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El desfalco del IHSS se sigue desenredando

En medio del nerviosismo de familiares y de los abogados defensores, la jueza que conoce el caso de una nueva línea del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) dictó detención judicial para 10 de los 11 imputados que acudieron a la audiencia de presentación de imputado.

La jueza tomó la determinación de darle arresto domiciliario únicamente a Leonardo Villeda Bermúdez luego que su defensa presentara una constancia médica reciente.

De acuerdo a Carlos Silva, vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la determinación de la detención judicial incluye a dos personas mayores de 70 años, pero se dictó la determinación «para garantizar la presencia de los imputados en la siguiente etapa procesal, que sea factible la obtención de los medios de prueba y para evitar una posible obstrucción de la investigación en la influencia en los testigos que el Ministerio Público ha notificado en esta declaración de imputado que va a testificar en las siguientes etapas».

La investigación denominada “Licitación Fraudulenta del Seguro Social” la presentó este lunes la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en la cual señalan irregularidades en un proceso de licitación realizado para favorecer a la Empresa Distribuidora Metropolitana de Equipo Médico (DIMESA) con la adquisición de equipo médico sobrevalorado en un 114% del valor real del mercado, el IHSS pagó aproximadamente 50 millones de lempiras más, además de obligar a pagar mensualmente el mantenimiento de estos equipos aunque muchos aún se encuentran en bodegas.

La empresa DIMESA ya había enfrentado un juicio en el que fue denunciado por irregularidades también por sobrevaloración de equipo médico en 118 millones de dólares. En este caso se mencionaron a Schucry Kafie, socio de DIMESA, y a Juan Alberto Madrid Casaca, representantes de DIMESA.

Los familiares se reunieron en las afueras del Tribunales en Materia de Corrupción en la ciudad de Tegucigalpa, tras la finalización del juicio. Foto: Martín Cálix

Kafie y Madrid Casaca fueron señalados por el delito de estafa en perjuicio de la administración pública, al vender insumos médicos al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Sin embargo, el proceso de adjudicación del contrato se hizo por medio de una licitación pública internacional, analizada en el Congreso Nacional y sancionada por el Poder Ejecutivo.

Esa situación también es señalada en los comunicados emitidos por DIMESA que manifiestan que como el contrato fue aprobado por el Consejo de Ministros, la Comisión de Salud y por el pleno del Congreso Nacional, la empresa argumenta que hubo transparencia en el proceso de licitación internacional que se llevó a cabo. Asimismo, asegura que DIMESA cumplió a cabalidad el contrato con el IHSS, entregando y manteniendo el 100 por ciento de los equipos biomédicos hasta la fecha de la cancelación del contrato.

En este nuevo caso hasta el momento no aparecen socios o representantes de DIMESA, a los imputados se les acusa de los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios y son los empresarios Oscar Galeano, Benjamín Bográn y Leonardo Villeda, igual como los dirigentes obreros Luis Mayorga, José Humberto Lara, Hilario Espinoza y Armando Villatoro y también los ex miembros de la Junta Directiva del IHSS: José Espinal Rodríguez, Arnaldo Carranza Rosales y Fabricio Suazo.

Samuel Benjamín Bogran sale con el rostro desencajado tras la finalización del juicio. Foto: Martín Cálix

El único imputado que no se ha presentado a las autoridades es Hilario Espinoza, que se mantiene prófugo de la justicia. Mientras que Javier Rodolfo Pastor Vásquez y Carlos Montes Rodríguez ya tenían prisión tras ser encontrados culpables en el 2017 por los delitos de cohecho y lavado de activos en un caso de coimas también relacionado al desfalco del IHSS.

En el juicio por el que se le declaró culpable, Pastor señaló “esto es lo que le pasa a uno por involucrarse en política, por eso nadie se quiere meter en política, porque se le acusa a uno de instancias donde los verdaderos culpables… Yo le digo a Juan Orlando Hernández que mire el juicio, que mire el juicio y que mire las evidencias”.

Por su parte, Raúl Suazo, abogado defensor de Javier Pastor, ya había participado como defensor de Elvin Santos en el Caso Pandora. «Preocupa desde el momento en que los jueces son seleccionados e instruidos por la MACCIH, tenemos gente de la MACCIH en la audiencia yo creo que esto es intimidante y voy a decirlo, es delicado y solo es una antesala a lo que nos espera» finalizó con enojo.

De igual manera, el abogado de Fabricio Vásquez, Fernando Gonzales, denunció presiones de la MACCIH durante la audiencia “sinceramente es una guerra o pelea como burro amarrado con tigre suelto. Hemos salido anonadados de la audiencia en la que deliberaron por más de dos horas y media, para que todos incluso personas de 70 años se vayan con detención judicial. La MACCIH llegó a esta audiencia, no puede ser posible porque estaban en primera clase, en asiento premier y eso de alguna manera presiona a los jueces” finalizó.

Héctor Iván Mejía, ex Comisionado de la Policía Nacional, ahora convertido en abogado, defiende a Óscar Galeano, acusado de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación a los deberes del funcionario. Foto: Martín Cálix

Uno de los imputados con detención judicial a pesar de superar los 70 años es Oscar Galeano, un empresario sampedrano que es expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes (CCIC) y está acusado del desfalco de unos L1,500 millones del IHSS. Galeano organizó un equipo técnico de abogados entre los que se encuentra Héctor Iván Mejía, quién hasta marzo de este año era el Comisionado General de la Policía Nacional, cargo al que renunció para ejercer la abogacía.

Mejía es también defensor de su esposa Sara Medina, diputada por el Partido Nacional que fue acusada por la MACCIH en el caso Pacto de Impunidad que consiste en la aprobación de una nueva reforma a la Ley del Presupuesto con el fin de que el Tribunal Superior de Cuentas realice auditorías durante tres años en recursos invertidos en proyectos sociales en los periodos gubernamentales 2006-2010 y 2014-2018. Mientras se realizan estas auditorías «no se procederá a ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal».

Lea más sobre el Pacto de Impunidad y otros casos detrás: Una vida mejor para la corrupción y no para los pobres

El abogado manifestó que «son dos casos muy similares. A veces hacer entender a la gente los procesos administrativos y las circunstancias involucra quizás a personas que de buena fe participan y se ven involucrados por una firma. En el otro es similar porque usted cuando participa de una reunión hay situaciones que se aprueban, pero después se espera a la siguiente sesión para que usted pueda participar de la lectura del acta anterior y ratificar y firmar. Son situaciones que se tienen que experimentar y dar una apreciación más objetiva al juez para que tome su determinación final» señaló el ex funcionario.

Hasta el momento se conoce que la audiencia inicial del séptimo caso presentado por la MACCIH se programa para el próximo 6 de diciembre a la 1 de la tarde en los Tribunales en Materia de Corrupción, mientras tanto 10 de los 12 imputados tendrán detención judicial en la Penitenciaría Nacional de Marco Aurelio Soto de Támara.

Luiz Antonio Marrey, vocero de la MACCIH, en conferencia de prensa en la sede de la misión. Foto: Martín Cálix

1 diciembre, 2018
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