Nasry «Tito» Asfura, alcalde de Tegucigalpa y precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, enfrenta un proceso de antejuicio por malversación de 28 millones de lempiras. De acuerdo con información del caso a la que Contracorriente tuvo acceso, Asfura utilizó fondos de la alcaldía para cubrir operaciones de empresas, pagar tarjetas de crédito y hacer transferencias de dinero a sus hijas en Estados Unidos.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Martín Cálix
«Necesitamos líderes enamorados de la justicia y no del dinero», dijo el alcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura, el pasado 15 de septiembre de 2020, durante un evento en conmemoración del 199 aniversario de Independencia de Honduras. Seis semanas después, la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco), adscrita al Ministerio Público (MP), presentó una solicitud de antejuicio contra él y la cuarta regidora, Nilvia Castillo, por presuntos actos de corrupción en sus gestiones dentro de la alcaldía.
La Uferco acusó a los funcionarios por los delitos de lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos, uso de documentos falsos y violación a los deberes de los funcionarios. Los 28 millones de lempiras (alrededor de 1,120,000 dólares), aseguran que fueron desviados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) entre 2017 y 2018.
Los acusados depositaron cheques en cuentas personales, desde ahí se hicieron pagos, se trasladaron a otras cuentas o se emitieron cheques a favor de empresas para pagar gastos operativos o a personas que no tenían relación con la municipalidad. Los cheques provenían de los fondos rotatorios, fondo especial y reembolsos.
En total hubo 78 beneficiarios del dinero proveniente de 47 cheques de los cuales 23 estaban a nombre del alcalde Nasry Asfura; 9 a nombre de la cuarta regidora, Nilvia Castillo y 15 a nombre de Cinthia Borjas, jefa del despacho municipal.
Asfura utilizó cuentas bancarias bajo los nombres de «Aportes de Campaña Política», «Fondos propios aportaciones de allegados políticos» y «el salario devengado» ahí Asfura depositó 17,450,023 lempiras (698 mil dólares), según documentos del caso.
Nasry Asfura, quien es también precandidato presidencial y compite con Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional (CN) en las elecciones internas por el Partido Nacional , dijo en octubre después de que se conociera públicamente el caso, que la investigación lleva más de un año en ejecución y que poco antes de que iniciara la cuarentena dio sus declaraciones a la fiscalía: «hemos mostrado a los fiscales la manera y la forma como trabajamos y cómo liquidamos los fondos, hice una declaración de siete hojas de papel oficio, cinco horas y media para explicarles con punto y coma, todo».
Contracorriente contactó a comunicaciones de la AMDC para saber si existía una declaración oficial de la municipalidad sobre las acusaciones de la Uferco, la respuesta es que «esa información la llevan los apoderados legales». El alcalde no respondió a ninguna de nuestras llamadas, también intentamos contactar a dos de sus regidores, sin éxito.
Pago de tarjetas de crédito y a empresas cercanas
La ruta del dinero sustraído de la alcaldía parece haber sido trazada para no ser descubierta fácilmente. Por ejemplo, una parte de los fondos se sacó a través de cuatro cheques a nombre de Nilvia Castillo, la regidora, por un total de 2,504,920 lempiras (cerca de 100 mil dólares). Ese dinero fue depositado en varias cuentas de ahorros personales, una de ellas bajo concepto de «sueldo», y otra que fue abierta el mismo día que hizo el depósito.
Una vez que los fondos estaban en las cuentas, Nasry Asfura, Nilvia Castillo y Cinthia Borjas emitieron cheques de pago al motorista y a la recepcionista de la empresa Compañía Constructora y Servicios Múltiples (Cosemsa). Pero aunque los cheques se emitieron a nombre de los empleados, los fondos fueron cobrados para hacer pagos de tarjetas de crédito de Nasry Asfura y sus tres hijas por un total de 323,042 lempiras (12,921 dólares), según la solicitud de antejuicio.
Cosemsa fue creada en marzo de 1998, el Registro Mercantil indica que sus fundadores son: Francisco Montoya, Richard Bennett Diaz, Jorge Luis Borjas Valenzuela y Oscar Rolando Uriarte.
Oscar Uriarte, secretario del consejo de administración de Cosemsa, también recibió cheques a su nombre por un total de 238,986 de lempiras (9,556 dólares) después de que los fondos los depositaran en las cuentas de Nasry Asfura. Este dinero terminó en pagos de más tarjetas de crédito de Asfura y también de Uriarte, que se utilizaron principalmente para compra de gasolina, repuestos y consumo personal.
Aunque al alcalde Asfura se le ha involucrado anteriormente con Cosemsa, no aparece en los registros como socio accionista o parte de la junta directiva. Sin embargo, información del Registro Mercantil indica que Asfura fue garante para la adquisición de un crédito por dos millones de dólares con un banco utilizando a la sociedad Crédito Inmobiliario Jacaleapa, una empresa creada en 1986 por Oscar Uriarte, Mercedes Palma, Tesla Uriarte, Sandra Arguello y María Elena Arguello, cuyo administrador general es Nasry Asfura y la secretaria es Mary Ivette Asfura Zablah.
Cosemsa es la compañía encargada de la recolección de basura en la capital junto a AMA de Honduras (AMAHSA), la información pública disponible sobre los montos de los contratos se detallan en una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en 2010. Las empresas recibieron entre junio de 2008 y marzo de 2010 la cantidad de 197,343,657 lempiras, casi 8 millones de dólares.
En otro informe de auditoría del TSC en 2015 señalan que «al efectuar análisis sobre el control y manejo de los desechos sólidos comprobamos que existen irregularidades en la prestación de este servicio las que contradicen las cláusulas establecidas en los contratos suscritos con las compañías AMA Honduras (Amahsa) y Cosemsa». El TSC verificó que existía un perjuicio económico de 164 millones de lempiras (6 millones de dólares) por irregularidades.
Por su parte, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo realizó un informe en 2006 sobre manejo de desechos sólidos y el medio ambiente en Tegucigalpa en donde señalaban que aunque habían elaborado un plan estratégico para 2002 —en donde los consultores suecos propusieron una nueva estrategia para el servicio de recolección de basura— en aquel momento Cosemsa recogía un 33 % de los desechos, mientras que un 44 % era recolectado por la alcaldía.
«La Alcaldía pasó por alto esta recomendación y concedió un nuevo contrato a Cosemsa, por un período de ocho años y sin fortalecer las especificaciones técnicas del mismo tal y como habían recomendado los consultores suecos», añade el informe de la Agencia Sueca.
En el informe también denuncian que la decisión de volver a contratar a Cosemsa se tomó sin que se diera un proceso de licitación y que se aumentó la cobertura de Cosemsa de 33 % a 40 % de todos los desechos y el otro 60 % se adjudicó entre 2002 y 2005 a otra compañía privada, aunque en aquel momento no mencionaron el nombre, ahora se sabe que es AMAHSA.
«Otra duda que se añade a la legitimidad de la adjudicación del servicio a la nueva compañía es el hecho de que, en las últimas elecciones, el director de Cosemsa fue candidato a alcalde de Tegucigalpa a la vez que el doctor Miguel Pastor lo era para la presidencia de la república. Ambos candidatos pertenecen al mismo grupo político del partido y posiblemente tienen intereses vinculantes más allá de lo político», añade el informe de la Cooperación Sueca, ese candidato era Asfura.
Miguel Pastor fue alcalde de la capital entre 2002 y 2006, después entre 2010 y 2012 ejerció como ministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi). Pastor se encuentra preso por sus gestiones en Soptravi, luego de que la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), que ahora es Uferco, presentaran el caso Narcopolítica. Pastor fue acusado de abuso de autoridad, cohecho, fraude y facilitación para lavado de activos al otorgar contratos públicos al cártel narcotraficante de Los Cachiros.
Las empresas beneficiadas
Por otro lado, la información del caso judicial contra Asfura detalla que se realizó un pago a GEO Construcciones por un total de 735,599 lempiras (29,423 dólares) para la construcción del estacionamiento de residencia Kafati en la colonia Tepeyac para Johny Kafati, presidente del consejo administrativo de Cosemsa. Además, algunos de los pagos realizados a empleados de Cosemsa terminaron pagando tarjetas de crédito que se utilizaron para los gastos operativos de la empresa.
Uno de los socios fundadores de Cosemsa, Oscar Uriarte, tiene poder especial de representación en Sociedad Desarrollo, Construcción y Equipo (Decoesa) una empresa propiedad de Tito Asfura, la información a la que Contracorriente tuvo acceso indica que Uriarte tiene firma registrada en las cuentas de esta empresa, en Crédito Inmobiliaria y en las cuentas personales de Asfura.
Según la información del caso, el 23 de diciembre de 2017, Uriarte recibió 389,072 lempiras en su cuenta con lo que pagó 22,575 lempiras de un crédito personal (930 dólares) y depositó lo restante en su cuenta personal, de ahí utilizó fondos para pagar tarjetas de crédito de Nasry Asfura.
Contactamos a la empresa Cosemsa para obtener una versión oficial de su posición sobre esta investigación y ubicar a Uriarte, pero la respuesta de la oficina de comunicaciones fue que no están al tanto de las acusaciones que está haciendo la UFERCO en contra de la empresa o Uriarte.
Uriarte también realizó transferencias internacionales por 1,837,114 lempiras a las hijas de Asfura en Estados Unidos, esto proveniente de los cheques depositados en las cuentas de Asfura, en las que Uriarte también tiene firma registrada.
Decoesa en 2010 se vio envuelta en una polémica cuando el CN aprobó una concesión por 25 años al consorcio ítalo-hondureño Electricidad de Nacaome (Enasa) del que Decoesa era parte. Esta concesión se le había entregado desde 1993 a la compañía española Electrificaciones del Norte (Elecnor) y al final el Poder Legislativo tuvo que derogar el decreto.
Otra de las empresas involucradas es Constructora de Desarrollos Nacionales (Codena) fundada en 1984 por Mary Asfura Zablah, Domingo Trimarchi y Oscar Zablah. Nasry Asfura compró las acciones de Mary Asfura en 1985.
En la documentación del caso señalan que del dinero que Nasry Asfura depositó a sus cuentas en 2018, pagó la cuota patronal del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) registrada a nombre de Codena por un total de 37,803 lempiras.
Y finalmente, otra de las empresas que recibió fondos es CEMENTOS S.A., creada en 1999 propiedad de las empresas Decoesa, de Nasry Asfura, y Sikaffy y Compañía, empresa de Juan Carlos Sikaffy Canahuati, también figura como socia accionista Ana Isabel Díaz de Sikaffy. La información del caso detalla que seis de los cheques depositados en las cuentas de Asfura se utilizaron en gastos operativos de la empresa CEMENTOS S.A.
Las inconsistencias en las liquidaciones
De acuerdo con las declaraciones de la Uferco en medios de comunicación, los imputados presentaron liquidaciones de todos los fondos investigados. Sin embargo, encontraron varias inconsistencias. La primera fue que el auditor interno de la municipalidad recibió 60 mil lempiras (2,400 dólares) en diciembre de 2017, sin justificación aparente.
La información a la que accedió Contracorriente señala que más de 200 mil lempiras (8 mil dólares) fueron liquidados en concepto de ayudas económicas «por el pago de servicios prestados a periodistas, activistas y conocidos de Nasry Asfura, personas que prestaron servicios profesionales a las empresas de Asfura y relacionadas». Esas ayudas provenían del fondo rotatorio, un fondo creado para cubrir eventualidades como el pago de materiales y suministros, servicios no personales, ayudas de carácter social-humanitario, adquisición de bienes que no excedan los 10 mil lempiras, servicios de internet y otros gastos menores.
El fondo autoriza el manejo mensual de hasta 500 mil lempiras para el alcalde, 250 mil para el vicealcalde y 100 mil para cada regidor. Pero dentro de sus limitantes dice que no podrán efectuarse gastos mayores a 20 mil lempiras, salvo el fondo asignado al alcalde. Información del caso detalla que en las liquidaciones los montos llegaban hasta 25 mil, contrario a lo que permite la normativa del presupuesto.
En diciembre de 2015 en La Gaceta nro. 33,921 se publicó una modificación a la Normas Presupuestarias de la AMDC para añadir que los fondos rotatorios se podrán utilizar para ayudas económicas de carácter social-humanitario y contrapartes de proyectos sociales.
En la actualidad, este fondo es utilizado por los regidores principalmente para otorgar ayudas económicas. Nilvia Castillo, en noviembre de 2020, usó 150 mil lempiras para este fin, estos montos también fueron utilizados en varios meses del año.
Según la última actualización de los fondos rotatorios entregados a Asfura de septiembre de 2020 , el alcalde utilizó 534,500 lempiras (21 mil dólares) para ayudas sociales; 2,176 lempiras (87 dólares) para construcción estructuras metálicas y 13,390 (535 dólares) en subsidios a instituciones culturales sin fines de lucro, pero no se menciona en ninguno de los casos quiénes son los beneficiarios finales.
La información del caso dice que dentro de las ayudas entregadas hubo personas que testificaron no haberlas recibido, por lo que los imputados obtuvieron identidades y falsificaron firmas. Mientras que otros casos en donde las personas sí recibieron las ayudas, los montos entregados no coinciden con lo puesto en las liquidaciones.
Dentro de las liquidaciones realizadas se hizo la compra de unas joyas que no indican un beneficiario final, además una factura se utilizó dos veces: contiene el mismo número de serie y cliente, pero un monto diferente.
Y finalmente, del total de cheques, once tienen liquidaciones de gastos de viáticos y hospedajes que no cumplen con los requisitos del Reglamento de viáticos y gastos de viaje de la municipalidad.
El proceso que le espera al alcalde
El 13 de noviembre de 2020, la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción admitió la solicitud de Antejuicio contra Nasry Asfura y la regidora Nilvia Castillo, los magistrados le dieron tres días a los involucrados para rendir un informe en su defensa, este plazo lo extendieron hasta el martes 1 de diciembre y la defensa presentó su informe.
Carlos Silva, portavoz de la CSJ, dijo que el informe «contiene una respuesta a lo que está incluido en la solicitud de antejuicio, los delitos, las investigaciones, las acusaciones tienen que ser respondidas (…) ahora tiene que ocurrir la admisión del escrito, que esté presentada de la manera correcta que debe tener buena ortografía, que esté respondido todo lo del antejuicio, que sea clara, ordenada y una vez admitido».
Según Silva, una vez admitido el escrito, los magistrados analizarán ambos informes para dar una resolución en mínimo cinco días hábiles, el plazo puede ser prorrogable. Los resultados pueden ser: dar lugar al antejuicio y que el MP pueda realizar un requerimiento fiscal o se declara sin lugar, en este caso ya no podrían presentarse requerimientos contra el alcalde capitalino.
Antes de esto, la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado que fue interpuesto por la defensa del alcalde Nasry «Tito» Asfura y la regidora Nilvia Castillo, contra actuaciones del MP. Esto significaba que el MP tenía que dejar de conocer las investigaciones que se hacían en el circuito especializado en materia de corrupción.
Mario Pineda, exprecandidato a la alcaldía capitalina por el movimiento Juntos Podemos, de Mauricio Oliva, se unió al movimiento de Asfura. Pineda le dijo a Contracorriente que «todo aquel que es y ha sido funcionario está puesto a que se investigue, el que nada debe nada teme y si uno ha hecho las cosas transparente no tiene por qué temer y debe dar cuentas (…) eso es un proceso de investigación que toca a todos los que somos y hemos sido funcionarios».
Sin embargo, la defensa de Asfura realizó todo para detener las investigaciones amparándose en que el TSC debió realizar y agotar las investigaciones primero, esto tras una reforma a la Ley orgánica del TSC aprobada por el CN en 2019 en la que señalan que los auditores no podrán entregar información a otras instancias que no sea el TSC y eso excluye a otros operadores de justicia como el MP que ahora depende de los informes del TSC. La reforma fue polémica, la Maccih-Ufecic denunció que era «otro pacto de impunidad». El artículo 77 de la reforma señala que solo los órganos jurisdiccionales, previo procedimiento legal (orden judicial), podrán tener acceso a los registros del TSC lo que afecta directamente la independencia del MP de solicitar información, acceder a auditorías, declaraciones patrimoniales y pliegos de responsabilidades.
Luis Javier Santos, fiscal jefe de la Uferco, dijo a través de twitter que «esta acción de amparo corresponde, a una de dos accines interpuestas, a fin de evitar que dos testigos rindieran su declaración con las formalidades de prueba anticipada ante el circuito anticorrupción. No representa ningún obstáculo en el procedimiento de Antejuicio».
Esta accion de Amparo corresponde, a una de dos acciones interpuestas, a fin de evitar que dos testigos rindieran su declaración con las formalidades de prueba anticipada ante el circuito anticorrupcion. No representa ningún obstáculo en el procedimiento de Antejuicio https://t.co/47TctuQ5uI
— Luis Javier Santos Cruz (@LuisSan16779987) October 30, 2020
Los acompañantes de Tito Asfura en su carrera por la presidencia
La planilla de candidatos del movimiento Unidad y Esperanza aún no se conoce completamente, pero en las redes oficiales y en medios de comunicación varios diputados y exfuncionarios han anunciado que formarán parte del proyecto político de «Tito» Asfura, varios de ellos acusados por la fiscalía hondureña, medios de comunicación o en declaraciones de narcotraficantes por distintos motivos.
Uno de los diputados confirmados recientemente es Antonio «Toño» Rivera Callejas, actual vicepresidente del CN y diputado desde hace catorce años, quien abandonó el movimiento Juntos Podemos, encabezado por Mauricio Oliva. «Toño» Rivera, hace dos años fue acusado por la Uferco y la Maccih por el caso Pacto de impunidad, el primer intento del CN en darle inmunidad judicial a los diputados.
Rivera Callejas fue acusado junto a los diputados nacionalistas Tomás Zambrano y Sara Medina por delitos contra la forma de gobierno y falsificación de documentos, después de que se publicara en La Gaceta una reforma a la Ley del Presupuesto en donde señalaba que el TSC tenía tres años para realizar auditorías en recursos invertidos en proyectos sociales y mientras tanto «no se procederá a ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal», esto impedía que la Maccih y la Uferco realizaran investigaciones previas al TSC.
La reforma no fue discutida durante la sesión legislativa y se dio poco después de que la Maccih diera a conocer públicamente su primer caso: Red de diputados, en donde se acusaba a cinco exdiputados de desviar 8.3 millones de lempiras (332 mil dólares) a través de algunas ONG. El caso se encuentra archivado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Después de que se conociera públicamente la reforma, los diputados involucrados dijeron que todo se trató de un error y presentaron una fe de erratas.
La CSJ terminó archivando el caso Pacto de Impunidad. Aunque en enero de 2019, la Sala de lo Constitucional declaró como inconstitucionales las reformas realizadas a la Ley del Presupuesto, el CN aprobó otras reformas que buscaban el mismo fin: impunidad para los diputados. Tanto Rivera Callejas como Tomás Zambrano fueron absueltos de los cargos a los pocos meses.
El proceso judicial por el Pacto de Impunidad fue lo que dio lugar a que en noviembre de 2019 el CN aprobara, durante una sesión nocturna, una modificación a la Ley Orgánica del Congreso Nacional para conceder inmunidad a los diputados cuando se aprueben reformas similares.
«La función legislativa es inviolable e indelegable, consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma, no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados que participan en dicho proceso parlamentario (…) siendo el pleno del CN el órgano competente que debe valorar cada caso concreto y las consecuencias de la infracción», dice la reforma.
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La reforma que concede impunidad legislativa hizo que un año después, el 17 de noviembre de 2020, la diputada Sara Medina, quien era la única que seguía el proceso judicial por el Pacto de impunidad, también fuera absuelta del caso.
«La causa criminal no puede proseguirse por corresponder al pleno del CN como órgano competente que debe valorar el caso concreto y las consecuencias de la infracción cometida por la ciudadana Sara Medina», informó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
«Toño» Rivera dijo a un medio televisivo —sobre el caso contra Asfura— que todo era una campaña de persecución política de la oposición por ser demasiado popular: «ellos sienten que no va a haber segunda vuelta, que no va a haber alianza, entonces ¿qué es lo que queda? Ofender y atacar al máximo líder del partido. Es un show mediático y así como la Uferco tiene todo el derecho de presentar una solicitud de antejuicio, también está el derecho a la defensa y serán los órganos competentes quienes determinarán si procede o no. Es algo político, de oposición, ideológico inclusive y en vez de debilitar va a fortalecer al movimiento Unidad y Esperanza y aún más a “Tito” Asfura como próximo presidente».
Otros diputados que forman parte del movimiento de Asfura son Welsy Vasquez, Gladys Aurora López y Milton Puerto, acusados en 2018 por la Maccih-Ufecic en el caso Arca Abierta por malversación de 21 millones de lempiras (879 mil dólares).
De acuerdo con la información revelada, los diputados solicitaron dos millones de lempiras en Casa Presidencial (83,333 dólares), 3 millones del CN (125 mil dólares) y 16 millones de la Secretaría de Finanzas (666 mil dólares) que depositaron en menos de dos meses a la cuenta de la Asociación Planeta Verde. La fiscalía señaló que los fondos se trasladaron a las cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas.
Aunque en este caso se acusó inicialmente a 21 personas, el juez que llevó el proceso decidió que únicamente los diputados y exdiputados debían continuar y absolvió de los cargos a los demás involucrados. A casi dos años de finalizar la audiencia inicial, el caso no ha tenido más actualizaciones.
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Por otro lado, el diputado Milton Puerto, también ha sido involucrado en las declaraciones de Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cártel de Los Cachiros que se entregó a la justicia estadounidense en enero de 2015. En octubre de 2019, durante el juicio contra «Tony» Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Rivera Maradiaga declaró que apoyó en la carrera política de Puerto.
«Falta un millón de veces a la verdad cuando mencionan el nombre de Milton Puerto Oseguera, jamás nunca hemos tenido ningún nexo, ni necesidad de algún tipo de cosas que nos relacionan con el narcotráfico», apuntó Puerto, tras hacerse pública las declaraciones del «cachiro».
Por otra parte, otro de los diputados que Rivera Maradiaga dijo haber ayudado fue Reynaldo Ekónomo, quien también forma parte del movimiento de «Tito» Asfura. Rivera Maradiaga señaló haberle dado entre 50 mil y 60 mil dólares para que le ayudara con una orden de captura que había en su contra.
Ekónomo respondió con un comunicado en sus redes sociales: «quiero expresar mi voluntad ante tales falsedades y someterme a cualquier proceso de investigación nacional e internacional».
La Fiscalía hondureña no ha mencionado que existan investigaciones contra las personas mencionadas durante el juicio de «Tony» Hernández. Sin embargo, el MP maneja investigaciones activas en contra de Gabriel Rubí, exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), que fue destituido después de que su gestión durante la pandemia por COVID-19 fuera cuestionada.
Rubí era diputado representante del departamento de Yoro, antes de ser nombrado como director de Copeco, en agosto de 2019, después de su destitución regresó a sus funciones en el CN, pero la fiscalía aún investiga varias compras realizadas para atender la emergencia por COVID-19.
Aunque no se ha mencionado públicamente como a los demás diputados y no está claro que Rubí estará en la planilla de Asfura, sí se conoce que él es parte del movimiento Unidad y Esperanza, después de que asistiera a las reuniones con Asfura, en Yoro.
https://twitter.com/Noticiero45/status/1304628444781834241
Rubí era encargado de Copeco cuando se hizo la primera compra para atender la pandemia. El Estado obtuvo 160 respiradores mecánicos, que especialistas denunciaron que no eran adecuados para atender a pacientes. Posteriormente, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) comprobó que el equipo llegó incompleto. Faltaban insumos como cables y sensores que facilitan el monitoreo de los pacientes y terminaron almacenados en las bodegas de los hospitales.
Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h), otra institución cuestionada por las compras durante la emergencia, posteriormente efectuó la compra de los materiales que les hacía falta y se desconoce si están en funcionamiento.
El Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh) también denunció en redes sociales que Copeco había comprado televisores, cafeteras, dispensadores de agua y otros equipos con precios sobrevalorados, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), aseguraron que lo presentado en el portal solo eran precios de referencia y que aún no habían comprado el producto. Sin embargo, esto produjo la suspensión del titular de la dirección administrativa de la institución, Cristian Elías Santelli, quien fue el encargado de aprobar la compra por 2,3 millones de lempiras (92 mil dólares) a la empresa GNM Corporación. Las facturas publicadas posteriormente parecen tener rangos normales de precios, pero los detalles de contacto de la empresa no se pudieron corroborar.
De igual manera, el diario El Heraldo también reveló que Copeco, durante la gestión de Rubí, le compró a Miguel Flores (esposo de la comisionada presidenta del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Pyubany Williams) 4 millones de lempiras (160 mil dólares) en gel antibacterial. Esto a pesar de que la Ley de Contratación del Estado prohíbe que los funcionarios públicos y comisionados, su esposo, cónyuge o familiar en cuarto grado de consanguinidad pueda participar en negocios con el Gobierno de Honduras.
Otra de las investigaciones que el MP realiza en Copeco es sobre el abandono y la falta de equipo en un hospital móvil ubicado en Villanueva, Cortés, y que funciona desde el 13 de mayo.
Por otra parte, otro de los integrantes del movimiento de Asfura es Juan Carlos Álvarez, hermano del designado presidencial y exalcalde capitalino, Ricardo Álvarez. A Juan Carlos se le mencionó en 2017 durante uno de los juicios por el desfalco al IHSS, cuando Carlos Montes, exsubsecretario del trabajo, señala que Juan Carlos había recibido 17 millones de lempiras (680 mil dólares) de parte de Jorge Daniel Herrera y Óscar Laínez, conocidos como Los Tetos, a través de la Compañía de Servicios Múltiples (Cosem).
Tanto Ricardo como Juan Carlos Álvarez anunciaron que pondrían una querella contra Montes por las declaraciones. Sobre el seguimiento de ese proceso no dieron más detalles públicamente.
Cosem es una empresa que distribuyó software y computadoras a través de contratos con diversas instituciones del Estado, entre ellas el IHSS. En 2014 una investigación del MP reveló que entre 2010 y 2011 esta compañía pagó sobornos a los directivos de esa institución para ganar un contrato de 19.7 millones de dólares. Herrera y Laínez aceptaron en la fiscalía haber pagado 72 millones de lempiras (3 millones de dólares) en coimas y Carlos Montes aseguró que algunos de los fondos malversados fueron utilizados en la campaña electoral del Partido Nacional en 2013.
Una investigación de Contracorriente reveló que Cosem también participó en la mala ejecución del proyecto Semilleros del Futuro, según los documentos revelados, el proyecto realizado entre 2006 y 2012 tuvo al menos 26 millones de lempiras mal ejecutados, administrados en un principio por la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenaduth) y luego por la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas.
Los fondos del proyecto estaban destinados a construir 70 canchas para contribuir al crecimiento futbolístico del país y generar espacios de juego seguros para la niñez. Cosem fue contratada para la instalación de grama sintética en El Birichiche y se firmó contrato el 16 de mayo de 2011, entre Jorge Daniel Herrera y Reinaldo Sánchez como presidente Conapid, por un valor de 14.9 millones de lempiras (792 mil dólares).
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Reinaldo Sánchez también fue el ministro de Desarrollo e inclusión social (Sedis) desde febrero de 2018 hasta septiembre de 2020, cuando renunció para dedicarse a la política. El 3 de diciembre Sánchez anunció su unión al movimiento de «Tito» Asfura.
«El Partido Nacional tiene que contar con un candidato que construya más allá del partido, que conozca el respeto a las iglesias, que lleve en su corazón los principios humanistas cristianos del partido», dijo Reinaldo Sánchez cuando anunció su candidatura como diputado dentro del movimiento de Asfura.
Durante su gestión en la Sedis, Sanchéz firmó un convenio con la Confraternidad Evangélica para la veeduría de programas sociales y el establecimiento de relaciones de cooperación entre esa secretaría y la organización religiosa, esto fue revelado por Contracorriente durante el proyecto colaborativo Transnacionales de la Fe, coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Columbia Journalism Investigations, ganador del Premio Ortega y Gasset, como mejor investigación periodística de 2019.
La Sedis ha sido cuestionada por su papel dentro del Gobierno de Hernández, una investigación de Contracorriente detalla que entre 2014 y 2017 la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (Fundeih) y la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer (Fundeimh) recibieron al menos 2,812 millones de lempiras (117 millones de dólares) a través de convenios con fondos provenientes de Sedis para encargarse de gran parte del proyecto Vida Mejor, que consiste en la entregas de proyectos para ecofogones, viviendas saludables, letrinas, pisos mejorados y capacitaciones para la niñez y las personas con discapacidad.
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Al proyecto se le ha cuestionado por su objetivo proselitista, la posible sobrevaloración de los productos y porque las empresas tienen vínculos con la primera dama, Ana García, y con Victoria Isabel Madisson de Chávez, madre del diputado David Chávez, quien es el presidente de campaña del movimiento de «Tito» Asfura y precandidato por la alcaldía de Tegucigalpa.
Chávez emitió un comunicado después de las acusaciones de la Uferco contra Asfura para decir que eran «nuevo blanco de ataques por parte de la oposición. Ataques que pretenden politizar la justicia en manos de unos cuantos, para responder a intereses personales sin soportes demostrados».
Sin embargo, la realidad de la respuesta de la justicia hondureña en casos de corrupción parece que ha beneficiado a todos los acusados. De los trece casos que presentó la Maccih cuando estuvo en el país, los que no se encuentran engavetados ya han recibido sobreseimientos o resoluciones a favor.
Mientras el panorama de quién ocupará la presidencia en 2022 sigue confuso, los análisis de expertos dicen que las reformas electorales aprobadas no pueden garantizar que no habrá financiamiento ilícito de partidos políticos, especialmente si funcionarios acusados pueden seguirse postulando a cargos de elección popular, incluso a la presidencia.
