A pesar de que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) tiene un reglamento contra el acoso sexual, el mismo no garantiza un proceso seguro y no revictimizante para quienes denuncian. Entre 2018 y 2022 la Unidad Contra el Acoso Sexual dio 276 orientaciones, de las cuales sólo 60 llegaron a una denuncia formal.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Fernando Destephen
Sonia*, una estudiante de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS) denunció ante las autoridades universitarias que uno de sus maestros la acosó sexualmente. La audiencia por este caso ocurrió el miércoles 20 de septiembre y el viernes 22, la Unidad Contra el Acoso Sexual dictaminó que habían pruebas suficientes del acoso, pero pidió solamente una sanción de 8 días sin goce de salario para el docente. Ante esto, Sonia dice que preferiría no haber denunciado porque el proceso le trajo más problemas que soluciones.
Cursaba la asignatura durante el segundo periodo académico del año a las 7 de la noche. A Sonia le faltaban algunos puntos para pasar la clase, por lo que podía optar para hacer una reposición del último examen, pero no tenía el dinero para pagar la reposición. Le comentó eso a una amiga y el docente la escuchó, le pidió quedarse y cuando no había nadie más, le dijo que comprendía su situación y que podía ayudarle a pasar, «me dijo que desde que me había visto en vestido le parecí “preciosa” y que le atraía», contó Sonia a Contracorriente y agregó que el docente le ofreció acostarse con él para pasar la clase sin tener que pagar la reposición.
Sonia recordó que en ese momento quiso llorar, «para mí fue súper humillante el hecho de que él siquiera haya pensado en ponerme en esa situación». Ella le dijo que lo pensaría con la intención de poder irse y que él no sospechara que lo iba a denunciar. Sus amigos le recomendaron no denunciar porque habían escuchado que las sanciones no eran fuertes, pero Sonia acudió al Comisionado Universitario al día siguiente y se dio cuenta que no tenía pruebas, entonces comenzó a escribirle mensajes al docente para que le confirmara lo que le había dicho en persona y así tener pruebas vía mensaje de texto y con testigos al frente, ya que en ese momento le acompañaba una abogada privada.
Sonia es una joven que trabaja y estudia, vive en otra ciudad y le toca desplazarse por al menos una hora para poder llegar a sus clases, «a veces eso hacía que llegara tarde o cansada y él me decía que no le gustaba verme así, entonces siento que él ha de haber dicho que como yo tenía el interés por pasar la clase, entonces seguramente iba a estar dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de pasar. Siento que me vio vulnerable», explicó.
Aunque Sonia tenía las pruebas en su teléfono, en donde el docente confirmaba su nombre y su propuesta, en la oficina del Comisionado Universitario de UNAH-VS le recomendaron que esperara a iniciar el nuevo periodo académico, un par de semanas después, para poner la denuncia porque si no la misma podría prescribir. A Sonia le dijeron que sólo daban 30 días para el caso y que, si ella denunciaba en ese momento, le tomarían el tiempo de las vacaciones, que eran aproximadamente dos semanas.
Sonia se sintió impotente y dijo que le pareció injusto y que prácticamente fue obligada a tomar esa decisión «porque básicamente yo tuve que perder mi clase» y explicó que esta situación le afectó su índice académico y no pudo matricular porque el día de matrícula era el último debido a la nota de esa clase. Agregó que en el Comisionado Universitario aunque le ofrecieron ayudarle con la cancelación de la clase, esta se daría hasta iniciada la denuncia por lo que no le sirvió para resolver su situación. Sonia no matriculó, temiendo también tener que dejar sus estudios por la posibilidad de obtener una resolución desfavorable del caso.
La abogada Dayanara Guillén, oficial de la Unidad Contra el Acoso Sexual, le dijo a Contracorriente que aunque no puede referise a ningún caso en específico , no es cierto que las denuncias prescriban una vez iniciado el proceso, «el tiempo que nosotros tenemos para investigar un caso son dos semanas, o sea, un caso que es admitido no se puede cerrar. Una vez comenzamos la investigación ésta dura dos semanas, a veces una semana más cuando es a un centro regional debido a que yo tengo que viajar hasta ese lugar, pero no tenemos casos pendientes porque el reglamento no lo permite, ni podemos cerrarlos a mitad de procesos, sino que tenemos que terminar hasta que podemos establecer que encontramos o no el indicio de participación de esa persona que ha sido denunciada», señaló.
Esta misma información se encuentra en el Reglamento Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Acoso Sexual en la UNAH que en su artículo 9 dice «el procedimiento de instrucción y de imposición de sanciones deberá concluirse en un plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha del auto de apertura. Este término no incluye los recursos que se puedan presentar contra la resolución del órgano sancionador», lo que quiere decir que el artículo habla de una obligación de las partes dentro de la UNAH para que resuelvan con prontitud, no de una prescripción. En el reglamento no queda claro si con «máximo de un mes» se refiere también a contar los días hábiles y los feriados o vacaciones.
Sonia añadió que en el comisionado universitario también le dijeron que podía ir a hacer su reposición acompañada de un policía, pero ella no se sintió cómoda con la idea, no quería ver al docente.
Según el artículo 35 del reglamento, la denuncia debió ser aceptada de inmediato porque estaba un periodo en curso, el mismo reglamento señala las opciones que se debieron tomar, «se debe separar a las partes mediante la reubicación académica o laboral de la persona contra la que se presenta la queja o de la presunta víctima de acoso sexual; en este último caso a petición de ésta. Redistribuir la jornada académica o laboral de una o ambas partes, reubicar a una presunta víctima en otra sección u horario, sustituir preventivamente al denunciado por otro docente, retener exámenes, pruebas o evaluaciones de las personas involucradas, así como ordenar la no inscripción de calificaciones. Nombrar un docente sustituto (a) que practique las evaluaciones», dicta el artículo, aunque en su primer acercamiento para poner la denuncia ninguna de estas opciones le fueron ofrecidas a la estudiante.
Sonia denunció a su docente hasta el 11 de septiembre. El proceso al poner una denuncia es el siguiente: la denunciante llega a las oficinas del comisionado universitario en su centro de estudios, ahí reciben la denuncia y una vez admitida el primer paso es informarle al denunciado; una vez notificadas las partes, se convoca a una audiencia en dónde cada parte presenta sus pruebas, esta audiencia la dirige la abogada que coordina la Unidad Contra el Acoso Sexual, en este caso la abogada Dayanar Guillén que se encuentra en Tegucigalpa, ella debe viajar a cada centro cuando recibe un caso.
Finalmente, evacuada la audiencia, la Unidad hace un informe en el que recomienda que tipo de sanción se le puede aplicar al acusado, dependiendo de la gravedad que consideren en el caso.
La Unidad Contra el Acoso Sexual entre 2018 y 2022 dio 276 orientaciones en las que estudiantes se acercaron a las oficinas por información, pero sólo 60 llegaron a una denuncia formal, «al final la víctima toma la decisión de no presentar la denuncia o hay casos que son remitidos por una autoridad o por una tercera persona y al llamar a la víctima ésta no ratifica los hechos o no la encontramos porque tal vez no hay suficiente información para ubicarla», dice la abogada Guillén.
Julissa Rivas del movimiento «Yo no quiero ser violada» dijo a este medio que esa diferencia entre los casos y las denuncias formales es porque el reglamento, «está diseñado para que la persona sea revictimizada, por ejemplo, el docente tiene que darse cuenta de entrada, quién te está denunciando y entonces puede tomar represalias contra vos», explicó que conoce casos cercanos en los que las mujeres desistieron de denunciar formalmente por el miedo que genere el proceso.
Además de esto, en la UNAH el acoso prescribe cada dos meses, según el artículo 34 del reglamento especial, quiénes denuncian deben hacerlo en un máximo de «dos meses después de finalizado el periodo académico en que alegan haber sido víctimas de acoso sexual». En casos donde no sean situaciones de alumna-docente debe ser dos meses desde el último acto constitutivo de acoso sexual.
«Luego, la otra dificultad es cuando te piden pruebas, es bien difícil conseguirlas porque la agresión sexual o la insinuación a veces es bien sutil, no es como que te lo va a decir en frente de toda la gente o te va a mandar un mensaje explícito diciéndote esto sino que muchas veces puede ser dentro del mismo aula de clases o en la forma en la que te evalúa, que a veces insisten en que no estás haciendo bien algo solamente para tener un momento para poder estar a solas», añadió Rivas.
El movimiento «Yo no quiero ser violada», que si bien no se dedica solamente al activismo en la universidad, nació después de que la estudiante de medicina de la UNAH, Silvia Izaguirre, fuera víctima de un femicidio cuando unos hombres que se subieron a asaltar a un bus en Tocoa la vieron e intentaron violarla, ella se defendió y la mataron. Este movimiento inició pegando una pancarta con dos ojos de una mujer y la leyenda «yo no quiero ser violada», también han hecho actividades para poner papeles en blancos en zonas de la universidad y que las personas puedan llegar a escribir quién es su agresor, esta actividad les produjo muchas agresiones por parte de docentes. Rivas explicó que incluso un docente de filosofía, cuyo nombre apareció en los papeles, llegó a decir que nadie las iba a violar porque eran feas y después de recibir ese tipo de respuestas tan agresivas, decidieron dejar de hacer actividades similares porque la exposición era grande y no había un respaldo institucional hacia ellas.
Para Rivas es también importante tomar en cuenta que muchas mujeres también sufren acoso sexual de los guardias de seguridad de la universidad, «y ahí no pasa nada, o sea, no cambia ni el personal, ni tampoco hay una sanción, ni se cambia la empresa porque hubo un momento en el que hicimos una movilización interna y lo que exigíamos era que se cambiara la empresa de guardias de seguridad, pero nunca se dio», dijo.
Según el reglamento, las posibles sanciones en un caso de acoso sexual son: una amonestación escrita con copia al expediente laboral que será aplicada por el superior jerárquico, la suspensión sin goce de salario por un periodo no mayor de ocho días aplicada por la rectoría, la perdida de derecho a ascenso o promoción hasta por dos años y finalmente la cancelación del contrato por servicios o despido sin responsabilidad indemnizatoria para la universidad. Sonia cuenta que, en el comisionado, previo a tener la audiencia o iniciar la denuncia, le dijeron que seguramente la sanción sería la suspensión sin goce de salario.
Para Sonia es difícil saber que el docente no será despedido porque si quiere seguir estudiando, tendrá que seguir caminando el mismo edificio que él «porque es Jefe de Departamento, entonces su oficina prácticamente está cerca de las aulas donde a mí me tocaría recibir clases y por eso estoy pensando si continuar o no en la universidad o cambiarme de universidad o qué puedo hacer», dijo Sonia y explicó que aunque le colocaran otro docente para llevar la asignatura, no se sentiría confiada si él sigue siendo el jefe de carrera y puede buscar represalias a través de sus subordinados.
La Unidad Contra el Acoso sexual es la que se encarga de recomendar las sanciones, pero estas son aplicadas por los jefes de carrera y la rectoría, en el caso de que se trate de un jefe de carrera, sin embargo, en todo el reglamento no se estipula cuándo se considera como grave un caso de acoso sexual, sino que queda a criterio de quién dirige la audiencia.
Sonia explicó que cuando leyó el reglamento, se dio cuenta de que son los jefes de carrera los que reciben las sanciones a otros docentes y que, en su caso, había sido acosada por un jefe de carrera, lo que la hizo cuestionarse si podría confiar de que impuso sanciones correctas, si es que sucedieron denunciasa sus subordinados.
La abogada Guillén dijo que el reglamento no es la única medida con la que previenen el acoso sexual. Los docentes están obligados a tomar un curso en el que se explica sobre acosos sexual, los estudiantes también lo toman al momento de su inducción y aseguró que hay una capacitación permanente.
Para Rivas la universidad debe buscar implementar mayor formación en perspectiva de género tanto en docentes, como en estudiantes. También procurar nuevos mecanismos de denuncias que no sean revictimizantes y que la sanción signifique una muy seria repercusión hacia la persona denunciada, «con pequeñas acciones se muestra la voluntad», finalizó.
*El nombre de la estudiante se cambió para proteger su identidad.
*El nombre del docente acusado se omitió porque la resolución de la universidad mantiene esos datos confidenciales.
