Texto y fotografías: Fernando Silva
En la península de Zacate Grande, Nancy espera en una caseta ubicada en el desvío que lleva hacia la comunidad de Puerto Grande. Hace dos años que fue deportada de los Estados Unidos y ahora, junto a su esposo, conducen un par de mototaxis que representan uno de los pocos medios de transporte en esta comunidad olvidada del sur del país. A veces la espera por un cliente es eterna, en esta región las oportunidades de trabajo se reducen a la pesca y agricultura, por eso es mejor caminar varios kilómetros que gastar los 30 lempiras que cuesta el pasaje.
“Yo viví diez años allá y las condiciones de vida son totalmente diferentes, aquí solo hay un centro de salud y ni doctor hay”, menciona mientras maneja con osadía a través de los pedregosos caminos que conducen hacia Puerto Grande. Durante los treinta minutos que dura el viaje, Nancy señala muchas casas en construcción y hasta una cancha de fútbol con grama artificial, dice que todo lo pagan las remesas de los familiares que por las condiciones de vida en esta comunidad fueron obligados a migrar.
Nancy vive en un territorio que podría convertirse en un experimento, uno por el que apuesta el gobierno para hacer desarrollar las zonas deprimidas del país: una Zona Especial de Desarrollo (ZEDE).
La historia de precariedad de Zacate Grande ha sido siempre la misma, ubicada en el municipio de Amapala en el sur del país, era una isla hasta 1970 cuando se hizo un relleno para conectarla con tierra firme. La idea era convertir esa zona en el puerto más importante de la región. Los planes nunca se concretaron, pero la riqueza natural, sus playas de arena volcánica y su ubicación estratégica en el Golfo de Fonseca no han permitido que los empresarios nacionales y extranjeros quiten su mirada de ella.
Nancy quiere irse otra vez. En Estados Unidos ganaba hasta 2400 lempiras diarios ($100) pero desde que regresó, con esfuerzo obtiene 600 lempiras ($25), entre ella y su esposo.
Estas comunidades que desde hace décadas se han enfrentado al abandono que les ha obligado a migrar, ahora son amenazados con el despojo que representaría la construcción de una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Nancy quiere irse, pero la historia no es igual para todos. Hay un grupo de mujeres y hombres que se resisten a abandonar sus tierras a pesar de la precariedad y la persecución.
Nancy recientemente fue deportada de Estados Unidos junto a su esposo, ahora se dedica a movilizar gente en moto taxi dentro de la comunidad de Puerto Grande.
Los muros que han fallado
A Nancy la deportaron de un país que pretende amurallarse para evitar que los abandonados de Centroamérica crucen a buscar mejores oportunidades de vida. En Puerto Sierra, una comunidad al otro lado de donde ahora vive, adonde regresó Nancy, los pobladores destruyeron un muro que los terratenientes edificaron para reclamar como propio un predio que habían acondicionado como estacionamiento y que se encuentra cercano al manglar y el mar.
El manglar es sumamente importante para las familias de esta zona, entre sus raíces se arrastran para meter las manos en el lodo y sacar curiles. Una clase de almeja que contiene uno de los alimentos fundamentales para la dieta de estas comunidades.
“Yo tengo entendido que el manglar no le pertenece a nadie. Porque el manglar y el mar no son de nadie, solo de Dios”, dice doña María Veneranda Cruz de 64 años, habitante de esta comunidad. Ella es pescadora de curiles y se dio cuenta hace unos días que tiene orden de captura por daños a la propiedad privada en perjuicio de Jorge Cassis, uno de los terratenientes más importantes de la península de Zacate Grande.
“Nos pusimos a limpiar aquel predio de allá enfrente, era un gran montarral de espinas. Nos decidimos como mujeres porque no hay trabajo, lo limpiamos para semana santa. Con sudor y esfuerzo botamos piedras y palos, para que resulte que cuando ya vio el predio bonito ha querido sacarnos y ha querido meternos presas –relata doña Veneranda, mientras al menos diez niños se acercan para escuchar– no le estamos robando, allí está la tierra. Solo era para obtener un beneficio para estas criaturas, ganarnos dos pesitos por lo menos.”
La pobreza y falta de oportunidades en las trece comunidades que componen la península de Zacate Grande es visible hasta en el material con el que están construidas sus casas. Según un diagnóstico de la región sur elaborado por el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), seis de cada diez casas están hechas de adobe, bajareque o material de desecho. En cuanto al acceso al agua, siete de cada diez casas no tienen acceso directo al agua potable, y de las que tienen conexión o tubería interna solo 70% están conectadas con el servicio público del agua.
En esa misma comunidad vive Santos Hernández, a quien ya se le dictaminó una condena de cinco años por usurpación, daños a la propiedad y amenazas en perjuicio de Jorge Cassis. Junto a su esposa e hijo menor, vive en una casa construida con cañas entretejidas y unidas con una mezcla de tierra húmeda y paja que se le conoce como bajareque. Hace un tiempo trabajó para Miguel Facussé pero fue despedido sin el pago de sus prestaciones, según cuenta Hernández.
Miguel Facussé era el mayor terrateniente y empresario del país, desde los años 90 tomó posesión de la península de Zacate Grande para ampliar su poderío sobre la tierra hondureña. Fue presidente de Corporación Dinant, una empresa encargada de la producción y distribución de productos. Uno de los episodios más recordados en la comunidad sobre este terrateniente es cuando en 2003, según cuentan los pobladores, decidió regalar por motivo de la boda con su hija, una playa de la zona a su nuevo yerno y heredero en el poder económico, Freddy Nasser, quien es líder de uno de los emporios energéticos más importantes de la región.
Cada seis meses, miembros de la comunidad hacen limpiezas de camino, bajo el sol del sur, para que Nasser les regale una pequeña bolsa con víveres que no les duran ni una semana. Con esto según dice doña Veneranda “se tiene comprados a muchos que lo defienden”.
Convencido de que las condiciones de vida en su comunidad deben cambiar, Santos observa a su familia y dice: “Si yo muero pues que los demás sigan en la lucha, porque aquí hay que lograr algo. Mire la casa en la que vivo y los ricos en grandes mansiones y con el amor de la playa”.
Mientras tanto, Santos asegura que el problema actual de acusaciones por usurpación tiene su origen en las ciudades modelo ya que antes no había existido un conflicto tan fuerte con los terratenientes de la zona, en su caso con Jorge Cassis.
Jorge Cassis es descendiente de árabes y según el testimonio de los pobladores de la zona solo llega a la comunidad cuando se siente afectado por las acciones de los pobladores que habitan Puerto Sierra. A Cassis no se le encuentra fácilmente, intentamos buscar quien llevaba su caso y no hay acusadores privados, solo los fiscales del Ministerio Público de Nacaome a cargo de los procesos.
Las islas de las Almejas y del Amor son unas de las pocas islas que se encuentran sin privatizar en la Península de Zacate Grande.
Nacimiento de las ZEDEs
Las alarmas en el sector empresarial se encendieron en 2008 cuando un decreto aprobado por el Congreso Nacional establecía la creación de una comisión especial para elaborar el inventario oficial de expedientes con mora agraria y pendientes de una resolución final por parte del Instituto Nacional Agrario (INA). Se pretendía dar solución a conflictos agrarios dados desde 2006. Antes de que los conflictos en el sur se solucionaran, el gobierno de Manuel Zelaya Rosales recibió un golpe de Estado.
Después del golpe de Estado en 2009, mientras el país sufría el aislamiento internacional y en las calles se respiraba miedo y gas lacrimógeno, Paul Romer, un economista de la Universidad de Chicago, exponía en una charla el concepto de Charters City en la que proponía que un país desarrollado se hiciera cargo de una zona despoblada de un país subdesarrollado, imponiendo sus propias leyes y políticas económicas para atraer la inversión y por consecuencia el bienestar social.
Octavio Sánchez, jefe de gabinete del gobierno del ex presidente nacionalista Porfirio Lobo, se convirtió en su principal promotor en el país y buscó personalmente a Romer para que expusiera su idea ante Lobo. En 2011 se aprobó la ley de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) en el Congreso Nacional presidido por Juan Orlando Hernández y supuso la modificación de dos artículos de la constitución.
Julio Raudales, secretario de Planificación y Cooperación Externa en ese gobierno, planteó: “Por qué no ofrecerles a los hondureños la oportunidad de quedarse en su país en vez de emigrar a Estados Unidos, creando un territorio con reglas y normas de Estados Unidos”.
En 2012, después de varios recursos presentados por diversas organizaciones de sociedad civil, las RED fueron declaradas inconstitucionales en un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que la única persona que votó en contra de declarar inconstitucional esta iniciativa fue Óscar Chinchilla, ahora Fiscal General de la República en su segundo mandato y estando en ese puesto emitió un segundo dictamen a favor de la segunda versión de esta ley que se conocería como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
En la entrada a Playa Blanca y comunidad de Puerto Sierra pueden verse dos letreros, uno colocado por la Secretaría de Turismo y otro hecho por la comunidad que hoy busca no ser despojada de su territorio.
Las ZEDEs nacen supuestamente para mejorar las condiciones de vida de la población hondureña, pero la Delegación Investigativa del Gremio Nacional de Abogados con oficina en Estados Unidos, concluyó en un informe de 2014 que “son enclaves favorables a los inversionistas, gobernados por sus propias leyes, tribunales y sistemas de impuestos. Fueron propuestas para fomentar el crecimiento económico y los empleos, pero en realidad proveen la base legal para la adquisición corporativa de territorios dentro de Honduras”.
Fernando García, analista. Foto: Martín Cálix.
Fernando García, ex comisionado presidencial de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y estudioso de este fenómeno, dice que “lo grave y la diferencia sustantiva de esta nueva ley, entre nuestra versión de las ciudades modelos y las que se desarrollan en otros países es que aquí se pierde totalmente la soberanía nacional, territorial y popular respecto a los territorios donde se van a implantar”.
Según lo indica el decreto, muchos derechos fundamentales de los ciudadanos hondureños que vivan dentro de las fronteras de las ZEDEs no serían protegidos bajo la nueva ley. Esos derechos incluyen los derechos al Habeas Corpus y Amparo, la inviolabilidad del derecho a la vida, la garantía contra el trabajo forzoso, la libertad de expresión, las libertades de reunión y asociación, el derecho a no ser detenido salvo de manera legal, entre otros.
Dos niños juegan fútbol en la comunidad de Playa Blanca, a pocos metros del muro que les colocó el terrateniente Jorge Cassis.
Dentro de la Ley Orgánica de las ZEDEs se estipula que para que el Congreso Nacional declare una zona de desarrollo, solo necesitará una autorización por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el voto mayoritario de los diputados. Al crearse esta ley se incluye al Golfo de Fonseca y el mar Caribe como zonas con densidad poblacional baja, convirtiéndoles en los principales candidatos para formar parte de estas Zonas de Empleo, ya que no necesitarán la aprobación de ningún otro instituto.
Aunque todavía no hay claridad absoluta del lugar donde se pondrá en marcha el proyecto, hay diversos indicios y pruebas que generan la sospecha de que será el sur del país donde se lidere este experimento. Eso indicó en twitter Juan Orlando Hernández en su momento.
Contento de tener en mis manos el Estudio de Factibilidad que nos permitirá el desarrollo en la Zona Sur del país (1)
— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) 23 de septiembre de 2014
Será en esta zona donde construiremos la primera “Zede” Zona Especial de Desarrollo Económico. (2)
— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) 23 de septiembre de 2014
Además, en 2016 el delegado presidencial y asesor del presidente Juan Orlando Hernández en temas de defensa y seguridad, René Osorio, afirmó que el tratado que se firmó entre Honduras y Corea del Sur quedó listo y estaban a la espera de empresarios coreanos que vienen a afinar los últimos detalles en Amapala.
Un estudio de factibilidad, valorado en cuatro millones de dólares, fue realizado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), en miras a tres municipios del departamento de Valle: Alianza, Nacaome y Amapala. Reynaldo Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, aseguró en 2014 que serían 100 mil empleos los que se producirán a través de la instalación de las ZEDEs en el país.
Sin embargo, los pobladores de las comunidades se sienten cada vez más amenazados por los grandes terratenientes que al parecer descubrieron una mina de oro, buscan mayor establecimiento en esas tierras y pueden provocar desalojos más violentos.
“Es una zona estratégica, hay un potencial turístico, hay islas que todavía están deshabitadas en las que se puede acampar –asegura Gerardo, coordinador de la radio Voz de Zacate Grande ubicada en la comunidad de Puerto Grande– por eso esta gente quiere acaparar esta tierra y construir las ciudades modelo”, finaliza.
Un niño camina sobre el solar que durante años la comunidad de Puerto Sierra se dedicó a arreglar como parqueo para turistas, ahora pelean este terreno con Jorge Cassis.
Una región en el abandono
En esta región 7 de cada 10 personas son pobres, según un informe del Foro Social de Desarrollo y Deuda Externa de Honduras (FOSDEH). Además es una zona que no escapa de la violencia generalizada al haber cerrado el año 2017 con un promedio de 23 asesinados por cada cien mil habitantes, una media que está debajo del promedio nacional pero que no deja de ser alarmante. Estas situaciones, sumadas a la falta de infraestructura económica y social ha provocado la migración de los pobladores de la zona.
Al ser deportada, Nancy tuvo que dejar a una de sus hijas en Estados Unidos. Si su hija viviera en Zacate Grande, estaría destinada a quedarse en noveno grado porque en las trece comunidades de la zona solo existen dos centros básicos. Los jóvenes son forzados a migrar hacia otros municipios del departamento para poder seguir estudiando. Pero con los escasos recursos económicos de la zona esa movilización resulta imposible y muchos terminan dedicando su vida a la pesca.
Doña Veneranda muestra sus manos ásperas después de tantos años de trabajo, tampoco tuvo oportunidad de estudio y se dedicó desde los diez años a la pesca. Ella sabe que los medios de subsistencia son escasos, y la venta del curil o pescado que recolectan es una de las opciones más factibles en tiempos de crisis, o sea casi siempre.
Padece de alta presión y diabetes pero para conseguir medicamentos tiene que pagar un carro que la lleve hasta el hospital de San Lorenzo, Valle, que queda aproximadamente a dos horas de camino. Eso cuando logra conseguir dinero para el medicamento, por ahora no tiene un lempira, solo ha comido un pepino en todo el día y son las cuatro de la tarde.
A pesar de la dificultad, la opción de migrar a Estados Unidos no es algo que esta anciana se haya planteado. Desde que llegó a Puerto Sierra hace 54 años con su mamá y sus nueve hermanos, ha estado segura de que si tiene que morir defendiendo su hogar, lo hará. Jorge Cassis, acusó de daños a la propiedad privada a ella, dos mujeres más y un compañero de la comunidad por lo que ahora enfrentan orden de captura. En 2015 dos personas más ya habían sido procesadas por esta misma situación.
María Venerarda, una de las habitantes de la comunidad de Playa Grande que enfrenta procesos judiciales por la lucha de territorio.
Veneranda Cruz, sufre de diabetes y apenas puede caminar, está acusada de haber destruido un muro que en 2013 Jorge Cassis levantó en un predio que los miembros de la comunidad habían acondicionado para cobrar parqueo y vender comida en las temporadas de verano, de esa manera ganarían algo de dinero para su sustento diario. Doña Veneranda tuvo que haber levantado una almágana de al menos 20 libras para ayudar en la destrucción de ese muro de piedra y cemento, la acusación es contra una anciana que apenas puede levantarse de la hamaca en la que está sentada.
“Nosotros no sabemos quién derrumbó ese muro, agarraron a quien tenían por delante –dice con voz entrecortada y nostálgica– cuando vinimos acá no había problemas de tierra estaban sueltas todititas las tierras, todas. Cada quien agarraba su pedacito y convivía.”
Sin embargo, aunque el conflicto se recrudeció desde el año 2000, las tierras del sur de Honduras desde siempre han sido motivo de interés para empresarios, políticos e incluso militares extranjeros.
Una de las nietas de doña Venerarda la observa contar los años de sufrimientos que ha vivido por la lucha de tierras en Playa Blanca.
Del cine a las Ciudades Modelo
En 1953 Glenn Ford llegó a la isla de Amapala para filmar la película “Una cita en Honduras”. Además de ser la primera mención de nuestro país en Hollywood, esta película narra la aventura de un norteamericano que viaja a la isla centroamericana para darle dinero a la contrarrevolución y liberar al país de un dictador totalitario.
Fuera de la ficción, la región sur del país tuvo en los años 80 gran importancia estratégica militar para los Estados Unidos al coordinar desde ese lugar la Doctrina de Seguridad Nacional en Centroamérica. Una investigación del sociólogo argentino Esteban De Gori señala que el gobierno hondureño aceptó y promovió la política estadounidense de lucha en las fronteras de El Salvador y Nicaragua. El Golfo de Fonseca habría sido un lugar estratégicamente ideal para la operación contrarrevolucionaria encargada a jefes militares argentinos que entrenaban a los contras en este país centroamericano.
La Doctrina de Seguridad Nacional y su llegada a Centroamérica tiene su origen en la presidencia norteamericana de Ronald Reagan. En ese sentido el apellido Reagan vuelve a aparecer y verse interesado en esta región de América con la integración del Michael Reagan, hijo del expresidente estadounidense, en el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) de las ZEDEs.
El CAMP es responsable de nombrar y destituir al Secretario Técnico, director ejecutivo de la ZEDE, quien ejerce poder ejecutivo y legislativo en las zonas de desarrollo. También está a cargo también de la planificación y el desarrollo de las ZEDEs, de la aprobación de todos los reglamentos internos y de cubrir los puestos vacantes de la misma comisión. Según la Delegación Internacional de Abogados “los amplios poderes desenfrenados del CAMP también son una causa de preocupación.”
Entre los primeros 21 integrantes de esta comisión se encontraba también Mark Klugmann, reconocido asesor político en Estados Unidos y Latinoamérica.
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Lucha ante el exterminio
Para Fernando García, la exclusión de la población originaria de esos territorios es un proceso que ya se ha iniciado y piensa que la situación de abandono en la que está sumergida la región sur del país es la evidencia de una política de genocidio por goteo, es decir el exterminio de la población originaria poco a poco, casi por asfixia. Para este economista las muertes pueden parecer circunstanciales: Enfermedades gastrointentales o broncorespiratorias, pero la causa original será la desnutrición en grado crónico por la falta de acceso a la tierra que les impide la producción de los alimentos.
El genocidio sistemático al que se enfrentan los pobladores de Zacate Grande podría acelerarse ante las amenazas de que los terratenientes impidan el paso hacia el manglar colocando un muro que colinde con la carretera que quieren ampliar sobre las raíces donde se esconden los medios de vida de esta población.
“Tenemos que morir aquí, si nos tienen que sacar muertos pues muertos nos van a sacar. Aquí tenemos a nuestros niños, a nuestros nietos, para dónde vamos a agarrar –menciona rodeada por estos niños–. Somos hondureños, no somos de otro país, Dios hizo el cielo y la tierra así que nos pertenece un pedazo de tierra, me parece a mí”, para doña Veneranda todo está muy claro. Ésta es una lucha que iniciaron y que van a terminar.
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1 comentario en “Expulsión y resistencia entre los manglares”
Increible cómo tanta injusticia en nuestro pais, las verdades encontradas expresadas y graficadas en estos reportajes, permiten ver la Honduras que la mayoria del pueblo no conoce, los que siguen el tradicionalismo. Y los que creen q vivimos en el pais más justo y estable de CA aquí si a refleja la verdad de la otra Honduras
Felicidades Fernando.