Texto: Vienna Herrera
Fotografías de Martín Cálix
A casi un año de que el país se declarara en Emergencia Nacional por la pandemia y en medio de un rebrote de casos de COVID-19, apenas dos de los siete hospitales móviles funcionan, pero con menor capacidad de la prometida. El Tribunal Superior de Cuentas remitió al Ministerio Público dos auditorías que resumen las irregularidades en las compras realizadas por Invest-h y Copeco para atender la emergencia.
El Instituto Hondureño Cardiopulmonar, también conocido como Tórax, entre junio y julio del 2020 sobrepasaba su capacidad y se había quedado sin ventiladores disponibles para atender pacientes graves por COVID-19, por lo que los médicos decidieron utilizar dos ventiladores de la marca Breas Vivo, adquiridos por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Sin embargo, al quinto día de uso, dos pacientes que estaban conectados a los respiradores murieron cuando estos dejaron de funcionar.
Los ventiladores fueron la primera compra realizada por Copeco para la emergencia. Esta institución a cargo de la emergencia adquirió 90 equipos de asistencia para la tos: Phillips T70, 90 ventiladores Trilogy Evo portable, 40 ventiladores Breas y Vivo 65, todo por un monto de 57 millones de lempiras (2,280,000 dólares). Los ventiladores comprados tenían alertas emitidas por la administración de medicamentos y alimentos de Estados Unidos (FDA), la última salió en febrero de 2020.
Suyapa Sosa, jefa de neumología del Tórax, le dijo a Contracorriente que desde enero de 2020 un equipo multidisciplinario había enviado a la Secretaría de Salud especificaciones del equipo necesario para atender la emergencia: «no queríamos que ocurriera lo que siempre ocurre: se compran equipos desechables, sin garantía y solo sirven para robarse el dinero», añadió Sosa.
Pero los ventiladores no solo no funcionaban, sino que también vinieron incompletos, por lo que el Gobierno tuvo que pagar más de 4 millones y medio de lempiras (184,083 dólares) para completarlos. La compra se realizó a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h). Aún con las adiciones realizadas los ventiladores siguen sin funcionar.
«Un ventilador Vivo 50 se recibió dañado con la pantalla mala y otro Vivo 65 tiene fuga internamente, de esto no se ha reportado a ningún proveedor, ya que nunca indicaron quien tenía la garantía o representatividad de dicho equipo, y 13 se encuentran aún en almacén sin uso», mencionó en el documento el personal del hospital Leonardo Martínez, en San Pedro Sula.
La información sobre las muertes forma parte de una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre las compras realizadas por Copeco. El informe fue redactado por el doctor Luis Fernández de medicina interna de cardiología, y en él mencionó que después del incidente en el que murieron dos pacientes recomendaba «fuertemente no utilizar dichos ventiladores, esta recomendación está basada también por la alerta emitida por el FDA sobre el uso de estos dispositivos que consiste en la falla de seguridad en el potencial mal funcionamiento».
Las compras de los ventiladores fueron realizadas por el entonces titular de Copeco, Gabriel Rubí, quien fue destituido en abril tras los cuestionamientos en su gestión durante las compras. Rubí le dijo al TSC que las cotizaciones de los ventiladores las hizo la Cancillería de Honduras en Estados Unidos, y que la ministra de Finanzas de ese entonces, Rocío Tabora, le pidió que solicitara los fondos por el desabastecimiento del mercado. Sin embargo, el TSC señala que Rubí no presentó ninguna documentación que acredite su argumento.
Rubí después de salir de Copeco, regresó al cargo que ocupaba anteriormente: diputado del Partido Nacional en el Congreso Nacional por el departamento de Yoro. Rubí también conforma la planilla de candidatos a diputados por el movimiento de Nasry Asfura, actual alcalde capitalino que enfrenta un proceso de antejuicio por la supuesta malversación de 28 millones de lempiras provenientes de la alcaldía.
Entre otras inconsistencias de la compra de los ventiladores, el informe detalla que las facturas fueron emitidas por la empresa Partners Medical Supplies, Inc, dba City Stair lift, pero el pago se le realizó a International Medical Equipment, LLC. Además no se encontró la dirección en Google www.partnersmedicalsupplies.com descrita en la factura, ni que el correo electrónico info@partnersmedicalsupplies.com.
Otra irregularidad es que Copeco nunca verificó si la empresa era apta para contratar con el Estado de Honduras, si estaba constituida legalmente en su país de origen, ni una declaración jurada en donde la empresa garantizara no tener inhabilidades que en un futuro pudieran causar la nulidad de la contratación.
Sosa indica que en un momento se les intentó obligar a utilizar el equipo, por lo que tuvieron que decir que no lo iban a utilizar debido a las malas experiencias, y documentaron las dos muertes ocasionadas.
La titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, le dijo a medios de comunicación que están investigando las muertes para «hacer un análisis de las causas de esas muertes y ver si realmente tuvieron que ver los equipos y también ver por qué no se revisaron previamente».
Además de eso, Copeco realizó la compra de equipos succionadores para la tos, que no eran necesarios para atender pacientes con COVID-19. La compra de los equipos costó más de 15 millones de lempiras (USD 702,000) y según el informe del TSC, estos se encuentran almacenados en el almacén nacional de medicamentos de la Secretaría de Salud.
Mientras que los ventiladores tampoco funcionan «creo que están en la bodega de nuestro instituto, aunque sé que se ha pedido que se descarguen porque nosotros no queremos saber nada de estos ventiladores que definitivamente no tienen ninguna función», añadió Sosa.
Aunque estas son las primeras dos muertes relacionadas directamente a las compras irregulares durante la emergencia, esta fue la primera de muchas malas decisiones para atender la pandemia.
La eterna espera por los hospitales móviles
A pocas semanas de haber decretado emergencia nacional en el país y ante la inminente idea de que la red hospitalaria colapsaría con los casos, Invest-h realizó la compra de 7 hospitales móviles con su planta de tratamiento de desechos médicos, equipos biomédicos y de bioseguridad, transporte de los hospitales, contratación de especialistas y construcción de los espacios donde se habilitaría. Todo esto por un monto de 1,741,188,839 lempiras (69,647,553 dólares).
El ingeniero German Pérez, representante de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), le dijo a Contracorriente en una entrevista que «con el dinero invertido y que se sigue invirtiendo se hubiera construido un hospital de verdad, con todas las especificaciones que hubiera tardado el mismo tiempo o un poco más, pero nos hubiera quedado un nuevo hospital que habría servido para muchas cosas una vez que pase la pandemia».
Gustavo Irías, director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), añade que los casos de corrupción en medio de la crisis económica que vive Honduras solo indican que los próximos años serán difíciles: “El país está colapsando, sus importaciones y exportaciones han caído y paradójicamente vemos una sobrevaloración del lempira y luego vemos que, a pesar de la millonaria inversión para atender la pandemia, igual la red hospitalaria se ha visto colapsada».
Los primeros dos hospitales móviles comprados por Invest-h llegaron al país el 9 de julio de 2020 y en noviembre llegaron los últimos 3 hospitales, todo esto a pesar de que se habían prometido que llegarían entre mayo y junio. Hasta ahora solo el destinado a San Pedro Sula comenzó a funcionar en octubre de 2020 y el de Tegucigalpa comenzó a operar el viernes 29 de enero de 2021.
El hospital móvil de Tegucigalpa llevaba 6 meses en el país sin haber iniciado operaciones, de acuerdo con un medio televisivo, los módulos tenían 56 fallas que fueron corregidas en un 90 %. El centro de atención se coordina con el Hospital Escuela Universitario (HEU) y aunque inicialmente se contemplaba que atendería a 91 pacientes, se redujo el número a 64 de los cuales se decía que 16 cupos eran para Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 16 de cuidados intermedios y 32 de cuidados básicos con monitoreo de signos vitales.
Sin embargo, en los últimos días de enero se dio a conocer que murió uno de los dos primeros pacientes trasladados desde el HEU hacia el hospital móvil, esto pese a los intentos de movilizarlo nuevamente al HEU porque el hospital móvil no tiene funcional ningún cupo para UCI.
«Hay módulos que están designados para ser de cuidados intensivos, pero como decía previamente para lograr que este hospital funcionara para pacientes de cuidados mínimos e intermedios fue una labor titánica, va a tomar mucho más tiempo lograr tener una UCI en el mismo», dijo Franklin Gómez, subdirector del HEU, a varios medios.
Sinely Díaz, familiar del paciente fallecido, declaró en el noticiero Hoy Mismo que nunca le informaron del traslado hacia el hospital móvil ni de su regreso al HEU: «no se sabe mucho de los hospitales móviles y debería haber alguien para informar si en verdad están preparados para recibir pacientes tan complicados y para tomar la responsabilidad de aceptar traslados, sabiendo que están estables y haciéndose responsable de que los van a mantener estables y no que los van a complicar como pasó con mi tío». Díaz añadió que su tío solo sobrevivió una hora después de ser nuevamente internado en el HEU.
Una de las dificultades para que el hospital móvil de Tegucigalpa comenzara a funcionar era que no se había contemplado que necesitaría un presupuesto específico. Sin embargo, el viceministro de salud, Fredy Guillén, dijo que ya se tenía realizada la transferencia al HEU que ronda entre los 24 y 25 millones, monto que se destinará mensualmente para su funcionamiento.
Guillen dijo en medios que los hospitales móviles «han sido muy criticados por voces sesgadas por política, yo no voy a entrar en controversia porque no es mi fuerte, me gusta más trabajar que hablar. Pero sí es importante mencionar que la gran credibilidad que tiene todo el equipo del HEU nos demuestra que estos hospitales van a venir a apoyar al pueblo hondureño».
Contracorriente intentó contactar a Rony Antúnez, encargado del hospital móvil en Tegucigalpa que anteriormente coordinaba el centro de triaje del Centro Cívico Gubernamental, pero no respondió a las solicitudes de entrevista. En declaraciones a otros medios, Antúnez dijo que la atención estará disponible las 24 horas y contará con 275 empleados: «es oportuno ver hacia adelante, echando andar el hospital lo más pronto posible, ya hay que dejar atrás cuanto tiempo se tardaron».
Sin embargo, la auditoría presentada por el TSC considera que Invest-h no cubrió la compra con una garantía que asegurara los tiempos de entrega, lo que provocó un perjuicio al sistema sanitario del país, ya que la compra se hizo para «atender a la población del país afectada por el COVID-19 sin mayores dificultades, permitiéndose descongestionar los demás centros de atención sanitaria del sistema nacional de salud, los cuales en su momento se han visto congestionados por falta de capacidad de atención».
Una de las decisiones más cuestionadas es que Marco Bográn, exdirector de Invest-h, hizo el pago total por los siete hospitales móviles sin firmar antes un contrato en el que se pudiera garantizar la calidad de los hospitales comprados o multas por no entregar en tiempos definidos los productos.
Según el TSC el Estado de Honduras debería cobrar una multa de más de 6 millones de lempiras (281,115 dólares) solo por la entrega tardía de los primeros hospitales móviles.
Invest-h al ver los retrasos le enviaba correos a Axel López, representante de Elmed Medical Systems, para que señalara a qué se debía la demora, quien contestó que había restricciones de movilidad dentro de Turquía, país donde se construían los hospitales, pero nunca se hizo una solicitud formal para pedir una prórroga.
El TSC envió un oficio, a través de la Cancillería de la República, a autoridades competentes en Turquía para obtener más información sobre la movilización. La embajada de Turquía en Guatemala respondió que «no hubo alguna restricción tanto para la producción, así como para el transporte de bienes comerciales, para el sector industria ya sea, terrestre, aéreo y marítimo, tanto a nivel nacional como internacional».
Una vez llegaron los hospitales con meses de retraso, nunca llegaron los ingenieros expertos, prometidos por el fabricante, para formar parte de los equipos especializados para la instalación local, tampoco se instalaron en una semana como habían prometido y aún faltan 61 ventiladores mecánicos.
Además, en el documento de oferta que presentó la empresa Elmed Medical Systm dba Hospitalesmoviles.com, se incluyeron fotografías de instalaciones hospitalarias móviles que pertenecen a las compañías Turmaks Health Care Mobile Solutions y SDI Global LLC, ambas con sede en Turquía, de igual manera se presenta imágenes de especificaciones técnicas de módulos hospitalarios ya instalados de una de estas empresas.
«No contaba con experiencia que demostrar, por tanto, recurrió de forma indebida al uso de información que no le pertenece para lograr una venta con el Estado de Honduras, de igual forma no se presentó evidencia que demuestre que las patentes de los hospitales ofrecidos estén registrados a su favor».
El código que aparece en la factura de Elmed Medical Systems es TH663, uno que pertenece a SDI Global LLC, de acuerdo con la herramienta de verificación de la página de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NATO).
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Otra de las compras realizadas por Invest-h y mencionadas en la auditoría es la compra de 350 ventiladores mecánicos a las empresas Dimex Médica, a quien se le pagó un 80 % de anticipo por esa compra, y 200 a Grupo Técnico S de RL, a la que se le pagó un 75 %. En ambas compras Invest-h entregó más de 218 millones de lempiras (8,758,500 dólares).
Dimex debía comenzar a entregar los ventiladores en agosto, pero en la auditoría indican que no los han entregado y que ya no podrán hacer la venta total por lo que Dimex solo entregará producto por el total de lo pagado. Sin embargo, el TSC indica que solo por los atrasos el Estado debería cobrar más de 5 millones de lempiras (209,168 dólares) de multa.
En el caso de Grupo Técnico, la empresa indicó que no podía entregar los ventiladores a tiempo «por motivos de fuerza mayor», pero tampoco entregó guías de embarque que le debería suministrar su fabricante, por lo que se analiza la posibilidad de cancelar la orden completa.
Sumado a esto, Invest-h también realizó la compra de 250,000 pruebas para detectar COVID-19 por más de 48 millones de lempiras (1,932,550 dólares) que se dañaron por mal manejo de temperatura y tampoco se ha exigido su reposición. La compras se realizaron a la empresa coreana Bioneer, pero no existe evidencia de que se negociaran los precios con otros proveedores, ni que se le consultara a un experto y por eso Invest-h en un principio solo adquirido kits que eran complementos y no contenían hisopos, tubos, medios de transporte.
Invest-h además realizó un anticipo del 100 % sin establecer garantías concentras, Invest-h realizó gestiones de reclamo ante el proveedor para la reposición de al menos 150,000 pruebas, pero Bioneer le ofreció reponerlas a costo de 2 dólares cada una, en lugar de 7 dólares más el transporte y el seguro.
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Otra de las inconsistencias fue la compra de 150,000 mascarillas KN95 a la empresa Access Telecom por un precio unitario de 116.32 lempiras (4.64 dólares).
Contracorriente investigó que la empresa está vinculada a Arturo Osmond Maduro Zelaya, sobrino del expresidente Ricardo Maduro, a pesar de que Bográn dijo que había colocado por error su nombre en la orden de compra. El TSC además reveló que la oferta en mascarillas que realizó Access Telecom fue la más alta, en comparación con otras.
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Un sistema de justicia deficiente
Aunque el TSC ha pedido que el MP realice las acciones correspondientes, hasta octubre del año pasado el MP solo había emitido dos requerimientos fiscales en contra de Marco Bográn y ninguna contra Gabriel Rubí.
Bográn estuvo en prisión preventiva por los delitos de malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios, pero no por las compras irregulares mencionadas anteriormente, sino por el pago del alojamiento a empleados de Invest-h y por otorgar un contrato a su tío, Napoleón Corrales, para la construcción del plantel del hospital móvil en Santa Rosa de Copán. Dos días después de estar preso, el juez que conoce el caso le dictó medidas sustitutivas.
Irías dice que «existe una red corrupta que realmente se ha blindado, en el contexto de casos que llevó la Maccih (Misión de apoyo contra la impunidad y corrupción) vemos que se generaron un conjunto de actos de pacto de impunidad que tiene como propósito evitar la acción penal a los altos funcionarios del Estado, además sabemos que el partido de Gobierno ha tenido una inconsistente práctica del uso indebido de fondos para financiar campañas políticas en años electorales como este».
Al menos 4 de los 13 casos de corrupción que llevó la Maccih cuando existía en el país, uno de los cuales involucraban una red de malversación de fondos públicos para usos electorales, recibieron sobreseimientos en al menos la mitad de los imputados de cada caso el año pasado. Además, muchas de las regulaciones jurídicas que fueron modificadas para favorecer a los acusados por corrupción siguen vigentes.
«La pandemia y luego las inundaciones han sido un contexto favorable para esas acciones de corrupción porque esa impunidad se ha venido consolidando y no ha logrado revertirse. Sumado a esto, la economía en muchos sectores ha entrado en colapso y Honduras va a necesitar muchos años para recuperarse, no hay indicios de que el país vaya a recuperarse a corto plazo», finaliza Irías.
