Pueblo garífuna denuncia  atentado contra Miriam Miranda y se declara en alerta

En la madrugada del 19 de septiembre un grupo de desconocidos ingresó a la vivienda de Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). Huyeron cuando fueron detectados. Este hecho tiene en alarma al pueblo garífuna, que ha sido golpeado muchas veces por defender sus territorios.

 

Texto: Allan Bu

Fotografías: Jorge Cabrera

 

En la madrugada del pasado 19 de septiembre, un grupo de hombres armados burló el sistema de seguridad en la comunidad de Vallecito, Colón y logró ingresar a la vivienda de Miriam Miranda, lideresa garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). Cuando la escolta asignada a Miriam detectó la presencia de los desconocidos, éstos huyeron en la oscuridad de la noche, según relató en una entrevista para Contracorriente, el subcoordinador de asuntos internacionales de Ofraneh, Rony Castillo. 

 

«(Los desconocidos) Hablaron con el equipo de seguridad de Miriam, quienes lograron detectarlos cuando ya estaban adentro, por eso no ejecutaron el plan. Cuando les pidieron identificarse, en ese momento huyeron y no hubo intercambio de disparos ni nada, pero desafiaron todo el sistema de seguridad de la comunidad. Hay detalles que todavía estamos recabando porque esa es una cuestión que todavía nos tiene en shock», contó Castillo.  

 

«Estamos en alerta total», dijo y agregó que en la comunidad creen que el grupo armado se fugó, pero se mantiene cerca. Recordó que desde el 2014, —cuando secuestraron a Miranda, quien fue rescatada luego por la comunidad— no se habían tenido este tipo de amenazas o atentados.  Vallecito, al igual que Triunfo de la Cruz tiene medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y Miriam Miranda también tiene medidas de protección y escolta asignada desde el atentado de 2014. «No habíamos tenido una cuestión de estas», recalcó Castillo. 

 

Hay  sentencias de la Corte IDH en las cuales se ha dado la razón al pueblo garífuna, pero, hay que decir que lamentablemente estas han cambiado muy poco la vulnerabilidad ante el despojo de sus tierras y ante la violencia.  Las comunidades de Triunfo de La Cruz en Atlántida y Punta Piedra en Colón tienen fallos a su favor. 

 

La primera sentencia en Triunfo de La Cruz fue notificada el 8 de octubre de 2015. Se ordenó al Estado de Honduras a que dentro de un plazo de dos años procediera a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la comunidad y esto no se ha realizado, pese a los reclamos de la comunidad que exigen el cumplimiento del fallo, no fueron escuchados después de ocho años.  También en 2015, el Estado de Honduras fue condenado en el caso de la comunidad de Punta Piedra como responsable de la violación del derecho de la propiedad colectiva. 

 

Actualmente, hay otra demanda colectiva en la Corte-IDH contra el Estado realizada por la comunidad de San Juan de Tela, cuyos pobladores han sido despojados de sus tierras ancestrales por empresarios del turismo en contubernio con autoridades estatales y locales. Están a la espera de la sentencia.

 

Aún con las sentencias a favor y el dictamen de medidas cautelares a favor en algunas comunidades como el Triunfo de la Cruz, los riesgos siguen latentes para el pueblo garífuna.  Los asesinatos y amenazas en contra de este pueblo no cesaron. Y el Gobierno de Xiomara Castro, en cuyo discurso se menciona el respeto a los derechos humanos, ha tomado muy pocas acciones para que esto cambie. 

 

Rony Castillo sostiene que el ataque sufrido por Miriam es justamente porque ella y Ofraneh,  «han estado denunciando un plan genocida contra el pueblo garífuna. Hace poco hicimos un foro en Tegucigalpa y justamente el lema era “alto al genocidio contra el pueblo garífuna” y planteabamos las razones por lo que decíamos eso». 

 

Para hablar de un plan genocida, como lo hace Castillo, hay razones. En octubre del 2019, fueron asesinados dos líderes garífunas. A Óscar Francisco Guerrero lo mataron en Masca, Cortés, mientras iba a tomar una mototaxi. Y a Digna Montero, dirigente de la Ofraneh, la asesinaron  a balazos en su casa de habitación. 


La violencia no ha cesado en contra del pueblo garífuna. El 18 de julio del 2020 fueron secuestrados en Triunfo de La Cruz Sneider Centeno, Suami Aparicio, Milton Joel Martínez y Gerardo Roche. Se informó que el hecho fue realizado por hombres vestidos como miembros de la Agencia de Investigación Criminal (Atic). Siguen desaparecidos.  En el 2023, la Ofraneh denunció los asesinatos de los defensores Ricardo Montero y Martín Morales.

Mirian Miranda entra a las instalaciones del Ministerio Público en Tegucigalpa. Foto CC/Jorge Cabrera

Tras la muerte de Morales, la Ofraneh emitió un comunicado en que condenó el asesinato y  «la ocupación ilegal de terceros en los territorios garífunas, quienes están generando el terror, agresiones, asesinatos y desaparición de los líderes y lideresas de nuestras comunidades». Los asesinatos y la sostenida violencia contra la población garífuna no ha encontrado una respuesta contundente desde el Estado, siendo esta característica transversal a los gobiernos.

 

Lo anterior se evidencia en el comunicado realizado por la Ofraneh, dos días después del atentado contra su coordinadora. En el  mismo, la organización denuncia que la reunión programada con el estatal Comité Técnico del Mecanismo de Protección Nacional (CTMP), para observar las medidas tras el atentado a Miriam Miranda, no pudo realizarse por la ausencia de tres de las partes obligadas a asistir.

 

«Manifestamos nuestra indignación, que a pesar del riesgo inminente a la vida de Miriam Miranda y el pueblo garífuna, después del atentado criminal sufrido el 19 de septiembre del presente, a esta reunión no se presentó la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de los Derechos Humanos y departamento de derechos humanos de la Policía Nacional, justificando su ausencia por la falta de tiempo para tramitar viáticos», se indicó en un fragmento del comunicado.

 

La ausencia de estos funcionarios, sigue diciendo el comunicado, solo demuestra la inoperancia del Mecanismo de Protección  y además, «evidencia el racismo institucionalizado y el desprecio a la vida de nuestro pueblo».

Tras conocerse la noticia del atentado, el ministro de presidencia Rodolfo Pastor Campos de María, se solidarizó con la coordinadora de Ofraneh a través de la red social X: «Condenamos la violencia perpetrada contra la compañera Míriam Miranda y la comunidad que dignamente representa. Se ha activado el mecanismo de protección para garantizar su integridad, sus derechos y su libertad con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos, la Policía Nacional y la Secretaría de Defensa», escribió el funcionario, pero esto contrasta con lo denunciado por Ofraneh y confirmado posteriormente  por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) a través de un comunicado.

Rony Castillo, dirigente de la Ofraneh, hizo un llamado público: «Insistimos que tiene que haber un alto al genocidio y el exterminio del pueblo garífuna, nosotros estamos en la playa y son territorios apetecidos por grupos de poder en contubernio con funcionarios y con criminales. Queremos paren ese genocidio. Nosotros solo defendemos la vida, que es nuestro territorio».

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