Los rostros de los deportados narran este país. Los zurcos en su piel manchada por el sol nos muestran que la decisión de migrar es dolorosa, que regresar al lugar que los expulsó es como caer en una grieta que se los traga, y es así cómo los pobres, los frustrados, los dolidos –sin que nadie escuche sus gritos– también vuelven, apenas sin ser notados. Pero los deportados en una comunidad minera nos muestran aún más, son el reflejo del espejismo y no del desarrollo que produce el oro en un país como Honduras.
Texto: Jennifer Avila
Fotografía: Martín Cálix
Es 2 de noviembre, día de muertos, y en el cementerio de Azacualpa, una aldea entre montañas de pino y una mina a cielo abierto, un grupo de personas vigilan la entrada junto con un guardia de seguridad, mientras algunas familias se disponen a coronar a los pocos muertos que aún quedan enterrados. Este cementerio, el único pedazo de tierra que queda para la memoria de la gente, está a punto de ser expropiado porque debajo de él hay oro. Han quedado las ruinas de algunos mausoleos, sólo los huecos en el lugar donde hubo restos humanos, y unas cruces enterradas en la tierra indicando que allí aún moran los que ahora sólo son recuerdos. Hay tensión, que un extraño se asome enciende todas las alarmas. Han sido meses complicados en esa aldea olvidada, polvorienta, agrietada.
El ruido de las excavadoras y de rastras que llevan y traen toneladas de broza opaca los murmullos en el cementerio, allí, manteniendo el orden están los presidentes de los patronatos de San Miguel y Azacualpa, aldeas del municipio de la Unión, Copán al occidente de Honduras.
Saúl Escóbar, presidente del patronato de San Miguel se muestra a la defensiva, asegura que los periodistas tergiversan la información, que no escuchan a la gente que no es de la oposición a la minera y que los tres patronatos, el de San Andrés minas, el de Azacualpa y el de San Miguel están representados en el campamento afuera del cementerio, un campamento acompañado por personal de la empresa minera, el lugar desde donde se vigila que nadie interrumpa los trabajos de explotación en la estación de combustible, a la par del cerro del cementerio.
Mientras la gente que coronaba a sus muertos se aglomeraba alrededor de los líderes del patronato y nosotros, don Armando Rodríguez, presidente del patronato de Azacualpa dejaba claro que ése es un pueblo minero, que todos allí son hijos de la mina. «En el tiempo de la concesión estábamos cipotes, nosotros hemos visto cómo se han ido explotando los tajos. Siempre y cuando la minera vaya cumpliendo acuerdos, mucha gente tiene trabajo, la gente con trabajo tiene salud, educación, todo, sin trabajo no hay oportunidades y lo que hace la gente es irse, migrar», dice mientras un grupo de señoras lo secundan con la cabeza, afirmando.
La explotación minera en estas aldeas de la Unión, Copán se ha desarrollado sin mucho conflicto, la oposición siempre ha sido reducida, pero desde 2016 la situación se le ha complicado a la empresa ya que los mismos patronatos, los que cuidan que la explotación siga, pidieron ayuda legal para que el predio del cementerio se respetara y ahora la justicia hondureña ha dictado a lugar un amparo que impide que la empresa explote el cerro del cementerio, a pesar que las negociaciones siempre se habían hecho de manera bilateral, como todo en esa zona minera, los acuerdos son entre los representantes de la comunidad y los de la empresa. El estado no había pintado hasta ahora.
La empresa Minerales de Occidente S.A. –subsidiaria de la trasnacional Aura Minerals– tiene una concesión para explotación metálica de 400 hectáreas en La Unión, Copán, a la concesión le quedan al menos 40 años según el exgerente de la empresa, el norteamericano Monty Reed, revocado de su cargo el pasado 7 de diciembre y sustituido por el brasileño Luiz Carlos Guimaraes Lima . Pero los minerales en esas montañas a 210 kilómetros al suroeste de San Pedro Sula han pasado por varias manos, sobre todo empresas estadounidenses y canadienses desde la década de los 30, antes de la ley de minería.
Llegó primero la Gold Mines of America, luego la Rosario Mining Company, ambas con sede en New York para luego pasar a manos de New Idria una empresa de California cuyo rubro era la minería de Mercurio. New Idria ya no es una empresa activa y duró poco en la exploración del metal en Honduras, una exploración que siguió en esas mismas montañas la Noranda Inc. de Canadá que luego pasó derechos a Fischer Watt Inc de Estados Unidos, que dejó la concesión a la compañía inglesa Greenstone Resources. Esta compañía trabajó con una subsidiaria en Honduras y obtuvo la primera concesión ya bajo la primera Ley de Minería en 1998 comenzando trabajos un año después. El Huracán Mitch que azotó Honduras en 1998 fue la excusa para flexibilizar la legislación y priorizar la explotación minera como actividad económica que sacaría a Honduras de la miseria, el huracán devastó los valles fértiles, quedaban las montañas ricas en mineral para explotar.
Han pasado más de 70 años y las empresas siguen cambiando, yendo y viniendo. Después que Greenstone exportó el primer cargamento de oro en marzo de 1999, se declaró en banca rota y el banco más grande de Honduras tomó posesión de la explotación. Así nace en el año 2000 Minerales de Occidente SA de CV (MINOSA) creada por Guillermo Bueso ejecutivo de Banco Atlántida. La Compañía de Bienes Atlántida SA de CV es una de las mayores accionistas de Minosa. En 2006 la Yamana Gold Inc actualmente activa en la isla de Barbados y Canadá invirtió en MINOSA pero en 2009 los derechos de Yamana Gold fueron adquiridos por la canadiense Aura Minerals. Ahora Minosa, subsidiaria de Aura Minerals amenaza con cerrar operaciones por la presión de un pequeño conflicto que se desató por el oro debajo del cementerio. El más reciente cierre temporal comenzó el pasado 10 de diciembre y han dicho que podría extenderse por cuatro años. Más de mil empleados fueron despedidos.
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Don Armando es un cafetalero de la zona, un señor campechano, con botas de cuero, cincho grueso y bigote pronunciado. Él con otros líderes comunitarios buscaron el apoyo del abogado Víctor Fernández, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para que les ayudara a vigilar el proceso de acuerdos con la empresa minera en el que estaba el traslado del cementerio. Así varias oenegés entraron en el cuadro y Fernández presentó un amparo firmado por más de 40 personas que estaban en desacuerdo con exhumar cadáveres para explotar el cerro del cementerio. Ahora don Armando está del lado que rechaza la presencia de las oenegés y del mismo abogado luego que el recurso de amparo logró detener la explotación del cementerio.
Este líder comunitario apoyó para que la corporación municipal junto con Catastro delimitara la zona y la empresa suspendiera el paro de labores que sostuvieron por seis meses.
«Este tajo está delimitado porque se consensuó con la comunidad y ellos estuvieron de acuerdo y de esa manera están trabajando, pero como en este país la inversión privada no está siendo protegida por el Estado que es el que da la concesión, entonces los mismo trabajadores y la gente beneficiada de la mina, tenemos una buena negociación en las comunidades, la proyección social y montón de cosas que benefician a las comunidades pobres. ¿Por qué cree que se va la gente? Porque el gobierno le sube a todititito y a la gente no le ajusta lo que gana, entonces decide irse. Nosotros tenemos una buena fuente de trabajo entonces tenemos que cuidarla, siempre y cuando se respete los convenios y la dignidad de las personas de las comunidades», don Armando habla y lo dice con temor, y nos muestra un video en un celular, imágenes del conflicto minero que dejó dos muertos en Tocoa, Colón, una comunidad que se opone a la explotación minera y se enfrentó a las fuerzas de seguridad que actuaron para desalojarlos.
«El gobierno aquí nada… aquí hace tiempo la gente convive con la mina, aquí la educación está a costa de la mina y la municipalidad que se sostiene con los impuestos de la mina, la transferencia que le dan al alcalde es una papada, las comunidades están interesadas en que se siga trabajando, siempre y cuando se trabaje respetando a la gente porque vemos los beneficios. Si a medios del año se para esta mina se van todititos los maestros para afuera, los centros de salud hay que cerrarlos, porque el gobierno nos tiene en casi nada, el Ministerio de Salud y educación descuidado totalmente», continuó mientras Saúl, el otro líder de patronato lo secundaba y aseguraba que la mina tiene mineral para muchos años más, como si fuera infinito.
Víctor Hugo Alvarado, el alcalde de La Unión, Copán es un outsider, destronó al alcalde nacionalista que había gobernado por tres periodos y se ha ganado la popularidad diciendo que es diferente a los políticos tradicionales, sin embargo, cuando de negociar con la minera se trata, nada ha cambiado. Es casi imposible. Cuando la nueva ley de minería entró en vigencia y se eliminó el canon municipal del 2 por ciento, el alcalde recibió una oferta de la empresa minera, un compromiso firmado por Monty Reed, en el que la empresa minera mantendría el pago del 2% a la municipalidad a través de cheque o transferencia bancaria además de los proyectos de infraestructura previamente acordados.
Al llegar al municipio de la Unión, Copán lo primero que se lee son los rótulos que evidencian que la minera trabaja en conjunto con la municipalidad en la construcción del puente, de la calle de cemento, de otras mejoras en la pequeña infraestructura de un pueblo al que se accede difícilmente porque la carretera nacional está destruida.
«Nosotros recibimos a la empresa con un problema en una parte de la concesión minera que es el cementerio, en este momento están paradas las exhumaciones debido a que un grupo de 7 personas interpuso un amparo en los juzgados de lo contencioso administrativo donde se admitió el recurso y se concedió la suspensión del acto reclamado. La mina no sólo opera en el cementerio, es mucho más grande, la concesión es muy grande, no tengo idea de cuantas manzanas son, pero es grandísima, prácticamente allí sólo queda libre la comunidad de Azacualpa, a un lado, está como a 500 metros de la aldea para abajo. La empresa está laborando en otras áreas respetando el proceso», el alcalde asegura esto y da la impresión que él llegó allí a intentar navegar un barco con piloto automático.
Cuando pedimos las actas y los acuerdos firmados anteriormente, especialmente en 2012 entre la corporación y la minera, nos mandó con la secretaria municipal a ver los cuartos de archivo, cerrados con cadenas y candados, las llaves se las llevó el alcalde destronado. El sistema y la base de datos fueron reseteados y aunque ya pusieron denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas, nadie llega hasta ese pueblo, son invisibles. Se le podría poner el adjetivo de pintoresco al cuadro.
«La mina nos adeuda 4 meses de tributos porque no ha podido operar y cabe mencionar que pagan mas de 3 millones mensuales a la municipalidad cuando opera normalmente con lo cual viene a ser un apoyo a la municipalidad para que nosotros podamos llevar a cabo proyectos de infraestructura como en educación y salud, sólo en estos ámbitos la municipalidad paga 1 millón 300 mil mensuales y las transferencias municipales en este momento llegan solo a 1 millón 50 mil, no podríamos ni sobrevivir con lo que el gobierno transfiere. Nuestra decisión ha sido ser mediadores para que la empresa pueda laborar y llegar a un diálogo con estas personas para el desarrollo del municipio», explica nervioso y asegura que la gente ha sido influenciada por ongs que no conocen la situación de las comunidades.
–Pagan ellos a través de ongs que vienen a mal asesorarlos, impulsarlos y que estén en contra de la empresa minera, yo les digo a la gente que por qué no están aquí (las ongs) para buscar un diálogo como solución para que todas las partes sean beneficiadas.
Esa huelga que no tiene principios ni fundamentos legales. Creo que lo que aquí quieren es dañar nuestra gobernabilidad. Yo lo único que he escuchado es a un tal Víctor Fernández que dice que ha sido amenazado no sé de qué forma porque yo nunca he visto que lo han amenazado, aquí lo único que hicimos fue a petición de los patronatos, en un cabildo abierto que la población pidió que las ongs que no vienen a impulsar el desarrollo del municipio fueran declaradas non gratas, y eso fue avalado por la corporación municipal, no hubo ni un sólo regidor que votara en contra de esa petición.
–Y ser non grato, ¿qué significa?
–Siempre y cuando vengan a entorpecer el desarrollo al municipio la gente no lo va a permitir, los va a sacar o no sé qué van a hacer, la población pidió que no vinieran a quitarles el empleo aquí organizaciones que no contribuyen al desarrollo. Si esto no se arregla comenzarán a salir nuevas caminatas hacia EEUU y hacia no sé dónde más por eso se exige seguridad jurídica para la empresa.
Saúl, de la aldea de San Miguel coincide con el alcalde, si la situación no se arregla «nos vamos a tomar la justicia por la propia mano», nos dijo cuando preguntamos si le veía solución cercana al conflicto.
Azacualpa está a unos veinte minutos del municipio de La Unión, carretera de tierra, polvorienta, pero con un paisaje extraordinario, bosques de pino que terminan en un hueco rojizo y un cerro destajado.
Allí en el cementerio las mujeres que coronan a sus muertos dicen que viven en un paraíso, no hay violencia, tienen grandes sueldos, tienen salud y educación, la tierra a veces tiembla pero es normal, cosas de dios dicen.
–Vamos al cementerio, ahora hay dos cementerios, nosotros le pedimos a la minera un nuevo cementerio y lo construyó, dice una, y nos insiste que vayamos que nadie ha querido ir a ver los nuevos cementerios mucho más bonitos que el anterior.
Silvia Ramos es una de las mujeres que con más indignación se dirige a nosotros. «Cerrada la empresa nos vamos migrados todos. Quince mil patrullas dicen que tienen en Guatemala, de donde nosotros se fueron como 50 y les ofrecieron 10 mil pesos para que se regresaran, ya están unos trabajando en la mina, por eso necesitamos que el gobierno nos proteja esta mina porque nos da trabajo y por parte del gobierno no tenemos nada» .
La amenaza más sonada es la de migrar en manada, la caravana les ha enseñado que se puede, y no sólo la gente de la ciudad que huye de las maras y pandillas o del crimen organizado es la que se arriesga, de esas montañas también salen ríos de gente y podría ser peor si la minera cierra.
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En Azacualpa parece que no pasa nada. Por las calles vacías un niño frasea a Bad Bunny –a mi las putas me llueven–. Se escucha como con eco. «Aquí no hay violencia», dice doña Alba Luz Hernández, con sus ojos verdes bien abiertos y riendo. Pero ella, allí en el cementerio anda coronando a 7 hijos, y la última entre sus muertos fue una hija. «A ella sí me la mataron usted».
«Yo todos los días vengo aquí porque tengo 7 hijos enterrados aquí, vengo a sembrar florecitas y limpiar, tengo los angelitos por allá y por aquí a una muchacha que me mataron. Un muchacho que allí anda, un hombre de ella la mató, ay anda libre, ay que le ponga castigo aquel de arriba, de todas maneras… los otros se me murieron chiquitos, uno de neumonía otro recién nacidos, aquí se morían los niños recién nacidos por falta de medicinas. Yo ya les dije que a mis hijos los quiero sacar de aquí porque este cementerio tiene un peligro este cementerio nuevo es bien bonito, hay ya bastante gente enterrada allá. A mi hija la mataron un 15 de septiembre, ya la voy a sacar de aquí, a todos los quiero mover para el otro cementerio. Porque me queda más cerca», dice doña Alba arrebatada mientras señala unos mausoleos, los pocos que han quedado llenos, alrededor sólo hay huecos.
A doña Alba se le morían los niños de enfermedades tratables en la ciudad, el padre de la mayoría nunca se hizo responsable de los hijos y a ella le tocaba mantenerlos a todos, lavando ropa, aseando las oficinas de la minera. «Allí anda ahora ése peleando contra la mina que le dio de comer a sus hijos cuando él nunca lo hizo», dice doña Alba, quien no ha podido exhumar los 7 cadáveres, eso en dinero se traduce en casi un millón de lempiras en indemnizaciones que está perdiendo, y se siente desesperada, una de sus hijas con apenas 24 años se fue en la caravana de migrantes de octubre de 2018 y ha regresado deportada, de nuevo a la desolación.
Allí las mujeres comparten historias de mucha violencia y aunque La Unión no circula en las estadísticas de violencia por no ser un municipio con alta tasa de homicidios –entre los cinco departamentos con alta incidencia de homicidios está Copán, sus municipios más violentos son Florida y Santa Rita–. Las comunidades esconden dinámicas de violencia que están sumergidas en cada familia de cada rincón de Honduras, eso no se mide con número de muertos. Los muertos de doña Alba son muchos y son producto de la violencia.
Mientras Alba mostraba las tumbas, doña Juana Guevara de 76 años coronaba a un hijo y sus padres.
–Yo soy de Azacualpa, pero llegamos aquí porque mi papá nos trajo por el trabajo porque sólo jornaleaba a 150 lempiras (5 dólares) la tarea, mi papá fue el primero que se vino y después trajo la familia. Mi hermana la que venía tierna tiene 62 años, ya había mina aquí. Todo el tiempo la empresa nos ha visto bien, aquí si estoy enferma el carro va a traerme, me lleva a la clínica, si es mucha la enfermedad me mandan al hospital. Aquí uno se enferma por casualidad, de una gripe, no por los humos de la mina ni por el agua, aquí no hay nada de eso, aquí no hay tradiciones de decir porque usted no esta a favor de la empresa no la van a atender. Yo tengo dos muchachas que están casadas, los maridos trabajan en la empresa, los nietos también, mi hijo es albañil e hizo plan básico y lo hizo por la empresa porque me lo puso a estudiar, yo desde que me casé no volví a trabajar, hace 43 años, mi esposo trabaja en la empresa, él está operado ahorita, la empresa hasta a Cemesa de San Pedro Sula me lo llevó porque él estaba desviado de la columna, porque él trabajaba moviendo máquinas.
Aquí todo eso no se da (los homicidios), ahora sí, ya ida la empresa aquí si quedamos comidos de tierra porque es la única fuente que tenemos aquí, no hay que dejar, hay que apretarle el pescuezo para que no se vaya.
Otra mujer interrumpe.
–Si mis hermanos quieren los vamos a mover de aquí a los míos. En este cementerio hay fallas.
Y doña Juana reacciona.
–Aquí hay fallas, hay fallas, por ejemplo en mi casa allá en Azacualpa está toda resbalada, pero son deslizamientos naturales y con lo que dios hace no se puede hacer nada.
Y doña Alba interrumpe para decir con ilusión que el cementerio nuevo es bien bonito, «una gran planada».
–Aquí nada fue a la fuerza, es bien organizado nosotros vemos cuando sacan a los muertos. Hace poco vino el obispo aquí a dar una misa y por allá afuera había unos huesos de una bestia y dijeron que eran huesos de una mujer y los enterraron, eso es pecado, aquí todos vemos cuando sacan los cadáveres.
Las fallas
Ramiro Lara, trabaja en la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales (ASONOG) y ahora es considerado non grato en las comunidades montaña arriba de la Unión. Él conoce el proceso que ha tenido la concesión minera en mano de varias empresas nacionales y trasnacionales. Es un hombre mayor con un rostro melancólico, más bien preocupado.
–Se inicia cuando en 1983 el Estado le otorga una concesión minera por 100 hectáreas a la empresa que en aquel entonces se llamaba Minerales de Copán, era nacional pero con fondos del extranjero. En 1992 el Estado amplía la concesión con 300 hectáreas más para hacer un total de 400, ya en ese entonces se instala una trasnacional minera, Greenstone de capital canadiense, que empezó a operar a través de Minerales de Occidente. Entonces aquí se inicia lo que en Honduras se conoce como la minería a cielo abierto porque siempre había existido la minería subterránea como en El Mochito o San Juancito pero la minería a cielo abierto fue aquí en La Unión Copán, San Andrés cuando se inició en 1999.
Cuenta el cuento como si después del relato uno se pudiera ir a dormir.
–En 2000 comienza el conflicto en San Andrés minas, era una comunidad tradicional con la maldición que debajo de ella había grandes cantidades de oro, las leyes actuaron en favor de la empresa minera y obligaron a la comunidad a moverse del sitio hacia donde está hoy, hubo gente que ofreció resistencia pero nadie pudo impedir, era un proceso nuevo y si la institucionalidad del Estado la avalaba era difícil detener aquello. La empresa siguió trabajando allí hasta 2015 y sigue hasta la fecha pero el conflicto se agudiza porque en 2012 se firma un convenio entre el patronato de Azacualpa y la empresa minera donde negocian que se va a trasladar el cementerio a cambio de ciertos beneficios sociales. Empieza el 2016 y la empresa no había cumplido nada de ese convenio, propone la empresa hacer un adendum a ese convenio y lo hacen y lo firman el 11 de agosto de 2016, y allí otra vez el patronato deja la puerta abierta para que la empresa pueda negociar con cada familia la exhumación de los cuerpos aunque siempre hubo gente que se oponía.
La comunidad de Azacualpa está ambientada la mayor parte del tiempo con los bombazos de las voladuras que hace la minera para aflojar la tierra y sacar la broza. Muchas casas tienen rajaduras y la empresa para resarcir el daño prometió una casa a cada familia de Azacualpa en miras de que en algún momento la próxima veta a explotar será debajo de la actual comunidad. En ese convenio que luego fue modificado con un adendum se habla del pago por daños en las casas pero también se estipula el traslado del cementerio. Esos acuerdos los firmaron miembros del actual comité ambientalista de la zona, los que ahora se oponen a la exhumación de los cadáveres. Los líderes comunitarios han cambiado de parecer al menos un par de veces, de un lado y de otro.
Lara asegura que esto ha traído división en las familias de Azacualpa y que la violencia se va manifestando.
–El caso de Fausto Trigueros por ejemplo, estaban exhumando a su padre sin autorización y llegó con un machete el 14 de febrero de 2018, ya tenían el cadáver de su padres afuera y ese hombre llegó endiablado y les dijo: si ustedes no vuelven a meter a mi papá allí les vuelo la cabeza, se imaginan ustedes un campesino encabronado, no les quedó de otra que meter el cadáver a la tumba de nuevo.
En la oficina de San Pedro Sula, el abogado Víctor Fernández del MADJ contiene denuncias, expedientes, resoluciones de decenas de casos por conflictos socio ambientales, él más grande quizá es el de Berta Cáceres, él fue parte de la acusación privada en el juicio contra los asesinos de Cáceres, quien se oponía a una represa hidroeléctrica. El MADJ tiene presencia territorial en la zona noroccidental sobre todo y ha acumulado hostilidades por parte de la empresa privada y el gobierno. Sin embargo, sorprende que Fernández realmente se muestra preocupado por el conflicto en Azacualpa, que parece ser menos grave desde lejos. Nunca había sucedido que una corporación municipal los declarara non gratos, tampoco la campaña de desprestigio que se impuso en redes sociales por una acción legal que la empresa minera perfectamente puede apelar desde el derecho.
«A mí personalmente me han invitado desde 2015 para ver el asunto de Azacualpa. El asunto puntual para el que me convocaron fue el tema de la explotación del cementerio, es el tema final pero el que más sensibilidad tiene, ese tema es el que volvió a Azacualpa a la opinión pública, la mina vino trabajando normalmente durante los últimos años a pesar de la resistencia de la gente y los daños que hay yo fui para verificar eso, me costó un poco entrar al asunto justamente por las ambivalencias de la gente y de las estructuras organizativas que participan allí, a mí me presentaron el caso, ya el patronato y el comité ambiental, y muchas otras organizaciones nacionales habían participado de este proceso de diálogo que terminó en la firma del adendum a un contrato que se firmó desde 2012 en el que se hablaba de los términos de las operaciones de la empresa y los beneficios de las comunidades, y en este adendum se mete sutilmente el tema de la construcción de otras casas que la relacionan con la posibilidad de desplazar el cementerio y pagos individuales a la gente. Es un convenio confuso, yo le encuentro sentido jurídico en que además de ser un convenio poco claro no tiene participación comunitaria real, quienes participan es un grupo de 4 o 5 dirigentes comunitarios a los que yo interrogué, su primera reacción fue que ellos habían sido sorprendidos con la firma del adendum, es decir, que ellos no comprendían la dimensión de lo que firmaban y que además fueron sometidos a mecanismos de coerción para firmar».
Allí firman los presidentes de patronato y del comité ambiental, juntos los que ahora están enfrentados.
«Les pregunté: ¿qué antecedentes hay sobre el cementerio en términos de decisiones comunitarias? Me dijeron que en un cabildo abierto de 2015, de manera informada con opiniones técnicas la gente resolvió que el cementerio no se iba a mover. ¿Y ustedes tienen el acta? Sí la tenemos, bueno entonces ésa es una decisión comunitaria, ustedes no son la comunidad entonces quiere decir que ustedes debieron consultar a la comunidad para firmar. Yo le encontré sentido jurídico a eso, ese convenio es nulo porque viola las reglas básicas de la relación contractual. No importa si ya hay pagos, las cosas se deshacen en las cosas que se hacen, eso dice el derecho, si la cosa se determinó en un cabildo abierto lo único que puede modificar eso es un cabildo abierto», explica.
Según Fernández el Estado es el mayor responsable de lo que ocurre en esta explotación, y aunque la discusión reciente gira entorno al traslado del cementerio, hay aristas que siguen pendientes, por ejemplo, el abogado habla de 14 fuentes de agua que han sido afectadas y habla de personas afectadas en su salud, como el esposo de doña Juana y otros testimonios que están escondidos en la impunidad.
«Para el Estado lo más fácil es la tercerización de todo, si allí hay una empresa que tiene un centro de salud y arregla la carretera, el Estado desaparece. Lo mas fácil es que arreglen con la empresa, que sofoquen las posibilidades de resistencia que hay allí, el mayor riesgo de la gente opuesta a estas cosas es que todo el aparato está confabulado por eso tenemos buenos lugares por muertes violentas, impunidad…
Hay gente que le parece que no puede vivir sin esa mina, fácilmente pueden imponerse a hacer cosas, yo leí comentarios feos desde la disposición de agredir hasta la disposición de contratar gente para ejecutar esto, ya hay nivel de agresividad muy alto», agrega.
Lara, de Asonog asegura que el desarrollo que la explotación minera lleva a las comunidades aledañas no es sostenible.
«El costo ambiental que le estamos dejando a las presentes y futuras generaciones es incalculable. Esa mina en Azacualpa, La Union, Copán estará contaminando el río Lara con el drenaje ácido de minas que nadie lo va a poder detener, luego irá a caer al río Higuito de donde tomamos el 30% del agua en Santa Rosa, irá al Jicatuyo, al Ulúa y desembocará en el océano atlántico. Las futuras generaciones nos culparán a los que hoy no pudimos evitarlo, es una herencia que les estamos apenas dejando a los hijos y nietos.
A nosotros no nos preocupa que digan que se va a ir el desarrollo, que la gente se va a tener que ir, si usted va a San Pedro y Corquín tienen mucho más desarrollo que la Unión, sin empresa minera son comunidades más prósperas, estas comunidades vivían del café, maíz y frijol, no es cierto que van a quedar sin trabajo, los han entontecido. Si hablamos de desarrollo, si se va la empresa la gente no debería tener miedo porque debería sostenerse», explica.
El tema de la contaminación sólo se abordó en tres ocasiones cuando ocurrieron descargas de cianuro en el río Lara, la empresa minera llama a esto accidentes y la fiscalía no ha castigado el crimen ambiental. La última descarga fue el pasado 27 de junio de 2018, asegura Lara. Sin embargo ni la fiscalía ni la unidad de monitoreo de Ingeomin ni las organizaciones que acompañan a las comunidades han realizado un estudio científico que calcule el daño ambiental. La minería a cielo abierto es conocida como una práctica con múltiples riesgos para el ambiente, sobretodo por la remoción de suelo, la contaminación del aire y la filtración de cianuro y mercurio que llega a las fuentes de agua.
«Toda la institucionalidad del Estado: la policía, el CONADEH, la Secretaría de Salud, Instituto de Conservación Forestal, Copeco, todos responden a los intereses de la empresa minera, Copeco dictaminó que el cementerio está en un sitio de riesgo por lo tanto hay que quitarlo pero no dicen que la empresa minera lo ha provocado con ese hueco que tiene a un costado del cementerio. La secretaría de salud dice que el cementerio es insalubre, pero ese cementerio es uno de los más bonitos que hay por su ubicación y la vista. El ICF dando permisos amañados, el 8 de septiembre dieron un permiso para cortar 1200 arboles pero los comunitarios dicen que fueron mas de 3007 arboles que la empresa misma los había sembrado, el articulo 48 de la ley de minería dice que no pueden ser explotadas áreas que ya habían sido explotadas y eso está haciéndolo la empresa ahora, eso nos dice la libertad con la que operan estas empresas en Honduras», culmina Lara.
Rolando Milla, del CONADEH tiene casi 20 años de trabajar como titular del comisionado de Derechos Humanos en Santa Rosa de Copán, cuando llegamos a su oficina sacó de inmediato el expediente que dice Azacualpa en la tapa, un bloque de documentos.
«Nuestro papel es intervenir denuncias mutuas, los pobladores se han quejado, hubo jóvenes que estuvieron antes protestando que la minera les dio trabajo y ahora le cuidan el cerro a la minera, es un poco complicado. Nosotros como institución no somos competentes para esto porque el mandato del CONADEH es ver violaciones a DDHH entre el Estado y la población y no entre particulares pero en este caso nosotros remitimos a la fiscalía. El problema ha sido la falta de una visión social en la zona y la desconfianza a las instituciones que tienen que ver con el tema ambiental que hoy por hoy la gente desconfía sobre las medidas de mitigación, se logró en un momento que la DECA tuviera acompañamiento de la población a las inspecciones que se hacen de manera regular en la zona, pero ahora que hay gente que se opone hay desconfianza sobre los análisis que se hacen en la mina.
Lo que nosotros garantizamos es que los defensores de DDHH tengan las condiciones para ejercer su labor independientemente estemos de acuerdo o no, se mandó una carta a Azacualpa pidiéndole al alcalde que enmendara su actitud y que reflexionara de poner en precario la seguridad de los defensores de derechos humanos y que hubiera libre locomoción para realizar su trabajo, pero no tuvimos contestación», explica Milla e intenta lavarse las manos, es un funcionario preocupado por el conflicto a pesar que no es visto con confianza, sobre todo por el sector crítico a la minera.
«Es evidente que la explotación minera a cielo abierto genera un impacto ambiental fuerte, el desarraigo de comunidades que hay que hacer movilizaciones de territorio de personas hacia otro sector, eso genera impacto en la parte emocional en las personas, también el tema de las voladuras, el tema del polvo y de ciertos gases que se remueven con los movimientos de tierra que ha sido denunciado por parte de varias organizaciones que se ha afectado la salud de los pobladores, el cianuro con el que se esparce, la contaminación de los ríos que se ha dado en algún momento que han denunciado los pobladores, el problema para nosotros es el acompañamiento de las instituciones del Estado, no le puedo decir si realmente se está contaminando o no», y de repente toma un papel y lápiz y comienza a dibujar:
«Ésta era San Andrés, todo esto no había, estaba en la parte plana, el cerro de San Andrés desapareció, era bien bonito, bien pintoresco, yo conozco desde el 94 aquí, hace 23 años estoy aquí en CONADEH, este cerro desapareció, es mi visión lógica de esto, aquí estaba San Andrés y lo movieron, explotaron, este otro cerro aquí es el cerro el cementerio ellos quieren el cementerio porque es una de las vetas mas ricas de oro, si este cerro desaparece solo queda este cucuruchito aquí que es Azacualpa, no hay duda que al explotar este cerro se pone muy vulnerable Azacualpa, así que tendrán que salir, tiene que haber otra negociación porque la gente no quiso las casas de abajo. ¿Qué se visualiza? que si no hay cambios por parte de la forma cómo invertir, desarrollar lo que habrá al final de esto es más pobreza, porque la mina va a haber dejado trabajo temporal pero sin inversión y evidentemente el impacto del daño ambiental es fuerte porque las pilas van a quedar varios años después de retirada la minera», culminó.
En 2016 la empresa minera solicitó una inspección a COPECO para evaluar una falla geológica en el cerro del cementerio, el informe fue realizado por un ingeniero que en sus primeras páginas asegura no tener las suficientes capacidades técnicas para confirmar teorías a pesar de que al final concluye que el cementerio tiene un riesgo inminente por una falla geológica natural.
Omar Lagos, subcomisionado de COPECO en Santa Rosa de Copán asegura que en su unidad ellos saben poco ya que ese trabajo lo hizo gente de Tegucigalpa pero que sí están enterados de la falla.
«Sí existe una falla geológica interna que pone en riesgo el patrimonio de la gente, aunque sea la gente que ya falleció es patrimonio de los familiares, existe riesgo que ceda aunque explote o no la mina, en el occidente existe una falla geológica en el Jagual, eso es interno, 500mts de carretera y 40 manzanas de tierra, eso en el occidente es normal», explica nervioso Lagos, quien intenta desmarcarse del conflicto siempre que puede. Asegura que como COPECO han recibido intimidación de la oposición por haber hecho el estudio a petición de la minera.
«Según estuve viendo COPECO recomendó trasladar el cementerio. El tema de la explotación eso ya quien tiene que evaluarlo es INGEOMIN pero con el tema de la explotación y la vulnerabilidad de Azacualpa, la comunidad está en una zona de riesgo, hay unas casas que están ubicadas en mal sector, en zona de riesgo, allí hay que hacerse estudios pertinentes para saber si la explotación está empeorando la vulnerabilidad, a nosotros no nos solicitaron eso sino que fue por otra cosa, el tema de explotación si eso genera riesgo, si la mina contamina el río Higuito, si es así se deben hacer los estudios en tiempo y forma», y reafirma el discurso de COPECO de que la vulnerabilidad es provocada por la manera en la que las poblaciones se asientan en lo territorios de Honduras.
«Si la vulnerabilidad ha aumentado probablemente sea porque a veces la población construye en zonas de derrumbe, de alto riesgo, posiblemente haya aumentado aunque pudo haber reducido porque algunas personas fueron trasladadas a la Nueva Azacualpa. Si usted lo relaciona con la mina y con la explotación y eso allí se tiene que hacer un estudio, en 2016 sólo se hizo del cementerio, ya un estudio relacionando a la mina con la vulnerabiliadd en su momento se debe hacer porque la mina debe ser responsable y tener protocolos de acción, el tema de riesgo no sólo es de COPECO también de INGEOMIN, para evaluar si esto afecta la vida de los pobladores», agregó.
Manuel Rodríguez es uno de los pocos vecinos de Azacualpa que se opone a las operaciones de la empresa minera, no sólo al traslado del cementerio, para Rodríguez la empresa debería cerrar. Manuel tiene miedo y nos habla desde el interior de un vehículo, encerrados para que nadie lo escuche.
«Ellos nos amenazaban por los medios de comunicación hace poco decían que querían la cabeza mía y la de otro compañero que se llama don Lito López y así venimos aguantando amenazas y humillaciones de la mina, dicen que hemos estado allí por dinero pero eso es falso nosotros sólo queremos que se respete el bosque, porque de repente vamos a tener un problema con la comunidad pero va a ser por la destrucción que ha hecho la minera, está a la vista», cuenta Manuel y cuando habla de «ellos» se refiere a sus vecinos, los que están ahora en un campamento vigilando que las operaciones de la mina no sean interrumpidas. La última vez que Manuel intentó frenar una máquina de la empresa, un grupo de trabajadores se le fue encima.
«A mi la mina nunca me ha dado un presupuesto, me dedico a sembrar café y he sembrado maíz, frijoles, soy agricultor, la gente dice que se va la minera y se mueren de hambre, es que no quieren trabajar. Aquí no hay nada de beneficios, ésa es la mentira que no la compartimos, allí está el centro de salud que es por parte del gobierno y el gobierno es irresponsable porque no paga el personal, la mina apoya para estarnos manipulando aunque eso no sea nada, no es justo», agrega.
Mientras habla, Rubio Méndez, secretario del Comité Ambiental muestra las grietas en el suelo de la casa de su compañero Miguel, presidente del comité. Ambos firmaron el adendum que acordaba con la empresa poner precio a los muertos como parte del paquete de mejoras a la comunidad que la empresa había prometido por los daños causados con las voladuras.
«Yo planteé que para evitar los problemas a futuro la solución era que reubicaran la comunidad totalmente, en vista de eso, el gerente de ese tiempo se llamaba Carlos Calderón, él estaba de acuerdo pero vino el nuevo gerente pero no estuvo de acuerdo, ellos proponían hacer una urbanización con 396 viviendas que salieron en el censo. Fue esa etapa que hicieron 120 casas, en 2013, en 2015 tenían que estar construidas todas. En vista que en 2013 pararon la construcción de las viviendas, la empresa pidió una prorroga el 16 de septiembre, se le dio, en la comunidad siempre ha habido buena voluntad de colaborar con la mina, en diciembre no cumplieron, desde allí a 2014 hubo una manifestación, en youtube la pueden encontrar», explica Rubio, en esa protesta hubo desalojo y un grupo de personas terminaron judicializadas por daños a la empresa, entre ellos Miguel. Al final el trato quedó vacío, la gente decidió que no quería ya las casas sino el dinero.
«El patronato tiene mucha responsabilidad en esta división porque aparecía en ese adendum un terreno, empleo, no dieron nada. En la comunidad somos unas 15 familias que se oponen y en otras comunidades pequeñas, estamos en la protesta preocupados por tanta situación, dónde va a ubicarse a toda esta niñez de Azacualpa. Según la explotación que se realiza, el terreno es vulnerable, en un movimiento sísmico esta comunidad puede deslizarse, si se resbala esta comunidad se corre el riesgo de que se pierdan muchas vidas», culmina Rubio, mientras Miguel Ángel muestra los documentos del adendum donde sale su firma.
Miguel Ángel López es presidente del Comité Ambiental de Azacualpa pero fue de los primeros trabajadores mineros de la actual empresa, comenzó en 1997 cuando no había sindicato y la explotación venía iniciando, fue operario de máquinas y supervisor. Ahora lucha para que la empresa minera no avance devorándolo todo hasta llegar a su comunidad.
«Usted ve el peligro en el que vivimos aquí, las casas están dañadas, las pasamos parchando, el terreno es vulnerable, una parte donde ya en una ocasión el mismo COPECO dijo que la comunidad estaba en una zona vulnerable y a diario recibimos el impacto de las voladuras, se siente por debajo de la tierra», dice Miguel, habla de las fallas, las geológicas y las institucionales.
Don Armando, el actual presidente del patronato coincide con sus opositores, de hecho, los que se colocan en dos bandos opuestos tienen más coincidencias en lo que dicen de lo que aceptan. «Esta comunidad tarde o temprano la van a tener que reubicar, ya el daño está hecho».
En el foro anual que realiza la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI) realizado el pasado julio de 2018, Aura Minerals y Minosa realizaron una serie de actos de protesta para exigir al Estado de Honduras protección a su inversión, el stand donde mostrarían su labor empresarial y social estaba vacío con un rótulo exigiendo seguridad jurídica. Allí el exgerente de Minosa, Monty Reed destituido justo tres días antes de que la minera cerrara de nuevo sus operaciones, aseguró a Contracorriente que «estamos tratando de tratar a todos con respeto pero hay algunos que están usurpando los otros derechos y cometiendo delitos flagrantes y dañando equipo, amenazando gente, tirando rocas sobre equipo», Reed habla de pérdidas millonarias, pero enfatiza que la mayor pérdida la tiene el Estado, «la ganancia para reinvertir en el país ya se acabó, no vamos a tener. Otra parte de estos cientos de millones que se retornan al país está perdido. Por el país se está perdiendo más que todo, no por nosotros», dice en su atropellado español.
Reed habló a los estudiantes de la UPI sobre la minería moderna y la responsabilidad social de la industria extractiva. «La minería tiene una historia muy fea de desprotección del medio ambiente pero en los últimos 40 años esto ha cambiado. Hay estándares mundiales que nosotros respetamos. En general esperamos dejar mejor el ambiente que cuando llegamos, también en el ámbito social. Queremos dejar socialmente y ambientalmente algo mejor, en términos de escuelas, salud y todo.
1986 estudiantes becados beneficiados. ASONOG y otras ONG ¿Cuántas estudiantes están beneficiando ellos? ¿Cuántas becas? ¿Cuántos pacientes han tratado en nuestra clínica?
En el medio ambiente, cada año sembramos 50 mil árboles. ¿Cuántos han sembrado ASONOG y el Movimiento Amplio?».
Si el cementerio es reubicado, dice Reed, al menos quedarían unos diez años de explotación en esa zona, la exportación de la empresa ronda los 100 millones de dólares anuales pero de eso la ganancia es muy poca, trata de convencer, Reed, que el negocio de la minería no es tan bueno como se piensa.
Lejos de Tegucigalpa, del hotel lujoso desde donde Reed nos habló, Miguel nos pide que veamos a su alrededor, hay mucha gente en la comunidad que vive en la pobreza y con tantas décadas de explotación, sacando el oro en el que se asentaron sus antepasados que llegaron en busca de oportunidades a esas montañas. Las nuevas generaciones ven cada vez menos un futuro prometedor en su pueblo.
Los deportados
Los deportados –sus historias de vida– van narrando este país, pero los deportados de este pueblo minero descubren el velo del espejismo en el que viven y del cual al final también se huye.
Oneida de 28 años, hija de doña Alba Luz, supo de la caravana por la televisión y se unió a 150 jóvenes de Azacualpa que en la frontera de Aguas Calientes se sumaron al grupo de más de 7 mil migrantes que viajaron en manada, en lo que luego se llamó éxodo y a cuenta gotas va filtrándose por la frontera de Estados Unidos.
Ahora está de regreso, firmó la deportación voluntaria a cambio de un apoyo de 10 mil lempiras que le prometieron representantes del gobierno en la frontera, ha pasado casi un mes y del dinero no ha sabido nada, la mandaron con un ticket que le daría un viaje gratis de retorno a su aldea, nadie la llamó después de eso.
«El primer día que nos llegamos al puente la policía nos tiró bomba lagrimosas y por la noche nos estuvieron leñateando, agarrando con leños porque no nos abrían el portón, hubo niños golpeados y niños que murieron.
–de aquí hubo muchachos que sí tenían empleo y se fueron (interrumpe su madre)
Al llegar, la pensada que llevábamos era trabajar y sacar adelante nuestras familias porque así como yo, tengo 3 niños pero estoy viviendo de arrimada con mi mamá. Tengo uno de 12, uno de 8 y la niña de 4 años. Sí me gustaría intentarlo de nuevo como aquí no hay empleo».
Oneida ha tenido trabajos temporales en la minera, como barrendera, pero sus hijos comen todos los días, ya de regreso sólo puede pensar en cómo retomar el camino de nuevo.
–El papá de los niños no está aquí, y para qué si no le ayuda a los niños.
–es torcida como la mamá –interrumpe doña Alba–. Sólo madre tenían mis hijos aquí, así está ella, ella es la mamá y papá de los niños. –Ríe nerviosa.
La voz se regó en el pequeño pueblo y los deportados iban saliendo, hablando, con sus rostros tristes, quemados.
Francis de 23 años nunca había salido de su comunidad pero el hambre lo empujó a unirse a la caravana. «Tengo una niña y la mujer embarazada. estuve con la COMARC, cuando llegamos no nos dijeron nada sólo nos dijeron que íbamos a un albergue, al día siguiente me tomo la foto para llenar el formulario y esperamos tres días pero no nos respondieron nunca, entonces yo no aguanté y me regresé, me tuvieron dos días en el corralón de México y hablé con el consulado de Honduras entonces me deportaron. En el aeropuerto nos dieron una bolsa solidaria que le dicen, y me dieron el boleto para que pudiera venir aquí. Ahora a lo mismo como estaba antes, pidiéndole al gobierno que nos ayude porque si uno ayudándole cómo se va a ir de su país, uno con un trabajito que tenga que gane más o menos para mantener a su familia, con eso», cuenta Francis, quien como la mayoría de los deportados no terminó la primaria.
«A veces nos tocaba pedir jalón, a veces caminando, a veces corriendo, el camino es pesado», cuenta Melvin de 29 años, un campesino que no podía sostener a su familia con el pago diario de 150 lempiras. «Como no hay empleo nos toca emigrar, me dedicaba a trabajar en la tierra, aquí ya no se puede, entonces por eso uno emigra, yo cuando me di cuenta que iba una caravana me uní a ellos, les dije a mi familia que me iba para darles una mejor vida, aquí cien pesos gana uno, no ajusta para la comida. Muchos emigramos por eso», afirma Melvin quien con apenas 12 años comenzó a sostener la familia porque a su padre lo mataron por robarle 1000 lempiras (alrededor de 50 dólares).
«Yo ayudaba a mi mamá y a mis 7 hermanitos, con sal y tortillita se pasa pero a veces uno se siente hostigado, si no hay nada de repente me voy a volver a ir. Cuando yo le digo así a mi mamá se pone a llorar, uno en las noticias ve como matan la gente en ese camino», las mujeres alrededor interrumpen:
–por eso defendemos la mina, al menos da trabajitos.
«De nada sirve estar pobre», suelta Joselino, otro de los deportados, allí en su casa de adobe donde tiene conectado apenas un foco y le llegan a cobrar grandes cantidades por consumo de energía. Él y su vecina se fueron en la caravana y las lágrimas se les quedan atrapadas en los párpados cuando recuerdan lo duro del camino y la frustración de regresar al espejismo que los expulsó, el que los deportados cuentan mejor en la Honduras más olvidada.
Joselino regresó desde México en un bus a las 5 de la mañana, con ropas que a simple vista no eran de él, el pantalón le quedaba corto y el saco le quedaba grande, debajo, nada, aquel saco varias tallas más grande que la suya era todo lo que lo protegía del frío a su llegada a la Frontera de Agua Caliente, para ser recibido por los agentes de migración, por los empleados de COPECO que rápido, sin darle tiempo para asimilar lo que estaba sucediéndole a él y a otros tantos adultos y niños, lo metieron a otro bus en dirección a la terminal de San Pedro Sula, ésa fue la primera vez que lo vimos. Lo vimos sin verlo, y luego en su casa, su casita pequeña de adobe, en Azacualpa, desde su casa como desde toda las casas de Azacualpa, se suele ver a la maquinaria de la minera sacando el oro del que jóvenes como Joselino jamás se beneficiarán.
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