Fotografía: Protestas del 30 de abril 2019/Martín Cálix
Después de un largo silencio en las calles, después de los 22 asesinados en protestas tras la crisis postelectoral, después de arrancar el proceso de consolidación del gobierno de Juan Orlando Hernández en un segundo mandato protegido por el gobierno de Estados Unidos; los únicos que se atrevían a decir «Fuera Joh» eran los migrantes. Juntos en caravana, huyendo desesperadamente del país, los migrantes usaban su última energía entregada a la patria para gritar la consigna que se fue borrando en la cotidianidad de sobrevivencia en Honduras.
En febrero de 2019, a un año de la última gota que derramó el vaso de la protesta contra la reelección del Presidente, un joven economista, influyente en redes sociales y medios digitales, convocó a una movilización de las olvidadas antorchas, una convocatoria general con la bandera anticorrupción. Las antorchas del movimiento indignado de 2015 en un intento por reaparecer. A esta prueba se apuntaron alrededor de 80 personas, según el propio conteo del economista. Luego, el Colegio Médico de Honduras convocó a protesta de antorchas finalizando con un foro nombrado: El ciudadano en la calle. Esa ya era la cuarta del experimento y ya sumaban unas cien personas más. Gradualmente, en Tegucigalpa y al norte de Honduras, en El Progreso, Yoro; fueron saliendo las familias nuevamente con sus antorchas, después de las cinco de la tarde, con pancartas coloridas y niños vestidos con productos promocionales del «Fuera Joh».
Así, las ciudades más significativas del descontento popular: Tegucigalpa, San Pedro Sula y El Progreso, fueron saliendo del encierro, ignorando tal vez que en el sur del país las protestas no cesaron y se radicalizaron en 15 meses, cada semana de manera ininterrumpida, sumando 138 acciones de protesta.
Heridos, detenidos, criminalizados, y un joven asesinado en Choluteca en la última ciudad de Honduras, geográficamente, pero también porque poco ha importado incluso en el imaginario colectivo. El norte y el sur en un país tan pequeño no deberían tener la connotación global, la del norte con más recursos y el sur pobre y explotado. En un país que ha sido explotado de forma pareja, siempre el sur es muestra de la precariedad, de la violencia con la que el extractivismo deja seca la tierra. El grito del sur es el único que se mantuvo después del pico de descontento expresado en las calles después de las elecciones de 2017.
Después de las antorchas de marzo, las manifestaciones se fueron nutriendo con la suma de la causa «David Romero», en defensa del periodista que preso por calumnias y difamación, se convirtió en un estandarte de la libertad de prensa pero sobre todo de la consigna “Fuera Joh”. Y luego la incorporación de dos grandes gremios, callados y opacados en otras coyunturas políticas: los médicos y los maestros.
En el Congreso Nacional se discutió una ley de reestructuración para el sistema de salud y el de educación basada en el Decreto Ejecutivo número PCM-027-2018 en el que se declaró estado de emergencia en la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, con la finalidad de facilitar los procesos de transformación y reestructuración. Esto es igual a una movida corrupta, según la oposición y los gremios, que recuerdan cómo han sido saqueadas estas instituciones y utilizada la emergencia para comprar sin procesos de licitación transparentes. Esto responde a la desconfianza de todo lo que venga del gobierno de Juan Orlando Hernández.
La discusión en el Congreso estuvo a la altura del congreso hondureño, entre gritos y manifestaciones de la oposición, el secretario de este poder del Estado le gritaba a otro diputado que parecía «niñita» llorando. Los gremios sacaron esta discusión a la calle y con una posición firme de exigir la suspensión definitiva de la discusión de esta ley, sumaron una causa más al hartazgo popular.
De la manifestación con antorchas a la toma de calles o protestas frente al Congreso Nacional, la respuesta del gobierno ha sido de represión. A mayor represión, mayor expresión de violencia en la manifestación. Esta semana, estudiantes universitarios se unieron a los gremios y el Congreso Nacional tuvo que retroceder, la ley de reestructuración en salud y educación se eliminó del acta y se restringió su discusión hasta nuevo aviso, cuando llamen a los sectores interesados a negociar.
La crisis hondureña se desborda inesperadamente y el recipiente, la mayoría de la población, cada vez puede sostenerla menos. Ya sea en las calles protestando o en la terminal de buses aglutinándose para huir en caravana hacia Estados Unidos, la Honduras más golpeada está dando un mensaje: no hay movimiento del actual gobierno hondureño que no genere rechazo.
