A pesar de que el Partido Libertad y Refundación (Libre) prometió que gobernaría con una agenda feminista, algunos funcionarios públicos de ese partido han sido denunciados por violencia machista dentro o fuera de sus funciones. Algunas mujeres sobrevivientes a esta violencia no se han atrevido a denunciar debido al silencio –o apoyo implícito– de las autoridades del partido Libre y de la presidenta Xiomara Castro que nunca se han pronunciado públicamente por estos casos.
Texto: Vienna Herrera
Portada: Daniel Fonseca
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera
Jairo López, delegado regional del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), era conocido públicamente como defensor de derechos humanos en el departamento de Choluteca, al sur de Honduras. Sin embargo, detrás de su activismo por los derechos humanos se ocultaba que López ejercía violencia física, emocional y económica contra su esposa quien lo ha denunciado ante el sistema de justicia.
«Pienso que mientras nosotras lo defendíamos, ese reino del terror estaba en su hogar», dijo Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU) que acompañó a López durante varios años mientras enfrentaba procesos judiciales, algunos aún abiertos, por su trabajo de defensor.
Desde 2015, ASOPODEUH y la organización ACI Participa acompañaron a Jairo con apoyo legal, incidencia, presentando su caso a nivel internacional y ante actores de libertad de expresión como las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19. «En 2018 ayudamos a que se desplazara con su familia a Tegucigalpa. Después de que fue encarcelado cuando cubría una manifestación, creímos que corría mucho riesgo porque prácticamente lo secuestró la policía. Entonces sugerimos que se viniera a Tegucigalpa, empezamos a buscar fondos para el desplazamiento» dijo Meza.
En ese acercamiento en el que visitaba el hogar que le había gestionado a Jairo, Dina Meza identificó señales de alerta, «yo miraba situaciones, como les visitaba constantemente en su apartamento hay unas características de la mujer agredida que uno ya identifica. No tenía para comprar productos esenciales para ella a pesar de que había recursos, él se los quedaba todos».
Meza contó que la esposa de Jairo había dejado su plaza como maestra en Choluteca por el desplazamiento, pero que esa situación la puso en mayor vulnerabilidad porque ahora dependía completamente de él a través del apoyo de las organizaciones. Una noche ella llamó a Meza para confesarle que sufría violencia.
Meza buscó a Jairo y le dijo que las organizaciones no apoyaban agresores, a lo que Jairo le respondió diciendo que ella «estaba parcializada y quería destruir su matrimonio». Aunque le fue ofrecido, la esposa de Jairo no quiso irse, ya estaba dentro de un círculo de violencia y tenía mucho miedo, «ella temblaba con la idea, la remití a Visitación Padilla para que empezara terapia para subir su autoestima. El problema es que él se iba con ella, él la aislaba y controlaba todo».
En enero de 2023, la esposa de Jairo decidió poner la denuncia por violencia doméstica y fue acompañada legalmente por el equipo de ACI Participa.
Jimmy Aguilera, coordinador de la unidad legal de ACI Participa Choluteca y representante del caso, explicó que primero hubo una audiencia de conciliación con el fin de que Jairo aceptara o no los hechos, pero mantuvo su postura de negarlo. «Al momento de presentarse a los juzgados iba arrogante, profirió palabras de insulto a periodistas en su mayoría mujeres que estaban cubriendo la nota […] Siempre llega a las audiencias acompañado de alrededor de cuatro hombres empleados del IHTT, que deberían estar ejerciendo labores porque para eso les pagan porque los problemas que está enfrentando Jairo son de índole personal».
El abogado añadió que su representada está siendo atendida psicológicamente porque ha tenido crisis nerviosas a raíz de esta la situación.
Un comunicado de la plataforma de mujeres 25 de noviembre y ASOPODEUH denunció que antes de la primera audiencia, el 19 de enero, Jairo hizo pactos con la policía y tenía rodeada a Karen.
«Le hacían operativos, la detenían, había motocicletas. Todo ese patrón que tuvo Jairo con la persecución del gobierno anterior se lo aplicó a su esposa. Creemos que ella corre mucho peligro», añadió Meza.
El comunicado de las organizaciones feministas recuerda que la presidenta firmó un compromiso con las organizaciones de mujeres para combatir la violencia hacia las mujeres en Honduras, «la presidenta debe prescindir de agresores en su gobierno», piden en él. Sin embargo, no hubo ninguna declaración pública sobre este caso y tampoco una revisión sobre la utilización de recursos y personal del IHTT para servir de apoyo a López en las audiencias de su caso.
Contracorriente contactó tanto a Jairo López como a su abogada, para escuchar su versión de los hechos y las denuncias. Al cierre de esta publicación, no habían respondido a la petición de entrevista. Sin embargo, Jairo López publicó en sus redes sociales uncomunicado el día de la audiencia, dónde aseguró que iba a «conciliación por un tema de su matrimonio».
Antes de ingresar a la audiencia, los medios locales que la cubrieron le consultaron a López de qué se le acusaba y no quiso dar detalles; al finalizar la audiencia dijo «Yo estoy relajado, tranquilo, no vengo a pelear. Ya mucho sufrí persecución en el narco-gobierno, quedan secuelas ¿Usted tiene matrimonio? Bueno, son problemas de mi matrimonio».
Mientras tanto, su abogada, Xiomara Waleska Barahona, confirmó a los medios locales que a López se le acusa de violencia física y psicológica, pero que la violencia física debió acreditarse con un examen en Medicina Forense, «solamente es la narración que ella hace, precisamente por eso se abre una instancia de proposición de medios de prueba y ahí es donde vamos a acreditar la parte defensora como la denunciante. Pero no hubo agresión, definitivamente es un relato», aseguró sonriente.
Las organizaciones que acompañan el caso mostraron a este medio las pruebas de que se remitió en enero la información del caso de Jairo López a instituciones y Secretarías de Estado para que se pronunciaran o dieran acompañamiento al caso, al cierre de esta publicación no han tenido respuesta y por temor a represalias no quisieron confirmar públicamente a qué instituciones buscaron.
El acoso laboral por género en el gobierno de Xiomara Castro
Soledad, a quién hemos puesto ese nombre para proteger su identidad, trabajaba en una dependencia dentro de una Secretaría de Estado. «Yo no quería trabajar ahí porque sabía que podía ser blanco de violencia política, pero mi compromiso era más grande», dijo y suspiró arrepentida.
Para Soledad, el liderazgo es una cualidad con la que nació, pero que también le ha traído problemas por ser mujer, «el director empieza a andar observando lo que yo hago, a perseguir a la gente que trabaja conmigo. Él creía que yo quería quitarle el puesto».
Soledad habló en algún momento con él, quería evitar problemas, «dijo que le fastidiaba que yo tuviera tanta capacidad. Hubo alguien que intervino en la situación, que dijo que el director se sentía intimidado por mis capacidades. Pero también siento que había un tema de clase también, porque la persona que empieza a ejercer liderazgo es una mujer, de clase baja, que no está al nivel».
A pesar de que habían hablado con el director y le había asegurado que no buscaba su puesto, «él seguía marginándome y desacreditando a través de comunicados mi trabajo, hacía reuniones y no me convocaba. Yo antes había sufrido una situación similar de acoso laboral en otro espacio, cuando empecé a ver esta misma situación de nuevo comencé a tener problemas, tuve que ir a atención psiquiátrica. Fui incapacitada y en este momento estoy aquí hablando porque estoy medicada».
La situación laboral de Soledad aún no está clara, no sabe si regresará a la institución o qué ruta tomar para este tipo de denuncias. Lo que sí sabe es que ha sufrido discriminación y acoso laboral por su género.
Un reportaje sobre acoso laboral publicado en el marco de la Iniciativa Spotlight destaca que, desde enero de 2017 hasta noviembre de 2022, el Ministerio Público recibió 188 denuncias por el delito de acoso laboral de las cuáles el 59 por ciento fueron presentadas por mujeres y el 51 por ciento de de los hechos que dieron lugar a esas denuncias ocurrieron en entidades públicas.
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La violencia política de diferentes poderes del Estado
Un caso que se hizo público sobre denuncias por acoso sexual y violencia sexual fue en contra Roberto Quesada, embajador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El portal Pro Honduras Network publicó audios de Quesada insultando a mujeres migrantes en el que incluso afirmaba tener fotos de sus hijos.
Ante esta situación, Quesada respondió con un vídeo en el que mencionaba su trayectoria y activismo por los derechos de los migrantes en los Estados Unidos y denunciando que el medio le había pedido publicidad antes de publicar la información. Pro Honduras Network es un medio cuya directora ejecutiva es Gabriela Amador, una hondureña migrante que trabaja también en la embajada de Honduras en Washington DC.
Una de las mujeres que denunció a Quesada fue Lida Perdomo Rosales, quién presentó ante medios de comunicación y en redes sociales, capturas de pantalla donde Quesada admite tener «fotos playboy» de su hija que en ese momento era menor de edad. Lida denunció a Quesada en los Estados Unidos en 2017 por asalto sexual.
«Pertenezco a la Revuelta feminista del Partido Libre y pertenezco a la corriente de Carlos Eduardo Reina, tengo catadura moral para hablar de activismo social y los problemas que a la comunidad nos va a traer tener un agresor, un asaltante sexual, un pedofilo, en un cargo tan importante como ese. El Tribunal de Honor de Libre hizo caso omiso a estas denuncias y dejaron que esto se fuera aumentando», dijo Lida en el programa La Voz del Migrante.
Sobre estas denuncias, Lida Perdomo aseguró a Contracorriente que interpusieron una denuncia formal ante el tribunal de honor de Libre desde antes de que el partido ganara las elecciones en 2021. Además, aseguró que había un consenso para expulsar a Quesada de Libre D19, una estructura de migrantes hondureños en Estados Unidos militantes de Libre, pero nunca se dio la expulsión formal por los contactos que Quesada tenía. Con Libre en el gobierno, señalan que no han denunciado más que en medios de comunicación y Quesada ha respondido de forma violenta a los medios y periodistas que cubren el tema. Ante las denuncias públicas, ninguna autoridad de Libre o del gobierno se han pronunciado.
Otro caso bastante polémico se dio en mayo de 2022, cuando el diputado Mauricio Rivera junto a grupos de activistas del Partido Libre, atacaron instalaciones de Ciudad Mujer en Tegucigalpa con piedras después de que la directora de ese programa, Tatiana Lara, se negara a colocar a una persona que el diputado quería asignar a un centro de Ciudad Mujer en Choluteca, porque no cumplía con los requisitos académicos y tenía que pasar por un proceso de selección.
«El diputado y las personas que lo acompañan están lanzando piedras, quemando llantas, quebrando varias ventanas, dañando puertas del edificio, ocasionando daños a la propiedad del Estado y privada y, sobre todo, poniendo en riesgo la integridad y vida de 48 personas que laboran en esta institución», menciona la denuncia pública que hizo Ciudad Mujer en el momento.
Esa denuncia acompañaba dos capturas de pantalla de mensajes que el diputado Rivera le había enviado a la delegada del programa, Tatiana Lara, en donde le preguntaba por el nombramiento y cuando ella le respondió que habría un proceso de selección de entrevistas el diputado le dijo, «usted no entiende que es mi derecho como primer diputado […] espero resuelva esta semana ese nombramiento o tendré que tomar acciones en defensa de nuestro derecho».
Después de que Lara anunció que denunciaría al diputado, éste salió en medios televisivos ofreciendo una disculpa pública «Tatiana, yo le ofrezco de todo corazón una disculpa y a todas las personas que se vieron afectadas. No tengo antecedentes contra la mujer, de todo corazón, delante de Dios y mis hijos ofrezco una disculpa sincera y fraterna», manifestó Rivera.
Sin embargo, Lara lo denunció por violencia hacia la mujer, tráfico de influencias y daños agravados. Luego de la denuncia, el diputado Rivera, informó, a través de twitter, que había sostenido una reunión con el diputado de Libre, Carlos Zelaya, y subió una fotografía con él asegurando que Zelaya le había prometido canalizar los nombramientos a través de él.
Ese día, funcionarias de gobierno y activistas del partido Libre llamaron a una conferencia de prensa para denunciar la violencia machista, «Estamos aquí para acompañarnos y abrazarnos en las violencias. Condenamos las acciones de hoy, el ataque que sufrieron las instalaciones de un lugar emblemático, un lugar en donde se atienden a las mujeres víctimas de violencia», manifestó en ese momento, la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque.
#ActualidadCC | «Estamos aquí para acompañarnos y abrazarnos en las violencias. Condenamos las acciones de hoy, el ataque que sufrieron las instalaciones de un lugar emblemático, un lugar en donde se atienden a las mujeres víctimas de violencia», manifiesta @RoqueNatalie pic.twitter.com/mf72LElY2m
— Contracorriente (@ContraC_HN) May 5, 2022
«Entendemos que vivimos en una sociedad machista y patriarcal, y es por eso que juntas decidimos sumar todas las fuerzas posibles para cumplir el objetivo de nuestra presidenta, que es combatir el machismo en todos los espacios», aseguró Natalie Roque en la conferencia.
Asimismo, la Revuelta feminista en Libre, un grupo de jóvenes feministas organizadas en el Partido Libre, emitió una denuncia pública en la que condenaban los actos del diputado Rivera.
El caso contra el diputado siguió su curso y el 13 de septiembre de 2022 la jueza que conoce el caso le dio sobreseimiento al delito de violencia contra la mujer «pese a que el Ministerio Público presentó las pruebas testificales, pericias psicológicas y psicológicas y psiquiátricas que acreditaban el delito de violencia contra la mujer» dijo la fiscalía en su momento. Sin embargo, sí dictó auto de formal procesamiento por los delitos de tráfico de influencias y daños agravados con perturbación de orden en concurso ideal y como sanción se le inhabilitó de su cargo.
Tatiana Lara le dijo a Contracorriente que lamentaba que se desestimara el delito de violencia contra la mujer «el juicio continúa, están otros delitos, pero esto es una muestra más de cómo el tema de las violencias hacia las mujeres o el acoso, los jueces no están formados para atender en debida forma los delitos».
Cuando el Poder Judicial anunció la inhabilitación de Mauricio Rivera, el Coordinador General del Partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, publicó un tweet que decía «mi solidaridad para recobrar el ejercicio de su investidura al congresista Mauricio Rivera» a lo que varias organizaciones de mujeres le respondieron que debía de solidarizarse con la coordinadora de Ciudad Mujer y no con el diputado. Zelaya Rosales no se pronunció a favor de Lara en ningún momento.
Cómo CG; @PartidoLibre, mi solidaridad para recobrar el ejercicio de su investidura al congresista @MauricioRLTV.
— Manuel Zelaya R. (@manuelzr) September 13, 2022
Meses después el diputado fue nuevamente habilitado para el cargo cuando la Corte de Apelaciones respondió a su favor argumentando que, «no existió violencia contra la mujer, violencia de género y coacciones en hechos ocurridos en Ciudad Mujer».
Sobre las muestras de solidaridad que recibió el diputado después de que se conociera la sentencia, Tatiana Lara opinó que, «es una muestra de todo lo que nos hace falta construir, hay que seguir trabajando para que haya mayores procesos de concientizados y de formación, para que entendamos que hombres y mujeres somos iguales, que no deben existir estos comportamientos. Pero la lucha contra estos patrones culturales y patriarcales continúa pues es un proceso largo en el que ya estamos trabajando».
El 8 de marzo de 2023, Katherin Vanessa Galo, la abogada que le llevó todo este caso a Mauricio Rivera, lo denunció por amenazarla con promover su destitución como coordinadora regional de la Secretaría del Trabajo en Choluteca «el puesto lo obtuve por él, persona a quién defendió legalmente cuando tuvo el problema de la inhabilitación. Resulta que ahora, como destapé que quería meter a la Secretaría a personas que no son de nuestro partido, me amenazó».
Galo aseguró que Rivera está detrás de la destitución de su cargo, que le fue notificada por la ministra Sarahí Cerna. Además dijo que lo denunciará por tráfico de influencias, acoso laboral, abuso y violencia contra la mujer.
Protocolos y políticas de género pendientes en las Secretarías
El Presupuesto General de la República de 2023 tiene por primera vez un apartado ampliado con enfoque de género en el que se señala que 100 millones de lempiras (USD 4 millones) se destinarán a la Secretaría de la Mujer y que cada institución debe tener un apartado de género dentro de sus presupuestos.
Sin embargo, aunque exista un presupuesto con enfoque de género, la mayoría de las Secretarías son dirigidas por hombres, el gabinete de gobierno está compuesto por 24 Secretarías de Estado de las cuáles sólo siete son dirigidas por mujeres.
La subsecretaria de Gobernación y Justicia, Carmen Haydee López, explicó a Contracorriente que la presidenta Xiomara Castro ordenó a las Secretarías crear unidades de género «para crear un aparato estatal que de frente de manera directa a todas las problemáticas que aquejan a las mujeres y niñas».
«Como Secretaría estamos terminando de estructurar la unidad de género que no es una que tendrá efectos institucionales internos, sino que va a articular con las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM). Que no tengamos todavía el engranaje institucional no significa que no se esté coordinando ya con las encargadas de las OMM», recalcó.
Hasta el momento, el 57% de las secretarías no cuenta con una unidad, oficina o encargada de género. De acuerdo con los portales de transparencia, ninguna secretaría posee una política de género o contra el acoso sexual. La única secretaría que ha anunciado contar con un protocolo contra el acoso sexual es la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, aunque este no aparece de forma pública en sus sitios web.
Jessica Sánchez, analista feminista, dice que las herramientas de género deben ir acompañadas de procesos de observación, tener rutas de denuncia claras y que no sean las mismas secretarías las encargadas de atender las denuncias sino un comité aparte. «Sé que hay secretarías trabajando esos protocolos, el tema es qué tanto está funcionando, yo sé de al menos un caso donde se presentó una denuncia de acoso sexual verbal que no fue tramitada y por cuestiones internas que no se aplicó el protocolo», señaló.
En enero se dieron a conocer por redes sociales otros dos casos de violencia por parte de funcionarios. Un caso era de Leonel Gómez, entonces gerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) que fue grabado gritando e insultando a sus subalternas, y el de Marcell Ortíz, jefe de la Procuraduría General de la República en Choluteca, que fue captado en un Facebook Live golpeando a una mujer en la calle. Ambos fueron primero separados de sus cargos, luego investigados y posteriormente destituidos.
«Así creo que debe actuar el Estado, con contundencia frente a esos casos de violencia doméstica, sexual, física […] mientras no sea una voluntad política manifiesta en donde se acuse y saque a unos y a otros se les trate con guantes de seda ¿por qué en unos proceden y en otros no? Es justicia selectiva y están muy lejos de la justicia de equidad de género que nosotras queremos», finalizó Sanchez.
