Esta semana, el Gobierno de Honduras renovó por quinta vez el memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), mientras el oficialismo presentó en el Congreso un dictamen con dos reformas constitucionales que limitarían la exclusividad del Ministerio Público para ejercer la acción penal y eliminaría la inmunidad parlamentaria, reformas que la bancada del Partido Nacional frenó. Sin embargo, durante la sesión no se discutieron otros puntos importantes para la instalación de la CICIH, como la derogación de la Ley de Amnistía, la independencia económica de la Comisión, y el hecho de que el fiscal general mantiene el poder de acreditar a sus integrantes.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Fernando Destephen
La noche del 18 de junio, el Congreso Nacional presentó el dictamen de una comisión especial creada para revisar la propuesta de ley especial para la CICIH presentada por la diputada Hortensia Zelaya. Durante la sesión se discutió la propuesta en tres capítulos: los primeros dos, incorporados en sesión, incluían reformas constitucionales para que el Ministerio Público no sea el único ente facultado para ejercer la acción penal pública y para eliminar la inmunidad parlamentaria, y el tercero contenía la ley de la diputada Zelaya.
La ley propuesta por la hija de la presidenta Xiomara Castro busca otorgar al mecanismo internacional la figura de querellante autónomo, permitiéndole investigar, acusar y litigar casos de corrupción de forma independiente, aunque con acompañamiento del Ministerio Público. Para ello, se requerirían reformas al Código Procesal Penal y a la Ley del Ministerio Público. Integra 11 artículos que detallan los delitos a investigar, los criterios para seleccionar denuncias, la duración de la Comisión y su financiamiento, el cual provendría del Estado y de la cooperación internacional. Además, establece que el fiscal general será el encargado de acreditar legalmente a cada integrante de la CICIH como querellante autónomo, otorgándoles personalidad jurídica para actuar en los procesos penales.
Los dos primeros puntos que contenían las reformas no fueron aprobados, ya que requerían mayoría calificada, y casi toda la bancada del Partido Nacional votó en contra o se abstuvo. El tercer punto, la ley especial de la diputada Zelaya, fue aprobado tras entrar a su tercer y último debate.
«Al derogar el fuero legislativo, le decimos al país y al mundo que Honduras avanza, que las instituciones se renuevan y que estamos del lado de la justicia, no de la impunidad. Los pueblos no confían en quienes se protegen a sí mismos, confían en quienes tienen el valor de someterse a las leyes que aprueban», dijo el presidente del Legislativo, Luis Redondo, al presentar la propuesta.
En 2019, el Congreso Nacional reactivó la inmunidad parlamentaria mediante una reforma a su Ley Orgánica, declarando que la función legislativa es «inviolable e indelegable», por lo que los diputados no pueden ser responsabilizados penal, civil ni administrativamente por sus actos en el ejercicio de dicha función. Al tratarse de una reforma de rango constitucional, debe ser presentada una vez por la legislatura en funciones y ratificada en la siguiente.
La reforma fue apoyada con los votos de toda la bancada de Libre y la mayoría del Partido Liberal, con excepción de Iroshka Elvir de Nasralla, Maribel Espinoza, Suyapa Figueroa y Mauricio Villeda. Del resto de partidos, Tomás Ramírez y Osman Chávez, del Partido Salvador de Honduras, votaron a favor, y Carlos Raudales, de la Democracia Cristiana (DC) y Jorge Gaido, del Partido Anticorrupción (PAC) también apoyaron la propuesta.
Sin embargo, durante la discusión el oficialismo no permitió incluir la eliminación de la Ley para la reconstrucción del Estado de derecho y para que los hechos no se repitan, más conocida como «Ley de Amnistía Política», un tema que ha estado en discusión como otro de los impedimentos para la instalación de la CICIH en el país, como lo reveló la misma vicesecretaria de la ONU, Amina J. Mohammed, a Contracorriente en una entrevista el año pasado, lo cual posteriormente se confirmó con la publicación del dictamen técnico de expertos de la ONU que estuvieron en el país entre julio y octubre de 2023, según reveló el medio Criterio HN.
Según la diputada nacionalista Leda Pagán, quien dio declaraciones a Contracorriente previo a la sesión legislativa, su bancada solo apoyaría las reformas si se incluía esta derogación.
Este decreto otorga una amnistía «general, amplia e incondicional» a quienes ejercieron funciones públicas durante el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales, y abarca delitos como falsificación de documentos, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y fraude. Gracias a esta normativa, personas como Enrique Flores Lanza, actual asesor presidencial, vinculado a la sustracción de 50 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), pueden ejercer nuevamente cargos públicos. También permitió el regreso al país de Rodolfo Padilla Sunseri, ahora candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, tras años de haber huido de la justicia.
Durante el debate, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, propuso derogar la ley de amnistía política aprobada al inicio del actual gobierno, así como dejar sin efecto las sentencias que se han amparado en ella. «Esta ley no quiere que investiguen 2006-2009, por eso se perdonaron los delitos de corrupción; personas que estaban huyendo, que estaban con acusaciones, que tenían condenas, hoy están libremente en la calle y hoy están gobernando con ustedes. Ustedes no quieren que investiguen eso ni que la CICIH investigue a este gobierno actual y sus actuaciones al margen de la ley», dijo.
Mientras tanto, el diputado liberal Yahvé Sabillón señaló que, de los nueve requisitos mínimos planteados para la instalación de la CICIH, Honduras apenas ha cumplido tres. Agregó que la ONU exige que la comisión tenga independencia como querellante autónomo y también independencia económica. Ambos aspectos no están contemplados en su totalidad en la propuesta de ley presentada por la diputada Zelaya, que plantea que el Estado hondureño asuma parte del financiamiento y que el fiscal general sea quien acredite a los miembros.
«La CICIH ya no va a ser posible en este gobierno. Una misión de esa envergadura solo se logra instalar entre seis meses y un año», sentenció Sabillón.
Ante el cuestionamiento por la «Ley de Amnistía Política», Redondo dijo que la ONU nunca les ha dado una nota oficial con un listado de cuáles son las reformas necesarias para su instalación. Asegura que lo que se filtró es una comunicación interna entre otros miembros que discutían el proceso. Sobre el presupuesto, Redondo agregó que países como China o Estados Unidos no están financiando a la ONU, y por eso proponen que haya financiamiento nacional, aunque, según expertos, esto podría ser limitante para la CICIH.
El diputado Ramón Barrios, presidente de la comisión especial, añadió sobre ese tema que «la autoridad de cosas juzgadas no se puede cambiar, aun en el Congreso», haciendo referencia a que las sentencias que les han dado libertad a varios personajes tras la amnistía política, no pueden ser revocadas.
Por su parte, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, advirtió que proponer reformas constitucionales solo retrasa la posibilidad de que la CICIH se instale, ya que estas reformas requieren dos legislaturas y no se conoce aún cómo estará conformado el Congreso el próximo año. Además, Mena pidió incluir un proyecto de ley que ella presentó con reformas al Código Procesal Penal, para garantizar de forma efectiva la figura de querellante autónomo para la CICIH. Según explicó, tal como está redactada la ley, la comisión seguiría subordinada al Ministerio Público. Sin embargo, su propuesta no fue incluida por la comisión dictaminadora.
«Luis Redondo, hace cuatro años, jamás habría permitido que este artículo se leyera de esta manera cuando estaba el fiscal Chinchilla a cargo. Ahora, creería yo que la lógica de esta motivación es porque los hermanos de Libertad y Refundación sienten simpatía por el fiscal que se encuentra ahora en el cargo. Pero no son eternos y no podemos hacer una ley pensando en eso», señaló Mena.
El diputado Barrios respondió que la apreciación de Mena es incorrecta. Aseguró que el Ministerio Público solo tendría un rol administrativo para acreditar la personalidad jurídica de los miembros de la CICIH como querellantes autónomos, y que no habría dependencia ni discrecionalidad del fiscal general para aprobar o negar dicha acreditación.
Falta de voluntad política frena instalación de la CICIH
Osiris Payes, abogada y asesora en transparencia y anticorrupción del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), le dijo a Contracorriente que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo han frenado de forma deliberada las reformas necesarias para la instalación de la CICIH, a pesar de que las condiciones mínimas propuestas por Naciones Unidas son alcanzables. Según Payes, la exclusión del Congreso Nacional de la comisión negociadora con la ONU fue un error estratégico, ya que es el único poder facultado para aprobar reformas clave.
El equipo de negociación se conformó en enero de 2024, e incluía al entonces canciller, Eduardo Enrique Reina; la entonces ministra de Finanzas, Rixi Moncada; el procurador general de la República, Manuel Díaz Galeas; y la entonces ministra de Trabajo, Mayra Mejía. Actualmente no se han hecho cambios en ese equipo de negociación, a pesar de que tanto Reina como Moncada dejaron sus cargos públicos para participar en las elecciones generales de noviembre.
Según Payes, desde su creación, esa comisión enfrentó limitaciones estructurales, pues no había un mandato técnico claro, tenía poca articulación institucional y carecía de vínculos sólidos con la ciudadanía organizada. Además, aseguró que no fue concebida como un equipo técnico con experiencia en investigación anticorrupción, derecho internacional o diseño institucional.
«Le siguen apostando a una ley especial de la CICIH que otorga facultades supranacionales por encima del Ministerio Público, pero esa es una reforma que no está pidiendo Naciones Unidas», afirmó Payes.
La abogada señaló que hay una resistencia generalizada a reformar decretos que otorgan privilegios a los diputados, como la inmunidad parlamentaria y el fuero especial, lo que impide avances sustanciales. «Pareciera un acuerdo silencioso (…) de que este tipo de reformas no avancen por los privilegios que conceden a todos los que tendrían que impulsar su derogación», denunció.
Además, criticó la falta de participación ciudadana en el proceso de negociación, lo que ha debilitado la presión pública para que se instale la CICIH. «Si la demanda es de la ciudadanía, ¿por qué excluirla del proceso de construcción?»
Un estudio del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD), publicado en agosto de 2024, evidenció un amplio respaldo ciudadano a la instalación de la CICIH en Honduras. El 88 % de las personas encuestadas expresó que quiere la llegada de este mecanismo al país, mientras que un 77.4 % considera urgente que se investigue y sancione a funcionarios del actual gobierno. Además, para el 61 % de la población, la presencia de la CICIH influirá en su decisión de voto en las próximas elecciones.
Para Payes, la instalación de la CICIH significaría habilitar el sistema de justicia penal nuevamente. «Mientras estos decretos se mantengan vigentes, el sistema de justicia se encuentra atado de las manos para poder procesar a cualquier alto funcionario público y quienes participen también con ellos en los casos de macro corrupción», concluyó.
La demanda por la instalación de la CICIH en Honduras no surge en el vacío: responde a años de movilización ciudadana contra la corrupción. En 2015, el Movimiento Indignados llenó las calles exigiendo justicia tras el escándalo de desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, inspirándose en el trabajo de la extinta CICIG en Guatemala, una comisión respaldada por Naciones Unidas que logró investigar y judicializar redes de corrupción de alto nivel, aunque en 2018 su mandato no fue renovado por el entonces presidente Jimmy Morales, y desde entonces su marco legal ha sido usado para perseguir a jueces y fiscales que destaparon el pacto de corruptos.
Ahora Guatemala vive un retroceso en materia de justicia. A pesar de esto, la expectativa en Honduras se mantiene viva, pero choca una y otra vez con los intereses políticos que han frenado las condiciones mínimas para la instalación de la CICIH.
