El gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) extendieron por cuarta vez un memorándum de entendimiento para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih). En una entrevista con Contracorriente, la vicesecretaria General de la ONU, Amina J. Mohammed, confirmó que uno de los puntos de discordia es la amnistía a exfuncionarios aprobada por el Gobierno. Además, según los analistas, hay retrasos porque aún hay reformas legislativas pendientes y el gobierno quiere involucrarse en el financiamiento y la elección de miembros.
Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Archivo CC
El gobierno de Honduras y la ONU han extendido por cuarta vez el memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih). En septiembre de 2024, la presidenta Xiomara Casro entregó un segundo borrador de convenio que aún no ha sido aprobado por Naciones Unidas porque sigue en negociaciones.
Amina J. Mohammed, vicesecretaria General de la ONU, le dijo a Contracorriente que, aunque no podía entrar en detalles sobre en qué parte de la negociación se encuentra el convenio, el proceso ha tomado años por la necesidad de establecer una institución sólida que pueda hacer frente a un sistema de justicia y rendición de cuentas ineficiente en el país.
«Los temas más grandes y controversiales siempre giran en torno a la inmunidad. Nos enfocamos en eso porque muchos consideran que es una gran laguna que permite evadir la justicia y la rendición de cuentas, y tenemos que intentar hacer algo al respecto. No creo que debamos dedicar muchos años más a este tema, ya que se convierte en la barrera principal que intentamos superar», explicó, tras preguntarle si en las negociaciones para la Cicih ha tenido peso la aprobación de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, más conocida como «ley de amnistía política», que otorga amnistía a personas víctimas del golpe de Estado y exempleados o autoridades electas durante el gobierno del expresidente Zelaya Rosales, incluyendo delitos de corrupción.
La ley fue aprobada por el Congreso Nacional el 3 de febrero de 2024 y el pasado 8 de octubre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la declaró como constitucional. Varios exfuncionarios se han amparado en esta ley, entre ellos Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel que en 2017 fue sentenciado por enriquecimiento ilícito, fraude y abuso de autoridad; Enrique Flores Lanza, el exsecretario de la Presidencia y ahora asesor presidencial, que enfrentaba acusaciones por fraude, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos; y Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde sampedrano, que utilizó la amnistía en cuatro de las siete causas penales que por enfrenta abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Cuando se conoció de esta resolución de la CSJ, la organización centroamericana dedicada a la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas de violencia Cristosal emitió un comunicado señalando que esta amnistía «constituye un grave retroceso para el Estado de Derecho y los derechos humanos en Honduras. Esta decisión crea una distinción arbitraria que atenta contra la justicia y contraviene las obligaciones internacionales del país bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige la investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos. Al perpetuar la impunidad, se obstaculiza la lucha contra la corrupción y se envía un mensaje peligroso de que las malas prácticas pueden quedar impunes».
Mientras tanto, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, se pronunció hoy sobre la importancia que se instale este mecanismo en el país. «La corrupción es terrible en este país, ha impactado en cada persona y es importante construir un mecanismo diferente para luchar contra la corrupción. Yo creo que la Cicih es uno de los mecanismos muy importante», expresó ante medios de comunicación.
La vicesecretaria de la ONU, por su parte, añadió que «no quiero condicionar lo que esté ocurriendo en Honduras con este proceso tal y como está, pero creo que existe un sentido de urgencia. Esto ha estado en marcha durante algunos años y necesita llegar a una conclusión. Quizás tengas que ceder en algunos aspectos para obtener más a largo plazo o seguir adelante durante más tiempo para conseguirlo todo, pero hay que entender que, mientras tanto, muchas personas perderán la vida, la impunidad aumentará, y será más difícil revertirla», sentenció.
Contracorriente contactó al canciller de la república, Enrique Reina Flores, a través de la Directora de Comunicación Estratégica de esa Secretaría, para conocer la postura del gobierno ante estas declaraciones y obtener más detalles sobre la negociación; sin embargo, tras varias solicitudes de entrevista, no obtuvimos respuesta.
Otros puntos en disputa durante la negociación
Este año, el gobierno reveló que había solicitado a la ONU desclasificar toda la documentación de las negociaciones sobre la Cicih. Sobre esta secretividad, Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, le dijo a Contracorriente en septiembre que no era útil entrar en los detalles: «Las negociaciones consisten en que dos partes con diferentes opiniones se unan para un bien común, y eso es exactamente lo que está ocurriendo», explicó en esa ocasión.
Mientras tanto, hay múltiples análisis sobre los temas que detienen la instalación del mecanismo más allá de la amnistía política. De acuerdo con el analista político Leonardo Pineda, de parte del ejecutivo está la escogencia de las personas que van a integrar la misión. «El Gobierno quiere que se haga a través del fiscal general que se dé el visto bueno, y eso va a ser una gran limitante. Otra cosa es el tema del financiamiento. El gobierno ha dicho que quiere poner dinero para la operatividad de Cicih y eso también es un problema. Aquí hay un dicho popular, que quien paga el mariachi pide la música, ¿verdad?», cuestionó.
Pineda añadió que en cuanto al Poder Legislativo hay una serie de reformas y leyes que no se han logrado concretar, como la Ley de Colaboración Eficaz, que aun no pasa a segundo debate en las sesiones; las reformas al Código Penal, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la existencia de una asignación de subvenciones de la presidencia a los diputados, y las facultades que aún tiene el Tribunal Superior de Cuentas para detener investigaciones de lavados de activos y malversación de caudales públicos que involucran a diputados y diputadas y la figura de acusador privado.
Cuando el gobierno entregó el primer borrador de la Cicih en septiembre de 2023, no se planteó este ente como un acusador privado, sino como un acompañante de la Fiscalía, similar a como funcionó en su momento la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), situación por la cual ese organismo tuvo muchas dificultades. Para septiembre de 2024, el gobierno declaró que este convenio sí se planteó de esa forma.
Pineda añadió que esa figura requiere también de reformas legislativas. «Sería de modificar el Código Procesal Penal, pero el Gobierno quiere hacerlo a través de una modificación institucional y ahí es donde está el problema. Si lo hacen así, como lo propuso en su momento la diputada Hortensia Zelaya, obviamente no tendríamos Cicih hasta 2026 porque tendría que ratificarse en segunda legislatura. Creo que ahí hay un problema», señaló el analista.
Las exigencias de la ciudadanía ante la Cicih
Un estudio del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD) publicado en agosto de 2024 sobre percepción de la corrupción, transparencia y las condiciones para la instalación de Cicih, reflejó que un 88 % de la ciudadanía quiere que venga este mecanismo al país, y un 77.4 % cree que es urgente que este mecanismo investigue y condene a funcionarios actuales del gobierno. Asimismo, señalaron que para un 61 % era importante la llegada de este mecanismo para decidir por quién votar en las próximas elecciones.
Asimismo, el estudio Impactos de la corrupción en el acceso a la justicia de las mujeres frente a la violencia de género en Honduras, del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), publicado el 5 de diciembre de 2024, señaló que la Cicih también debe «analizar e investigar el funcionamiento de la corrupción de género en el sistema de administración de justicia, y el ejercicio de las redes de corrupción involucradas en las muertes violentas de mujeres o tráfico de mujeres para la explotación sexual, porque estos aspectos cuentan con poca investigación».
Yadira Minero, investigadora del estudio, agregó que «se está pidiendo que desde su mandato hasta los protocolos, los objetivos, los indicadores para medir el avance, se hagan desde la perspectiva de género, que incluyan la problemática que enfrentan las mujeres al pedir acceso a justicia. La MACCIH dejó recomendaciones de género, hablan de que se les exija a los funcionarios que tomen en cuenta a la hora de aplicar la ley la vulnerabilidad de los diferentes sectores, una vulnerabilidad que es creada por las condiciones de discriminación», señaló.
Para el analista Pineda, la llegada de la Cicih también implica que la ciudadanía se active. «Si la ciudadanía, la sociedad civil, las organizaciones no se activan, los políticos van a estar cómodos porque siempre van a estar en un espacio donde no se sienten amenazados, no van a sentir el sentido de urgencia que realmente tenemos. La Cicih no es una promesa de campaña, no tiene tres años de no venir, la Cicih es una exigencia del pueblo hondureño desde 2015», destacó.
Por su parte, la vicesecretaria de la ONU, Mohammed finalizó diciendo que en este momento «hay países que tienen estas instituciones [en referencia a comisiones como la Cicih] y que, aun así, gobiernan con impunidad. Así que creo que siempre es mejor tener esa institución, que comience a cumplir con su propósito en términos de justicia, rendición de cuentas y transparencia. Luego, trabajaremos en la implementación del mandato de esa institución», concluyó.
