El Gobierno de Honduras entregó un segundo borrador de convenio a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la instalación de una Comisión contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Cicih). El vocero del Secretario General de la ONU, António Guterres, le confirmó a este medio que se trata de un documento que aún no ha sido aprobado por Naciones Unidas, y que las negociaciones continúan.
Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Organización de las Naciones Unidas
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro entregó al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, un segundo borrador de convenio para la instalación de una Comisión Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Cicih), durante una reunión privada sostenida el 24 de septiembre en Nueva York.
El Gobierno aseguró en un comunicado que en este borrador se plantea la Cicih como una figura de acusador privado. Además, señaló que el documento fue entregado tras incorporar las observaciones de ambas partes, hechas durante las negociaciones iniciadas con el primer borrador, entregado en septiembre del año pasado.
Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, le dijo a Contracorriente que se trata de un borrador que aún no se aprueba: «La propuesta fue presentada ante las Naciones Unidas, la cual estudiaremos. Creo que lo más importante es que el Secretario General designó a un punto focal de su equipo que lo representará en las discusiones, que avanzará con el ministro de Relaciones Exteriores», aseguró.
El secretario general de la ONU instruyó al subsecretario general para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenca, para que lo represente en las negociaciones.
Sobre la secretividad que la ONU ha solicitado para los documentos de la negociación, cuya desclasificación ha sido solicitada por el Gobierno de Honduras, Dujarric dijo que «no creo que sea muy útil entrar en los detalles de las negociaciones. Obviamente, las negociaciones consisten en que dos partes con diferentes opiniones se unan para un bien común, y eso es exactamente lo que está ocurriendo». Aseguró que el secretario general se encuentra comprometido a apoyar esta comisión, que debe ser independiente e imparcial.
Por su parte, el canciller Enrique Reina le dijo a Contracorriente que, aunque pidieron que se hicieran públicos los documentos de las negociaciones, la ONU tiene por norma no hacerlo «porque es un proceso de negociación de temas delicados y no quieren influencia externa», explicó. Aseguró que el documento seguirá siendo privado mientras continúen las negociaciones, pero que el proyecto de ley presentado por la diputada Hortensia Zelaya, hija de la presidenta Castro, ante el Congreso Nacional para la instalación de la CICIH, contiene observaciones que Naciones Unidas había hecho en torno a reformas necesarias para la instalación.
Hasta el momento, un equipo de expertos de la ONU ya realizó tres visitas al país para entregar al Congreso Nacional una lista de nueve normativas que necesitaban revisión, derogación, aprobación o reforma para facilitar el establecimiento de la CICIH.
Entre estas reformas están la derogación del decreto 117-2019, la revisión del decreto 4-2022, reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, y una ley de Colaboración Eficaz que se estuvo discutiendo en el Congreso Nacional meses atrás, pero que no ha vuelto a retomarse ante el pleno.
Según un comunicado del Gobierno, al igual que el proyecto de la diputada Zelaya, este segundo borrador incluye un catálogo de delitos por investigar y establece los elementos necesarios para asegurar la autonomía administrativa y funcional de la Cicih.
Sin embargo, el proyecto de ley de la diputada Zelaya ha sido criticado por analistas, que consideran que aprobar un marco regulatorio de una comisión que aún no está instalada podría ser contraproducente y limitar sus capacidades.
Ana María Calderón, exvocera de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (MACCIH) dijo en un XSpace de Contracorriente que, tal como se ha planteado el proyecto de ley, tener un catálogo de delitos y que la acreditación sobre quiénes de la CICIH podrán ejercer como acusadores privados deba ser proporcionada por el fiscal general, podría limitar las capacidades de la comisión.
Al respecto, el canciller aseguró que el convenio incluye que sea la ONU quien defina los procedimientos, estándares y la elección de las personas que integren dicha comisión. «Todo el proceso de selección de coordinación lo hace la Secretaría General y para eso ofrecemos además, como lo hemos mencionado, las unidades y privilegios que necesite un convenio de este tipo para proteger a los funcionarios que Naciones Unidas designe para la Comisión, y que se les proteja en un caso tan delicado como es la lucha de altos temas de corrupción y la investigación», dijo Reina.
La llegada de la CICIH al país es algo que la población hondureña ha esperado por años; inició como una demanda ciudadana en 2015, con las marchas de las antorchas que surgieron tras hacerse público un caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social que desvió al menos 3.6 millones de lempiras para financiar la campaña del presidente Juan Orlando Hernández en las elecciones del 2013.
Ante esa demanda, el expresidente Hernández, ahora preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, firmó un acuerdo para la instalación de la MACCIH de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2016, pero después de cuatro años la misión no renovó contrato porque el Congreso Nacional de ese entonces votó en contra del convenio.
La MACCIH investigó 13 casos en los que detectó el involucramiento de funcionarios públicos en 13 casos de corrupción, e identificaron la apropiación de 460 millones de lempiras provenientes de fondos del Estado. Sin embargo, en la mayoría de estos casos no se lograron sentencias condenatorias contra los involucrados, especialmente de los perfiles de más alto nivel. Además, el convenio de la MACCIH no se renovó porque empezó a investigar a los entonces presidentes del Ejecutivo y del Congreso Nacional, Hernández y Mauricio Oliva.
De acuerdo con el canciller, la presidenta Castro le pidió al secretario acelerar el proceso de instalación porque queda poco tiempo para concluir su mandato: «Ella quiere suscribir el documento lo más pronto posible, si es posible que antes de que termine el año nos pongamos de acuerdo con los equipos negociadores».
Por su parte, Yahvé Sabillón, del Frente Parlamentario de apoyo a la CICIH, dijo que esta comisión tiene una gran complejidad, por la que incluso si se aprobara hoy podría tardar mínimamente seis meses en llegar a Honduras.
Un estudio del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD) reveló que un 59.2 % de la población hondureña no cree que la CICIH llegará al país durante el actual gobierno, y un 61.6 % considera que la llegada de la CICIH será importante para decidir por quién votar en las próximas elecciones.
Lida Perdomo, una hondureña migrante radicada en EE. UU que ha sido parte de las protestas de migrantes afuera de los tribunales durante los juicios en el Distrito Sur de Nueva York, le dijo a Contracorriente que este es el momento en que Honduras necesita una CICIH porque los actores gubernamentales siguen coludidos con el crimen organizado.
«Venimos saliendo de una década de una narcodictadura criminal y sangrienta, donde hubo muchas organizaciones sociales que lucharon, hubo alianzas políticas para terminar con la dictadura de Juan Orlando Hernández bajo la narrativa de eliminar nepotismo, corrupción, y hoy por hoy, seguimos viendo que en todos los poderes del Estado hay altos funcionarios fuertemente señalados con vínculos con el crimen organizado, se ha incrementado el nepotismo y seguimos viendo asesinatos de líderes sociales como Juan López», mencionó Lida.
La activista se refería a la divulgación de un video en el que el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya Rosales, miembro prominente del partido de gobierno y en ese entonces secretario del Congreso Nacional, aparece reunido con narcotraficantes, negociando un soborno de 650,000 dólares para la campaña presidencial del Partido Libre en 2013.
Sin embargo, ese no es el único nexo del gobierno de Castro con el narcotráfico; este medio ha investigado otros dos casos de esta índole. El primero involucra a tres empresas que fueron objeto de investigación por el Departamento de Justicia de EE. UU. en el caso de Tony Hernández, y que continúan operando sin restricciones bajo el gobierno de Castro. Una de ellas mantiene contratos millonarios con el Estado; otra, vinculada a una de las empresas investigadas, se ha certificado como contratista estatal; y la tercera recibió contratos en 2020 por parte de un político que hoy ocupa un alto cargo en el actual gobierno.
El segundo caso aborda una solicitud de asistencia legal enviada por la fiscalía hondureña a Colombia en 2012, en la que se menciona que el expresidente Manuel Zelaya Rosales y varios miembros de su círculo familiar estaban siendo investigados por lavado de activos y tráfico de drogas.
«Al haber un alto grado de nepotismo, preocupa porque personas que son involucradas en estos crímenes tienen nexos familiares con personas señaladas en los crímenes y buscarán protegerlos», mencionó Perdomo.
