El Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación (Libre) resolvió retirar la membresía del partido al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, quien ha sido investigado por el Ministerio Público por actos de corrupción y ha sido señalado por sus vínculos con el crimen organizado. El Tribunal pidió que se apruebe esta determinación en la próxima Asamblea General del partido.
Texto: Vienna Herrera y Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen
Una resolución del Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación (Libre) determinó que se debe retirar la membresía del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez. En un documento al que tuvo acceso Contracorriente, el Tribunal expone que Fúnez no puede seguir ostentando «el derecho de representarnos, gozar de ninguno de los derechos y privilegios derivados de esa membresía o volver a ser precandidato, ni mucho menos candidato de Libre en ninguno de los niveles de cargos a elección popular».
El Tribunal dijo que se le informó al coordinador de Libre, Manuel Zelaya, expresidente y actual asesor presidencial, sobre el retiro de la membresía, y que en la próxima asamblea general del partido –que en 2023 se realizó en marzo, pero este año aún no se ha concretado– se debe ejecutar esta expulsión.
Según el documento, el Tribunal recibió varias denuncias sobre diferentes irregularidades por parte de Fúnez, y mediante una comunicación oficial se le solicitó responder a las acusaciones, pero no lo hizo «invocando apoyos ulteriores en contra de la integridad del Estatuto»; agregan que «su negativa a responder a las preguntas implica la aceptación tácita de sus imputaciones».
Si bien el documento no menciona en quiénes se apoyó Fúnez para no responder al Tribunal, en Contracorriente publicamos una investigación que revela los vínculos del alcalde de Tocoa con Carlos Zelaya —hermano de Manuel Zelaya y secretario del Congreso Nacional (CN)—. De acuerdo a testimonios de miembros de Libre en la zona, Zelaya y el alcalde «se han vuelto inseparables» y se han acompañado en diversas reuniones públicas. Asimismo, mantiene vínculos con Edson Argueta, secretario privado del presidente del CN, Luis Redondo.
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Entre las interrogantes y requerimientos que el Tribunal envió a Fúnez, se incluyó uno sobre su declaración pública en 2016, donde aceptó su vínculo y amistad con Javier Rivera, del cártel de narcotráfico Los Cachiros. Tanto Javier como su hermano Devis Leonel se entregaron a Estados Unidos en enero de 2015, y Devis sirvió como testigo en el juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, como lo había hecho en 2017 en el juicio contra Fabio Lobo, donde también mencionó a Fúnez como uno de los políticos que recibió sobornos del cártel. El Tribunal pidió a Fúnez que se disculpara públicamente por ese vínculo.
El documento también cuestiona su relación con el empresario Lenir Pérez, dueño de varias empresas y proyectos vinculados a conflictos medioambientales, que ha adquirido concesiones y tierras de forma ilegal. Al respecto, la resolución explica que se le cuestionó a Fúnez «el origen de las concesiones de las que goza desde el corrupto régimen anterior. Eso hace daño al país y a su entorno y compromete al Partido que lo apoye. Usted tiene la responsabilidad de ser leal con el Municipio, con el Partido y el país, pero ha apoyado al Sr. Pérez y a sus empresas. ¿Cómo puede resolver este dilema?».
Pérez es socio de Inversiones Los Pinares, una empresa del grupo EMCO, un conglomerado con inversiones en diversos sectores como la construcción, el sector aeroportuario y la siderurgia. Entre sus operaciones más destacadas en el país se encuentran un megaproyecto minero en la zona de amortiguamiento del Parque Carlos Escaleras en Tocoa, Colón, y la concesión para la construcción y operación del Aeropuerto Internacional Palmerola. Ambos proyectos han sido muy cuestionados por diversos sectores de la sociedad, debido a las condiciones irregulares en que los permisos fueron otorgados.
Recientemente, en Contracorriente publicamos cómo, entre 2017 y 2022, representantes de la empresa Inversiones Los Pinares, en complicidad con funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández —incluyendo al exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara Bueso, y la excandidata a diputada del Partido Libre, Ilsa Lorena Torres— obtuvieron ilegalmente la propiedad de tierras destinadas a la reforma agraria para construir parte de su megaproyecto minero.
Pero las conexiones de Pérez con funcionarios no se limitan únicamente a Fúnez y la excandidata a diputada. En enero de 2023, Contracorriente reveló que el bufete de Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización del gobierno actual, y su esposa Pamela Blanco Luque, presta servicios legales al empresario Lenir Pérez.
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Lenir Pérez también está vinculado con la termoeléctrica Ecotek, que busca la instalación de un proyecto de generación de energía que funciona con base en un derivado del carbón altamente contaminante, que ha sido apoyado por Adán Fúnez, presionando por la aprobación en cabildo abierto del proyecto. El último intento, realizado el 13 de junio, resultó en la exclusión de las comunidades y organizaciones que se oponen al proyecto, el cual finalmente fue aprobado. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo que pone en suspensión esa decisión del cabildo. El Tribunal de Honor también mencionó en el documento que «incluso está documentado como el Alcalde tuvo que huir de la población, bajo una lluvia de piedras e insultos y salir resguardado por la policía».
Este 19 de junio, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) notificó al Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en Tocoa sobre la suspensión de todas las actuaciones administrativas en favor de la planta termoeléctrica, en consonancia con el recurso de amparo admitido por la CSJ.
El documento de la resolución sobre la solicitud de expulsión de Fúnez también hace hincapié en que el alcalde tocoeño no ha prestado atención a la oposición de miembros de las comunidades y organizaciones defensoras del ambiente ante la instalación de empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales, y sus vínculos con multinacionales como Nucor, la principal productora de acero en Estados Unidos. Estos vínculos fueron descubiertos por Contracorriente en noviembre de 2020, señalando que la multinacional fue una poderosa socia tras las bambalinas del proyecto minero.
Después de que Contracorriente publicara la resolución del Tribunal de Honor, medios de comunicación nacional retomaron la noticia. Un canal de televisión abordó al alcalde Adán Fúnez, quien manifestó que se encuentra en la disposición de ser llamado por la Asamblea General del Partido Libre, siempre y cuando presenten las pruebas de las acusaciones por las que se pide su expulsión y le permitan defenderse.
Por otro lado, no negó su cercanía con el secretario del Congreso, Carlos Zelaya. Además, dijo que las acusaciones vienen de un ala radical de Libre, mientras que él pertenece a un sector proveniente del Partido Liberal que acompaña al expresidente Mel Zelaya.
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Juana Esquivel, del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en Tocoa, espera que la resolución del Tribunal conlleve una acción contra el edil. «Esperamos que no sea un juego de doble moral, porque sabemos que al final el partido tiene sus estructuras, tiene una coordinación general, una conducción del partido que al final incide mucho en la toma de decisiones definitivas en la asamblea, y esperaríamos que haya una coherencia en este primer dictamen, que hasta ahora vemos algo más definido», señaló en un reciente XSpace organizado por Contracorriente.
Desde que se fundó el partido Libre en 2011, nunca se ha expulsado a ninguno de sus miembros, a pesar de que la misma presidenta Xiomara Castro anunció la expulsión de 18 miembros en 2022, durante una crisis legislativa por la elección de la junta directiva del Congreso Nacional. De acuerdo a varias fuentes consultadas por Contracorriente, la expulsión no está contemplada dentro de los estatutos del partido.
