Aproximadamente en un mes se podría conocer el destino del expresidente Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición para Estados Unidos por tres delitos relacionados al narcotráfico. Mientras, grupos de simpatizantes salen a las calles a orar por él y acompañarlo. Analistas opinan que difícilmente podrá evadir la extradición.
Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Jorge Cabrera
Al menos hasta el 16 de marzo y durante lo que dure la audiencia de proposición de pruebas, el expresidente Hernández guardará prisión preventiva en el Comando de Operaciones Especiales (Cobras) mientras se resuelve si se dará a lugar o no la solicitud de extradición hacia Estados Unidos hecha pública el pasado 14 de febrero.
En Honduras existe un tratado con Estados Unidos desde 1909, pero que cobró fuerza en enero de 2012 cuando el Lesgialtivo aprobó una reforma constitucional que permite la entrega de hondureños por delitos de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Todavía no existe una ley de extradición en Honduras, por lo que la Corte Suprema de Justicia aprobó un auto acordado que regula estos procesos.
Estados Unidos acusa a Hernández por 3 delitos relacionados con el narcotráfico, que se resumen en: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos, uso y portación de armas de fuego y conspiración para usar o portar armas de fuego con relación a la importación de narcóticos.
Un documento filtrado sobre el caso señala que, desde 2004 hasta 2022, Hernández participó en el tráfico de aproximadamente 500,000 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos, enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, por rutas aéreas y marítimas.
Lo último que se conoce del caso es que el Ministerio Público recibió del juez de extradición una solicitud para verificar si existen denuncias, investigaciones o causas pendientes contra el expresidente Hernández, como parte de procedimientos que se han hecho en todos los procesos de extradición anteriormente y que podrían frenar el proceso.
El abogado constitucionalista y diputado por Libertad y Refundación, Ramón Enrique Barrios, señaló que, aunque existan denuncias contra Hernández en la fiscalía, estas no serían vinculantes porque no hay un proceso penal en curso, «así que no hay argumentos para la defensa, nadie detiene, ni siquiera la Corte, la extradición», explicó.
Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de la Asociación por una Sociedad Más Justa, señala que hasta la fecha se desconoce que se haya presentado un requerimiento contra él por cualquier ilícito, «por eso creo que no sería obstáculo para poder parar la extradición pero habrá que ver que determina el juez», explica.
«Si no había ningún procedimiento iniciado al momento de solicitar la extradición, no habría ninguna forma de frenar y la única forma es que tenga una resolución contraria es que la embajada no presentara las pruebas necesarias», asegura Madrid.
Durante el ingreso al tribunal, el pasado 16 de marzo, un grupo de trabajadores del Poder Judicial recibieron con aplausos y señas de cariño al exmandatario Hernández cuando este pasó por el pasillo camino a iniciar la audiencia de información en la que le explicaron los delitos de los que le acusa Estados Unidos.
El próximo 16 de marzo iniciará la audiencia de proposición y evacuación de pruebas frente a la solicitud de extradición del expresidente. En esa etapa, las partes presentarán sus evidencias y, posteriormente, el juez que conoce de la causa dará un dictamen: si aprueba o no la extradición. El juez tomará un tiempo prudencial y avisará el día que dará su dictamen; en caso de que el juez apruebe la extradición, la defensa podría solicitar una apelación.
La defensa de Hernández había solicitado que durante este tiempo del proceso cumpliera su arresto preventivo en su domicilio, pero la petición fue negada por el juez debido a que el acuerdo de extradición existente no permite que esté a criterio del juez establecer una medida distinta sustitutiva a la detención provisional, explicó Melvin Duarte, vocero de la Corte Suprema de Justicia.
La defensa de Hernández apeló la decisión del juez de la prisión preventiva el 19 de febrero; el 21 de febrero el juez de extradición admitió la apelación y dio a conocer que este recurso debe ser resuelto por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que funge como Tribunal de Alzada en casos de extradición.
Ramón Sabillón, secretario de Seguridad, explicó en conferencia de prensa que Hernández está en una habitación de la que no se le permite salir, esto para cuidar su integridad personal, «pero se le extiende todo lo que necesita: medicinas, alguna visita. Recuerde que él no es una persona condenada sino como un imputado, sujeto a una extradición, y se le observan todos los derechos que a él le corresponden», explicó.
Mientras se desarrollaba la audiencia, simpatizantes de Hernández llegaron afuera de la Corte Suprema de Justicia para manifestarle su apoyo al exmandatario, «No está solo», gritaban. En varias ocasiones, oraron pidiendo «que lo juzgara Dios y no el hombre».
Dilcia Rodríguez, una de las manifestantes a favor de Hernández, le dijo a Contracorriente: «Me tiene aquí el respeto que alguna vez le tuve al presidente Juan Orlando Hernández, el respaldo del Partido Nacional. Es un hombre que trabajó mucho por el país y por el partido». También señaló que espera que los proyectos como el de la Vida Mejor continúen y lleguen a las personas que de verdad lo necesitan.
Poco después, personas con las banderas del partido Libertad y Refundación llegaron a las instalaciones y durante varias horas se dedicaron a pelear con los simpatizantes de Hernández; la Policía Nacional se dedicó a separar constantemente a los grupos, que gritaban y tiraban piedras.
El juez que conoce de la causa declaró que tanto él como su familia y sus bienes contarán con protección durante el proceso, esto tras una petición de la defensa enmarcada en la Ley de protección especial a funcionarios y exfuncionarios en riesgo.
Reformas a esta ley fueron aprobadas en diciembre de 2021, poco después de que el Partido Nacional perdiera las elecciones a nivel ejecutivo, para especificar que expresidentes y personas que tuvieron cargos en Seguridad entraban dentro de esa ley.
La ley dice que el servicio de protección incluye gastos de seguridad y movilización del funcionario o exfuncionario protegido y del personal asignado para su protección cubriendo los gastos y costos operativos necesarios.
«Los recursos para el cumplimento de sus funciones serán asignados de los fondos otorgados a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), también se le asignarán fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional por medio de una subcuenta especial», explica el artículo 10.
Julia García, hermana de Ana García Carías, asistió a una vigilia afuera del lugar donde se encuentra detenido Hernández, y explicó que los bienes familiares se construyeron en patrimonio de familia, «no hay más, a base de trabajo y honestidad», señaló y dijo que no sabe si en algún momento puedan asegurarle sus bienes. Además, aseguró que ya no tenían seguridad.
Por su parte, el secretario Sabillón explicó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas les están brindando seguridad a sus bienes durante lo que dure el proceso para evitar cualquier daño o agresión a las personas que están en ellos, «es una actividad preventiva para evitar algún saqueo o agresión a personas que laboran o habitan ahí, que son personas inocentes que no vendría bien hacerles un acto malintencionado», explicó Sabillón.
Mientras tanto, la ex primera dama, Ana García Carías, que también acompañó en la vigilia, emitió un comunicado en el que denunciaba el proceso de detención señalándole como acciones degradantes e inhumanas: «Todas las cámaras de las mismas fuerzas de seguridad filmaban al momento de su detención, a la imposición de cadenas y grilletes, presentándose posteriormente en sede policial a los medios de comunicaciones, en una tarima como un trofeo a exhibir», decía el comunicado.
El martes, Ana García llegó a las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para interponer una denuncia por violaciones a los derechos humanos del expresidente. «Quiero que entiendan lo que sufrí y viví ese día, mi casa rodeada por más de 600 elementos del orden público que llegaron con el deseo de ingresar a mi vivienda y no se les permitió (…) sobrevolaron helicópteros a pesar de que mi esposo dijo que se iba a entregar voluntariamente», dijo a los medios.
Sobre esto, tanto el secretario de Seguridad, Sabillón, como Manuel Zelaya, expresidente, esposo de Xiomara Castro y actualmente presentado como asesor presidencial, dijeron que en ningún momento se le habían violado sus derechos humanos.
Zelaya también explicó que el Ejecutivo recibió la solicitud y la procesó en una hora para enviarla a la Corte Suprema de Justicia, quien sería la autoridad que tomaría las decisiones sobre Hernández. «La presidenta Xiomara Castro desde el primer momento en que fue recibida la solicitud, porque es una solicitud, la envió inmediatamente su canciller, Eduardo Enrique Reina, quien hizo el trámite en una hora y, responsablemente, como dice el auto acordado de la CSJ —que debería haber una ley pero aquí lo que hay es un auto acordado—, toma la decisión la CSJ. Se le trasladó inmediatamente el tema a la CSJ», explicó.
Melvin Duarte, vocero de la CSJ, explicó que en todos los casos el proceso ha demorado aproximadamente entre cuatro y cinco meses desde el momento de su captura, la audiencia de proposición de pruebas y las apelaciones que pudiera poner la defensa. Duarte añadió que en ninguno de los 32 procesos anteriores de extradición se dio a conocer el nombre del juez natural. No obstante, se filtró que el magistrado que conoce dicha solicitud es Edwin Francisco Ortez Cruz.
¿Quién es el juez que conoce el caso de extradición?
El juez Edwin Francisco Ortez Cruz fue elegido como magistrado de la CSJ en 2016, después de seis intentos fallidos para poder elegirlos. Ortez fue electo por el Congreso Nacionalcomo magistrado del Poder Judicial hasta 2023, tras ser propuesto por la Confraternidad Evangélica de Honduras, una publicación de Revistazo además lo identifica como una persona afiliada al Partido Nacional.
Además de esto, Ortez también conformo el pleno de magistrados de la CSJ en 2021 que conoció de una acusación por supuesto lavado de activos y fraude contra el exdiputado nacionalista, Reynaldo Ekónomo. El caso concluyó con el otorgamiento de un sobreseimiento por el delito de lavado de activos y auto de formal procesamiento por fraude.
Antes de eso, Ortez fue miembro de la Corte de Apelaciones Especiales que conoció el Caso Pandora y que en agosto de 2020 absolvió a 22 imputados, por esto la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) denunció que la comisión de magistrados cometió el delito de prevaricato negligente.
El Caso Pandora explica un entramado de políticos y exfuncionarios que desviaron 282 millones de lempiras desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el financiamiento de campañas políticas del partido Liberal y Nacional. El caso no ha sido el único que investigó la fiscalía hondureña relacionado al financiamiento ilícito para campañas políticas.
Algunos de los casos investigados por la Uferco, como el Caso Hermes, señalaban el pago irregular a periodistas; tras una revisión que hizo Contracorriente sobre qué hacían los periodistas mencionados en ese entonces, encontró que le daban espacio al expresidente para que hablara sobre las acusaciones de su hermano Juan Antonio Hernández en una Corte del Distrito Sur de Nueva York.
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Estados Unidos acusa a Hernández de haber utilizado dinero del narcotráfico para el financiamiento de sus campañas políticas desde 2004. Este financiamiento incluyó el soborno a funcionarios electorales y a políticos para obtener el apoyo y que Hernández llegara a la presidencia del Congreso Nacional, y luego a la del Ejecutivo, donde —según EE. UU.— también usaría dinero del narcotráfico para reelegirse inconstitucionalmente con el fin de controlar el paso de la droga por Honduras.
Para Kenneth Madrid el caso de Hernández demuestra que el Estado se encuentra infiltrado por el enriquecimiento ilícito, especialmente para el financiamiento de campañas electorales. «Debemos de partir de reformas integrales y es una nueva oportunidad para el nuevo Gobierno de hacer reformas para blindar, y que todas estas prácticas que se han venido desarrollando en el pasado puedan tener ahora una muralla, que no se realicen», finaliza.
