Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Martín Cálix
En medio de tuberías rotas, un escenario incierto y la confusión de los abogados defensores, la audiencia de imputados del caso denominado “Caja de Pandora” por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) celebrada en la Corte Suprema de Justicia, resolvió declarar detención judicial para 19 de los 38 exfuncionarios y funcionarios implicados en el desfalco millonario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
El caso Pandora detalla cómo 282 millones de lempiras (aproximadamente 12 millones de dólares) habrían sido drenados desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para el financiamiento de las campañas políticas del Partido Liberal y el Partido Nacional en 2013. El caso fue presentado hace más de un mes por la Unidad Especial Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) en un trabajo en conjunto con la Maccih.
De acuerdo a las investigaciones, la SAG suscribió contrato con las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista para financiar proyectos destinados a pequeños productores. Sin embargo, los recursos se desviaron para el pago de campañas políticas, entre ellas la tarjeta de descuento “La Cachureca” promocionada por el presidente Juan Orlando Hernández en las elecciones generales de noviembre de 2013.
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Las partes involucradas habían intentado huir de la reclusión desde antes de la audiencia. Semanas atrás, la defensa de algunos implicados interpuso varios recursos de inconstitucionalidad contra el artículo 184 del Código Procesal Penal que obliga a dictar detención judicial en casos de lavado de activos, delito que enfrenta la mayoría de los imputados, los recursos se interponían con el fin de obtener medidas sustitutivas para defenderse en libertad.
Instantes en el que Dagoberto Aspra, abogado de una de las defensas, daba declaraciones a la prensa nacional. Foto: Martín Cálix.
Instantes en el que Dagoberto Aspra, abogado de una de las defensas, daba declaraciones a la prensa nacional. Foto: Martín Cálix.Dagoberto Aspra, abogado de la defensa, declaró que en la audiencia se discutió mucho la constitucionalidad del artículo 148 y que incluso algunos imputados ofrecieron fianzas. «Nosotros expusimos todos los argumentos sólidos necesarios, el Ministerio Público igual y aunque el artículo 184 diga que debe darse prisión preventiva hemos dado argumentos sólidos para poder demostrar que la juez puede otorgar medidas sustitutivas» manifestó Aspra, con un tono preocupado antes de que se leyera la sentencia. Posteriormente declaró que seguirán abogando por las medidas sustitutivas en la audiencia inicial.
Tres días antes ya se habían girado órdenes de captura para todos los acusados, sólo 20 de los 38 imputados se presentaron a la declaración y ahora permanecen recluidos, entre ellos tres diputados de esta legislatura: Rodolfo Irías Navas y José Celín Discua del Partido Nacional y Elvin Santos del Liberal.
El proceso de la audiencia
La audiencia de declaración de imputado se desarrolló con mucho hermetismo, a los imputados se les introdujo por otra entrada a la sala II del Tribunal de Sentencia a la que los medios de comunicación no tuvimos acceso. Aunque se programó para las 9 de la mañana, el proceso inició hasta las 10:30, y tuvo que ser suspendido 20 minutos debido a que hubo una ruptura de una tubería de aguas negras y la sala tuvo que limpiarse, ninguno de los imputados dejó las instalaciones y horas más tarde almorzaron en esa misma sala.
Marlon Duarte, defensor de Arnaldo Urbina, exalcalde de Yoro por el Partido Nacional y actualmente recluido en El Progreso, Yoro, durante ese receso aprovechó para denunciar a la investigación como una forma de hacer ver mal al país ante la comunidad internacional. “Es tan mala la investigación que a Arnaldo Urbina Soto se le volvieron a imputar los mismos hechos de lo que vino hace dos años, o sea, sí le estamos diciendo a la sociedad que se está investigando, pero no hagamos eso. Yo no digo que no acusen, pero investiguen” declaró exaltado.
Los 20 imputados que se presentaron a la audiencia enfrentan juicios por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado a: José Celín Discua (diputado PN), Rodolfo Irías Navas (diputado PN), Elden Vásquez, Elvin Santos Ordóñez (Diputado PL), Lenín Chávez, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Ramón Antonio Lara, Hernán Simman Elvir, Armando José Rivera Marroquín, Arnold Gustavo Castro, Wilson Rolando Pineda Díaz, Franklin Toruño, y Laura Aidé Arita Palma. Por el mismo delito más el de encubrimiento a Lenín Rodas, Félix Pacheco, José Adolfo Sierra, Eduardo Enrique Lanza y Arnaldo Urbina Soto, este último ex alcalde del PN recluido, seguirá cumpliendo su detención en el Centro Penal de El Progreso, Yoro.
Mientras tanto, Norma Kaffy Montes enfrenta la acusación de violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública y Velkis Rosibel Hernández por falsificación de documentos públicos.
Entre los señalados se encontraba el exsecretario de Finanzas, William Chong Wong, pero este murió cuatro días después de presentarse el requerimiento fiscal producto de una enfermedad natural. Sin embargo, su familia decidió seguir con el caso, su defensa la tiene Doris Imelda Madrid, ex presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública “para limpiar su honor porque los muertos también deben poder defenderse”.
Los implicados y sus acusaciones
La resolución de detención judicial la dictaminó la jueza Lidia Álvarez Sagastume, 18 de los 20 imputados se trasladaron de inmediato a sus centros de detención. Las excepciones son el diputado nacionalista José Celín Discua Elvir debido a que se le realizará una evaluación médica en la Dirección de Medicina Forense solicitada por sus apoderados legales aduciendo enfermedad y a Velkis Hernández, a quién se le dictaminó prisión domiciliaria porque se encuentra en periodo de lactancia.
Hernández es una de las únicas tres personas a las que se le detuvo luego de que se libraran órdenes de captura para los 38 imputados, por lo tanto, ya se encontraban detenidas al momento de la audiencia y se conoce que pasó la noche con su bebé en los juzgados de la Granja, su hija de menos de un mes fue retirada del Tribunal de Sentencia minutos después de que uno de sus familiares la llevara para amantarla.
A Velkis Hernández se le acusa de falsificar documentos cuando fungió como empleada en La Unidad de Registro y Seguridad de Asociaciones Civiles (URSAC) al inscribir constancias de las fundaciones por las cuales supuestamente se drenaron los fondos. “Tiene un bebé de 20 días de nacido, necesita comer, pero esperemos que todo salga bien, ella es inocente y lo vamos a demostrar con los abogados. Un jefe de ella fue la que le dijo que firmara las constancias” señaló a los medios de comunicación su hermano, Iván Santos.
Iván Santos, hermano de Velkis Hernández, carga en brazos a su sobrina mientras su madre declara en la audiencia de presentación de imputados por el Caso Pandora, finalmente a Velkis por su condición de lactancia fue asignada bajo arresto domiciliario. Foto: Martín Cálix.
Iván Santos, hermano de Velkis Hernández, carga en brazos a su sobrina mientras su madre declara en la audiencia de presentación de imputados por el Caso Pandora, finalmente a Velkis por su condición de lactancia fue asignada bajo arresto domiciliario. Foto: Martín Cálix.El traslado de los imputados
Mientras se esperaba el traslado de los imputados a sus centros de detención, algunos familiares, empleados y conocidos de los imputados permanecían afuera del edificio de la Corte Suprema de Justicia. Entre llanto y frustración una mujer que acompañaba a uno de los diputados nacionalistas decía: “Estoy harta, les han dado todo, les han dado la vida entera y les hacen esto” poco después llamó a las personas que estaban apoyando en el edificio a tomarse una selfie a la vez que amenazaba que el próximo mes “cortaría cabezas de aquellos que no nos apoyan”. En ese mismo escenario, algunos abogados aprovechaban para entrar al edificio con maletas de viaje y bolsas con el logo de Zara Home.
Mientras tanto, la mayoría de los medios de comunicación esperaban la salida de los imputados. Al momento en que sucedió, se desató una persecución de varios minutos detrás de varios automóviles con los imputados dentro. Los diputados y funcionarios fueron trasladados en dos microbuses al Primer Batallón del ejército, 5 km al suroeste de la capital, mientras que los demás imputados se dirigieron a la Penitenciaría Nacional (PN) en Támara, 10 km al norte de Tegucigalpa.
En medio de la persecución, el jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras y ex vicepresidente, Elvin Santos, tuvo tiempo para preparar un comunicado en el que manifestó por redes sociales: “Confío fielmente en la justicia hondureña y en el debido proceso legal que se realizará en este juicio y con toda certeza de que mi inocencia se comprobará”.
Al conocer la sentencia, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, declaró en su cuenta oficial de Twitter que “La detención judicial contra las redes de Pandora, nos indica que la justicia no se fue a paro” en relación a la crisis del transporte que ha paralizado al país los últimos días.
La audiencia inicial del caso se realizará el próximo 25 de julio a partir de las 8:30 de la mañana en este mismo lugar. Mientras tanto, las órdenes de captura se mantienen vigentes para las 17 personas que no se presentaron a la audiencia.
