El 27 de enero se cumplió un año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En el informe de logros del Poder Ejecutivo, la vicepresidenta Doris Gutiérrez habló de «tres regalos» aún pendientes por parte del gobierno hacia las mujeres: La Ley Contra las Violencias hacia las mujeres, la Ley de Casas Refugio y reformas al Código Penal. Mientras tanto, las muertes violentas de mujeres y femicidios aumentaron un 51% en relación con el año 2021, según los registros del Ministerio Público.
Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen
El gobierno de Xiomara Castro cumplió un año en el poder el 27 de enero, para esa misma fecha Honduras registró la misma cantidad de femicidios que días en el año, uno diario, según el Observatorio de Ecuménicas por el Derecho a Decidir.
Jinna Rosales, activista feminista e integrante del Grupo Estratégico por la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (GE-PAE), dice sentirse preocupada por la violencia. «No vemos un arranque de las autoridades o de este gobierno para frenar la violencia ni los femicidios. Pareciera que asesinan a una mujer diariamente, tenemos un sistema de justicia que sigue igual al de gobiernos anteriores y que no responde de manera efectiva y veraz ante las investigaciones de femicidios».
La noticia que puso en alerta esta situación fue la muerte violenta de tres mujeres garífunas el 15 de enero. Esta no sólo fue la primera masacre registrada en el año, sino que también ocurrió en la comunidad de Travesía en Puerto Cortés, uno de los 73 municipios que se mantienen en estado de excepción desde diciembre del 2022.
En su cuenta de Twitter, la presidenta Castro dijo: «Mi solidaridad por el criminal femicidio contra tres hermanas garífunas. La policía dará a conocer en las próximas horas el alcance de las investigaciones. No más impunidad»
Sin embargo, para Jinna Rosales, esa expresión es sólo una muestra de que la presidenta debería repensar este año quiénes son sus asesores pues hace falta mucho para el enfoque de género. «Solidaridad creo que es un discurso que es parte de una persona activista del movimiento social, no de una garante de los derechos humanos y no es que menosprecie la palabra o expresión, pero debería de ser más contundente y enmarcado en el rol que tiene como gobierno».
El 24 de enero, las autoridades policiales dieron a conocer que había sido detenido David Alexander Lambert como el supuesto responsable, Lambert era pareja de una de las tres mujeres asesinadas.
De acuerdo con la información que registra el Ministerio Público, el registro de muertes violentas de mujeres en 2022 fue de 398, lo que supone un aumento de 138 casos en relación con el año anterior. De estos casos, al menos 304 corresponderían a femicidios, según el análisis del Centro de Derecho de Mujeres (CDM).
Migdonia Ayestas del Observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, explicó a Contracorriente que los casos de muertes violentas de mujeres aumentaron en enero en relación con los datos de diciembre que tuvo 25 casos y en enero antes de concluir el mes se había superado la misma cifra, «pero también preocupa más allá de esa cifra, que hay un aumento en el número de casos y en la forma cruel e inhumana en que están sucediendo».
El mismo 15 de enero que sucedieron los femicidios de las tres mujeres garífunas, los medios reportaron el femicidio de Jessica Vallecillo Cruz, una mujer de 21 años del departamento de El Paraíso, que murió por quemaduras en el 75% de su cuerpo tras ser atacada por quien era su pareja, Andy García de 56 años.
Sandy Arteaga, activista feminista, explicó que en casos así los medios de comunicación suelen ser muy amarillistas «lo normalizan y retroalimentan, en lugar de explicar que era un hombre que en abuso de poder asesinó a su pareja. Hay que hablar de la desigualdad económica, de los círculos de violencia».
La respuesta del gobierno a la violencia de género
La reducción de los femicidios fue una de las promesas de campaña y estaba dentro del plan de gobierno de la presidenta Castro. Durante la instalación de la segunda legislatura del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, a través de la vicepresidenta Doris Gutiérrez, presentó el informe de logros en el que destacaba la creación de la Secretaría de la Mujer y la implementación de mesas de alto nivel sobre un presupuesto sensible al género.
Sin embargo, Gutiérrez reconoció que aún queda mucho camino para garantizar los derechos de las mujeres. En su discurso hizo referencia a «tres regalos» que el Congreso Nacional debería ofrecer a las mujeres: La aprobación de la Ley Integral Contra las Violencias hacia las Mujeres, la Ley de Casas Refugio y la derogación o revisión del Código Penal «que favorece a los violadores, favorece a los femicidas y favorece a gran cantidad de agresores», señaló.
La Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres es un proyecto que fue trabajado desde hace más de cuatro años por organizaciones de mujeres y feministas, quiénes lo presentaron a la presidenta Xiomara Castro el 8 de marzo de 2022. Ese día ella prometió que la enviaría al Congreso Nacional para su aprobación. La ley llegó al Congreso Nacional, pero no ha entrado en discusión todavía.
«Me preocupa quiénes son las personas que están revisando la ley y con qué intenciones porque si le quitan mucho que será beneficio a las mujeres es como que no tengamos nada y lo que queremos es una ley de protección porque todavía tenemos la experiencia del Código Penal del 2019» dijo Sandy Arteaga.
Jinna Rosales aseguró con frustración que antes de que la presidenta tomara posesión se dedicaron a pulir propuestas, entre ellas la Ley Integral, para que se aprobaran en este gobierno, «pero seguimos en discusiones, seguimos en reuniones, haciendo lobby y no tenemos nada. No tenemos casas refugio, la Ley Integral, ni la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, ni la ratificación del protocolo de la CEDAW. Seguimos más desprotegidas que nunca».
La abogada Delmy Ordoñez, Secretaria General de Ciudad Mujer, dijo a Contracorriente que también están a la espera de la aprobación de la Ley Integral, pero que esperan que exista un presupuesto cuando la misma sea aprobada, «ha llevado un proceso de socialización en las secretarías. Esperamos que el presidente (Luis Redondo) ya la agende, sabemos que está en la comisión de dictamen y esperamos que pueda ser aprobada lo más pronto posible».
Sin embargo, también aseguró que para reducir los índices de violencia era también necesario avanzar no sólo en lo legislativo sino también en el Poder Judicial «por eso son tan importantes procesos como la Corte Suprema de Justicia, también los operadores de Justicia en las distintas fiscalías, todo debe ser de manera integral».
El Presupuesto General de la República de 2023 tiene por primera vez un apartado con enfoque de género, en él señalan que 100 millones de lempiras (USD 4 millones) se destinarán a la Secretaría de la Mujer, pero también cada institución tiene un apartado de género dentro de sus presupuestos.
Sin embargo, aunque exista un presupuesto con enfoque de género, la mayoría de las Secretarías son dirigidas por hombres, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través de su Observatorio de Igualdad de Género, en Honduras solo existe un 30% de participación de mujeres en gabinetes ministeriales del gobierno.
Ordoñez dice que desde Ciudad Mujer están haciendo el análisis de las disposiciones del presupuesto. «Hay que ver cómo se va a llevar a cabo en la práctica este presupuesto que sea una respuesta para la mujer y no se utilice sólo para partir pastel el día de la madre», dijo.
Otra de las respuestas del gobierno de Castro fue colocar en más puestos de mando a las mujeres dentro de la Policía Nacional de Honduras, el 40% de las jefaturas son lideradas por mujeres.
Sin embargo, para Sandy Arteaga con poner mujeres en la Policía tampoco va a cambiar la situación «porque esa es una institución sumamente patriarcal. Una mujer en la policía se ve obligada a encajar en esta estructura para que las respeten» dijo.
Mientras que para Rosales, la postura del gobierno de pedirle a la ciudadanía que confiemos más en la policía «es una situación bien ambigua, por una parte, nos piden confianza. Sin embargo, esta institución no ha sido depurada y siguen estando al mando los mismos de siempre».
Datos del observatorio de CDM dicen que en 2022 al menos tres mujeres fueron víctimas de femicidio por hombres con uniforme de policía y militares.
Una PAE condicionada y lejana a la realidad hondureña
El 20 de enero se publicó en La Gaceta el acuerdo ejecutivo 58-2022 que deroga parcialmente la prohibición de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), permitiendo que esta se utilice sólo en casos de agresiones sexuales.
Cuando el ministro de Salud, José Manuel Matheu, dio a conocer que permitiría la PAE bajo esas condiciones a finales del año pasado, dio declaraciones ante la cadena BBC en donde dijo que «para las mujeres que no fueron víctimas sexuales, deben aprender a pedirle al hombre que use preservativo, deben aprender también que hay otros métodos de anticoncepción… No vamos a usar la píldora para que haya un desenfreno sexual».
Esto a pesar de que el mismo acuerdo cita un dictamen del 18 de agosto de 2022 emitido por el Colegio Médico de Honduras (CMH) por parte de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras, en el que aseguran que la pastilla «no es abortiva y no impide la implantación de un óvulo fecundado, ya que no tiene efecto sobre el endometrio, por lo cual, no existen condiciones médicas conocidas en las cuales no se deba usar la PAE».
De acuerdo a los datos del CDM, 2914 niñas y mujeres denunciaron ser víctimas de violencia sexual en 2022 y los datos que la organización recopiló de la Secretaría de Salud indican que menos de 50 buscaron atención médica después de la agresión.
Para Ana Ruth García de Ecuménicas por el Derecho a Decidir hay una violencia estatal sistemática a los derechos de las niñas y mujeres hondureñas, «no nos interesa lo que diga el ministro Matheu, él se basa en prejuicios religiosos, anti derechos, que no deben existir en un Estado Laico. La presidenta Xiomara Castro prometió erradicar el patriarcado que es prácticamente imposible, pero se puede con voluntad política por lo menos otorgar los derechos a las mujeres».
Activistas como Jinna Rosales dicen sentirse desprotegidas pues, aunque Xiomara Castro tomó posesión el 27 de enero de 2022, finalizando su discurso prometió que no les iba a fallar a las mujeres hondureñas, «sabemos que en el nivel político hay otros temas y el de género suele polarizar, pero a un año de gobierno no hay nada y estamos preocupadas por esta ola de violencia que se ha incrementado» finalizó.
