Un femicidio que el Estado pudo evitar

Yeni Ferrera pidió ayuda para salvar su vida en varias ocasiones: en la Fiscalía de la Mujer de El Progreso, Yoro cuando denunció a su esposo por violencia doméstica, en las postas policiales de la misma ciudad y en la de San Pedro Sula con los golpes marcados en todo su cuerpo y el terror que sólo puede poseer un rostro que sufrió años de abusos e intimidaciones. Finalmente lo hizo, rogó por su vida frente a su femicida, Óscar Humberto Mejía. Nadie la escuchó. El padre de sus dos hijas la asesinó frente a una de ellas.

El 20 de marzo de 2016, Yeni de 34 años, llevaba tiempo de haber huido de la casa de Óscar y ahora vivía con sus hijas frente al hogar de su hermana Karla. Óscar sabía dónde era, él mismo les había comprado el terrero después de que en una de las denuncias por violencia se le obligara a conseguirles a Yeni y a sus hijas un lugar en dónde vivir. «Él se metía cuando yo no estaba y cometía un sin número de abusos: la sofocaba, la intentaba ahorcar», cuenta Karla, detrás del escritorio donde trabaja, menciona esa frase con una voz llena de indignación y aprieta sus manos como recordando que Óscar no sólo le quitó a su hermana, sino que llevaba años robándole la paz a toda su familia.

Los niveles de femicidios en Honduras son alarmantes, de acuerdo al Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) en lo que va del año se contabilizan más de 165, mientras que en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) este año ha recibido más de 2200 denuncias de mujeres que en su mayoría acuden a esta instancia porque no han recibido respuesta de las demás autoridades.

Pocos días antes del asesinato de Yeni, Óscar ya la había intentado ahorcar, Karla logró intervenir y aunque salió golpeada logró contactar a una patrulla policial, «¿vos crees que voy a estar ahí preso? cuando salga de ahí ya vas a ver», le gritó Óscar desde la patrulla, con la impunidad de saber que tenía los contactos. Óscar es primo del ex comisionado de la policía, Hector Iván Mejía, por lo que, como sucedió en varias ocasiones, salió libre en poco tiempo. La policía ignoró todas las señales de alerta y con esto Óscar tuvo el tiempo suficiente para conseguir un arma y asesinar a Yeni.

«Muchas veces no es que hay ineficiencia, se llama al 911 pero como pasa bastante saturado ése es el problema. Cuando a nosotros, la policía preventiva, nos viene la denuncia a veces ha pasado hasta media hora», aduce Francisco Alemán, subcomisionado de la policía de El Progreso, Yoro, cuando se le pregunta sobre el caso de Yeni. Para Alemán, la solución a ese problema es entregar sus números personales directamente a la comunidad, a pesar de que en la posta solamente son 385 oficiales para atender a una población de más de 570 mil habitantes.

En la estación policial de El Progreso diariamente se atienden al menos tres casos de violencia doméstica, para las denuncias solamente hay dos agentes de la Dirección Nacional de Investigación (DPI) así que la falta de personal y el desinterés de las autoridades provoca a que en muchas ocasiones las mujeres que denuncian sean obligadas a llevarle el citatorio a su agresor: «A veces hacemos eso, cuando el problema no es tan grande», justifica Edwin Guada, uno de los agentes de la DPI que recibe denuncias.

«La primera vez que lo denunciamos, nos mandaron a dejarle el citatorio, ese hombre nos pegó una insultada y nos dijo que para “quebrarnos” era en un dos que tres», cuenta Karla, luego recuerda que la situación empeoraba con el pasar del tiempo, que no había día en que no la dejara tranquila. «La policía cuesta que llegue, nosotros por eso la íbamos a traer porque siempre dicen que no tienen patrullas, pero es que no les gusta ir. Nos decían cosas como que para qué lo denunciábamos y no lo dejaba, que las mujeres son brutas por no hacerlo y que entonces es que les gusta que las frieguen», agrega Karla, cuenta también que en la fiscalía la historia fue similar, que le dijeron que Yeni se lo había buscado porque se juntó con Óscar por el dinero.

Para Jessica Sánchez, del Grupo de Sociedad Civil y la Coalición Todas, en esos casos existe un matrimonio perverso entre el Estado que permite estas cosas y la cultura que lo valida «creemos que se tienen que hacer acciones porque sino se seguirán elevando las cifras, sobre todo porque ligamos este modelo con el extractivista neoliberal: la tierra es un cuerpo femenino, eso se traduce también en la apropiación de los cuerpos femeninos, la apropiación de la vida de las mujeres y cómo ésta a veces se sale de control, entonces es un llamado al orden para que las otras no hagan nada, que ni siquiera salgan de la casa», señala Sánchez.

Jessica Sánchez, de Sociedad Civil y de la Coalición TODAS. Foto: Martín Cálix.

Confusiones detrás de la tipificación del femicidio

Las cifras oficiales señalan que existe un 90% de impunidad en los casos de femicidios, sin embargo los datos podrían ser mayores. «Desde mi percepción y lo que hemos investigado anda en un 95% porque el año pasado apenas 5 casos fueron tipificadas como femicidios y condenados. Creemos que aunque hay una institucionalidad no está respondiendo a la situación de los femicidios», señala la directora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), Suyapa Martínez.

De acuerdo a la Unidad de Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia, en 2017 a los tribunales de sentencia ingresaron 11 casos como femicidios de los cuales sólo 5 recibieron sentencias condenatorias, 1 absolutoria y los demás seguían en proceso. Los casos provenían de las ciudades de San Pedro Sula, El Progreso, Tegucigalpa, Santa Bárbara y Danlí, las primeras tres ubicadas entre las ciudades más violentas de Honduras de acuerdo al Observatorio de la Violencia (OV-UNAH).

A pesar de las complicaciones, el caso de Yeni logró una condenatoria como femicidio en junio de este año, aún no se le ha dado la sentencia de cuantos años deberá ir preso Óscar, su defensa pide 36 años, mientras que el Ministerio Público argumenta que deben ser 46. La sentencia es un triunfo del acompañamiento del Foro de Mujeres por la Vida, un grupo que reúne a 17 organizaciones y que nace para dar seguimiento en casos de femicidios.

El Foro de Mujeres por la Vida actualmente ha logrado sentencia condenatoria en dos casos además del de Yeni. Uno es en Santa Bárbara y otro es el caso de Sofía Trinidad Alvarado, hermana de María José Alvarado, una modelo participante en Honduras Miss Mundo en 2014, ambas jóvenes fueron asesinadas por el novio de Sofía, Plutarco Ruiz.

La sentencia condenó a Plutarco por femicidio sólo en el caso de Sofía, en el de María José fue resuelto como homicidio, «la legislación nacional plantea que debe haber una relación sentimental antes, la fiscal que acompañaba el caso salió muy sensibilizada y se sintió frustrada por no haber logrado la condena por el femicidio de María José y no era tanto por la cuestión de los años que le den, es porque se nombren las cosas como son» dice Claudia Pinto, la abogada del foro que acompañó esos casos.

De acuerdo a Pinto, el acompañamiento en estos casos también va ligado con un proceso de información y sensibilización de sus familiares pues estos no suelen identificar sus casos como un femicidio. «Los fiscales no saben usar el tipo penal de femicidio, incluso algunos dicen que es culpa de que las organizaciones feministas no han socializado el tipo penal, como si fuera nuestra obligación», cuestiona la abogada.

En marzo de 2018, la estudiante de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Silvia Izaguirre, luego de resistirse a una violación fue asesinada en el interior de un bus cuando retornaba de sus vacaciones en Trujillo, su muerte dio paso a la campaña «Yo no quiero ser violada». Foto: Martín Cálix.

Este panorama no parece alejado de la realidad, la dependencia encargada de investigar estos casos, Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ha judicializado menos del 10% de los casos desde que comenzó a funcionar en 2016, de acuerdo a declaraciones de la directora de Medicina Forense, Selma Julissa Villanueva.

Para las organizaciones de mujeres el problema es que no son estructuras formales y fuertes. «Necesitamos que se coordinen porque unos tratan la prueba científica, otros investigan y es necesaria la coordinación para que el Ministerio Público y la Fiscalía puedan recaudar pruebas suficientes y condenar a los femicidas, eso para los que agarran porque hay muchos crimen contra mujer que no se hacen autopsias y cuando es así se basan en pruebas testificales y no científicas y la testifical es difícil porque no hay protección a testigos», señala Martínez.

Ante este panorama se instaló una Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios que estará conformada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Fiscalía de Delitos Contra la Vida (FDCV), secretarías de Seguridad junto con la de Derechos Humanos y de Justicia, Gobernación y Descentralización así como el Instituto Nacional de la Mujer, Conadeh, CEM-H, el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” y la asociación Calidad de Vida.

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita in loco al país a principio del mes, destacó que los niveles de violencia contra las mujeres van más allá de la institucionalidad, no son actos aislados sino que existe “un patrón de discriminación estructural contra las mujeres, el machismo y los estereotipos de género arraigados en la sociedad hondureña, incrementan la situación de riesgo de las mujeres y les impide el completo ejercicio de su derecho a vivir una vida libre de violencia”, sentenció en su informe.

La migración como salida

«Nosotros intentamos sacar a Yeni del país, pero él tenía sus documentos, su pasaporte, teníamos que mandarla ilegal», dice Karla, niega con la cabeza y cuenta que por ignorancia no buscaron otras instancias. «Óscar la chantajeaba, le decía “¿te vas a ir sola?, andate, si vos me sacas esas niñas te voy a fregar, te voy a acusar de secuestro”. Karla cuenta que el amor de Yeni por sus hijas fue la única razón por la que se quedó en el país.

Aunque en aquel momento las solicitudes de asilo por violencia doméstica en Estados Unidos eran válidas, hace dos meses el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, sentenció que la violencia doméstica no era razón suficiente para otorgar asilo y ordenó a los jueces denegar las solicitudes por esas causas.

De acuerdo a las declaraciones de Sessions «el estatuto de asilo no proporciona una solución a la mala fortuna, el que un país tenga problemas para vigilar eficazmente ciertos delitos, como la violencia doméstica. Las leyes estipulan que se otorga asilo a las personas que han sido perseguidas o que tienen un temor bien fundado de persecución, debido a su pertenencia a un grupo social particular, pero la mayoría de las víctimas de delitos personales no lo son, no importa cuán viles sean los delitos contra ellos». Esta decisión fue adoptada como parte de la nueva política del gobierno de Donald Trump para frenar la llegada de inmigrantes.

Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia (OV-UNAH) señaló que de 2010 a la fecha al menos 39 son mujeres que migraron y fueron asesinadas cuando retornaron al país.

La violencia doméstica oculta en las esferas altas del poder

La violencia doméstica es uno de los problemas más graves del país, el año en que Yeni fue asesinada Alia Kafati figuraba en los eventos más importantes de la sociedad capitalina, pero detrás de las sonrisas en las fotografías en la sección de sociales, Alia vivía una historia llena de distintos abusos.

Alia Kafati nació con uno de los apellidos más poderosos del país, una familia de descendencia árabe, «muy chapada a la antigua, imagínese que mi abuelo se casó con mi abuela a las dos semanas de haberla conocido por fotos, no hablaban ni el mismo idioma», cuenta Alia para explicar su contexto. Fue criada con la idea de que su papel en la vida era ser madre, esposa y ama de casa. Alia era muy joven cuando se casó en un evento que fue cubierto por todas las revistas sociales del país, en las fotografías se le ve posar muy sonriente, Alia cuenta que su sueño se cayó apenas un día después de su luna de miel, «yo ya estaba en el baño llorando diciendo: Dios mío ¿con quién me casé?», cuenta.

La violencia comenzó con empujones, maltrato psicológico, le agarraba los brazos y se los dejaba marcados, le controlaba el dinero mientras él salía de fiestas y con otras mujeres. Los años pasaban y ella no creía que era víctima de violencia doméstica. Alia logró denunciarlo en una segunda ocasión que la golpeó gravemente porque una de sus empleadas llamó a su madre, ese día detuvieron a su agresor.

Alia dice que su exposo le quitó todo y ahora le da una pensión que no se iguala al estilo de vida que llevaban cuando estaban casados, un requisito que contempla la legislación en la materia. «Presentó una constancia de trabajo diciendo que ganaba menos, él trabaja con su papá en su propia empresa y es el gerente», dice indignada.

Alia Kafati, fundó «Hay Salida», una organización dedicada a atender a mujeres víctima de violencia doméstica. Foto: Martín Cálix

Alia manifiesta que salir de ese círculo de violencia fue doblemente difícil debido a su posición social, «mi mamá me apoya, mi abuela me apoya, mis hermanos y hasta ahí, mis abuelos, mis tíos, mis primos nadie me habla ni me apoya porque vengo de un núcleo muy cerrado», narra Alia. Recibió muchas críticas por decidir hacer público su caso, que en esa sociedad se vive mucho “del qué diran” y que su ex esposo se ha defendido diciendo que ella le fue infiel y lo provocó, incluso la llegó a denunciar por violencia doméstica psicológica «porque lo acosaba con la manutención».

De acuerdo a las cifras de la Corte Suprema de Justicia, anualmente recibe al menos 20 mil denuncias por violencia doméstica, de las cuales el 50% caducan porque la mujer depende económicamente del hombre y no puede continuar el proceso o porque caen de nuevo en el círculo de violencia, “eso último sólo podría mejorar en la medida en que exista un modelo de atención integral de manera de que antes de llegar al juzgado la mujer realmente haya sido escuchada y está consciente de que si no sigue con el proceso ese círculo de la violencia le va a continuar”, señala Ana Concepción Romero, coordinadora de los Juzgados de la Violencia Doméstica.

Alia lleva año y medio enfrentando su caso por violencia doméstica, dice que ha tenido la suerte de poder pagar un abogado. Actualmente se deduca a ayudar a otras víctimas de violencia a tratar de salir de ese círculo en el que vivió una vez. Alia reconoce que su historia podría haber tenido un desenlace  diferente. «Logré salirme cuando empezaba lo heavy, lo realmente pesado», dice, y sabe que se encuentra en una posición privilegiada, una que Yeni no pudo tener.

Karla, muestra desde su teléfono un dibujo hecho por una de sus sobrinas luego de la muerte de su hermana Yeni. Foto: Martín Cálix.

Durante el juicio de Yeni se perdió el expediente original, cambiaron de fiscal seis veces, intentaron alargar el proceso para evadir la prisión preventiva, movilizaron a Denis Castro Bobadilla y a una psicóloga del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza para convencer al juez de que «Óscar actuó en base a una situación nerviosa con una emoción violenta y un trastorno mental transitorio, no estaba en su sano juicio». Mientras Óscar espera la resolución definitiva, los familiares de Yeni aseguran que lo han visto salir de la cárcel custodiado por policías.

Las hijas de Yeni viven lejos ahora, pero de vez en cuando visitan a su tía y le dejan dibujos que han ido llenando el vidrio sobre la madera de su escritorio en la oficina donde trabaja. Aún guardan el terror de muchos años de violencia y de presenciar el femicidio de su madre. Karla dice que por eso no les gusta que les apaguen la luz. Están pequeñas, pero ya saben que el Estado de Honduras no garantiza una vida segura para las mujeres, lo aprendieron de la peor manera y por eso ahora se describen a sí mismas en sus dibujos como lindas, pero empoderadas.

  • Últimas publicaciones
Sobre
Reportera multimedia. Enfocada en extractivismo, medio ambiente, estructuras de poder, género y derechos sexuales y reproductivos
Comparte este artículo

3 comentarios en “Un femicidio que el Estado pudo evitar”

  1. Es lamentable la situación de desprotección que sentimos todas las mujeres cuando sufrimos violencia doméstica, soy de las pocas afortunadas sobrevivientes, pero es frustrante ver como muchas de las autoridades encargadas actúan tan inteligentemente…agradezco mucho la ayuda y protección brindada por la oficina de Derechos Humanos de mi departamento, pues las primeras instancias a las q acudí no supieron hacer su trabajo…y es esa la peor sensación que una mujer puede sentir en esos momentos…atreverse a romper el silencio y q no te protejan como es debido
    Queda mucho trabajo por hacer para cambiar las leyes en favor de la mujer pero sólo unidas lo lograremos…gracias por compartir estas historias

  2. Estoy pasando por una situación casi igual un desgraciado mato a mi prima de 26 años dejando huerfano a un niño de 4 añitos a quien mi peima adoraba, y hirió de bala a mi tia, el ya está preso pero dicen que tienen 2 abogados trabajando para su defensa el miedo y el terror se apodera de nosotros sólo de pensar que pueda salir a terminar con la vida de mi tía quisiera que alguien me ayude a que no lo dejen en libertad por favor

  3. Contra Corriente, lo que ustedes hacen no es periodismo. Son unos militantes no periodistas.
    Son repugnantes. se están aprovechando de las muertes de esas mujeres para introducir su ideología totalitaria.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.