Los primeros 100 días del gobierno de Xiomara Castro han expuesto un panorama complejo para Honduras. Los conflictos internos del partido y de la alianza política que llegó al poder complican cada escenario y, aunque Castro ha cumplido con algunas de sus promesas, los problemas estructurales del país parecen rebasar cualquier esfuerzo. También hay deudas importantes que siguen pendientes, la primera presidenta de Honduras no le ha cumplido a las mujeres.
Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
Durante la toma de posesión, la primera presidenta de Honduras, Xiomara Castro, prometió cumplir con 21 acciones urgentes en los primeros cien días de su gobierno. Hoy se cumplió ese plazo pero según el análisis de Contracorriente, la presidenta no cumplió con siete de esas medidas, cinco sí las cumplió y en siete lo hizo a medias, dos se excluyeron del análisis: la potestad de las Fuerzas Armadas para la protección del medio ambiente que ya existía y la libertad de los presos de Guapinol, que se dio sin necesidad de una amnistía.
Entre las promesas pendientes están las demandas de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, la soberanía alimentaria también ligada a la promesa de disminuir los intereses bancarios para la producción y la protección del medio ambiente.
Para Lester Ramírez, director de Transparencia y Gobernanza de la ASJ, hay mucha improvisación en la administración del Estado, algo que considera normal viniendo de un gobierno de transición, pero este año ya deben entender completamente cómo se administra. Destacó que aún queda el gran reto que prometió en campaña: la reconciliación.
«La presidenta incluso lo dijo en sus primeras palabras cuando ganó y la reconciliación no se ha dado. Estamos viviendo una situación de alta polarización, vemos que los jóvenes y las mujeres, que fueron quiénes le dieron la victoria a este gobierno, ahora se sienten muy decepcionados, muy defraudados, porque nos les están cumpliendo con lo que esperaban», explicó.
Por otra parte, Ricardo Castañeda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), dijo que «estos primeros 100 días permiten encontrar por lo menos cuáles pueden ser prioridades del gobierno y se pueden encontrar aspectos relacionados sobre el ímpetu para enfrentar otras cosas».
Para Castañeda, es importante que, aunque los gobiernos se pongan ese límite de 100 días, también le digan a la ciudadanía que los problemas no se resuelven de la noche a la mañana. «El actual gobierno tiene altos niveles de legitimidad y de capital político que debe aprovechar porque muchas veces, como muestra la experiencia de otros países, ese capital político y esta legitimidad se va perdiendo bastante rápido. Entonces es importante impulsar esas grandes reformas acompañadas siempre de estudios técnicos y de diálogos con los diversos actores de la sociedad», dijo.
100 días sin la PAE y sin acciones concretas para las mujeres
«Sabemos que la presidenta en algún momento dijo que este es el siglo de las mujeres, pero no sé cuándo va a empezar. No tenemos luces, no tenemos un respaldo de nuestra presidenta» dijo Jinna Rosales, integrante del Grupo Estratégico por la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (GE-PAE).
Rosales explicó con detalles lo cansada que se siente de tener que seguir contando la importancia de la derogación del acuerdo ministerial que prohibió la PAE en 2009. «Hemos estado en reunión con otras instancias, pero nadie quiere abordar el tema de la PAE, hay como un temor». Además dijo que tras el recibimiento que tuvieron las organizaciones feministas el 8 de marzo en Casa Presidencial, del que salieron con muchas esperanzas, ahora ven un panorama muy difícil para que el gobierno cumpla con una de las promesas incluidas en el Plan de Gobierno con el que ganó la presidencia Castro.
También Ana Ruth García, pastora y coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, explicó que tras esa reunión con la presidenta fue designado el ministro de Salud, José Matheu del Partido Salvador de Honduras, para que recibiera sus propuestas. «Nos reunimos en su casa ya que no nos quiso recibir en su despacho para que los medios no se dieran cuenta […] Nos dio argumentos antiguos como que no fuera alguien basado en ciencia, que la PAE sólo se ha aprobado en ratas y en monos, que no está científicamente probada en humanos, cosa que desvirtuamos» explicó la pastora.
Información a la que Contracorriente tuvo acceso señala que en esa reunión también se encontraba la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque. Según varias fuentes que se encontraban en el lugar, la ministra —reconocida dentro del Partido Libre por su trayectoria feminista— apoyó al ministro Matheu en algunos de sus argumentos sobre lo «dañina que es la píldora» y dijo a las mujeres que no era el tiempo para que la presidenta entrara con un tema así.
Contracorriente abordó a la ministra Roque, quién confirmó haber estado en la reunión como mediadora, pero negó haber tomado esa postura «el derecho a la anticoncepción de emergencia es un derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en ese sentido tenemos una responsabilidad como Estado» dijo y aseguró haber instado al ministro de salud para que no exista ninguna limitación en el uso de la PAE.
«En esa reunión se plantearon varias cosas, una de ellas es una preocupación que existe y que también es válida de que, en ciertos sectores y ciertas mujeres jóvenes de las zonas más urbanas, utilizan la PAE como si fuese un método anticonceptivo rutinario y eso tiene graves consecuencias de salud» añadió la ministra Roque.
Esto lo dijo a pesar de que las organizaciones de mujeres presentaron estudios donde la Organización Mundial de la Salud asegura que el uso repetido de la píldora de emergencia no plantea riesgos conocidos para la salud, pero que es mejor encontrar un método más efectivo.
Sobre sus declaraciones dadas recientemente al New York Times en donde dice que el gobierno «no está en las condiciones de abrir otro frente con un enemigo tan poderoso como la Iglesia» y que legalizar la píldora ahora sería «meramente echarle más leña a la hoguera», la ministra aseguró que esa no es su postura personal sino la que le ha expresado el ministro de Salud. «Jamás voy a decir que las mujeres, sobre todo las víctimas de violencia, deban esperar aún más. Lo que les dije es que en este momento el gobierno está sufriendo diversos ataques y se está utilizando la agenda de las mujeres y la salud sexual y reproductiva como una forma de atacar al gobierno».
Xiomara Castro, cuando era candidata presidencial en junio de 2021, se reunió con organizaciones feministas con quienesfirmó un pacto de compromiso con algunas de sus demandas, entre ellas, facilitar a las mujeres el ejercicio de su derecho a una salud sexual y reproductiva, «plena, libre de fundamentalismo religioso, comprometiéndome para ello, desde el inicio de mi mandato, a la derogación del acuerdo que prohíbe la PAE y aprobando el Protocolo de atención de sobrevivientes de violencia sexual» dice el pacto.
Mi compromiso por la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres de Honduras. La agenda política de mujeres y feministas será mi prioridad. No más violencia contra las mujeres y femicidios, salud sexual y reproductiva, participación política de las mujeres. pic.twitter.com/cu79nNupUe
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) August 19, 2021
Por su parte, Jinna Rosales piensa que la razón detrás de que aun no se apruebe la PAE son los hombres que rodean a la presidenta, «os machos que están como funcionarios públicos son como la voz cantante que dice: no, presidenta ¿Quién es la traba? Toda esta cúpula de funcionarios públicos, ministros, directores, que expresan que el tema de las mujeres no es prioridad».
Jessica Sánchez, analista feminista, dijo que además Castro tiene una gran deuda con las mujeres porque utilizó el tema durante su campaña. «Ella utilizó mucho del movimiento feminista, utilizó mucho de los esloganes, de las luchas, para posicionar su campaña. Ahora la siento cautiva de un montón de gente que no sabe qué hacer, que la tiene como cooptada y que no puede ponerle un alto sin que digan que están peleando y que eso ponga en peligro todo el tema de la gobernabilidad» explicó Sánchez.
Castro también hizo promesas con respecto a la reducción de violencia contra las mujeres y femicidios, sin embargo, los casos de violencia siguen ocurriendo en el país con nula atención a las mujeres. El 3 de febrero de 2022, Rosaura sobrevivió al ataque de un hombre que la acosaba y hostigaba desde hacía tiempo en Choluteca, al sur de Honduras. Después de tres meses, Rosaura aún no tiene justicia y su agresor está prófugo.
Leer más:Las secuelas de Rosaura, sobreviviente de un intento de femicidio
Las cifras de femicidios en Honduras no han disminuido. El observatorio de Ecuménicas por el Derecho a Decidir registró, hasta abril de 2022, un total de 100 femicidios en Honduras, la misma cantidad registrada para ese período en el 2021
Jinna Rosales se exaspera cuando recuerda las cifras. «Son datos alarmantes, es como ver que las mujeres estamos en un estado de emergencia. Cuando asesinaron a tres policías, inmediatamente el gobierno actuó y decretó estado de sitio en Colón. Al día siguiente mataron a cuatro mujeres en Yoro y para el gobierno esa situación pasó desapercibida» señaló.
Con el cambio de gobierno hubo una reestructuración en la Policía Nacional para otorgarles el 40% de las jefaturas policiales a oficiales mujeres. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad no ha presentado un plan orientado a reducir los índices de femicidios, «no logramos desmontar años y años de pensamientos y prácticas machistas y patriarcales, vamos a seguir enfrentando altos niveles de violencia contra las mujeres y la Secretaría de Seguridad pues sus prioridades en este momento han sido otras» explica Gilda Rivera, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer (CDM).
El gobierno ha tenido algunas acciones en temas de género, entre ellas, el 8 de marzo, Castro envió al Congreso Nacional la propuesta de distintas organizaciones de elevar a rango ministerial el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y la propuesta de Ley Integral contra la Violencia de Género, un proyecto de distintas organizaciones de sociedad civil.
Rivera dijo haber sentido apertura de la Secretaría de la Presidencia y del Instituto Nacional de la Mujer. Con la primera y con la comisión de género del Congreso Nacional, lograron discutir la propuesta de ley. «Posiblemente será un proceso más lento del que esperábamos, especialmente por las observaciones que puedan haber y la idea es que se cree un comité técnico de seguimiento al debate» explicó Rivera.
Otra de las demandas pendientes para las mujeres es laLey de Casas Refugio, un proyecto muy distinto al de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que busca la aprobación de 10 millones de lempiras para que las únicas diez casas refugio existentes en el país tengan financiamiento estatal para funcionar y no sobrevivan solo con la cooperación internacional.
Jinna Rosales añade que las organizaciones comienzan a perder la paciencia, “no nos vamos a prestar para que nos instrumentalicen en el sentido de que le digan a la cooperación que están en diálogo con las organizaciones, pero al final solo es dilatar los temas y no llegar a nunca a nada” declara.
Las crisis internas del gobierno que desnudan el machismo
Las crisis del gobierno se han resuelto con un evidente silencio por parte de la presidenta. Por ejemplo, la crisis del Congreso Nacional en la que dos juntas directivas se propusieron y aprobaron respectivamente, ambas con muchas irregularidades.
La resolución de esas crisis se dio entre el expresidente Zelaya, coordinador del Partido Libre, y Jorge Calix, en las instalaciones y con los recursos de Casa Presidencial. Esta situación destapó que, aunque Honduras tenga el gobierno de la primera mujer presidenta, son los hombres quienes están detrás de las crisis, las negociaciones y la violencia política.
Leer más: Acuerdos hechos por hombres retratan la exclusión de mujeres y violencia política
De igual manera, esta semana hubo un ataque a las instalaciones de Ciudad Mujer por parte del diputado Mauricio Rivera del Partido LIBRE en contra de la funcionaria Tatiana Lara, nombrada en ese cargo por la presidenta. Aunque activistas feministas de Libre y funcionarias del gobierno salieron a respaldar a Lara, la presidenta no hizo declaraciones al respecto, ni siquiera por Twitter. Esto a pesar de que se ha pronunciado a través de esa red social en casos como el uso de imágenes desde Casa Presidencial sobre la extradición del expresidente Hernández opidiendo la libertad del periodista Cesar Silva después de que este fuera capturado por un caso de difamación.
«Nos preocupa un poco la ausencia de la presidenta, últimamente no se visibiliza y cuando lo hace habla de temas sociales y económicos o de aprobación de algunas leyes, pero en torno a los derechos de las mujeres hay un silencio» dijo Jinna Rosales al respecto.
Rosales también explicó que el contexto será difícil para las organizaciones de mujeres ya que muchas activistas ahora son funcionarias públicas y eso ha debilitado el movimiento, «no sé si esto a la larga nos va a traer cosas que no serán positivas, por ejemplo desmovilizar nuestras agendas y nuestras luchas, ocupamos respuestas contundentes. Es cierto que las compañeras que están de funcionarias van con toda la voluntad, el espíritu de lucha, pero la toma de decisiones radica en estos actores».
Por su parte, Jessica Sánchez dijo que «ella [la presidenta] tiene que salir de su propia espiral de violencia porque es una violencia asfixiante, es un tipo de violencia que de repente no hemos identificado en política, ella tiene que salir de eso, asumir ella las acciones en el país y las dirigidas al empoderamiento de las mujeres y la reducción de la violencia» afirmó.
La deuda sobre transparencia
El 1 de marzo de 2022, el Congreso Nacional derogó la Ley Para la Clasificación de Documento Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa. La disposición fue celebrada por muchas personas, pero en la práctica, esto no ha significado mucho para el acceso a la información pública en Honduras.
La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, presentó el 2 de marzo un informe en el que detalló que la administración anterior desvió 168 millones en corrupción. También señaló que hubo 10 empresas que fueron las más beneficiadas con exoneraciones y exenciones fiscales en los últimos 12 años.
Contracorriente solicitó la información de los nombres de estas 10 empresas a la Secretaría de Finanzas. En su respuesta, para negar el acceso a esa información, mencionaron que el Código Tributario tiene reservas para los servidores públicos y otros colaboradores sobre lo «concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los obligados tributarios o por terceros, así como de la información obtenida en el ejercicio de las facultades de fiscalización».
Además de esto, el portal de transparencia de Casa Presidencial no se ha actualizado desde la administración anterior. Contracorriente solicitó las planillas de pago a empleados de Casa Presidencial y la información sobre asesores y misiones designadas por la presidenta a ellos. Sin embargo, esa petición tiene un recurso de revisión después de que Casa Presidencial no respondió con la información en uno de los casos y en otro respondió con información errónea.
En la experiencia que este medio ha tenido pidiendo acceso a la información pública en gobiernos anteriores, rara vez negaron información aduciendo la Ley de Secretos, sino que las instituciones siempre se respaldaron en normativas internas, reglamentos o códigos, para no permitir ese acceso. También las instituciones suelen no responder, para que los peticionarios tengan que hacer un recurso de revisión y seguir un proceso largo que puede llevar muchos meses, en el que muchos peticionarios declinan seguir el proceso.
Lester Ramírez indica que la ASJ le pidió a la comisión del Congreso Nacional revisar la derogación de la Ley de Secretos. «Se lo dijimos a ellos, antes de la aprobación de la derogación de la Ley de secretos, que tenía que haber una manera para asegurar que toda la información que estaba en el pasado tenía que abrirse. Yo personalmente hablé con Ramón Barrios, Fátima Mena y Jari Dixon (diputados). Esos son los problemas de cuándo no escuchamos, por ejemplo, a los medios de comunicación que son los que hacen esa labor de investigación y no les damos esas herramientas para hacer su trabajo”» señaló.
Las deudas al medio ambiente y a los productores del campo
Una de las 21 acciones para los primeros 100 días era no otorgar más permisos de explotación de cuencas de los ríos, minas a cielo abierto, permisos y concesiones y vedas forestales así como proteger parques nacionales y respetar las zonas protegidas. El 1 de marzo, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente se declaró al país libre minería, pero tras las presiones de muchas empresas, el 21 de marzo el ministro de esa secretaría explicó que su cancelación tendrá que esperar, esto en vista de que se harán operativos para mejorar los ecosistemas alrededor de las mineras y no afectar a las comunidades aledañas.
Para la analista Jessica Sánchez, este contexto está generando un ambiente de ingobernabilidad, «están lanzando comunicados, pero un comunicado es un comunicado, no es PCM, no tiene carácter vinculante, no pasa al Congreso Nacional. Entonces se está creando un tema de ingobernabilidad sobre todo con la junta directiva del Congreso Nacional. Entonces no la siento segura en esos temas de gobernabilidad que ella debe decir: esto se aprueba y punto», señaló Sánchez.
Sumado a esto, el 20 de abril se derogó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y otros decretos relacionados lo cual fue sancionado por la presidenta Castro. Sin embargo, las empresas localizadas en las ZEDE deberán inscribirse en alguno de los regímenes especiales vigentes en Honduras con instrucciones de la Secretaría de Desarrollo.
César Benedith, presidente del patronato de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, que vive en los primeros espacios que buscaron las Zede para instalarse y que ha tenido conflictos con proyectos turísticos, explica que la derogación de las Zede para ellos no resuelve problemas de fondo. «Además de derogarlas necesitamos un poco de acceso financiero que prepare a las comunidades ¿por qué? Las Zede vinieron porque vieron esos espacios vacíos, entonces tenemos que llenar esos espacios. Sino mañana viene otro gobierno y aprueba otra ley.»
César dijo haber apoyado mucho el cambio de gobierno, pero que es desalentador ver que no hay muchos garífunas ocupando puestos en el gobierno. «Siempre he soñado que los nueve pueblos que existimos en Honduras, podamos pedir cosas y que tengamos verdaderos representantes» y explicó que, aunque a veces hay garífunas en algún puesto o en el Congreso Nacional, no se siente representado en ellos porque «piensan como ladinos.»
«Yo en lo particular estoy esperando un gobierno más social y democrático donde no solamente el corbatudo tenga acceso a Casa Presidencial, donde realmente si queremos un proyecto seamos consultados» explicó César.
Otras dos promesas pendientes es la de concentrarse en el desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria y la de ordenar al Banco Central y a la Secretaría de Finanzas crear mecanismos legales de mercado para la disminución de los intereses bancarios para la producción.
Gustavo Rosa, presidente de la Asociación de los Ganaderos de Catacamas y ex alcalde de esa ciudad que fue la cuna de la familia Zelaya-Castro, dijo que hay que reactivar el campo, pero realmente hacerlo con políticas de Estado. «Existen problemas, por ejemplo de financiamiento, el país está pasando una situación grave de falta de generación de empleo y ¿cuál es uno de los rubros que puede generar empleo de manera inmediata? la ganadería y la agricultura», dijo Rosa en entrevista con este medio en la que además denunció que los financiamientos otorgados a esos rubros se van para otros porque se aprovechan de los bajos intereses y la falta de supervisión del gobierno.
Lester Ramírez añadió que, hasta el momento, el gobierno solo ha hecho reformas para reducir las comisiones de los bancos, «pero esa es una reforma al consumidor, nosotros que usamos tarjetas de crédito, pero de lo que hablaban era de reducir los intereses para los que producen, personas del área agrícola».
Por su parte, Ricardo Castañeda del ICEFI dijo que tocar intereses de empresarios poderosos siempre será difícil. «Un gobierno que llega con un discurso de cambio obviamente va a encontrar dificultades, va a encontrar oposición de sectores que históricamente han tenido privilegios y que no están dispuestos a perderlos. Es ahí la habilidad de un gobierno democrático de abrir espacios de diálogo con los diversos sectores de la población» dijo.
Castañeda destacó que cualquier decisión debe tomarse no en base en qué tan popular o impopular es, sino que se base en elementos técnicos que permitan asegurarle que esas decisiones van a mejorar el bienestar de las personas.
