La noche del 28 de febrero, el Congreso Nacional (CN) aprobó en una sola nómina el nombramiento de altos cargos en el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Unidad de Política Limpia, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). En noviembre de 2023, el CN cubrió los viáticos de una comisionada del IAIP que ahora fue elegida para la Unidad de Política Limpia, y la oficial de transparencia de Casa Presidencial fue nombrada en el IAIP; esto abre el debate sobre la independencia de estas unidades.
Texto: Fernando Silva y Vienna Herrera
Con reportes de Jennifer Ávila
Fotografía: Fernando Destephen
El Congreso Nacional (CN) cubrió los viáticos de la comisionada Ivonne Ardón, del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para que participara en el XXV Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realizado en México entre el 13 y 15 de noviembre del 2023, según consta en el oficio n.° IAIP-020-2023.
Ardón envió al CN un informe ejecutivo y de liquidación en el que detalla el pago de 636.67 dólares en boleto de avión y 100 dólares de maleta, así como 560 dólares en pago de hotel, pero no menciona si hubo más costos cubiertos por este poder del Estado.
Previamente, en abril del 2022, el IAIP hizo modificaciones presupuestarias internas para cubrir un monto de 72 mil lempiras de viáticos para que Ardón viajara al XXII encuentro de la misma red, realizado en Chile; en esa ocasión, Ardón participó como expositora. Esa información consta en el acuerdo n.° SO-029-2022.
Durante una conferencia de prensa ofrecida a los medios para anunciar su nuevo puesto en la Unidad de Política Limpia, Ardón le dijo a Contracorriente que la aprobación de ese fondo se dio porque el IAIP no tiene recursos para viajes en su presupuesto. «Se solicitó primero a Casa Presidencial y nos apoyaron con la compra del boleto, y se le solicitó al Congreso para la cobertura del hotel y la alimentación en la Ciudad de México. Esos fondos están debidamente liquidados ante el Congreso de la República», dijo. El fondo se aprobó cuando ella ya era candidata para la Unidad de Política Limpia.
Ardón agregó que el fondo «fue autorizado por el pleno de comisionados (…) no hay ningún conflicto de interés tampoco porque yo seguía siendo comisionada del Instituto, y el proceso de concurso para venir aquí fue en el mes de agosto del año pasado», argumentó.
Por su parte, el comisionado Vladimir Mendoza, quien recién pasó del IAIP también a la Unidad de Política Limpia, aseguró en la misma conferencia de prensa que ya había tenido reuniones previas con la Unidad de Política Limpia «porque teníamos la fe en Dios de que íbamos a venir acá».
El hecho de que un viaje de la comisionada del IAIP haya sido financiado por el Congreso Nacional abre un debate sobre la independencia del Instituto de Transparencia, que ha sido además cuestionado por otorgarle al Congreso Nacional dos veces consecutivas el 100 % de puntuación en transparencia, cuando en este poder del Estado hay omisiones importantes en la información publicada en sus portales.
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Por otro lado, la comisionada Ardón no solamente tiene trayectoria en el IAIP; en agosto de 2023, una publicación del medio digital Criterio.hn señaló que Ardón fue la encargada de presentar los informes financieros de candidatos del Partido Liberal ante la Unidad de Política Limpia para las elecciones primarias y generales de 2021.
En 2015, Ardón también fue investigada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) porque demandó por asuntos laborales al Congreso Nacional de Honduras. Durante el tiempo en que estaba en proceso de resolución la demanda laboró en el IAIP, contraviniendo la disposición establecida en en el artículo 129 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el período fiscal 2013, donde se establece que los servidores públicos que han demandado al Estado no podrán laborar en otras secretarías.
Ardón trabajaba como oficial de protocolo del Consejo Nacional de Juventud desde 1999, y en 2007 fue despedida sin causa, pero no fue hasta 2015 que la demanda se resolvió a su favor. Sin embargo, Ardón había recibido pagos del IAIP desde 2013, cuando ocupaba un puesto en comunicaciones de forma interina, y en 2014 comenzó a laborar de forma permanente en un cargo de asistente ejecutiva. El TSC concluyó que Ardón recibiría la indemnización del CN, pero le redujeron los salarios que ya había percibido hasta el momento en el IAIP, tal y como dice que debe hacerse en un caso así, según el mismo artículo 29 del Presupuesto.
La elección de nuevas autoridades en la Unidad de Política Limpia se postergó desde mayo de 2023, cuando el CN creó una comisión para seleccionar a los comisionados. En julio publicaron la lista de los postulantes, dos de los cuales eran comisionados del IAIP que estarían en ese cargo hasta septiembre del 2024. Mientras tanto, el portal de transparencia del IAIP estuvo fuera de servicio desde el 19 de diciembre de 2023 y se volvió a habilitar el 28 de febrero, mismo día en que fueron elegidos Vladimir Mendoza y Ardón, dos excomisionados del IAIP en la Unidad de Política Limpia.
Ardón es parte de los 12 cargos elegidos en una sola nómina por el Congreso Nacional, que incluyen nombramientos en el Ministerio Público (MP), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Unidad de Política Limpia, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Una elección cuestionada
En la sesión que se llevó a cabo en el CN a las 9 de la noche, 110 diputados votaron por la ratificación de Johel Zelaya como fiscal general y Marcio Cabañas como fiscal adjunto. Ambos desde el 1 de noviembre del 2023 ocupaban los cargos de forma interina, después de que así lo decidiera una comisión permanente formada por nueve diputados propietarios, la mayoría del partido oficialista.
En el TSC nombraron a Jorge Medina (PL), Ricardo Montes (PN) e Iztel Palacios (Libre) por siete años; en el TJE a Mario Morazán (Libre) y Mario Flores (PN). En la Unidad de Política Limpia fueron nombrados Emilio Hércules (PN), Ivonne Ardón (PL) y Vladimir Mendoza (Libre) por seis años; los últimos dos eran comisionados en el IAIP, instancia para la cual quedaron en su lugar Miguel Berríos (PL) y Lucy Ondina Hernández (Libre), hasta septiembre del 2024. Lucy Ondina Hernández era la encargada de la Oficina de Transparencia de Casa Presidencial en el gobierno actual.
Durante la presentación de los nuevos comisionados del IAIP, Contracorriente consultó a Berríos si había garantías de que el IAIP fiscalizara al gobierno cuando una de las comisionadas trabajaba en Casa Presidencial, a lo que él respondió que desconocía esa información.
Sobre la independencia del IAIP, Berríos dijo que, aunque fueron seleccionados por el CN, «una vez que asumimos estas funciones nos volvemos independientes porque nos debemos al servicio de la población hondureña».
Después de la presentación de la nómina, el diputado del Partido Libre Jorge Cálix manifestó durante la sesión legislativa no sentirse satisfecho por los nombramientos, debido a que en el Ministerio Público nombraron «a una persona que es liberal como fiscal general, un liberal como adjunto también, y dentro del acuerdo del tripartidismo, un director de fiscales nacionalista».
Cálix denunció que la junta directiva del CN se había reunido con Nasry «Tito» Asfura, exalcalde y excandidato presidencial por el Partido Nacional, el día anterior a estos acuerdos. «¿Por qué reunirse con Tito, que además tiene procesos judiciales pendientes? Está participando en la elección del fiscal, se ve mal, hay conflicto de interés, tiene requerimientos fiscales en proceso que no están cerrados; ¿se negoció algo de eso? ¿Por qué, si el fiscal desde que asumió estaba diciendo que está revolviendo procesos antiguos, particularmente estos no los tocó? Esto lo tiene que saber el pueblo hondureño», dijo Cálix, mientras algunos congresistas le aplaudían.
Cálix cuestionó si en las negociaciones con Asfura estaba el declarar con lugar un recurso que está contenido en el expediente 906-2016 de la Sala de lo Constitucional, que implica una demanda de Banco La Constancia en contra de un banco estadounidense por un monto de 50 millones de dólares. Este caso ya tiene apelaciones, recurso de casación y amparo sin lugar, pero se mantiene vivo por una revisión civil contra una sentencia de amparo. «Díganme si ese caso del socio de don Tito Asfura, Johnny Kafati, está metido en esta negociación, porque ese expediente debería estar cerrado, porque no procede un recurso de revisión civil contra una sentencia de amparo», reclamó.
«Lamento que hayan puesto todos los cargos en una sola moción. Si esto lo hubiera hecho el Partido Nacional, aquí hubiera habido una insurrección legislativa (…) Eso es una cachurecada más, aprendieron bien», dijo Cálix, quien aseguró que lo amenazaron con que si se oponía presentarían requerimientos fiscales en su contra.
Compromiso con la transparencia
Durante el juicio contra el expresidente Hernández, uno de los mayores temas que revelan los testimonios es el financiamiento del crimen organizado a partidos políticos. Hasta el momento, los testigos han mencionado haber financiado a políticos de los tres partidos que pusieron a sus representantes en las instituciones elegidas el 28 de febrero.
La comisionada Ardón, ahora en la Unidad de Política Limpia, dijo que era un reto trabajar con esas condiciones. «Nos toca a nosotros buscar cómo hacer los mecanismos de control para que las instituciones no sean permeadas por el crimen organizado por el tema de lavado de activos», expresó.
Por su parte, el comisionado Emilio Hércules apuntó que, aunque el presupuesto de esta unidad ronda los 51 millones anuales, no es suficiente y debe tecnificarse, «o quedarnos únicamente con la auditoría que se hace actualmente o con el monitoreo de medios (…) la persona que está buscando introducir fondos de origen ilícito en las campañas siempre se las ingenia para poder introducirlo de una manera u otra», dijo. Destacó, además, que debe haber reformas a la ley y a sus reglamentos internos para poder atender el próximo proceso electoral en 2025.
