Huir del despojo

A las comunidades las dividen kilómetros, la gente se moviliza caminando por horas o en motocicletas, caballos y automóviles diseñados para montaña. Todas comparten espacio con el río San Pedro, por eso cuando llueve hay lugares que quedan incomunicados por días. A pesar de esto, la noticia de la minera se esparció rápido. «Aquí inició la lucha hace seis años pero nos invisibilizan, en los documentos del gobierno este sector ni siquiera aparece. Creo que es una estrategia de los mineros, hacerle creer a la gente que este es un sector despoblado», cuenta don Antonio quien vive casi en la cima de la montaña.

Según los habitantes de San Pedro, la minera Los Pinares intentó ingresar por sus comunidades ofreciéndoles una carretera nueva, pero la mayoría de la población se opuso, más tarde se enteraron que habían ingresado por otro sector de la montaña, una comunidad llamada La Ceibita.

De esta situación las comunidades de Las Mangas y Malafalda fueron directamente afectadas, su único proyecto de agua proviene del río San Pedro o de microcuencas que nacen ahí. «A veces pasamos hasta 15 días que no tenemos agua en la llave entonces nosotros acudimos directamente al río. En ese tiempo a nosotros hasta se nos nacía la ropa porque no la podíamos lavar porque si la metíamos al río salíamos lodosos hasta los ojos. La gente tenía miedo hasta de cruzarlo», dice doña Marcela, habitante de Las Mangas.

La mayoría de las comunidades se dedican a la agricultura, en el sector San Pedro se cultiva maíz, frijoles, arroz y café. «Nosotros somos labradores y por eso estamos dispuestos a defender nuestro territorio, si dejamos que exploten nuestro sector no sabemos para donde vamos a agarrar».

Hasta el momento el sector Río San Pedro ha comenzado a sufrir las primeras consecuencias de la explotación minera. El volumen del agua en su río es menor y casi no hay peces, la población ha comenzado a ver la militarización en su zona «muchas veces con la excusa de perseguir delincuentes y droga pero en el fondo es la persecución de líderes y la población que se opone a estos proyectos mineros», finaliza uno de los habitantes.

Al sector de la Abisinia, a 24 kilómetros de Tocoa, lo amenaza otra concesión minera cercana a la zona donde habita la comunidad, la concesión le fue otorgada a la empresa Industrial Mining Group S.A de C.V bajo el nombre de Minera La Bendición, aunque no hay registros públicos de sus dueños, las personas de la comunidad dicen que pertenecía al cártel de los «Valle Valle», quiénes actualmente se encuentran extraditados y con procesos judiciales por narcotráfico en Estados Unidos.

La Abisinia tiene cerca de 3 mil habitantes, con más de 16 comunidades en el camino. Para llegar al centro hay que recorrer cerca de una hora y media en carro, algunas partes de la carretera están divididas por corrientes del Río Tocoa y cuando llueve pueden quedarse incomunicadas varias zonas durante días, en algunos puntos la carretera puede fraccionarse y derrumbarse.

La concesión está otorgada a 1 km del centro de la aldea por 600 hectáreas de territorio, las casas más cercanas que pertenecen a un sector de La Abisinia llamado Barrio Nuevo tienen menos de medio kilómetro de distancia. La mina no solo amenaza sus viviendas, también las quebradas Pinares y La Zumbadora, así como todo el Río Tocoa que es la principal fuente de agua del municipio de Tocoa.

La primera vez que escucharon sobre la mina fue cuando la antigua coordinación del patronato firmó los permisos para la exploración minera, la nueva junta dice no estar de acuerdo con eso, que les han ofrecido firmar un convenio para que entre y que si la mina no cumple con lo establecido, pueden sacarla «nosotros somos uno solo con el sector San Pedro y con Guapinol, no queremos minas y punto» señala don Gerardo, habitante de La Abisinia.

Aunque el centro de La Abisinia queda montaña arriba, su desarrollo es muy diferente a otras comunidades cercanas, las casas son de bloque y tienen señalizaciones en las calles, según cuentan se debe a las remesas: todos los hogares tienen al menos un familiar en Estados Unidos y aunque el abandono estatal siempre ha sido alto, se intensificó al iniciar la lucha contra las mineras.

«Nos sentimos solos, carecemos de muchas cosas como de un médico permanente porque solo hay enfermeras, al que debería estar aquí lo tienen en Tocoa. Aquí nos hemos levantado de muchas personas que viven en Estados Unidos, el alcalde en algún momento dijo que nos olvidáramos de cualquier ayuda, un alcalde no se debe a ningún partido sino a un pueblo», señala don Gerardo.

La comunidad asegura que son ellos quienes le dan mantenimiento a la carretera, que a veces los ingresan en el Fondo Vial que destinan los gobiernos para infraestructura pero que creen que debido a su lucha contra la minera los han sacado de él para ejercer presión y que acepten el proyecto.

A pesar del abandono desde la Corporación Municipal, el sector de La Abisinia aporta mensualmente 50 mil lempiras solamente en impuestos 30 en la venta de ganado y los demás en otro tipo de negocios.

La Abisinia está convencida que puede ganar la lucha, quienes llevan el mando contra la minera son el Grupo de Jóvenes Yo Amo La Abisinia, quienes dicen que han estado en reuniones con la cooperación municipal y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (IHNGEOMIN), «pero es como hablar con los mineros, solo quieren negociar para ellos», cuenta Antonio.

Fernando Erazo, jefe de investigación de IHNGEOMIN, señalaba durante el último Congreso Internacional de Minería y Geología que solo son mediadores durante los conflictos, «la relación que debe haber entre empresa y comunidad es básica para cualquier proyecto en el país, es importante decir que en el contexto de cualquier empresa que quiera trabajar en el país debe de hacerlo de la mano de las comunidades. Existen mesas de diálogo en las que el gobierno está como facilitador de ese diálogo y los proyectos siempre deben dejarle beneficios a las comunidades».

Sin embargo, su postura luce clara en las redes sociales y cuando dan declaraciones durante los conflictos siempre en defensa de la explotación minera, incluso al iniciar una campaña de socialización para la aceptación de los proyectos mineros en la que señalan que los marcapasos, el agua potable o la música no existirían sin la minería.

¿Sabías que sin la minería no sería posible escuchar la música de una guitarra? Las guitarras eléctricas y electro acústicas, necesitan cuerdas hechas de acero, bronce y níquel. Todos ellos productos mineros.#MineríaEnNuestraVida #MineríaConPropósito @JuanOrlandoH @aleroescobar pic.twitter.com/xEGcp5VQOq

— INHGEOMIN (@Inhgeomin) September 20, 2018

En Luxón, los campesinos realizan un recorrido por donde antes estuvieron sus sembradíos que fueron destruidos por la Policía Nacional y sus fuerzas especiales, el Ejército y miembros de la cooperativa Unión San Francisco el 28 de noviembre de 2018. Foto: Martín Cálix.

El día en que se lo llevaron todo

El Bajo Aguán no solo vive una amenaza a las fuentes de agua, desde hace décadas vive un conflicto agrario, según la líder comunitaria Adilia Castro, «el origen del Aguán es prácticamente de desplazados, es la búsqueda permanente de las familias más pobres no solo del Aguán sino de todo Honduras que llegaron al Aguán por la oportunidad de tener un pedazo de tierra donde producir sus alimentos y vivir con esas necesidades más o menos satisfechas».

Adilia dice que entre 2000 y 2010 se comenzaron a dar movimientos de recuperación de tierras luego de que  hijos de campesinos se enteraran de varias ventas irregulares que dejó la Ley de Modernización Agrícola en los años 90, estos movimientos buscaban cumplir la Reforma Agraria aprobada antes de esa ley cuyo propósito era el de distribuir las tierras. El conflicto agrario del Aguán dejó más de 120 asesinatos entre 2008 y 2010, según estadísticas de la Policía Nacional.

Desde que comenzó el conflicto agrario, el valle ha pasado a ser un sector en donde funcionó el narcotráfico con un gran nivel de impunidad, esto implica violencia física, asesinatos en pleitos territoriales o de protección para el tráfico de droga. A esto se le suma la represión del Estado con operaciones militares de vigilancia, amenaza, persecución e intervención de los movimientos para despojarlos, en medio de un desarme general que se da de manera desigual: los militares y policías siguen armados y los terratenientes también porque tienen empresas o guardias de seguridad.

Una de las comunidades que comenzó con este proceso en 2010 es la de Luxón en Sabá, Colón quienes vivían constantemente con el miedo de que llegara el día del desalojo luego de que aglomerados en la empresa campesina Unidos Lucharemos recuperaron 74 hectáreas de tierras que la cooperativa Unión San Francisco Limitada vendió irregularmente, desde entonces trabajaron la tierra y cultivaron bajo la amenaza de perderlo todo.

La primera señal la recibieron en febrero de 2018, cuando apareció una orden de desalojo que no se dio porque incluía la destrucción de las viviendas. Inmediatamente la Plataforma Agraria Regional del Aguán interpuso un recurso de apelación en el Consejo Nacional Agrario contra esa orden en octubre.

Las mujeres y los hombres de Luxón nunca tuvieron una resolución a esa apelación, el 28 de noviembre la cooperativa que había vendido las tierras, acompañados de 300 elementos de la Policía Nacional, los Tigres y el Ejército, realizó el desalojo: destruyeron los cultivos de plátano, yuca y maíz que venían trabajando por más de 7 años, la cosecha que estaba lista se la llevaron. «La orden decía que venían por 384 hectáreas de tierra cuando el asentamiento campesino solo tiene 74 hectáreas. Esta vez la orden decía que desalojaran todo, excepto las viviendas», cuenta una de las campesinas.

El desalojo de Luxón pasó desapercibido para el país entero, pero no para Esperanza, que tiene 7 hijos y un nieto que a diario le piden comida: «no tenemos nada, lo único que teníamos eran los plátanos, las milpas, y la palma que también de ahí comíamos. Esta navidad quizás ni tamales vamos a hacer», se queja Esperanza, apenas puede hablar al ver el cultivo destruido, su expresión cambia cuando cuenta que planean volver a recuperar las tierras. «Si nos matan nos va a matar pero de aquí no nos vamos» sentencia, con la mirada de alguien que está dispuesta a no morir de hambre.

La empresa Unidos Lucharemos la conforman 28 familias campesinas con alrededor de 140 personas. De acuerdo a la Plataforma Agraria, la comunidad invirtió en siete años aproximadamente 14 millones de lempiras en sus cultivos sin ningún apoyo estatal.

Aunque muchos de estos hombres y mujeres que labran la tierra estén dispuestos a todo lo que conlleva la recuperación de las héctarias perdidas, el desalojo también ha provocado que  otras familias huyan de la zona. Producto del desalojo al menos dos familias, una de aproximadamente 15 personas, migraron hacia Estados Unidos por su cuenta.

La gente de la comunidad no sabe si esas familias llegaron a su destino, solo saben que un día se fueron. La única persona con quien han mantenido contacto es con Jessy, quien a principio de año sufría pensando en el día que destruyeran su comunidad por un desalojo. Jessy se fue antes de ver destruidos sus cultivos, dejó a uno de sus hijos que espera «mandarlo a traer» pronto.

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Entre los restos de los cultivos destruidos, niños y niñas a diario se acercan a revisar si quedó algo para comer ese día, los cultivos de plátanos y de palma son los más cercanos a las casas de la comunidad e incluso ahí es peligroso ingresar. Luxón está prácticamente cercada, aunque no hay ni vallas, ni muros visibles, la comunidad vive bajo sitio.

Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria del Aguan, señala que no estuvo en el desalojo porque querían capturarlo para extenderle una orden de captura con jurisdicción nacional y encarcelarlo en San Pedro Sula.

Digna Perdomo, habitante de la zona e integrante del Observatorio Permanente de los Derechos Humanos del Aguan (OPDHA), cuenta que durante el desalojo la comunidad decidió intervenir para que no botaran sus cultivos, que aunque de ese conflicto nadie resultó herido la Policía Nacional y los militares les dispararon. «No creo que las autoridades tengan la autoridad para venir a disparar contra el pueblo», dice Digna, y como si confirmaran sus palabras, a lo lejos comienzan a escucharse disparos. No se sabe de quién provienen pues ahí tanto militares y policías como las personas de la cooperativa Unión San Francisco tienen armas.

La comunidad señala que los campesinos de la Unión San Francisco andan armados, a pesar de que en 2012 el Congreso Nacional reformó el artículo 37 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares para prohibir en el departamento de Colón «la portación en lugares públicos, transporte y vehículos» de cualquier arma de fuego aunque tenga permiso y registro.

«Siempre que ven a los compañeros alrededor de las parcelas están disparando»,  añade Digna. Aún con este escenario, los hombres de Luxón –jóvenes y adultos– se atreven a ir más lejos en busca de comida, los disparos continúan y ellos no se detienen, caminan hasta finalizar la zona de cultivo, colindante con el Río Aguán.

Doña Georgina no vive ahí, es de la comunidad de Panamá, y ese día les está dando acompañamiento a las personas de Luxón, dice que no se quiere ir, que como otros está dispuesta a dar su vida para recuperar las tierras. «Lo que nos interesa es tener la tierra libre para nosotros, para trabajarla. No podemos dejar nuestro país, emigrar teniendo las riquezas que tenemos en estas tierras, ya basta de tanto conflicto con los campesinos porque nosotros aquí es donde tenemos la vida, no en otro lado de aquí somos nativos y aquí tenemos que luchar para sobrevivir».

Los habitantes de Luxón sienten una amenaza constante, dicen que los militares tienen su propia casa en la zona de la Unión San Francisco y que viven intimidando a la comunidad, apenas una semana antes detuvieron a un joven al que acusaban de portación ilegal de armas, pero antes de llegar a la posta policial en Tocoa lo dejaron libre porque no tenían pruebas. La comunidad acusó a los militares por abuso de autoridad y de ese proceso no han tenido una respuesta.

Cuando el grupo de hombres regresa, la mayoría camina por la parcela de plátanos. Un joven de algunos 20 años trae un puñado de yucas, la comunidad lo recibe con alegría, él sonríe y dice  que ése es «otro día más de vida», pero el resto del camino lo hace mirando al suelo.

Mientras, otro grupo se regresa a la comunidad en medio de los cultivos de palma, por donde entran los militares y la gente de la Unión San Francisco, don José García camina entre la palma, «yo tengo un pedacito de milpa que no tocaron y he ido sacando de a poco en sacos, no es tanto pero para tener un par de días tenemos, es duro, es una tristeza lo que han hecho. Estos días hemos estado pasando, siempre en la lucha».

Don José apenas termina de hablar cuando comienzan a escucharse disparos nuevamente, esta vez a pocos metros de las casas.

La Palma Africana, una amenaza cercana

Esa palma que cultiva tanto el campesinado del Aguán y que en tantos sitios ha terminado en conflicto, es la misma que sostiene a Don Julián Gómez, integrante de la junta directiva de la Cooperativa Agropecuaria Brisas de San Pedro que tiene 33 socios, cada temporada contratan grupos de hombres que se dedican a cortar las más de 500 manzanas de palma: primero retiran la hoja y debajo se encuentra el fruto. Con una maquina especial, pasan a recoger los frutos.

Para Don Julián no ha sido fácil llegar a donde están, sus tierras no están en disputa porque nadie las vendió durante la Ley de Modernización Agrícola, en aquel momento había más de 75 cooperativas de las cuales hoy apenas existen 13.

Actualmente la tonelada de palma la venden a 1,600 lempiras (66 dólares) un precio que va disminuyendo con el pasar de los años, sin embargo los hombres que se dedican al corte de palma ganan apenas 300 lempiras diarios por más de 8 horas de trabajo, el doble de lo que puede ganar un jornalero que cultiva maíz o frijoles, este ingreso solo lo ven en temporada de corte: la fruta de la palma tarda en crecer aproximadamente tres meses.

La Palma Africana ha aparecido cada vez en más lugares del país, en 2004 se contabilizaban 69 mil hectáreas, pero en 2017 este número está casi duplicado a 150 mil hectáreas y la mayoría de producto se concentra en tres empresas: actualmente Grupo Jaremar de René Becerra, Corporación Dinant, fundada por Miguel Facussé y ahora a cargo de su hijo, Miguel Mauricio Facussé, y Aceydesa del ex diputado Óscar Nájera.

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Según cifras de la Asociación Industrial de Productores de Aceite de Honduras (AIPAH), el país exportó en 2017 aproximadamente 469 mil toneladas, lo que generó 364 millones de dólares y su principal mercado destino fue Europa, que adquirió el 85% del total.

Sin embargo, a principio del año la Unión Europea había anunciado un veto para la compra de aceite de palma africana desde 2021, argumentando la deforestación de las selvas por la producción aceitera, sin embargo este veto se removió hace pocos meses hasta 2030. Europa es el principal comprador de aceite de palma en el mundo y el único destino de exportación desde Honduras.

De acuerdo a una investigación realizada por El Faro en Honduras hay al menos 7,000 hectáreas de palma sembradas en parques nacionales.

En una carta firmada por 80 organizaciones ecologistas de 31 países, señalaban que el cultivo de palma «es una de las principales causas de la deforestación y por ende del cambio climático, destruyen los medios de subsistencia y la soberanía alimentaria de millones de pequeños agricultores, pueblos indígenas y otras comunidades. Requieren de productos agroquímicos que envenenan a los trabajadores y a las comunidades, y contaminan los suelos, las aguas y la biodiversidad, agotan el agua dulce y los suelos».

Mientras la palma crece cerca, las hijas de Carmen juegan con la arena a la orilla del Río Guapinol, una de ellas tiene manchas en la piel producto de la temporada en que el río estuvo lleno de sedimento. Ambas son menores de 6 años y mientras juegan a hacer castillos, se ven aún más pequeñas al lado de la magnitud de peligros que tienen a su alrededor: La sangre derramada por la tierra que tienen en sus manos, el monocultivo de palma aceitera y las minas que amenazan sus fuentes de agua.

Carmen dice que se quiere ir pronto con ellas. Carlos, en su ruta, todavía no llega a ningún lado. Solo las extraña.

*Algunos nombres de los habitantes de las comunidades del Valle del Aguán han sido cambiados por seguridad.