido.
CC: ¿Por qué cree que se perdió esa dinámica de involucrar a la comunidad? SF: Porque las políticas públicas han ido cambiando, ahora la salud se ve como un gasto que “no tiene un retorno” para el Estado, la salud debería ser vista como una inversión que no va a tener un retorno visible para el gobierno, sin embargo, si se traduce ese bienestar en satisfacción para la comunidad como disminución de violencia, de embarazo en menores y en salud preventiva, diagnósticos y manejos oportunos entonces al final si va a reducir el gasto del gobierno en salud. El 80% de las atenciones son de atención primaria, entonces hay que volver a optimizar ese 80 para aspirar a que ese otro 20 lo hagamos de una manera integral.
CC: ¿Qué esperan lograr con el diálogo alternativo? SF: La inclusión, si alguna vez tuvimos un buen sistema de salud y la gran panacea de ese modelo era la participación ciudadana entonces creo que podríamos recuperarlo si hacemos que la participación ciudadana vuelva a tener la preponderancia que tuvo y lo hizo exitoso.
CC: Para que esto sea realmente exitoso debe haber también un involucramiento y una responsabilidad desde el gobierno ¿cómo lograrían esto? SF: Claro, nosotros necesitaríamos tener un interlocutor del gobierno y ahí nos preguntamos, el gobierno vino el primer día del diálogo (martes) pero se hace presente con la idea de llevarnos a su agenda, entonces hay una incompatibilidad porque nosotros no estamos buscando prebendas, no estamos hablando de aumentos salariales, vacaciones ni ningún beneficio para el gremio médico estamos hablando de la mejora del sistema porque así como estamos no podemos seguir trabajando. Necesitamos que el gobierno adopte esto, ¿cómo pensamos hacerlo? es demostrándole al gobierno que están equivocados en sus políticas, ellos necesitan sentarse con la población porque si no tiene su respaldo no van a poder avanzar como gobierno y el pueblo hasta este momento no le está respaldando la toma de decisiones erróneas que están haciendo.
Entonces, que se de cuenta el gobierno que necesitan el respaldo del pueblo para continuar y que de no obtener ese respaldo popular, ellos también están en riesgo. Y los venideros gobernantes también aprendan: el construir ciudadanía no es solo para resolver la problemática actual sino construir a futuro para que también los gobernantes que vengan sepan que tienen que incluir en sus políticas a la población y no solo a grupos específicos que son los que ellos creen que sostienen el poder, el poder está sostenido por el pueblo y es a quien menos respaldo y apoyo se le ha dado.
CC: ¿Ha recibido alguna llamada directa del gobierno a su despacho para negociar? SF: A través de personas se ha dicho “queremos una reunión, pero solo con usted doctora” y nosotros les hemos respondido que eso no es posible. Éticamente no es posible porque lo que me planteen a mí no puede ser escuchado por una junta directiva o por toda una plataforma, si lo que voy a proponer es algo transparente y limpio lo puedo hacer públicamente pero aquí se ha acostumbrado a hacer este tipo de negociaciones, con un vino y galletitas finas, ahí es donde las cosas no avanzan en este país. Sí han propuesto reuniones de ese tipo a las que les hemos dicho que no.
CC: Este es un gobierno al que le han demostrado que no tienen el respaldo del pueblo, entonces para ustedes como gremio y plataforma ¿cuál es el siguiente paso? SF: Creo que la gran enseñanza es que los políticos entiendan que no lo tienen todo, que si creen que han podido manipular al pueblo no es así, el pueblo es consciente y de alguna manera se cansó y son generaciones que van cambiando y aprendiendo de las lecciones que han aprendido y van aprendiendo a sortear las grandes dificultades. El pueblo de repente se ha empoderado en este momento, ¿y qué sigue? es lo que el pueblo diga. Nosotros lo hemos dicho, nuestra lucha es conseguir que haya garantías de la prestación de servicios, esa es nuestra lucha desde el gremio médico y magisterio y el pueblo nos ha acompañado acá y lo que se ha logrado es gracias al acompañamiento de la población y a que las bases de estos gremios son las que han definido la ruta a seguir.
CC: Si el pueblo les ha acompañado hasta ahora ¿ustedes van a acompañarlo en lo que decidan? SF: Probablemente todos sepamos que un gobierno que nace ilícito no puede progresar y estamos totalmente de acuerdo. Creo que aquí muy pocos sectores han quedado en la línea de apoyo hacía la ilegitimidad y ahí será una decisión personal pero ahí se sale de las competencias del Colegio Médico, eso lo hemos dicho bien claro, nosotros llegamos hasta donde el mandato de la institucionalidad nos los permita, pero cada uno es un ciudadano y puede participar en otros ámbitos si así lo desea y es libre de hacerlo.
La Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (MACCIH) en conjunto con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción UFECIC presentó el duodécimo caso de corrupción denominado Narcopolítica, una investigación que muestra cómo un gobierno trabajó en conjunto con el narcotráfico. Este caso se suma a la llama encendida de las protestas por la educación y salud pública del último mes y el reporte de medios internacionales que muestran a Juan Orlando Hernández en una lista de investigados por la DEA. Las protestas ya toman forma de bloqueos en carreteras y enfrentamientos entre manifestantes y policías, y de nuevo resuena en las calles el “Fuera JOH”.
En 2015 hubo dos detonantes de la crisis social y política: el descubrimiento del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para financiar campaña del presidente Juan Orlando Hernández y la entrega a las autoridades estadounidenses del cartel de narcotráfico Los Cachiros que en sus declaraciones de ese entonces mencionaron haber recibido apoyo de empresarios, políticos, militares y policías.
Así, el caso de narcopolítica, el primero de la MACCIH que incluye lavado de activos por narcotráfico a través de contratos con el Estado, comienza a investigarse con la declaración de Devís Leonel Rivera ante un juez en Estados Unidos en donde menciona que en 2009 se contactó con el expresidente Porfirio Lobo Sosa, en aquel entonces candidato presidencial del Partido Nacional justo tras el golpe de Estado.
Los Cachiros tenían la Empresa Inmobiliaria INRIMAR que durante el periodo de Porfirio Lobo Sosa consiguió al menos 21 contratos por un monto de más de 68 millones de lempiras (casi 3 millones de dólares) que aparentemente tenían como objetivo realizar obras viales en los departamentos de Olancho y Colón.
En el caso hay 12 personas acusadas de las cuales cinco ya pasaron por audiencia inicial en la que se les dictaminó auto de formal procesamiento, dos están extraditados en Estados Unidos y hay cinco prófugos de los cuales se dice que tres podrían presentarse esta semana a los juzgados.
Los imputados son Miguel Pastor, exministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) así como Walter Maldonado, exdirector de carreteras, ambos acusados de falsificación para lavado de activos, abuso de autoridad, fraude, falsificación de documentos públicos y cohecho.
De igual manera, Deysi Zúñiga y José Manuel Valladares son imputados por falsificación de documentos públicos y complicidad en fraude. Mientras que Claudia Matute es acusada de ocho delitos de fraude y ocho por falsificación de documentos públicos.
Ya se presentaron ante la justicia las imputadas Carol Pineda y Luisa Montalván a quienes se les dictó prisión preventiva. Pineda enfrenta cargos por fraude y falsificación de documentos, mientras que Montalván está acusada de complicidad.
Para algunos analistas, las personas con requerimientos no son suficientes. Raúl Pineda, un analista de larga trayectoria nacionalista, exdiputado y allegado al círculo de Juan Orlando antes que éste fuera presidente de la república por segunda vez, menciona que en este caso hay acusaciones contra empleados subalternos, pero no para los jefes que tomaban las decisiones.
“Se sacaron personas que estaban involucradas en ese ilícito para protegerlas, los que están ahí son ángeles caídos, personas que pudieran estar comprometidas o no pero los jefes de ellos, los decisores, no están ahí y eso demuestra una gran debilidad del Ministerio Público y de la MACCIH… No es primera vez que pasa que redactado un requerimiento fiscal, se excluye a las personas más ligadas con el que manda el país” señala Pineda poniendo en duda la independencia de la Misión.
Pineda asegura que lo único que sostiene al gobierno de Hernández es el gobierno de Estados Unidos, “habrá otras declaraciones, extradiciones que van a revelar si el presidente y su círculo inmediato estaba involucrado en esto o no, hasta este momento lo que se cierra sobre él es una sospecha mortal porque lo de su hermano no es punto de debate y eso nos guste o no, lo compromete a él”.
Negocios con narcotraficantes
Miguel Pastor y Walter Noé Maldonado fueron quienes le otorgaron contratos a la empresa INRIMAR. La mayoría de las obras no se realizaron y en otras el dinero se cobró años después, “el propósito de la asignación de estos contratos era básicamente prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para poder lavar dinero proveniente del tráfico de drogas internacional” señala el comunicado de la MACCIH.
Además, aseguran que existe evidencia de que Miguel Pastor y Walter Noe Maldonado viajaban junto con Fabio Lobo, hijo de Lobo Sosa, en un helicóptero pagado por el señor Devís Leonel Rivera durante la campaña electoral y además se tiene evidencia que era el señor Fabio Porfirio Lobo Lobo, quien se encargaba de que los contratos fueran otorgados a INRIMAR por parte de SOPTRAVI, aun cuando en esa época no había presupuesto disponible en dicha institución para pagar esos contratos.
Según una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) uno de los contratos otorgados a Los Cachiros fue la Reconstrucción de Vado El Encino, con 30 metros en el Municipio de Catacamas. Este fue supervisado por la Empresa Construcción y Supervisión Vanvitelli, S. de R.L. de C.V. cuyo representante legal era el imputado José Manuel Valladares y al menos hasta 2017 recibieron supervisiones de obras.
La auditoría señala que la empresa Vanvitelli presenta en su informe final fotografías que no corresponden a la realización del proyecto en mención, las fotografías presentadas corresponden a otros proyectos de emergencia, incumpliendo con la Ley de Contratación del Estado, así como con el mismo contrato y el marco Rector del control interno institucional de los recursos públicos.
Devis Rivera Maradiaga reveló en su declaración en Estados Unidos que los contratos con SOPTRAVI el Fondo Vial y la ENEE se le adjudicarían a cambio de un pago del 10 al 20% a Fabio Lobo.
De acuerdo con la investigación de la MACCIH, al menos 5 contratos adjudicados a INRIMAR se dieron durante un estado de emergencia por la tormenta Agatha decretado por el presidente Lobo en junio de 2010. Estos decretos no incluían el departamento de Olancho porque no presentaba una situación tan grave como los demás y posteriormente se incluyó en una ampliación.
El Estado de emergencia permite que las contrataciones directas, pero estas deben ser aprobadas por el presidente, “Los contratos que se suscriben en situaciones de emergencia, requerirán de aprobación posterior, por acuerdo del Presidente de la República, emitido por medio de la Secretaría de Estado que corresponda, o de la Junta o Consejo Directivo de la respectiva Institución Descentralizada o de la Corporación Municipal, si es el caso” establece la Ley de Contratación del Estado en su artículo 9.
Las autoridades aún tienen pendiente orden de captura contra Marlon Yovany Aguilera Flores, Carol Ivone Pineda Baide y Norberto Antonio Quezada Suazo, Lucas Velázquez Ramos, Luisa María Fonseca, por los delitos de falsificación de documentos públicos cómplice necesario y fraude.
Uno de los contratos adjudicados a INRIMAR en 2012 por el monto de 28 millones de lempiras, se firmó entre Devis Leonel Maradiaga y el presidente del Fondo Vial de aquel momento, Hugo Ardón Soriano. Ardón presidió esa dependencia durante el gobierno de Lobo y el primer año de gobierno de Hernández, es hermano del ex alcalde de Copán, Amílcar Ardón Soriano que en enero de este año fue acusado en Estados Unidos por “delitos relacionados con el tráfico de drogas a gran escala”.
El hermano de Hugo Ardón fue alcalde de El Paraíso, Copán, entre 2000 y 2015, posición que utilizó para facilitar el tráfico de drogas. Geoffrey Berman, abogado de la corte de Manhattan, señaló que Amílcar Ardón trabajó junto a Mario José Cálix y “conspiraron para importar cantidades masivas de cocaína a Estados Unidos y usaron armas pesadas para proteger envíos de drogas. Ardón Soriano supuestamente utilizó su posición como alcalde hondureño para facilitar el tráfico de drogas y para imponer un impuesto a otros traficantes, lo que generó durante el proceso millones de dólares”.
Las figuras presidenciales señaladas por narcotráfico
Durante la presentación del caso, se mencionó que el expresidente Porfirio Lobo no tiene un requerimiento en su contra por decisión del Ministerio Público, aseguran que hay una investigación individual en su contra.
El expresidente reaccionó defendiéndose de los hechos y denunciando a la MACCIH por mencionar su nombre sin pruebas. Para Lobo existe un pacto de impunidad entre el presidente Hernández y Luis Almagro, Organización de Estados Americanos (OEA), “La selectividad en las acciones evidencia que lo hay, no son las palabras sino los hechos que dicen que aquí hay una muralla que no se pasa que es 2014” Lobo cuestiona cómo en seis años del gobierno de Hernández no hay investigaciones en su contra, a pesar de que en algunos medios de comunicación han mencionado actos de corrupción.
Porfirio Lobo Sosa en su casa de habitación. Foto: Martín Cálix.
El caso presentado por la MACCIH se da en el mismo contexto en que documentos desclasificados en una corte federal de Nueva York menciona que desde 2013 se inició una investigación de la Agencia Antidrogas en Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) por “tráfico de drogas a gran escala y actividades de narcotráfico y lavado de dinero en relación con el ingreso de cocaína a Estados Unidos”, en la que aparece el nombre del presidente Hernández, su hermana Hilda, Ebal Díaz, uno de sus asesores más cercano, y el actual ministro de seguridad Julián Pacheco.
Estos documentos se hicieron públicos como parte de las mociones preliminares al juicio de Tony Hernández, hermano del presidente, programado para septiembre. Tony fue arrestado en 2018 en Miami y está siendo acusado de organizar durante años la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
De acuerdo con la información pública, la DEA pidió a las empresas Apple, Mircosoft, Yahoo, AOL y Google proporcionar toda la información de los títulos de los correos electrónicos de varias cuentas. Aunque por el momento no se ha confirmado si finalmente accedieron a esa información.
Mientras tanto, el gobierno de Hernández emitió un comunicado posterior a la información pública en el que dice que las acusaciones son falsas, “irritados por haber sido enjuiciados y extraditados por el presidente Juan Orlando Hernández, varios líderes narcotraficantes de Honduras acusaron falsamente al presidente y sus colegas ante el gobierno de Estados Unidos en el año 2015” añaden que la DEA reconoció la colaboración de Hernández en la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, el expresidente Lobo habla desde su experiencia con la extradición de uno de sus hijos acusado de trabajar junto a Los Cachiros, menciona que las investigaciones en estos casos duran mínimamente cinco años, que sería difícil que la de Hernández estuviera cerrada en tan poco tiempo.
“Si hay un evento nuevo es otra investigación y lo de su hermano pasó recientemente, investigan todo el núcleo familiar: los bienes que tenga, todo… Tenga la garantía de que tienen que estarlo revisando a él, a los hermanos, a los padres, las esposas, los hijos. Lo revisan todo, lo hacen de oficio para ver y verificar que la familia no esté ligada ni relacionada” concluyó Lobo, mientras en las calles de Honduras las protestas no paran, los liderazgos sociales involucrados no aceptan diálogo y ya la única vía de demanda es bloquear el país ante las acciones del gobierno de Hernández, cuestionado en mayor escala desde su segundo mandato.
Terminó la convocatoria al paro nacional demandando la derogación de varios decretos que declaran emergencia en el sector salud y educación y el diálogo al que llamó Juan Orlando Hernández fracasó, con la ausencia de los sectores demandantes mientras que la represión ya deja decenas de heridos en todo el país y varias arterias carreteras aun bloqueadas. Ya pasó alrededor de un mes desde que se inició el debate sobre la presunta privatización de los servicios de salud y educación a través de varios decretos ejecutivos, entre ellos los que declaran emergencia para el sector educación: el PCM016-2011, el PCM018 que prohíbe reuniones y tomas de centros educativos y los PCM26 y 27 para el sector salud donde nuevamente declara emergencia al sistema educativo y de salud para crear comisiones interventoras. Ese debate rápidamente salió a las calles por la negativa del gobierno de Hernández de derogar los decretos y abrir un diálogo sobre la reestructuración de estos dos sectores partiendo de la realidad de saqueo que ha venido sufriendo en la última década. No se había visto un paro de este tipo desde la crisis desatada tras las elecciones en las que Hernández se reeligió en medio de denuncias de fraude y a pesar de no ser permitida la reelección por la Constitución de la república.
Esta semana , las manifestaciones crecieron con el llamado a un paro nacional que ya suma 48 horas de protestas en las que ya se unieron estudiantes, enfermeras y grupos de resistencia contra el gobierno de Hernández. Para encender más la llama, en el Congreso Nacional los diputados de oposición realizaron una protesta que terminó en golpes porque se aprobaron varios contratos sin quorum, uno de ellos el aumento del techo de préstamo para la concesionaria del aeropuerto Palmerola y el contrato con la empresa Oracle para la ubicación de archivos del Registro Nacional de las Personas en una nube, servicios avanzados de migración y administración de datos y diligencias de consultoría y desarrollo por un monto de 7.6 millones de dólares. Y mientras los diputados se iban a los golpes en el Congreso Nacional, la policía nacional se enfrentaba con manifestantes y el presidente era noticia en los medios de comunicación internacionales por aparecer en una lista de personajes investigados por narcotráfico en Estados Unidos. Las protestas por la no privatización de la salud y educación terminaron en la consigna de la crisis postelectoral: la renuncia de Juan Orlando Hernández.
Estudiantes de Ciencias de la Salud se suman al Paro Cívico convocado por el Magisterio y Médicos en la ciudad de Tegucigalpa, 31 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Algunas personas discuten frente a la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, no logran ponerse de acuerdo: unos están en contra de la quema de llantas en la entrada de la sede diplomática y otros están a favor, 31 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Un grupo de maestras se subió a un pick-up luego de correr un tramo desde la toma hacia el centro de Choluteca debido a las detonaciones de armas de fuego de la Policía Nacional y sus fuerzas especiales, quienes disparaban escondidos en la distancia de los potreros a ambos lados de la CA-5 Sur, 30 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Jóvenes sostienen una manta con la leyenda «La educación es la vacuna contra la ignorancia» durante las protestas del primer día del #ParoNacional. Foto: Fernando Silva
Muchas personas tuvieron que hacer varios kilómetros a pie debido al corte de carretera en la entrada desde el norte a Choluteca, 30 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Un pick-up de la Empresa Energía Honduras (EEH) fue incendiado durante el primer día del Paro Cívico en Choluteca, el día anterior, otro vehículo de la misma empresa fue quemado en el centro de la ciudad, los altos costos de la energía eléctrica y el exceso de proyectos de generación de energía que afectan todo el departamento de Choluteca ha provocado un mayor repudio hacia la empresa de energía, 30 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Quema de llantas impiden que camiones continúen su paso por la CA-5 Sur que conecta a Tegucigalpa con Choluteca, 30 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Una mujer policía recoge los restos de lo que fue un enfrentamiento entre la Policía Nacional y manifestantes en el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, 31 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Muebles en llamas, en medio de las principales calles de Tegucigalpa, durante las protestas de ayer. Foto: Fernando Silva
Dos jóvenes apilan neumáticos en la entrada del edificio de la Embajada de los Estados Unidos para ser quemados en ese mismo lugar, 31 de mayo de 2019 Foto: Martín Cálix.
Un joven encapuchado se cuelga de las cámaras de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos, las que fueron arrancadas y quebradas por los manifestantes, 31 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Un soldado del Ejército hondureño intenta mitigar las llamas en la entrada de la Embajada de los Estados Unidos con un extintor portátil. El Ejército fueron los primeros en llegar hasta la sede diplomática, 15 minutos más tarde llegaría el cuerpo de bomberos, 31 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
La sede diplomática más importante en Honduras, el edificio de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, no sufría un atentado de esta magnitud desde el 7 abril de 1988, cuando también fuera quemada, 31 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.
Hombres caminan junto a una bandera amarrado a una varilla. Foto: Fernando Silva
Katherine Reyes (27), estudiante de sexto año de la carrera de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras personificó durante una de las marchas a las pacientes de las zonas más pobres del país, a las que atiende a diario. Foto: Fernando Silva
Una mujer adulta se tapa la cara del sol con una rama, durante las manifestaciones del primer día del #ParoNacional en Tegucigalpa. Foto: Fernando Silva
El 25 de mayo se celebra el día del periodista hondureño como conmemoración de la primera impresión del Diario Oficial La Gaceta, el periódico estatal donde se publican las leyes ya ratificadas del país. Entonces, se concibe como un día propicio para celebrar a los periodistas, el día que se publica un periódico de la institucionalidad que el periodismo debe auditar, del cual debe representar contrapoder. Algo no está bien.
Ya pasó casi un siglo de esta tradición, y no vamos a analizar todo lo que ha sucedido en casi 100 años con la prensa hondureña, sus diversas mutaciones ante regímenes militares, caricaturas de democracias, fraudes electorales o dictaduras disfrazadas de democracia y cooptadas por el crimen organizado. No, en este editorial nos vamos a enfocar en la celebración de este año, particularmente la que tanto espera el gremio: la que viene del Congreso Nacional.
Pues así como del Congreso Nacional salen las leyes que han manipulado a los medios de comunicación ya sea por la vía del chantaje, como con la ley de publicidad oficial o por la vía de la penalización como con los delitos contra el honor con el nuevo Código Penal, también de este poder del Estado se otorgan los más altos galardones para toda categoría de periodistas: los fotógrafos, los cronistas deportivos, los reporteros regionales, el periodista mayor generador de opinión pública, etc. Y el gremio se viste de gala, cada año, para recibir los aplausos de pie de los diputados, cuya mayoría están siendo investigados por actos de corrupción. Sí, esa corrupción que nos toca a los periodistas investigar, la misma.
Hubo un ligero cambio de planes, y este año, en medios nacionales, la nota sobre el día del periodista hablaba de una celebración no tan elegante, porque la premiación se trasladó de las instalaciones del Congreso Nacional por la amenaza de que los diputados de la oposición la boicotearan con sus pitoretas. Pero eso no opacó la fiesta, el gremio formalmente reconocido por estar colegiado o por pertenecer a una asociación de trabajadores de la prensa, se movilizó para ser celebrado por diputados del Congreso Nacional a otro sitio, quizá no se movilizó tanto a reportear este país en la década más oscura que hemos vivido en la última era, una década inaugurada por un golpe de Estado que no solo quebró más la endeble institucionalidad hondureña sino que dejó una cadena de corrupción que cada año suma eslabones y que se blinda con pactos de impunidad entre el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. El circo, para distraer, lo celebra la prensa, orgullosa de ser galardonada por los diputados que este año, poco antes del 25 de mayo nos regalaban una buena mordaza a todos los que estamos en el ecosistema de medios.
El mayor premio que ha dado este Congreso Nacional ha sido la reciente aprobación del Código Penal, donde se rebajaron las penas por los delitos contra el honor (ignorando las recomendaciones internacionales de despenalizarlos por completo) pero agregando delitos, como el de injuria y calumnia contra instituciones supervisadas, y sumando agravantes como la difusión de injurias y calumnias por redes sociales e internet. Por otro lado incluyeron delitos como el de difusión de noticias o rumores falsos y abuso de información privilegiada, ciberterrorismo o el de daños a los sentimientos religiosos que parecieran no estar vinculados a la profesión o al derecho a la libre expresión, pero por la ambigüedad podría aplicarse a quienes hacen periodismo de investigación, sobre todo los que buscan en las aguas turbias de empresas privadas, sistemas financieros, oenegés moviéndose en las olas de la corrupción y el lavado de activos.
Entonces, el Congreso hace fiesta y da premios a los periodistas, que creyéndose en el libre ejercicio de su profesión, perpetúan un sistema de impunidad que mantiene a la gente inmóvil ante el horror o ante la pornografía noticiosa, y por otro lado castiga a los que hacen periodismo lento, riguroso y comprometido con revelar cómo funciona y a quiénes afecta el ejercicio del poder cuando éste sirve para sostener un régimen criminal. Los periodistas premiados en el Congreso Nacional no recuerdan ni el pasado reciente, el que ya cuenta con 77 periodistas asesinados y no se sabe cuántos exiliados por razones que ni siquiera se conocen porque la justicia va en cámara lenta. Mucho menos recordarán que alguna vez en la facultad o en alguna conversación salió la discusión sobre para qué sirve el periodismo y quizá alguien dijo que para hacer contrapeso al poder o para buscar la verdad, para dar un servicio vital que hace que el derecho a la información libre y veraz exista.
El periodismo hondureño enfrenta una tarea ineludible, la de un cambio de paradigma que provoque no solo verdaderos debates intelectuales sobre el oficio periodístico, también la de abandonar la capitulación de premios que aderezan la silenciosa complicidad de las corporaciones televisivas, de prensa y radiales que tienen secuestrado el periodismo evitando que Honduras sea verdaderamente contado y comprendido.
Por: Juan Martínez d´Aubuisson
Fotografía de archivo: Sandre Ruiz
El día 4 de mayo el periódico New York Times publicó un reportaje sobre una comunidad de San Pedro Sula que ha decidido pelear contra la pandilla más poderosa de Mesoamérica y de buena parte de los Estados Unidos. La Mara Salvatrucha 13 (MS13). Esas mismas personas creen que esa publicación ha puesto en riesgo, más de lo que ya están, sus vidas. Dicen que las fotos fueron tomadas sin consentimiento y que nunca autorizaron al periodista a publicar sus nombres. Creen que el periodista Azam Ahmed y el fotógrafo Tyler Hicks de New York Times han contribuido en acelerar una muerte que esperan desde hace años.
La comunidad del reportaje está en lo profundo del Sector Rivera Hernández. Probablemente el sector más violento de todo Honduras. Es un lugar que oscila entre lo urbano y lo rural. Las calles son de tierra al igual que muchas de sus casas. Las familias son muy pobres y la violencia más brutal es la cotidianidad. El sector es disputado por varias pandillas. A veces son 7 a veces 6, a veces 8. Se extinguen y nacen con la rapidez de los tiros. En este sector la autoridad es compartida entre el Estado y los bandidos.
El reportaje va sobre la historia de un grupo de chicos que decidieron pelear contra la MS13 para impedir su entrada al barrio y las vejaciones y destrucción que esto conlleva. Se armaron como pudieron y pelearon. Como era de esperar perdieron. Varios fueron raptados y otros huyeron. La gente del barrio, incluidos hombres y mujeres mayores, ha retomado la lucha contra la gran pandilla con iguales resultados. En esta historia David es raptado por Goliat y su cuerpo es abandonado en alguna barranca del Rivera Hernández.
En el reportaje se cuenta la historia de los perdedores con gran detalle. Se dicen sus nombres reales, se muestran fotografías de sus rostros, se dice la ubicación de sus casa, se muestra el vehículo en el que uno de ellos se mueve todos los días hacia su trabajo. Incluso se publicó fotografías de sus dos hijas frente a su casa. Si ya eran una molestia local para la pandilla MS13 ahora son un target especial. Se publicó en uno de los medios más grandes del mundo que un grupo de muchachos inexpertos y mujeres mayores han logrado mantener a raya la pandilla más poderosa del país y de la región. Una mujer del barrio, a quien el periodista dejó expuesta al publicar su rol dentro del grupo de auto defensa y fotos de su rostro y de sus hijos, lo expresa de la siguiente forma: “ se vino a cagar en la olla de leche. Nunca le di permiso para publicar mi nombre ni mis fotos. No me di cuenta cuando me las tomó. Ese hombre le puso precio a mi cabeza”.
Tiempo atrás, otra mujer, esta vez una reconocida periodista, dijo en una ponencia “ hay que tratar a todas las fuentes como si tuviesen millones de dólares para demandarnos” tal parece que New York Times trató a estas gentes como lo que son: hondureños muy pobres sin un centavo para demandar a nadie.
Conozco a algunas de estas personas desde 2015, cuando llegué por primera vez para escribir un libro sobre la ciudad. En esta comunidad las reglas siempre han sido claras. No se publican los nombres y no se toman fotos de rostros. Siempre hemos tenido claro que estas cosas les incrementan mucho el riesgo de morir a manos de sus enemigos. Una de las fuentes del reportaje asegura con mucha convicción no haber dado su consentimiento en ningún momento para que publicaran su rostro o su nombre, o el de sus hijos. El periodista asegura que pidió permiso. La gente afectada dice que no. Es obvio que hubo una seria confusión. En todo caso es responsabilidad de los periodistas dejar las cosas claras, no de las fuentes.
Desde mi punto de vista estos errores parten del absoluto desconocimiento de las dinámicas sociales de las comunidades. Estos espacios, sobre todo el Rivera Hernández, son tremendamente complejos y la paz o el caos dependen de hilos muy endebles. En este lugar una muchacha puede morir por las palabras mal empleadas de su vecina. Un vendedor de pan puede terminar en una zanja por pasarse dos calles de su recorrido habitual o por usar una camisa con una letra, color o un número incorrecto. La esencia de las pandillas tiene que ver con el prestigio, y la violencia con las afrentas a este. Es asombrosa la larga lista de acciones que pueden ser interpretadas como una afrenta al prestigio por parte de los jóvenes pandilleros. Azam y Tyler no entendieron esto. Es difícil si solo le dedicas unos días a este tema.
Escribí al periodista Azam Ahmed para consignar su versión de los hechos. Le comenté que estaba escribiendo esta columna y le pregunté si las personas habían dado su consentimiento sobre publicar sus rostros y sus nombres. Su respuesta a mi correo fue: “HAHAHAHA”. Días después se excusó. Dijo no tener idea de cómo el correo se había enviado solo y accedió a bajar las fotografías de los rostros. Sin embargo el material llevaba varios días en línea y había circulado como pan caliente por los celulares de todo Rivera Hernández.
Luego recibí un correo del director de comunicaciones de New York Times diciendo que todas las personas dieron su consentimiento para participar en la historia, que como ocurre siempre con este periódico cumplieron todas las normas de ética.
New York Times no son los únicos en hacer este tipo de reportajes. Rivera Hernández ha sido tiro seguro para las grandes cadenas de medios internacionales que quieren retratar la violencia salvaje de América Central. El mecanismo es sencillo: contratan a periodistas locales, fixer, y les hacen una lista de cosas que necesitan grabar durante los pocos días que permanecerán en la ciudad. Los guías no se arriesgan mucho, van a Rivera Hernández. Esas listas siempre incluyen cadáveres, pandilleros, tatuados del rostro de ser posible, víctimas de la violencia, lo más desgarrador que se pueda encontrar, y por supuesto un tour en un pick up de la policía persiguiendo pandilleros. Todo esto lo encuentran en un solo lugar. Solo hace falta poner en youtube el nombre del barrio y podrán ver una larga lista de estos video- reportajes. Vistazos rápidos al salvajismo del tercer mundo.
En Honduras el silencio y la desconfianza son la norma. En el barrio Rivera Hernández el mantenerte callado puede ser lo que te separe de la muerte. La guerra entre las pandillas genera un ambiente hostil en donde cualquier vecino puede ser tu enemigo y cualquier extraño un asesino. Con todo esto la gente de la comunidad abrió sus puertas a los periodistas extranjeros y les dejaron conocer su intimidad. Les abrieron las puertas de su casa y les presentaron a su familia. Estas concesiones tan grandes en un entorno tan hostil debieron ser tomadas en cuenta. Una buena historia no vale una vida.
El reportaje está en línea. Incluso fue traducido al español. New York Times, Azam y Tyler tienen un cheque más en su lista de lugares salvajes explorados. Mientras tanto, en ese barrio miserable y caluroso, hay un grupo de vecinos que viven aterrados porque creen que ahora, después del reportaje, la MS13, y la muerte, está un paso más cerca de ellos.
El brasileño, exprocurador del Estado de Sao Paulo, Luis Guimarães termina su trabajo como vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) en 40 días. En un año de mandato, Guimarães asegura que deja una propuesta de ley de Colaboración Eficaz más clara y mantiene la filosofía con la que recibió el cargo: «no hay margen para hablar, se tiene que trabajar de manera profesional, los hechos van siendo descubiertos».
Desde que la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (MACCIH) comenzó en 2016 ha presentado 10 casos que en total suman a 111 imputados entre diputados, otros funcionarios públicos y familiares de estos, acusados de malversar casi 400 millones de lempiras en diferentes actos de corrupción: desvío de fondos desde ong’s o despachos de gobierno, irregularidades en concesiones, sobrevaloraciones en equipo médico o contratos con el Estado, así como la denuncia del Pacto de Impunidad que intentó frenar las investigaciones contra diputados. En el período de Guimaraes, se presentaron siete nuevos casos: «Caja Chica del Hermano», «ampliación del Caso Pacto de Impunidad», «Licitación Fraudulenta del Instituto de seguro Social», «Arca Abierta», «Fraude sobre el Gualcarque», «Patuca III» —Colusión y corrupción, así como el requerimiento de aseguramiento de bienes relacionados al caso Caja Chica de la Dama.
Guimarães, con estos resultados, asegura que a pesar de la tendencia que pudo haber marcado la expulsión del Comisionado de la CICIG en Guatemala, en Honduras la misión de la OEA está garantizada, porque el gobierno de Estados Unidos tiene la voluntad de seguir financiándola y porque la relación del gobierno de Honduras con la Maccih ha sido cordial y de eso depende en gran parte.
La llegada de Guimarães a Honduras tardó alrededor de 4 meses ya que tras la salida del peruano Juan Jiménez Mayor en febrero de 2018, el Presidente de Honduras no aceptó la propuesta que Almagro presentó en abril, hasta en junio que Heide Fulton, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos hiciera un llamado de atención para resaltar la urgencia de nombrar el vocero de la misión. La presión de la Embajada estadounidense ha sido clave también para la reelección del fiscal general y la garantía que éste trabaje con el apoyo de la Maccih.
Ya en la recta final de su mandato, Guimarães acepta recibir medios de comunicación en su oficina, ahora habla con la tranquilidad de quien ha cumplido un trabajo en un país como cualquier otro, con redes de corrupción enquistadas en el Estado. Nos recibe a nosotros para hablar de su mandato y de la importancia de la aprobación de la ley de colaboración eficaz en un contexto en el cual el Congreso Nacional ha aprobado un código penal que reduce penas por delitos de corrupción y buena parte de la sociedad pone como expectativa llegar a la presidencia de la república con las investigaciones por corrupción.
CC. ¿Cómo fue este año en Honduras? ¿Qué sabía y qué es lo que se encontró en Honduras?
LG. Ha sido un año de mucho trabajo, la misión es algo importante en la vida de Honduras y también para la OEA, una forma de colaboración en un país soberano. Tenemos un equipo muy bueno, profesional, hemos trabajado muy bien con la UFECIC (Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad) del Ministerio Público (MP) y con las instituciones en general. El problema de corrupción existe en muchos países, la cuestión es siempre cuál es la relación de las instituciones del país frente a una situación de corrupción, creo que hemos abierto otros caminos ayudando al MP que es la institución que debe tomar la iniciativa de combate a la corrupción, creo que también hemos hablado de los temas institucionales para el país, he presentado el informe al Consejo Permanente de la OEA con algunas ideas y sugerencias. Yo he sido bien recibido por el pueblo hondureño, pero mi mandato termina el 30 de junio, nadie es insustituible y tengo certeza que el trabajo se va a mantener.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, resaltó los resultados ofrecidos por la Misión. «Valoramos el informe y el papel de la MACCIH en la lucha contra la corrupción, en especial, en la construcción de un sistema nacional anticorrupción que ha permitido la investigación de siete casos más de gran corrupción en estos últimos meses», afirmó. «Con esto, ya son once los casos que los equipos integrados UFECIC – MACCIH han logrado judicializar desde su creación en el 2017», agregó.
CC: En esta etapa de la Maccih con usted en la vocería, ¿cuáles han sido los retos más importantes de la Misión?
LG: En todos los países para hacer investigación y proponer acciones penales, crímenes de corrupción es necesario que se trabaje con profesionalismo y que se tenga independencia, la independencia de las instituciones de justicia es fundamental para tener resultados. Creo que hemos avanzado con la creación del circuito judicial anticorrupción pero no hay resultados milagrosos, esto es una cosa que debe pasar, es una evolución de las instituciones que se tiene que hacer.
CC: ¿Hay voluntad para hacerla?
LG: Creo que la sociedad hondureña tiene voluntad, pasa como en cualquier sociedad, que hay gente que quiere cambiar la situación y hay gente que no quiere, sería bueno que la mejoría de las instituciones sea voluntad permanente.
CC: Mucho de esto pasa por el Congreso Nacional, la aprobación de la ley de colaboración eficaz y la misma renovación del convenio con la Maccih y ese es un congreso, en el que muchos de los diputados han sido acusados por la Ufecic ¿cómo ve la correlación de fuerzas allí?
LG: Esto no me compete a mí analizar, esto es un análisis que debe hacer el pueblo hondureño, también la renovación del mandato de la misión, hay un artículo en el convenio que dice que es necesario un intercambio de notas entre el gobierno y la secretaría general de la OEA pero los avances dependen de la voluntad general, expresada por la sociedad, no es una institución de una organización internacional que va a hacer los cambios, nosotros ayudamos, hacemos la colaboración pero el protagonista de las mejorías institucionales debe ser el pueblo hondureño y las instituciones hondureñas.
CC: ¿Cuál es la importancia de la aprobación de la ley de colaboración eficaz para el trabajo de la Maccih?
LG: Para el combate al crimen organizado, las organizaciones criminales, violentas o de de crimen de cuello blanco, es un instrumento importante. Una ley como esta no va a resolver por sí misma los problemas pero da al MP y al Poder Judicial una herramienta, muchas veces para llegar a los jefes de las organizaciones criminales, se tiene que obtener una colaboración de uno de sus integrantes, este proyecto tiene los instrumentos necesarios para que en algunas circunstancias esta colaboración sea hecha. Otros países latinoamericanos, países con sistemas parecidos lo tienen, no veo razón para que Honduras no la adopte, claro que es legítima la discusión sobre el proyecto y que se perfeccione. No hay proyecto perfecto pero este se ha hecho con colaboración de la Procuraduría General de la República y el proyecto ahora es mejor que el anterior.
CC: ¿En qué cambió?
LG: Es más claro, hay la explicitud del control judicial y las situaciones en que el juez no debe aceptar la colaboración, este proyecto está más adelantado que el anterior, se tiene que discutir.
CC: ¿En qué radica la resistencia en atrasar la revisión y aprobación?
LG: La preocupación tiene un poco de todo, es posible que existan operadores del derecho que tengan dudas auténticas sobre la mejor forma de hacerlo, claro que hay personas que no quieren esta solución porque le temen, el ideal en una situación como esta es hacer un buen debate en el Congreso, llamando especialistas sobre el tema, examinando el texto del proyecto y que cada uno responda a su elector. Este no es un tema de interés de la misión sino de las instituciones y de la justicia en Honduras.
CC: El discurso que predomina es que estas leyes lo que permiten es la negociación con criminales, como una nueva forma de impunidad…
LG: No es una forma de impunidad, ha sido utilizada en otros países. En Italia, por ejemplo, el enfrentamiento contra instituciones mafiosas ha sido hecho con este instrumento, en Brasil las principales operaciones contra la corrupción han sido hechas con este instrumento, es una ponderación de valores y de utilidades, por esto, un colaborador va a proporcionar información y el beneficio que va a tener será proporcional a la colaboración que haga, no es algo arbitrario, por esto es que este proyecto está más organizado y lo deja claro.
CC: ¿No tener este instrumento ha sido un obstáculo para la UFECIC en los casos que apoya la Maccih?
LG: La Ufecic tiene que trabajar con la ley vigente en el país, un instrumento como este podría traer ventajas, se continúa trabajando pero es un instrumento útil que va a facilitar en el objetivo de llegar a las cabezas de las organizaciones criminales.
CC: Con lo que está pasando en Guatemala, aunque son misiones distintas, ¿cómo leen ustedes la situación de la Maccih en Honduras estando cerca de la discusión de renovación de mandato?
LG: Las situaciones son diferentes, aquí hay una relación institucional que ha sido cordial con el Estado hondureño, aunque hemos tenido una que otra visión diferente sobre el problema. Cuando la CICIG fue expulsada del país no tengo duda de que algunas personas aquí se quedaron contentas pensando que la solución aquí sería la misma. La relación de la misión dentro de su mandato con los poderes del Estado hondureño es muy diferente a la de Guatemala.
Luis Guimarães, vocero de la MACCIH 2018-2019 Foto archivo/Martín Cálix
CC: ¿La relación de la Maccih con el Ejecutivo y con el Legislativo es igual o tienen más tensiones con uno?
LG: No hay que analizar cada uno, es fundamental que la misión cumpla su deber dentro de la institucionalidad del convenio, no es objetivo de la misión sustituir la institucionalidad de un país y eso lo dejé claro desde el inicio. Entonces hemos trabajado, hemos dado ideas, no dejamos de hacer observaciones críticas contra proyectos de ley que pongan en amenaza el trabajo del MP, esto tiene que ser hecho con tranquilidad y profesionalismo.
CC: Cómo reciben las expectativas de la sociedad, es común escuchar de denuncias que no se reciben…
LG: Hay expectativas legítimas, las personas tienen que saber que son las instituciones hondureñas las que deben hacer las labores investigativas. Las personas tienen una visión errada de la misión que es de apoyo y no de sustitución, es muy diferente a lo que pasó en Guatemala donde la misión de la ONU tenía poderes de investigación propia, aquí no, aquí tenemos que apoyar el MP, entonces creo que algunas personas tienen una visión errada sobre las posibilidades de la misión, algunas personas lo hacen por el choque político del país y yo he dejado claro que no dejaré usar a la misión como instrumento de lucha política, la lucha política debe ser hecha por los partidos y los hondureños, no por una misión de la OEA, en una sociedad con libertad de expresión se habla de todo aquí, se tiene que mantener la tranquilidad para trabajar dentro de los marcos de la institucionalidad.
CC: ¿Qué avances ha tenido el sistema de justicia e investigación en Honduras con el apoyo Maccih?
LG: La creación de la UFECIC ha sido un avance, claro que es necesario esfuerzos, la UFECIC está trabajando a su límite de capacidad, también es un avance, la creación de juzgados especializados en corrupción estos son avances importantes para lograrlo. La creación de la unidad de protección de jueces, capacitaciones, informe del centro de la justicia de las Américas que ha sido presentado con buenas ideas para el cambio del sistema penal de Honduras, no podemos ni queremos adoptar soluciones a las instituciones hondureñas sino solo aportar ideas con estándares internacionales.
CC: Ese apoyo de la Maccih al MP ¿en qué se traduce? ¿Es para clasificar casos? Este país está lleno de denuncias…
LG: Damos apoyo de carácter técnico, hacemos seguimiento del trabajo del MP, el apoyo de la misión, técnico y político al trabajo del MP es importante, algunas personas son críticas porque quieren más casos, más rápido siempre les digo de que si es fácil por qué no se hizo antes cuando la misión no estaba aquí. Presentamos 11 casos, los trabajos siguen y lo hacemos dentro de los marcos institucionales, no hay margen para hablar, se tiene que trabajar de manera profesional, los hechos van siendo descubiertos.
CC:¿Cuál es el papel de la embajada de EEUU?
LG: Los EEUU son los mayores donantes de la misión y han apoyado el trabajo de manera muy firme, muy abierta.
CC: ¿Corre riesgo con la amenaza de Trump de reducir fondos para Honduras?
LG: Aquí no tenemos problema, los fondos siguen adecuados al trabajo, por tanto no hay cualquier efecto de cambio en el trabajo de la misión.
CC: ¿Qué espera la MACCIH de la sociedad civil?
LG: Lo que espera es que la sociedad siga su trabajo y que tenga la conciencia de que lo que se ha hecho es para mejorar el sistema de justicia de Honduras, la sociedad es la beneficiaria de este trabajo pero la misión no sustituye a los hondureños que son los protagonistas de su propia historia.
CC: La gente tiene mucha expectativa, por la experiencia CICIG, de que se lleguen a estructuras lideradas por el Presidente o la Primera Dama, y hay denuncias específicas sobre esto, ¿cómo las reciben ustedes?
LG: No voy a hablar sobre cualquier persona, la cuestión no son las personas, sí lo hechos, el MP debe investigar los hechos, los hechos llevan o no a personas, entonces no se debe singularizar el nombre y apellido de las personas, la cuestión es hacerlo de manera profesional e independiente.
CC: ¿Sienten que están trabajando en terreno hostil, sobre todo la UFECIC?
LG: Es normal que siempre que se hagan investigaciones, las personas investigadas no van a colaborar de manera voluntaria. Es normal en cualquier país.
CC: ¿Es posible que el país así como está pueda construir una institucionalidad fuerte para la lucha contra la corrupción?
LG: Creo que es un proceso de evolución, la gente tiene expectativas inmediatas, que sea rápido, pero no siempre esto ocurre con la velocidad que cada uno de nosotros le gustaría, lo que no se puede es parar de trabajar en el mismo sentido y perder el ánimo, esto no se puede, el trabajo hecho hasta ahora ha sido útil para Honduras, solo personas que tienen expectativas irrealizables no van a reconocer el trabajo.
El Secretario General de la OEA ha dicho que la misión tiene voluntad de seguir pero depende de las instituciones del Estado hondureño hacerlo.
Tres años han pasado desde que la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (MACCIH) propuso la Ley de Colaboración Eficaz, un instrumento jurídico diseñado en 2016 para que implicados en actos de corrupción participen en el proceso de investigación hasta llegar a los actores principales del crimen. La propuesta no se ha aprobado y entrará a discusión en el pleno del Congreso Nacional. Expertos señalan que hay una falta de voluntad política de los diputados hacia un mecanismo jurídico que permitiría desarticular redes criminales que han desfalcado al Estado y con esto combatir la impunidad y la corrupción.
Ante la finalización del convenio entre Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA) que mantiene a la MACCIH en el país, en febrero se reformuló dicho anteproyecto de ley con la esperanza de que finalmente se apruebe en un Congreso Nacional, que ante la presión internacional ha nombrado una comisión de dictamen en la que una parte de sus integrantes están involucrados directamente en casos de corrupción.
Una comisión de dictamen corrupta
El 24 de abril pasado fue nombrada una comisión de dictamen integrada por nueve diputados de diferentes partidos políticos, entre ellos: Mario Pérez, Rolando Dubón Bueso, Yuri Sabas y Francisco Rivera quienes están siendo investigados por la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) por su supuesta participación en actos de corrupción.
Según el abogado Eddy Tábora, director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), ninguno de ellos debería integrar esta comisión de dictamen porque la ley del Congreso Nacional no lo permite mientras estén siendo investigados.
“Muchas de las personas que van a conocer este proyecto en comisión de dictamen o en el pleno tienen conflicto de intereses porque actualmente están siendo investigados por corrupción”, afirma.
A inicios de 2019, representantes de la MACCIH explicaron que esta ley tiene como objetivo regular los procedimientos, requisitos, circunstancias y beneficios que podrán gozar todas aquellas personas, en libertad procesadas o sentenciadas, permitiendo la posibilidad de que un procesado pueda obtener un beneficio a cambio de la entrega de información relevante, oportuna y verificable, que conduzca a mejorar la eficacia de la persecución, sobre todo, de organizaciones criminales.
Este tipo de ley está presente en una gran parte de países en Latinoamérica y en Perú, por ejemplo, El Equipo Especial del caso Lava Jato de la Fiscalía firmó un acuerdo de colaboración eficaz con representantes y exfuncionarios de la empresa Odebrecht. A través de dicho acuerdo, Odebrecht quedó obligada a entregar a las autoridades información sobre actos de corrupción en Perú durante los últimos tres gobiernos, y se comprometió a pagar una indemnización económica en favor del Estado.
El acuerdo, además, permitió a los fiscales peruanos utilizar las pruebas y la información entregada para seguir buscando evidencias en las investigaciones.
En Honduras se espera que el colaborador eficaz transmita mayores conocimientos de quiénes fueron los que participaron en la comisión del delito, la forma en qué se ejecutó, y cómo se integra o funciona la estructura de la organización criminal. El beneficio del procesado podría ir desde una pena atenuada hasta la remisión total de la pena.
Esta ley en Honduras no solo es aplicable en casos de corrupción, ya que abarcaría desde delitos de tráfico de drogas hasta delitos forestales. En el tema de corrupción se plantea como una solución ante los cuestionamientos que indican que en ninguno de los diez casos presentados por la MACCIH se ha llegado a los principales ejecutores del crimen.
Según Eddy Tabora la mayor preocupación ante la posible aprobación de esta ley es la situación del país, “se presenta el proyecto con un contexto de un gobierno autoritario, de una institucionalidad cooptada a los intereses de los corruptos entonces la pregunta es: Si se plantea una herramienta contra estos corruptos, ¿Cómo es que va a pasar del Congreso y ser efectiva?”, finaliza.
Congreso Nacional de Honduras. Foto: Martín Cálix
Colaboración con mayor cobertura
La normativa relacionada con la colaboración eficaz no es nueva en Honduras. El Código Procesal Penal desde 1999 habla de los Criterios de Oportunidad que es una forma de llegar a acuerdos con personas acusadas, una herramienta que quedó en manos de la fiscalía y que se ha utilizado en algunos casos para criminalidad organizada. Según expertos en el tema, el problema es que solo puede ser aplicado antes de una acusación.
En el Código Penal se incorpora también temas de colaboración eficaz pero solo cuando una persona ha sido condenada con asociación ilícita y solo si hay sentencia, aplicando solo para un delito concreto.
Según Jari Dixon, diputado del partido Libertad y Refundación (LIBRE) y miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, la aprobación de esta herramienta es importante ya que con la regulación actual se ha investigado, procesado y condenado a dos o tres personas dejando a las estructuras criminales intactas.
Dixon afirma que “lo que se busca es saber cómo se maneja la corrupción, quiénes son los líderes y la ruta del dinero. Esta información solo se puede obtener a través de personas que ya formaron parte de la estructura criminal y que ya fueron capturados”.
Jari DIxon, diputado de LIBRE. Foto: Martín Cálix.
Después de intentos fallidos para su aprobación en 2017, la nueva propuesta de ley con recomendaciones dadas por la Corte Suprema de Justicia en 2018 fue elaborada por expertos de la MACCIH en conjunto con representantes de la Procuraduría General de la República. Ese es el documento que actualmente está siendo evaluado por la Comisión de Dictamen.
El anteproyecto de ley indica que “las limitantes para la aplicación de las figuras contempladas en el Código Procesal Penal vigente, requieren que la legislación nacional estructure un conjunto de disposiciones para ampliar el ámbito de aplicación de las herramientas de investigación judicial, para facultar su aplicación en distintos momentos procesales y a la vez, establecer parámetros sobre el grado de eficacia de la colaboración”.
Ahora la Ley de Colaboración Eficaz deja un listado abierto de delitos a los que se puede aplicar y a los que no. Entre los que no son aplicables están el delito de violación, tortura, homicidio y asesinato; además no puede utilizarse contra menores de edad y el Ministerio Público no lo puede otorgar sino que debe ser un juez.
Estas diferencias se consideran sustantivas, además que se puede aplicar en cualquier momento del proceso, desde que el supuesto implicado es investigado hasta que sea condenado. Según Eddy Tabora esos son los parámetros reales “pero se van a enfrentar a los parámetros políticos, el contexto social e institucional”.
Tábora también indica que “esta ley tiene varias aristas éticas, una es: ¿cómo negocias con una persona que ha cometido delitos tan graves? Hay barreras muchas veces infranqueables para avanzar en la investigación y se pueden resolver situaciones que de otra manera podrían ser inalcanzables”.
Hasta el momento nueve de diez casos que ha presentado la fiscalía en apoyo con la MACCIH se encuentran en pausa y no han llegado a la etapa de juicio oral y público. En total son 111 funcionarios públicos y familiares que están siendo acusados de malversar un aproximado de 400 millones de lempiras (USD 16.2 millones) en diferentes actos de corrupción y la mayoría de esos funcionarios siguen en función.
Ante el anuncio de la renuncia de Luis Guimarães como vocero y representante de la MACCIH se espera que en las próximas semanas se socialice el proyecto de ley.
Tomás Zambrano, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional, aseguró en una conferencia de prensa que la Ley de Colaboración Eficaz es una iniciativa de fortalecimiento institucional y justicia que facilitará a los operadores de justicia recoger información crucial, comprobada y acreditada a los delitos en que aquella persona esté involucrada.
Ante la posibilidad de su aprobación, Zambrano aseguró que “en la actual legislación existen figuras similares que ya se están utilizando para darle un trato diferente a personas que ayudan a obtener información para desmantelar redes de corrupción, como ya ha sucedido en el caso del IHSS.”
«Se debe analizar si se va ampliar el artículo 28 del Código Procesal Penal ya vigente, que establece procedimientos especiales en casos de colaboración», detalló Zambrano quien también fue señalado por la MACCIH y la UFECIC por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno en el caso denominado Pacto de Impunidad.
Jari Dixon asegura que el mayor obstáculo de esta ley son esos diputados del Congreso Nacional que están siendo investigados, y en caso de que sí sea aprobada podría cambiarse o manipularse porque “es difícil que corruptos quieran investigar a otros corruptos, o investigarse a sí mismos”.
Mandato de Estados Unidos para aprobación de la ley
El pasado jueves la Embajada de Estados Unidos en Honduras emitió un comunicado en el que felicitaba a la MACCIH por su gestión en el país desde su llegada en 2016 e instaba a las autoridades para la renovación del convenio que le permite su operación. En paralelo destacaba la importancia de la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y aseguraba que la aprobación de esta ley significaría que el Congreso Nacional de Honduras está comprometido a combatir la corrupción en conjunto con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, Tábora asegura que esta ley no va a resolver una problemática general “la ley no garantiza que vamos a tener una sentencia, garantiza que se pueda investigar y eso es socialmente importante porque nos permite conocer la verdad. Hemos visto otros casos que se investigan y luego les dan sobreseimiento, los magistrados sobre todo cuando son altos funcionarios porque los conoce la Corte Suprema”.
Para Tábora esta no es la única reforma que hay que hacer en el sistema, no solo se requiere trabajo en la normativa sino que se debe fortalecer la institucionalidad.
Violaron a una niña de 16 años, en el Palma Real, fueron 4 jóvenes que ella consideraba amigos.
Violaron a una niña en La Ceiba, y no es la primera, y aunque quisiéramos, tampoco es la última. A diario violan a muchas niñas y mujeres alrededor del país, mujeres de todas las edades, desde recién nacidas hasta señoras que ni siquiera pueden defenderse de sus agresores. Hasta 2018, Honduras se posicionaba como el país en primer lugar en índices de violaciones en América Latina. Con todas las estadísticas y las noticias diarias, necesitamos que pasen estas cosas, que se evidencie a una «manada» en Honduras para poder reaccionar, y aún así, es insuficiente la reacción.
A raíz de la violación en grupo a esta niña de 16 años en La Ceiba, varias chicas famosas o influencers se unieron para una campaña en redes sociales a la que llamaron: «No Más». A esta campaña se le unieron grupos feministas, colectivos, y ahora, hombres, niños, niñas, mujeres. Exigen un alto a las violaciones en nuestro país, un país extremadamente machista donde desde pequeñas nos enseñan a cuidarnos de todos los hombres, incluso de los hombres de nuestras familias, de nuestros maestros, de nuestros amigos; ¿pero a ellos les enseñan que no nos tienen que violar, ni tocar?
Les enseñan la caballerosidad, otro término de la sociedad machista que obliga al hombre a ser amable esperando algo a cambio de las mujeres; porque eso es la caballerosidad, no les enseñan a que tienen que respetarnos porque somos seres humanas como ellos, les enseñan a respetarnos porque si nos respetan pueden conseguir novia, esposa, etc.
La campaña, una vez más, nos ha demostrado que las mujeres estamos y seguimos en peligro. Los hombres realizan comentarios sumamente violentos acerca de esta campaña, culpando a la víctima, como siempre, diciendo que si andamos bebiendo o con ropa corta, nosotras nos lo buscamos. A las chicas participantes de la campaña les comentaban acerca de la ropa interior que usaban, les comentaban sobre su físico y recalcaban que —para unas— sería un favor el que las violen. Todo esto queda corto con los comentarios que han seguido haciendo a cualquier mujer que se vaya sumando a la campaña.
Además, han comenzado a desprestigiar la campaña con estadísticas rebuscadas diciendo que hay más hombres asesinados, que son más hombres los que sufren violencia sexual en las cárceles; sin entender la base de la violencia que sufrimos día a día, una violencia basada en nuestro género, una violencia en la que primero te violan y luego te matan, si «tenés suerte» quizá te dejen viva. Una violencia en la que si sufrimos delincuencia común se suma que también nos violan.
Una violencia en la que son las parejas o ex parejas quienes asesinan a las mujeres porque las consideran de su propiedad. Una violencia que cosifica a las mujeres.
Y sí, hay más hombres asesinados, porque la violencia machista comienza en la idea implantada en los hombres desde que son niñas, que las cosas se solucionan «como hombres», utilizando la violencia, peleándose hasta morir o matar. Una violencia que repiten en sus hogares, en sus trabajos, con sus parejas.
Pero, ¿por qué intentan apropiarse de una campaña dirigida a concientizar y sensibilizar a la sociedad por las miles de niñas y mujeres violadas?
¿Por qué sacar estadísticas de hombres asesinados y violados hasta ahora? ¿Por qué no hacerlo antes, con casos de niños violados? ¿Por qué la molestia a que nos pronunciemos —de una forma pacífica— contra las violaciones hacia nosotras? ¿Por qué les incomodamos tanto?
Por fin se puso el debate sobre la mesa, ahora, al menos, ya sabemos el tipo de hombres que nos rodean, y nos queda cuidarnos mucho entre nosotras para que nunca nos topemos con esos que comentan que no somos «violables», porque ninguna mujer debe ser categorizada en sí somos «violables» o no, ni tenemos que lidiar con hombres que piensan así.
El Congreso Nacional aprobó dos dictámenes de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Educación y Salud la semana pasada, lo hizo entre movilizaciones y paros laborales del sector salud y educación que se oponía a la ley porque aseguraban que buscaba la privatización de ambos sectores.
Lunes y martes de esta semana las calles de Tegucigalpa fueron escenario de manifestaciones que fueron reprimidas por el gobierno, ante esta presión el Congreso Nacional decidió no ratificar la ley que permitía modificar los presupuestos de salud y educación, para contratar médicos y maestros e invertir en infraestructura, pero que según las dirigencias del Colegio Médico de Honduras (CMH) esta también permitía despidos masivos y compras sin transparencia.
A pesar de esto, grupos de los gremios del sector salud y educación aseguran que la lucha no terminará hasta que se deroguen los decretos que colocan en emergencia estos rubros. Desde la aprobación de la Ley Marco de Protección Social en 2015, el proceso de descentralización de hospitales y escuelas se aceleró, un proyecto que impulsó el presidente Juan Orlando Hernández después del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Contracorriente (CC) entrevistó a Daniel Sponda (DS) dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH) sobre cómo fue la crisis de estas semanas, cuál es el proceso de privatización que aseguran ya se está dando y qué acciones tienen planeado emprender en los próximos días.
CC: ¿Cómo inicia esta crisis y el proceso de privatización en salud y educación?
DS: Se genera a raíz de varios elementos, pero el magisterio viene siendo atacado por el régimen desde 2011 por la lucha contra el golpe de Estado, en el 2011 se aprobó un Decreto Ejecutivo de emergencia para el sector educación: el PCM016-2011, pero en 2013 se emitió otro: el PCM018 que prohíbe reuniones y tomas de centros educativos. Lo último es el PCM26 y 27 para el sector salud donde nuevamente declara emergencia al sistema educativo y de salud, crea comisiones.
El problema es que son bestias pero sin dentadura, elevan las comisiones a rango de ley con decretos. Un jueves antes de semana santa los congresistas someten a votación eso a espaldas de las mesas de concertación y quieren aprobar ese proyecto decreto, que por cierto en la comisión no hay nadie de la oposición. Libre hace una protesta dentro del CN y suspende la discusión.
El martes después de Semana Santa comienzan las acciones,las protestas a nivel nacional, se movilizan las bases del magisterio y los empleados del sector salud también, esta lucha es una lucha de los trabajadores, de la educación y del sector salud, no solo médicos y docentes sino todos los trabajadores de la Secretaría de Salud que no son médicos o enfermeras, aunque hay algunas organizaciones gremiales que sus dirigentes no han dado la cara pero las bases están con nosotros en la calle. Entonces la primera respuesta del ejecutivo es retroceder.
Fotografía: Martín Cálix
¿Cómo quedó el decreto en el Congreso Nacional? Porque hay especulaciones de que puedan reanudar después.
DS: No existen esos decretos, fueron sometidos a
votación y se eliminaron de acta, no hay posibilidad de que pase eso. Ahora nosotros estamos exigiendo al consejo de ministros que deroguen todos los PCM16-2011 y el PCM26 y PCM27 del 2018 y exhortamos al Congreso Nacional a que derogue la Ley Fundamental de Educación y la Ley Marco de Protección Social.
CC: ¿Qué significa decretar emergencia en salud y educación?
DS: Estas comisiones están integradas por siete personas y coordinadas por el ministro de cada rama, esos decretos solo están denotando la debilidad institucional que tiene el Estado de Honduras porque esas
comisiones están al margen de la ley y no tienen asidero legal, esta es una nueva violación a la Constitución y a las leyes del sector educación y de salud.
En segundo lugar, estas comisiones tendrían potestades para hacer contrataciones y despido de personal sin pasar por los procedimientos que la ley establece. Un tercer elemento es que podrían hacer compras directas sin licitación, es decir, abrirle nuevamente las puertas a la corrupción en el nombramiento de personal y generar nuevamente espacios donde estas comisiones puedan comprar de manera directa lo que a todas luces es una gran oportunidad con el latrocinio de Honduras.
Fotografía: Martín Cálix
CC: ¿Cómo se daría este proceso de privatización?
DS: El proceso de privatización ya está abierto pero es silencioso, creo que ese elemento es fundamental comprenderlo porque la gente piensa que el gobierno va a emitir boletas de pago de mensualidades en los centros educativos pero hay una privatización silenciosa en el sector salud y educación. Si usted va a traer boleta de calificaciones de sus hijos los padres o profesores pusieron dinero para imprimir esas boletas, si usted va a un centro de salud y no hay jeringas, así que le toca comprarlas eso es un claro proceso de privatización pero silencioso. Esto quiere decir que el Estado el único compromiso que tiene con la Secretaría de Salud y Educación en este momento, prácticamente, es el pago de salarios y ojo, que eso es a medias porque en algunos casos hay deudas históricas con estos sectores o con estos nuevos sistemas de contratación al margen de la ley y sin beneficios, pero esta etapa abriría la posibilidad de la privatización total del sistema. En salud hay muestras más fuertes que en educación como el Hospital de San Lorenzo entregado a AgroLíbano que administra el lugar y hace cobros.
CC: Las comisiones de salud y educación podrían hacer compras sin transparencia, recordando el desfalco al IHSS ¿Cómo ven el tema?
DS: La transparencia se genera cumpliendo la ley, si el Estado respetara el Estatuto del Médico y del Docente que ya tenemos, quitando
la Ley Fundamental de Educación y la Ley Marco de Protección Social, no
necesita crear nuevas leyes. Aquí la corrupción se va a abolir respetando la ley y el tema de los aspectos democráticos es que Honduras carece de un Estado de derecho y por eso aparecen estos PCM con comisiones que duplican las funciones del ministro o ministra.
En educación la situación es grave porque hay una ex ministra de educación y una viceministra que estuvo dos periodos, si hay una crisis en el sistema educativo estas dos señoras ayudaron a hacer esas crisis ¿cómo es que hoy, siendo culpables, van a venir a arreglar la crisis? Y por otro lado, la educación es laica y vemos que hay un pastor de la iglesia evangélica en esa comisión, una cosa fuera de lugar y por otro lado, representantes de la cooperación internacional que está bien que ayuden y colaboren, pero bajo los mecanismos que plantee el Estado de Honduras y aquí la cooperación aporta un mínimo pero incide mucho en las políticas educativas y eso no puede ser.
CC: ¿Qué papel cree que libró esta crisis dentro de la crisis constante en el país?
Yo creo que lo más importante de esta crisis es que han aparecido liderazgos que no están dispuestos ni a negociar ni a tranzar con el régimen y que bajo métodos obreros de organización y lucha hemos arrancado un primer triunfo y creo yo que eso le ha dado una lección al pueblo de cuál es el camino a seguir para retornar al orden constitucional.
Fotografía: Martín Cálix
CC: ¿Y cómo vieron la represión en respuesta a las manifestaciones que se dieron los últimos días?
DS: Lógicamente este es un Estado sumamente represivo, pero pienso que ahí es donde hablamos de los métodos obreros si la huelga y la movilización es bien organizada y los dirigentes tienen claro cuál es el camino a seguir y no están dispuestos a tranzar. Ni el sector salud ni educación se sentó en la mesa a negociar decretos, nuestra posición fue clara: vamos a eliminar los decretos y eso fue lo que hicimos.
CC: Algunos sindicatos y organizaciones se reunieron con Mauricio Olivia en el Congreso Nacional ¿cómo lo vieron?
DS: El sector educación, sobre todo, y algunos del sector salud fuimos engañados por burócratas que le ayudan al régimen, a nosotros se nos dijo que el gobierno nos convocaba para explicar, al llegar nos damos cuenta que quien pidió la reunión fue Daniel Durón y no negociamos nada, planteamos claramente por qué no íbamos a trabajar con ese decreto y por qué no lo negociaríamos-.
CC: ¿Qué otras acciones planean, qué sigue?
DS: El siguiente paso es llamar a un Encuentro Nacional de Luchadores la próxima semana, para definir una hoja de ruta para luchar contra la ley de minería, las que concesionaron los ríos, la ley de empleo por hora, luchar por el bosque, de los territorios de los pueblos indígenas y autóctonos, nuevamente buscar la reforma agraria, rescatar el derecho a la educación y salud pública, el Código del Trabajo, limpiar la corrupción del país y que paguen los saqueadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social pero no solo los presos sino que los autores intelectuales del latrocinio, devolverle a Honduras la democracia que tanto se olvida.
—Si con esto se nos va la vida, exigiendo justicia, pues que se vaya.
Silvia tiene la rabia en sus ojos, una rabia profunda que provoca que la garganta se le seque y las palabras no terminen de ser pronunciadas por un instante. Las lágrimas, y el desencanto, todo sigue a flor de piel, sobre todo el dolor, la ausencia que provoca dolor. Hace tres años, la violencia le arrebató la vida del menor de sus cinco hijos.
A Tomás Enrique García Castillo lo secuestraron al finalizar la movilización del 1 de mayo y lo asesinaron en la Col. San Francisco de la ciudad de Tegucigalpa, su familia dio con su cuerpo cinco días después, y solo después de cuatro días de preguntar, de insistir, de negarse a la posibilidad de su muerte, finalmente, el personal de Medicina Forense les dio respuesta. Tres años después de su muerte, a su madre le parece que fue apenas ayer que lo enterró, y se pregunta cuándo va a pasar ese dolor. Luego se responde a ella misma que ese dolor jamás la abandonará.
Silvia es una profesora de 65 años que no quiere jubilarse porque dice que el trabajo le ha ayudado a no pensar tanto en la muerte de su hijo, a sentirse útil, a pasar el duelo. Cada que hay una marcha, por pequeña que sea, ella sale con la fotografía de su hijo impresa en un banner para exigir justicia, suele ir acompañada de sus hijas. Pero la justicia está tardando para esta madre, que aun no ha recibido respuesta, que aun no sabe quién asesinó a su hijo, pero intuye el porqué: hace tres años manifestantes intentaron quemar la sede del Partido Nacional en Comayagüela durante el paso de la marcha del 1 de mayo de 2016. Silvia cree que fueron infiltrados y que su hijo pagó por ello.
Tomás era miembro del comité de seguridad de la Resistencia, su tarea era cuidar que los infiltrados no les hicieran fotos a las personas en las marchas, o controlar las provocaciones. La familia de Silvia y Tomás se unieron a las movilizaciones masivas que resultaron como respuesta al Golpe de Estado de 2009, pero luego de la fundación de Libre, ellos, como muchas personas, intentaron seguir con cierta normalidad en sus vidas.
En más de una ocasión quisieron secuestrarlo, y su madre dejó de creerle por un tiempo, porque Silvia creía que era difícil que quisieran secuestrar al hijo de una maestra. Cada tanto, Tomás volvía a casa diciendo que creía que lo estaban vigilando, que habían querido secuestrarlo, llegó incluso a tener medidas cautelares. Silvia asegura que tuvo opciones para sacarlo del país por medios propios ya que el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (COFADEH) había dejado de asistir casos de este tipo en ese momento, pero el exilio no era algo con lo que Tomás estuviera de acuerdo, no quiso irse, porque su amor por Honduras era mayor que el miedo que pudiera sentir, cuenta su madre que alguna vez le dijo su hijo.
Ni bien ha comenzado la marcha de este 1 de mayo y a Silvia se le acercan a saludarla, la abrazan, le dicen cosas al oído y siguen su camino, más adelante el acto se repite, otra persona hará lo mismo. Para Silvia estos gestos le demuestran que su hijo era querido, que el apoyo y la solidaridad que la gente le demuestra le ayuda a mantenerse firme en su idea de exigir justicia. Una justicia que dice llegó a exigir en la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y en la Dirección Policial de Investigación (DPI), incluso en instancias internacionales, porque de su caso se han hecho cargo los abogados de COFADEH, pero sus preguntas nadie las responde.
Silvia es maestra de español en un colegio de la capital, su rostro es el del cansancio que produce la edad y el trabajo continuo de quienes tienen la responsabilidad de educar. Sus alumnos, explica, llegan desde los barrios marginales de Tegucigalpa. Basta con «tocarlos» para que ellos cuenten sus problemas. «Si son mil alumnos, son mil problemas los que atiendo», cuenta un poco resignada, un poco triste. Cada que termina una frase guarda silencio, bien para pensar lo que viene, bien para reponerse de lo que acaba de decir.
En su camino por la marcha los periodistas se le acercan para que cuente la historia de su hijo, el joven de 37 años que murió sin ejercer su profesión, egresó de la facultad de Ciencias Jurídicas de una universidad privada, porque en la UNAH ya no podía seguir estudiando, no se hubiera graduado explica su madre. Pero estos mismos medios de comunicación no dijeron nada hace tres años. Cuando la noticia de su muerte se publicó en 2016 nadie dio su nombre, el anonimato puede interpretarse como una segunda muerte.
—La gente le dice a uno «la justicia viene del cielo», bueno, si viene del cielo también la estoy esperando.
En tres años Silvia y su familia han exigido justicia, justicia legal, justicia divina, cualquier tipo de justicia, explica. Cuenta que jamás ha ido al psicólogo o al psiquiatra para superar la muerte de su hijo, que es un dolor que no cree que los medicamentos se lo borren.
En su recuerdo, no sólo habita la imagen de aquel ser que nació de ella y que vio crecer, sino el del hombre en que se convirtió. Tomás —cuenta su madre— no creía en las marchas, no creía que caminando se pudiera cambiar algo, de que en las calles estuviera el poder. «Él creía en la lucha armada», cuenta Silvia. Y en esto, madre e hijo tenían diferencias, y discutían, conversaban, Tomás y Silvia no sólo eran unidos por ser madre e hijo sino porque la militancia en las calles luego del Golpe de Estado les cambió la vida a ellos como a muchas familias hondureñas.
El 1 de mayo ha cambiado de significado para Silvia y su familia, porque ahora hace la marcha imaginando los últimos pasos de Tomás, imaginando que cuando llegó al parque central de Tegucigalpa, fue lo último que hizo y vio, antes de ser asesinado.
—Voy a estar exigiendo justicia mientras tenga el último hálito de vida. —Sentencia desde las lágrimas.
Hoy se conmemora el Día Internacional del Trabajo, una fecha que en Honduras se ha convertido en tradición para sindicatos de trabajadores salir a las calles para hablar de sus reivindicaciones. En San Pedro Sula salieron desde un punto estratégico de la ciudad, cercano a un centro comercial que en dirección al sur lleva al centro de la ciudad. Y aunque la marcha fue ejecutada bajo los parámetros tradicionales, alineados y segmentados por sectores, en el parque central frente a la Municipalidad más de 100 elementos policiales escuchaban órdenes de sus superiores para determinar su actuar.
Algunos de estos elementos portaban palos de madera y no la indumentaria oficial. Algunos también aprovecharon para hacerse selfies y tomarse fotografías con sus compañeros policías mientras un niño de alrededor de 10 años los observaba medio acostado desde una jardinera que también sirve de banca o cama por las noches.
Este es de esos niños viviendo en condiciones de la calle, niños invisibles que trabajan o piden dinero para comprar pegamento amarillo que tiene un costo de 10 lempiras ($0.40) y lo venden en casi cualquier establecimiento que tenga una sección de ferretería, en pulperías o tiendas de conveniencia.
Al otro lado del parque, algunos artistas hacían pruebas de sonido antes que llegara la marcha que venía lenta al son de la canción de Macario Mejía, la del #FueraJoh.
En el escenario estaba un guitarrista y un acordeonista, junto a ellos otros dos niños con sus botellas de pegamento amarillo o conocido popularmente como “Resistol”. Allí con su mirada fija, en su imaginario son artistas grandes y reconocidos, toman el micrófono y se apropian del escenario, aunque ya no son dueños de sus cuerpos, la droga ya les ha consumido una buena parte del cerebro.
Una vez que llegó la marcha frente a la Catedral del parque, algunos jóvenes encendieron morteros y con sus consignas de #FueraJOH otros ingresaban a la Catedral para hacer pintas, a ellos se le sumaron mujeres jóvenes que también decidieron dejar consignas y el afiche de la campaña #YoNoQuieroSerViolada.
Los niños invisibles, siguen rondando todo el show conmemorativo y se unen a algunas acciones, quizás desde la inocencia y la euforia que emanan los manifestantes. Uno de ellos se subió a una base donde solía haber un busto, a la par de él, una joven mujer con la bandera de la población LGTBI y un afiche de Yo No Quiero Ser Violada.
Niño inhala pegamento amarillo mientras observa a elementos policiales, que resguardan el edificio de la municipalidad de San Pedro Sula. Niño dependiente del resistol amarillo, en el escenario durante la prueba de sonido previo a la llegada de la marcha. Dos niños simulan cantar en el escenario del 1 de mayo, mientras sostienen su botella con resistol amarillo. Niños invisibles les llamaron en una charla de Tedx San Pedro Sula. Policías preventivos resguardando la Catedral de San Pedro Sula, minutos antes que jóvenes hicieran pintas y pegaran afiches de campaña Yo No Quiero Ser Violada Joven mujer posa durante la manifestación de cierre por manifestaciones del 1 de mayo en el parque central de la ciudad de San Pedro Sula. Mujeres pegando afiches de Yo No quiero ser Violada en el parque central de San Pedro Sula. Niño de la calle, dependiente del resistol amarillo frente a uno de los vitrales de la Catedral de San Pedro Sula el 1 de Mayo de 2019.
Don Esteban, con 86 años recuerda su tiempo en los campos bananeros. Habla de la gran huelga bananera, la de 1954 en que las y los trabajadores de las bananeras levantaron su voz de protesta y protagonizaron una de las afrentas más prolongadas contra una trasnacional de esa magnitud: la Standard Fruit Company. Gobierno todo poderoso de Honduras en esos años.
Fotografía: Protestas del 30 de abril 2019/Martín Cálix
Después de un largo silencio en las calles, después de los 22 asesinados en protestas tras la crisis postelectoral, después de arrancar el proceso de consolidación del gobierno de Juan Orlando Hernández en un segundo mandato protegido por el gobierno de Estados Unidos; los únicos que se atrevían a decir «Fuera Joh» eran los migrantes. Juntos en caravana, huyendo desesperadamente del país, los migrantes usaban su última energía entregada a la patria para gritar la consigna que se fue borrando en la cotidianidad de sobrevivencia en Honduras.
En febrero de 2019, a un año de la última gota que derramó el vaso de la protesta contra la reelección del Presidente, un joven economista, influyente en redes sociales y medios digitales, convocó a una movilización de las olvidadas antorchas, una convocatoria general con la
bandera anticorrupción. Las antorchas del movimiento indignado de 2015 en un intento por reaparecer. A esta prueba se apuntaron alrededor de 80 personas, según el propio conteo del economista. Luego, el Colegio Médico de Honduras convocó a protesta de antorchas finalizando con un foro nombrado: El ciudadano en la calle. Esa ya era la cuarta del experimento y ya sumaban unas cien personas más. Gradualmente, en Tegucigalpa y al norte de Honduras, en El Progreso, Yoro; fueron saliendo las familias nuevamente con sus antorchas, después de las cinco de la tarde, con pancartas coloridas y niños vestidos con productos promocionales del «Fuera Joh».
Así, las ciudades más significativas del descontento popular: Tegucigalpa, San Pedro Sula y El Progreso, fueron saliendo del encierro, ignorando tal vez que en el sur del país las protestas no cesaron y se radicalizaron en 15 meses, cada semana de manera ininterrumpida, sumando 138 acciones de protesta.
Heridos, detenidos, criminalizados, y un joven asesinado en Choluteca en la última ciudad de Honduras, geográficamente, pero también porque poco ha importado incluso en el imaginario colectivo. El norte y el sur en un país tan pequeño no deberían tener la connotación global, la del norte con más recursos y el sur pobre y explotado. En un país que ha
sido explotado de forma pareja, siempre el sur es muestra de la precariedad, de la violencia con la que el extractivismo deja seca la tierra. El grito del sur es el único que se mantuvo después del pico de descontento expresado en las calles después de las elecciones de 2017.
Después de las antorchas de marzo, las manifestaciones se fueron nutriendo con la suma de la causa «David Romero», en defensa del periodista que preso por calumnias y difamación, se convirtió en un
estandarte de la libertad de prensa pero sobre todo de la consigna “Fuera Joh”. Y luego la incorporación de dos grandes gremios, callados y opacados en otras coyunturas políticas: los médicos y los maestros.
En el Congreso Nacional se discutió una ley de reestructuración para el sistema de salud y el de educación basada en el Decreto Ejecutivo número PCM-027-2018 en el que se declaró estado de emergencia en la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, con la finalidad de
facilitar los procesos de transformación y reestructuración. Esto es igual a una movida corrupta, según la oposición y los gremios, que recuerdan cómo han sido saqueadas estas instituciones y utilizada la emergencia para comprar sin procesos de licitación transparentes. Esto responde a la desconfianza de todo lo que venga del gobierno de Juan Orlando Hernández.
La discusión en el Congreso estuvo a la altura del congreso hondureño, entre gritos y manifestaciones de la oposición, el secretario de este poder del Estado le gritaba a otro diputado que parecía «niñita»
llorando. Los gremios sacaron esta discusión a la calle y con una posición firme de exigir la suspensión definitiva de la discusión de esta ley, sumaron una causa más al hartazgo popular.
De la manifestación con antorchas a la toma de calles o protestas frente al Congreso Nacional, la respuesta del gobierno ha sido de represión. A mayor represión, mayor expresión de violencia en la
manifestación. Esta semana, estudiantes universitarios se unieron a los gremios y el Congreso Nacional tuvo que retroceder, la ley de reestructuración en salud y educación se eliminó del acta y se restringió su discusión hasta nuevo aviso, cuando llamen a los sectores interesados a negociar.
La crisis hondureña se desborda inesperadamente y el recipiente, la mayoría de la población, cada vez puede sostenerla menos. Ya sea en las calles protestando o en la terminal de buses aglutinándose para huir en caravana hacia Estados Unidos, la Honduras más golpeada está dando un mensaje: no hay movimiento del actual gobierno hondureño que no genere rechazo.
Durante los últimos días, la ciudad de Tegucigalpa se ha convertido en escenario de protestas después que el pasado jueves 25 de abril el Congreso Nacional aprobara dos dictámenes para la Ley de Reestructuración y Transformación en el sistema de Salud y Educación. La propuesta del Poder Ejecutivo para modificar los presupuestos de salud y educación, busca contratar médicos y maestros e invertir en infraestructura. Sin embargo, los docentes y médicos aseguran que la ley no debió proponerse, que no van a negociar por un artículo porque la ley tiene como fin la privatización, que no van a dejar de protestar hasta que se elimine. Y así la chispa regó el fuego de la protesta por todo el país, hoy se reportaban alrededor de 70 focos de manifestaciones en contra de esta ley en 16 departamentos de Honduras.
Médicos, estudiantes y maestros agremiados en los distintos colegios magisteriales llegaron a protestar en los bajos del Congreso Nacional hoy, lo que comenzó con movilización desde distintos puntos de la capital concluyó con una represión brutal de parte de la Policía Nacional que resguardaba los alrededores del Legislativo.
Al menos 5 personas fueron detenidas y José Humberto Duarte, un hombre de 54 años que estaba en ese momento en el centro de la ciudad, fue gravemente herido de bala por Jairo Alberto Flores López, un policía municipal que corría en medio de miembros de la Policía Nacional mientras sostenía un arma. El centro de la ciudad se convirtió en un laberinto y varios edificios, incluido el de la alcaldía, fueron quemados.
El Congreso Nacional, tras suspender la sesión donde hoy se discutiría el tema, emitió un comunicado llamando a la dirigencia magisterial y a los médicos a no dejarse engañar, «a no caer en la trampa de un sector político que en base a engaños los lleva a las calles a protestar de manera violenta e injustificada», porque la ley no busca privatizar los sectores de educación y salud, sino fortalecerlos desde la generación de aumentos salariales, nuevas plazas para contratar profesionales de las áreas y generar las condiciones de infraestructuras que se necesitan para tener sistemas de salud y educación de calidad.
Lo anterior no ha desmovilizado a los sectores, se prevé nuevas protestas a partir de las próximas horas.
Momento en el que los médicos y maestros llegaban a los bajos del Congreso Nacional el día 24 de abril previo a la modificación de la Ley de Reestructuración y Transformación en el sistema de Salud y Educación. Foto: Martín Cálix. Un empleado del sector salud grita consignas en los bajos del Congreso Nacional. Foto: Martín Cálix. Movilización magisterial del 26 de abril a la altura del bulevar Fuerzas Armadas. Foto: Martín Cálix.Frente al Banco Central de Honduras, algunas personas quemaron llantas para imposibilitar el paso de la Policía Nacional, de esta manera quedaba suficiente espacio entre los más rezagados de la movilización y los policías. Foto: Martín Cálix.Fernando, músico capitalino que con su trompeta suele llegar a las jornadas de movilización. Foto: Martín Cálix.Un docente porta una pancarta subido sobre la valla que divide los dos carriles del bulevar Centroamérica de la ciudad Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.Estudiantes universitarios detienen momentáneamente una pipa de agua para obstaculizar el tráfico en el bulevar Centroamérica de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.Una mujer ordena su mercancía previo a que inicie la movilización de las antorchas la tarde del 26 de abril. Muchos vendedores ambulantes llegan para ofrecer camisetas, antorchas, banderas y gorras, durante las marchas de las antorchas. Foto: Martín Cálix.Las antorchas se han convertido desde 2015 en símbolos de resistencia para aquellas personas que únicamente pueden protestar luego de las 4 de la tarde, cuando las jornadas laborales han terminado. Foto: Matrín Cálix.Una niña sostenida en hombros por su padre, protesta en los bajos del Congreso Nacional en la marcha de las antorchas del 26 de abril. Foto: Martín Cálix.Una joven sostiene una antorcha y mantiene total atención a los discursos realizados en los bajos de Congreso Nacional la noche del 26 de abril. Foto: Martín Cálix.Un anciano con su antorcha la noche del 26 de abril en los bajos del Congreso Nacional. Foto: Martín Cálix. Dos vendedoras ambulantes huyen de los gases lacrimógenos en el centro de Tegucigalpa cuando la masiva movilización de estudiantes universitarios llegara a las inmediaciones del Congreso Nacional al mediodía del 29 de abril. Foto: Martín Cálix. Tres jóvenes universitarias, encapuchadas, guardan en una mochila un bote con vinagre para protegerse de los gases lacrimógenos. Foto: Martín Cálix.Un joven devuelve una bomba lacrimógena a la Policía Nacional durante el enfrentamiento de este 29 de abril cuando estudiantes universitarios intentaron llegar a protestar a los bajos del Congreso Nacional. Foto: Martín Cálix.
En medio de una semana de protestas, paros laborales y movilizaciones del sector salud y educación, diputados en el Congreso Nacional (CN) aprobaron dos dictámenes de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Educación y Salud. Ante esta situación, ambos sectores anunciaron un paro nacional a partir de las 7 am.
La ley fue propuesta por el Poder Ejecutivo para modificar los presupuestos de salud y educación, para contratar médicos y maestros e invertir en infraestructura. Sin embargo, Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), denuncia que el problema de fondo es una declaratoria de emergencia en salud y educación sin justificación constitucional. “Históricamente esas declaraciones han sido utilizadas para hacer compras sin que vayan los mecanismos de control y regulación del Estado, esto violenta tratados internacionales que les obliga a que muestren indicios de transparencia” asegura.
Dentro de los objetivos de la ley aprobada se señala que busca “mecanismos más ágiles para responder a los requerimientos de los administrados a efecto de prestar los servicios públicos de la mejor manera posible en el marco de la ley”. De acuerdo al CMH esto permitiría que las compras se realicen de forma no transparente, lo que finalmente debilitará el sistema de salud y educación a un punto en que se justifique su posterior privatización.
El ministro de educación, Arnaldo Bueso, manifestó que la transformación presupuestaria busca “modificar líneas presupuestarias de líneas que no se mueven mucho y se establece a que exactamente debe ser invertido el cambio presupuestario mobiliario, atender las necesidades de infraestructura. Se trata de llevar todavía mejores condiciones a los docentes, a los alumnos y empezar un proceso de educación que tanto necesita el país”.
La privatización del sistema de salud hondureño fue uno de los temas centrales de la manifestación del 24 de abril en los bajos del Congreso Nacional. Foto: Martín Cálix.
Cuando la ley se discutía dentro del Congreso Nacional a principio de la semana, comenzaron a darse tomas y protestas a nivel nacional, lo que provocó la suspensión del debate la tarde del 23 de abril cuando Mauricio Oliva, presidente del CN, prometió consensos entre todas las partes involucradas.
Sin embargo, al día siguiente, médicos, maestros, odontólogos y otros profesionales de salud y educación realizaron una movilización desde el Hospital Escuela Universitario (HEU) hacia el Congreso Nacional donde los coordinadores exigieron a los diputados la derogación completa del proyecto de ley.
Durante el plantón frente al Congreso Nacional, el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, declaró que “no podemos seguir con la misma historia de América Latina donde se privatizan las ganancias y se nacionalizan las pérdidas, las empresas que generan dinero para el pueblo fueron privatizadas. Por eso no venimos de rodillas, venimos como jefes de los que se reúnen en este edificio porque les pagamos su salario: retiren esa ley nociva para el pueblo” exigió.
Mientras, miembros del sector salud y una parte del gremio magisterial declararon que no iban a dialogar por la remoción de un artículo sino por la ley completa, la mañana del jueves la comisión especial que dictaminó la ley decidió retirar el primer dictamen que había presentado y realizó uno nuevo, donde eliminaba el primer artículo que los sectores denunciaron que podría terminar en despidos masivos.
Entre discusiones, gritos y pancartas de diputados y diputadas que se encontraban en oposición a la ley, el dictamen finalmente fue aprobado con 66 votos a favor, el Congreso Nacional aseguró que se hizo con el aval de las centrales obreras del país.
Mientras tanto, Ebal Díaz, ministro de la presidencia, aseguró que con la eliminación del artículo que podía dar despidos masivos “ya no hay razón ni preocupaciones para que puedan sentirse amenazados ni hay razones para que haya protestas o marchas”.
Empleados de la salud se movilizaron en la ciudad de Tegucigalpa el día 24 de abril para exigir al gobierno se respeten sus derechos laborales. Foto: Martín Cálix.
Sin embargo, la presidenta del Colegio Médico asegura que esa no fue discutida con todos los sectores afectados. “No estamos dispuestos a sentarnos con corruptos a negociar derechos, les exigimos de una vez por todas que legislen para este pueblo: queremos salud, educación gratuita y de calidad para el pueblo, ni un hospital más entregado a las organizaciones no gubernamentales que ustedes mismos han construido para lavar el dinero del capital público” finalizó Figueroa.
Además del paro nacional, el CMH, los maestros y sindicatos realizaron una convocatoria para una movilización que comenzará a las cuatro de la tarde del viernes en Tegucigalpa, y saldrá desde el puente de la Guadalupe hacia el Congreso Nacional. Las últimas semanas, cada viernes se ha convocado el movimiento de antorchas a las calles exigiendo un cese a la corrupción.
Una corte de Florida emitió una orden de captura en contra del candidato a la presidencia de Guatemala, Roberto Arzú García-Granados, que participa por la coalición PAN-Podemos. La orden fue girada debido a que Arzú no se presentó en una audiencia judicial tras una demanda interpuesta por la compañía del famoso asesor político, Juan José Rendón. A Arzú se le acusa de no haber pagado US$5 millones 500 mil por el contrato de asesoría para su campaña presidencial de 2019. JJ Rendón es conocido también en Honduras por asesorar a presidentes como Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.
Texto: Oswaldo J. Hernández y Carolina Gamazo
“Roberto Arzú:- Hola Amigo.
Juan José Rendón: – Amigo? No tengo amigos que no tienen palabra”.
Esta conversación sucedió en julio de 2016, entre el hoy candidato a la presidencia, Roberto Arzú, y el famoso asesor político venezolano, Juan José Rendón.
La charla de tono poco amigable se convertiría, poco a poco, en el inicio de una demanda judicial por la que una corte de Florida ha girado orden de captura en contra del candidato de la coalición PAN-Podemos.
En febrero de 2016, Roberto Arzú García-Granados se acercó a Juan José Rendón, conocido por dar asesorías a campañas de partidos de derecha en todo el continente americano y que, en enero de 2019, fue señalado en una audiencia del Chapo Guzmán. La intención de Arzú era contratar a la empresa de Rendón, JJ Rendón & Associates Strategics Creativity, como la principal asesora de su futura campaña presidencial.
Bajo un contrato legal se acordó la promesa de un pago total de US$4 millones. Arzú acordó que se encargaría del pago de impuestos y la cifra total ascendió a US$5 millones 500 mil.
Para finales de febrero de 2016 se debía desembolsar un pago de US$1millón 500 mil a favor de Rendón como consultor de la campaña política de Arzú. Y el resto se pagaría durante 2016 hasta marzo de 2017, mediante pagos mensuales.
Arzú estuvo de acuerdo con cada uno de los desembolsos. Pero terminados los tiempos nunca cumpliría con su parte. Cuando Roberto Arzú se negó a cancelar los servicios, Juan José Rendón decidió demandarlo en una Corte de Miami.
Rendón explicó en su demanda que JJ Rendón & Associates Strategics Creativity, su empresa para asesoría política, había establecido un contrato con Roberto Arzú pero que no se cumplió con ninguno de los pagos correspondientes.
Debido a este proceso judicial, el 23 de abril de 2019, se conoció que la jueza, Barbara Areces, de la Corte de Florida, presentó una orden de captura en contra de Arzú por no haberse presentado en una audiencia relacionada a este caso el pasado 4 de abril. El juzgado, aunque ya ha dictado sentencia a favor de la empresa de Rendón, necesitaba la presencia de Arzú para ver la posibilidad del pago de su deuda mediante bienes materiales.
La publicación de un libro, asesoramiento en redes: el contrato
El contrato pactado, contenido en el expediente, detalla el tipo de asesoría que se llevaría a cabo para convertir a Roberto Arzú en el próximo presidente de Guatemala. Y se enlista una serie de acciones con las que se llevarían a cabo los servicios de Rendón como asesor de campaña.
Establecer un focus group costaría US$86 mil. Un entrenamiento para redes por US$180 mil. Organización territorial por US$300 mil. La publicación de un libro por US$85 mil. El pago para columnistas en diarios nacionales por US$24 mil.
En el documento también se cotizaban los servicios de investigación sobre posibles opositores por US$150 mil. Además de grupos neurofocales (US$60 mil) y agencia política en Miami (US$120 mil) de forma opcional.
Rendón adjuntó en su demanda una serie de mensajes sostenidos con Roberto Arzú mediante WhatsApp, que datan desde febrero de 2016 a Julio de 2016. No-Ficción obtuvó los WhatsApp utilizando Tor como herramienta de búsqueda de bajo nivel dentro de las páginas de expedientes legales de EEUU. Arzú, en estos mensajes, insiste que el pago por la asesoría de campaña está a punto de realizarse. Pero el desembolso, tras meses y meses de conversaciones, nunca ocurrirá.
En una de las pláticas, Roberto Arzú dice que su padre, el ex presidente Álvaro Arzú, está ansioso por conocer a Rendón y su trabajo. Que puede contar en todo momento con su familia ya que son personas muy serias y respetables. Que su proyecto de convertirse en el próximo presidente de Guatemala es algo muy serio y real. “Vamos con todo”, dice Roberto Arzú entusiasmado en varios mensajes.
Durante varios días, Roberto Arzú ofrece pagar los honorarios de JJ Rendón & Associates Strategics Creativity. E insiste de nuevo en que la transacción está a punto de ocurrir. Pero el dinero no llega.
-No sé fallar querido amigo- dice Arzú.
– Ya veras amigo ya veras no te voy a fallar- repite.
Y falla.
-Estamos full amigo! – exclama Arzú, pero no pasa nada.
Roberto Arzú llama guerra sucia a la acción de Rendón
En una conferencia de prensa emitida este 23 de abril de 2019, el candidato presidencial dijo que él no acudió a la audiencia en la Corte de Florida, el 4 de abril, porque la dirección registrada para su notificación no era su casa, y por lo tanto nunca se enteró. Aseguró que había estado hace un mes y medio en Miami y que no hubo ningún problema. Indicó además que está demanda está enmarcada dentro de la guerra sucia.
“Lleva un fin político atrás, sin duda. Hay personas guatemaltecas involucradas en esto y nos confirma lo que las encuestas han expresado: que somos el proyecto político electoral y nuestra candidatura es la que va en ascenso”, dijo Arzú, sin olvidar mencionar que la orden de captura en su contra se genera a partir de una demanda civil y no penal, por lo que no compete una orden de extradición.
Arzú confirmó que se reunió en dos ocasiones con Juan José Rendón. “Lo conocí porque una persona nos lo recomendó. Tuvimos dos citas, fuimos a hablar y en su presentación supo venderse bien: dijo que había recibido a varios guatemaltecos y candidatos presidenciales y que él los había rechazado en su momento”.
El hijo del ex alcalde capitalino, y actual presidenciable, explicó que la comunicación con Rendón se rompió tras hacerse público, en marzo de 2016, que Andrés Sepúlveda, un hacker colombiano empleado por Rendón, fue condenado a 10 años de prisión por interceptar la comunicación de los negociadores de paz en Colombia. Este reconoció haber «interceptando digitalmente datos». Sepúlveda indicó además haber laborado votos para el Partido de Avanzada Nacional (PAN), en Guatemala, cuyo candidato en ese momento era Juan Gutiérrez.
«Varios meses así, febrero, marzo, abril, junio de 2016, llenos de charlas y promesas de dinero, hasta que Rendón pierde la paciencia e increpa al actual candidato del PAN-Podemos diciendo que su palabra no vale nada».
WhatsApps muestran que Arzú siguió escribiéndose con Rendón
Pese a lo indicado por Roberto Arzú, los mensajes de WhatsApp evidencian que siguió contactando al dueño de JJ Rendón & Associates Strategics Creativity. En Julio de 2016, le escribió con una propuesta un tanto diferente. “Tengo una salida para que estés tranquilo y yo también quieres escucharla” (SIC), escribía desde su teléfono el ahora candidato a la presidencia de la alianza PAN-Podemos.
Su propuesta, para tratar de contener y neutralizar la demanda civil en su contra, consistía en preguntar sobre cuál era el precio de la empresa de Rendón para posicionar su imagen social, política y personal en Guatemala. “Por un tiempo prudencial”, escribía Arzú. Dependiendo de los resultados, él y su equipo decidirían continuar o no con su candidatura. “Un arreglo nuevo desde cero”, proponía.
Rendón, sin embargo, ya no confiaba y la demanda siguió caminando en la cortes judiciales de Miami. En un WhatsaApp, contenido en el expediente, le dijo que sospechaba que un candidato como él nunca podría ponerse de acuerdo con sus financistas. Que no confíaba en los Arzú para nada. Qué estaba perdiendo su tiempo.
“La única forma de arreglar era mandar una propuesta con soporte concreto. Pero para variar te encanta poner la pelota en otro lado”, le contesta Rendón con enfado.
La trayectoria de Rendón
En la conferencia de prensa, además, Roberto Arzú fue preguntado sobre si previo a que se hiciera pública la información de la revista Bloomberg, no tenía ninguna sospecha sobre la integridad de Rendón. “¿Antes de tener contacto con él, ustedes no sospechaban?”, le cuestionó un periodista. “No, la verdad es que no”, respondió Arzu.
Sin embargo, los servicios de Juan José Rendón eran famosos en América Latina desde su asesoramiento a la campaña de Uribe y Juan Manuel Santos en 2010, y sus tácticas sucias en política habían sido publicadas hasta la saciedad en diversos medios de comunicación.
Era llamado como difamador profesional, experto en campaña negra y gigoló político.
Rendón además fue contratado por Henrique Capriles Radonski en Venezuela; en Perú fue contratado por el candidato ultraconservador a la alcaldía de Lima; y por Enrique Peña Nieto en México.
En Centroamérica, según información recogida en distintos medios, trabajó en las campañas de Porfirio Lobo en Honduras, tras el golpe de Estado de 2009. En el Salvador fue asesor de Norman Quijano, candidato de ARENA, en la campaña de 2014 y ese mismo año también fue asesor de Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, reelecto inconstitucionalmente y en medio de una crisis de legitimidad por señalamientos de fraude electoral.
Rendón también apareció en el juicio del Chapo Guzmán, cuando su secretario personal, Alex Cifuentes, mencionóque su secretaria había sido contratada por Rendón.
Roberto Arzú García-Granados es el hijo primogénito de Álvaro Arzú, el político fundador del Partido de Avanzada Nacional (PAN), ex presidente de Guatemala entre (1996- 2000) y alcalde capitalino desde 2004 hasta su muerte el año pasado.
Mientras el hijo pequeño del ex alcalde, Álvaro Arzú Escobar, lleva ya varios años en política, como diputado con el partido Unionista; para Roberto Arzú García-Granados -su medio hermano- es la primera vez que participa en política. Se le conoce públicamente por haber sido presidente del Club Comunicaciones de la liga nacional de fútbol y poco menos a nivel nacional.
Su campaña, hasta la fecha, se ha basado en mensajes populares en redes sociales, en los que pide la pena de muerte, sacar el ejército a las calles y ofrecer recompensas a la población por denunciar la corrupción.
Este artículo se republica en el marco de la Red de Investigación periodística de Centroamérica conformada entre Revista Factum de El Salvador, No Ficción de Guatemala y Contracorriente en Honduras.
En esta cancha todos los niños quieren ser Messi. Las niñas —al menos la única que hoy juega— quieren ser ellas jugando al fútbol.
En La Leona —uno de los barrios históricos
de Tegucigalpa, más conocido quizá por sus artistas y fiestas— juegan los niños de La Alambra en una cancha de fútbol que de vecinos tiene una planta eléctrica y un basurero.
Pareciera que en esta cancha se habita en ese territorio gris entre la nostalgia por la infancia y lo salvaje de la vida adulta, y es que no hay nada que un adulto no desee más que volver a ser niño, convencidos quizá de que crecer fue una mala idea. La cancha de tierra y polvo de La Leona durante mucho tiempo estuvo destinada únicamente para aquellos hombres que no le tuvieran miedo a fracasar y aventurarse a lo inhóspito. Sin embargo, los niños han avanzado también en conquistar este campo de fútbol, esta arena donde al mejor estilo romano, quien no sale empolvado nunca jugó.
Es posible que muchas infancias transcurran lentas entre el polvo y los raspones, jugar al fútbol en aquellos lugares donde lo seguro es tropezar siempre con la misma piedra, o caer en el mismo bache. Imaginar jugando que se juega en el mejor estadio del mundo, que sé es el mejor
jugador del mundo.
Estos niños, y esta niña, su portera —quien parece ser la única interesada en jugar al fútbol mientras los demás se pelean por quién tira el penal, o quién va con quién— están lejos de las canchas sintéticas donde quizá juegan las verdaderas promesas, el futuro del fútbol hondureño. En esta cancha se juega en estado puro, sin disciplina, sin adiestramiento. La naturaleza de sus victorias no se limitan al gol, o la mejor gambeta elaborada torpeza desde sus pies pequeños, sino en la idea de ser parte de algo superior y colectivo, porque jugar al fútbol siempre fue una actividad de grupo, algo que no podés hacer solo, que necesariamente implica una complicidad.
«Lejos de los fichajes multimillonarios, en una playa sin nombre, alguien patea una pelota o algo que la representa: un bulto de trapo, una lata, una bolsa llena de papeles. Ese gesto transmite un placer inexpresable, el de jugar por jugar.» Lo explicado por Juan Villoro en «Dios es redondo», es la metáfora para quienes juegan desde el anonimato, como estos niños.
En sus camisetas —elaboradas en el mercado negro de la merchandising del fútbol global— de los grandes equipos, no figuran sus nombres sino el de Messi —o según sea el caso, cualquier otro—, esto parece revestirlos de cierta gloria, de cierta magia que los adultos no poseen o perdieron al crecer. Porque si de mayores jugamos al fútbol por dinero, o por salud, o porque intentamos emular la infancia, de niños se juega por placer.
Los niños del polvo y la cancha salvaje conservan lo que no se puede conservar: la ternura de jugar al fútbol sin esperar otra cosa que no sea jugar al fútbol.
El fútbol menor en Honduras se encuentra en el abandono con niños y niñas que en su mayoría juegan en canchas de tierra donde sus huesos están expuestos a quebrarse al igual que sus sueños de llegar a ser deportistas profesionales. En 2005 las autoridades del fútbol hondureño firmaron un acuerdo para empezar el proyecto Semilleros del Futuro que vendría a mejorar las condiciones del fútbol menor con canchas, uniformes y capacitaciones, un proyecto que fracasó por el mal manejo de los fondos, entre irregularidades en la contratación de empresas hasta pago por obras que nunca se realizaron y equipo que nunca fue entregado.
Según informes de una auditoría externa e investigaciones de este periódico, en Semilleros del Futuro, realizado entre 2006 y 2012, al menos 26.2 millones de lempiras (USD 1.389.542) fueron mal ejecutados. Estos fondos estaban destinados a construir 70 canchas para contribuir al crecimiento futbolístico del país y generar espacios de juego seguros para aproximadamente 25 mil niños y niñas.
El proyecto se realizó con fondos nacionales y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) administrados en un principio por la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) y luego por la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (CONAPID).
Las irregularidades del proyecto se vinculan a una red de corrupción estatal en la que figuran desde el expresidente Rafael Callejas, encarcelado en Estados Unidos por corrupción; hasta Reinaldo Sánchez, actual ministro de la Secretaría de Inclusión Social, quien autorizó la participación de COSEM, una empresa vinculada al desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en la remodelación de El Birichiche, un campo histórico en la capital del país.
COSEM: una empresa en fuera de juego
El Birichiche es una cancha cercana al Estadio Nacional en el barrio Morazán de Tegucigalpa, y es el principal centro de encuentros deportivos entre los equipos de las ligas menores en la capital de Honduras. Hasta 2011 éste era un campo de tierra de color rojizo en el que niños y adultos practicaban fútbol exponiéndose a lesiones y golpes a causa del terreno rústico que hasta el momento había sido completamente descuidado.
En 2010 se decide hacer obras de remodelación para convertirlo en una cancha sintética y para colocarle como bandera de un proyecto que fue más efectivo como propaganda política que como beneficio para el país. En ese momento se vivía un gobierno de transición tras el golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya, se intentaban restaurar las relaciones internacionales y dar esperanza de reconciliación con otros sectores de la sociedad, cada proyecto era importante para restaurar la imagen de los políticos que cimentaban las bases del gobierno actual de Juan Orlando Hernández.
Como parte del Proyecto Semilleros del Futuro, en octubre de ese año se abre el proceso de licitación pública para la remodelación de El Birichiche y se planea la sustitución del polvo por grama sintética, siendo Reynaldo Sánchez, además presidente del Consejo Central del Partido Nacional, quien lo firma en su condición, en ese entonces, de presidente de CONAPID.
Las obras a ejecutarse serían el suministro e instalación de grama sintética, instalación de alumbrado eléctrico y las obras de mitigación del Cerro Juana Laínez. El ingeniero Edgardo Núñez, coordinador de proyectos de CONAPID y quien estuvo a cargo de esta obra de Semilleros del Futuro, en una entrevista a Contracorriente resaltó la importancia que tuvo y aseguró que «fue el rostro del proyecto, porque de tener una cancha que por años fue una tradición verla de tierra a tener una de grama sintética, es un logro importante. Esta obra fue de las primeras canchas de grama sintética de ese nivel en Honduras».
Según una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el 12 de noviembre de 2010 la comisión de apertura, análisis y evaluación de la licitación recibe las ofertas de tres empresas: Canchas Sintéticas S.A, Suministro Ingeniería Tecnología S. DE R.L (SIT) y Compañía de Servicios Múltiples S. DE R.L (COSEM).
Dentro de esa comisión, encargada de seleccionar a la empresa idónea para el proyecto, destacaba el abogado Juan Carlos Berganza, representante del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para ese proceso.
Berganza fue despedido del CNA en 2014 y en 2017 fue mencionado por el Ministerio Público por haber recibido dinero proveniente del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) del que participó su ex esposa Susette Atuán Rojas. Según la mención, el abogado tenía conocimiento del fraude y aun así aceptó el dinero.
Esta comisión también estaba integrada por el ingeniero Edgardo Núñez y los representantes de la Unidad Ejecutora.
La evaluación de las ofertas técnicas y económicas de las tres empresas dejaría como resultado la desestimación de la oferta hecha por Canchas Sintéticas al considerar que «la garantía de sostenimiento de oferta no garantiza a CONAPID, el precio y demás condiciones del contrato».
Canchas Sintéticas actualmente tiene algunas de las canchas privadas de grama sintética más importantes de la capital y forma parte de la construcción del Centro Menor Birichiche, una zona vecina del proyecto de 2011 en el que se desestimó su oferta.
El Centro Menor Birichiche está siendo ejecutado por la FENAFUTH con fondos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) e incluye además de la instalación de grama sintética —con un área menor a la del Birichiche—, vestuarios, oficinas administrativas y una amplia gradería para los padres de familia y aficionados. Todo esto se está realizando por un costo aproximado de 7.5 millones de lempiras (USD 141 mil). La mitad del presupuesto base en la obra ejecutada por CONAPID en 2011.
Final de ascenso de tercera a segunda división entre Olimpia vs Leones, partido disputado en la cancha El Birichiche de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.
Según el mismo coordinador del proyecto, la oferta de Canchas Sintéticas fue desestimada al presentar un error de redacción en su garantía. No hubo tiempo para reponer este error, espacio que sí se otorgó a la empresa COSEM cuando no presentó el documento de clasificación de la Oficina Normativa de Contratación del Estado (ONCAE), un requisito esencial para poder adjudicar el contrato.
COSEM es una empresa que distribuyó software y computadoras a través de contratos con diversas instituciones del Estado, entre ellas el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). En 2014 una investigación del Ministerio Público reveló que entre 2010 y 2011 esta compañía pagó sobornos a los directivos de esa institución para ganar un contrato de 19.7 millones de dólares.
Los socios fundadores que participaron de ese hecho son Jorge Daniel Herrera y Óscar Roberto Laínez, apodados como Los Tetos, quienes aceptaron ante la fiscalía haber pagado 72 millones de lempiras (USD 3.8 millones) en coimas y ahora son testigos protegidos en el caso. Según declaraciones de Carlos Montes, otro implicado y exviceministro de trabajo, algunos de los fondos serían utilizados en la campaña electoral del Partido Nacional de 2013.
Las declaraciones de Montes al Tribunal en 2017 indican que el empresario Óscar Laínez depositó en su cuenta para apoyar la campaña del Partido Nacional pues era simpatizante de esa institución política, las investigaciones del Ministerio Público detallan que fueron 3 millones de lempiras (USD 150 mil) los que se transfirieron al Partido Nacional durante el proceso electoral de 2013 en las que se declaró como ganador a Juan Orlando Hernández.
Ante las acusaciones de ese momento, Hernández declaró que el Partido Nacional debía devolver los fondos que recibió del desfalco al IHSS y que él no estaba involucrado de ninguna manera. Parte de esos fondos fueron enviados por COSEM.
Previo a esas declaraciones en los tribunales, en 2015 documentos difundidos por un medio de comunicación, indicaban que cheques de empresas involucradas en el desfalco al IHSS llegaron al Partido Nacional. Estas acusaciones desataron una ola de protestas en las calles y posteriormente resultaron en la llegada de la Misión Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (MACCIH), una misión internacional enviada por la Organización de Estados Americanos.
En ese mismo periodo en el que la trama de corrupción más grande conocida hasta el momento en el país se estaba gestando, la comisión evaluadora del proyecto Semilleros del Futuro nombró a COSEM como la empresa ganadora del proceso y encargada de la instalación de grama sintética en El Birichiche y se firmó contrato el 16 de mayo de 2011 entre Jorge Daniel Herrera y Reinaldo Sánchez como presidente de CONAPID, por un valor de 14.9 millones de lempiras (USD 792 mil).
El Centro Menor Birichiche pronto estará listo para el uso de los equipos de las ligas menores de la ciudad de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.
Según un socio de una de las empresas a las que no se adjudicó la obra, en ese proceso hubo corrupción ya que se le asignó un proyecto a una empresa que hasta ese momento no tenía ninguna experiencia en el rubro y se dedicaba a vender sistemas de computación.
En su acta de constitución inicial, COSEM tiene como razón social la importación—exportación, compra—venta y distribución en todo el país de mercadería de todo tipo, representación de marcas extranjeras y todo tipo de actividades mercantiles. En ningún momento se menciona el rubro de construcción de obras civiles o instalaciones deportivas.
A pesar de estas situaciones se firmó el contrato, que según representantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) parte de la ilegalidad.
«En los proyectos de obras civiles debe haber un proceso antes de la licitación —afirma la ingeniera Ela Martínez de la fiscalía del CICH— y dentro de la lista de información que se pide siempre está la constancia de inscripción en el colegio de ingenieros civiles, es un requisito no negociable porque la ley lo establece».
Según información oficial brindada por este colegio profesional, COSEM nunca ha sido inscrita en su sistema por lo que nunca debió obtener el contrato para ejecutar una obra civil como la que se le adjudicó.
El mejoramiento de la histórica cancha de El Birichiche tuvo un costo total de Lps.18,712,304.28 dentro del Proyecto Semilleros del Futuro. El Birichiche alberga a las ligas menores de fútbol de la ciudad de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.
Cuando se le pregunta al ingeniero Núñez sobre el involucramiento en casos de corrupción de la empresa a la que ellos adjudicaron esta obra, se pone incómodo y se limita a decir en un tono de voz más serio que «se desarrolló e hizo en su tiempo, no sabría darle una opinión al respecto, estas personas tienen un trámite legal correspondiente así que en todo caso sería de preguntarle a ellos».
Durante varias semanas se intentó contactar a los representantes de COSEM sin éxito, no aparecen en la base de datos de proveedores de ONCAE y aunque también se le solicitó información sobre el registro de la empresa a ONCAE, no hubo respuesta.
También se contactó para una entrevista a Óscar Reniery Sánchez, ingeniero al que COSEM contrató para coordinar el proyecto, Sánchez es el actual Coordinador de la Comisión de Vigilancia del CICH. A pesar de los correos y mensajes no se obtuvo respuesta.
El ingeniero Núñez es el único de los involucrados directamente en el proyecto que acepta dar una entrevista. Reinaldo Sánchez a través de su asistente dejó de contestar los mensajes cuando se le plantearon algunas de las irregularidades detectadas. Días después, el ahora ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) y presidente del Partido Nacional celebraba la obtención de un reconocimiento otorgado por el Instituto de Acceso a la Información Pública por la transparencia con la que esta institución política se maneja.
La presencia de Reinaldo Sánchez en todos los documentos del proyecto de El Birichiche es notable en la intermediación con COSEM, la firma del contrato con la empresa de «los Tetos» y las órdenes de pago.
A criterio del ingeniero Rigoberto Izaguirre, presidente del CICH, tanto COSEM como CONAPID violentaron la ley porque «la empresa que va a ofertar servicios de ingeniería tiene que estar debidamente inscrita y es obligación del funcionario público verificar que se cumpla con la ley exigiendo la inscripción en el colegio respectivo».
Jugar al proselitismo en las canchas sin construir
Las canchas de tierra han sido un lugar común para las ligas menores y amateurs en Tegucigalpa. Una de las más representativas era el campo Birichiche donde se desarrollaban diversos campeonatos y se formaban muchos de los jugadores que llegaban a la liga profesional de fútbol. Por eso es que cuando se firma la modificación del contrato del BCIE y se sustituye a FENAFUTH como organismo ejecutor de Semilleros del Futuro por CONAPID, El Birichiche surge como proyecto referente por su remodelación.
A pesar que dicho cambio se firmó en 2007 no fue sino hasta 2010 cuando se empieza formalmente con la segunda etapa del proyecto. Ese año Reinaldo Sánchez asume como presidente de la junta directiva de CONAPID mientras simultáneamente ejercía como Secretario Privado del Presidente de la República, Porfirio Lobo.
En las elecciones de 2009 después del Golpe de Estado en Honduras, Reinaldo Sánchez fue elegido como diputado por el departamento de Olancho y luego fue posicionado en estos puestos. Después de una crisis política profunda, afirmar la imagen del partido era importante y el proyecto Semilleros del Futuro sería trascendental como espacio de posicionamiento y propaganda ante la población.
El coordinador del proyecto, Edgardo Núñez, ya había trabajado en la temática deportiva, encargado de proyectos en la Alcaldía Municipal del Distrito Central y que conocía a algunas de las principales figuras del Partido Nacional en aquel momento.
«Es un proyecto que se dio con la mejor intención de que la juventud se alejara de las drogas, los malos pasos y el objetivo era mantenerlos entretenidos», dice Núñez.
Niños juegan en una cancha de tierra sin grama en un barrio de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.
Cuando Semilleros del Futuro se rediseña para su segunda etapa, se define un total de 70 canchas como objetivo total. CONAPID se encargaría de la ejecución de 14 canchas con su respectiva grama natural, sistema de riego, cercado perimetral, servicios sanitarios y camerinos; 47 canchas polideportivas hechas de cemento y la mayor inversión individual sería destinada al mítico Birichiche. Un total de 62 sub proyectos que se sumarían a los 8 ya finalizados en la etapa previa por FENAFUTH.
Eran 16 departamentos los que serían beneficiados con canchas, pero de las 62 obras que iban a realizarse solo se ejecutaron 15 a causa de las irregularidades administrativas que posteriormente provocaron la suspensión de los desembolsos y el cierre del proyecto.
Un informe de auditoría externa realizado por la firma Aguirre y Asociados asegura que las licitaciones a cargo de CONAPID, examinadas hasta el 30 de septiembre de 2011, sí se realizaron según la Ley de Contrataciones del Estado y los lineamientos de adquisición del BCIE. Las obras se ejecutarían pero sus actos de inauguración serían utilizados como una plataforma política para los que en ese momento eran los líderes más importantes del Partido Nacional.
En relación a los otros componentes del proyecto, como capacitación e implementos deportivos, la inversión fue mínima. En esos dos aspectos se invirtió un total de 854 mil lempiras (USD 45 mil) mientras que a la Unidad Ejecutora que administró el proyecto se le pagó un total de 10.5 millones de lempiras (USD 558 mil), casi el 80% del pago total estipulado a pesar de que la ejecución de Semilleros del Futuro fue del 31%.
En el periodo en que Semilleros del Futuro fue administrado por la institución dirigida por Reinaldo Sánchez se le pagó a la Unidad Ejecutora el 66% del total que finalmente obtuvieron como ganancia.
Asociación de Servicios Especializados para el Desarrollo (SEDE) fue la empresa a la que se contrató como Unidad Ejecutora del proyecto y a quien en múltiples informes se señalaría como la responsable de no llevar un buen manejo técnico y administrativo del proyecto, una de las causas de su fracaso.
Un ejemplo de las irregularidades con las que se desarrolló esta empresa son los apuntes dados por el Tribunal Superior de Cuentas en la Auditoría del Departamento de Fiscalización de la Deuda Pública donde se afirma que la falta de cumplimiento por parte de la Unidad Ejecutora al no presentar al BCIE informes anuales de auditoría externa, realizados por una empresa acreditada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, constituyó un caso de negligencia administrativa que ocasionó que no se pudieran detectar las deficiencias del proyecto evitando que se subsanaran y se siguieran cometiendo, hecho que según ese informe provocó «un perjuicio económico para el país».
A pesar de todas estas irregularidades, al preguntarle a Edgardo Núñez sobre la efectividad del proyecto, reclina su silla y con una sonrisa, afirma que «fue una alegría poder llevarle a la gente de escasos recursos con el apoyo del BCIE y del gobierno toda esta cantidad de proyectos, charlas, uniformes. Siento que el gobierno hizo su parte al cumplirle a las comunidades las solicitudes de los proyectos».
«La verdad es que nosotros no sabemos ni cuánto costó este proyecto, porque aquí no le dan información a nadie de nada. Nosotros preguntamos pero se hacen los locos», dice doña Reyna, refiriéndose a la cancha de grama sintética de El Birichiche.
Doña Reyna trabaja desde hace 20 años con las ligas menores del Club Deportivo Olimpia y asegura que a pesar de la utilidad que tiene esta cancha, hacen falta muchas cosas para completar las condiciones óptimas para el desarrollo de las ligas menores. No hay baños en buen estado, ni camerinos, y los jóvenes tienen que cambiarse en público. Según cuenta doña Reyna, esta falta de privacidad hace que al salir del partido se generen peleas entre los jugadores.
Sentarse a ver un partido en El Birichiche es suficiente para notar que las graderías viejas, los baños tenebrosos y las mallas rotas del campo alejan la idea que se vendió de una cancha de primer nivel que valía cada millón invertido. Los 18.7 millones de lempiras (USD 990 mil) que se le pagaron a COSEM por esta construcción.
Reina Varela, representante delegada de las Fuerzas Básicas Olimpistas en la Liga Federico Fortín entrega el trofeo por el tercer puesto al capitán de Tigres. Foto: Martín Cálix.
Un total de 3.7 millones de lempiras (USD 198 mil) más de lo estipulado originalmente en el contrato, a causa de una serie de ajustes planteados por la empresa de «Los Tetos». Estas ampliaciones fueron irregulares ya que según el acuerdo inicial no se aceptarían variaciones de más del 5% del valor del contrato; sin embargo, el aumento final de la obra fue del 24.96%.
Las bases de licitación indicaban que la instalación de grama sintética tendría que ser con calidad avalada por la FIFA en 7,521 metros cuadrados; según los presupuestos presentados por COSEM, esta instalación tuvo el valor de 6.9 millones de lempiras (USD 370 mil).
Para efectos de esta investigación se cotizó la compra e instalación de grama sintética para la misma área de la obra en El Birichiche. Dicha cotización se hizo con uno de los proveedores avalados por la FIFA en Honduras y resultó que nueve años después, el valor de compra e instalación era de 3.6 millones de lempiras (USD 192 mil). Un 50% menos que el costo dado por COSEM en aquel momento, 9 años atrás.
Carlos Muñoz, técnico del Federal de la liga Gustavo Rivera de categoría sub 14, da indicaciones a sus jóvenes jugadores en el descanso de medio tiempo durante un partido disputado en la cancha de El Birichiche contra el equipo Estudiantes. Foto: Martín Cálix.
«Ahorita la acaban de reparar, ya va a necesitar cambio la grama, es que si le dieran el mantenimiento adecuado duraría un poco más», se lamenta doña Reyna, quien señala cómo esa grama sintética de 7 millones de lempiras ya se había despegado causando que los futbolistas se lesionaran.
«¿Qué hacen el presupuesto? No le puedo decir que se lo roban porque la verdad yo no soy quién para decir que se lo roban, allá a la conciencia de ellos. A uno solo le queda esperar que hagan mejores proyectos».
Los registros de pago a COSEM por la construcción de El Birichiche a los que tuvo acceso este periódico presentan inconsistencias.
A partir del 1 de junio de 2011 hasta el 5 de junio de 2012 se emitieron 10 cheques a nombre de COSEM por el valor total de 18.7 millones de lempiras (USD 990 mil). En ese mismo periodo de tiempo, la empresa emitió 11 recibos por un valor de 24.4 millones de lempiras (USD 1.3 millones).
El exceso se debe a un recibo firmado por Óscar Laínez, en ese momento gerente general de COSEM, en el que se describe que el 21 de julio de 2011 recibieron la cantidad de 5,654,992 lempiras (USD 299 mil) por el concepto de estimación de la obra; sin embargo, en el expediente no hay copia del cheque recibido.
Entre los pagos efectuados en 2012, ya finalizada la obra, se emiten tres recibos por el mismo concepto descrito en el de julio del año anterior, esta vez con la copia respectiva de los cheques.
El beneficio de esta obra pagada de forma irregular a COSEM tenía principalmente una visión proselitista en favor de Juan Orlando Hernández, Porfirio Lobo y las instituciones ejecutoras que posicionaron la obra como un logro de los presidentes del poder ejecutivo y legislativo.
Al momento de inaugurarse la obra se dijo que se había recibido un millón de lempiras por parte del Congreso Nacional pero no hay evidencia de ese aporte en el expediente de la obra. Según los registros, todos los fondos de esta obra vinieron del Gobierno Central ya que desde agosto de 2011 el BCIE dejó de hacer los desembolsos por su contraparte a causa de las irregularidades del proyecto.
Finalmente, el 21 de diciembre de 2011 se da la patada de inauguración de la nueva cancha de El Birichiche. Este evento contó con la presencia del entonces presidente de la República, Porfirio Lobo, y el titular del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández. Además, de otros personajes como la diputada nacionalista Lena Gutiérrez, Rafael Callejas de FENAFUTH y Reinaldo Sánchez como presidente de CONAPID.
Porfirio Lobo incluso aprovechó la celebración para repartir un pastel por su cumpleaños.
Muchos niños y niñas asistieron al evento con la emoción inmensa de una cancha que, según declaraciones de Reinaldo Sánchez, beneficiaría a 60 mil niños y niñas en la capital. Según las estimaciones hechas oficialmente en el documento de rediseño del proyecto son 875 niños y niñas los beneficiarios de la obra.
Para que se cumplan las estimaciones dadas por las autoridades de CONAPID y del Congreso Nacional tendrían que existir 2,400 equipos en las ligas menores de Tegucigalpa, practicar exclusivamente en el Birichiche y cada día tendrían que jugar 6 o 7 equipos. Esta estimación dada por las autoridades indica que los equipos solo jugarían una vez al año en la cancha.
En las palabras de inauguración, el ahora Presidente Juan Orlando Hernández, afirmaría: «Este Congreso Nacional va a participar intensivamente en la actividad deportiva de Honduras, como nunca antes».
Ocho años después de ese evento no se ha realizado ningún proyecto similar en otra zona de la capital, pero el ingeniero Núñez parece satisfecho con lo que se hizo, a pesar de que según él, «es difícil quedar bien con todo mundo».
«Creo que el proyecto se hizo lo mejor que se pudo y usted puede ver que tenemos un proyecto en el que juegan día y noche y allí está. El cerro no ha sufrido ningún tipo de desprendimiento, para mí sí ha sido un proyecto exitoso», asegura.
Según doña Reyna, sentarse a ver un partido en El Birichiche es peligroso, por dos aspectos: El poco mantenimiento de las gradas que parece provocar que tarde o temprano se caigan y las ratas que se pasean por las graderías e incluso pueden morder a algún desprevenido.
«Uno se puede enojar pero a ellos poco les importa y nunca les ha importado. Allí vienen con unas cuantas cositas de vez en cuando. Las cosas tienen que ser permanentes».
A pesar de que en Tegucigalpa no se han realizado obras de este valor y magnitud, sí se han realizado proyectos de esta índole en otras zonas del país. Es inevitable hacer comparativas.
La Dirección General de Obras Públicas ejecutó en 2017 un proyecto con el mismo valor que el de El Birichiche y las diferencias son notables considerando que en esta obra hecha en el departamento de Choluteca se construyeron graderías, salón de usos múltiples, muro perimetral y una pista de concreto hidráulico.
La cancha de futbol, un campo histórico para el juego político
Utilizar la construcción de estadios o campos deportivos como promoción política es una estrategia histórica en los gobernantes hondureños. Tiburcio Carías Andino fue un militar y político del Partido Nacional que desde 1933 hasta 1949 instauró un régimen dictatorial que fortaleció a las Fuerzas Armadas, incentivó el enclave bananero que explotaba a los trabajadores de la industria, persiguió cruelmente a sus opositores e invirtió mucho en infraestructura. En ese periodo y por su mandato se construye el Estadio Nacional y nace El Birichiche.
Según Juan Manuel Aguilar, historiador y docente universitario, Carías tenía la intención de construir una pista de aterrizaje en las faldas del cerro Juana Laínez pero se dio cuenta de que el espacio era muy reducido y se encomendó establecer estas instalaciones deportivas en la zona. Un legado histórico que, a pesar de las violaciones de derechos humanos durante su mandato, muchos le agradecen.
Al finalizarse su construcción, el Estadio Nacional fue un lugar para la práctica del fútbol y béisbol; sin embargo, el Birichiche desde el principio fue para patear la pelota y gritar gol, nunca tuvo otra razón de ser, aunque tiempo después se llegó a practicar otros deportes y hasta sirvió de campo de tiro para los militares que trabajaban para la dictadura.
Según cuenta el historiador, todos los martes y viernes desde 1938 hasta 1946 un grupo de militares asistía al polvoriento campo para disparar hacia las faldas del cerro y mejorar su puntería. Al atardecer cuando los militares se iban, algunos niños que observaban la práctica desde lejos, corrían hacia las faldas del cerro para sacar el plomo y luego revenderlo en el mercado a una fábrica que elaboraba pesas para la Penitenciaría Nacional.
Los otros días y los fines de semana el campo era para jugar al fútbol. Las escuelas llevaban a los alumnos a practicar gimnasia y las ligas amateurs jugaban sus partidos más importantes.
Al terminar la dictadura, el Birichiche seguiría como una cancha dura y polvorienta albergando la práctica del fútbol en la capital hondureña y en la época más reciente sería el hogar de las ligas menores.
Jugar al futbol cerca de la muerte
Cuando el proyecto Semilleros del Futuro fue administrado por CONAPID, se estipuló la construcción de 47 canchas polideportivas en todo el país, finalmente se completaron 11 de esas canchas. Solo uno de estos proyectos fue en Tegucigalpa, en la colonia Mary Flakes, cercana a un cementerio.
En enero de 2011 Reinaldo Sánchez inauguró la obra con la presencia de varios integrantes del Partido Nacional. La cancha fue bautizada con el nombre de Lena Gutiérrez, parlamentaria que 4 años después, el Ministerio Publico acusó por delitos contra la salud pública, falsificación de documentos y fraude en perjuicio del IHSS.
Gutiérrez, quien también estuvo en la inauguración del proyecto en El Birichiche, era vicepresidenta del Congreso Nacional cuando se le acusó de manejar una empresa que supuestamente vendió medicamentos irregulares a la Secretaría de Salud por un valor de 6.4 millones de lempiras (USD 121 mil).
Gutiérrez fue una de las líderes más importantes y visibles del Partido Nacional hasta esa acusación y constantemente apoyaba las actividades de los otros personajes cercanos a la presidencia de Juan Orlando Hernández.
Óscar Álvarez, en ese momento titular de la Secretaría de Seguridad y del mismo partido que Gutiérrez y Hernández, también acompañó esa inauguración y firmó un convenio en el que se prometía la presencia policial en las distintas instalaciones deportivas de todo el país. Un acuerdo que aparentemente no se cumplió.
El acceso en la colonia Mary Flakes no es fácil, controlada por la Mara Salvatrucha es una de las zonas más peligrosas de la ciudad y constantemente hay noticias de asesinatos y denuncias de extorsión.
En el informe de auditoría externa realizado solo algunos meses después de inaugurarse la obra se describe que «se pudo verificar que ha sufrido bastante deterioro, debido a actos vandálicos. Entre los daños se puede mencionar el robo de los portones, de los faroles, del sistema eléctrico entre otros».
El ingeniero Núñez asegura que este proyecto tenía como uno de sus objetivos apartar a los niños y niñas de la violencia generando espacios de juego seguros para que se desarrollen. Los espacios de juego no se concretaron y los pocos que se construyeron están en el abandono porque acercarse a estas canchas en los barrios controlados por las pandillas es jugar fútbol cerca de la muerte.
Entrenamiento de la Selección Juvenil Femenina de Fútbol de Honduras en la cancha de El Birichiche. Foto: Martín Cálix
Corrupción: inicia el partido
Con el objetivo de dar financiamiento parcial al proyecto Semilleros del Futuro, el 26 de agosto de 2005 se firmó el contrato de préstamo 1649 entre el Gobierno de Honduras, FENAFUTH y el BCIE por un monto de 56.7 millones de lempiras (USD 3 millones). Las firmas de ese acuerdo incluyeron a Rafael Callejas, presidente de la federación nacional de fútbol y expresidente de la República; y como testigo de honor a Ricardo Maduro Joest quien en ese entonces era el titular del Poder Ejecutivo.
Una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas señaló posteriormente que el mismo año de ese acuerdo también se perdieron 30 mil dólares en la FENAFUTH debido a que Joma Sport, el patrocinador de la Selección Nacional de Honduras, entregó solo la mitad de una compra de 2 mil piezas de material deportivo. A pesar del perjuicio económico no se realizó el reclamo respectivo desde la federación y se pagó como si la operación de compra hubiese sido completa. Esta clase de irregularidades se repetirían en el acuerdo recién firmado.
El proyecto contó con dos etapas de ejecución. La primera estuvo a cargo de FENAFUTH donde Rafael Callejas y Alfredo Hawitt eran los máximos ejecutivos. Los objetivos iniciales eran la construcción de 65 canchas deportivas, rehabilitación de la estructura física de El Birichiche, entrega de 51 mil implementos deportivos; charlas para niños y niñas, entrenadores, árbitros y dirigentes; y formación de al menos 780 nuevos clubes de menores.
El costo total del proyecto sería de aproximadamente 154 millones de lempiras (USD 8.2 millones) entre los fondos de préstamo y los fondos públicos, siendo el componente de infraestructura el de mayor inversión. Se construirían dos tipos de canchas, todas con grama natural, sistema de riego, cercado perimetral, servicios sanitarios y camerinos. Era un sueño hecho realidad para el fútbol menor de un país que, hasta el año en que se firmó el acuerdo, solo había clasificado una vez al mundial mayor de fútbol.
Según el informe de auditoría externa realizado por la firma Aguirre y Asociados, al momento del cierre del proyecto en diciembre de 2011 solo se habían ejecutado 49 millones de lempiras (USD 2.6 millones). Debido a las faltas administrativas de la Unidad Ejecutora y la falta de soluciones por parte de CONAPID se suspendieron los fondos por parte del BCIE y solo se completó el 31% del proyecto. De esos 49 millones de lempiras ejecutados, este periódico identificó que 26 millones (USD 1.4 millones) presentan irregularidades.
Ocho años después de desaprovechar esta oportunidad doña Reyna no recuerda algún proyecto denominado Semilleros del Futuro, a pesar de estar sentada frente al edificio administrativo que se construyó con dichos fondos para tener las oficinas regionales centro—oriente de la federación de fútbol en Tegucigalpa.
«El apoyo es mínimo porque no dan lo que verdaderamente tendrían que dar, aquí en Honduras estamos con escasez de canchas y la verdad es que la federación perdió la oportunidad de comprar muchos terrenos aquí en la capital, pudieron haberlos comprado y hubieran tenido un bonito proyecto», explica. Doña Reyna se refiere al proyecto Gol, uno anterior al de Semilleros del Futuro pero muy conocido por la corrupción con que se manejaron los fondos otorgados por la FIFA a la FENAFUTH.
Esta mujer de 63 años ha dedicado una gran parte de su vida al fútbol menor, por eso observa con detenimiento a la selección femenina de fútbol que juega frente al lugar donde ella está sentada. Cuando se le pregunta sobre el futuro de las ligas menores dice con una arruga en la frente que, «cada día viene decayendo más el fútbol. No tenemos semilla para poder sembrar y el fútbol va a seguir decayendo».
Momento en el que los jóvenes del Club Deportivo Olimpia de la Liga Federico Fortín de Tercera División celebran la conquista del campeonato y el pase a la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol. Foto: Martín Cálix.
De las 70 canchas que se pretendía construir en total entre la primera y segunda etapa del proyecto Semilleros del Futuro, el informe de auditoría externa indica que solo se realizó la construcción de 24 canchas debido a que no se desembolsaron los fondos suficientes a causa del mal manejo del proyecto.
Bajo la administración de FENAFUTH, entre 2005 y 2008, se adjudicaron 10 de esas 24 canchas; la auditoría denuncia que no existe registro de las ofertas técnicas y económicas presentadas por las diez empresas a las que se adjudicaron esos procesos, éste es un requisito obligatorio según la Ley de Contrataciones del Estado y los lineamientos de adquisición del BCIE.
El Centro Menor Birichiche pronto estará listo para el uso de los equipos de las ligas menores de la ciudad de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.
Una de las construcciones adjudicadas de manera ilegal fue la cancha del municipio de Lepaera en el departamento de Lempira, en el occidente de Honduras. Se firmó el 7 de agosto de 2006 por un monto de 1.3 millones de lempiras (USD 67 mil), y se adjudicó a la empresa Constructora de Occidente S.A (COOCSA). Según una nota publicada por un diario nacional, hasta el 15 de mayo de 2008 no se había realizado la obra y los pobladores temían que nunca se ejecutara. Al momento de la auditoría externa solo se había realizado el 54% del proyecto.
Cuando se consultó por la finalización del proyecto a la Alcaldía Municipal de Lepaera, la encargada de proyectos de esa municipalidad afirmó que la obra sí había sido finalizada pero que recientemente se había renovado con la inauguración de un Parque para una Vida Mejor, proyecto impulsado por el Presidente Juan Orlando Hernández y la primera dama Ana García.
COOCSA también fue beneficiada con la adjudicación del proyecto de construcción de una cancha en Santa Bárbara. En ese caso el 28 de julio de 2006 se emitió un pago por el valor de 266,051 lempiras (USD 14 mil) por el concepto de «anticipo para la construcción». Un año después, el 12 de julio de 2007, se volvió a repetir el pago con la misma descripción por el valor de 99,993 lempiras (USD 5 mil) sin ninguna justificación por parte de FENAFUTH.
Otra de las irregularidades importantes dentro de esos 10 proyectos sin oferta técnica y económica adjudicados por la federación presidida por Callejas, es que el 13 de junio de 2006 se realizó el pago de 540,610 lempiras (USD 29 mil dólares) a la empresa Grupo Profesional de la Construcción por anticipo a la construcción de dos proyectos en los departamentos de Valle y Choluteca. Esos proyectos nunca se ejecutaron y fue cuatro años después, cuando CONAPID asumió la coordinación, que finalmente se construyeron.
En total, fueron 14.3 millones de lempiras (USD 758 mil) que FENAFUTH adjudicó sin tener una oferta técnica y económica de los proyectos.
Pon el cursor sober el mapa y dale Click a los puntos rojos para ver datos de canchas:
Antes de estar al mando de FENAFUTH Rafael Leonardo Callejas fue Presidente de Honduras entre 1990 y 1994. Algunos meses después de terminar su mandato, fue acusado por el Ministerio Público por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, abuso de autoridad, abrogación de funciones correspondientes al cargo y fraude. Acusaciones que revelan el retrato de cuatro casos de corrupción ejecutados en su periodo como titular del Poder Ejecutivo.
A partir de ese momento se inició un proceso judicial señalado por diversos sectores de la sociedad como irregular y en el que Callejas y otros funcionarios fueron beneficiados con un sobreseimiento definitivo en mayo de 2007.
Las investigaciones y acusaciones en su contra no impedirían que en 2002 Callejas asumiera las riendas de la federación de fútbol, un cargo que mantuvo durante 13 años hasta que en 2015 fue acusado por una corte de Nueva York en Estados Unidos por el escándalo de corrupción FIFA GATE al ser parte de una red de crimen organizado y conspiración en la que recibió junto a Alfredo Hawitt, secretario de la FENAFUTH, sobornos por una cantidad aproximada de 10 millones de lempiras (USD 600 mil) a cambio de la adjudicación de los contratos de derechos comerciales y de transmisión de los partidos de clasificación de la selección hondureña para la Copa Mundial de fútbol.
Cuando a doña Reyna se le pregunta por las gestiones de Callejas y Hawitt hace la cabeza hacia atrás, suspira y dice: «Buenas no fueron porque el único proyecto que hicieron aquí fue arreglar esta cancha de El Birichiche —cancha frente a la que se encuentra— porque las ligas menores se lo exigían y ellos vieron la necesidad».
Doña Reyna no sabe que la instalación de grama sintética en El Birichiche no fue gestión de FENAFUTH.
«Si hubo corrupción no se van a escapar. De la justicia de Dios y de los hombres nadie se escapa», sentencia con un aire de indignación.
Uniformes invisibles
Niños juegan en una cancha de tierra sin grama en un barrio de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.
El proyecto tenía destinado casi 29 millones de lempiras (USD 1.5 millones) para la entrega de 51 mil implementos deportivos. Este rubro era el segundo más importante en Semilleros del Futuro. En 2006 se destinaron los fondos para la entrega inicial de dichos implementos a tres regionales de la Federación de Fútbol. Uniformes, balones y otros implementos que, según el informe de auditoría externa, nunca llegaron a manos de los niños y niñas en tres regiones del país a los que estaban destinados.
A partir del 11 de enero de 2006 se emitieron tres cheques por un valor total de 1.8 millones de lempiras (USD 98 mil) para llevar implementos deportivos a 7 canchas distribuidas en las regionales Centro—Oriente, Occidente y Sur de Honduras. El informe indica que no se identificó evidencia alguna de la entrega del equipo, no existen recibos o actas de recepción y no hay pista alguna del destino de esos fondos.
Durante los seis años que duró el proyecto no se hizo otra inversión para la distribución de implementos deportivos en las ligas menores.
Entre los implementos que nunca llegaron a su destino, construcciones asignadas sin el debido proceso y otras irregularidades que la auditoría externa define como «gastos no elegibles», fueron un total de 17.7 millones de lempiras (USD 937,344) mal ejecutados por la FENAFUTH a cargo de Rafael Leonardo Callejas. Hasta la fecha de la publicación de este reportaje esta institución no ha dado declaraciones sobre su implicación en este caso de corrupción.
Juego amañado
Un jugador del equipo Estudiantes intenta avanzar hacia campo rival ante la marcación atenta de los jugadores del Federal, partido de la liga Gustavo Rivera de categoría sub 14 que se desarrolla en la cancha de El Birichiche en la ciudad de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.
Las instituciones dirigidas por Rafael Callejas y Reinaldo Sánchez permitieron que 26.7 millones de lempiras se manejaran de forma irregular, esos fondos estaban destinados a la construcción de canchas, entrega de implementos deportivos y capacitaciones. Además se utilizó como plataforma política para consolidar el proyecto de gobierno de Juan Orlando Hernández, con obras como la remodelación de El Birichiche, en la que se otorgó una licitación de manera ilegal a COSEM, empresa involucrada en otros casos de corrupción. Un hecho que solo se suma a las otras tramas de corrupción en el gobierno inconstitucional de Hernández.
Una Auditoría del Departamento de Fiscalización de la Deuda Pública afirma que las obras que fueron construidas en este proyecto se encuentran en abandono, sin mantenimiento, utilizadas para fines diferentes para las que fueron creadas, inconclusas y otras están siendo saqueadas.
El informe indica que «se puede concluir que el proyecto no ha cumplido con los objetivos, ni los beneficios para el cual fueron otorgados los fondos, pero sí tenemos que pagar una deuda que afecta la situación económica del país».
A pesar de no haber cumplido con los requerimientos de ese préstamo y perjudicar económicamente al país, representantes del BCIE afirmaron que en 2019 esa institución dispondrá de más de 7 mil millones de lempiras (USD 296 millones) para prestar al país.
Honduras vive una escalada en suicidios. Un país violento, no solamente porque así lo indica su tasa de homicidios, sino porque la violencia cotidiana termina afectando a toda la población que ha perdido la esperanza. En un país del horror, donde los medios de comunicación buscan respuestas en lo paranormal, quienes atienden la salud mental de la población son pocos, sigue siendo deuda del Estado. En este podcast conocen la historia de Mireya y Fanny dos mujeres que han dedicado su vida a ayudar con las cargas de otros.
Conocí a Juana Pavón en el Redondel de los artesanos, en Tegucigalpa. Yo tenía catorce años y había sido invitada a tocar piano en una noche cultural organizada por Mujeres en las Artes. Juana bailaba mientras yo tocaba a Bach y esa es la primera imagen que tengo de ella. Esa noche me abrazó y besó, y mientras tomaba mis manos y acariciaba mi rostro, me dijo: «Yo tengo una hija». No entendí esas palabras. Yo no conocía a Juana, no sabía quién era esa mujer excéntrica, explosiva, que no sentía vergüenza y que pronunciaba palabras irreverentes, pero que al mismo tiempo era capaz de dar amor e iluminar con su ternura a una niña asustada de catorce años.
Pasaron algunos meses y volví a encontrarme con ella en recitales de poesía, en conciertos y en exposiciones de pintura. Hasta ese momento nunca había leído a Juana, me incomodaba escucharla en sus recitales y conversatorios sobre poesía porque sus escandalosas expresiones me hacían saltar de asombro. Yo fui criada en una familia de «buenas costumbres» de «recatados pensamientos» y este era un estilo de vida que no era permitido contradecir. Juana Pavón creaba un choque de emociones en mí porque me hacía cuestionar esos patrones tan presentes en mi diario vivir. «¿Qué cosa le ven a Juana?», les preguntaba a mis amistades cuando la citaban o la aplaudían de manera efusiva, pero ignoraban mi pregunta y yo seguía sin entender.
Pasaron muchos años. Me acompañé de la poesía y de otras lecturas durante noches, días y meses; descubrí a Clementina Suárez, a Amanda Castro y a Teresa Morejón de Bográn, entre otras, y todas ellas me llevaron a redescubrir a Juana Pavón, Margarita Velásquez Pavón (su nombre de cuna) o Juana la Loca; y a través de su poesía encontré a la mujer desmitificadora, comprendí a la mujer ultrajada, conocí a la mujer violada, me identifiqué con la mujer marginada, descubrí a la mujer valiente que con la palabra denunciaba y rompía patrones y nos daba lecciones de amor, de fortaleza y de lucha.
La poesía de Juana rompió con los esquemas tradicionales. Era mordaz y transgresora en su lenguaje, su palabra testimonial denunciaba la violencia que vivió y que sabía que vivían otras mujeres. Su tono conversacional provocaba una empatía con quien se adentraba en sus letras.
¿Por qué escribo sobre Juana Pavón? Porque Juanita me enseñó que yo era esa sujeto, la privilegiada, la no privilegiada a quien le da risa el Día de la mujer, la que calla y espera, la que tiene motivos para gritar, la que está unida a las otras mujeres porque nos une un vientre, porque «latimos… latimos…latimos! / somos río, mar/ jungla, sol/ luna y pulmón».
¿Qué le miraban a Juana? Lo que yo no podía ver en aquel entonces: su palabra inclemente, a la poeta a quien el sufrimiento humano no le era ajeno, a la madre que sufría por no estar con sus hijos e hija, a la mujer que nos daba voz a todas, a la poeta empoderada que no se preocupaba ni atendía protocolos y tradiciones poéticas, que no tenía miedo de expresar su pensar. A la mujer que vivía su poesía.
La última vez que vi a Juana fue en 2008. La encontré caminando en una calle de Tegucigalpa, nos abrazamos y me regaló su hermosa sonrisa. Le dije: «Juanita la ha leído», y me preguntó: «¿Ya leíste a Clementina y a Roberto Sosa? Ahora ya podés volar entonces, mi patito feo».
Juana ha muerto hoy y hago mías las palabras del maestro Carlos Lanza: «A todo cielo, a todo mundo, como mueren las poetas, ha muerto la poesía mujer o la mujer poesía, ha muerto de vivir y de soñar».
Celebro y agradezco su vida, su locura divina, su explosión, su ternura, su inmensa palabra.
La mano que da siempre, está por encima de la mano que recibe
(Proverbio africano)
Portada: «La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón», por la compañía de la Escuela Nacional de Arte Dramático, en el Teatro Nicolás Avellaneda de Comayaguela en agosto de 2017.
Foto: Martín Cálix
Texto: Teatro Proyecto Lagartija Centroamérica
Desde que lo sacaron de las plazas y calles y lo encajonaron en salas, el arte «de las tablas», ha requerido de auxilios económicos públicos y privados para su producción.
Esta relación de dependencia frente al poder (de cualquier índole que sea) se ha venido considerando como normal, —pero porque así ha sido, pensamos, no significa que lo siga siendo—. Las condiciones y contextos, en efecto, están modificándose con gran velocidad.
En estos tiempos que corren, signados por lo que se llaman postmodernidad, el vínculo ése, ha venido sufriendo alteraciones. En la Europa actual, por ejemplo, se cierran salas, centenas y centenas de profesionales de la escena deambulan de teatro en teatro en busca de trabajo. En estas condiciones, el arte teatral, al menos en lo que se conoce como centros hegemónicos en la cultura occidental, está pasando por una profunda crisis económica y existencial. Y es que por su propio «ser» el arte teatral, el de verdad, se ha convertido en una acción de resistencia. Resistencia contra los códigos surgidos (e impuestos) en una sociedad sometida dictatorialmente a las leyes del mercado y volcada hacia el consumo masivo y vacío, en la que impera la robotización mental y física, y en la que lo económicamente rentable y tecnológico priman sobre lo artesanal y humano. Estos dos últimos conceptos (artesanal y humano) son parte esencial de lo teatral.
En esta perspectiva hemos sido varios los teatristas que en «nuestra América» hemos venido alertando sobre este estado de cosas, el eco de lo que hemos dicho y hecho, sin embargo, no ha tenido la recepción deseada.
Démosle la voz entonces a célebres figuras de la escena europea, quizás así, al escuchar voces «autorizadas», nuestros colegas en Centroamérica pongan más atención a lo que hemos venido señalando y haciendo desde hace casi medio siglo. Veamos:
Peter Brook, el célebre director de escena, en entrevista ofrecida a la revista «Ajo Blanco» de la ciudad de Barcelona en octubre de 1991 señalaba: «Me fui de la Royal Shakespeare Company (de la cual fue su director). Era una madre para mí, mi gran madre teatral. Te amparaba y te daba los medios necesarios, pero por ser una institución estaba obligada a producir y mostrar los productos no según la leynatural, esto es cuando están realmente acabados, sino cuando la institución lo decide, —y eso no es teatro, es una máquina de hacer teatro—». Esta manera de hacer (señala el entrevistador) nada tiene que ver con la mecánica habitual en la que se ensaya, se estrena y a otra cosa.
La verdad del teatro (continua Brook) «es como una luciérnaga, una diminuta incandescente que puede apagarse en cualquier momento, a la que hay que avivar cada instante».
En el mismo número de la revista citada, el teatrista catalán Andrés Morte se expresa así: «abandoné mi cargo oficial porque me sentía perdido en la parafernalia post-industrial. Si el teatro tiene algún sentido hoy en día es porque el espectador está viendo a una persona en escena que está viva y haciendo aquello para ti en ese momento. Se trata de uno de los discursos que mantiene aún la emoción a través del sudor de la propia existencia del interprete».
Por su parte el director Peter Stein en declaraciones a Le Monde Diplomatique, en el año 2017 señala que «el subsidio a los grupos teatrales disminuye» y se alarma a su vez «por la ausencia y falta de entusiasmo del público», y lo atribuye al uso de formas escénicas desvinculadas de la realidad que está viviendo actualmente la sociedad alemana.
Antes, al menos, decimos, aunque no fuese muy rentable en términos mercantiles, al teatro se le otorgó la categoría de símbolo cultural. De tal forma que asistir a las funciones en las salas encajonadas y oficializadas otorgaba cierto «pedigree» a quienes asistían. En los tiempos actuales, sin embargo, ese valor simbólico viene siendo devaluado y relegado. Y es que se viven nuevos tiempos, nueva era y por las señales que flotan nos encaminamos hacia una nueva civilización, la cual podría asentarse en lo comunitario.
¿Qué hacer entonces en Centroamérica?, ¿seguiremos copiando los códigos emanados de la institucionalidad hegemónica, la cual a su vez anda como perdida?
En caso que se vierta una negativa sobre estos interrogantes, entonces, busquemos e inspirémonos en nuestra propia realidad para ver si en ella (o en ellas) se encuentra una respuesta que lleve consigo la creación de una nueva narrativa escénica, la que a su vez exige la construcción de técnicas adecuadas para que pueda concretarse.
La teatralidad de nuestros pueblos, en sus signos como en sus contenidos, ha sido siempre resistente. En esa perspectiva cada quien hará lo que pueda y buscará su camino con su propia lámpara, «que cien escuelas se abran y cien flores renazcan», solía decir el dirigente político Mao Tse Tung.
27 de marzo 2019, Valle de Ángeles, Francisco Morazán, Honduras
Entre octubre 2018 y enero 2019 el éxodo masivo de hondureñas y hondureños ̶ aproximadamente unas 20 mil personas, en dirección hacia Estados Unidos, ha puesto en evidencia la profunda crisis política y humanitaria que Honduras atraviesa desde el último medio siglo. La autonombrada “caravana migrante” es una forma de protesta ante la sistemática política de exclusión social del país, un duro golpe de fortuna para el cuerpo social hondureño, un duro despertar hacia recuerdos atrapados en el olvido. Este evento catastrófico ha permitido que afloren narrativas silenciadas, heridas emocionales, temores, deseos y aspiraciones íntimas reprimidas de larga data que han marcado la memoria corpórea individual y colectiva de la población hondureña, evidenciando un tejido social desgarrado que permanece sin zurcir.
“Yo lloro por la violencia que pasa cada día en este país;no sé por qué, no estamos en guerra, es por tanta violencia, del tipo que sea. Todos vivimos un luto diario, no sabemos qué va pasar, no sabemos si vamos a regresar. Hoy estamos todas aquí, no sabemos si mañana nos den la noticia de que una de nosotras ya no va estar. No son malos augurios, es que no sabemos cómo estamos en este país”. (Participante del taller creativo. 2017)
Durante las últimas dos décadas, Honduras ha experimentado un agudo proceso de desgarro social, visible en el incremento de la violencia atroz que deja huella en los cuerpos y vínculos afectivos. Para el pueblo hondureño, enfrentar las masacres y asesinatos cometidos con profunda crueldad en un país que no atraviesa una guerra declarada se ha vuelto una experiencia paralizante. En 2015, la tasa de homicidios en Honduras era una de las más altas de la región y del mundo, a pesar de que las cifras del Estado reflejaban una disminución desde 2014 (CIDH, 2015).
No obstante, existe otro tipo de violencias que se silencian. Una de ellas es la fractura de sentido o desconexión de aquello que nos importa, como acontece con la ruptura del tejido social, cuerpo colectivo necesario para la construcción de comunidad. Con el fin de comprender violencias no nombradas, pensar en los procesos mismos de la violencia se vuelve una tarea necesaria. Rita Segato (2003) entiende estos procesos “como estrategias de reproducción del sistema, mediante su refundación permanente, la renovación de los votos de subordinación de los minorizados en el orden de estatus, y el permanente ocultamiento del acto instaurador” (p.113).
Ante este panorama desesperanzador, Mujeres en las Artes (MUA),de la que soy cofundadora y activa colaboradora, se ha interesado en comprender cómo la sociedad es afectada en términos psicosociales por las violencias, ante todo las maneras resilientes de enfrentarlas.
MUA es una organización cultural y creativa, paraguas e incubadora de iniciativas para la investigación, formación y producción promoviendo la diversidad y la inclusión, la gestión del conocimiento, la innovación y el emprendimiento con enfoque de género, interseccionalidad e incidencia en políticas públicas
En 2017 se desarrollaron cinco talleres de reconstrucción de memoria desde el cuerpo cuya metodología de trabajo fue creada en el marco de mi investigación autobiográfica Recordar para volver al corazón: El cuerpo territorio de sentido y resistencia. El objetivo de los talleres fue acercar a las y los participantes al cuerpo como territorio que siente y al territorio como cuerpo social colectivo. Desde los resultados de esta experiencia, el presente escrito indaga sobre el actual paisaje social hondureño, considerando el significado que tienen la identidad y la migración en los procesos de reconstrucción de memoria desde el cuerpo.
Maturama define la violencia como aquellas situaciones en las que uno se mueve en relación con otro, en el extremo de la exigencia de obediencia y sometimiento, cualquiera que sea la forma como ésta ocurre, en términos de suavidad o brusquedad y el espacio relacional en que tenga lugar. Es la negación del otro, que lleva a su destrucción en el esfuerzo por obtener su obediencia y su sometimiento (Penagos, 2008; p. 11)
La Secretaría de Seguridad de Honduras explica, de forma reiterativa, que las altas tasas de violencia son efecto del crimen organizado, redes transnacionales y carteles del narcotráfico, delincuencia común y las pandillas. Este discurso oficial silencia tópicos como los altos niveles de corrupción, la impunidad, débil estructura judicial, la colusión estatal, y la violencia estructural que se expresa en acciones desesperadas por la sobrevivencia por mencionar solo algunos. García (2017) en un análisis sobre las normas jurídicas aprobadas por el Estado de Honduras, presenta luces para comprender los procesos de violencia:
… se habla de éxitos en seguridad mientras que la percepción ciudadana sigue en términos generales siendo la misma que hace tres años y las masacres se multiplican. El temor crece, el miedo se apodera de la ciudadanía y hace presa de las calles, barrios y colonias. Se logran parcialmente los objetivos de esa “política de seguridad”: la inmovilización, la inactividad de muchos y el rechazo y movilizaciones de otros. (García, 2017, p.43)
El éxodo migrante hondureño da nombre a la violencia sociopolítica, revela la farsa de la seguridad y la existencia de otras violencias, como son: exhibición del poder y control del Estado sobre la población por medio de la disolución violenta de las protestas públicas; negación de las necesidades básicas, tales como vivienda, salud, educación, alimento y trabajo digno. A ello se unen el despojo territorial, explotación laboral, la exclusión, desigualdad, violación de la libertad de expresión y precarización de la vida, todo lo cual impacta en los afectos, lo social y las emociones. Se suma a lo anterior las cifras alarmantes respecto a una ciudadanía empobrecida: el 67.4 por ciento de la población hondureña son pobres y más del 40 por ciento viven en extrema pobreza (El Heraldo, 2018).
El sector social más afectado ante esta estremecedora realidad son las mujeres; cabezas de hogar, viudas, víctimas de violencia intrafamiliar y femicidio, son ellas las que cargan con duelos aun no llorados y el horror cotidiano de una guerra no convencional. De acuerdo con Cañas (2018), la reducción en las cifras “estadísticas de la muerte” no deberían provocar alegría; por el contrario, se debería declarar duelo trinacional permanente —Honduras, El Salvador y Guatemala (el llamado triángulo norte)— por las siguientes razones:
.. Porque por cada homicidio que se comete hay de cinco a ocho familiares de la víctima que sufren […] Quienes dependen de las víctimas quedan desamparados, quedan huérfanos, y viviendo un profundo dolor social que a veces sufren en silencio y en privado por temor a más violencia (Agencia Afp, 2018).
Los recuerdos intensos se marcan en el cuerpo y dejan huella en la memoria. Pese a no poder ubicarlos en un marco social, contexto espacial o temporal, son estos sentimientos —percibidos como extraños— los que adquieren un pleno sentido cuando se encuadran en una experiencia colectiva, al mismo tiempo que agencian la comprensión de lo recordado. En este sentido, el trabajo de memoria colectiva desde el cuerpo conlleva una creación individual que encarna la identidad, entendida como archivo vivo de la memoria.
Si hay alguna categoría que más se acerca a lo que podría ser —si eso existe— la identidad de un ser humano, no cabe duda que es la migración, en el sentido que uno no puede decir que ya llegó al final del camino de su proceso de realización humana, recuerda el experto en migraciones Wooldy Edson Louidor (2017). Un construir la propia vida con y desde el cuerpo, tal y como apunta el artista plástico Santos Arzú (2006) en El cuerpo cicatrizado por la memoria. El artista y su obra: “es que no importa dónde vaya el hombre [y la mujer], siempre irá con su existencia a cuestas para su gozo o desgracia”.
Identidad y narrativas de la memoria.
Los resultados de los talleres desarrollados por MUA hacen referencia al cuerpo-territorio de sentido, archivo vivo de la memoria, lugar de enunciación, resistencia y resignificación de la realidad individual y colectiva. Los lenguajes estéticos —simbólicos— son las herramientas que agencian la comunicación, puentes que enlazan el transitar hacia los recuerdos que por largo tiempo han estado silenciados, una manera de abrazar lo vivido y dar paso a la palabra. Las expresiones artísticas hicieron posible la aproximación a vivencias de carácter extremo y al mismo tiempo redujeron la exposición a la revictimización de las y los participantes[4], minimizando el riesgo de herir la propia identidad, el Yo.
El cuerpo humano entraña un sinnúmero de asociaciones y connotaciones que le confieren sentido cuando aparece representado en la obra de arte, es el núcleo a partir del cual se elabora una mirada sobre el sujeto y su universo material espiritual. (Vargas, 2017, p. 27.)
Las experiencias que se compartieron en los talleres se asociaban a memorias traumáticas, eventos que se marcaron en el cuerpo de manera invisible —huellas mnémicas-, recuerdos no dichos, negados, prohibidos, indecibles e innombrables que emergen en momentos de conmoción social. Por ello, se parte del conocimiento de que estas memorias se acentúan y agudizan en contextos de extrema violencia —eventos catastróficos, violaciones a los derechos humanos, desastres, catástrofes sociales y también naturales—, sobre todo cuando las vivencias han sido silenciadas.
Sin embargo, es posible evidenciar esta particular forma de memoria ante la presencia de fracturas afectivas-emocionales, como lo es en el caso del sentido de la identidad colectiva. Cyrulnik (2016) señala que la persona puede quedar prisionera del pasado una vez que el recuerdo del acontecimiento traumático se fija en la memoria; por este motivo la memoria no evoluciona y no se pueden adquirir otras informaciones que permitan cambiar la representación que se hace de algo doloroso que ha pasado.
Con relación al cuerpo y la memoria, hay una concepción original del trauma que refiere a la herida quirúrgica para pensar la correlación del trauma individual y el colectivo. Según Pollak (2006) existen memorias que rompen el tejido social, como acontece con las heridas que rasgan la piel; estas son las memorias que se guardan celosamente en estructuras de comunicación informales y que pasan desapercibidas por la sociedad en general. Sobre la herida y el trauma Leys (2011) afirmó lo siguiente:
Trauma fue un término que en sus orígenes se refería a una herida quirúrgica, y se concibió como un modelo donde se rompía la piel o la cubierta protectora del cuerpo, lo cual ocasionaba una reacción catastrófica general en todo el organismo (p.166).
Honduras recién comienza a despegar en el desarrollo de investigaciones y trabajos de memoria colectiva desde el cuerpo con enfoque psicosocial; por ello consideramos que apuestas creativas resilientes como la que aquí se presenta son fundamentales en territorios que atraviesan violencias extremas. Es urgente generar espacios de diálogo, abrir ventanas hacia la comprensión de realidades invisibilizadas y silenciadas, elaborar narraciones vitales para la elaboración de procesos de duelo y el restablecimiento de proyectos de vida, tanto personales como colectivos.
Efectivamente, la tarea del trabajo de memoria, que solo es posible mediante la suma de vínculos afectivos del grupo, lo que Maurice Halbwachs llama “comunidad afectiva” (Pollak, 2006; p.18) refiere a la relevancia de crear alianzas, sistemas de diálogo y comunicación para dar sentido a la percepción que se tiene de la identidad, sobre todo porque la identidad se vincula con la manera en que la persona genera condiciones para producir cambios, permanencias y readaptaciones al interior de la vida cotidiana. La memoria, igual que la identidad, no es estática, se arraiga y se transforma necesariamente con los acontecimientos sociales. También es selectiva y se encuentra en constante disputa, (de) construyéndose mediante los conflictos sociales (Higuera, s.f.).
Lo no dicho, silencios y testimonios.
Los recuerdos no son un relato apasionado impasible de la realidad desaparecida; son el renacimiento del pasado, cuando el tiempo vuelve a suceder. Alexievich. S.
Los recuerdos individuales evocados en los talleres creativos desarrollados por MUA reúnen las voces de 85 personas; jóvenes, artistas y mujeres creadoras, testimonios vivos de profunda intensidad y sufrimiento, narrados en primera persona al interior de un espacio que conecta con el otro y la creatividad, contenedor de escucha, expresión y cuidado, diálogo protector. Al momento de abordar la trama de los recuerdos no se estableció un encuadre temporal espacial rígido, sino que respondió a relaciones y experiencias vividas a través de tiempos biográficos diversos que brotaron y encontraron lugar a través de la palabra. La referencia central fue el cuento de la memoria autoría, atribuido a Fals Borda, que circula como una herramienta metodológica de uso extendido.
El cuento narra la historia de un pueblo sumergido en la violencia, donde un día sus pobladores fueron despertados por el pregón de un mercader que gritaba: “¡Compro los malos recuerdos!”. La dinámica permitió atravesar la frontera del silencio y el surgimiento de energías generadoras para la escucha. Una vez avanzado el trabajo en los grupos, las vivencias fueron reactivadas de manera creativa a través de la elaboración de una silueta humana en donde se marcaron códigos, o simbologías que representaban experiencias dolorosas. El fluir de emociones se facilitó al no formular interrogantes sobre los eventos dolorosos; al contrario, las y los participantes fueron invitados a deshacerse (“vender”) sus malos recuerdos, y para ello pudieron elegir entre la palabra y el silencio.
Talleres de reconstrucción de memoria desde el cuerpo. 2017. MUA – Honduras.
En los talleres se evidenció que las acciones resilientes permiten levantarse, mirar la cicatriz, y de esa manera resignificarla a través de la simbología que la representa. La resiliencia evidencia que hay otras perspectivas, verdades y formas de comprender los eventos que se inscriben en nuestro cuerpo, nuestra historia y que esta a su vez no es un destino, sino fruto de la experiencia y saberes acumulados de generaciones anteriores que se graban en la memoria corpórea.
Simbología del cuerpo intervenido
En “el cuerpo intervenido”, una de las actividades centrales del taller, el cuerpo es territorio marcado por relaciones, lugar donde se identifica el dolor y da sentido a la experiencia personal que es construida socialmente, semejante a la identidad que solo es posible configurar en lo colectivo. En otras palabras, el cuerpo es el territorio donde se cuenta la historia del dolor y la acción resiliente desde la cual se resignifica la herida. El sufrimiento, las sensaciones y las cicatrices se representan a través de dibujos, palabras u objetos, que son colocados en la parte del cuerpo donde la persona considera ha sido herida o donde siente dolencia; también se puede indicar con colores, rayas, formas, entre otras, en la parte del cuerpo donde se siente el suplicio, dependiendo de la experiencia vivida.
A continuación se presenta la lectura de los diferentes cuerpos intervenidos a lo largo de los cinco talleres de memoria: el cuerpo-territorio y territorio-cuerpo desde la mirada que nombra el sufrimiento causado por acontecimientos que marcaron el cuerpo individual a partir de los silencios del mundo exterior —colectivo—. La intención de este apartado es nombrar lo innombrable, lo que la sociedad calla, e igualmente evidenciar el silenciamiento social como forma de ocultamiento de realidades y como mecanismo de represión, control y disciplinamiento de los cuerpos.
Dolor en el silencio. Cicatrices y formas / Figuras
Olvidar sería atroz. No es que me aferre al pasado, no es que haya tomado la decisión de no olvidar. Olvidar o recordar no depende de nuestro deseo, incluso si tuviéramos el derecho. Ser fieles a los compañeros que hemos dejado allá, es todo lo que nos queda. Olvidar es imposible de todos modos… No estoy viva, estoy muerta en Auschwitz y nadie lo ve. Charlotte Delbo. Ninguno de nosotros volverá. (Pollak, 2006, p. 92)
Cicatrices: Corazón, pecho, cintura, manos, cabeza, tórax y el afuera o marcas que se representan fuera del cuerpo-silueta.
Las flores evocan el dolor atrapado en el corazón, el sexo, las manos, el pecho y el tórax; abrazan la cintura que se extiende hasta el afuera, se traspasa la frontera del propio cuerpo y se extiende al cuerpo social. Las siluetas se marcan con una equis en la garganta que representa el vacío que no se ha podido llenar por la pérdida de un ser querido, miedo, amenaza y riesgo de perder la propia vida. Corazones vacíos, ausentes de voz por no poder expresar el sufrimiento de lo vivido, que recuerdan la traición y el silenciamiento.
La experiencia del asalto con pistola o cuchillo es una angustia recurrente, una cercanía terrorífica con la muerte que vivenciaron, directa o indirectamente, todas y todos los participantes de los talleres. La muerte, el dolor y el luto se pueden mostrar en imágenes hermosas, como la mariposa esfinge, cuyo cuerpo ostenta manchas que recuerda a una calavera. Las sogas amarran las manos, representando la impotencia, la represión y el silenciamiento. El sufrimiento oprime y enlaza la boca, cuello y cabeza, ata con cadenas y candados, aprisionando las emociones, oprimiendo al sujeto. Así, el sistema aprieta con cadenas, cierra el candado y se traga la llave, inmovilizando, causando caos mental y profundo dolor, encarcela el espíritu y destruye la existencia, como si los seres humanos debieran encerrarse en jaulas.
Cabezas que emergen fuera del cuerpo y se encarnan en los ausentes que recuerdan la muerte y la vida que no se rinde, figuras humanas cansadas de interpretar roles y estereotipos que buscan separar la tribu. Viaje interior desde el yo en la confrontación del duelo –dolor-, como una aflicción atrapada en los pulmones, falta de respiración anticipándose a la asfixia y la consumación del crimen. El asalto a la vida que aniquila a los actores sociales, lágrimas que evidencian procesos de desconfianza, como cuando cae la lluvia y nos empapa de sufrimiento, dolor provocado por rupturas de los afectos y los duelos. Venas enfermas, vacío provocado por la incapacidad de movernos, miedo a dejar de caminar y no encontrar respuesta, tan solo en el suicidio.
Talleres de reconstrucción de memoria desde el cuerpo. 2017. MUA – Honduras.
Cicatrices. Marcas, rayas, colores: huecos en la tela – papel, torbellinos, ondulaciones, color negro.
Lenguaje del cuerpo como lugar de la memoria: cicatrices, heridas y huellas; frente, coxis, rodillas, pecho, mente, ombligo, estómago, pelvis, ojos cerrados.
Las cicatrices, heridas y huellas del silencio se encarna en el cuerpo, memorias sumergidas en un aire de sufrimiento que indica privaciones y angustias nacidas de la indiferencia por haber soportado tanto. También se entienden como evocación práctica y habitual de levantar la mano para castigar, vacíos, ausencias, pérdidas y fracturas afectivas dolorosas que han dejado hueco sobre la tela y el papel, cruces que evidencian la historia de la tortura y la condena por pensar y soñar diferente. Son realidades dolorosas que se cargan en los hombros cansados, y solo pueden verse con los ojos cerrados para evitar el miedo que provoca el río de lágrimas que amenaza con ahogarnos.
Estas memorias también fracturan las rodillas, en una especie de danza que choca con la oscuridad, que susurra el espanto de no poder volver a caminar ni comunicar a través del cuerpo la tan soñada danza de la libertad. Son memorias del corazón que despiertan como torbellinos y se extienden por todo el cuerpo, ondulaciones presentes que dibujan el caos, desorden y confusión que se escapan de nuestra cabeza. La cruz revela la historia de tormento, clavos en las manos para que dejen de hablar los cuerpos-territorio y territorio-cuerpo de mujeres, cuerpos políticos que intentan silenciar.
Por consiguiente, el cuerpo recuerda los conflictos al interior de la familia, inscritos en el coxis, el estrés y la impotencia que gritan a través de la migraña que se graba en la frente. Inconscientemente hay un encuadre de la memoria sobre cómo se piensa, recuerda la conciencia o cómo se percibe el cuerpo-mente. Hay un espacio de racionalización del dolor que se siente en el corazón, pero se trabaja conscientemente desde el pensamiento, evitando lo que Pessoa (2013) advierte; el corazón, si pudiera pensar, se pararía. Se prohíbe el canto, y ello se concentra en la caja torácica, el pecho que duele, asfixia producida cuando se inhala miedo y enojo a bocanadas. Recordarlo induce al vómito, agruras y dolor que se concentra en el estómago. La muerte es como el ombligo: lo que en ella existe es su cicatriz, el recuerdo de una existencia anterior, advierte Mia Couto (Martín, 2017). El regaño, se expresa en el vientre, centro y origen del dolor que en muchos casos se desliza hasta la pelvis, indicando tortura sexual, acoso y violación.
Resignificaciones del dolor: resiliencia.
Lenguaje: Flores, Corazones pintados, espiral, palabras y frases escritas, casas y montañas, mandalas, cruces y rosarios, color amarillo, arcoíris, pies con y sin alas, águilas, ojos abiertos, mano, matriz.
Las flores como símbolo de la memoria son un llamado a la esperanza y la alegría, dirigidas a la transformación del dolor; pese a la vivencia de acontecimientos dolorosos, la vida seguirá floreciendo. Representan la descendencia, la espiral como nacimiento, muerte y renacimiento que abraza a hijas e hijos, corazones pintados que florecen del dolor concentrado y dirigido a la recuperación. El cuerpo es voz, manos que comunican y expresan lo vivido, un reclamo de justicia tras la búsqueda de la no repetición del dolor, al nombrar la dignidad por medio de palabras y frases escritas. La vitalidad palpita al interior del cuerpo en contacto con la naturaleza, las montañas y la casa como espacio protector, reflexión, paz interior en busca del esparcimiento negado. Las mandalas y cruces recuerdan la vida como proceso, responden a ciclos, hacen referencia al retorno y un volver a la espiritualidad, acercamiento a lo ritual, religiosidad y las energías para enfrentar el sufrimiento.
Talleres de reconstrucción de memoria desde el cuerpo. 2017. MUA – Honduras.
Al mismo tiempo, los saberes y conocimientos acumulados de generaciones se proponen como acciones resilientes para enfrentar el dolor, formando grupos que contienen, transmiten y proyectan luz para guiar el camino de la persona herida. Por su parte, el sol es una imagen presente como aura energética que cubre el cuerpo y el paisaje con su color amarillo, espiral que nace todas las mañanas y muere con el atardecer. Significa avanzar y no quedarse estática ante el dolor; los pies corren hacia afuera del territorio-cuerpo en huida; sin embargo, es acción que evidencia la creatividad como herramienta comunicadora que nada detiene, mirada positiva espiritual y mental escenificada en los pies con alas, y su incansable viaje hacia la búsqueda de lo seguro, una manera de escapar de una realidad tormentosa. De manera semejante, las águilas transmiten su poder de vuelo ante la ausencia de movimiento, proporcionan fuerza para continuar avanzando.
Por otra parte se propone superar el estado de las cosas, ojos abiertos que miran lo que acontece desde la diversidad de vidas que recuerdan el arcoíris cuando el cielo se muestra claro, esperanzador y con fuerza positiva para enfrentar la adversidad. Un volver a la energía vital, a la sexualidad como territorio de placer y a la matriz desde el origen y la maternidad, una comunicación que se concentra en el vientre, desde el cual se escriben los relatos de la experiencia.
Cuerpo-territorio. Huellas mnémicas y experiencias límites
A continuación se registran recuerdos cercanos y personales de orden sensorial que se compartieron durante los talleres, por ejemplo el ruido, olores y colores, recuerdos posibles de capturar durante la intervención de las siluetas y la cartografía territorial, permitiendo procesar la información de las experiencias captadas emocionalmente. Entre las imágenes que posibilitaron desarrollar una mayor comprensión de un acontecimiento trágico se encuentran las siguientes:
El sonido de una pistola cuando se carga durante un asalto: amenaza.
Mirada al momento de encontrarse frente a frente con el asesino del padre de una de las participantes.
El tono de llamada del teléfono que me despertó en la madrugada cuando la policía llamó para decirme que necesitaban que fuera a identificar el cuerpo de mi mejor amiga; la habían
A través del lenguaje creativo fue posible nombrar penas afectivas experimentadas como resultado de eventos de alto impacto emocional, que no se limita únicamente a las víctimas directas de hechos violentos, sino también a las personas que presenciaron un acontecimiento de esa naturaleza. Pollak (2006) nos dice que “toda experiencia extrema es reveladora de los constituyentes y de las condiciones de la experiencia ‘normal’, donde el carácter familiar hace frecuentemente de pantalla del análisis” (p.11).
Los talleres creativos resilientes se concibieron como acciones de intervención psicosocial que actúan como mediadores para el trabajo de memoria colectiva desde el cuerpo y generan espacios para la comprensión de la realidad social, constituyendo una manera de reducir las tensiones que la incertidumbre provoca. De igual modo, rescatan los acontecimientos que no han sido totalmente escritos; por ello, la memoria hace posible a través del testimonio dar cuenta de historias silenciadas –disidentes– y rescatarlas, referenciarlas y dignificarlas (Alonzo, 2012, s.p.). Por consiguiente, los testimonios que dan voz a los recuerdos y han abrazado por largos periodos el silencio como la culpa y ausencia de escucha, encontraron un espacio que hace posible reconstruir y nombrar parte de la propia historia, expresarse. Es necesario subrayar que para muchos de las y los participantes ello solo fue posible a través de los lenguajes estéticos.
Talleres de reconstrucción de memoria desde el cuerpo. 2017. MUA – Honduras.
Así, el arte se transforma en herramienta poderosa que posibilita nombrar huellas profundas marcadas en el cuerpo, levantar los silencios para expresarse y dar significado a una realidad negada, que el colectivo no podía o no quería acoger. Desde este orden de pensamiento, MUA propone estos espacios como apuesta ética-política dirigida a la búsqueda de justicia, es decir, otorga valor al testimonio que da cuenta de su propia vivencia, en particular a quienes se les niega la palabra, como acontece con los sectores marginados y excluidos de la historia.
El arte y la cultura no pueden reducirse al entretenimiento, ni tampoco a una actividad de ocio, ni como moda de gestión social o ser retomado simplemente como instrumento o técnica para mantener ocupados a la juventud y la niñez. Se propone como instrumento que agencia la comprensión de problemas estructurales profundos, en tanto la práctica y hacer artístico tienen una función trascendental en la vida social. (Dobinger, 2018, p.13)
Los largos silencios también recuerdan las resistencias de quienes transgreden el orden de las cosas, narraciones sepultadas a manera de castigo ejemplificador que va configurando un paisaje cultural que condena los reclamos de justicia que la misma historiografía anula. Desde otra perspectiva, se ha podido constatar que el silenciamiento está lejos de conducir al olvido, puesto que transmite la memoria cuidadosamente a través de los recuerdos; así lo expresa Pollak (2006): “disidencias afectivas expresadas en redes familiares y de amistad, esperando la hora de la verdad y de la redistribución de las cartas políticas e ideológicas, [las afectivas-emocionales] germinadas en las acciones colectivas (p. 20).
A manera de conclusiones
La violencia… Es la negación del otro, que lleva a su destrucción en el esfuerzo por obtener su obediencia y su sometimiento. (Humberto Maturama)
En las épocas en que vivíamos en medios naturales poblados por animales que nos atacaban, cuando el frío nos torturaba y los desastres climáticos nos mataban de hambre, el grupo constituía el único refugio afectivo, el único lugar de seguridad que permitía sobrevivir. (Boris Cyrulnik)
Los recuerdos tejidos, individuales y colectivos dieron forma y voz a una memoria colectiva viva que evidencia la profunda crisis que atraviesan la sociedad y Estado hondureño. La memoria individual relata el sufrimiento provocado por eventos que han quedado marcados profundamente en la memoria corpórea de las y los participantes, como son los actos de violencia física, sexual y psicológica extrema, sufrida de manera directa por la persona o por algún familiar o amistad cercana. Estos hechos brutales afectan mayoritariamente a mujeres, niñas, niños, jóvenes y grupos socialmente diversos, poblaciones negras e indígenas. Igualmente, impactan de manera catastrófica las muertes —asesinatos— de un familiar o amistad próxima como resultado de la represión estatal, crímenes que en Honduras permanecen impunes.
Recordamos que las personas que sufren un asalto u otro hecho que amenaza a la integridad, es decir, el riesgo de perder la vida o sufrir lesiones físicas graves, generan a manera de autoprotección una serie de reacciones psicológicas y fisiológicas que se expresan en el cuerpo, semejante a lo que acontece con la violencia sexual y física. A lo anterior se suma la violencia mediática, en especial por su contenido y las imágenes del horror que imponen una estética de muerte, violencia que legitima las desigualdades y crea escenarios de terror; los cuerpos desmembrados se exhiben diariamente, las calles adquieren el significado de espacios que no deben ser transitados.
La traición, mentira, engaño y complicidad, amplían la impunidad hasta los círculos afectivos más cercanos: familiar, amistad, laboral e institucional. La ausencia de justicia silencia, reprime y causa profundas sensaciones de miedo, vergüenza y culpa que generan sufrimiento. Así, indican privación, aislamiento y angustia que se profundiza por la indiferencia social. Ello evidencia profundas contradicciones ante los discursos oficiales sobre las razones que justifican las violencias, especialmente la cotidiana, así como las estrategias que proponen para enfrentarla; a ello se suma la ausencia de seguridad y la desarticulación de las creencias familiares y sociales. Ante la ausencia de una explicación congruente que confiera significado al caos que se vive, se genera confusión en la gran mayoría del grupo. La salud y la enfermedad se evidencian como punto culminante de la crisis, concretamente cuando la persona se encuentra en estado crítico y no puede responder a la propia sobrevivencia.
La impotencia, el miedo y el terror se presentan, en su mayoría de veces, entrelazados y vinculados a la inexistencia de un sentimiento de libertad, sea esta física, de pensamiento o afectiva. Pesa sobre la persona el silenciamiento cuando es juzgada, criticada y criminalizada socialmente. Se destaca que gran parte de los relatos de estas personas fueron compartidos por primera vez en el espacio de los talleres, mirados como eventos imprevistos, figura de mala suerte, que confronta mentalidades colectivas que valoran los procesos de vida como lineales y ordenados, es decir “normales”. Los eventos de alto impacto emocional rompen con un modelo de vida que ubica estos acontecimientos, por su carácter sorpresivo, fuera del cuerpo individual y colectivo, generando sentimientos contradictorios.
Talleres de reconstrucción de memoria desde el cuerpo. 2017. MUA – Honduras.
Así lo expresaron algunos participantes de los talleres: ser capaz de contar lo vivido en espacios de la vida cotidiana era extremadamente doloroso, porque a veces no había tiempo ni para sentirse triste. Igualmente, expresaron que fue al interior de los grupos de trabajo que sintieron que sus vivencias tenían alguna importancia, valor antes no identificado. La persona se descubre ante agresiones de carácter repetitivo como el asalto, que produce revictimización, vergüenza, frustración, terror, culpa de no haber impedido “nuevamente” la agresión. Es desde este contexto que la identidad entra en disputa con la realidad, se fracturan los conocimientos heredados en momentos de crisis. Según San Juan (2001), lo esencial de una crisis es el desequilibrio que se da cuando la persona se enfrenta a una situación o circunstancia o situación excepcional para la que no encuentra respuesta adecuada dentro del repertorio adaptativo de respuesta que ha aprendido (p. 15). Algo similar ocurre con la memoria; de acuerdo con Pollak (2006), las víctimas que son excluidas de las redes de sociabilidad muestran dificultad de integrar sus recuerdos en la memoria colectiva de la nación (figura del mal querido e incomprendido).
A lo largo de esta reflexión se ha evidenciado el transitar de largos procesos de duelo aún no llorados, pérdidas afectivas que resultan de violencias silenciadas y acumuladas en el cuerpo por varias generaciones. Igualmente, se ha podido constatar el peso que posee el ocultamiento de la violencia estructural, y como esta se entreteje a nivel de las instituciones estatales, causando heridas sobre la piel o el tejido social en la vida cotidiana y grandes daños a la sociedad en su conjunto. Se sobrevive en condiciones de injusticia extrema, que representa una violencia sistémica que explica todas las otras.
Las experiencias de muchos países que han atravesado profundos conflictos o dictaduras se plantean la pregunta por el pasado, fundamentalmente por parte de las víctimas, con la intención de que estos hechos fueran conocidos por toda la sociedad y estas atrocidades no vuelvan a repetirse. En el caso de Honduras, podríamos afirmar que la violencia sociopolítica y las dictaduras del pasado no han sido nombradas desde las secuelas psicosociales que ha provocado en la población. Es necesario recordar que existe un precedente que criminaliza y reprime a las víctimas que se han atrevido a sacar la voz, una revictimización si consideramos que los hechos traumáticos, de acuerdo con Basabe (1993), por su carácter extremo e inusual, se asocian con la amenaza a la vida de las personas, las violaciones, daños masivos al territorio o la propiedad y cuando se alteran creencias esenciales de la persona sobre sí, el mundo y los otros (p. 8).
Por último, como se mencionó en la conferencia impartida en Clacso 2018, Creatividad y resiliencia en tiempos de violencia sociopolítica en Honduras, la amenaza contra la propia vida sustrae de las entrañas el miedo más profundo, para dar voz al río humano de la caravana migrante. Y es al interior de una comunidad generada de manera improvisada que se emprende el apoyo necesario para dar sentido a la lucha por la sobrevivencia. Ante la ausencia de derechos, el dolor, la desesperación y la urgencia de afrontar una catástrofe social que traspasa los límites de la existencia, el hambre y el miedo dan significado a la resistencia, activan en las personas su propia capacidad de agencia, es decir, llevar a cabo y tomar decisiones por sí mismos y tomar las direcciones de la propia vida, expresadas mayoritariamente a través de un grito de dignidad contra el silenciamiento, que es la muerte moral (Dobinger, 2018, p.12).
[4] Se toman como referencia los datos empíricos de la investigación El arte como lenguaje que interpreta la realidad (Álvarez, 2006). El fin del estudio fue comprender el mundo social en el que se ve inmersa la práctica artística realizada por mujeres artistas. Analiza el conocimiento de mujeres dentro del campo de las artes visuales y su relación con los procesos de construcción de la identidad de género. El estudio confirmó que las artistas, en su proceso de configuración de la identidad, interpretan su realidad a través del lenguajes estéticos de manera crítica al confrontar los roles sociales asignados a las personas según su sexo y las experiencias vividas.
[5] Se dispone de la autorización para la publicación de todas las fotografías, registros de los talleres de memoria desde el cuerpo Mujeres en las artes Leticia de Oyuela MUA, 2017.
Edición de texto: María Eugenia Ramos.
En menos de dos horas, la ex fiscal general Thelma Aldana, dio un giro de 180 grados a su carrera política. De una orden de captura en su contra solicitada por el Ministerio Público, pasó a ser candidata presidencial del Movimiento Semilla. Aldana, tras ser inscrita por el TSE, adquiere inmunidad. Su caso ejemplifica la judicialización que configura el proceso electoral de 2019.
Los tiempos electorales deberían ser predecibles. A una fecha, todos los participantes inscritos. A cierta hora, la lista de candidatos definida sin más que la tranquilidad de esperar el día de las elecciones.
Sin embargo, en Guatemala las horas y los días de una elección presidencial, implican incertidumbres temporales, prórrogas o atrasos que se configuran en torno a los aspectos legales sobre cómo se inscriben los candidatos. Una hipérbole de excitación, nerviosismo y altas expectativas.
A dos días de haber finalizado el plazo de inscripción de candidatos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como si se tratara del final de temporada de una serie televisiva, Thelma Aldana, la ex fiscal general, en menos de dos horas pasó de tener una orden de captura en su contra a ser inscrita como candidata a la presidencia de Guatemala por parte del Movimiento Semilla y adquirir inmunidad.
Un documento filtrado en redes sociales, contenía la orden de aprehensión en su contra, y estaba firmada por el juez décimo de instancia penal, Víctor Cruz. La acusación formal fue presentada por el Ministerio Público (MP) en contra de Aldana por presuntamente haber contratado a Dimas Gustavo Bonilla, el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como consultor para una capacitación que en su momento, según el señalamiento del MP, no se llevó a cabo.
Dimas Gustavo Bonilla ha obtenido tres contratos con el Estado, según el portal Guatecompras, que suman Q253,802.88. En 2015 fue contratado como docente jurídico en el despacho del Fiscal General de la República, por Q 214,774.19.
La orden de captura se hacía pública en un momento trascendental para la candidatura de Thelma Aldana. Una semana antes, ella había presentado su solicitud de inscripción como candidata, pero el TSE aún no la confirmaba para poder competir por la presidencia, junto a su compañero de fórmula, Jonathan Menkos, como parte del partido Movimiento Semilla.
La orden de aprehensión solicitada por el MP en contra de Thelma Aldana y que se filtró en redes sociales.
Tras varias horas de silencio, tanto de las autoridades oficiales de Gobernación, el Organismo Judicial y el MP, como del partido Semilla, el documento fue validado por Fernando Lucero, vocero del Ministerio de Gobernación, a una hora en la que coincidía con la entrega de la notificación del TSE para certificar la inscripción de Thelma Aldana como candidata.
En Guatemala, todas las personas inscritas en la contienda electoral, adquieren inmunidad para asegurar su participación en el proceso. La Ley Electoral y de Partidos Políticos indica que los candidatos gozan de derecho de antejuicio. Y la orden de captura en contra de Aldana, según abogados como Alejandro Balsells y Édgar Ortiz Romero, al ser inscrita como aspirante a la presidencia pierde todo efecto legal y como candidata no puede ser aprehendida sin una resolución judicial que ordene el retiro de inmunidad.
«Thelma Aldana, la ex fiscal general, en menos de dos horas pasó de tener una orden de captura en su contra a ser inscrita como candidata a la presidencia de Guatemala».
Aldana como objetivo
La candidatura de Thelma Aldana, planteada como posibilidad, ha estado rodeada de especulaciones desde hace varios meses. Durante el último año de su gestión al frente del MP se incrementaron los señalamientos en su contra por utilizar las investigaciones judiciales como una herramienta para despejar su camino político de posibles rivales. Casos en contra de la clase política, entre diputados y ex candidatos a la presidencia, le crearon desgaste ante diversos sectores.
Aldana negó en reiteradas ocasiones que tuviera aspiraciones a la presidencia. Sin embargo, tras dejar la fiscalía, un grupo de sus colaboradores en el MP comenzaron a trabajar en una iniciativa política conocida como Plataforma Ciudadana (PC).
Dado que la agrupación comenzó a tomar forma en junio de 2018, a menos de nueve meses del inicio de campaña, la agrupación consideró que el tiempo y los recursos eran insuficientes para formar un partido político.
La opción de PPC, según fuentes cercanas a la agrupación, fue buscar un vehículo electoral con el cual competir. Este grupo se reunió con partidos de todo el espectro político como el empresarial Compromiso Renovación y Orden (Creo); el centrista Encuentro por Guatemala (EG) y el partido Libre; así como el Movimiento Semilla, entre otras agrupaciones.
Inicialmente PC contempló a EG como la opción más viable, y avanzaron durante varios meses en negociaciones para integrar un grupo que incluyera a los candidatos de PC a diputados en casillas con opción de elección. Las dirigencias de ambas agrupaciones, sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo, por lo cual finalmente la alianza se realizó con Movimiento Semilla.
Desde entonces, la candidatura de Aldana ha polarizado el espectro político. El fiscal del partido Todos, Emerson García, en entrevista en Radio Sonora, indicó que denunciarían la candidatura de la ex fiscal ante el TSE por considerar que no reúne las condiciones de idoneidad para ser candidata.
Y durante las últimas semanas, algunas acciones judiciales por parte de Marcelo Sarti, abogado del hermano del presidente Jimmy Morales, en el caso Botín Registro de la Propiedad, plantearon la invalidez de la constancia de inexistencia de cargos, mal llamado finiquito, cuando Thelma Aldana dejó de ser funcionaria pública. También desde el Congreso de la República, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) citaron al jefe interino de la Contraloría General de Cuentas, Fernando Fernández, y al Registrador de Ciudadanos del TSE, Leopoldo Guerra, para tratar este punto.
La solicitud de inscripción de Thelma Aldana, como explicó el presidente del TSE, Mario Aguilar Elizardi, durante la reunión semanal con los fiscales de los partidos políticos, sucedió en un momento en el que el registrador de ciudadanos, Leopoldo Guerra, se reportaba enfermo. “Será una condición que como Tribunal evaluaremos en su debido tiempo. Nunca antes había sucedido”, indicó.
El día en que finalizó el plazo de inscripción de candidatos, Thelma Aldana aún no había sido notificada sobre su participación en las elecciones de 2019. A 24 horas de haber iniciado la campaña electoral, la fiscal general, Consuelo Porras, ordenaba su captura. Y dos horas más tarde, tras la filtración de la solicitud del MP en las redes sociales, el TSE le otorgaba a la candidata de Semilla, la posibilidad de participar como candidata a la presidencia.
El TSE aprobó la inscripción de Thelma Aldana como candidata a la presidencia de Guatemala.
Candidaturas judicializadas
Otros candidatos, al igual que Aldana, han tenido problemas en su inscripción ante el TSE. Una vez iniciada la gestión de sus inscripciones como candidatos a la presidencia, el MP ha presentado investigaciones en contra de diversos actores políticos que buscan ocupar un cargo de elección popular.
Sandra Torres Casanova, del partido UNE, fue inscrita como candidata a la presidencia el 4 de febrero de 2019. Y un día después, el MP pidió el retiro de inmunidad, junto a siete diputados de su partido, al acusarlos de formar parte de una estructura político-criminal que no reportó más de Q19.5 millones durante la campaña de 2015.
La petición de antejuicio en contra de Sandra Torres, sin embargo, no afectó su candidatura a la presidencia, como lo ha confirmado Mario Aguilar Elizardi, presidente del TSE. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) amparó a la candidata de la UNE y el 27 de febrero de 2019, rechazó por mayoría, la solicitud de antejuicio que el Ministerio Público (MP) presentó en contra de Torres.
El 5 de febrero, en otro caso de candidaturas judicializadas, y a tan sólo nueve horas de haber recibido su credencial como candidato a la presidencia, el MP solicitó antejuicio contra José Mauricio Radford, candidato del partido FUERZA, por los supuestos delitos de falsedad material, falsedad ideológica y encubrimiento propio.
La solicitud fue planteada por la fiscal Consuelo Porras. Y la CSJ, un mes más tarde, resolvió que no había indicios suficientes que implicarán directamente al candidato de FUERZA en los señalamientos que procuraba investigar el MP. Radford es oficialmente uno de los candidatos para disputar la presidencia de Guatemala en junio de 2019.
Por otra parte, otra de las candidaturas que ha implicado la participación de los tribunales de justicia, es la inscripción de Zury Ríos, por el partido Valor (antiguo Partido de Liberación Progresista PLP), que fue rechazada desde un inicio por el Registro de Ciudadanos. Ríos no fue inscrita como candidata a la presidencia debido al impedimento constitucional de ser hija del General Efraín Ríos Montt, responsable del golpe de Estado que se llevó a cabo el 23 de marzo de 1982. La decisión de rechazar su candidatura fue confirmada por el pleno de magistrados del TSE.
No obstante, la CSJ otorgó un amparo provisional a favor de Ríos, lo que le permitió ser inscrita el 15 de febrero, en la contienda electoral y recibir su credencial como candidata. Tras una apelación promovida por el TSE, la Corte de Constitucionalidad (CC) –el máximo tribunal de Guatemala- revocó el pasado 12 de marzo el amparo provisional que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había otorgado a la candidata del partido Valor.
La candidatura de Zury Ríos, en tanto plantean nuevas acciones legales para intentar regresar a la contienda electoral, es una moneda al aire que podría solventarse una vez que la CSJ emita su decisión definitiva para inscribir o no a Ríos como candidata a la presidencia.
Thelma Aldana fue Fiscal General de Guatemala de 2014 a 2018.
Los tiempos de la justicia y los tiempos electorales
“La Fiscalía y las investigaciones no tienen tiempos políticos. Los casos se hacen operativos cuando tenemos los medios de investigación y las autorizaciones correspondientes”, indicó el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, acerca de la investigación presentada contra Sandra Torres, ya como antejuicio, y un día después de haber obtenido inmunidad como candidata.
La respuesta de la presidenciable de la UNE fue arremeter contra el fiscal y acusarlo de ser parte “de una estructura que tiene cooptado el MP” y que es controlada por Thelma Aldana.
Ninguno de los actuales rivales políticos de Aldana, sin embargo, parece muy sorprendido por la celeridad con la que avanza la investigación del MP en contra la ex fiscal general. Por lo regular, cuando se señala a una figura pública, los tribunales realizan una primera citación. En este caso, se solicitó directamente su captura. Sin posibilidad de mediación.
En entrevista con la cadena CNN, Aldana indicó desconocer porque su caso había sido declarado bajo reserva hasta el 28 de marzo. “No tengo idea. Lo que sí -sé-, es que manipulan mi participación en el proceso electoral. Voy a seguir la lucha contra la corrupción y muchos están temblando por eso», aseguró la presidenciable.
Aldana también aprovechó la entrevista para responsabilizar de esta denuncia en su contra, en casi cada una de sus intervenciones, al “Pacto de Corruptos”, la denominación genérica para todos los opuestos al cambio en el status quo, según dejó entrever.
El dirigente que busca impunidad en Guatemala, según explicó la ex fiscal general, es el presidente Jimmy Morales. Aldana incluyó entre los miembros de este grupo “a varios diputados” contra los que la ex funcionaria presentó investigaciones relacionadas a lavado de dinero, crimen organizado y corrupción.
La candidata oficial de Semilla evitó calificar el trabajo de su sucesora en el MP, Consuelo Porras, y se limitó a señalar que la actual fiscal general “está vigilante, es lo que sabemos todos los guatemaltecos”. Una clara referencia a las intervenciones de Porras y su constante pasividad que demuestras en sus intervenciones públicas cuando se presenta –en comunicados, en entrevistas, en conferencias de prensa- como “vigilante” del cumplimiento de la ley.
Los tiempos de los procesos judiciales y los tiempos políticos han terminado por coincidir con el inicio de la campaña electoral. A la maratón con la que tradicionalmente se representa la campaña electoral en Guatemala y todos sus candidatos (28 partidos inscritos formalmente), se suma una verdadera carrera de obstáculos, obstáculos judiciales.
El convulso inicio del periodo de oferta electoral deja una paradójica imagen: una carrera en donde los velocistas y el público está más pendiente en ver a quién descalifican, que ver, en realidad, quién lidera la marcha.
Este artículo se republica en el marco de la Red de Investigación periodística de Centroamérica conformada entre Revista Factum de El Salvador, No Ficción de Guatemala y Contracorriente en Honduras.
El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández visitó Estados Unidos donde sostuvo reuniones con la Organización de Estados Americanos (OEA), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Estado. Llevaba una propuesta que con orgullo presentó como un avance en materia de Derechos Humanos, un avance que cambiaría la vida de los países latinoamericanos dañados, desangrados por el crimen organizado, maras, pandillas –o como los llamen– según dijo.
Hernández, en el país donde su hermano se enfrenta a la justicia por presuntos vínculos con el narcotráfico , propuso que cambien conceptos, que se comience a nombrar al crimen organizado como violador de DDHH. Y para fortalecer su discurso hizo alusión a los videos que circulan de acusados de homicidio aceptando que la pandilla los manda a matar, personas siendo víctimas de asalto o ejecuciones a plena luz del día captadas por cámaras de seguridad.
A pesar que en lo que va del año se han perpetrado 15 masacres, y que eso significaría el doble que el año pasado, Hernández insiste en que la reducción de la violencia en Honduras ha sido ejemplar y que para seguir por ese camino necesita aumentar el presupuesto en materia de seguridad y defensa, más policías y militares. Y junto con ese discurso acaba de inaugurar una nueva fuerza especial, la Fuerza Nacional de Seguridad en el Transporte Urbano, otro híbrido entre policía civil y policía militar.
«Sólo tenemos 2 opciones: nos conformamos y perdemos lo que hemos logrado en materia de seguridad en los últimos años o redoblamos esfuerzos para tener niveles de seguridad de primer mundo… le contaba a la OEA que son alrededor de 67 mil personas que han perdido la vida pero una vez que enfrentamos este fenómeno y hemos roto la tendencia lo que hemos logrado es salvar alrededor de 45 mil vidas», destacó Hernández durante su discurso.
Pero Hernández coloca un punto interesante cuando habla sobre Derechos Humanos y habla de involucrar a actores privados (él se refiere solo a maras y pandillas) como responsables de violaciones a DDHH. Conveniente en un Estado donde recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos son ignoradas y cada año esas recomendaciones solo engrosan la lista de pendientes. Y convenientemente solo habla de maras y pandillas y no otras estructuras de crimen organizado, por ejemplo las que desfalcan al Estado o las empresas privadas que en el desarrollo de proyectos extractivistas violan los derechos de la población.
El doctor en Derecho Internacional, Joaquín Mejía escribió en Tratados de Libre Comercio (TLC) y Derechos Humanos: un desafío para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que «…es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención Americana cometida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial, también la responsabilidad estatal puede verse comprometida cuando un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención».
Es el Estado al único que por acción y omisión se puede condenar por violaciones a DDHH.
Si el presidente quiere hablar de Derechos Humanos, podría comenzar respondiendo a las recomendaciones que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Oficina Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han hecho en los últimos meses. Recomendaciones que insisten en desmilitarizar la seguridad ciudadana, en procurar justicia para víctimas de la violencia postelectoral perpetrada por fuerzas armadas, hacer transparentes los gastos en temas de seguridad y defensa, garantizar el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública derogando ley de secretos, despenalizar la injuria y la calumnia y deshacerse de los artículos relacionados al delito de terrorismo y apología al mismo. El Presidente no puede hacer recomendaciones en materia de Derechos Humanos mientras lidere un gobierno autoritario tutelado por las Fuerzas Armadas.
A mi edad, mi abuela materna ya tenía dos hijas, y un tercero en el camino. Era licenciada en educación, e iba por una maestría en el mismo ámbito.
También vivía con un esposo que tenía gusanos en la cabeza, violento y abusador, que muchos años después, su sombra sigue en las reuniones familiares, en la cabeza de todos sus hijos.
Mi abuela paterna, por otro lado, a mi edad ya era enfermera; de vocación, porque no la dejaron estudiar secundaria, sino que su hermano mayor le dijo: «serás enfermera». Y lo fue.
Fue feliz de enfermera, hasta que conoció a mi abuelo y se casaron a los 27, mi abuelo que le dijo «serás ama de casa» y a pesar de llevar diez años en hospitales, con un trabajo e independencia propia, cuando mi abuelo se lo ordenó, lo fue.
Ambas tuvieron historias de querer escapar; más o menos a la misma altura, cuando tuvieron a su primer hijo. Ambas cansadas y frustradas, doloridas y golpeadas, en ese primer año, eran un reflejo de lo que les esperaría. Seguras de haber cometido errores en su vida. Pero cuando sus esposos fueron a buscarlas, ellas regresaron.
Como todas, cometieron errores. Volver con tu esposo. Criar a tus hijos. La diferencia, es que a ellas nunca se les perdonó por ello. Siguieron sufriéndolo, hasta hoy. Atadas a estos hombres, de una manera u otra, y a sus decisiones.
A lo largo de mi vida, he tenido a muchas mujeres que admirar. Mujeres académicas, mujeres artistas, mujeres revolucionarias, mujeres fuertes. Mis abuelas no estaban incluidas en la lista, por lo que yo creía eran sus errores. Su silenciosa resignación.
Ahora, que he entrado a la adultez, que he cometido mis propias equivocaciones, no tropezando con la misma piedra, pero sí con varias en el camino, porque vivir en esta región como mujer no es fácil, y definitivamente no era más fácil hace cincuenta años atrás, pienso en ellas todo el tiempo. La vida no es fácil, no sale como vos querés. Para ellas, definitivamente no lo fue. Pienso en ellas y cómo aceptaron sus vidas, sus equivocaciones y responsabilidades en silencio. La realidad es que estaban solas, sin ayuda. Y pienso en querer tener la misma fortaleza el día de aceptar mis errores, las consecuencias de ellos, y la realidad que la vida nos golpea constantemente, todo el tiempo. Que a veces nos encontramos solas. Y seguir adelante a pesar de todo, cómo ellas lo hicieron.
Asumirme como feminista en un país, una sociedad y un mundo machista y patriarcal es uno de los retos más grandes que he asumido en estos dos últimos años. La deconstrucción es profunda, por ejemplo, a las mujeres nos han enseñado a estar en una constante competencia con otras mujeres, a no poder admitir que podemos tener diversas capacidades. Nos han inculcado la envidia, desde pequeñas, desde que nos dicen las frases como «están las mujeres con las que los hombres se casan y las de pasar el rato» e instantáneamente nos dividíamos para poder ser las mujeres que los hombres y que el patriarcado quiere que seamos.
Es un camino difícil, el de asumirse como feminista, porque te deshacés de amistades, de conocidos/as, te toca discutir con familiares, te deshacés de muchos saberes machistas de la vida, pero también, te hacés de nuevas amistades, que están en ese proceso de deconstrucción y de búsqueda de la liberación total de la mujer. También te hacés de nuevos aprendizajes y de otros espacios que te vuelven libre. Porque el feminismo te vuelve libre, a mí me ha vuelto libre, por muy difícil que sea asumirlo, cuando te apropiás del feminismo y lo llevás donde sea, te hace libre.
Pero es difícil, porque una preferiría vivir sin cuestionarse, porque una preferiría quedarse sin preguntar por qué nuestras tías son las que sirven en las cenas familiares mientras nuestros tíos están platicando, porque una preferiría vivir sin cuestionarse por qué en los centros educativos no te dejan ir de cierta manera vestida porque se considera a la mujer «provocativa», pero al hombre, si le exigen vestirse de cierta forma, es por puros formalismos. Porque una preferiría no cuestionarse tantas cosas, no ser tan incómoda ante los micromachismos o ser tan insoportable para los hombres, histérica por no divertirse de sus chistes machistas y ser insulsa, aburrida, porque ya molesta lo que nos han normalizado por tanto tiempo.
Somos unas exageradas, dicen, que ya tenemos todos los derechos, que ya vamos a la universidad, ya trabajamos y ya hay políticas mujeres en nuestro país.
Y sí, derechos tenemos, las leyes son muy favorecedoras, nuestra Constitución dice que todas y todos tenemos igualdad de derechos. Pero no es suficiente.
Hoy, 8 de marzo, quiero que nos quede claro eso, a todas las mujeres de nuestro país y de todo el mundo. Que nunca es suficiente, que tenemos derecho al voto, y hay que estar felices que nuestras ancestras lograron conseguirlo hace más de 60 años; pero aunque tengamos derecho al voto, no tenemos suficientes espacios políticos, no se nos escucha a nuestras exigencias, y los que siguen tomando las decisiones sobre nuestros cuerpos son hombres. Nos siguen matando, violando y negando nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿de qué nos sirve votar si gobiernan para seguir fomentando un sistema patriarcal que nos mata, nos viola y nos criminaliza?
Nunca es suficiente. Tenemos derecho a trabajar, y también, es un gran logro; pero es un logro que el mismo sistema ha usado a su favor. Ahora, las mujeres cumplimos doble jornadas de trabajo; porque sí, trabajamos, pero además del trabajo fuera de casa, llegamos a atender a los hijos, a las hijas, padres, compañeros, etc., y es un trabajo que no es remunerado. Y se nos tilda de súper heroínas por el hecho de poder ser mamás y tener un buen trabajo. «Amor», le llaman a trabajar hasta 12 horas diarias para luego ir a atender a nuestra familia y hacer todo el trabajo del hogar.
Nunca es suficiente, podemos estudiar, ir a las escuelas y a las universidades, pero eso es un privilegio. Porque muchas niñas, jóvenes y adultas que están en procesos de aprendizajes son las que también deben velar por sus familias, cuidar hermanas y hermanos, servirles a sus papás, tener un trabajo no remunerado en su casa mientras estudian, y mientras sus hermanos, varones, solo estudian.
Nunca es suficiente, y nos vamos a seguir quejando, y vamos a seguir gritando porque todos esos derechos que se reconocieron y los que todavía no, se cumplan, se hagan efectivos. Que no solo estén escritos en las leyes, que se pongan en práctica. Que el trabajo en el hogar deje de verse como un sacrificio que toda mujer tiene que cumplir, sino como lo que es: trabajo. Que nuestra participación política no sea limitada y sea solo para cumplir ciertas obligaciones de incluir a mujeres en sus planes y gabinetes; que tengamos voz, que seamos escuchadas, que seamos nosotras las que decidamos por nuestros cuerpos, por nuestra libertad, por nuestros derechos y no los hombres.
Porque nunca es suficiente, ¡hay que enojarnos y hay que seguir exigiendo!
Hoy, 8 de marzo, no celebramos, conmemoramos nuestras luchas y recordamos también las luchas de nuestras ancestras.
No celebramos, conmemoramos. Conmemoramos las luchas de todas esas mujeres que han estado al frente de la defensa de los territorios, del agua, de las mujeres. También conmemoramos a las que no han estado al frente, a las que nunca consideraron. A las compañeras de hombres que hicieron cambios históricos que nunca habrían hecho sino fuera por el apoyo inmenso de sus compañeras. Conmemoramos a las mujeres obreras, que tampoco están al frente de luchas por la defensa pero que luchan por sobrevivir al día a día, siendo explotadas diariamente, tanto en el hogar, como en la empresa. Conmemoramos a las mujeres que muchas veces se nos olvidan, porque sus nombres no retumban, pero que son las que mantienen el país, y el mundo. Porque si paráramos todas, se para el mundo. Asumirse feminista es entender que no es suficiente, que las mujeres luchamos siempre.
El mercado Los Dolores, le debe su nombre a la iglesia construida por los mulatos que vivían en el Barrio Abajo de Tegucigalpa en el siglo XVIII. Estos construyeron la catedral de San Miguel Arcángel erigida ante la necesidad de comulgar el cristianismo en una época en donde, debido al intento fallido –explica el historiador Edgar Soriano– de segregación social, la principal iglesia católica del centro histórico de la ciudad, estaba prohibida para ellos, los pardos, apelativo que hacía alusión al color más oscuro de su piel, no eran negros, tampoco indígenas. Los Dolores –narran algunos capitalinos– es el nombre que le dieron en homenaje a los muertos durante la construcción de las dos iglesias, la mitología se construye a través de los años.
Aquí, adentro del mercado, si bien hay una variedad de negocios que van desde puestos de ropa hasta talleres de reparación de electrodomésticos, salones de belleza y salas de vídeojuego, el atractivo principal son los comedores, que en su mayoría superan los 15 años de existencia. Comedores permeados por la gastronomía tradicional hondureña, liderados por mujeres que saben –tienen claro, se debe decir– que la vida no es fácil para ellas.
Poco antes, varias horas antes, cuando el día comienza o cuando el día comienza para la mayoría de los trabajadores del país, estas mujeres suman quizá al menos dos horas de trabajo previo: limpiar –porque a pesar del exigente rigor de limpieza, nadie sabe lo que en la noche sucede con los utensilios, explica Vicky, la responsable de las tortillas en Baleadas Lourdes–, preparar los jugos, cortar las verduras para las sopas, hacer la masa que terminará siendo miles de baleadas a lo largo del día.
–Conquistamos este mercado, dice doña Blanca.
–Hicimos la conquista de este mercado.
Lo que antes eran puestos endebles frente a la iglesia de Los Dolores, ahora son sólidos –aunque estrechos, pequeños– comedores donde trabajan familias enteras. Un ejército de mujeres cocineras ha levantado por más de veinte años un espacio donde se hace homenaje, sin saberlo de repente, a la tradición culinaria del país. Hoy son las madres y las hijas y las cuñadas y las nueras, pero fueron las abuelas, en algunos de los casos, las que fundaron el mercado. Son comedores de tradición, de eso no queda duda.
Si bien, en su mayoría, son negocios familiares, no todos lo son. Vicky, en Baleadas Lourdes, Josseline en Comedor Lilian, y otras, son sólo empleadas.
Doña Lilian no siempre fue la jefa de cuatro mujeres, antes trabajaba para alguien como lo hacen ellas para doña Lilian, era cocinera en otro comedor, ahora tiene el propio y habla desde el orgullo de quien se ha construido una carrera, quien ha forjado un nombre en el hierro de la memoria colectiva. Comedor Lilian comenzó como un puesto de carnes asadas, hoy, su menú, es un abanico de opciones.
–Ser mujer y venir a trabajar aquí es lo más hermoso, y si a mí me gusta lo que hago, me siento bien. Si no vengo ellas me hacen falta. Doña Lilian dice esto y señala a sus empleadas, que limpian, que ordenan, que cortan las verduras para la sopa de mañana.
Hacia principios del siglo XX -quizá- en el norte del país hubo uno de los avances más significativos en la gastronomía hondureña: la baleada. Ahora, la baleada casi puede ser cualquier cosa que venga envuelta en una tortilla de harina de trigo, pero no siempre fue así, se sabe –nadie explica cómo pero se sabe– que la baleada inició en los campos bananeros del litoral atlántico hondureño, siendo esa tortilla de harina de trigo con frijoles fritos en manteca de cerdo y queso rallado. Hoy, la baleada ha derivado en infinitas versiones. En Los Dolores, Vicky, hace una de las versiones más populares de la baleada: «la big mama», apodada así por Big Momma, una mujer negra enorme interpretada por Martin Lawrence en Big Momma’s House del año 2000.
Vicky no sabe cuál es el origen de la palabra baleada, en sus once años de experiencia –ocho de ellos trabajados en Baleadas Lourdes– no se ha enterado. Y se ríe con cierta pena infantil, cuando se le pregunta si lo sabe, y dice que no.
Doña Blanca corta cebollas y zanahorias, sentada frente a la vitrina que mantiene caliente las carnes en su comedor. Corta las verduras con la mesura que el más terrenal de los placeres implica, preparar las condiciones para el encurtido que acompañará las carnes para sus clientes. Asar la carne para comérnosla fue quizá lo primero que hicimos como humanidad cuando conocimos el fuego, cuando por alguna casualidad –causalidad de por medio– la humanidad se topó con la aquel evento que no sólo le proporcionaba calor, también modificó la alimentación: poner la carne sobre las fogatas mientras conversaban y comérsela luego, y seguir conversando, moldeó también nuestro pensamiento: supimos entonces que el fuego era bueno, que la carne asada era mejor, sabía mejor, que la carne cruda, dejamos de ser animales salvajes y comenzamos el largo camino hacia la autodomesticación. Doña Blanca no lo percibe, sus clientes lo ignoran, pero en ella habita ese instinto primigenio, asar la carne como lo hicieron los primeros hombres, las primeras mujeres.
La vida puede pensarse desde lo sencillo, desde las pequeñas cosas. Nos suele gustar la idea de que es en los detalles donde encontramos la vida. En Los Dolores, las mujeres que cocinan, pertenecen a otro terreno: al imaginario de lo gastronómico, que lejos del idilio folklórico, es uno mayoritariamente femenino. Hemos entendido, mal entendido, que un chef es intelectualmente superior a una cocinera. Aquí radica un patrón de la división sexual del trabajo culinario, asignando la labor intelectual de la cocina a los hombres, y a las mujeres la postergación de su reconocimiento. No nos hemos pensado necesariamente desde la resignificación el aporte de la mujer, de las mujeres, a la conservación de la historia gastronómica hondureña. En 2004, el Centro de Derechos de la Mujer, reveló mediante una investigación que las mujeres superan en porcentaje a los hombres en las áreas de servicios (11.6%) y alimentos (5.3%).
Blanca Reyes, de Comedor Blanquita, es una mujer que lleva treinta años trabajando como cocinera. Para ella ser una mujer cocinera es realizar una labor pesada, sentimiento que se extiende a las mujeres de los demás puestos dentro del mercado Los Dolores, donde cada una de ellas entiende su trabajo desde un esfuerzo que se hace con dedicación y orgullo, pero que se entiende desde la dureza que realizarlo implica. En su mayoría, los comedores comienzan labores desde las seis de la mañana y se extienden hasta las seis de la tarde, cuando con el anochecer queda únicamente cerrar el puesto, volver a sus hogares, ser mujeres en ellos y volver al día siguiente.
Puede parecer increíble que lo –aparentemente, sutilmente– invisible se haga visible, que no entendamos las cosas obvias, por obvias que sean: que estas mujeres encargadas de alimentar todos los días a tantas personas cuantas quepan, apretadas, en sus comedores chiquititos, estas mujeres trabajadoras del todo poderoso dios del hambre que sacian cuando atienden a sus clientes, si vuelven, o cuando vuelven, a sus hogares, no regresan para descansar, o tomarse una cerveza, o tomarse una cerveza y descansar, porque ni en uno ni en otro lado, escapan a su condición de mujeres trabajadoras. Su condición de mujeres pobres que ha determinado sus alegrías pero sobre todo, como es en la mayoría de los casos, sus tristezas.
Puede que haya aquellos que piensen que ellas son la postal del folklore nacional, que son la estampa curiosa, el plano perfecto para promover la hondureñidad. Puede que haya ciegos. Aun así, Las Dolores, están ahí, todos los días del año
Los rostros de los deportados narran este país. Los zurcos en su piel manchada por el sol nos muestran que la decisión de migrar es dolorosa, que regresar al lugar que los expulsó es como caer en una grieta que se los traga, y es así cómo los pobres, los frustrados, los dolidos –sin que nadie escuche sus gritos– también vuelven, apenas sin ser notados. Pero los deportados en una comunidad minera nos muestran aún más, son el reflejo del espejismo y no del desarrollo que produce el oro en un país como Honduras.
Las caravanas se han convertido en una manera de migrar unidos, de dar un mensaje, de cargar sueños anhelos esperanzas y desesperanzas por la consecuencia de vivir en el país del éxodo, el que privilegia las armas antes que las necesidades básicas, el que se rige por la economía extractiva y el que expulsa no sólo la fuerza laboral sino todo aquello que huela a pensamiento. En este podcast, Jorge Andino les cuenta la historia de Chiqui Rasta, quien puso en canción este cambio en el fenómeno migratorio porque también es su propia historia. Además juntó otras voces del arte nacional para explicar la vida del arte en un país como Honduras.
La primera dama, Ana García reunida con el pastor Roy Santos, Mario Bramnick y secretarios de Estado. Foto de archivo.
Congreso Nacional de Honduras. Foto: Martín Cálix
