Mientras la Secretaría de la Mujer (Semujer) entregó un reconocimiento al presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, por su «compromiso con los derechos de las mujeres», organizaciones reclaman que leyes clave en beneficio de las mujeres se encuentran engavetadas, y señalan que en los casos de leyes aprobadas, como la Ley de Casas Refugio, no se están aplicando adecuadamente. Además, Redondo enfrenta una demanda por manutención en EE. UU., y la madre de su hija lo acusó públicamente de misoginia y amenazas.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Fernando Destephen
La Secretaría de la Mujer (Semujer) entregó un reconocimiento al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por la aprobación de leyes en favor de los derechos de las mujeres. Pero para algunas organizaciones feministas, este gesto refleja una visión limitada de lo que realmente implica legislar para la igualdad. En el mismo evento, Redondo reconoció que desde el CN aún deben «asegurar la permanencia y un marco jurídico sólido para Semujer».
Aunque la Semujer destacó que el Congreso Nacional aprobó presupuestos con perspectiva de género, uno de los motivos por los que reconocieron a Redondo, el presupuesto asignado a esta Secretaría, dirigida por Doris García, refleja la baja prioridad que tiene para el Estado. En 2025 se le asignaron 143,403,743 lempiras, menos de un tercio de lo que recibieron otras dependencias, como la Secretaría de Planificación Estratégica, que cuenta con un presupuesto de 486 millones.
El reconocimiento a Redondo también generó controversia porque enfrenta una demanda de manutención en Estados Unidos. La madre de su hija, Alejandra Bustillo, ha denunciado públicamente haber recibido amenazas y ser víctima de ciberviolencia tras interponer la demanda y hacerla pública. En redes sociales, Bustillo reaccionó al reconocimiento calificando a Redondo como «una persona con un historial de actitudes misóginas, machistas e irrespetuosas».
Si bien el Congreso ha aprobado normativas como la Ley de Casas Refugio en marzo de 2024, el Estado sigue sin cumplir con sus responsabilidades mínimas. La Ley planteaba la creación de un reglamento que normara la administración de los fondos, la conformación de una comisión de seguimiento y la articulación entre el Estado y las organizaciones de sociedad civil que manejan estas casas. Nada de eso se ha concretado.
Actualmente Honduras no tiene casas refugio estatales, y esta ley establece financiar las diez casas refugio existentes en el país, a fin de que tengan fondos estatales para funcionar y no sobrevivan solo con la cooperación internacional.
«Ni siquiera se escucha hablar del reglamento en la Secretaría de la Mujer», dijo Ana Cruz, directora de la Asociación Calidad de Vida, una de las organizaciones que administra casas refugio. «Aprobar una ley se puede hacer por presión. Pero sin presupuesto y sin ejecución, no hay cambio real», agregó Cruz.
Aunque en 2024 varias casas refugio recibieron financiamiento estatal para fortalecer sus servicios, lo que permitió, por ejemplo, mantener al personal y ampliar la atención, Cruz señala que en 2025, estas mismas organizaciones aún no tienen certeza de si volverán a contar con ese apoyo. A una casa refugio en Santa Rosa de Copán incluso le informaron que los fondos fueron «por única vez», lo que pone en riesgo su sostenibilidad.
En el presupuesto de 2022, el Congreso Nacional le asignó 30 millones de lempiras a la Alcaldía del Distrito Central para construir una casa refugio estatal. Para junio de 2025, ni siquiera se ha colocado la primera piedra. En 2024 se presupuestaron nuevamente 30 millones: 26 millones para la Municipalidad de Choloma, destinados a otra casa estatal que tampoco ha sido construida, y 4 millones para distribuir entre organizaciones que tienen casas refugio, aunque no han recibido fondos para 2025.
La falta de claridad sobre el uso de estos recursos, tanto para la construcción de casas refugio como para presupuestar apoyo estatal a las ya existentes, es preocupante para organizaciones como la Asociación Calidad de Vida, que continúan atendiendo víctimas.
Todo esto ocurre en un contexto en el que la violencia contra las mujeres no cesa. Solo en lo que va de 2025, hasta el 11 de junio, se han registrado 116 femicidios, 12 de ellos solo en este mes, según registros de esta asociación. Cruz relata que para el 11 de junio atendieron a 95 mujeres en su organización. «Si no las hubiéramos atendido, estaríamos hablando de 95 nuevos femicidios», advirtió.
Las leyes que siguen esperando mientras la violencia aumenta
El Congreso Nacional tiene otras leyes pendientes de aprobación. Una de ellas es el anteproyecto de Ley Alerta Morada, que busca activar mecanismos rápidos y efectivos para localizar con vida a mujeres y niñas desaparecidas. Aunque fue entregado en 2024 al Congreso, aún no ha sido turnado al pleno.
Esta Ley fue una promesa del gobierno, a través de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, en ese entonces presidida por Natalie Roque, tras la desaparición de Nikendra, María y Dione en Roatán, en enero de 2024. Días después, encontraron sus cuerpos. Mientras ellas aún estaban desaparecidas, el principal sospechoso logró huir del país, aunque posteriormente fue extraditado desde República Dominicana. El caso evidenció la necesidad de contar con mecanismos inmediatos ante reportes de desaparición.
Solo entre enero y octubre de 2024 se reportaron 313 mujeres desaparecidas, según un informe del Centro de Derechos de Mujeres (CDM). La falta de una tipificación legal para la desaparición deja a muchas víctimas sin acceso a la justicia. Asimismo, el Foro de Mujeres por la Vida señala que en el 15 % de los femicidios ocurridos en los últimos años hubo reportes previos de desaparición.
Otra ley estancada es la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, anunciada a inicios del actual gobierno. Esta propuesta contempla, entre otras cosas, la prevención, la atención, la sanción y también la reparación para las víctimas de desapariciones, pero ni siquiera ha sido presentada al pleno del Congreso porque el Ejecutivo aún no la ha enviado.
También sigue engavetada la Ley de Salud en el Trabajo, presentada hace más de un año por la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), que busca prevenir enfermedades laborales, especialmente en las maquilas. Esta ley incluye un artículo clave para que las mujeres embarazadas que trabajan en condiciones de riesgo puedan ser reubicadas y se les reduzcan las metas de producción al menos en un 40 %.
En diciembre de 2024, Codemuh realizó un plantón frente al Congreso para exigir su aprobación. La ley beneficiaría mayoritariamente a mujeres trabajadoras de maquilas, quienes enfrentan jornadas extenuantes y condiciones que deterioran su salud.
Por otro lado, aunque el Congreso Nacional aprobó en marzo de 2023 la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente, que incluía la implementación de guías de educación sexual en el sistema educativo, la presidenta Xiomara Castro la vetó. A pesar de que esta iniciativa formaba parte de sus promesas de campaña, la mandataria argumentó que la normativa no había sido debidamente socializada con madres y padres de familia, y organizaciones feministas criticaron que la decisión del veto se dio por presiones de grupos conservadores.
Para organizaciones como Calidad de Vida, el panorama no es alentador. En un año electoral, Cruz teme que los compromisos de las precandidatas y los precandidatos no se traduzcan en políticas efectivas: «Ya lo vimos con la actual presidenta. Firmó una agenda con el movimiento de mujeres y no la cumplió».
Sin embargo, también resulta preocupante el avance de discursos antiderechos y conservadores. «Si esto ocurre en un gobierno que supuestamente era de avanzada, imagínese si viene uno de derecha. Nos van a quitar todo lo que hemos ganado, y eso es muy preocupante. Ahí están las cifras: violencia contra las mujeres, violencia sexual, violaciones, embarazos en adolescentes… ¿Qué más se necesita para tomar decisiones de política pública?», concluyó Cruz.
