Keyla Martínez, estudiante de enfermería, murió en una celda policial en el departamento de Intibucá, después de haber sido detenida la noche del 6 de febrero por incumplir un toque de queda. La Policía Nacional dijo que se había suicidado, pero Medicina Forense determinó que la muerte fue homicida y comenzó las investigaciones. El caso ha despertado protestas e indignación, su familia pide justicia.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías de Martín Cálix
«Lo que quiero es sentar un precedente para que muchas mujeres que han sido vilmente asesinadas puedan descansar en paz (…) Ahora mi hija es una figura reconocida a nivel mundial, hubiera querido que fuera en otra situación, pero mi hija fue estrangulada por miembros de la Policía y por eso estoy exigiendo justicia», dice Norma Rodríguez, madre de Keyla, en una conferencia de prensa que ofrecen todos los familiares —apenas dos días después de su sepelio— en la que declaró que su hija fue víctima de femicidio.
Norma regresó de Madrid, España, donde vivía desde hace cuatro años, un día después de que la noticia de la muerte de su hija había copado la agenda mediática del país. La noticia decía que la Policía informó que Keyla —tras ser arrestada por incumplir medidas del toque de queda por la pandemia— se suicidó en la celda de detención. Keyla fue detenida la noche del 6 de febrero junto al médico Edgard Velásquez, en La Esperanza, departamento de Intibucá. A las 2:55 de la madrugada, el Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato recibió su cuerpo ya sin signos vitales, aunque la misma policía informó que la llevaba con vida. Los detalles de lo que sucedió entre el momento de la detención y su llegada al centro asistencial aún son difusos.
«Durante la ronda de supervisión en las celdas, los agentes la descubrieron intentando quitarse la vida mediante asfixia por suspensión, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció», menciona el comunicado de la Policía Nacional de Honduras (PNH).
Sin embargo, las autoridades del centro asistencial desmintieron que ella hubiera muerto ahí.
José Lemus Martínez, subdirector del hospital, declaró que Keyla fue llevada por agentes de la Policía: «venía sin signos vitales, con signos post mortem, lo demás le compete a Medicina Forense decirlo».
Lemus añadió que todo quedó registrado en un libro de incidencias del hospital que ahora se encuentra secuestrado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) del Ministerio Público (MP), quienes investigan el caso.
Posteriormente la doctora Patricia Zúniga, quién estaba de guardia la madrugada que recibieron, declaró en distintos medios que Keyla no llevaba signos de suicidio, además los policías que dejaron su cuerpo nunca dijeron que se había intentado suicidar. Lo que constató el equipo médico fue que Keyla tenía una oreja morada «que pudo haber sido por compresión o trauma directo», además de que probablemente tenía al menos media hora de estar muerta y no pudo haber fallecido en el traslado.
Jair Meza, portavoz de la Policía Nacional de Honduras, argumentó en conferencia de prensa que «ese primer comunicado era un informe preliminar con el fin de dar a conocer que la PNH iba a iniciar una investigación».
Ahora se sabe que al menos 13 policías se encuentran siendo investigados y permanecen en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. De acuerdo con la información del MP, se les están realizando exámenes forenses de salud mental, fluidos y vello púbico.
Jorge Galindo, vocero de la Atic, anunció que desde el lunes 8 de febrero «en la celda donde presuntamente ocurrió este hecho, lamentable el equipo técnico de la Atic está realizando un trabajo técnico-científico denominado planimetría y de igual forma una inspección al interior de esta celda con lo que se hará un informe para presentar a la fiscalía». Galindo añadió que el caso está siendo conocido por la sección que investiga muertes cometidas por funcionarios del Estado o miembros de cuerpos de seguridad del Estado.
Para Karol Bobadilla, abogada e integrante del Foro de mujeres por vida, la forma en que se ha manejado el caso de Keyla «es el resultado claro de cómo desde hace mucho tiempo se viene manejando este tipo de casos y que desde la misma institucionalidad se ha planteado un patrón a la hora de nombrar casos como suicidio cuando se trata evidentemente de feminicidio», Bobadilla añade que el mensaje detrás de ese patrón es la impunidad clara para quienes quieren violentar mujeres, demostrado por la acción inmediata de intentar cubrir el crimen.
Las muertes violentas de mujeres no han sido debidamente investigadas en Honduras. Investigaciones de Contracorriente señalan que desde que se creó la tipificación del femicidio en 2013 solo existen 15 sentencias condenatorias en esos casos, un dato que contrastar con las más de 7000 denuncias en el MP por asesinato, infanticidio, parricidio y homicidio interpuestas entre 2008 y 2019, en las que la víctima fue una mujer.
Olivia Zúniga, diputada por el partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Intibucá, dijo sentirse identificada con el caso porque le recordó a todo lo que como familia tuvieron que pasar cuando en 2016 asesinaron a su madre, Berta Cáceres, quien era coordinadora del Consejo cívico de organizaciones populares de Honduras (Copinh). Zúniga participó en protestas que se llevaron a cabo un día después de la muerte de Keyla, estas manifestaciones terminaron reprimidas por la Policía.
«Esos pronunciamientos y comunicados de la Policía no tienen ninguna credibilidad para nosotras ni para el pueblo hondureño. Cambian la versión de los hechos, así como cuando hicieron con mi mamá que dijeron que era un crimen pasional, después que era un pleito de poder interno en su organización», agregó.
Zúniga añadió que lo más preocupante del caso es que existen antecedentes recientes de mujeres jóvenes «maltratadas, golpeadas, ultrajadas física y sexualmente por esa misma policía», a quienes le dieron acompañamiento.
Según las denuncias realizadas posteriormente en un medio televisivo, dos mujeres habían denunciado hace aproximadamente un mes que elementos de la Policía, de La Esperanza, después de una detención arbitraria en la que fueron golpeadas, los policías intentaron entrar en la celda donde estaban detenidas porque querían violarlas. Las jóvenes afirman que pusieron la denuncia en la Dirección Policial de Investigaciones, pero que hasta el momento no se había hecho ninguna investigación.
Una mujer de la Esperanza que habló con Contracorriente y prefirió no dar su nombre, contó que en una ocasión en la que fue detenida —además de haber sufrido múltiples abusos a sus derechos como no decirle por qué la detenía, ni permitirle hacer llamadas— en varias ocasiones intentaron tocarla. «Los policías se metían a medianoche y yo les decía: “¿qué hacen aquí si la detenida soy yo?”», añadió.
Aunque el mismo fin de semana ocurrieron al menos cuatro casos más de femicidio en el país. Para Karol Bobadilla esto no es algo novedoso: «se ha generado un morbo más allá de informar o educar a la población con respecto a este tipo de temas. La noticia se vuelve una fuente de dinero que ayuda al marketing abordando de forma morbosa, revictimizante y amarillista» .
La abogada Bobadilla, también recuerda cómo la PNH suele ser la primera barrera que encuentran las mujeres cuando buscan justicia. «Creemos que a esa institución también le falta muchísimo para poder aportar en cambios estructurales y más profundos con respecto a la realidad que están viviendo las mujeres».
Un reportaje publicado por Contracorriente cuenta que las mujeres no están seguras ni siquiera dentro de la PNH, donde son víctimas de acoso y abuso sexual, también denuncian que enfrentan muchas barreras para ejercer su profesión libremente y en condiciones iguales.
La médica forense Julissa Villanueva, fue separada de su cargo en la dirección de Medicina Forense meses después de declarar públicamente que el informe de autopsia de Sherill Hernández, jefa del departamento de delitos contra la administración pública de la Atic —encontrada muerta en su casa en Copán—, dictaminaba un homicidio y no un suicidio como lo planteó la misma Atic que investigaba el caso.
Ahora Villanueva dice sentirse acosada e intimidada también por haber dado declaraciones sobre el informe forense de Keyla del que tuvo conocimiento, pero asegura que lo importante es analizar «que no es un tema aislado, es más complejo y nos vamos a quedar solo en esa muchacha ¿a cuántas no le vienen haciendo lo mismo?».
El caso de Keyla lo lleva un equipo de tres abogadas, dicen que lo hacen ad honorem porque «somos mujeres valientes que sabemos que la víctima hoy es una mujer», dijo Irma López, la principal apoderada de la familia.
López añade que no quieren que se emitan requerimientos fiscales tan pronto y que luego se suelte a los culpables por falta de pruebas. «Queremos a los verdaderos responsables, individualizar la responsabilidad penal de cada uno de los policías que esa noche estuvieron de turno, que tuvieron bajo su guarda y custodia a Keyla Patricia Martínez, a quien le quitaron la vida».
Protestas y actos simbólicos por Keyla
Poco después de que se dio a conocer el caso de Keyla, comenzaron las manifestaciones exigiendo justicia. El mismo domingo 7 de febrero la población hizo plantones pacíficos frente a la posta policial de La Esperanza, al día siguiente poco después de las nueve de la mañana lo que comenzó como un plantón parecido al día anterior, terminó con enfrentamientos entre los miembros de la PNH y manifestantes, en donde ambos resultaron con heridos.
La protesta culminó cerca de las ocho de la noche y una hora después los policías asignados a la Esperanza sacaron sus pertenencias de la posta policial y fueron reasignados unos cuarenta policías, provenientes del departamento de La Paz. Según le dijo a medios Rebeca Torres, portavoz de la PNH, este cambio fue rutinario «tenemos nuevo director y con ello, un nuevo director estratégico. Los cambios obedecen precisamente a una planificación estratégica para poder movilizar y cumplir lo que la ley ordena».
Sin embargo, Alex Madrid, el nuevo subcomisionado asignado a La Esperanza le dijo a Contracorriente que el caso de Keyla sí aceleró el proceso: «los policías que posiblemente pudieron estar involucrados ya fueron relevados, esto ya estaba planificado, pero claro que esta situación aceleró este proceso, puedo asegurar que no hay objeto de entorpecer alguna investigación». Madrid añadió que estaba ahí para mediar y no tenía órdenes de reprimir ninguna manifestación.
El subcomisionado encargado de esa posta, Melvin Alvarenga, había sido asignado a La Esperanza apenas el 24 de enero, es decir que solo llevaba 13 días cuando sucedió el homicidio de Keyla. Antes de eso Alvarenga estuvo asignado a La Moskitia, en el departamento de Gracias a Dios, desde el 3 de mayo de 2019.
Alvarenga solo dio declaraciones a un medio televisivo en donde dijo que en esa estación había tres policías hombres en la oficina de atención al ciudadano y que las mujeres policías andaban afuera en radio patrullas, además aseguró que tampoco había otras mujeres detenidas.
El martes, mientras la familia realizaba la vela del cuerpo de Keyla, un grupo de mujeres autoconvocadas realizó una velada frente a la posta policial, colocaron un altar con los nombres de casos simbólicos de mujeres víctimas de violencia en el departamento y con velas escribieron la palabra «justicia». Las mismas mujeres habían llenado días atrás de rótulos con el rostro de Keyla diciendo: «ella no se suicidó, la Policía la mató».
El parque comenzó a llenarse no solo de mujeres, los presentes recibían velas y gritaban consignas frente a una estación, compuesta de dos pisos llenos de policías que de vez en cuando grababan el momento. En un momento, una enfermera apareció con una candela y una flor, caminó por toda la multitud y en silencio colocó su ofrenda sobre el altar y se fue llorando. No habló con nadie, ni se supo si conocía a Keyla, pero en todos los espacios de convocatoria aparecían enfermeras que, escondidas en sus mascarillas, decían que tenían miedo de hablar con los medios y de dar sus nombres, pero que pensaban que la historia de Keyla le pudo haber pasado a cualquiera de ellas.
Un grupo de mujeres llevó impresiones de una canción feminista mexicana llamada canción sin miedo, cambiando la letra a una variante para Honduras. La letra incluía los nombres de los casos simbólicos del departamento: «Soy Keyla, Margarita y soy Teresa. Soy Berta, soy Nicole y Maudalena. Soy la niña que subiste por la fuerza, la chava asesinada en una celda, y soy esta que te hará pagar la cuenta».
Mientras las mujeres cantaban en La Esperanza, la Secretaría de Seguridad daba una conferencia de prensa en la capital donde actualizaban el caso, aún sin dar respuestas concretas sobre su posible participación «la Policía Nacional no andaba más que cumpliendo una normativa aprobada por el Gobierno en un momento de crisis y de pandemia sanitaria. Si como producto de estas actuaciones o de cualquier otra actuación un miembro de la Policía pudo haber, o no, cometido una irregularidad lo importante es la respuesta que estamos dando para corregir ese evento», dijo Gerson Velásquez, subcomisionado de la PNH.
Una base de datos recopilada por Contracorriente señala que entre marzo y junio al menos 47,060 personas fueron detenidas por incumplir el toque de queda. Muchas de estas detenciones, documentadas por organizaciones de derechos humanos, denunciaron que fueron arbitrarias, expuestos a tratos indignos y puestos en riesgos de seguridad y contagio.
Minutos después muchas de las personas se retiraron cuando llegaron grupos que comenzaron a enfrentarse con la policía, después de algunas horas de enfrentamiento en donde la policía no salía, pero respondía con gas lacrimógeno desde la posta policial, la manifestación terminó cuando parte de una entrada de la posta fue incendiada y los agentes salieron a realizar detenciones.
El miércoles 10 de febrero fue el entierro de Keyla, que no solo estuvo lleno de familiares y personas que la conocieron, sino que también asistió población indignada que pedía justicia con flores, globos y carteles. Ese momento tan íntimo para una familia se volvió un espacio en el que ellos mismos habían convocado a medios de comunicación y decidieron hacer una pequeña conferencia. Doña Norma, quién había regresado de España el día anterior, habló por primera vez y frente al féretro de su hija dijo que se trataba de un femicidio y que la única justicia que esperaban era de organismos internacionales, por la desconfianza que sienten de las instituciones del Estado: «me duele mi país, me duele que no haya autoridades en quien confiar».
A Keyla la enterraron con un ataúd que llevaba una bandera con el logo de la facultad de Ciencias Médicas, la casa de estudios de la que estaba por graduarse. El director del Centro Médico Gadan, Romualdo Orellana, un centro en donde Keyla laboró por varios años le dijo a Contracorriente lo mucho que le había motivado a estudiar enfermería y que en diciembre cubrió turnos de vacaciones: «vi como había crecido en su carrera, se desempañaba con mucho entusiasmo y profesionalismo».
Orellana añade que el caso de Keyla le genera mucha preocupación a toda la población, especialmente al gremio médico, quienes asegura que han sido víctimas de abusos policiales: «yo mismo he sido agredido por la Policía cuando he salido de noche a ver pacientes y creo que este es un modus operandi de la Policía, de dañar a la población, no de protegerla ni de servir». Orellana cuenta que en una ocasión tuvo que huir de una detención por la desconfianza y violencia con la que lo habían detenido y que al día siguiente en un retén de tránsito le dijeron: «usted es el que se le escapa de la policía».
El padre de Keyla, Luis Sosa, aprovechó el espacio de los medios para pedir un verdadero proceso de limpieza en las instituciones: «saneen verdaderamente esas instituciones que están corroídas por la corrupción, por la delincuencia y por todos los actos condenables que nos tienen al pueblo hondureño sometido (…) Yo creo que casi todos los que estamos aquí estamos decepcionados de la patria que un grupo de gobernantes incapaces, ineptos y corruptos nos están heredando».
La familia de Keyla dijo que no descartan una exhumación en caso de que las abogadas lo vean necesario.
Las incongruencias e irregularidades del caso
«El día que me avisaron yo no había ni desayunado, ese fue mi desayuno: la noticia de Keyla, era increíble algo que uno no se espera (…) hay muchas dudas y contradicciones que han creado las mismas autoridades, nosotros solo queremos esclarecer qué sucedió», dice Ridel Hernández Rodríguez, tío de Keyla, quien además cuenta que cuando fueron a la Policía por las pertenencias de Keyla le dijeron que la identidad estaba en el hospital y luego se dieron cuenta que siempre estuvo en la Policía, que ese tipo de detalles son los que les generaron desconfianza desde un inicio.
Una de las declaraciones en las que más enfatizaba la Policía es que Keyla estaba en estado de ebriedad cuando la detuvieron, algo que la familia consideró muy victimizante. El padre de Keyla, Luis Sosa, dijo durante el entierro «esto es lo que más me duele, que tuvo el descaro un policía de tratar de denigrar su dignidad cuando todos sabemos que ella era una joven de un buen comportamiento, con muchas ilusiones para poder servir a la patria y comunidad».
El subcomisionado Melvin Alvarenga, quien solo dio declaraciones una vez a un medio televisivo, señaló que al momento de la detención a Keyla no se le hizo prueba de alcoholemia y que solo tienen un vídeo donde ella asegura que tomó entre una y tres cervezas.
Además de esto y que la PNH mintió en su primer comunicado, Alvarenga dijo que Keyla se había suicidado con una blusa: «ella tenía su blusa o su centro y al mismo tiempo pues la prenda con la que ella se quitó la vida es similar, prácticamente su blusa y recuerde que aquí estamos en una zona donde las condiciones de tiempo son bastantes frías por esa razón nosotros hacemos una consideración con los detenidos».
Pero un vídeo filtrado y lo que dicen los demás policías es que se habría suicidado con un suéter, una teoría que, para la abogada de la familia, Irma López, es imposible. Ella señala que Keyla medía 1.70 metros, que verificó la celda en la que estuvo Keyla y no hay posibilidades de que con esas medidas ella se pudiera suicidar con el suéter.
Cuatro días después de la muerte de Keyla, el doctor Edgar Velásquez quien fue detenido junto con ella, declaró en varios medios televisivos y afirmó que, aunque Keyla estaba tranquilizándolo al momento de la detención, dentro de la celda ella «seguía muy triste y dijo que se quería morir, que se iba a colgar con su suéter y yo le dije que no dijera eso porque las palabras tienen poder».
Según Velásquez había otras diez personas en la celda que escucharon lo que sucedió y cómo Keyla dejó de contestar después de eso. Dijo que empezaron a pedir ayuda y entre cinco y diez minutos después llegaron agentes a supervisar, sacaron a Keyla, entonces él pidió verle los signos vitales y no lo dejaron. Supo que Keyla estaba muerta hasta las siete de la mañana, cuando el subcomisionado Alvarenga se lo dijo y lo puso en libertad.
La abogada López dijo que la declaración del doctor Velásquez era una ofensa para la familia porque Keyla no tenía motivos para suicidarse: «la autopsia dice que fue una muerte homicida, veremos entonces qué pesa más si la prueba científica o testifical».
La diputada Zúniga, dice también que esta es una realidad de todas las familias víctimas de un asesinato «se nos niega el derecho a tener una autopsia y análisis forense independiente a la del MP donde se puede manipular todo con facilidad porque el sistema de justicia es altamente corrupto. Magistrados, fiscales, jueces deben ser depurados porque no hay intenciones de que en este país las mujeres tengamos justicia, desde el momento que ocurren este tipo de actos lo que reflejan es que existe tal nivel de impunidad que no les importan las consecuencias».
Por su parte el portavoz del MP, Yuri Mora, dijo que no podía dar más detalles de lo hecho público hasta ahora, por lo que no confirmó si también hay una investigación contra el doctor. Pero aseguró que a pesar de las declaraciones que se están dando en medios de comunicación eso no cambia el rumbo de la investigación.
«El informe preliminar de Medicina Forense es básicamente lo que se hizo en la autopsia, no creo que cambie porque ese proceso ya se concluyó», aseguró el vocero del MP.
Mientras tanto, la familia de Keyla se reúne en la casa donde vivían Keyla y su hermana en La Esperanza, frente a una de las puertas han colocado un dibujo que hizo Keyla y que para su familia se ha vuelto un símbolo de su búsqueda por la justicia. El cuadro tiene un dibujo de una rosa y una mariposa con la frase: «nunca dejaré de luchar porque solo quien no lucha muere».
