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Huir del despojo

Los nadie: los hijos de nadie, los dueños de nada.

[…]

Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata

 

Eduardo Galeano

 

Carmen llega casi todos los días a trabajar al río Guapinol. Durante las 10 horas que le lleva lavar varios sacos de ropa, sus hijas juegan en el agua y en la tierra a su alrededor. Su esposo se fue en octubre, en la primera caravana que salió desde San Pedro Sula, rumbo a Estados Unidos. «Se enteró por las noticias, un sábado –me dice– “fíjese que salió la caravana, alísteme al niño –de 8 años– que yo me voy” y al siguiente día salió», cuenta Carmen, mientras lava el uniforme del equipo de fútbol femenino de la comunidad.

El río Guapinol tiene dos meses de mantener clara su agua, luego que se instalara un campamento contra las operaciones de la empresa minera Inversiones Los Pinares que había enviado sedimento al agua con la apertura de una carretera.

Ahí lava Carmen, la ropa de algunas familias de la comunidad para poder ganar 200 lempiras diarios (aproximadamente 8 dólares), cuando el río estuvo sucio eso no la detuvo. «La ropa blanca en ese tiempo me quedaba amarilla y los clientes se enojaban, no les gustaba como quedaba, pero eso ya no era culpa de uno. En las llaves también llegaba así, yo solo tenía acceso a esta agua», dice, mientras termina uno de los sacos llenos de ropa sucia, su tarea del día.

La explotación minera en Tocoa actualmente acapararía gran parte del territorio, hay seis concesiones aprobadas en el municipio y existen otras 34 en solicitud. La situación a nivel nacional es más grave, son al menos 300 concesiones aprobadas en la última década y hay más de 600 esperando aprobación.

Carmen lava el uniforme del equipo de fútbol femenino de la comunidad de Guapinol mientras la menor de sus hijas juega a un lado de ella, dentro del río. Foto: Martín Cálix.

La empresa Los Pinares que tiene la concesión minera que afecta al Río Guapinol, es del empresario Lenir Pérez, yerno del fallecido Miguel Facussé, quien fue presidente ejecutivo de la empresa Dinant y terrateniente productor de palma africana involucrado en el conflicto agrario en el Aguán.

Para otorgarle las concesiones a Pérez, el Congreso Nacional redujo 200 hectáreas de la zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras que abastece a 34 microcuencas del sistema de agua de seis municipios de Colón.

Leer más en Una mina, una carretera y la lucha por el agua 

Carlos, el esposo de Carmen, tiene una fotografía de ella y sus hijas en whatsapp, la comunicación es difícil pero cuenta a través de notas de voz que decidió irse al ver lo que le pasaría a su comunidad.

«Quiero llegar y pedir asilo por lo que está pasando en mi comunidad, mandar a traer a mi familia y ver si consigo apoyo internacional para Guapinol». Carlos, que salió con apenas 2 mil lempiras ($81.97), caminó desde San Pedro Sula huyendo de la pobreza, el acaparamiento de su territorio y las estrategias represivas que el Estado implementa para proteger los 300 millones de dólares que genera la inversión privada en el país.

Desde que Carlos –esposo de Carmen– y su hijo mayor se fueron en la primera caravana migrante de hondureños, Carmen y sus dos hijas lo único que tienen para sobrevivir es el trabajo de lavado de ropa en el río Guapinol. Foto: Martín Cálix

Guapinol forma parte del Bajo Aguán, es decir, todas las zonas que rodean el Río Aguán en el departamento de Colón en más de 150 mil hectáreas. En él se siembran extensos cultivos de maíz, frijoles, arroz, banano, café y palma africana. Durante décadas el Aguán vive en conflictos agrarios por la posesión de las tierras, recientemente se ha sumado también una lucha contra los proyectos extractivos como la minería.

En el Aguán todo parece arreglarse con armas, el conflicto de Guapinol llegó a su pico más alto después de un desalojo violento donde hubo muertos, dos de ellos miembros del ejército.

De eso huyó Carlos en la primera caravana que salió del país, los datos en aquel momento mencionaban que eran al menos 8 mil personas, sin embargo las cifras del Sistema Nacional de Control Biométrico Migratorio de Honduras contabilizan que solo entre el 15 de octubre y el 18 de noviembre retornaron más de 7 mil personas.

«No le podría decir cuánto solo que caminamos exagerado hasta el punto de que los pies ya no nos resistían por el sol, por la comida –suspira– esa experiencia a nadie le gustaría pasarla». Carlos se encuentra en Tapachula, ha detenido su camino hacia Estados Unidos de manera momentánea junto a otras 3 mil personas en la espera de que México les conceda asilo para conseguir un trabajo y continuar su camino hacia Estados Unidos, ése es su destino final.

Carlos cuenta que las autoridades mexicanas les ofrecieron esperar 45 días por una credencial que los acreditaría durante un año para estar en México, pero que ellos no sabían que eran días hábiles y que no era seguro que les dieran los papeles, mientras tanto les toca ir a firmar cada ocho días.

«Si ellos nos hubiesen explicado eso desde el principio, quizá hubiésemos seguido para arriba porque la verdad todos tenemos la ilusión de ese papel para poder seguir. Muchos se sienten desesperados porque nos tratan de manera inhumana, como que no nos quisieran ver y es algo que ni siquiera nosotros pedimos sino que prácticamente nos obligaron porque o nos quedábamos aquí o nos deportaban», Carlos explica que ya lo hablaron y si todos no reciben sus papeles, no van a esperar más y seguirán su camino como lo han hecho hasta ahora.

Los días de Carlos y de su hijo han sido duros, el único apoyo que tienen es del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que los apoya con dinero para tener donde dormir y un poco de comida, pero que a nadie le ajusta y no pueden conseguir trabajo, «lo primero que preguntan es si tenemos papeles, como somos migrantes o no nos dan o nos tratan de explotar». Carlos es mecánico y quiere trabajar de eso en Estados Unidos, pero dice que su prioridad es poner a su hijo a estudiar, que tiene miedo de volver a Honduras porque dice que regresará «con un récord», y entonces todo le será más difícil.

En Guapinol cuentan que al menos 5 personas han sido desplazadas producto del conflicto con la mina, algunos bajo amenazas de muerte, otros por temor al futuro que les cuentan, «se van a Estados Unidos a buscar ese sueño Americano que Donald Trump les destruye a cada rato, pero, ¿qué pasaría si todos nos vamos? Esta pelea no se gana huyendo», dice Victoria, una de las líderes de Guapinol. Con el murmullo del río de fondo dice: «Yo quiero que mis hijos y mis nietos vivan aquí, yo quiero envejecer aquí al lado del río».

Las personas que habitan en Guapinol mantienen ánimos al ver que los meses de lucha dieron respuestas y el río se tornó claro de nuevo, aunque menos caudaloso. «El murmullo de este río es el que habla, el que nos pide a gritos que lo están destruyendo, son monstruos los que están arriba de esa montaña destruyendo nuestras fuentes de agua».

Sin embargo la situación parece agudizarse con el paso del tiempo, el Ministerio Público libró 18 procesos judiciales contra distintos miembros de la comunidad que asistían al campamento, y hace menos de un mes se detuvo a Jeremías Martínez, un habitante de la comunidad La Concepción que tiene 65 años y está acusado por la empresa Inversiones Los Pinares de ser responsable de varios delitos.

Actualmente la zona vive en medio de intimidaciones, hay un retén militar en la entrada a la comunidad y a diario pasan varios patrullajes, las personas que antes convivían durante la noche, ahora se quedan en sus casas cuando el sol se oculta.

Esta información concuerda con las 286 denuncias que ha recibido el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) en Tocoa, Colón, en su mayoría por amenazas. «Lo más reciente un poco por parte de las autoridades, sectores de la población que se han sentido últimamente intimidados por la cuestión de patrullajes de Policía Militar y Nacional», menciona Janeth Lara, directora interina del CONADEH.

Para responder a este conflicto, la Corporación Municipal al mando del alcalde de Libertad y Refundación (LIBRE), Adán Fúnez, propuso realizar un plebiscito manejado por el Tribunal Supremo Electoral o desde el Congreso Nacional. Ante esto, la población en contra de la minera ha realizado reuniones en la que señalan desconfiar de ambas instituciones y que lo que exigen es un cabildo abierto participativo para declarar todo el municipio libre de minería.

Guadalupe Casasola, de 54 años, observa la plantación de palma aceitera de la comunidad de Luxón y que ahora está en disputa con la cooperativa Unión San Francisco. El monocultivo de palma aceitera cubre la mayor parte del territorio en el Valle del Aguán. Foto: Martín Cálix

Entre la montaña minada y un valle inundado de palma

El Aguán tiene la segunda tierra más fértil del país y es el segundo valle más grande, la mayoría de la población se dedica principalmente a la agricultura y en menor escala a la ganadería. Sin embargo, a pesar de la productividad de la zona, la pobreza es de 50% según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), los campesinos y campesinas consumen de sus cultivos y venden otra parte para tratar de cubrir necesidades básicas.

El Aguán además de ser un territorio fértil para cultivos, también ha sido parte de la ruta de narcotráfico del Atlántico.  Los Cachiros, uno de los carteles de tráfico de drogas, recientemente golpeados por la entrega voluntaria de sus líderes a las autoridades estadounidenses, tenía mucho control territorial en la zona y poseía vínculos con el poder político.

Los Cachiros durante sus declaraciones en el juicio de Fabio Lobo, hijo del ex Presidente Porfirio Lobo Sosa, señalaron a varios políticos de recibir sobornos y participar en reuniones de negociación, entre ellos el ex diputado por Colón, Óscar Nájera, al hermano del ex Presidente Porfirio Lobo, Ramón Lobo, e incluso a Tony Hernández, hermano del actual Presidente hondureño, Juan Orlando Hernández. Según las declaraciones, los políticos recibían apoyo económico a cambio de seguridad y de agilizar trámites en la creación de empresas donde lavaban dinero, en estos intercambios Los Cachiros también obtuvieron al menos 6 concesiones mineras en los departamentos de Tocoa y Olancho.

Otros de los políticos mencionado por los Cachiros es el actual alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, a quien señalan que recibió sobornos a cambio de su apoyo. Recientemente Fúnez negó estas declaraciones expresando desconocer a Los Cachiros, sin embargo durante un cabildo en el sector San Pedro en 2016, Fúnez, reconoció públicamente que la concesión Minera que actualmente tiene Inversiones Los Pinares, originalmente era de Los Cachiros, de quienes además aseguró eran sus amigos.

Esta situación ya la conocía la mayoría de las 16 comunidades del Sector San Pedro, ubicado a 13 kilómetros de Tocoa cuando comenzaron su lucha contra la minera antes que Guapinol. Desde 2012 gran parte del sector rechazaba las dos concesiones mineras otorgadas a Los Cachiros y que luego fueron trasladas a la empresa Inversiones Los Pinares, pues el área para la explotación enmarca dos comunidades del sector que están dentro en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras y todo el caudal del río San Pedro nace en ese parque.

A las comunidades las dividen kilómetros, la gente se moviliza caminando por horas o en motocicletas, caballos y automóviles diseñados para montaña. Todas comparten espacio con el río San Pedro, por eso cuando llueve hay lugares que quedan incomunicados por días. A pesar de esto, la noticia de la minera se esparció rápido. «Aquí inició la lucha hace seis años pero nos invisibilizan, en los documentos del gobierno este sector ni siquiera aparece. Creo que es una estrategia de los mineros, hacerle creer a la gente que este es un sector despoblado», cuenta don Antonio quien vive casi en la cima de la montaña.

Según los habitantes de San Pedro, la minera Los Pinares intentó ingresar por sus comunidades ofreciéndoles una carretera nueva, pero la mayoría de la población se opuso, más tarde se enteraron que habían ingresado por otro sector de la montaña, una comunidad llamada La Ceibita.

De esta situación las comunidades de Las Mangas y Malafalda fueron directamente afectadas, su único proyecto de agua proviene del río San Pedro o de microcuencas que nacen ahí. «A veces pasamos hasta 15 días que no tenemos agua en la llave entonces nosotros acudimos directamente al río. En ese tiempo a nosotros hasta se nos nacía la ropa porque no la podíamos lavar porque si la metíamos al río salíamos lodosos hasta los ojos. La gente tenía miedo hasta de cruzarlo», dice doña Marcela, habitante de Las Mangas.

La mayoría de las comunidades se dedican a la agricultura, en el sector San Pedro se cultiva maíz, frijoles, arroz y café. «Nosotros somos labradores y por eso estamos dispuestos a defender nuestro territorio, si dejamos que exploten nuestro sector no sabemos para donde vamos a agarrar».

Hasta el momento el sector Río San Pedro ha comenzado a sufrir las primeras consecuencias de la explotación minera. El volumen del agua en su río es menor y casi no hay peces, la población ha comenzado a ver la militarización en su zona «muchas veces con la excusa de perseguir delincuentes y droga pero en el fondo es la persecución de líderes y la población que se opone a estos proyectos mineros», finaliza uno de los habitantes.

Al sector de la Abisinia, a 24 kilómetros de Tocoa, lo amenaza otra concesión minera cercana a la zona donde habita la comunidad, la concesión le fue otorgada a la empresa Industrial Mining Group S.A de C.V bajo el nombre de Minera La Bendición, aunque no hay registros públicos de sus dueños, las personas de la comunidad dicen que pertenecía al cártel de los «Valle Valle», quiénes actualmente se encuentran extraditados y con procesos judiciales por narcotráfico en Estados Unidos.

La Abisinia tiene cerca de 3 mil habitantes, con más de 16 comunidades en el camino. Para llegar al centro hay que recorrer cerca de una hora y media en carro, algunas partes de la carretera están divididas por corrientes del Río Tocoa y cuando llueve pueden quedarse incomunicadas varias zonas durante días, en algunos puntos la carretera puede fraccionarse y derrumbarse.

La concesión está otorgada a 1 km del centro de la aldea por 600 hectáreas de territorio, las casas más cercanas que pertenecen a un sector de La Abisinia llamado Barrio Nuevo tienen menos de medio kilómetro de distancia. La mina no solo amenaza sus viviendas, también las quebradas Pinares y La Zumbadora, así como todo el Río Tocoa que es la principal fuente de agua del municipio de Tocoa.

La primera vez que escucharon sobre la mina fue cuando la antigua coordinación del patronato firmó los permisos para la exploración minera, la nueva junta dice no estar de acuerdo con eso, que les han ofrecido firmar un convenio para que entre y que si la mina no cumple con lo establecido, pueden sacarla «nosotros somos uno solo con el sector San Pedro y con Guapinol, no queremos minas y punto» señala don Gerardo, habitante de La Abisinia.

Aunque el centro de La Abisinia queda montaña arriba, su desarrollo es muy diferente a otras comunidades cercanas, las casas son de bloque y tienen señalizaciones en las calles, según cuentan se debe a las remesas: todos los hogares tienen al menos un familiar en Estados Unidos y aunque el abandono estatal siempre ha sido alto, se intensificó al iniciar la lucha contra las mineras.

«Nos sentimos solos, carecemos de muchas cosas como de un médico permanente porque solo hay enfermeras, al que debería estar aquí lo tienen en Tocoa. Aquí nos hemos levantado de muchas personas que viven en Estados Unidos, el alcalde en algún momento dijo que nos olvidáramos de cualquier ayuda, un alcalde no se debe a ningún partido sino a un pueblo», señala don Gerardo.

La comunidad asegura que son ellos quienes le dan mantenimiento a la carretera, que a veces los ingresan en el Fondo Vial que destinan los gobiernos para infraestructura pero que creen que debido a su lucha contra la minera los han sacado de él para ejercer presión y que acepten el proyecto.

A pesar del abandono desde la Corporación Municipal, el sector de La Abisinia aporta mensualmente 50 mil lempiras solamente en impuestos 30 en la venta de ganado y los demás en otro tipo de negocios.

La Abisinia está convencida que puede ganar la lucha, quienes llevan el mando contra la minera son el Grupo de Jóvenes Yo Amo La Abisinia, quienes dicen que han estado en reuniones con la cooperación municipal y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (IHNGEOMIN), «pero es como hablar con los mineros, solo quieren negociar para ellos», cuenta Antonio.

Fernando Erazo, jefe de investigación de IHNGEOMIN, señalaba durante el último Congreso Internacional de Minería y Geología que solo son mediadores durante los conflictos, «la relación que debe haber entre empresa y comunidad es básica para cualquier proyecto en el país, es importante decir que en el contexto de cualquier empresa que quiera trabajar en el país debe de hacerlo de la mano de las comunidades. Existen mesas de diálogo en las que el gobierno está como facilitador de ese diálogo y los proyectos siempre deben dejarle beneficios a las comunidades».

Sin embargo, su postura luce clara en las redes sociales y cuando dan declaraciones durante los conflictos siempre en defensa de la explotación minera, incluso al iniciar una campaña de socialización para la aceptación de los proyectos mineros en la que señalan que los marcapasos, el agua potable o la música no existirían sin la minería.

En Luxón, los campesinos realizan un recorrido por donde antes estuvieron sus sembradíos que fueron destruidos por la Policía Nacional y sus fuerzas especiales, el Ejército y miembros de la cooperativa Unión San Francisco el 28 de noviembre de 2018. Foto: Martín Cálix

 

El día en que se lo llevaron todo

El Bajo Aguán no solo vive una amenaza a las fuentes de agua, desde hace décadas vive un conflicto agrario, según la líder comunitaria Adilia Castro, «el origen del Aguán es prácticamente de desplazados, es la búsqueda permanente de las familias más pobres no solo del Aguán sino de todo Honduras que llegaron al Aguán por la oportunidad de tener un pedazo de tierra donde producir sus alimentos y vivir con esas necesidades más o menos satisfechas».

Adilia dice que entre 2000 y 2010 se comenzaron a dar movimientos de recuperación de tierras luego de que  hijos de campesinos se enteraran de varias ventas irregulares que dejó la Ley de Modernización Agrícola en los años 90, estos movimientos buscaban cumplir la Reforma Agraria aprobada antes de esa ley cuyo propósito era el de distribuir las tierras. El conflicto agrario del Aguán dejó más de 120 asesinatos entre 2008 y 2010, según estadísticas de la Policía Nacional.

Desde que comenzó el conflicto agrario, el valle ha pasado a ser un sector en donde funcionó el narcotráfico con un gran nivel de impunidad, esto implica violencia física, asesinatos en pleitos territoriales o de protección para el tráfico de droga. A esto se le suma la represión del Estado con operaciones militares de vigilancia, amenaza, persecución e intervención de los movimientos para despojarlos, en medio de un desarme general que se da de manera desigual: los militares y policías siguen armados y los terratenientes también porque tienen empresas o guardias de seguridad.

José García de 48 años, miembro de la comunidad de Luxón en el Valle del Aguán, contempla la destrucción de lo que antes fuera la esperanza de tener comida en sus hogares. Foto: Martín Cálix

Una de las comunidades que comenzó con este proceso en 2010 es la de Luxón en Sabá, Colón quienes vivían constantemente con el miedo de que llegara el día del desalojo luego de que aglomerados en la empresa campesina Unidos Lucharemos recuperaron 74 hectáreas de tierras que la cooperativa Unión San Francisco Limitada vendió irregularmente, desde entonces trabajaron la tierra y cultivaron bajo la amenaza de perderlo todo.

La primera señal la recibieron en febrero de 2018, cuando apareció una orden de desalojo que no se dio porque incluía la destrucción de las viviendas. Inmediatamente la Plataforma Agraria Regional del Aguán interpuso un recurso de apelación en el Consejo Nacional Agrario contra esa orden en octubre.

Las mujeres y los hombres de Luxón nunca tuvieron una resolución a esa apelación, el 28 de noviembre la cooperativa que había vendido las tierras, acompañados de 300 elementos de la Policía Nacional, los Tigres y el Ejército, realizó el desalojo: destruyeron los cultivos de plátano, yuca y maíz que venían trabajando por más de 7 años, la cosecha que estaba lista se la llevaron. «La orden decía que venían por 384 hectáreas de tierra cuando el asentamiento campesino solo tiene 74 hectáreas. Esta vez la orden decía que desalojaran todo, excepto las viviendas», cuenta una de las campesinas.

El desalojo de Luxón pasó desapercibido para el país entero, pero no para Esperanza, que tiene 7 hijos y un nieto que a diario le piden comida: «no tenemos nada, lo único que teníamos eran los plátanos, las milpas, y la palma que también de ahí comíamos. Esta navidad quizás ni tamales vamos a hacer», se queja Esperanza, apenas puede hablar al ver el cultivo destruido, su expresión cambia cuando cuenta que planean volver a recuperar las tierras. «Si nos matan nos va a matar pero de aquí no nos vamos» sentencia, con la mirada de alguien que está dispuesta a no morir de hambre.

Campesinos de la comunidad de Luxón extraen yuca que luego será repartida a su regreso en la comunidad, sacan lo que pueden de lo que quedó tras el paso de los militares, la Policía Nacional y la cooperativa Unión San Francisco, estos últimos disputan 74 héctareas de tierra cultibable con la comunidad de Unidos Lucharemos (Luxón). Foto: Martín Cálix

La empresa Unidos Lucharemos la conforman 28 familias campesinas con alrededor de 140 personas. De acuerdo a la Plataforma Agraria, la comunidad invirtió en siete años aproximadamente 14 millones de lempiras en sus cultivos sin ningún apoyo estatal.

Aunque muchos de estos hombres y mujeres que labran la tierra estén dispuestos a todo lo que conlleva la recuperación de las héctarias perdidas, el desalojo también ha provocado que  otras familias huyan de la zona. Producto del desalojo al menos dos familias, una de aproximadamente 15 personas, migraron hacia Estados Unidos por su cuenta.

La gente de la comunidad no sabe si esas familias llegaron a su destino, solo saben que un día se fueron. La única persona con quien han mantenido contacto es con Jessy, quien a principio de año sufría pensando en el día que destruyeran su comunidad por un desalojo. Jessy se fue antes de ver destruidos sus cultivos, dejó a uno de sus hijos que espera «mandarlo a traer» pronto.

Lea más sobre su historia en: Despertar entre palmeras y seguir en la pesadilla

Entre los restos de los cultivos destruidos, niños y niñas a diario se acercan a revisar si quedó algo para comer ese día, los cultivos de plátanos y de palma son los más cercanos a las casas de la comunidad e incluso ahí es peligroso ingresar. Luxón está prácticamente cercada, aunque no hay ni vallas, ni muros visibles, la comunidad vive bajo sitio.

Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria del Aguan, señala que no estuvo en el desalojo porque querían capturarlo para extenderle una orden de captura con jurisdicción nacional y encarcelarlo en San Pedro Sula.

Digna Perdomo, habitante de la zona e integrante del Observatorio Permanente de los Derechos Humanos del Aguan (OPDHA), cuenta que durante el desalojo la comunidad decidió intervenir para que no botaran sus cultivos, que aunque de ese conflicto nadie resultó herido la Policía Nacional y los militares les dispararon. «No creo que las autoridades tengan la autoridad para venir a disparar contra el pueblo», dice Digna, y como si confirmaran sus palabras, a lo lejos comienzan a escucharse disparos. No se sabe de quién provienen pues ahí tanto militares y policías como las personas de la cooperativa Unión San Francisco tienen armas.

La comunidad señala que los campesinos de la Unión San Francisco andan armados, a pesar de que en 2012 el Congreso Nacional reformó el artículo 37 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares para prohibir en el departamento de Colón «la portación en lugares públicos, transporte y vehículos» de cualquier arma de fuego aunque tenga permiso y registro.

«Siempre que ven a los compañeros alrededor de las parcelas están disparando»,  añade Digna. Aún con este escenario, los hombres de Luxón –jóvenes y adultos– se atreven a ir más lejos en busca de comida, los disparos continúan y ellos no se detienen, caminan hasta finalizar la zona de cultivo, colindante con el Río Aguán.

Doña Georgina no vive ahí, es de la comunidad de Panamá, y ese día les está dando acompañamiento a las personas de Luxón, dice que no se quiere ir, que como otros está dispuesta a dar su vida para recuperar las tierras. «Lo que nos interesa es tener la tierra libre para nosotros, para trabajarla. No podemos dejar nuestro país, emigrar teniendo las riquezas que tenemos en estas tierras, ya basta de tanto conflicto con los campesinos porque nosotros aquí es donde tenemos la vida, no en otro lado de aquí somos nativos y aquí tenemos que luchar para sobrevivir».

Los habitantes de Luxón sienten una amenaza constante, dicen que los militares tienen su propia casa en la zona de la Unión San Francisco y que viven intimidando a la comunidad, apenas una semana antes detuvieron a un joven al que acusaban de portación ilegal de armas, pero antes de llegar a la posta policial en Tocoa lo dejaron libre porque no tenían pruebas. La comunidad acusó a los militares por abuso de autoridad y de ese proceso no han tenido una respuesta.

Cuando el grupo de hombres regresa, la mayoría camina por la parcela de plátanos. Un joven de algunos 20 años trae un puñado de yucas, la comunidad lo recibe con alegría, él sonríe y dice  que ése es «otro día más de vida», pero el resto del camino lo hace mirando al suelo.

Mientras, otro grupo se regresa a la comunidad en medio de los cultivos de palma, por donde entran los militares y la gente de la Unión San Francisco, don José García camina entre la palma, «yo tengo un pedacito de milpa que no tocaron y he ido sacando de a poco en sacos, no es tanto pero para tener un par de días tenemos, es duro, es una tristeza lo que han hecho. Estos días hemos estado pasando, siempre en la lucha».

Don José apenas termina de hablar cuando comienzan a escucharse disparos nuevamente, esta vez a pocos metros de las casas.

Un cortero trabaja en la plantación de palma aceitera en la comunidad de Zamora en el Valle del Aguán. Foto: Martín Cálix.

La Palma Africana, una amenaza cercana

Esa palma que cultiva tanto el campesinado del Aguán y que en tantos sitios ha terminado en conflicto, es la misma que sostiene a Don Julián Gómez, integrante de la junta directiva de la Cooperativa Agropecuaria Brisas de San Pedro que tiene 33 socios, cada temporada contratan grupos de hombres que se dedican a cortar las más de 500 manzanas de palma: primero retiran la hoja y debajo se encuentra el fruto. Con una maquina especial, pasan a recoger los frutos.

Para Don Julián no ha sido fácil llegar a donde están, sus tierras no están en disputa porque nadie las vendió durante la Ley de Modernización Agrícola, en aquel momento había más de 75 cooperativas de las cuales hoy apenas existen 13.

Actualmente la tonelada de palma la venden a 1,600 lempiras (66 dólares) un precio que va disminuyendo con el pasar de los años, sin embargo los hombres que se dedican al corte de palma ganan apenas 300 lempiras diarios por más de 8 horas de trabajo, el doble de lo que puede ganar un jornalero que cultiva maíz o frijoles, este ingreso solo lo ven en temporada de corte: la fruta de la palma tarda en crecer aproximadamente tres meses.

La Palma Africana ha aparecido cada vez en más lugares del país, en 2004 se contabilizaban 69 mil hectáreas, pero en 2017 este número está casi duplicado a 150 mil hectáreas y la mayoría de producto se concentra en tres empresas: actualmente Grupo Jaremar de René Becerra, Corporación Dinant, fundada por Miguel Facussé y ahora a cargo de su hijo, Miguel Mauricio Facussé, y Aceydesa del ex diputado Óscar Nájera.

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Según cifras de la Asociación Industrial de Productores de Aceite de Honduras (AIPAH), el país exportó en 2017 aproximadamente 469 mil toneladas, lo que generó 364 millones de dólares y su principal mercado destino fue Europa, que adquirió el 85% del total.

Sin embargo, a principio del año la Unión Europea había anunciado un veto para la compra de aceite de palma africana desde 2021, argumentando la deforestación de las selvas por la producción aceitera, sin embargo este veto se removió hace pocos meses hasta 2030. Europa es el principal comprador de aceite de palma en el mundo y el único destino de exportación desde Honduras.

Un joven carga fruta de palma africana hacia el tractor que la transportará a la fábrica procesadora de Coapalma. Foto: Martín Cálix.

De acuerdo a una investigación realizada por El Faro en Honduras hay al menos 7,000 hectáreas de palma sembradas en parques nacionales.

En una carta firmada por 80 organizaciones ecologistas de 31 países, señalaban que el cultivo de palma «es una de las principales causas de la deforestación y por ende del cambio climático, destruyen los medios de subsistencia y la soberanía alimentaria de millones de pequeños agricultores, pueblos indígenas y otras comunidades. Requieren de productos agroquímicos que envenenan a los trabajadores y a las comunidades, y contaminan los suelos, las aguas y la biodiversidad, agotan el agua dulce y los suelos».

Mientras la palma crece cerca, las hijas de Carmen juegan con la arena a la orilla del Río Guapinol, una de ellas tiene manchas en la piel producto de la temporada en que el río estuvo lleno de sedimento. Ambas son menores de 6 años y mientras juegan a hacer castillos, se ven aún más pequeñas al lado de la magnitud de peligros que tienen a su alrededor: La sangre derramada por la tierra que tienen en sus manos, el monocultivo de palma aceitera y las minas que amenazan sus fuentes de agua.

Carmen dice que se quiere ir pronto con ellas. Carlos, en su ruta, todavía no llega a ningún lado. Solo las extraña.

Un jóven campesino del Valle del Aguán durante su detención en la frontera de Agua Caliente cuando en el mes de octubre de 2018, junto con otros jóvenes del Aguán, intentaron cruzar hacia Guatemala con la intención de alcanzar y unirse a la primera caravana migrante de hondureños en territorio mexicano. Foto: Martín Cálix

 

 

*Algunos nombres de los habitantes de las comunidades del Valle del Aguán han sido cambiados por seguridad.

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