Durante el gobierno de Xiomara Castro, la Secretaría de Seguridad se ha promocionado como una institución comprometida con las mujeres y el enfoque de género, destacando que inició con un 40 % de jefaturas policiales lideradas por mujeres. Sin embargo, femicidios dentro de la institución, el ascenso a un puesto clave de un policía implicado un caso emblemático de femicidio, y las recientes denuncias de la viceministra Julissa Villanueva sobre discriminación y desigualdad salarial, exponen un panorama en el que la violencia de género y la discriminación persisten dentro de la institución.
Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen
«Mientras no se depure el sistema judicial y no se castigue a los policías con todo el peso de la ley, ellos seguirán cometiendo crímenes porque se sienten protegidos por el mismo Ministerio de Seguridad», dijo Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, la joven asesinada bajo custodia policial el 6 de febrero de 2021, durante el toque de queda por la pandemia de COVID-19 en La Esperanza, Intibucá.
El pasado 7 de febrero, doña Norma se plantó frente a los tribunales de justicia en Tegucigalpa, sosteniendo pancartas y vistiendo una camiseta con el rostro de su hija. Su mirada firme y sus manos aferradas a las fotografías de Keyla reflejaban una determinación inquebrantable no solo para encontrar justicia para Keyla, sino también para denunciar la violencia sistemática dentro de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad en Honduras.
El femicidio de Keyla no solo marcó un antes y un después en la vida de Norma, sino que también expuso las grietas de un sistema que promete igualdad y justicia, pero que en la práctica parece proteger a los responsables. El único acusado en el caso, el policía Jarol Perdomo, quedó en libertad bajo fianza después de que el delito de femicidio fuera reclasificado como homicidio imprudente.
«¿Cuánto dinero ha invertido el Estado en defender a un simple policía encargado de llaves?», cuestiona Norma, quien recuerda que la defensa de Perdomo provenía de la Secretaría de Seguridad, y asegura que fuentes le han confirmado que Perdomo ha regresado a sus labores dentro de la institución.
La primera versión de la Policía Nacional sobre la muerte de Keyla Martínez fue que ella se había suicidado utilizando su propia camisa. Sin embargo, Medicina Forense del Ministerio Público desmintió categóricamente esa posibilidad. Ante la evidencia científica, la vocería de la Policía Nacional se vio obligada a retroceder y modificar su discurso, afirmando que «ninguna hipótesis estaba descartada».
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Los patrones de impunidad y los intentos de encubrir muertes violentas de mujeres bajo la etiqueta de «suicidio» son recurrentes cuando agentes policiales o militares están involucrados. El 29 de enero de este año, la agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Ingrid Calero de 22 años, fue encontrada muerta en su casa en Tegucigalpa. Inicialmente, las autoridades sugirieron que se trataba de un suicidio, pero tanto el Ministerio Público como el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, revelaron más tarde que su cuerpo presentaba signos de violencia.
El principal sospechoso es su pareja, un agente de policía que también trabajaba en la DPI y cuyo nombre no ha sido revelado. Familiares de Ingrid se comunicaron con el medio televisivo HCH para denunciar que el agente no solo andaba prófugo y no había investigaciones sobre él, sino que además se había llevado las tarjetas de Ingrid y las estaba utilizando.
Una fuente anónima le dijo a Contracorriente que este agente solía llegar a golpear a Ingrid por la noche, y los gritos alertaban a los vecinos. La fuente también aseguró que la violencia intrafamiliar es común dentro de la institución, pero que existen pocos mecanismos para denunciarla y combatirla.
Los casos de Ingrid y Keyla no son aislados. En 2018, Sheryl Jubissa Hernández, investigadora de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, fue asesinada en Santa Rosa de Copán. Su muerte fue inicialmente tratada como un suicidio, aunque expertos señalaron que la posición en que fue encontrada indicaba un homicidio. En 2019, Saida Fuentes fue hallada sin vida en unas cañeras en San Pedro Sula. Una abogada que trabajó en este último caso reveló a Contracorriente que nunca se entregó la autopsia. Ninguno de estos casos ha sido resuelto, y algunos incluso han sido obstruidos desde la recolección de evidencias.
El caso de Keyla terminó con un solo acusado y llevado a juicio, un policía de escala básica de nombre Jarold Perdomo. Perdomo era uno de los policías que estaba en la posta la noche del crimen e ingresó a la celda de Keyla durante cinco minutos cerca de la hora en que fue asesinada.
Perdomo ahora se encuentra en libertad, pero tampoco era el único ese día. «Nos quisieron tomar el pelo no solo a mí y a mi familia, sino a todo el pueblo hondureño, haciendo creer que solo una persona fue quien asesinó a mi hija. Eran 13 o 15 (los) que estaban asignados ese día. Bryan Isaac Banegas, que era el encargado esa noche y que levantó el acta diciendo que había sido un suicidio, él sigue trabajando en su cargo; el subcomisionado Melvin Alvarenga tiene antecedentes de que es un personaje que siempre ha abusado del poder de autoridad», denunció Rodríguez.
Melvin Alvarenga era el subcomisionado de policía que estaba a cargo de la posta ese día. De acuerdo a El Heraldo, fuentes confidenciales les confirmaron que Alvarenga supuestamente había cometido un homicidio similar al de Keyla en 2011, contra un hombre de 50 años en la capital, pero convenció a dos policías de escala básica para que se responsabilizaran del hecho.
Durante el actual gobierno, Melvin Alvarenga ascendió a Comisionado de la Policía Nacional en diciembre de 2022. Fungió como director del Centro Penitenciario Nacional de Támara desde principios de 2022 hasta abril de 2023, cuando fue suspendido tras una grave crisis que reveló el control que la Mara Salvatrucha ejercía dentro de la cárcel. Este escándalo llevó a la creación de una junta interventora para el sistema penitenciario.
Sin embargo, las sombras sobre su gestión no terminan ahí. En agosto de 2024, El Heraldo publicó una investigación que expuso cómo cuatro privados de libertad de Támara que gozaban de preliberación fueron enviados a Costa Rica, donde cometieron una serie de masacres y atentados, acciones que, según el medio, fueron facilitadas por narcotraficantes colombianos recluidos en el mismo penal.
La investigación del medio reveló que, durante su mandato, Alvarenga recibió un informe detallado sobre una banda criminal que operaba dentro del centro penitenciario. Dicho documento alertaba que los reclusos involucrados habían sido contratados para llevar a cabo asesinatos en Costa Rica. A pesar de contar con esta información crucial, Alvarenga no tomó medidas para impedir el traslado de los delincuentes ni para alertar a las autoridades costarricenses, lo que permitió que los crímenes se consumaran.
Pero el caso de Keyla no es aislado. Es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande que incluye femicidios impunes, ascensos cuestionables y denuncias de discriminación dentro de la Secretaría de Seguridad. A pesar de que el Gobierno ha promocionado a la institución con avances hacia la equidad de género, contando como un gran logro que el 40 % de jefaturas policiales serían lideradas por mujeres, la realidad es muy diferente.
Discriminación dentro de la misma Secretaría
Uno de los mandos más altos dentro de la Secretaría de Seguridad, la viceministra Julissa Villanueva, ha denunciado discriminación dentro de la institución. Primero, denunció que en un organigrama publicado por el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, su nombre y su dependencia no aparecen.
«Pero ni en tiempos del presidente Juan Orlando Hernández se atrevían a tanto. Este hecho ya fue denunciado por los canales administrativos respectivos, aunque al final va a caer en las manos del mismo ministro. Como está claro que no nos apegamos jamás a sus irregularidades ni a su forma incorrecta de manejar las políticas de seguridad del país, al menos yo no, es por eso que nos descalifica e ignora en la cadena de mando», dijo Villanueva.
Villanueva acompaña sus declaraciones con denuncias que ha interpuesto ante la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) desde septiembre de 2024.
En sus redes sociales también publicó una comunicación oficial dirigida a la ministra de Asuntos de la Mujer, Doris García, el 21 de febrero, en la que Villanueva denuncia discriminación, marginación y desigualdad salarial dentro de la institución. Villanueva detalló que estas acciones no solo se dirigieron hacia su persona, sino también hacia su familia, lo que ha obstaculizado su trabajo y ha creado un ambiente laboral intolerable. Esta situación la ha llevado a extremar sus medidas de protección para resguardar su integridad física, lo que a su vez le ha impedido desarrollar plenamente las responsabilidades que le fueron encomendadas.
Para ilustrar las desigualdades al interior de la Secretaría de Seguridad, la viceministra Villanueva expuso un caso concreto: mientras ella, como subsecretaria de Asuntos Policiales, percibe un salario de 72,500 lempiras, el subsecretario de Prevención y Derechos Humanos recibe 77,400 lempiras, a pesar de ocupar puestos de similar jerarquía. Esta disparidad salarial no se limita a los altos mandos. Información recopilada por Contracorriente, con datos obtenidos de los portales de transparencia, revela que comisionados generales de la Policía Nacional ganan entre 112,175.09 y 116,225.99 lempiras, e incluso un asistente de la Secretaría de Seguridad recibe 74,350 lempiras, superando el salario de Villanueva.
Villanueva asegura que sus esfuerzos por esclarecer hechos como la masacre en la cárcel de Támara y la red de trata que operaba en Islas de la Bahía, vinculada a la desaparición de Angie Peña, generaron animadversión en su contra «no solo entre la cúpula policial, sino también del titular de la Secretaría de Seguridad».
Señala que esta hostilidad se ha manifestado en acciones como la limitación de la jerarquía de su despacho, el boicot a su labor como interventora de centros penitenciarios y los obstáculos en su rol como subsecretaria de Asuntos Policiales. Además, denunció que han despedido a todas las personas adscritas a su área, a quienes no se les otorgaron nombramientos permanentes ni se les renovaron sus contratos, a pesar de que por derecho les correspondía.
Sobre las denuncias de Villanueva, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, dijo a varios medios de comunicación que no era cierto que le hubiera recortado el personal. «Desde que nosotros asumimos nos ha atacado. Ella tiene sus funciones, es bueno que las ejecute, es bueno que las cumpla, el resto del personal y de los altos funcionarios de la Policía Nacional pasamos muy ocupados. Este país tiene una enorme necesidad de un trabajo profesional, de un trabajo honesto y de un trabajo fuera de las redes y de los medios, y nosotros lo estamos ejecutando», expresó Sánchez.
Sin embargo, Sánchez no desmintió las demás denuncias de Villanueva, entre ellas la falta de respuesta a sus solicitudes de reuniones de trabajo y haberla relevado de tareas críticas, como el análisis de datos y procesos de investigación relacionados con la red de trata, negarle el presupuesto operativo para su despacho y el irrespeto hacia las comunicaciones oficiales dentro de la institución, lo que según Villanueva, ha fomentado un clima de desorganización y falta de transparencia.
