La Lista Engel que publica anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a 15 hondureños este año; entre ellos no solo hay funcionarios de las administraciones pasadas, sino que también incluye a dos actuales vicepresidentes del Congreso Nacional y un asesor de Casa Presidencial. La respuesta del Gobierno de Castro –que ha acusado de injerencista a Estados Unidos– complica las relaciones entre la administración de Biden y el Gobierno hondureño.
Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Jorge Cabrera
Horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicara la Lista Engel –en la que señalan a actores cercanos al Gobierno de Xiomara Castro–, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras emitió un comunicado en el que declaró su rechazo al contenido de la lista por tratarse de «un documento motivado políticamente e injerencista».
La Ley de compromiso mejorado del Triángulo Norte y Estados Unidos, conocida como Lista Engel, se publicó el miércoles 20 de julio de 2022. En esta se señala a personas que han participado en acciones que socavan procesos democráticos, en corrupción significativa o en obstrucción a investigaciones en Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
El documento de Cancillería hondureña que rechaza esta lista fue compartido por la cuenta oficial de Casa de Gobierno, en este comunicado reclaman a los Estados Unidos por no haber incluido al expresidente Juan Orlando Hernández mientras estaba en el cargo, «evidentemente protegiéndolo, ya que apenas unas horas después de finalizado su mandato, EE. UU. procedió a acusarlo de narcotraficante y solicitó su extradición», dice el comunicado.
Hernández no figuró en la Lista Engel publicada en julio de 2021, e incluso en noviembre de ese mismo año el expresidente viajó a Washington sin ninguna restricción, pero el Departamento de Estado hizo público que Hernández estaba incluido en la lista desde julio en una sección clasificada que se hizo pública hasta que el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación contra Hernández y solicitó su extradición en febrero, cuyo proceso comenzó 18 días después de que dejara su mandato.
El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, dice que el Gobierno actual no debe alegar que la lista es mala o injerencista ahora que están en el poder cuando en el pasado era considerada como algo bueno, «¿por qué el departamento de Estado no publicó el nombre de Juan Orlando el año pasado? –se pregunta Mejía, y responde–: Obviamente por los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y porque estaba siendo investigado por narcotráfico y se le estaba preparando esta denuncia y acusación criminal. Hay un montón de factores que hay que ver para comprender la dinámica de la lista Engel», explica.
Mejía añade que algunos exfuncionarios del Gobierno de Hernández como Ebal Díaz, que recientemente obtuvo la ciudadanía en Nicaragua mientras el Ministerio Público hondureño lo investiga por casos de corrupción en el Instituto de la Propiedad, «puede que no estén porque están siendo investigados en casos de lavado de activos y vínculos con el narcotráfico».
Según el nuevo listado, de Honduras hay 15 sancionados que incluye a piezas cercanas del Gobierno de Xiomara Castro: dos diputados de Libertad y Refundación y vicepresidentes del Congreso Nacional: Rasel Tomé y Edgardo Casaña; y el exministro del Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) y que ha sido presentado como asesor presidencial de Gobierno de Castro, Enrique Flores Lanza.
La lista, además, identifica a funcionarios de la administración de Hernández acusados por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Ufecic): Harvis Herrera, Elmer Ordóñez, David Ortíz Handal, Claudia Noriega, Carol Alvarado, Juan Ramón Maradiaga, Carlos Romero y Gonzalo Molina, involucrados en desviación de fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales para el clientelismo y las campañas electorales del expresidente Hernández.
En el listado también agregan a Roberto David Castillo, condenado como coautor intelectual en el caso de Berta Cáceres; al recién extraditado y exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, así como a Javier Rodolfo Pastor y Carlos Montes, involucrados en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Por su parte, el asesor y expresidente Manuel Zelaya compartió a través de Twitter una publicación del año pasado en la que señalaba que él protestó en contra desde la primera publicación de la lista en 2021: «Lo que fue malo ayer sigue siendo malo hoy», dijo y, además, compartió publicaciones sobre el involucramiento de Estados Unidos en el golpe de Estado de 2009 en contra de su Gobierno.
Ana María Méndez de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), a través de una publicación en su web, explicó que la lista puede generar fisuras en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Honduras, «sobre todo puede afectar algunas propuestas e iniciativas para abordar la impunidad estructural y la corrupción endémica», señala Méndez en relación con la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih).
La Cicih fue una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro que, a seis meses de gobierno, todavía no se termina de concretar. Contracorriente contactó a Edmundo Orellana, ministro de Transparencia, para conocer su análisis sobre la Lista Engel y si la publicación de esta complicaría aún más la instalación de la Cicih, pero dijo no tener tiempo y, al cierre de este texto, no concedió entrevistas.
La ley H.R. 2615, en español conocida como Ley de compromiso mejorado del Triángulo Norte y Estados Unidos, fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en diciembre de 2020. El acuerdo es hacer pública la Lista Engel al menos una vez al año con el fin de que el presidente Biden determine a las personas que han tenido un involucramiento conocido en acciones que degraden procesos e instituciones democráticas.
Las personas que aparecen en el informe no son elegibles para visas para Estados Unidos o cualquier otro beneficio migratorio. El año pasado, la lista incluyó a 18 exdiputados y a Porfirio Lobo Sosa y Rosa Elena Bonilla, expareja presidencial (2010-2014).
Los casos detrás de la lista actualizada
El Departamento de Estado dice que Rasel Tome participó en «importantes actos de corrupción al utilizar su posición de presidente de la Comisión de Telecomunicaciones (Conatel) y apropiarse de aproximadamente 327,000 dólares de fondos públicos».
En 2019, el Tribunal de Sentencia condenó con tres años de reclusión a tres excomisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que fungieron entre 2006 y 2009, entre ellos a Rasel Tomé, quien fue sentenciado por el delito de abuso de autoridad en el ejercicio de ese cargo, una pena conmutable, pero que representaba la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La fiscalía comprobó que los excomisionados adjudicaron la frecuencia de canal 12 a la Sociedad Televisora de Honduras, desobedeciendo una sentencia definitiva sobre la adjudicación de esa frecuencia. En su comunicado, Tomé asegura que lo hizo bajo órdenes del presidente de ese entonces, Manuel Zelaya.
Apenas una semana después de la toma de posesión de Xiomara Castro y en medio de una crisis en el Congreso Nacional en la que el mismo Rasel Tomé fue la persona que juramentó a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional, Tomé presentó un proyecto de ley para que se condenara el golpe de Estado de 2009, que incluía un decreto de amnistía que buscaba librar a exfuncionarios públicos del Gobierno del expresidente Zelaya de causas por delitos relacionados con corrupción. El proyecto fue aprobado ese mismo día.
«Respetamos las decisiones que EE. UU. tome, pero quiero dejar claro que esto viene de los grupos fácticos que ven que les vamos a quitar sus privilegios», dijo Tomé en una conferencia de prensa cuando el 15 de julio se había filtrado una lista preliminar que incluía su nombre. Después publicó en sus redes sociales que se había comunicado con la Embajada de los Estados Unidos y le informaron que no había ninguna lista oficial con su nombre. Cuando la lista se hizo pública, Tomé convocó a conferencia de prensa «sobre el ataque de USA».
«En el Congreso Nacional le hemos cortado la cabeza a las Zede –dijo Tomé, a través de un comunicado–, derogamos los fideicomisos, recuperamos los ríos, las cuencas, la ENEE, paramos los contratos de los grupos térmicos y estamos sentando las bases para una nueva Corte Suprema de Justicia, todas esas actuaciones realizadas por el Congreso del Pueblo tienen rabiosos a los grupos de poder que tienen correa con la Embajada de Estados Unidos de América y los lobistas corruptos de Washington»,.
Otro de los beneficiados con la amnistía fue el exministro del Gobierno de Zelaya, Enrique Flores Lanza, también incluido en la Lista Engel. Flores Lanza fue acusado después del golpe de Estado en 2009 por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones por la sustracción de 10 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (poco más de 575,000 dólares en aquel momento). Lanza se había exiliado en Nicaragua hasta que la amnistía le libró de los procesos y regresó al país para ser recibido en Casa Presidencial.
En una investigación de Contracorriente y la Redacción Regional, Berta Oliva, la directora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) –la organización que revisaba las amnistías de esta ley–, afirmó que el propio Flores Lanza y su abogado, Milton Jiménez, apoyaron con la revisión legal de la propuesta de Ley que finalmente fue aprobada.
El 28 de junio de 2022, Lanza declaró públicamente que fue nombrado como asesor presidencial del Gobierno de Xiomara Castro, sin embargo, el Gobierno no ha hecho público ningún listado de asesores presidenciales. Al ser consultados por las palabras de Lanza, la Unidad Administrativa de Casa Presidencial respondió a Contracorriente que en sus planillas no figura ningún asesor presidencial.
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La ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, publicó a través de su Twitter que la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (OACNUD) calificó los procesos contra Lanza como «políticamente motivados», esto en el informe de admisibilidad de una demanda contra Honduras promovida por el expresidente Zelaya y otros exfuncionarios por el golpe de Estado en 2009.
La ministra también dijo que Edgardo Casaña, el otro vicepresidente del Congreso en la Lista Engel, se le acusa como dirigente por acciones «encaminadas a la reivindicación de derechos del magisterio, es víctima de seguimiento, estigmatización, persecución y criminalización». A Casaña se le acusa de corrupción cuando fue líder magisterial y dirigente del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), en 2010, según el Departamento de Estado.
Casaña tiene un caso abierto todavía, e intentó ampararse bajo la amnistía política por este caso. Sin embargo, en junio 2022 el juez que conoce de la causa se abstuvo de otorgar el beneficio a favor del diputado Edgardo Casaña y otros dirigentes magisteriales acusados por considerar que no era de su competencia y que deben acudir a la Sala Constitucional a entablar recursos correspondientes.
Casaña le dijo a Contracorriente que la aprobación del decreto de amnistía no habría sido una razón para su inclusión en la Lista Engel, porque aseguró que era una ley que se aprobó en beneficio de perseguidos políticos y con otros diputados del Congreso Nacional. Él dice estar seguro que el listado no es un ataque contra personas particulares, sino contra el Gobierno de Xiomara Castro:
«Esto es contra la presidenta porque no ha sacado ni un cinco partido por la mitad en préstamos con la banca privada (…) quedan como hipócritas (el Departamento de Estado), quedan como maniobreros con esto que están haciendo. Yo he retado que demuestren que Edgardo Casaña ha tenido un juicio por haber sacado 100 millones del Imprema y repartirlo con aliados políticos».
Sobre los acuerdos entre Estados Unidos y Honduras, así como la relación diplomática entre ambas naciones, señaló que será un aspecto que tendrá que analizarse a nivel del gobierno.
El año pasado, cuando la Lista Engel se hizo pública en 2021, Luis Redondo, ahora presidente del Congreso, pidió a través de Twitter que todos los mencionados en la lista pasaran por un juicio político. Cuando se filtró el listado el pasado viernes, Redondo dijo que no daría declaraciones hasta que se oficializara el listado. Contracorriente lo contactó para poder escuchar sus declaraciones, sin embargo, no contestó llamadas ni mensajes al cierre de este texto.
Para Joaquín Mejía la lista debe ser un llamado al presidente del Congreso Nacional: «Lo que podría esperar uno es que aquellos funcionarios que son señalados renuncien, se hagan a un lado y resuelvan su situación legal. Hay una promesa de este Gobierno de hacer otro tipo de política, con transparencia, alejada de la corrupción, y lo que deberían de hacer, para no dañar la imagen del Gobierno y del propio Congreso Nacional, es hacerse a un lado para resolver su situación legal. Y si no es así, como seguramente va a pasar con muchos de ellos, obviamente que quienes son sus jefes o autoridades inmediatas tienen que adoptar las medidas necesarias para resolver esta situación».
Tras darse a conocer su nombre en la Lista Engel, Casaña afirmó que existe una «persecución criminal» por parte del golpismo, que desde el 2009 tiene secuestrada la justicia y al Estado de Honduras: «Aquí lo que está claro es la hipocresía del Departamento de Estado. Esta gente sigue negándose a reconocer el golpe de Estado en este país y acá en Honduras podemos reconstruir el Estado de Derecho asaltado», mencionó a los medios.
Por otra parte, en el caso de los exfuncionarios del Gobierno de Hernández, ocho de los acusados pertenecen al caso Corrupción sobre Ruedas, presentado por la Ufecic con apoyo de la extinta Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (Maccih).
El caso detalla cómo funcionarios de Casa Presidencial, entre ellos Hilda Hernández, y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) drenaron 11 millones de lempiras de fondos destinados al «Bono 10 mil» y parte de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, para supuestamente arrendar vehículos que se utilizaron en la movilización de activistas del Partido Nacional y de personas en campaña política.
Para hacer esto utilizaron la empresa Servicios e Inversiones AID, creadas por Carol Alvarado y Claudia Noriega, y desde donde se utilizaron fondos para gastos de hospedaje a los asistentes a una convención política del Partido Nacional en Comayagua el 15 de marzo de 2014. Los fondos también los utilizaron para pagar otros gastos personales, como tarjetas de crédito.
Carol Alvarado, una de las mencionadas en la lista Engel, era la amiga y mano derecho de Hilda Hernández, que además formó parte del entramado de corrupción del Caso Hermes que involucra el pago a periodistas y en el que se utilizó a la misma empresa.
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Carol Alvarado fue subgerente de Sedis entre 2010 y 2013, luego estuvo 3 meses en Casa Presidencial en 2014 y regresó a Sedis. En 2017, fue candidata a diputada suplente en el movimiento con el que Hernández alcanzó la reelección.
En el caso de Claudia Noriega, también mencionada en la lista Engel, forma parte del último caso presentado por la Uferco en enero de 2022 con requerimientos contra empleados del Instituto de la Propiedad que fueron acusados de los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos, por supuestamente adjudicar 66 millones de varas cuadradas de la zona núcleo del parque Jeannette Kawas.
La Uferco dio con este caso al encontrar que Claudia Noriega, excoordinadora del proyecto «La Cachureca» en el caso Corrupción sobre Ruedas, había recibido una donación de una de esas tierras entregadas ilegalmente.
Por otro lado, la lista incluye también al empresario Roberto David Castillo Mejía, sentenciado como coautor intelectual del asesinato de Berta Cáceres y exintegrante del Comité Ejecutivo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE) durante el Gobierno de Zelaya.
Estados Unidos le incluye en la Lista Engel por adjudicar en 2009 contratos de ENEE a una compañía en la que él tenía intereses financieros, un caso de corrupción también investigado por la Ufecic y conocido como Fraude en el Gualcarque.
Otro de los acusados es Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, que fue director de la Policía Nacional entre 2012 y 2013 durante el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Bonilla fue recientemente extraditado hacia Estados Unidos acusado de conspiración para importar cocaína.
Finalmente, el listado incluye a Javier Rodolfo Pastor Vásquez, ministro de Salud en el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, y Carlos Josué Montes Rodríguez, viceministro de Trabajo en el Gobierno de Lobo, ambos involucrados en corrupción al aceptar 235,000 dólares en sobornos en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
La Lista Engel fue filtrada en medio de una tensa discusión sobre la nueva «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)», que propondrá a los magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia y en la que quedó abierta la posibilidad de que funcionarios y sus familiares, militantes de partidos políticos y personas con acusaciones por delitos dolosos, violencia doméstica y deudas alimentarias puedan postular sin restricciones.
La lista fue publicada en julio, en el mismo mes en que se publicó el año pasado. Para Joaquín Mejía, esta lista no fue publicada para presionar en esta elección, pero es un recordatorio de la necesidad de contar con un sistema de justicia independiente, competente e imparcial: «La Lista Engel tiene como objetivo contrarrestar la corrupción en la región porque se asume que las instituciones de justicia del “Triángulo Norte” no tienen la capacidad para la lucha contra la corrupción; por eso se necesita tener un (sistema judicial) que investigue, judicialice y sancione a quienes están vinculados no solo con actos de corrupción, sino con actividades delictivas», finalizó Mejía.
