En medio de un consenso entre el Partido Nacional (PN), una parte del Partido Liberal (PL) y el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el Congreso Nacional aprobó esta semana un paquete de reformas electorales que incluyen la creación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral para sustituir al Tribunal Supremo Electoral así como algunos cambios en el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Las reformas electorales son un tema que ha estado presente desde el golpe de Estado de 2009 y fue una de las recomendaciones que dejó la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas luego de observar el último proceso electoral en 2017 que estuvo lleno de irregularidades.
Ahora, se han aprobado una parte de las reformas electorales, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Justicia Electoral y el RNP serán dirigidos por tres Comisionados propietarios y dos suplentes, y ejercerán sus cargos por un periodo de cinco años con posibilidades de reelección. La segunda vuelta en elecciones y la reelección presidencial quedaron como temas relegados a una posible segunda discusión.
A pesar de que la mayoría de diputados votaron a favor (107 de los 128) hubo una parte de la oposición, el Partido Liberal que dirige Luis Zelaya y el Partido Innovación y Unidad (PINU) que se negaron a aprobarlas. Ambas partes argumentan que lo que sucedió fue un pacto para repartir cargos y que las reformas no son estructurales, por lo que no garantizan transparencia en los próximos procesos electorales, pero además denuncian que hubo un consenso entre los demás partidos, que incluyen la eliminación de la Unidad de Política Limpia y la no renovación al acuerdo que termina este año y que ha mantenido una Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH). La Maccih con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) han destapado redes de corrupción que señalan a diputados de este Congreso Nacional.
Contracorriente entrevistó a Eduardo Martell, miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) sobre los desafíos que enfrenta no consensuar sobre la reelección presidencial ni la segunda vuelta o balotaje y cuáles deben ser los mecanismos para garantizar elecciones transparentes.
CC: La coordinación del Partido Liberal y el Partido Innovación y Unidad (PINU) fueron los únicos que votaron en contra de las reformas electorales ¿Por qué esta decisión?
EM: No podemos olvidar lo que sucedió el 26 de noviembre del 2017, un proceso electoral fraudulento y lleno de inconsistencias, que irrespetó la voluntad soberana del pueblo y generó al menos 23 muertes certificadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH). Quedó evidenciada la necesidad de una reforma integral de la arquitectura electoral, ir a una repartición de cargos es lo más fácil que podíamos haber hecho como partido, pero rechazamos esa negociación porque no resuelve el problema y sigue latente la posibilidad de comisión de fraudes electorales.
Muchos no solo enfrentan delitos de traición a la patria sino de vínculos con el narcotráfico, con el crimen organizado y con la corrupción. Eso es una bofetada a lo que en realidad debería ser una democracia representada por gobernantes de entero crédito. -Eduardo Martell
CC: ¿Eran esas las reformas que se debían aprobar en el Congreso Nacional?
EM: No porque no se contempló una reforma integral que incluía segunda vuelta, plebiscito para la reelección, un registro totalmente científico y apartidista, un ente electoral confiable con las garantías y mecanismos de autocontrol que garanticen un proceso respetuoso de la voluntad soberana.
CC: ¿Qué mecanismos podrían garantizar una elección transparente?
EM: Primero es saber quiénes van a nombrar a los miembros de este ente electoral, ¿el mismo Congreso Nacional? ¿Es Mauricio Olivia y los vinculados a los casos Red de Diputados, Pandora, Arca Abierta los que van a transparentar el proceso electoral? ¿Cuál va a hacer el mecanismo de transmisión de resultados electorales? no se habló de la municipalización de las mesas, de un ente de justicia electoral. Sigue exactamente igual que como está el Tribunal Supremo Electoral: todo va a caer a la Corte Suprema de Justicia, cambian el nombre, amplían la burocracia, pero al final los reclamos que el perjudicado haga van a ir nuevamente a una corte que está vinculada y controlada por el Partido Nacional.
CC: Las reformas al Registro Nacional de las Personas ¿son las adecuadas?
EM: No hay ni una sola reforma, lo que hubo fue una modificación del directorio. No sabemos cómo se van a manejar las bases de datos y a controlar el acceso, el anteproyecto dice que el personal va a ser contratado de manera directa y no en concurso público. Dicen que la base de datos va a ser anclada en un país extranjero y eso es algo que no creo que se haya visto.
No, no hay ninguna reforma que nos garantice que vamos a contar con un registro civil científico, confiable, seguro y al margen de la intervención de los partidos.
CC ¿Qué implica el que se esté dejando sin consenso la segunda vuelta o la reelección? ¿Cómo ve esos posibles escenarios de conflicto?
EM: Bajo estas medidas el régimen corrupto y vinculado al narcotráfico de Juan Hernández se va a fortalecer, no se habla de la reelección presidencial y nosotros planteábamos un plebiscito para ir a resolver una ilegalidad.
Tampoco se habla de la segunda vuelta cuando ahora somos un sistema multipartidista con al menos cuatro fuerzas significativas y se necesita en ese esquema una segunda vuelta para que el ganador tenga no solamente la fortaleza sino la legitimad de la mayor parte de los electores. El costo de las elecciones es de 1500 millones de lempiras, pero estoy seguro que al menos el 50% es despilfarrado en viajes, capacitaciones que se podrían ahorrar, la segunda vuelta no es un proceso tan caro: son dos candidatos, menos papeletas. Con estas decisiones de haber abandonado problemas torales sigue latente la posibilidad de fraudes electorales y la debilidad del sistema electoral.
CC ¿Cuál es la postura del Partido Liberal en cuánto a la reelección, cómo debe tocarse este tema?
EM: La Constitución es clara: el soberano es el pueblo, el pueblo tiene que decidir sobre la reelección y no cinco magistrados, ni 128 diputados. Nosotros como partido aceptaríamos si quiere la reelección, si la quieren indefinida, alterna, continua, pero que sea el pueblo el gestor de su propio futuro.
Pero no, probablemente parte de estos acuerdos implique la regulación de la reelección en el corto plazo, que no nos extrañe eso.
CC: Hay muchos diputados en esta legislación que enfrentan cargos de delitos contra la administración pública y que están en medio de procesos judiciales ¿qué representa para el país que sean capaces de seguir tomando decisiones dentro del Congreso Nacional?
EM: Es insólito, es una mafia la que controla el CN y es esa mafia la que hace las supuestas reformas para fortalecer la democracia ¿qué tipo de control puede ofrecer? Muchos no solo enfrentan delitos de traición a la patria sino de vínculos con el narcotráfico, con el crimen organizado y con la corrupción. Eso es una bofetada a lo que en realidad debería ser una democracia representada por gobernantes de entero crédito.
Un hombre y una mujer cruzan la acera a un costado de la antigua Galería Nacional de Arte y del Congreso Nacional, en la ciudad de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.
CC: La Acción Ciudadana Contra la Dictadura (ACCD) busca hacerle frente al gobierno de Juan Orlando Hernández ¿Qué significa que el Partido Liberal sea parte, cómo es llegar a consensos con Salvador Nasralla y líderes del movimiento social?
EM: Hay que analizar lo que sucedió en México, la victoria de Andrés Manuel López Obrador contra un régimen corrupto debe de llamarnos a la reflexión, el esquema tradicional de lucha exclusivamente partidista es parte de la historia y si no lo entendemos cometemos un grave error, lo que hicieron en México fue entender que la unidad no era de partidos sino de buenas personas, personas honestas que quisieran cambios.
La ACCD nace para combatir al régimen de Juan Hernández, para exigir y luchar por su salida, para estructurar un gobierno de transición y para posibilitar elecciones que permitan el retorno del orden constitucional al país, esta es la primera etapa pero yo no descartaría que buscásemos la composición de una mesa electoral para ir a elecciones.
Esta participación del Partido Liberal en la ACCD lo que implica es el cambio de rumbo de este partido de cómo fue manejado en los últimos diez años, implica retornar a sus orígenes de lucha: podemos perder presencia en las instituciones, no apostamos por beneficios porque solo queremos que Honduras cambie y eso significa la lucha que va a ser contra corriente, contra poderes constituidos, es la única forma de evitar que Honduras entre en un colapso mayor del que ya estamos.
CC: Este ambiente político en el que se decidieron las reformas electorales está rodeado por protestas divididas y objetivos políticos divididos ¿Qué piensa sobre la falta de consensos con Manuel Zelaya? ¿Qué significa para la oposición?
EM: Usted no puede llegar a consensos con personas que no quieren. Respeto y valoro la lucha de LIBRE, pero Mel Zelaya pactó con Mauricio Oliva, Juan Hernández, con Carlos Flores y es su decisión porque el apostó por negociar con los sectores que controlan el país y la élite política y económica que controla el país, renunciando a su lucha discursiva. El pueblo valorará y será el que tenga que establecer si se equivocó o no.
CC: ¿Qué significa para la oposición esta situación de quiebre o separación?
EM: Yo creo que es beneficioso, Manuel Zelaya se había mantenido en un discurso confrontativo y de oposición, habían sectores de la población que creían ese discurso, pero sus acciones ahora develan la posición de cada uno de los que estamos en este ambiente político.
CC: Después del proceso electoral del 2017, ¿cuáles son las lecciones, qué rumbo debe estar tomando el país en el sistema electoral?
EM: O cambiamos nuestro sistema electoral y mejoramos esa arquitectura institucional o la democracia hondureña está condenada al colapso, el país está caminando por la senda del precipicio con los altos índices de pobreza, desempleo, hondureños que abandonan el país, niveles de escolaridad de los más bajos. Hay una bomba social que se está inflando y puede estallar en cualquier momento.
Nosotros como partido aprendimos que la lucha ya no es partidista sino de sectores que quieren el cambio. Con las reformas electorales se pactó el fin de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), parte de los acuerdos es la no renovación del acuerdo que da origen a la MACCIH y eso nos hace pensar que hay reforzamiento también de los carteles narco políticos en Honduras.
La gran enseñanza es que será con el pueblo la lucha y no a través de negociaciones políticas o partidistas, es con la base del pueblo la que tenemos que movilizarnos para modificar el rumbo del país.
