El Ministerio Público (MP) no le ha entregado la autopsia de su hija a Ángel Matías, papá de Ana Hernández, quien en marzo fue encontrada muerta en su casa en una escena que señala un posible femicidio en manos de un militar. El caso tomó relevancia durante la huelga del MP porque las autopsias estaban detenidas y la familia de Ana tuvo que protestar para que no quedara impune. Cinco meses después, Medicina Forense ni siquiera tiene un registro de cuántas autopsias quedaron sin realizarse durante las huelgas.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Jorge Cabrera
Había sangre en el lavatrastos de la cocina. Ángel Matías limpió la casa de su hija Ana, quien fue encontrada muerta el 19 de marzo. «¿Cómo llegó esa sangre hasta ahí si no es porque alguien se lavó las manos?», pregunta Ángel mientras cuenta que sigue esperando, después de cinco meses, que alguien le diga qué pasó con su hija. Ahí, frente a él, estaba esa prueba —la sangre en el lavaplatos— de que su hija no se había suicidado como le dijo el mayor de Artillería Franco Méndez, quien tenía una relación con Ana.
Don Ángel está seguro de que su hija fue víctima de un femicidio desde que le explicaron la escena del crimen: las autoridades le dijeron que Ana tenía un arma en una posición que no encaja con un suicidio y el comportamiento de Méndez, antes de que la familia encontrara el cuerpo, fue extraño. Méndez le había llamado a don Ángel para avisarle que había peleado con su hija y que ésta supuestamente había amenazado con quitarse la vida.
Una fuente dentro de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que trabajó en la Unidad de Investigación de Femicidios y Delitos Conexos y conoció el caso, confirmó a Contracorriente que habían descartado el suicidio como una línea de investigación debido a que la trayectoria de los disparos planteaba que fueron hechos desde detrás de su cabeza, pero estaban esperando la autopsia para continuar las investigaciones.
La muerte de Ana ocurrió en medio de una huelga nacional del Ministerio Público y las morgues judiciales. En uno de los países más violentos del mundo no se estaban realizando ni levantamiento de cadáveres ni autopsias. Los familiares de Ana, desesperados, intentaron evitar que el caso quedara impune y se tomaron la carretera principal del país, la CA-5 a modo de protesta. Luego de varias horas en la calle lograron que se realizara la autopsia, aunque esta se efectuó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y no en Medicina Forense.
Cinco meses después, don Ángel aún no tiene los resultados y en Medicina Forense varias personas le han bloqueado las conversaciones en Whatsapp, no le responden llamadas o cuando lo ven llegar a él o a otros familiares se esconden y no los atienden. Hace una semana, don Ángel pidió apoyo a una tercera persona para que hiciera consultas por teléfono. Le respondieron que aún no estaba el dictamen, que estaban esperando una opinión legal para entregarlo. Medicina Forense le dijo a este medio desconocer el proceso en que se encontraba el caso, y que la información sobre las autopsias solo se puede entregar a familiares.
Esta no es una situación que sólo le ocurre a don Ángel ni tampoco está totalmente ligada a la huelga. La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, dijo que entre febrero y marzo de 2023 hubo 237 levantamientos sin autopsia, pero Medicina Forense no tiene claro cuántas dejaron de realizarse realmente hasta que terminó la huelga en abril. De acuerdo con una información publicada por El Heraldo, de 5500 autopsias realizadas entre 2020 y 2022, existen 976 casos en los que no se ha determinado la causa de muerte.
Don Ángel no sabe qué ha pasado con el mayor Méndez, a quién detuvieron ese día por el delito de portación ilegal de armas del que posteriormente logró salir en libertad. En las Fuerzas Armadas ninguna fuente quiso confirmar si fue dado de baja y si se encuentra detenido o bajo investigación. Contracorriente intentó contactar al militar a través de su número de celular, pero nadie respondió las llamadas.
El padre de Ana quiere justicia, pero es consciente que será difícil. «Esta gente contrata a abogados que ya conocen al investigador, conocen a jueces que son los que imparten la justicia y son pagados con grandes sueldazos que pagamos todos, pero ellos quieren más», dijo y explicó que, aunque sabe que puede emprender una lucha hasta llegar a instancias internacionales, no planea hacerlo porque tiene miedo, nadie puede garantizar seguridad a su familia.
«La vida es difícil. Alguien que no anda en corrupción, que no hace nada, cómo una mujer se va a defender contra un animal entrenado por las Fuerzas Armadas para matar, para maltratar física y emocionalmente» se lamentó don Ángel con la voz quebrada. El caso de su hija le ha permitido pensar en otras víctimas y, recompuesto, denuncia que todas las muertes de mujeres a manos de agentes de seguridad del Estado tienden a quedar en la impunidad.
Y don Ángel no se equivoca. Hay patrones de impunidad en las muertes violentas contra las mujeres. En 2021 ocurrió con Keyla Martínez en una celda en la Esperanza, Intibucá. Su familia tuvo que huir del país por las amenazas que recibieron al buscar justicia; en 2018 fue asesinada la investigadora de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Sheryl Jubissa Hernandez en Santa Rosa, Copán; y luego en 2019 le ocurrió a Saida Fuentes en unas cañeras en San Pedro Sula. Una abogada que trabajó en este último caso dijo que nunca entregaron la autopsia. Ninguno de los casos tuvo una investigación que llevara a la justicia, y algunos incluso han sido bloqueados desde el momento de la recolección de evidencias.
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Las trabas del Ministerio Público para acceder a la justicia
Ana habría cumplido 10 años de trabajar en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), creada en el año 2012 con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a través del Decreto Legislativo 239-2011. Dicha dirección se encarga de ejecutar las políticas públicas en materia de seguridad, defensa e inteligencia del Estado de Honduras y fue aprobada cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional, en 2011.
Según los familiares de Ana, hay muchas pistas para sospechar de su pareja, el capitán Méndez. La madre de Ana declaró en medios de comunicación haber presenciado violencia psicológica de parte de él hacia su hija, hubo testigos oculares que lo vieron salir de la casa, cuando en teoría él hablaba con don Ángel desde otra zona. Otros testigos aseguran que cuando el militar llegó a la escena, quiso hacer que otros carros borraran las posibles huellas que habría dejado el suyo. Don Ángel lo conocía hacía más de nueve años como la pareja de su hija, pero lo que sabe es que Méndez le dijo a las autoridades que no eran nada y que no vivía con ella.
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Una vez don Ángel platicó con él y Méndez le dijo que presentía que no le agradaban los militares, a lo que don Ángel le respondió que «en cuestiones de amor no son los mejores, se creen dioses. Dicen andar en misiones, pero se van de fiesta, entonces las mujeres sufren sentimentalmente. También caminan armados, en un rato de cólera usan esas armas». Don Ángel, indignado, cuenta que Méndez le prometió que él no era así.
Todo el proceso para que la familia de Ana obtenga justicia se encuentra detenido en Medicina Forense, ya que sin ese dictamen no se puede hacer un requerimiento.
Karol Bobadilla, abogada feminista experta en femicidios, dice que «es una práctica normalizada en Medicina Forense entregar el dictámen de forma muy tardada y esto va alejando también las posibilidades de justicia que podría tener la familia». Agregó que estos procesos agotan económica y emocionalmente a las familias, y que en algunos casos de femicidio en los que ha trabajado, ha esperado hasta cinco años por una autopsia.
La abogada Bobadilla agregó que sobre todo en casos de violencia de género, hay una desigualdad en el acceso a justicia porque no se aplican estándares internacionales para investigar si las muertes violentas de mujeres pueden ser por su condición de género. El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) registró 274 femicidios en Honduras hasta julio de 2023.
El vocero de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Juan Sabillón, descarta que el Estado no ponga la debida atención a los feminicidios y señala que no toda muerte de mujer es por su género. También cuestiona que registros como los del Observatorio de la Violencia de la UNAH incluyen casos como accidentes de tránsito en casos de violencia de género. Sin embargo, la abogada Bobadilla dice que los estándares internacionales piden que incluso muertes aparentemente accidentales sean investigadas primero como un femicidio porque estos accidentes podrían haberse dado en un espacio o discusión por violencia basada en género.
Sabillón agregó que en el caso de Ana Hernández en la DPI hicieron los correspondiente «hubo presión de parte de los familiares de la víctima y eso llevó a que Medicina Forense realizara la autopsia en su momento; y eso nos permitió a nosotros continuar con el proceso investigativo porque cuando Medicina Forense hace la autopsia, le entrega los investigadores algunos elementos que son fundamentales para llegar a la verdad de manera científica», agregó.
Para Sabillón, un problema de fondo fue la crisis en el Ministerio Público. «Cuando el Ministerio Público suspendió sus labores ya no fue posible [realizar] ciertas diligencias que hacíamos como DPI y [que] remitíamos al Ministerio Público. Entonces llegábamos hasta cierta etapa del proceso y no teníamos ese auxilio. Lo que se hacía es que aquí se realizaba todo el trabajo ya listo para presentarlo a los juzgados», dijo Sabillón.
Sin embargo, reconoció también que la falta de personal en la DPI es una de las mayores dificultades que tienen para investigar. La DPI es la que se encarga de investigar los casos que llegan a los fiscales para que inicien la persecución penal contra los involucrados. Sabillón dijo que la información de cuántas personas forman la Unidad de investigación de Femicidios y delitos conexos de la DPI es reservada. «Lo que sí le puedo decir es que este departamento, con el crecimiento que ha tenido la Policía Nacional, lo hemos expandido a las principales ciudades del territorio nacional: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, Choluteca y Santa Rosa de Copán», añadió.
A don Ángel le han dicho que la única forma en que podría resolver el caso es hablando con el Fiscal General para que presione por las investigaciones, pero el actual fiscal, Óscar Chinchilla, no lo ha querido recibir. Espera que quién ocupe el cargo de nuevo fiscal pueda ser más abierto con él y se preocupe por resolver casos como el de su hija.
Para la abogada Bobadilla, es importante que la persona electa tenga una perspectiva de género «principalmente en el tema de los fiscales, porque son estos los que presentan los casos ante los tribunales, y si el Ministerio Público no está dirigido desde la perspectiva de género, jamás existirán sentencias, resoluciones o casos que se analicen con perspectiva de género, si el fiscal que es el representante de estas mujeres no lo está argumentando», agregó. Según Bobadilla, Medicina Forense también debe analizar las pruebas con esta perspectiva, sin estereotipos de género ni prejuicios.
Don Ángel mantiene la imagen de Ana enmarcada en la sala de su casa y cuando la ve, llora. Dice que extraña recibir sus llamadas diarias. Últimamente, para distraerse y no pensar tanto en su ausencia, toma una bicicleta y conduce al cementerio. Se distrae aunque sea solo en ese corto tramo del camino, porque al llegar recuerda que sigue buscando respuestas y justicia.
