A finales de septiembre, el movimiento Por Nuestros Hijos y representantes de organizaciones religiosas presentaron ante el Congreso Nacional la denominada «Ley de derechos parentales». El documento menciona a varias organizaciones de mujeres que participaron en la socialización de una ley de educación integral vetada por la presidenta Castro en marzo de 2023. Acusan a estas organizaciones de intervenir en las aulas para promover enfoques de género que «pueden causar daño» y promover un «adoctrinamiento ideológico».
Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen
Representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y del movimiento Por Nuestros Hijos entregaron al Congreso Nacional (CN) el pasado 19 de septiembre una propuesta de «Ley de derechos parentales», con la que buscan «proteger la educación básica en los valores de la familia tradicional». La propuesta, que iba acompañada de 13 mil firmas, es promovida por la Conferencia Episcopal de Honduras, la Asociación de Pastores en Tegucigalpa y la Confraternidad Evangélica, que se sumaron a la organización Por Nuestros Hijos.
En el documento presentado al Congreso Nacional, al que Contracorriente tuvo acceso, se incluye un listado de organizaciones de la sociedad civil y de mujeres que participaron en la socialización de la Ley de Educación Integral de Prevención del Embarazo Adolescente, aprobada por el CN el 8 de marzo de 2023 y vetada por la presidenta Xiomara Castro el 17 de marzo.
En el documento, afirman que la socialización de la ley no se discutió con asociaciones de padres de familia, sino únicamente con organizaciones «que en su mayoría promueven los derechos de la diversidad sexual, son feministas y abortistas». Además, incluyen una recopilación de capturas de pantalla de los contenidos publicados por estas organizaciones en sus redes sociales, donde se aborda la salud menstrual, el uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y la no discriminación hacia las comunidades LGBTIQ+.
Asimismo, muestran imágenes tomadas durante los talleres realizados en centros educativos de La Ceiba, Atlántida, por la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Udimuf), entre ellos una jornada llamada «Mejores hombres, menos agresores». En el mismo documento afirman que «esta organización es feminista, contribuye a la equidad de género y en sus objetivos estratégicos mencionan que lo hacen desde un enfoque de diversidad sexual».
A Udimuf la acusan de haber dado esta formación en centros educativos sin la autorización de los padres de familia. Claudia Vanessa Siliézar, directora ejecutiva de Udimuf en La Ceiba, Atlántida, reaccionó diciendo que «no solo estamos en la parte introductoria y contextual, sino que también hay imágenes de nuestros proyectos con las caras visibles de los niños, sin los debidos permisos de los padres. A diferencia de lo que ahí se dice, nosotras sí contábamos con los permisos y autorizaciones de los padres y madres de familia».
De acuerdo con la abogada Siliézar, quienes promueven esta ley buscan eliminar la educación pública y laica, derecho establecido en la Constitución. «Los padres de familia tienen que tener derecho a conocer qué información se le está dando a sus hijos, eso ya está pasando. Nosotras acudimos al llamado de las instituciones ante temas que ellos se sienten débiles de impartir, pero lo hacemos con el conocimiento de los padres. Por eso creo que este tipo de iniciativas nacen de sectores privilegiados que quieren imponer su visión a los sectores más vulnerables», afirmó.
Agregó que Udimuf tiene 10 años de estar dando talleres en centros educativos, y que comenzó a raíz de una petición que una escuela le hizo a la organización porque había mucha violencia dentro de la escuela. «En los talleres, vimos que el flagelo que los niños y las niñas más comentaban era el tema del bullying y el acoso sexual escolar; entonces nos dimos a la tarea de hacer una investigación y un protocolo de actuación para maestros, y también una ley a nivel departamental avalada por la Dirección Departamental de Educación para prevenir el bullying y el acoso sexual en las instituciones educativas del sector público».
Udimuf actualmente ofrece talleres a niños, niñas, docentes, madres y padres de familia en cuatro escuelas públicas en las comunidades de Sambo Creek, Corozal, Nueva Armenia y en La Ceiba en Atlántida.
Sobre el proyecto mencionado en el documento, la abogada Siliézar señaló que se trata de procesos de formación para niños y niñas enfocados en la prevención del bullying o acoso, del acoso cibernético y de la prevención de la violencia machista a través del arte. «Nuestras niñas y niños han pintado los muros de sus escuelas para hablar de lo que les convoca. Entonces, nos extraña que nos nombren de esa manera, que no se hayan dado a la tarea de preguntarles a los padres y madres de familia de las escuelas en donde trabajamos qué es lo que estamos haciendo», agregó.
Recientemente, en Contracorriente publicamos un especial llamado Desprotegidas en la red, que presenta casos de ciberviolencia que sufren mujeres y niñas en Honduras, quienes son víctimas de explotación, acoso, difusión de material de abuso sexual y trata en el ciberespacio. Las víctimas demandan reformas legales que brinden protección ante la ciberviolencia, pero estas deben ir acompañadas de campañas de prevención en todos los espacios.
David Andrade, un miembro de la organización Por Nuestros Hijos, le dijo a Contracorriente en 2023 que este movimiento existía antes de la aprobación de la Ley de Prevención del Embarazo Adolescente, pero que se fortaleció después de que este instrumento fue aprobado por el CN. Aseguró que no tienen financiamiento de una «organización poderosa detrás de nosotros, han sido padres y madres de familia de a pie organizados». En sus redes sociales se puede ver cómo constantemente dan capacitaciones o tienen encuentros en centros educativos.
Juan Diego Lacayo, miembro de la organización, dijo en un foro televisivo que como movimiento no tienen ningún tipo de ideología política: «Llevamos esto como padres de familia y lo que hemos querido es que cada una de las bancadas tenga una copia para que ellos puedan tenerla antes de que se someta a la discusión. (…) Si en campañas electorales nos prometen que la familia va a ser el estandarte de la sociedad vamos a estar del lado de esta gente, por eso hemos llevado esta propuesta desde antes de las elecciones», aseguró.
El contenido del proyecto de ley
Este proyecto de derechos parentales pide que los padres de familia tengan el derecho «de rechazar y oponerse a cualquier plan de estudio en el sistema educativo nacional que pretenda educar a sus hijos en temas que incluyan: derechos sexuales y/o reproductivos, diversidad sexual, equidad de género, así como la educación sexual integral promovida desde el seno de Naciones Unidas». Asimismo, establece que podrán optar porque sus hijos no participen de clases de educación sexual que se impartan en los centros educativos.
Además, el proyecto solicita que madres y padres de familia se involucren no solo en esos temas, sino en «la malla curricular, los planes de estudio, los ejes educativos y las metodologías pedagógicas que se pretende implementar en distintos niveles», dice el documento.
También señala que estará prohibido que en centros de salud, museos o cualquier otra institución pública o privada donde se atienda a menores de edad, se apliquen encuestas, pruebas o consultas «sobre temas vinculados a su vida privada, incluyendo la vida sexual, salud, vida familiar, intimidad doméstica, identidad, etc, sin el consentimiento escrito de sus padres. (…) Cualquier funcionario público que contravenga esta disposición estará sujeto a responsabilidad penal, civil y administrativa».
Esta ley también señala que «se entenderá el término género cuando es usado para designar a los seres humanos, se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, este término no tendrá legalmente una aceptación distinta».
Además, piden derogar el decreto 51-2016 que reforma la Ley Especial para una Maternidad y Paternidad Responsable, en donde se menciona que la Secretaría de Educación debe promover programas sobre embarazo en la adolescencia y temas relacionados con la sexualidad y se declara de interés nacional la prevención del embarazo adolescente.
Honduras tiene la segunda tasa de embarazos adolescentes más alta de Latinoamérica. Según el Centro de Derechos de Mujeres, 89 de cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años han estado embarazadas.
¿Es posible que se apruebe la Ley de Derechos Parentales?
Las organizaciones defensoras de derechos humanos y de mujeres temen que sí. En agosto de 2023, el ministro de Educación del Gobierno de Xiomara Castro, Daniel Sponda, en un programa televisivo de transmisión nacional rompió unas guías para docentes sobre «inclusión de género en el aula», que se venían implementando desde el gobierno anterior. El ministro dijo en esa ocasión que no permitiría «promover valores que no son parte de nuestra sociedad».
Esta guía se cita también en el documento presentado al CN, como un ejemplo de la manera impositiva en que se busca «desestabilizar a la familia», por ser materiales que son socializados con la Secretaría de Educación.
La posibilidad de que una ley como esta se apruebe es grande. El Congreso Nacional actualmente es presidido por Luis Redondo, quien en varias ocasiones ha proclamado que preferiría dejar de ser diputado antes de legislar «en contra de la vida y la familia».
Aunque este CN aprobó una ley que buscaba prevenir el embarazo adolescente, en la que se incluían guías de educación sexual, y a pesar de que fue también una promesa de campaña de la presidenta Castro, fue ella quien la vetó, argumentando que no se había socializado con los padres y madres de familia.
Aunque la ley permite que el veto se dé 10 días después de la aprobación de una ley en el CN y aunque oficialmente ahora se conoce que el veto se dio dentro de ese plazo, en marzo de 2023, este veto fue anunciada por la presidenta hasta el 31 de julio, después de que estos grupos religiosos y conservadores salieron a protestar en varias zonas del país.
La abogada Siliézar dijo que «hablar de ciencia, de salud y de educación sexual integral en pleno siglo XXI es una necesidad en un país tan empobrecido, sobre todo por lo que vivimos en este país: altos índices de trata de personas, cuyas víctimas son niñas, niños y adolescentes, altas tasas de embarazo adolescente, cuyas víctimas son niñas entre 10 y 14 años, muchas víctimas de abuso sexual», señaló.
«A mí me parece genial, por ejemplo, cuando ahí se plantea que los padres tengan acceso a información. Yo creo que ya está sucediendo a través de las juntas de padres y madres de familia, pero es el Estado el que debe definir qué información se debe de brindar desde una visión científica y laica. Yo creo que es parte del desconocimiento, o tal vez del privilegio de las personas que están haciendo esta ley, porque lo que ahí se plantea no ha sido consensuado con el otro sector, el sector empobrecido, olvidado, que tiene a sus hijos en una escuela en situación de precariedad», finalizó Siliézar.
