Una vida mejor para la corrupción y no para los pobres

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH)  investigaba por desviación de fondos a ésta y otras Organizaciones No Gubernamentales en un caso denominado Red de Diputados.

Las investigaciones de la MACCIH descubrieron un sistema de corrupción mediante el cual diputados se robaban el dinero, estos solicitaban a la Secretaría de Finanzas fondos para ONGs –en muchos casos ficticias– para ejecutar proyectos sociales, pero estos nunca llegaban a las personas y no hay contratos debido a que sólo son intermediarias para recaudar dinero: Las ONGs reciben los cheques, el mismo día le traspasan el dinero de regreso a los diputados y diputadas a través de otros cheques o transacciones.

El exprocurador de la Maccih, Julio Arbizú manifiesta que el caso de la Red de Diputados demuestra cómo es la impunidad en el país «Lo más lamentable en Honduras es que la corrupción es tan impune que paga en cheques, la forma de la corrupción en Honduras es la más transparente. No me extraña que las cosas estén iguales» sin embargo, cuenta que el caso iba más allá y las investigaciones iban a parar al Presidente y la Primera Dama.

Toda esta situación se da debido a una reforma a la Ley del Presupuesto General de la República, mediante decreto 87-2011, período en que el presidente del Congreso Nacional era Juan Orlando Hernández, para autorizar a la Secretaría de Finanzas la transferencia del 25% de los valores no ejecutados en los fondos nacionales para transferirlos a la Institución 449 Servicios Financieros de la Administración Central con el propósito de constituir un fondo destinado a financiar diferentes programas y proyectos acorde a los objetivos en el Plan de Nación y Visión de País.

En diciembre de ese año se realiza una nueva reforma, en donde el artículo 185 agrega que se reduzca el gasto de servicios no personales, materiales y suministros de más de 50 instituciones para trasladarlo a la Institución 449 destinado a financiar diferentes programas y proyectos. Este fondo es administrado por el Presidente de la República, un representante de la Secretaría de Finanzas, representante de cooperación externa y los presidentes de la comisión del presupuesto  del Congreso Nacional. Esto quiere decir que todas las solicitudes para esa asignación de fondos para programas sociales, deben pasar primero por el presidente del Poder Ejecutivo.

Cuando salió a la luz el caso Red de Diputados, se aprobó en el Congreso Nacional una nueva reforma a la Ley del Presupuesto, posteriormente conocida como Pacto de Impunidad, en donde se modifican los artículos 16 y 131-A con el fin de que el Tribunal Superior de Cuentas realice auditorías durante tres años, en recursos invertidos en proyectos sociales en los periodos gubernamentales 2006-2010 y 2014-2018. Mientras se realizan estas auditorías «no se procederá a ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal».

Todo este caso generó una crisis interna en la MACCIH que ocasionó la renuncia de Arbizu, la del vocero, Juan Jiménez Mayor y la del juez Daniel Urrutia. Este último, en aquel momento denunció durante un programa en CNN la existencia de otro pacto de impunidad entre Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Juan Orlando Hernández «somos expertos en la materia, fuimos a Honduras contratados para luchar contra la corrupción en Honduras, las elites gobernantes, y nos encontramos que tuvimos que luchar el 90% con la corrupción de la OEA».

Urrutia además reveló que desde su primer mes denunció irregularidades internas en la MACCIH y nunca recibió respuesta de la inspectoría de la OEA, dependencia que responde directamente al Consejo Permanente. Entre sus sospechas señala que nunca tuvieron acceso a conocer como se daba la ejecución y recaudación de los fondos de la MACCIH, aunque sí conocieron que parte de ese dinero se utilizó para pagarles a personas que no hacían trabajo para la misión.

El Despacho de la Primera Dama está bajo mayor sospecha desde las acusaciones del Ministerio Público a través de la Unidad de Fiscales Anticorrupción (UFECIC) por un caso que involucra a la exprimera dama Rosa Elena de Lobo por malversación de fondos públicos para programas sociales . El Programa Vida Mejor pone bajo sospecha también al actual despacho de la primera dama.

Beneficiaria del Programa Vida Mejor en la Colonia Bella Vista de Comayaguela. Foto: Martín Cálix.

Lealtad ante todo

Este proyecto tiene una importancia especial para Juan Orlando Hernández, lo nombraba desde que hizo su primera campaña electoral en 2012, formó un eslabón muy importante en su segunda campaña y durante el discurso en la toma de posesión. Después de la crisis que generó las últimas elecciones generales en el país parece que ha buscado filtrar a la gente dentro del proyecto.

«Se ocupa un perfil más confiable porque durante las elecciones se dieron cosas que no tenían que darse» dice Luis Cerrato, coordinador regional de la colonia las Ayestas, no quiere entrar en detalles sobre lo ocurrido, pero en aquellos días las redes sociales se llenaban de filtraciones en chats y audios de whatsapp donde los nacionalistas se amenazaban entre ellos: no todos habían votado por Juan Orlando.

En la última semana de abril de 2018 se filtró un supuesto audio compartido en algún grupo de whastapp por Loreley Fernández, ex candidata a diputada por el Partido Nacional que desenmascara ese descontento, dijo que no iba a tolerar el descontento de nacionalistas contra su propio partido «En grupos donde estén jodidos de mierda del Partido hablando en contra del Partido no voy a estar. Ya es mucha papada, ¿cómo pueden estar todos los días hablando mucha mierda del Partido? Juan Orlando es el parto de nosotros y echamos pija para tenerlo de presidente».

Luis Antonio Cerrato, Supervisor Regional en la Colonia Las Ayestas. Foto: Martín Cálix

Una vida que no mejora ni para los nacionalistas

La colonia Bella Vista es una zona que tiene historial de haber sido controlada por la Mara Salvatrucha (MS-13) tanto así que existe una pendiente denominada «La calle de la muerte» donde, según cuenta un habitante de la zona, entre 1998 y 2005 «nadie salía vivo de ahí» y aunque ahora los cabecillas de las pandillas se han ido, aún quedan personas que dominan la zona, banderas. Se ve entre las miradas curiosas que da la gente desde sus casas, parece ser que no suelen recibir desconocidos.

En ese contexto vive Lesly Flores de 39 años, beneficiaria del programa Vida Mejor del que recibió un piso, medio techo y el trabajo de guía de familia. Lesly cuenta que consiguió formar parte del proyecto porque es nacionalista y asistía a las marchas, su coordinador de zona así se lo consiguió. Además, su vivienda sirve de sede para las reuniones del Partido Nacional en la colonia, arreglaron su casa una parte antes y otra después de las elecciones pasadas y dice que así ocurrió con las demás personas que recibieron el beneficio en toda Bella Vista.

Lesly es madre soltera, la casa que arreglaron con el programa ni siquiera es suya, alquilan junto a otras 4 madres solteras cada cuarto –5 en total– a dos mil lempiras cada uno, en donde actualmente viven 19 personas.

Lesly dice que su vida mejor es tener un piso y un techo que ya no moja porque ha dejado de ser de tierra, espera que al menos una de las mujeres con las que viven logre recibir el bono de la madre soltera ya que desde el año pasado entregaron los papeles «Somos madres que no tenemos casita, esperando que nos den un terreno que podamos pagar ya lo de uno, eso le pedimos al Presidente y el bono porque a veces uno tiene a los niños en la escuela y con lo que uno trabaja no ajusta ni para comer» en su casa solo tres tienen trabajo, ella como guía de familia, otra como mesera y una que vende agua.

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la pobreza en Honduras incrementó en un 3.1% durante el 2017, pasando del 65.7% en el año anterior a 68.8% en su último conteo, visto desde las cifras la pobreza parece ser la materia prima con la que Vida Mejor ha logrado engrosar el ejército de activistas de la estrella solitaria.

Los pobres que les pagan a los pobres

Los programas sociales aparecen en Honduras hace más de 16 años, comenzaron con la condonación de la deuda externa con el fin de que los recursos que se utilizarían para pagarla, se invirtieran en una estrategia para la reducción de la pobreza en el país. Esto quiere decir, que desde ese entonces dentro del Presupuesto General de la República hay enunciados específicos para disminuir la pobreza.

Sin embargo, a pesar de esto se comenzaron a crear otros programas con el mismo fin, en estos se financiaban con endeudamiento externo a través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre ellos la Red Solidaria del expresidente Manuel Zelaya, el Bono 10 Mil de Porfirio Lobo y el caso más reciente, el de Vida Mejor de Juan Orlando Hernández, pero este último tiene características diferentes.

La ley de Ordenamiento y Finanzas Públicas se modificó en 2013 cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional con decreto 278-2013, en él se incrementó el pago al Impuesto Sobre la Venta del 12 al 15% dejando ver en el artículo 45 que 4,500 millones del dinero que se recaude por ese diferencial va al fideicomiso que desemboca en Vida Mejor.

Ismael Zepeda, economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), explica que la estructura de impuestos en el país está diseñada de tal manera que afecta más a los pobres, se trata de un sistema fiscal regresivo porque los impuestos se le aplican al consumo y no a las riquezas, a quiénes tienen más «al final termina pagando el que menos tiene con relación a su ingreso, por eso terminamos diciendo que son los pobres que terminan financiando a los pobres porque ese 3%  le perjudica al que menos tiene».

Ismael Zepeda, economista del FOSDEH. Foto: Martín Cálix.

Sin embargo, los fondos que se manejan en Vida Mejor no sólo provienen de ahí, en 2014 la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y el Poder Ejecutivo suscribieron el Pacto Municipal para una Vida Mejor que dice que el 40% del presupuesto de cada Gobierno Municipal lo destinará al programa Vida Mejor, en el Presupuesto General de la República para 2018 se habla del 35% .

De acuerdo al informe de logros que presentó el gobierno de Juan Orlando Hernández, para el programa Vida Mejor se invirtieron un total de 800 millones de lempiras de 2014 a 2017, cifra que a simple vista no concuerda con la cantidad que se está destinando con el 35% de las municipalidades y los 4,500 millones del recaudado en los impuestos.

Zepeda cuenta que es muy difícil saber si estos programas mejoran la vida de las personas porque no hay una focalización sino que se le da a quien se apunta. El estudio «Hacia una nueva estrategia de reducción de la pobreza» realizado por el FOSDEH en 2015, descubrió que del total de los bonos que se entregan, el 34.1% de beneficiarios no lo reciben completo, más de 58% no salen de la pobreza y el 36% de los hogares que lo reciben son «no pobres».

Parques Convive Mejor: Una puerta a la Honduras de allá

«En el momento en que los niños más humildes de San José de la Vega entren a ese parque se van a sentir como mis hijos cuando yo pude llevarlos a Disney, a Estados Unidos. Que la gente humilde que no ha tenido esas oportunidades, la tenga aquí en Honduras y no tenga que ir a otro lado» fueron las palabras exactas que utilizó el presidente, Juan Orlando Hernández, cuando en 2015 inauguró el primer Parque Convive Mejor en el país.

En aquel momento mucha gente en redes sociales se indignó por esta declaración, decían que el Presidente no comprendía las causas estructurales de la migración, que la gente no se va buscando un parque Disneyworld sino por la situación de violencia y desigualdad en el país, de acuerdo al Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO) para mayo de 2018 se reportan 21,365 migrantes retornados principalmente de México y Estados Unidos, en 2017 la cifra rondaba los 17 mil, tal parece que los parques no detuvieron que la gente se fuera.

Estos proyectos se construyen bajo una alianza público–privada que existe desde 2014, con 19 empresas que forman parte de la Fundación Convive Mejor, alianza que maneja un presupuesto de 100 millones de lempiras con la meta de construir o rehabilitar hasta 20 parques antes de 2020. Cada construcción se divide en 40% de inversión privada y 60% de inversión pública, este último proveniente del Tasón de Seguridad.

La Fundación Convive Mejor la conforma un listado de empresas que en su mayoría tienen contratos individuales con el gobierno, se trata de: Grupo Terra, Fundación Nasser, FICOHSA, DIUNSA, Grupo Visión, Grupo Jaremar, SULA, Tranycop S,A, Cervecería Hondureña, Kielsa, Grupo Flores, LOTO, John Deer, BAC Honduras, Banco Atlántida, Equipos Industriales, DAVIVIENDA, Cargill y Argos Cementos.

Por un lado, estas empresas tienen una fundación en alianza con el gobierno, por el otro, los registros de la Secretaría de Finanzas muestran que han sido exoneradas del pago total o parcial de sus impuestos.

En el Parque Solidaridad ubicado en El Trapiche, está tallado el suelo con hojas que contienen escrito el nombre de estas empresas. Entrar en uno de esos parques, es como cruzar una puerta a un mundo paralelo, a la Honduras de allá; la gente se ríe y saca sus celulares para utilizar el WiFi del Pueblo, se quedan hablando hasta más allá de las 6 de la tarde. Aunque las luces impiden ver con claridad las calles afuera, se percibe que están vacías, las pocas personas que las transitan van casi corriendo.

Josué Cáceres, 18 años, skater de la colonia Nueva Suyapa.

Afuera del parque no se puede escapar de la realidad de violencia en el país, Fredy lo sabe, tiene 54 años y es el abuelo de un niño de seis a quien lleva dos veces por semana, cuenta que viven en la colonia San Miguel donde no tienen ningún espacio que su nieto pueda disfrutar. Fredy se siente seguro dentro, pero sabe que al pisar la línea que divide el parque de la calle se encontrará en riesgo de nuevo «usted sabe, yo tengo que tomar el transporte público y ya ahí hay que ir con mucho recelo».

Aunque a Fredy nunca le sucedió nada en el camino del parque a su casa. La historia no es la misma en el caso de Josué Cáceres, un joven skater de 18 años que visita casi a diario las instalaciones para utilizar su rampa «Una vez me asaltaron ahí arriba» y señala un puente que se encuentra justo al lado del parque, son las 8 de la noche y nadie transita por ahí «Yo venía saliendo de aquí como a eso de las 9 de la noche e iba solo, miré que un man salió de un hueco de ahí y se sacó un cuchillo, andaba con otro man que supuestamente cargaba una pistola. Sólo me dijeron “dame todo lo que andas” y pues yo sólo andaba 50 pesos», Josué se ríe con nervios, sabe que podría no estar contando esta historia.

Josué me cuenta que su sueño frustrado es ser skater profesional, sabe que en Honduras la vida mejor no apoya esta clase de deportes, por eso estudiará marketing en la universidad. Mientras tanto, vive a diario la estigmatización de la sociedad por su manera de vestir y su patineta, incluso en el parque la sufre por parte de los efectivos de la Policía Militar quiénes los registran porque dicen que fuman marihuana «Obviamente son unos basuras con nosotros, una vez sólo porque estaba patinando en este mismo parque sin camisa, me llevaron a mí y a tres amigos más a hacer culucas. Ahora ya no molestan como antes. Sólo se van a alguna esquina a fumarse algún cigarro y escuchar música, no nos dicen nada».

En el parque normalmente hay seis efectivos de la Policía Militar, ese día solo hay dos, uno de ellos se acerca a un par de jóvenes, las únicas mujeres entre 20-25 años en toda la instalación, llevan media hora de estar aquí y se han movido a varios lugares. Se sientan en una mesa y su conversación se apaga cuando llega el militar, no se escucha qué les dice primero, pero se ven claramente incómodas, una se atreve y suelta «usted debería estar allá» señala la puerta, bastante lejos de dónde él se encuentra ahora, «uno conoce sus límites» le responde, pasan un par de minutos antes de que las deje, las muchachas de inmediato dejan las instalaciones, y el policía militar vuelve a su teléfono, quizá a revisar su perfil de facebook.

Mientras unas mujeres son acosadas, otras se reúnen a ejercitarse en una cancha, en su mayoría son madres acompañadas de sus hijos, enfrente las guía un muchacho con la camisa del Honduras Actívate, su nombre es Alejandro Valeriano, cuenta que bailan y hacen aeróbicos todos los días de cinco a seis de la tarde, lo hacen con canciones de Maluma, Romeo Santos y electrónicas que elige él.

Alejandro Valeriano, Instructor de Zumba en Honduras Activate. Foto: Martín Cálix.

Alejandro, el instructor, comenta que el programa busca mejorar el estado de ánimo y la salud de las personas, entró hace un par de meses «como cualquier trabajo, uno ve anuncios y lleva sus papeles, luego espera la selección».

Jeaneth asiste todos los días a las jornadas de ejercicio, se acerca con la curiosidad de saber para qué medio les tomaron fotografías porque dice que no le gusta hacerle publicidad al Presidente, señala alrededor y sonríe, «esto es pura paja, ni con esto lo queremos. ¡Ja! Yo asistía a las manifestaciones el año pasado, soy del Hato. Vengo acá porque si Juan Orlando ya me ha robado de todo, pues al menos que también me robe la grasa», se ríe, pero de inmediato se pone seria a la vez que agarra su mochila con las manos.

Jeaneth lo sabe, al final mujeres como ella, Lesly y Julia Esmeralda son la excusa perfecta que tiene el gobierno de Juan Orlando Hernández para inventarse programas sociales que por un lado, les deja una imagen de altruismo y dedicación con los más necesitados, pero por otro les permite usar los fondos de forma poco transparente con el fin de que la vida mejor sí llegue, pero no para los pobres.

Fotos: Martín Cálix

Edición: Jennifer Avila